CSJ - SL12370-2017

República de Colombia Carte Suprema de Justicia Sala de Casación Laberal FERNANDO CASTILLO CADENA Magistrado ponente SL12370-2017 Radicación n. 50993 Acta 29 Bogotá, D. C., dieciséis (16) de agosto de dos mil diecisiete (2017) Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el BANCO CAFETERO, EN LIQUIDACIÓN, contra la sentencia proferida el 8 de octubre de 2010 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso promovido en su

contra por LUIS ALBERTO OCAMPO SÁNCHEZ.

Se reconoce personería al Dr. Ricardo Escudero Torres, con T.P. n. 69645 del C. S. de la J., como apoderado de la parte recurrente para los efectos del poder que obra a folio 53 del cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES El actor demandó la pensión de jubilación oficial, a partir de 12 de noviembre de 2007 y en adelante, en los términos

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Radicación n. 50993 previstos en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, en concordancia con el artículo 1% de la Ley 33 de 1985, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios por el pago deficitario, la indexación de la primera mesada pensional, lo ultra y extra petita, costas procesales y agencias en derecho. Sostuvo que prestó servicios personales a la Registraduría Nacional del Estado Civil del 16 de febrero al 23 de abril de 1976, al Municipio de La Virginia desde el 1.% de

noviembre de 1976 hasta el 14 de febrero de 1978, vinculándose finalmente con el Banco Cafetero mediante contrato de trabajo a término indefinido, entre el 16 de febrero de 1978 y el 16 de octubre de 2001, por lo que siempre ostentó la calidad de trabajador oficial; que su último salario básico fue de $992.664, mientras el último salario promedio mensual ascendió a $1.608.115,68 y, además, es beneficiario del régimen de transición pensional, pues cumplió 55 años de edad el 12 de noviembre de 2007 (folios 2 a 8). El Banco convocado a juicio pidió desestimar la totalidad de las pretensiones; admitió la relación laboral y el último salario básico, los demás hechos los negó; explicó que la calidad de trabajador oficial sólo la ostentó hasta el 4 de julio de 1994, pues a partir de ese momento el Estado quedó con participación accionaria inferior al 90% del total del capital de la entidad y para la fecha de retiro, el actor tenía la calidad de trabajador particular; por tanto, no podía hacerse acreedor a la prestación que reclama. Propuso como excepción previa la de falta de integración del litis consorcio necesario, la cual fue

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Radicación n. 50993 negada en la oportunidad prevista para ello (folio 337) y, como de fondo: inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, pérdida del régimen de transición, prescripción y las demás que resulten probadas (folios 50 a 64).

IL. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Doce Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 27 de agosto de 2010, declaró la existencia del contrato de trabajo en el periodo comprendido entre el 16 de febrero de 1978 y el 16 de octubre de 2001; así mismo, declaró probadas las excepciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas y cobro de lo no debido, en consecuencia, absolvió a la pasiva de las pretensiones condenatorias incoadas por el actor, a quien lo gravó con costas (folios 372 a 382).

II. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación del demandante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 8 de octubre de 2010, revocó la determinación del Juzgado y, en tal sentido, condenó al Banco Cafetero en Liquidación a reconocer y pagar la pensión de jubilación a partir de 12 de noviembre de 2007, en cuantia inicial de $865.913, junto a los reajustes legales y mesadas adicionales, así como a los intereses moratorios a partir de 23 de julio de 2009. En consecuencia, condenó en costas, en ambas instancias, a la parte demandada

(folios 8 a 26 cuaderno del Tribunal). 3

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Radicación n. 50993 Reftrió que la controversia giraba en torno a si procedía la pensión de jubilación en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985, con fundamento en el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993; en esa dirección, estableció que para el 1. de abril de 1994, el actor tenía más

