CSJ - SL1270-2023

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente SL1270-2023 Radicación n.° 90203 Acta 08 Bogotá, D.C., ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Procede la Sala a emitir la sentencia de instancia dentro del proceso ordinario laboral seguido por LIBARDO DE

JESÚS QUIROZ FLÓREZ contra la UNIVERSIDAD DE

ANTIOQUIA.

I. ANTECEDENTES Mediante sentencia SL1149-2022, proferida el pasado 30 de marzo de 2022, esta Sala de la Corte casó el fallo dictado el 01 de julio de 2020 por el Tribunal Superior de Medellín, que había confirmado la decisión absolutoria del a quo, por considerar que erró el juzgador de segundo grado al analizar la cláusula decimoquinta convencional, pues:

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Radicación n.° 90203 […] tal estipulación guarda correspondencia con la teleología de la negociación colectiva, de procurar el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, en este caso, al permitir que los pensionados de la Universidad, al igual que quienes lleguen a pensionarse, accedan a las prerrogativas de la Ley 4ª de 1976, sin que se observe que la intención de los contratantes hubiera sido la de supeditar el disfrute de los beneficios en ella dispuestos, mientras estuviera vigente. Se dice lo anterior porque de la norma extralegal fluye razonable que las partes firmantes, haciendo uso de su poder de negociación, hubieren incorporado de manera generalizada un listado de derechos de estirpe legal a la convención, con el

propósito de darles una connotación de derecho extralegal nuevo y autónomo frente a las normas legales. De manera tal que, para la Corte, resulta evidente que la remisión a la Ley 4ª de 1976 en el acuerdo colectivo laboral bajo estudio tuvo como finalidad identificar la garantía legal, pero para efectos de incorporarla a éste, tal como sucede con los demás derechos que allí se enlistan conforme la denominación dada por el legislador. Para mejor proveer, la Sala dispuso que por Secretaría se oficiara a la Universidad demandada para que certificara «en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, desde el 1 de enero de 1997 y, en relación con el demandante, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha». Así mismo, se ofició a Colpensiones para que informara si había reconocido pensión alguna al demandante y, en caso afirmativo, indicara a partir de qué fecha y «los montos que mes a mes le ha cancelado por concepto de mesada, debido a que la compartibilidad de la prestación afecta la cuantificación del derecho aquí discutido».

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Radicación n.° 90203 En cumplimiento de lo anterior, se allegaron los oficios Nos. 10410046-0857-2022 y 2022_10606288, obrantes en el expediente digital de esta Corporación, cuyo traslado se surtió de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 del CGP,

sin que las partes se pronunciaran, como se advierte en el informe secretarial del 31 de agosto de 2022.

II. CONSIDERACIONES En sede de instancia, la Corte debe desatar el grado jurisdiccional de consulta del fallo dictado por el juzgado, toda vez que contra éste no se presentó recurso de apelación, siendo totalmente adverso al demandante.

Ahora bien, no fue objeto de debate que mediante Resolución n.° 14702 del 24 de octubre de 1997 (fls. 432 a 433 del cuaderno (2) del Juzgado), la Universidad demandada le reconoció al actor una pensión de jubilación con venero en la Convención Colectiva de Trabajo 1976 – 1977, a partir del 22 de septiembre de 1997, en cuantía inicial de $477.814. La prestación de jubilación obedeció a que el demandante --al momento de su desvinculación-- contaba con más de 20 años de servicios y 45 de edad conforme a lo dispuesto en la cláusula convencional que le resultaba aplicable, a cuyo tenor: Artículo décimo cuarto. Pensionados por jubilación. A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad de Antioquia reconocerá y pagará la pensión de jubilación a los trabajadores que cumplan o hubieren cumplido veinte (20) años

