CSJ - SL1268-2023

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente SL1268-2023 Radicación n.° 87868 Acta 16 Bogotá, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM – E.S.P., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 17 de octubre de 2019, en el proceso que instauró JUAN ANDRÉS CARO BELEÑO contra la hoy recurrente.

I. ANTECEDENTES Juan Andrés Caro Beleño demandó a la empresa recurrente, con el propósito de que fuera reintegrado al mismo cargo --o a otro de igual o superior categoría-- al que venía desempeñando para la fecha de su despido --26 de enero de 2015--. En consecuencia, solicitó el reconocimiento

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 87868 y pago de todos los salarios, prestaciones e incrementos legales y extralegales dejados de percibir desde el despido hasta la fecha del reintegro efectivo, así como las cotizaciones a la seguridad social, los aportes parafiscales, la indexación, las costas y agencias en derecho. Posterior a la manifestación de desistimiento de algunas pretensiones subsidiarias de la demanda inicial, el actor indicó que ésta consistía en el pago de la sanción contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, correspondiente a 180 días de salario, junto con las costas y agencias en derecho (f.º 151).

Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que trabajó para EPM como «oficial conductor operación y mantenimiento de energía» desde el 27 de mayo de 2008 hasta el 26 de enero de 2015, en la población de Cáceres – Antioquia; que el examen médico de ingreso arrojó óptimas condiciones de salud y que no tenía limitación alguna; que en cumplimiento de la labor desempeñada le hurtaron su motocicleta, recibió amenazas de muerte y extorsión, hechos conocidos por la demandada --y que detonaron el agravamiento de su condición mental--; que por exceso de trabajo se originó desgaste en rodillas, dolor en la columna, otitis crónica y deterioro psíquico y psicológico, por lo cual solicitó el traslado de sede; que los médicos laborales le recomendaron cuidados especiales, pero su salud se deterioró por la falta de respuesta positiva para su reubicación y fue calificado con riesgo muy alto, debido a la depresión, insomnio, ansiedad y estrés que padecía; y que la

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 87868 psiquiatra, el día 21 de noviembre de 2014, recomendó su reubicación en la ciudad de Medellín como parte del proceso terapéutico. Indicó que nunca tuvo llamados de atención o procesos disciplinarios; que hasta su despido perteneció a SINTRAEMSDES y se beneficiaba de la Convención Colectiva vigente para esa época, que en la cláusula 31 establecía: «ESTABILIDAD. cuando un funcionario de empresas públicas

de Medellín ESP debidamente facultado estimare que es necesario despedir a un trabajador sindicalizado […] Si el gerente general decidiere el despido con la aplicación de la cláusula de reserva y no por alguna de las causales de despido justo señaladas en la ley, se pagará al trabajador una indemnización de acuerdo [...]»; que EPM incumplió con la convención al despedirlo sin justa causa, sin el debido proceso y aplicando la reserva moral; que la mentada empresa le pagó la indemnización contemplada en la cláusula citada: «para servidores con 6 años de servicios continuos: 177 días [...] mantenida la proporción por fracción de año». Cabe destacar que otros hechos incorporados en la demanda inicial --décimo cuarto a décimo octavo--, fueron retirados por el demandante, dada la inadmisión del escrito genitor por parte del juzgado de conocimiento (f.º 148) y su respectiva corrección (f.º 149). Al dar respuesta a la demanda, la empresa accionada se opuso a las pretensiones del actor y, en cuanto a los

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 87868 hechos, aceptó el cargo desempeñado por aquél y su sitio de trabajo, los extremos temporales de la vinculación y la inexistencia de llamados de atención o procesos disciplinarios en su contra; respecto a los demás, dijo que no eran ciertos, que no le constaban, o que no eran hechos sino valoraciones subjetivas del actor. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reintegro, terminación legal del contrato, inexistencia de responsabilidad por perjuicios, falta de causa o derecho

sustancial y carencia de acción, inexistencia de la obligación de pago o cobro de lo no debido, prescripción, compensación y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 20 de febrero de 2019 (f.º 480), declaró que el actor, a la fecha del despido, se encontraba en estado de debilidad manifiesta y era sujeto de especial protección, conforme a lo establecido en la Ley 361 de 1997. En consecuencia, condenó a la demandada a reintegrarlo, sin solución de continuidad, al cargo que venía desempeñando y a pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 26 de enero de 2015. Asimismo, declaró probada la excepción de compensación, por lo que autorizó el descuento de lo cancelado por indemnización por despido sin justa causa y por liquidación definitiva del contrato. Fijó las costas a cargo de la pasiva y a favor del demandante.

