CSJ - SL1285-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1285-2023 Radicación n.° 90738 Acta 19 Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por

la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP y LINA MARÍA y JOHAN GABRIEL RAMOS GAMARRA como sucesores procesales de su padre RICARDO ÁNGEL RAMOS LEÓN, contra la sentencia proferida el 31 de agosto de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario laboral que instauró el progenitor de los recurrentes personas naturales contra la

JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, la

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE

NORTE DE SANTANDER y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, trámite al que fueron

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 90738 vinculadas como litisconsortes necesarios POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y la UGPP recurrente.

I. ANTECEDENTES Ricardo Ángel Ramos León convocó a juicio a las citadas Juntas de Calificación de Invalidez y al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, a fin de que se declare que dichas Juntas no son competentes para evaluar su discapacidad

física estructurada el 4 de diciembre de 1989, por razón de un accidente de trabajo y, que como consecuencia del referido infortunio se encuentra incapacitado para trabajar; que, por ende, no se tengan en cuenta los dictámenes emitidos. También pidió que se dejen sin efecto las Resoluciones 000011, 000051, 0308, de fechas 30 de enero, 27 de febrero y 26 de abril de 2004, respectivamente, emitidas por el ISS, la primera que ordenó suspenderle la pensión de invalidez que se le estaba cancelando y las últimas que confirmaron esa determinación, al resolver los recursos de reposición y apelación. Como consecuencia de lo anterior, deprecó que el ISS fuera condenado a continuar sufragando el derecho pensional que se le suspendió, junto con el retroactivo desde enero de 2004 y los incrementos anuales, sumas que deberán cancelarse debidamente indexadas o en su defecto sufragar los intereses moratorios. Igualmente, pidió condenar a la parte pasiva a las costas del proceso.

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 90738 En sustento de sus pretensiones, relató que en el año 1989 laboraba para la Cooperativa Santandereana de Transportadores Ltda. Coopetran y estaba afiliado a riesgos profesionales al Instituto de Seguros Sociales; que el 4 de diciembre del mismo año el bus que conducía fue atracado y en esos hechos recibió un impacto con arma de fuego a la altura de T11, esto es, «en la cavidad torácica a la altura de la vértebra 11», hechos que fueron puestos en conocimiento

de esa entidad de seguridad social. Manifestó que ese accidente le ocasionó «incapacidad laboral permanente», por lo cual el ISS mediante la Resolución 00323 del 9 de mayo de 1991, le reconoció pensión de invalidez de origen profesional; que en el aludido acto administrativo se dejó consignado que inicialmente se concedía hasta agosto de 1992 y que a partir de ese instante sería definitiva si subsistía la incapacidad, según examen médico de la entidad, quien se reservaba el derecho de hacer las revisiones que estimara convenientes; que en todo caso tal prestación sería vitalicia cuando el asegurado cumpliera 60 años de edad. Explicó que el ISS con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964, ordenó que fuera examinado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander, quien, sin tener en cuenta los diagnósticos de otros médicos, mediante dictamen 142 de 2003 lo calificó con una pérdida de capacidad laboral del 15%.

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 90738 Dijo que ante su inconformidad fue remitido a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, entidad que ordenó que previamente lo examinara Coomeva EPS, donde la médica especialista en neurología Nhora Patricia Ruíz Alfonzo diagnosticó que no podía trabajar, sin embargo, tal concepto no fue tenido en cuenta, pues la referida entidad, en calificación n°. 3118 del 8 de abril de 2003, determinó que su pérdida de capacidad laboral ascendía al 20%.

Arguyó que el Instituto de Seguros Sociales con fundamento en los aludidos dictámenes, mediante Resolución 000011 de 30 de enero de 2004, suspendió la pensión de invalidez que le venía cancelando; que interpuso los recursos de reposición y apelación, pero fueron resueltos desfavorablemente a través de los actos administrativos 000051 y 0308 del 27 de febrero y 26 de abril de la misma anualidad, respectivamente. Aseveró que aún mantiene la bala incrustada en su cuerpo, ya que extraerla es muy riesgoso, no puede caminar durante más de 15 minutos porque se produce sensación de ardor en sus piernas y si trata de conducir algún vehículo automotor en poco tiempo no le responden sus extremidades; que el médico fisiatra del centro de rehabilitación Enrique Estévez le diagnosticó «paraparesia» con aumento de tono muscular, marcha espática, con alteración del equilibrio, que no puede caminar en punta de pies y talones, «alteración de la sensibilidad en cara antiorexterna del derecho», alteración en dorso y planta de pies, «Reflejos: aumentados los