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Radicación n.° 90203 de servicios a la Universidad, continuos o discontinuos, y que lleguen a una edad de cuarenta y cinco (45) años. PARÁGRAFO. A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad pagará a todos los trabajadores jubilados actualmente y que lleguen a jubilarse, una pensión de jubilación

del 100% de su salario. A través del mentado instrumento convencional suscrito el 23 de marzo de 1976 entre la Universidad demandada y su sindicato de trabajadores, se incorporó el sistema de reajuste pensional de que trata la Ley 4ª de 1976, en los siguientes términos: Artículo décimo quinto. Prestaciones extralegales para pensionados. A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad reconocerá y pagará a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación el subsidio familiar, se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención; las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares y para estudio y becas. Igualmente, la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación. PARÁGRAFO. La mensualidad de que trata el artículo quinto de la Ley 4ª de 1976, corresponde a la prima de navidad que paga la Universidad. Por su parte, el parágrafo 3 del artículo 1 de la Ley 4ª de 1976, establece: En ningún caso el reajuste de que trata este artículo será inferior al 15% de la respectiva mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de cinco veces el salario mensual legal más alto. Luego, entonces, de acuerdo con las normas convencionales citadas en precedencia y en atención a lo resuelto en sede extraordinaria, resulta claro que el actor

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Radicación n.° 90203 tiene derecho a los incrementos pensionales pretendidos, pues, como quedó visto, a pesar de la derogatoria de la Ley 4ª de 1976, lo cierto es que ésta siguió rigiendo dichos beneficios, por virtud de lo establecido en el plurimencionado acuerdo colectivo. Igualmente, se advierte que la pensión de jubilación concedida al demandante es compartible con la pensión de vejez reconocida por Colpensiones, habiendo ingresado «[…] en Nómina de Pensionados en el período de enero de 2008», según la certificación No. 2022_10606288 (expedida por la administradora pública de pensiones), obrante en el cuaderno digital de la Corte, razón por la cual la Universidad de Antioquia responderá únicamente por el mayor valor, si lo hubiere. Sobre el fenómeno de la compartibilidad pensional, en casos como el presente, importa a la Sala traer a colación lo asentado en la sentencia SL4555-2020, cuyos razonamientos, mutatis mutandis, son aquí aplicables: […] la referida compartibilidad pensional no tiene por objeto que el pensionado cuente con dos pensiones, pues, precisamente, el efecto de la mentada figura es el de la asunción del riesgo por el ente de seguridad social con el aseguramiento de que no se deteriore el valor de la pensión que se venía percibiendo, por manera que, la prestación de vejez que otorga la entidad administradora será la que se mantendrá como pensión en toda su identidad; de consiguiente, no por el hecho de que el empleador conserve a su cargo el pago del mayor valor que

resultare en favor del pensionado, esa diferencia o mayor valor tendrá las connotaciones de una prestación pensional distinta a la de vejez asumida por el ente de seguridad social, por cuanto que ese valor debe mantenerse por no poderse afectar el quantum o monto del derecho pensional subrogado, habida consideración

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Radicación n.° 90203 de que ese parámetro pensional queda cobijado por el concepto de derecho adquirido. Visto de otra forma, el cubrimiento del derecho pensional por parte del ente de seguridad social mantiene y preserva el derecho del trabajador en lo que tiene que ver con su valor, con estribo en la figura de la compartibilidad pensional, pero de allí no puede derivarse la coexistencia de una doble prestación, de donde deviene una obvia conclusión, cual es la de que las reglas del reajuste anual de la pensión con la cual seguirá el pensionado, en principio, son las que rigen la pensión legal de vejez, no de la que fue subrogada por la entidad administradora de pensiones. […] La Sala considera pertinente rectificar tal criterio, en el sentido de que la compartibilidad pensional prevista en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, provoca que en adelante el pensionado reciba la prestación de vejez como único derecho pensional, pero preservando el mayor valor que resultare al hacerse la subrogación o compartibilidad pensional a cargo del empleador, de suerte que: i) los ajustes sobre el monto de la prestación a cargo del ISS (hoy Colpensiones) serán los que se dispongan para la pensión legal de vejez, esto es, los ajustes o