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 87868

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 17 de octubre de 2019, confirmó la sentencia de primer grado, de la cual conoció en virtud de la apelación interpuesta por la pasiva, a quien condenó en costas.

Consideró que debía verificarse si al momento del despido el demandante gozaba de especial protección, dado su estado de debilidad manifiesta, y si se requería

autorización del Ministerio del Trabajo para desvincularlo, para lo cual recordó el artículo 26 de la Ley 361 de 1997: En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. Luego de memorar la sentencia de esta Sala de Casación (CSJ SL260-2019), indicó que para la Corte Constitucional la estabilidad ocupacional no requería una calificación de pérdida de capacidad laboral previa, sino que el trabajador se encontrara en una situación de debilidad manifiesta que dificultara sustancialmente el desempeño de

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 87868 sus labores en condiciones regulares (sentencia CC SU0492017). Manifestó la necesidad de verificar si las afecciones alegadas por el demandante (hipoacusia del oído izquierdo, lesión en rodillas, lumbalgia mecánica, estado psicológico

afectado por ansiedad) estaban demostradas; si el empleador las conocía; y si debía pedirse autorización al Ministerio del Trabajo para su despido. El Tribunal dijo apreciar, en su orden: el examen indicativo de estado físico normal, con una leve hipoacusia conductiva del oído izquierdo (f.º 57 a 59 C1); el concepto sobre la salud del demandante del 7 de julio de 2012 y la recomendación de no levantar o transportar objetos con un peso mayor a 20 kg (f.º 39); el examen del 15 de agosto de 2012 sobre deterioro auditivo del oído derecho, lumbalgia mecánica y sobrepeso (f.º 60 y 61); la evaluación del 10 de diciembre de 2012 que reportara iguales condiciones (f.º 40); la constancia del 22 de abril de 2013 sobre atención por problemas emocionales (f.º 75); la orden de servicios de salud mental fechada 9 de abril de 2013 (f.º 76); las citas de psicología de 29 de agosto de 2012, 6 de agosto de 2013, 17 de febrero de 2014, 11 de abril de 2014 y 6 de junio de 2014 (f.º 77 y ss.), que diagnosticaron estrés por dificultades familiares y trastornos del sueño por condiciones laborales y familiares; el informe sobre dificultades laborales, distancia familiar, altibajo emocional con angustia y expectativa de reubicación, de fecha 5 de diciembre de 2014; los informes del 22 de enero de 2015 sobre dificultades familiares y del 6

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 87868 de febrero de 2015 sobre recaída al ser despedido de la empresa y alto riesgo de salud mental (f.º 83 a 85).

También indicó valorar: la remisión a psiquiatría (f.º 87); la recomendación de asesoría individual por el programa de calidad de vida, tratamiento por especialista de la EPS, con terapia individual y familiar, fechada 9 de mayo de 2014

(f.º 42); la recomendación de continuar el tratamiento por EPS, terminar la fisioterapia y evitar largas caminatas por terreno irregular, subir y bajar largos tramos de escaleras, evitar sobreesfuerzos y posturas forzadas de rodillas, conducir la moto en carretera pavimentada y continuar la terapia de apoyo prescrita el 5 de noviembre de 2014 (f.º 43), reiteradas el 15 de diciembre de igual año (f.º 44 C1). Adujo que el material probatorio antes citado demostraba varias afecciones de salud, como son: la hipoacusia del oído izquierdo y la lumbalgia mecánica calificadas como enfermedades laborales, además, problemas serios de estrés --al no estar acompañado de su familia y no haber sido trasladado--, por manera que, dadas las condiciones de salud y riesgo psicológico tratado desde el año 2012, para el momento del despido el actor estaba en condiciones de salud deplorables, debiendo ser tratado como sujeto de especial protección conforme a la Ley 361 de 1997. Expresó que el testigo Rosendo Hurtado, quien trabajó con el actor, indicó que éste asistía a citas médicas y a

terapias, dado que presentaba angustia emocional --que les ocurría a quienes venían de Medellín-- por el orden social que