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 90738 rotulianos, aquilianos disminuidos», esfínteres: incontinencia parcial rectal, ID: Secuelas de trauma raquimedular T11 (paraparesia espástica). Agregó que la neuróloga clínica Nhora Patricia Ruíz Alfonzo, el 1 de agosto de 2003, luego de examinarlo le diagnosticó «paraparesia espática del paciente es irreversible y lo incapacita para conducir o realizar labores que dependan

del uso de las piernas. El dolor neuropático crónico es otro motivo de discapacidad en este paciente». Al dar respuesta a la demanda, el Instituto de Seguros Sociales se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó como cierto que, con fundamento en los dictámenes de las Juntas Nacional y Regional de Calificación de Invalidez, suspendió el pago de la pensión que venía recibiendo el actor; los recursos de reposición y apelación que el pensionado presentó contra tal determinación y los resultados negativos; de los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, luego de transcribir los artículos 38, 39, 41 a 44 de la Ley 100 de 1993, señaló que el organismo y/o entidad competente para determinar y calificar las incapacidades producto de accidentes de trabajo, como se presenta en el caso que nos ocupa, era la Junta de Calificación de Invalidez respectiva, del orden regional en primera instancia o nacional cuando los dictámenes son objetados o impugnados.

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 90738 Explicó que tampoco había duda que, conforme a las normas aplicables, se consideraba inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Agregó que lo mismo se podía predicar de la incapacidad laboral proveniente de accidente de trabajo de acuerdo al artículo 250 ibidem, el cual indica que la calificación del estado de invalidez derivado de ese infortunio o de una enfermedad profesional, se sujetará a lo dispuesto

en la ley de seguridad social, para efectos de su calificación del riesgo común. Puntualizó que no podía ser más coherente la actuación de la entidad, pues ante la disminución de la discapacidad del demandante suspendió el pago de la pensión de invalidez que le venía haciendo, ello con fundamento en el artículo 44 ibidem que habla de la revisión de ese estado con el fin de proceder a su extinción, disminución o aumento. Formuló las excepciones de buena fe, cobro de lo no debido, falta de título y causa, mala fe del demandante y la genérica. Por su parte, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez al contestar el escrito inaugural, también se opuso a las pretensiones. Frente a los supuestos fácticos, dijo que era cierto que el accionante había recibido un impacto de bala a la altura de la T11, vertebra que conformaba la cavidad torácica; que el ISS en ejercicio del mecanismo de la revisión pensional había remitido al promotor del proceso para que

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 90738 fuera calificado su estado de invalidez; la existencia del 15% de pérdida de capacidad laboral con que fue diagnosticado por parte de la Junta Regional de Calificación y el 20% por parte de la Nacional, de los demás hechos, señaló que no eran ciertos o que no constaban. En su defensa, argumentó que, si bien era verdad que como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el 4 de diciembre de 1989, el accionante se vio incapacitado y a la fecha presentaba una pérdida de capacidad laboral que representa una incapacidad permanente parcial, de ninguna

forma podía entenderse como una invalidez, pues corresponde a situaciones completamente diferentes. Aseveró que para el momento en que evaluó el estado de discapacidad del demandante, el 19 de agosto de 2003, las lesiones e impedimentos padecidos por éste no lo invalidaban; ello conforme a los criterios establecidos por el Acuerdo 258 de 1967 que fue la norma con la cual se cuantificó la pérdida de capacidad laboral por ser la disposición legal con la cual se concedió inicialmente la pensión. Refirió que, para su evaluación, una vez se efectuó el reparto de rigor, la ponencia del caso le correspondió al doctor Jorge Vargas, quien solicitó a la ARP del ISS que le practicara al actor una serie de valoraciones por especialistas para determinar las secuelas y limitaciones en términos concretos, tales como diagnósticos actualizados por fisiatría, neurología clínica, cirugía general, electromiografía

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 90738 miembros inferiores y urología. Puntualizó que la valoración por neurología desarrollada por la doctora Nhora Patricia Ruíz Alfonzo, de fechas 31 de julio y 1 de agosto de 2003, en ningún momento señala que el paciente no puede trabajar en otras actividades, pues lo que concluyó la especialista textualmente fue que: «la paraparesia espástica del paciente es irreversible y lo incapacita para conducir o realizar labores que dependan del uso de las piernas». Formuló los medios exceptivos que denominó: incapacidad o indebida representación del demandado,

inexistencia de la demandada Junta Nacional de Calificación de Invalidez como persona jurídica, falta de legitimación por pasiva, buena fe de la parte demandada, legitimidad de la calificación dada por la entidad, prescripción y la genérica. A su turno, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander al responder el escrito genitor, se opuso a las pretensiones. Respecto de los hechos, tuvo por ciertos el accidente sufrido por el actor el 4 de diciembre de 1989; que contra el dictamen de calificación de invalidez proferido por esa entidad el accionante interpuso los recursos de reposición y apelación, y que aún tenía alojado en su cuerpo el proyectil que recibió el día del infortunio; de los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o no le constaban. Esgrimió como argumentos defensivos, que el Sistema

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 90738 de Seguridad Social Integral vigente en Colombia desde la promulgación de la Ley 100 de 1993, dispone que el estado de invalidez puede revisarse cada tres años a petición de la respectiva entidad de previsión o seguridad social, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfrutaba su beneficiario y proceder a su extinción, disminución o aumento, si a ello hubiere lugar; que así lo establece el artículo 44 de la mencionada ley, la cual junto con las normas reglamentarias y complementarias le atribuían competencia a las Juntas de Calificación de Invalidez para resolver las controversias sobre el particular.