de 41 años de edad y 15 años de servicios, lo que lo hacía beneficiario del precitado régimen. Destacó que aun cuando entre el 5 de julio de 1994 y el 28 de septiembre de 1999, se redujo la participación de capital del Estado en la entidad, de forma tal que en dicho periodo las personas vinculadas como trabajadores oficiales cambiaron su estatus jurídico y quedaron sometidos al régimen de trabajadores particulares, se le debía respetar el régimen de transición y dar aplicación a la Ley 33 de 1985. Por otra parte, luego de transcribir el artículo 5. del Decreto 3135 de 1968 y el 1. del Decreto 1848 de 1969, asi como un aparte de una sentencia del Consejo de Estado, concluyó que era posible contabilizar todo el tiempo servido en El sector público para un total de 20 años, 5 meses y 14 días; el cual era suficiente para otorgar la prestación contemplada en la Ley 33 de 1985, a partir del momento en que cumplió los 55 años de edad -12 de noviembre de 2007-, a pesar de que el tiempo de servicio lo completó desde el 16 de octubre de 2001, momento de retiro de la entidad demandada. Finalmente, concedió los intereses moratorios sobre la totalidad de las mesadas causadas a partir del momento en SCLAIPT-10 V.00 4 o l Radicación n. 50993 que agotó la reclamación administrativa, es decir, a partir de 23 de julio de 2009. La entidad accionada solicitó sentencia complementaria, pues nada dijo el Tribunal acerca de 1) la pérdida del régimen

de transición; ii) condena sobre cuotas partes que deben entrar a cubrir tanto el municipio de la Virginia como la Registraduría Nacional del Estado Civil y, úi) sobre las provisiones del artículo 18 del Decreto 4937 de 2009, conforme con el cual, a partir de su vigencia, es el Instituto de Seguros Sociales el llamado a cubrir la obligación pensional. El 22 de noviembre de 2010, el Tribunal aclaró el fallo «en lo que respecta a la pérdida del régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, sin que modifique la decisión», en tal sentido, respecto al primer aspecto, precisó que las pruebas aportadas no eran suficientes para establecer que el traslado fue efectivo. Frente alos restantes argumentos sobre los cuales se pidió adicionar la sentencia, explicó que tales asuntos no fueron objeto de debate, aunado a que el reseñado municipio y la Registraduría no habían sido vinculados al juicio.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte «CASE TOTALMENTE la sentencia impugnada, para que una vez constituida en sede de instancia, CONFIRME en su integridad lo dispuesto por el a quo y decida sobre costas, lo que en derecho corresponda», en subsidio de lo anterior, pidió que se «CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada» única y exclusivamente en cuanto

condenó al pago de intereses moratorios y en sede de instancia confirme el fallo del juzgado en cuanto absolvió de tales réditos. Con tal propósito formula 3 cargos, por la causal primera de casación, que tuvieron réplica.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos «1? de la ley 33 de 1985, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993, 1” del decreto 1160 de 1994 que modificó el artículo 4” del decreto 813 de 1994; 61 del C.P.L.S.S., en relación con los artículos 230 de la C. Política, 177 y 305 del C.P.C. y 145 del C.P.L.».

Endilga al Tribunal la comisión de los siguientes errores fácticos: No dar por demostrado, siendo ello tan evidente, que el señor LUIS ALBERTO OCAMPO SÁNCHEZ, se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el LS.S., al Régimen de Ahorro Individual gestionado, para este caso en concreto, por

“PROTECCIÓN S.A.”,

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62 Radicación n. 50993 e Dar por establecido, sin ser ello cierto, que “PROTECCIÓN S.A.” jamás se enteró que el señor LUIS ALBERTO OCAMPO SANCHEZ se trasladó del LS.S. a dicha administradora de fondos de pensiones. Nodarpor demostrado, estándolo, que es la propia Coordinadora de Recursos Humanos del Banco Cafetero S.A. en Liquidación, quien

certifica que el señor LUIS ALBERTO OCAMPO SÁNCHEZ “..Se trasladó al Fondo de Pensiones Protección el 1 de octubre de 1999 hasta la fecha de retiro...”. Señala que el juez plural no valoró correctamente las siguientes pruebas: « Formulario de “Protección S.A.”, mediante la cual el señor OCAMPO SÁNCHEZ, libre y voluntariamente decide trasladarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad “RAIS” (Folio 87 ibidem). Comunicación del 31 de agosto de 1999, radicada ante mi representada el 6 de septiembre del mismo año, mediante la cual el actor expresamente solicita efectuar las cotizaciones al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad “Protección S.A.”. Certificación expedida por la Coordinadora de Recursos Humanos y Pensiones de la entidad que represento, donde certifica que el actor se trasladó [a] “Protección S.A.” desde el 1 de octubre de 1999 hasta la fecha de su retiro (Fatio 78 ibídem). e Contestación de la demanda (folios 60 a 64). Refiere que no es materia de controversia la relación laboral vivida entre las partes y los extremos de la misma, el último cargo desempeñado y su asignación básica mensual; tampoco la fecha en que el actor cumplió los 55 años de edad y, mucho menos que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 aquel era beneficiario del régimen de transición; empero, censura que el juez de apelaciones no haya dado por demostrado que Ocampo Sánchez se trasladó del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro