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 87868 reinaba en el bajo Cauca y que pidió su traslado a esa ciudad; que el testigo Iván Osorio, compañero de trabajo del demandante, conoció algunas de sus dolencias como el problema de rodilla y la restricción para trabajos en altura, pero no conoció ningún dictamen de pérdida de capacidad laboral. Advirtió que se presentaron tres situaciones de enfermedad general y que pedía permiso para acompañamiento psicológico con la familia. Concluyó que tales padecimientos los conoció la empresa a través del departamento de salud y que, al requerirse el tratamiento psicosocial continuo, aquella necesitaba la autorización del Ministerio de Trabajo para despedir al actor. En ese sentido, no encontró ajustadas las razones de la demandada respecto de la atribución legal y convencional para terminar el contrato, previo pago de la indemnización, pues olvidó que la protección de la Ley 361 de 1997 requería argumentar una justa causa.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la empresa recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque totalmente la proferida por el a quo y, en su lugar, se la absuelva de todas las súplicas deprecadas en su contra.

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 87868 Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados, los cuales serán estudiados conjuntamente, pues, aunque fueron enderezados por distinta vía, denuncian similar normativa, persiguen idéntico fin y se complementan entre sí.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en relación con los artículos 1 y 5 de la misma normativa, en armonía con los artículos 53, 54 y 57 de la Constitución Política, a causa de los siguientes errores de

hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que para el momento de la finalización del contrato (26 de enero de 2015), el demandante no tenía una limitación física o psíquica con el carácter de moderada, esto es, dentro de los porcentajes de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%.

2. No dar por demostrado, estándolo, que las "afecciones" que presentó el trabajador en el transcurso de la relación laboral,

(consistentes en hipoacusia en oído izquierdo, lumbalgia y estrés por su situación familiar), no dificultaron el desarrollo normal de la labor.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la terminación del vínculo ocurrida el 26 de enero de 2015, no tuvo por causa o motivo, algún padecimiento físico o psicológico del actor, y que, por lo mismo, no era necesario pedir permiso previo al inspector del trabajo.

Denuncia como pruebas no valoradas las siguientes: - Confesión judicial, contenida en el interrogatorio de parte

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 87868 rendido por el demandante en la audiencia de trámite y juzgamiento celebrada el día 20 de febrero de 2019; en la que el actor confiesa que, para el momento de la terminación del contrato de trabajo, no tenía ninguna calificación de pérdida de capacidad laboral (minuto 12: 33 a 12:42). - Dictamen pericial, emitido el día 26 de julio de 2018, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, obrante a folios 282 a 285 del expediente (cuaderno 2 digital); en el cual se determina que la pérdida de capacidad laboral tiene fecha de estructuración el día 30 de octubre de 2015, es decir, con mucha posterioridad a la terminación del contrato de trabajo. - Certificado expedido por la jefe de Unidad de Compensación y Beneficios de EPM, obrante a folios 237 del expediente (cuaderno 2 digital); en la que se señala que, en el último año de servicios, el demandante no presentó ninguna incapacidad con códigos relacionados a trastornos de depresión y ansiedad, al igual que para el 26 de enero de 2015 el demandante, no registraba ninguna incapacidad. Y como pruebas erróneamente apreciadas: - La prueba testimonial, compuesta por las declaraciones de los señores Rosendo Hurtado Díaz e Iván Darío Osorio Taborda (minutos 13:36 a 01:18:09), obrante en el CD contentivo de la

audiencia de trámite y juzgamiento celebrada el día 20 de febrero de 2019. En la sustentación del cargo, señala que el Tribunal perdió de vista que […] era necesario que tales "afecciones" y "especialmente" las "condiciones emocionales" de "ansiedad, pérdida de sueño y angustia”, tuvieren, para el momento de la terminación del contrato, una connotación limitativa física o psíquica calificada como mínimo, con el carácter de moderada, esto es, dentro de los porcentajes de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%, que dificultaran el desarrollo normal de la labor de oficial conductor operación y mantenimiento de energía. Sostiene que él demandante en el interrogatorio de parte que absolvió confesó que para el momento de la terminación del contrato de trabajo, no tenía ninguna