incrementos normales de ley; y ii) en vista de que los reajustes pensionales del 15%, de que trata la Ley 4ª de 1976, constituyen un derecho convencional para los pensionados o jubilados de la demandada, según quedó visto al abordar el estudio del primer cargo, ese mayor valor o diferencia que deba asumir el empresario sí puede ser afectado con el reajuste controvertido, a efectos de que el pensionado no pierda el aludido beneficio convencional. De consiguiente, el tope de los 5 SMMLV deberá calcularse sobre el monto total de la prestación, de manera tal que, si se supera dicho valor el ajuste anual se producirá como lo indique la ley, pero si la pensión entendida como un todo, es decir, el monto final recibido por el pensionado --y que resulta de lo pagado por concepto de la pensión compartida, vale decir, la diferencia o mayor valor asumido por la empresa junto con lo sufragado por Colpensiones-- no supera los referidos 5 SMMLV, deberá ajustarse la mesada pensional, al menos en un 15% cada año, únicamente sobre ese mayor valor que asume la empresa luego de la subrogación realizada por el ISS, se insiste, sin que el valor total de lo pagado o tope de esa pensión única exceda de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo dicho, se equivocó el Tribunal al entender que el límite de los cinco salarios mínimos se calculaba únicamente frente al mayor valor reconocido por la empresa, pues, en atención a la regla general de la compartibilidad y al principio de unidad del Sistema General de Pensiones, el citado tope se establece es con

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Radicación n.° 90203 base en el monto de la pensión total compartida recibida por el actor. Ahora, conforme a la información allegada por la Universidad de Antioquia, previo requerimiento de esta Corte, el hoy recurrente, como ya se anunció, se encuentra pensionado por la citada entidad educativa desde el 22 de septiembre de 1997, en cuantía inicial de $477.814, cifra que, para ese entonces no superaba el monto establecido en la Ley 4ª de 1976, es decir, cinco (5) veces el salario mínimo legal más alto. Así pues, en el sub examine, teniendo en cuenta que el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el acto administrativo No. 129 del 08 de mayo de 2012, que negó la reliquidación pretendida, los cuales fueron resueltos por la Universidad demandada el 30 de mayo de 2012 (impugnación horizontal) y el 09 de julio de esa anualidad (recurso de alzada), es palpable que el término de prescripción quedó suspendido, pero como la demanda fue presentada solo hasta el 30 de noviembre de 2016, esto es, por fuera del término trienal dispuesto legalmente para los derechos laborales y pensionales, resulta palmario que las mesadas causadas con anterioridad al mes de noviembre de 2013 (CSJ SL10112021) quedaron afectadas por el fenómeno prescriptivo y, en consecuencia, se declarará parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta por la aquí demandada, a quien se le ordenará pagar al demandante la suma de $224.141.048 a título de diferencias pensionales

(tomando como fecha de corte el 28 de febrero de 2023) más

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Radicación n.° 90203 la indexación, debido a la evidente depreciación del valor adquisitivo de la moneda por el transcurso del tiempo; misma que deberá calcularse hasta tanto se haga efectivo su pago, de acuerdo con la siguiente fórmula: VA = VH x IPC final IPC inicial De donde: VA = IBL o valor actualizado VH = Valor histórico que corresponde al último salario promedio mes devengado IPC Final = Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad de la fecha de causación de la pensión IPC Inicial = Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad para cada ingreso base de cotización

FECHAS EQUIVALENCIA EQUIVALENCIA TOTAL

EN S.M.L.M.V. EN S.M.L.M.V.

TOTAL INICIAL: TOTAL FINAL: DIFERENCIA

DEL TOTAL DEL TOTAL

PENSIÓN MAYOR VALOR MAYOR VALOR ENTRE EL

INICIAL DEL FINAL DEL

RECONOCIDA PAGADO POR PORCENTAJES REAJUSTADO MAYOR VALOR

PENSIÓN MAYOR VALOR MAYOR VALOR MAYOR VALOR Y/O MAYOR LA APLICADOS EN DE REAJUSTADO Y VALOR TOPE DE 5 RECONOCIDA Y PAGADO POR REAJUSTADO DE REAJUSTADO VALOR PAGADO UNIVERSIDAD EL MAYOR UNIVERSIDAD EL MAYOR No. DE PAGOS DIFERENCIAS