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Radicación n. 50993 individual con solidaridad, con lo cual, perdió el régimen de transición, al paso que realiza una deficiente valoración probatoria de los documentos señalados. Destacó que aun cuando el actor aseguró que nunca se cambió de régimen, tal afirmación se desvirtuó con las referidas pruebas que gozan de total valor probatorio, lo que demuestra la ilegalidad de la sentencia recurrida.

VII. RÉPLICA Adujo el opositor que acorde a las previsiones del artículo 1757 del Código Civil, en concordancia con el 177 del Código de Procedimiento Civil, era a la parte demandada, a quien le correspondía demostrar el traslado a Protección S.A., así como que se efectuaron los aportes a dicha entidad; sin embargo el recurrente guardó silencio al respecto, aunado a que no solicitó la integración del litis consorcio facultativo» con la citada AFP, por manera que, en su sentir, el cargo no está llamado a prosperar.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de violar por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 36 ibidem y el 1. de la Ley 33 de 1985.

Dicha censura la propuso solo si el primer cargo no prospera, evento en el cual, también aceptaría que el promotor SCLAJPT-10 v.00 3 05 Radicación n.” 50993 tiene derecha a la pensión consagrada en la Ley 33 de 1985;

sin embargo, su inconformismo se origina en la aplicación indebida del reseñado articulo 141, pues tales intereses fueron establecidos única y exclusivamente para la mora en el pago de las pensiones sujetas integralmente a la Ley 100 de 1993, que no es el caso bajo estudio. Al efecto, trae a colación pronunciamiento de la Sala, conforme al cual, cuando la pensión reconocida no está dentro de las previstas en la Ley 100, no puede considerarse incorporada al sistema de seguridad social, que fue la que introdujo el derecho a exigir esos intereses; finalmente, destacó que ese era el criterio jurisprudencial asumido por esta Sala de la Corte.

IX. CARGO TERCERO Denuncia las mismas normas señaladas en el cargo anterior, pero en esta oportunidad bajo la modalidad de interpretación errónea, con similares argumentos a los anteriormente expuestos.

X. RÉPLICA CONJUNTA Frente a los dos últimos cargos, el opositor adujo que los cargos adolecen de «proposición jurídica incompleta», pues no se analizó si el fallador lo aplicó como consecuencia del precedente constitucional, el principio de favorabilidad, el principio de equidad o por analogía; de esta manera la censura no confrontó todos los fundamentos del fallo.

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XI. CONSIDERACIONES Por razones de método, la Sala abordará el estudio del primer cargo propuesto por el censor, pues de resultar próspero, tornaría inane pronunciamiento alguno frente a los dos restantes.

En lo que interesa al recurso interpuesto, es preciso

anotar que no es objeto de cuestionamiento en sede de casación que el actor prestó sus servicios a la entidad demandada desde el 16 de febrero de 1978 hasta el 16 de octubre de 2001, que el último cargo ocupado fue el de auxiliar de servicios administrativos, con una asignación básica mensual de $992.664; así como tampoco que nació el 12 de noviembre de 1952, por lo que cumplió los 55 años de edad, el mismo día y mes del año 2007 y que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1. de abril de 1994, tenía más de 15 años de servicios y más de 40 años de edad, lo que lo hacía beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la citada norma. Para condenar en los términos en que lo hizo, el Tribunal se fundamentó básicamente en que para el momento de entrar en vigencia el régimen de transición, 1. de abril de 1994, y para la fecha del retiro del banco, 16 de octubre de 2001, el actor ostentaba la calidad de trabajador oficial; y aun cuando entre el 5 de julio de 1994 y el 27 de septiembre de 1999, aquel estuvo sometido al régimen de los trabajadores particulares, debido a la reducción del porcentaje de la participación estatal en la entidad, debía respetársele el régimen de transición.