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 87868 calificación de pérdida de capacidad laboral, pues, cuando el juez le preguntó: «tenía usted calificada para ese momento (refiriéndose al momento de la terminación del contrato) alguna pérdida de capacidad laboral", respondió: "No, no tenía para ese momento calificación», lo que deja en evidencia que no tenía calificación de pérdida de capacidad laboral, ni antes, ni para el momento de la finalización del vínculo, lo que se corroboraba con el dictamen pericial, ‘curiosamente’ dejado de valorar por el Tribunal (f.º 282 a 285 del expediente), en el que se concluyó que dicha pérdida tenía fecha de estructuración el 30 de octubre de 2015, es decir, con posterioridad a la terminación del contrato, acaecida en

enero de ese mismo año. Aduce que el certificado expedido por la jefe de Unidad de Compensación y Beneficios de EPM (f.º 237 del expediente), daba cuenta de que en el último año de servicios el demandante no presentó incapacidad con códigos relacionados a trastornos de depresión y ansiedad, al igual que para el 26 de enero de 2015, no registraba ninguna incapacidad, por tanto, si el Tribunal hubiere valorado tales probanzas habría llegado a la indefectible conclusión de que para el momento de la finalización del vínculo era inexistente una discapacidad o limitación del trabajador con el carácter (mínimamente) de moderada, que ameritara, por esa vía, un permiso previo del inspector del trabajo para poder terminar el contrato laboral. Manifiesta que erró el ad quem al considerar que bastaba con acreditar unas determinadas ‘afecciones’ para

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 87868 que operara la garantía legal a la estabilidad laboral reforzada, pues no siempre una afección en la salud física o psíquica genera una discapacidad para la actividad contratada, siendo necesaria la existencia de una discapacidad o limitación al menos en grado de moderada y con fecha de estructuración anterior o concomitante al retiro. Por último, se refiere a la prueba testimonial, de donde dice, se infiere que el demandante prestaba sus servicios en condiciones normales, sin limitación física o psíquica alguna.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de violar por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, la misma normativa

denunciada en el cargo anterior. Indica que el Tribunal, con base en las sentencias CC SU049-2017 y CC T597-2014, concluyó que la estabilidad laboral reforzada de que trata la Ley 361 de 1997 no «requiere de una calificación de pérdida de la capacidad laboral previa», empero, el artículo 26 de la citada normativa, en armonía con su artículo 5, correctamente aplicados, permite inferir que el trabajador al momento de la terminación del vínculo debe presentar una situación de discapacidad o alteración en su salud que incida en su desempeño laboral en condiciones normales, no cualquier tipo de afección --sin incidencia en tal desempeño--. Señala que no todas las afecciones en la salud son

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 87868 suficientes para que opere la garantía de la estabilidad reforzada, pues no siempre generan una discapacidad para la actividad contratada, siendo necesaria la existencia de una discapacidad calificada, al menos, en grado moderado (15%) y con fecha de estructuración anterior o concomitante al retiro, para que se trate, objetivamente, de una «limitación» o discapacidad, entendida como la pérdida o reducción de capacidad para el trabajo, o como un «término genérico que incluye limitaciones en la realización de una actividad», tal como la define el artículo 3 del Decreto 1507 de 2014. Dice que lo contrario sería aceptar que tal garantía, concebida con carácter excepcional se convierta en general para cualquier afección física o psíquica que no afecte el desempeño normal de las funciones, desapareciendo la

facultad legal del empleador de terminar el contrato, previo pago de la indemnización respectiva, propósito extraño a la norma. Arguye que es el comportamiento discriminatorio, es decir, el que busca excluir del empleo por deficiencias físicas o psíquicas, o por razón de una limitación, el que hace operante la norma, luego, entonces, si el estado físico o psíquico no es el motivo del rompimiento del vínculo no opera la garantía, máxime cuando, como en este caso, no existía un grado de minusvalía igual o superior a la limitación moderada (15%), sin requerirse, a la sazón, autorización del Ministerio de Trabajo.

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 87868

VIII. CARGO TERCERO Acusa la sentencia de violar por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, la misma normativa citada en los cargos 1 y 2.