DESDE HASTA S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. PAGADA POR LA UNIVERSIDAD DE DE

POR DE ANTIOQUIA VALOR DE ANTIOQUIA VALOR PAGADO AL 28/02/2023

COLPENSIONES UNIVERSIDAD ANTIOQUIA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD Y PENSIÓN REAJUSTADO Y LA PENSIÓN POR LA

DE ANTIOQUIA DE ANTIOQUIA

DE ANTIOQUIA PAGADA POR PAGADA POR UNIVERSIDAD

Y LA PENSIÓN Y LA PENSIÓN

COLPENSIONES COLPENSIONES DE ANTIOQUIA

PAGADA POR PAGADA POR COLPENSIONES COLPENSIONES 22/09/1997 31/12/1997 $ 172.005 $ 860.025 $ 477.814 $ 477.814 2,78 $ 477.814 $ 477.814 2,78 1/01/1998 31/12/1998 $ 203.826 $ 1.019.130 $ 562.292 $ 562.292 2,76 $ 562.292 17,68% $ 562.292 2,76 PRESCRIPCIÓN 1/01/1999 31/12/1999 $ 236.460 $ 1.182.300 $ 656.193 $ 656.193 2,78 $ 656.194 16,70% $ 656.194 2,78 PRESCRIPCIÓN 1/01/2000 31/12/2000 $ 260.100 $ 1.300.500 $ 716.760 $ 716.760 2,76 $ 754.623 15,00% $ 754.623 2,9 PRESCRIPCIÓN 1/01/2001 31/12/2001 $ 286.000 $ 1.430.000 $ 779.476 $ 779.476 2,73 $ 867.817 15,00% $ 867.817 3,03 PRESCRIPCIÓN 1/01/2002 31/12/2002 $ 309.000 $ 1.545.000 $ 839.106 $ 839.106 2,72 $ 997.989 15,00% $ 997.989 3,23 PRESCRIPCIÓN

1/01/2003 31/12/2003 $ 332.000 $ 1.660.000 $ 897.760 $ 897.760 2,70 $ 1.147.688 15,00% $ 1.147.688 3,46 PRESCRIPCIÓN 1/01/2004 31/12/2004 $ 358.000 $ 1.790.000 $ 956.024 $ 956.024 2,67 $ 1.319.841 15,00% $ 1.319.841 3,69 PRESCRIPCIÓN 1/01/2005 31/12/2005 $ 381.500 $ 1.907.500 $ 1.008.605 $ 1.008.605 2,64 $ 1.517.817 15,00% $ 1.517.817 3,98 PRESCRIPCIÓN 1/01/2006 31/12/2006 $ 408.000 $ 2.040.000 $ 1.057.523 $ 1.057.523 2,59 $ 1.745.490 15,00% $ 1.745.490 4,28 PRESCRIPCIÓN 1/01/2007 3/07/2007 $ 433.700 $ 2.168.500 $ 1.104.901 $ 1.104.901 2,55 $ 2.007.313 15,00% $ 2.007.313 4,63 PRESCRIPCIÓN 4/07/2007 31/12/2007 $ 433.700 $ 2.168.500 $ 294.154 $ 810.747 $ 1.104.901 2,55 $ 1.196.566 15,00% $ 2.007.313 4,63 PRESCRIPCIÓN

1/01/2008 31/12/2008 $ 461.500 $ 2.307.500 $ 310.891 $ 856.879 $ 1.167.770 2,53 $ 1.376.051 15,00% $ 2.232.929 4,84 PRESCRIPCIÓN 1/01/2009 31/12/2009 $ 496.900 $ 2.484.500 $ 334.737 $ 922.601 $ 1.257.338 2,53 $ 1.582.459 15,00% $ 2.505.060 5,04 PRESCRIPCIÓN 1/01/2010 31/12/2010 $ 515.000 $ 2.575.000 $ 341.431 $ 941.053 $ 1.282.485 2,49 $ 1.614.108 2,00% $ 2.555.161 4,96 PRESCRIPCIÓN 1/01/2011 31/12/2011 $ 535.600 $ 2.678.000 $ 352.255 $ 970.884 $ 1.323.139 2,47 $ 1.665.275 3,17% $ 2.636.159 4,92 PRESCRIPCIÓN 1/01/2012 31/12/2012 $ 566.700 $ 2.833.500 $ 365.395 $ 1.007.098 $ 1.372.493 2,42 $ 1.727.390 3,73% $ 2.734.488 4,83 PRESCRIPCIÓN 1/01/2013 31/10/2013 $ 589.500 $ 2.947.500 $ 374.311 $ 1.031.672 $ 1.405.983 2,39 $ 1.769.538 2,44% $ 2.801.210 4,75 PRESCRIPCIÓN