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10 Radicación n. 50993 Aunado a lo anterior, el juez de la apelación estableció que no podía desconocerse el tiempo laborado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación

Departamental de Risaralda, así como al municipio de La Virginia, periodos que sumados al servicio de la demandada, se itera, en calidad de trabajador oficial, ascienden a un total de 20 años, 5 meses y 14 días, lo que lo hacía acreedor de la prestación establecida en la Ley 33 de 1985, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, advirtiéndose que solo al resolver la solicitud de complementación de la sentencia, el ad quem se pronunció sobre la pérdida del régimen de transición alegada por la pasiva y ahora recurrente. La aludida pérdida del régimen de transición se erigió sobre la ocurrencia del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, aspecto frente al cual, la censura expuso que el Tribunal valoró de manera deficiente las siguientes pruebas: i) certificación expedida por la Coordinación de Recursos Humanos y Pensiones del Banco Cafetero (folio 78), if) formulario de traslado (folio 87) y, iii) carta presentada por el demandante, a través de la cual comunica el cambio de régimen (folio 88); en su sentir, el ad quem se limitó a señalar que tales documentos no resultaban suficientes para establecer que el traslado hubiere sido efectivo, toda vez que no daban cuenta que dicho formulario haya sido conocido por el fondo privado, sin que tampoco se hayan allegado las planillas de aportes efectuados por BANCAFE a nombre del demandante en pensiones con destino a PROTECCIÓN S.A.

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Radicación n. 50993 La réplica a este cargo se erige frente a la carga de la prueba; para el efecto, arguyó que era a la entidad demandada, a quien le correspondía demostrar la existencia del traslado, así como la realización de los aportes al respectivo fondo. Sin embargo, lo que se advierte es que, aunque desde la presentación de la acción el demandante sostuvo que nunca se había trasladado de régimen, la parte demandada con la documental visible a folio 87 acreditó la afiliación a Protección, con el consecuente traslado de régimen con efectividad a partir de 1.” de noviembre de 1999, así como su voluntad e intención de hacerlo efectivo, pues nada distinto se desprende de la comunicación suscrita por el propio trabajador obrante a folio 88, obrando igualmente a folio 78 certificación emitida el 16 de abril de 2009 por el banco, la cual ratifica que Ocampo Sánchez se trasladó al Fondo de Pensiones Protección el 1 de Octubre de 1999, hasta la fecha de retiro». Planteadas así las cosas, considera la Sala que demostrada como estaba la afiliación y la solicitud personal para hacer efectivo el traslado, así como constancia de que el actor se trasladó a Protección S.A. desde el 1. de octubre de 1999 hasta la fecha de su retiro, estaba suficientemente acreditado que el actor sí se cambió al régimen de ahorro individual con solidaridad, luego bajo esas probanzas es posible predicar que el traslado se materializó, siendo en este punto oportuno precisar que en el juicio no se cuestionó su

validez sino su inexistencia.

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2 65 Radicación n. 50993 Sobre el tema resulta oportuno traer a colación la sentencia CSJ SL42787-2013, reiterada en CSJ SL163642014, en el que esta Sala de la Corte dijo: «que la afiliación al sistema general de pensiones una vez realizada por el empleador, si la ha hecho con el lleno de los requisitos de ley, produce plenos efectos, sin que se tenga como exigencia adicional para su validez, que vaya acompañada de cotizaciones». Cumple precisar que, en casos como el presente, en que el demandante es beneficiario del régimen de transición por haber cotizado o prestado el servicio más de 15 años antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y, tal como aquí ocurrió, se trasladó al régimen de ahorro individual, ese traslado se considera inane, pues por mandato legal de los incisos 4.% y 5. del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en consonancia con la sentencia CC C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, el afiliado tiene la posibilidad de regresar al régimen de prima media con prestación definida en cualquier tiempo y por lo mismo, el reconocimiento del régimen de transición se encuentra sometido al cumplimiento de esa condición. En tal sentido se pronunció la Sala en providencia SL9804-2015: [...] la regla es la de que, en el caso de que el trabajador tenga más de 15 años de servicio o de cotizaciones a la vigencia de la nueva normativa de seguridad social, el traslado al sistema de ahorro

individual con solidaridad es inocuo respecto de los beneficios del régimen de transición, pues, en definitiva, este no se pierde, y, en consecuencia, el afiliado tiene derecho a que le sea reconocido dicho régimen; pero, precisa esta vez la Sala que así será siempre y