Afirma que el Tribunal se equivocó en la interpretación que le imprimió al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues le dio un alcance diferente al que de su tenor y espíritu se desprende, pues la garantía allí establecida supone que el trabajador, para el momento de la terminación del vínculo presente una situación de discapacidad o alteración en su salud que incida en su desempeño laboral en condiciones normales y no cuando se presenta cualquier tipo de ‘afección’ que no incida o influya en el desempeño de las labores de manera habitual o normal. En sustento de su aserto transcribe apartes de la sentencia CSJ SL260-2019.

Arguye que la protección especial que contiene la norma en cuestión debe partir, precisamente, de que exista, objetivamente, un factor discriminador, consistente en que las afectaciones físicas limiten o incidan en el desempeño del cargo en condiciones normales o regulares, pero no cuando las mismas son inexistentes, es decir, cuando una situación física o psíquica no incide o no es determinante en la prestación del servicio al ejercerse en condiciones normales. Esgrime que es lógica y razonable la interpretación que conduzca a concluir que, para ser beneficiario de la garantía foral, la limitación debe tener --mínimamente-- una

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 87868 connotación de moderada, es decir, dentro de los rangos de pérdida de capacidad laboral ente el 15% y el 25%, para que de tal manera pueda entenderse la limitación como determinante o con incidencia en la prestación del servicio en condiciones no normales. Expresa que es el comportamiento discriminatorio el que hace operante la norma, lo que significa que si el estado físico o psíquico no es el motivo del rompimiento del vínculo, no opera la garantía y, con mayor razón, cuando para el momento de la finalización del contrato no existía un grado de minusvalía igual o superior a la limitación moderada (15%), sin que, para el caso concreto, se requiriera de la autorización del Ministerio del Trabajo. Remata, entonces, en que […] no cualquier dolencia o "alteración en condiciones emocionales”, permite aplicar la garantía a la estabilidad laboral, pues solo cuando la afectación sea calificada al menos como

moderada y limite el normal desempeño del trabajador y tenga incidencia directa en sus funciones, es decir, cuando se presente un estado de capacidad diversa, es que nace la protección; pensar lo contrario, sería tanto como aceptar que la garantía, concebida con carácter excepcional, se convierta en general para cualquier condición o "afección" física o psíquica, que no afecte el desempeño normal de las funciones del trabajador; lo que de paso conllevaría a que la facultad legal del empleador de terminar el contrato sin justa causa, pagando la indemnización respectiva, desaparezca, situación que obviamente no fue la que quiso regular la norma.

IX. RÉPLICA CONJUNTA El opositor reitera la perspectiva constitucional que debe incorporarse al análisis del caso y señala que el

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 87868 trabajador se encontraba en situación de debilidad manifiesta al momento de ser despedido debido a las múltiples incapacidades que tuvo --y el alto nivel de estrés que padecía--. Considera que una vez el trabajador contrae una enfermedad o presenta una afectación médica que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares, se expone a la discriminación. Asimismo, sostiene que estuvo valorado con una pérdida de capacidad laboral del 39.40% emitida por la empresa y por ello se requería autorización previa del Ministerio de Trabajo.

X. CONSIDERACIONES Se recuerda que el Tribunal, al encontrar demostradas las afectaciones de salud del demandante, como fueron: la hipoacusia del oído izquierdo y la lumbalgia mecánica

calificada como enfermedad laboral; los problemas serios de estrés desde el año 2012 --al no estar acompañado de su familia y no haber sido trasladado--; y las restricciones médicas y la reubicación del trabajador, consideró que para el momento del despido estaba en condiciones de salud deplorables, debiendo ser tratado como sujeto de especial protección conforme a la Ley 361 de 1997. Agregó que tales padecimientos los conoció la empresa a través del departamento de salud y que, al requerirse el tratamiento psicosocial continuo, aquella necesitaba la autorización del Ministerio de Trabajo para despedirlo. En ese sentido, no encontró ajustadas las razones de la

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 87868 accionada respecto de la atribución legal y convencional para terminar el contrato, previo pago de la indemnización, pues olvidó que la protección de la Ley 361 de 1997 requería argumentar una justa causa. El reproche que la censura le formula al sentenciador de la alzada es con relación al alcance que le imprimió al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues consideró que para que opere la estabilidad laboral reforzada no es necesario que: i) exista una calificación de pérdida de capacidad laboral previa; ii) se cuente con una discapacidad calificada al menos en grado moderado (15%) con fecha de estructuración anterior o concomitante al retiro; y iii) que a la terminación del vínculo el trabajador presente una situación de discapacidad o alteración en su salud que incida en el desempeño laboral.