1/11/2013 31/12/2013 $ 589.500 $ 2.947.500 $ 374.311 $ 1.031.672 $ 1.405.983 2,39 $ 1.769.538 2,44% $ 2.801.210 4,75 $ 1.395.227 3 $ 4.185.681 1/01/2014 31/12/2014 $ 616.000 $ 3.080.000 $ 381.573 $ 1.051.686 $ 1.433.259 2,33 $ 1.803.867 1,94% $ 2.855.553 4,64 $ 1.422.294 14 $ 19.912.117 1/01/2015 31/12/2015 $ 644.350 $ 3.221.750 $ 395.539 $ 1.090.178 $ 1.485.717 2,31 $ 1.869.889 3,66% $ 2.960.066 4,59 $ 1.474.350 14 $ 20.640.895 1/01/2016 31/12/2016 $ 689.455 $ 3.447.273 $ 422.317 $ 1.163.983 $ 1.586.300 2,30 $ 1.996.480 6,77% $ 3.160.463 4,58 $ 1.574.163 14 $ 22.038.283 1/01/2017 31/12/2017 $ 737.717 $ 3.688.585 $ 446.601 $ 1.230.912 $ 1.677.513 2,27 $ 2.111.278 5,75% $ 3.342.190 4,53 $ 1.664.677 14 $ 23.305.474

1/01/2018 31/12/2018 $ 781.242 $ 3.906.210 $ 464.867 $ 1.281.256 $ 1.746.123 2,24 $ 2.197.629 4,09% $ 3.478.885 4,45 $ 1.732.762 14 $ 24.258.667 1/01/2019 31/12/2019 $ 828.116 $ 4.140.580 $ 479.650 $ 1.322.000 $ 1.801.650 2,18 $ 2.267.514 3,18% $ 3.589.514 4,33 $ 1.787.864 14 $ 25.030.090 1/01/2020 31/12/2020 $ 877.803 $ 4.389.015 $ 497.877 $ 1.372.236 $ 1.870.113 2,13 $ 2.353.679 3,80% $ 3.725.915 4,24 $ 1.855.802 14 $ 25.981.229 1/01/2021 31/12/2021 $ 908.526 $ 4.542.630 $ 505.893 $ 1.394.329 $ 1.900.222 2,09 $ 2.391.573 1,61% $ 3.785.902 4,17 $ 1.885.680 14 $ 26.399.524 1/01/2022 31/12/2022 $ 1.000.000 $ 5.000.000 $ 534.325 $ 1.472.690 $ 2.007.015 2,01 $ 2.525.980 5,62% $ 3.998.670 4,00 $ 1.991.655 14 $ 27.883.166

1/01/2023 28/02/2023 $ 1.160.000 $ 5.800.000 $ 604.428 $ 1.665.907 $ 2.270.336 1,96 $ 2.857.388 13,12% $ 4.523.296 3,90 $ 2.252.960 2 $ 4.505.920

TOTAL $ 224.141.048

Cumple acotar que del retroactivo pensional la entidad demandada deberá hacer la deducción de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, los cuales operan por ministerio de la ley conforme lo previsto en el inciso 3 del

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Radicación n.° 90203 artículo 42 del Decreto 692 de 1994 y, por tal razón, no es necesario que medie autorización judicial para el efecto (CSJ SL1359-2019). Corolario de lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia, en cuanto absolvió de los reajustes pensionales y saldos insolutos reclamados por el demandante y, en su lugar, se condenará a la Universidad accionada a cancelar al actor las sumas establecidas en precedencia. Los demás medios exceptivos planteados por la convocada a juicio se tendrán como no probados, dado el resultado del proceso y lo expuesto en precedencia. Sin costas en este grado jurisdiccional. Las de primera instancia a cargo de la Universidad demandada.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, actuando como

Tribunal de instancia, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 13 de febrero de 2019 por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, que absolvió a la demandada de todas las

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Radicación n.° 90203 pretensiones incoadas en su contra por el actor.