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Radicación n. 50993 cuando se regrese al régimen de prima media con prestación definida, es decir que, en el caso como el del sublite, el reconocimiento del régimen de transición se encuentra sometido al cumplimiento de esta condición. Así las cosas, sin perjuicio de que sea posible predicar que Ocampo Sánchez es beneficiario del régimen de transición y a él puede retornar en cualquier tiempo, toda vez que acreditó el cumplimiento de 15 años de servicios y más de 40 años de edad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que no es dable conceder la prestación que reclama, seitera, conforme a las previsiones de la Ley 33 de 1985, en tanto no hay prueba que acredite que cumplió tal exigencia, esto es, que regresó al régimen de prima media con prestación definida. En razón a lo anotado, resulta oportuno clarificar que no es posible reconocer una pensión propia de prima media, si el afilado pertenece al régimen de ahorro individual con solidaridad, pues aquellos son modelos excluyentes, aunque coexistan, en los términos que describe el artículo 12 de la Ley 100 de 1993; en otras palabras, el afiliado no puede beneficiarse del régimen de transición y quedarse en el RAIS. En consecuencia, el cargo prospera y, como antes se anunció, no resulta necesario abordar el análisis de los

restantes cargos, siguiéndose como consecuencia que se case la sentencia. Sin costas en el recurso extraordinario, por cuanto el recurso prosperó.

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Radicación n. 50993 Previamente a proferir la sentencia de instancia, se dicta un auto para mejor proveer, mediante el cual, de oficio, la Sala dispone solicitar a Colpensiones y a Protección S.A. que, en el término de 15 días, certifiquen todo lo relacionado con la afiliación del actor a cada entidad, así como la relación de todas las cotizaciones realizadas y cualquier otro pago a nombre del demandante; en especial, deberá precisar cuál es el estado actual de su afiliación. Igualmente, se debe oficiar a la demandada para que allegue, en el mismo término, certificación de los salarios devengados por el actor durante toda su vida laboral en el banco, mes a mes, individualizando los factores salariales que lo componen.

XII. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 8 de octubre de 2010, por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá — Sala Laboral, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LUIS ALBERTO OCAMPO

SÁNCHEZ contra el BANCO CAFETERO EN LIQUIDACIÓN.

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Radicación n. 50993 Previamente a proferir la sentencia de instancia, mediante auto para mejor proveer, a) de oficio, la Sala dispone

solicitar a Colpensiones y a Protección S.A. que, en el término de 15 dias, certifiquen todo lo relacionado con la afiliación del actor a cada entidad, así como la relación de todas las cotizaciones realizadas y cualquier otro pago a nombre del demandante; en especial, deberá precisar cuál es el estado actual de su afiliación.; y b) que la demandada, en el término máximo de 15 días hábiles, allegue certificación de los salarios devengados por el actor durante toda su vida laboral en el banco, mes a mes, individualizando los factores salariales que lo componen. Cumplido lo anterior, el expediente regresará para disponer lo pertinente. Cópiese, ndtifíquese, publiquese, cúmplase y devuélvase oy lia poda SCLAIPT-10 v.00 Radicación n. 50993

ASTILLO CADENA

FERNAN!

T o V y a O ed G el Y E e p Iav e e s o Ien N a n b n a a f aa Q20 IY IISO e p u e l s ue p a s h V SA o o ova “ V IYD O S S e f s p + 5 A . m o d o

0 RIGOBERTO RRI BUENO

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GE LUIS QUIROZ ALEMÁN

P I w P A e o e f e s e M p a 7 ; a ye u I e a n b D e m u E e r s u ] c o e . f a p a s 17 a 7 Y N 0 8 Y T N O L I V S Y I 3 0 V I V S V U V I T I J D I S

SALVAMENTO DE VOTO

Demandante: Luis Alberto Ocampo Sánchez

Demandado: Banco Cafetero en Liquidación

Radicación: 50993

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena Aunque al momento de suscribir el fallo dejé plasmada mi intención de aclarar el voto, revisado nuevamente el expediente advierto que la providencia amerita un salvamento de voto, ya que, a mi juicio el Tribunal no cometió ningún error manifiesto de hecho al colegir que no existía prueba persuasiva del traslado efectivo del actor a Protección S.A.