Así, considera que lo que hace operante la norma es el comportamiento discriminatorio dirigido a excluir del empleo a las personas que padecen deficiencias físicas o psíquicas o limitaciones, pues un motivo de rompimiento distinto no habilita la estabilidad reforzada y, en dicho caso, no se requiere la autorización del Ministerio del Trabajo, máxime, cuando, como en este caso, no existía un grado de minusvalía igual o superior a la limitación moderada (15%). La Corte, entonces, debe analizar si los fundamentos de la sentencia del ad quem son destruidos por los ataques de la censura, en esencia, por cuanto se prefirió la aplicación

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 87868 del criterio jurisprudencial expuesto sobre la materia por parte de la Corte Constitucional. Para resolver es pertinente abordar el marco general de la protección a la estabilidad laboral reforzada, prevista en el citado art. 26 y las condiciones de aplicación de dicha garantía a los trabajadores, sobre todo en lo referente al criterio de «discapacidad relevante» o el que incorpora la sentencia del ad quem de «debilidad manifiesta».

1. Sobre los criterios de la Sala respecto a la definición de discapacidad y a la protección de estabilidad laboral establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997

La jurisprudencia vigente de la Sala, por mayoría, tiene asentado que para la concesión de la protección de estabilidad laboral reforzada contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no es suficiente que, al momento del

despido, el trabajador sufra quebrantos de salud, esté en tratamiento médico o se le hubieran concedido incapacidades médicas, sino que debe acreditarse que, al menos, tuviera una limitación física, psíquica o sensorial con el carácter de moderada, esto es, que implique un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%, en los términos del artículo 7.º Decreto 2463 de 2001, independientemente del origen que tenga y sin más aditamentos especiales, como que obtenga un reconocimiento y una identificación previa (CSJ SL, 28 ago. 2012, rad. 39207, reiterada en las decisiones CSJ SL14134SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 87868 2015, CSJ SL10538-2016, CSJ SL5163-2017, CSJ SL114112017, CSJ SL4609-2020, CSJ SL058-2021 y CSJ SL0582021).

A partir de ese porcentaje, se ha considerado que la condición o situación de discapacidad es relevante o de un grado significativo, de carácter considerable y prolongado en el tiempo que afecta el desarrollo de las funciones del trabajador en el ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, por lo que merece la protección legal. Adicionalmente, la Sala ha precisado que, para acreditar la discapacidad, no se requiere de prueba solemne y concomitante a la terminación del vínculo laboral, toda vez que, por el carácter finalista de la norma, lo importante es que el empleador conociera la condición del trabajador, para asumir con cuidado la potestad de prescindir de sus

servicios, bien sea logrando su calificación o esperando el resultado de aquella. Entre tanto, el contenido y los alcances del concepto de discapacidad han sido tópicos en constante discusión y desarrollo, de manera que han sido varios instrumentos que impactan el entendimiento que debe asumir esta Sala, específicamente en lo que concierne al ámbito del trabajo y a la estabilidad que consagra el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En efecto, el concepto de discapacidad no ha sido estático, pues ha evolucionado como consecuencia de

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 87868 diferentes factores de acuerdo con las realidades sociales. Desde la década de los años 60 se propuso un concepto de modelo social de discapacidad, tal como puede notarse de la aprobación del Programa de Acción Mundial para la Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que buscaba el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad, enfocado no solo en medidas de rehabilitación, sino de prevención y equiparación de oportunidades. Tal objetivo también puede advertirse en la Resolución n.º 48/1996 del 20 de diciembre de 1993 emanada de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre «Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad», que puso de presente los «obstáculos que impiden que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y libertades y dificultan su plena participación en las actividades de sus respectivas sociedades», y la necesidad de «centrar el interés en las deficiencias de diseño del entorno

físico y de muchas actividades organizadas de la sociedad, por ejemplo, información, comunicación y educación, que se oponen a que las personas con discapacidad p