SEGUNDO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA a reconocer y pagar a LIBARDO DE JESÚS QUIROZ FLÓREZ, la suma de $224.141.048 por concepto de reajustes pensionales insolutos causados hasta el 28 de febrero de 2023, sin perjuicio de los que se llegaren a causar en adelante, junto con la indexación de tales valores hasta la fecha de pago efectivo, con fundamento en la fórmula indicada en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción frente a las diferencias pensionales causadas con anterioridad al mes de noviembre de 2013 y no probadas las demás.

CUARTO: La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA deberá descontar los aportes correspondientes al Sistema General

de Seguridad Social en Salud.

QUINTO: Costas, como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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Radicación n.° 90203

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Radicación n.° 90203 No firma por ausencia justificada

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

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SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Recurrente: Libardo de Jesús Quiroz Flórez

Demandado: Universidad de Antioquia

Radicación: 90203

Magistrado Ponente: Luis Benedicto Herrera Díaz Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, me permito salvar el voto parcialmente, conforme a las razones que expongo a continuación.

Para contextualizar, es oportuno recordar que la disposición convencional que reguló el incremento pensional que reclama el demandante, esto es, el artículo 15 de la convención colectiva de trabajo suscrita el 23 de marzo de 1976, establece: Artículo décimo quinto. Prestaciones extralegales para pensionados. A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad reconocerá y pagará a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación el subsidio familiar, se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención; las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares y para estudio y becas. Igualmente, la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación (resaltado fuera del texto original). Radicación n.° 90203 A su vez, el parágrafo 3.° del artículo 1.° de la Ley 4ª de 1976, dispone: En ningún caso el reajuste de que trata este artículo será

inferior al 15% de la respectiva mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de cinco veces el salario mensual legal más alto. Así, se tiene que el actor tiene derecho a los incrementos pensionales pretendidos, pues, como quedó explicado en la sentencia de casación CSJ SL1149-2022, pese a la derogatoria de la Ley 4ª de 1976, lo cierto es que esta continuó rigiendo dicho beneficio, conforme lo estableció el citado acuerdo colectivo. No obstante, tal como se advierte de la liquidación de diferencias causadas, para la mayoría de la Sala el incremento del 15% tiene lugar hasta tanto la mesada pensional alcance el equivalente a más de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes y, a partir de ahí, tal incremento convencional no tiene aplicabilidad, sino siempre y sin excepción el del IPC, aun cuando en un año posterior, por efecto de la fluctuación de la economía y la variación de ese indicador, el valor de la pensión resulte inferior a dicho tope. Precisamente, ese es el criterio del cual me aparto, pues, a mi juicio, considero que, en esos eventos, esto es, cuando la mesada pensional nuevamente sea menor a ese parámetro, el incremento pensional que debe regir es el del 15%, tal como se dispuso en sentencia CSJ SL856-2021, en un asunto similar al sub judice. 2 Radicación n.° 90203 Lo anterior, por cuanto, si se entendiera que del artículo 1.° de la Ley 4.ª de 1976 logran extraerse las dos interpretaciones jurídicamente sólidas y razonables a que se ha hecho mención, lo

cierto es que la que debe defenderse y aplicarse es la más favorable para el trabajador, que sin duda, es la establecida en la providencia en cita. Así, en este preciso asunto, considero que, a partir del año 2010, cuando la mesada pensional del demandante nuevamente resulta inferior a los 5 salarios mínimos legales mensuales, el incremento que debió aplicarse era el del 15%, hasta que el valor supere ese tope, para, a partir de ahí, aplicar el IPC y así, sucesivamente, tantas cuantas veces tenga lugar tal circunstancia. Dejo así sustentada mi salvamento de voto parcial en el presente asunto. Fecha ut supra. 3