En tal dirección, es conveniente recordar que para el juez plural los documentos de folios 87 y 88 no eran suficientes «para establecer si el actor de manera efectiva tuvo un traslado de régimen pues si bien llenó el formulario de traslado correspondiente a la administradora de pensiones PROTECCIÓN S.A., esta sólo indica recibido de la empresa demandada, de tal forma que no se encuentra en el expediente probanza relacionada

con la afiliación a PROTECCIÓN S.A. o que por lo menos la entidad se hubiere enterado del formulario que llenó el actor, más aún cuando en los hechos de la demanda el abogado del señor Luis Alberto Ocampo específica “nunca se trasladó de régimen en el de prima media con prestación definida, conservando de esta forma el régimen de transición contemplado en la ley 100 de 1993”. Radicación n. 50993 Paralelamente le criticó a la entidad no haber allegado, al menos, las planillas de los aportes efectuados a Protección S.A. Ahora en casación el recurrente intenta desvirtuar esas deducciones fácticas del Tribunal con tres elementos de persuasión, que, a mi modo de ver, no son lo suficientemente convincentes de que el actor efectivamente se trasladó a Protección. Menos aún tienen la capacidad de configurar un error de hecho manifiesto en casación, es decir, un desacierto protuberante, relevante e incontestable en la valoración probatoria. Veamos: El formulario de afiliación de folio 87 a pesar de que aparece diligenciado, no tiene sello o constancia de radicación en Protección S.A., por lo que de él no puede concluirse contundentemente que se hubiese materializado el acto de inscripción en la administradora en mención. A folio 88 se encuentra una carta que el demandante dirigió a Bancafe solicitando «el traslado para cotización en el sistema de Pensiones del Sistema de Prima Media (ISS) al Sistema de Ahorro Individual (PROTECCIÓN S.A.). Empero este documento solo da cuenta de la intención del actor de cambiarse

de régimen pensional, más no que ello haya ocurrido en la realidad. Por tal motivo, no puede de su lectura inferirse con certidumbre que el actor se trasladó; bien pudo haberse retractado o simplemente no haberse ejecutado la afiliación, todo lo cual, a decir verdad, no se sabe ni puede colegirse a ciencia cierta. Por esto, insisto, no cabía la configuración de un error de facto manifiesto en casación. Radicación n. 50993 Finalmente a folio 78 se encuentra un certificado de la Coordinadora de Recursos Humanos del Banco Cafetero en donde se afirma que el accionante «se trasladó al Fondo de Pensiones Protección el 1 de Octubre de 1999, hasta la fecha de retiro». No obstante, el Tribunal le restó peso a esta prueba debido a que el ente accionado no adosó otro documento soporte o al menos las planillas de aportes que corroboraran su propia constancia. La anterior reflexión del Tribunal no luce descabellada o irrazonable, ya que, en primer término, la constancia de traslado fue elaborada por la propia accionada, y en segundo lugar, si en efecto se dio un cambio de régimen, el documento más apto para demostrar este hecho era el formulario de afiliación a Protección S.A., respaldado con su constancia de radicación, o al menos las planillas de aportes a pensión. Luego es comprensible que si la entidad tenía acceso a documentos con los que podía esclarecer sin lugar a equívocos un hecho controvertido, no es irrazonable que se le haya exigido aportarlos; al fin y al cabo es un deber con la administración de justicia colaborar eficazmente en la

reconstrucción de los hechos y el descubrimiento de la verdad real. Adicional a todo lo precedente debo subrayar que en la sentencia la Corte incurre en una evidente contradicción, toda vez que la demostración en casación de que «el traslado se materializó» y que por tanto no era «posible reconocer una pensión propia de prima media», dada la pérdida del régimen de transición, conducía obligadamente a la absolución de la parte demandada, más no a dictar autos para mejor proveer. Por fuerza de estas razones, salvo el voto. Radicación n. 50993

DUEÑAS QUEVEDO

— Magistrada