Indicó que las valoraciones realizadas al accionante por los profesionales de la medicina que se citaban en el hecho décimo de la demanda inicial fueron practicadas con posterioridad a la fecha de expedición del dictamen de la Junta Regional y se allegaron a la Junta Nacional, la cual los tuvo en cuenta para la resolución del recurso de apelación. Que el resultado de la evaluación de estas nuevas pruebas llevó a la segunda de las citadas a incrementar el porcentaje de PCL del demandante, determinándolo en un 20% en el Dictamen 3118 de 2003. Mediante autos del 6 marzo de 2017 (f.°533) y 22 de enero de 2018 (f.°630), se ordenó vincular como litisconsortes necesarios a Positiva Compañía de Seguros S.A. y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 90738 Positiva Compañía de Seguros S.A. al dar respuesta a la demanda se opuso a todas las pretensiones; admitió los supuestos fácticos relativos a que, el ISS mediante Resolución 00323 del 9 de mayo de 1991 le reconoció pensión de invalidez al actor; y que en el acto administrativo se dejó constancia que inicialmente sería hasta agosto de 1992; y que con fundamento en los dictámenes de las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, con Resolución 0011 del 3 de enero de 2004 suspendió el derecho pensional que le venía reconociendo; de los demás dijo que

no le constaban o que no eran ciertos. En su defensa, argumentó que el ISS efectuó la revisión de la invalidez del señor Ricardo Ángel Ramos León dentro de los parámetros legalmente establecidos y, así mismo, se encuentra facultado para que, cuando desaparezca la causa que le dio origen a la pensión, pueda revocarla y que eso fue precisamente lo que ocurrió, dados los dictámenes de PCL emitidos tanto por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander como por la Nacional. Formuló las excepciones que denominó: falta de legitimación en la causa por pasiva de la vinculada Positiva Compañía de Seguros S.A., inexistencia de la obligación a cargo de la referida entidad, buena fe, falta de título y causa, prescripción y la genérica. Finalmente, la UGPP al dar respuesta al escrito introductorio, igualmente se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó que el ISS mediante acto

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 90738 administrativo 00323 del 9 de mayo de 1991 concedió pensión de invalidez de origen profesional a favor del demandante; que allí se estipuló que inicialmente sería hasta agosto de 2002 y se volvería permanente si la invalidez persistía; de los demás dijo que no le constaban. Como argumentos defensivos, expuso que el ISS sí tenía competencia para evaluar nuevamente los aspectos jurídicos de la incapacidad del pensionado, y que, si el dictamen emitido por las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez determinaron una pérdida de capacidad laboral del

afiliado igual al 20% o menor, era claro que el Instituto actuó conforme a derecho al suspender la prestación del señor Ricardo Ángel Ramos León. Añadió que las juntas calificadoras de invalidez son organismos de creación legal, cuya función principal es la de dirimir las controversias que se suscitan entre los asegurados y las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral, decisiones que son de obligatorio cumplimiento para las partes y solo son controvertibles ante la jurisdicción ordinaria laboral. Precisó que el dictamen expedido por el órgano nacional de calificación de invalidez que le determinó una PCL del 20%, «es una decisión de obligatorio cumplimiento», tanto para el actor como para el ISS, en los términos del artículo 4 del Decreto 2463 de 2001, por consiguiente, la entidad no tenía otra posibilidad legal que suspenderle el pago de la pensión por incapacidad permanente parcial.

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 90738 Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, carencia del derecho reclamado, falta de título o causa y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante fallo del 1 de marzo de 2019, resolvió: PRIMERO.- DECLARAR que el demandante RICARDO ÁNGEL RAMOS LEÓN, tiene derecho a que la demandada UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-, le continué pagando la pensión de invalidez a

partir del mes de septiembre de 2016 y hasta cuando las causas que la originaron perduren, de acuerdo a lo motivado en esta providencia. SEGUNDO.- CONDENAR a la demandada UGPP, a cancelar al demandante la suma ya debidamente indexada de $24.918.829,62, por concepto de mesadas causadas entre el mes de septiembre de 2016 y el mes de febrero del corriente año, más las que sigan causando conforme se anotó en la motivación de esta sentencia. TERCERO.- DECLARAR probado el exceptivo de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA propuesto por la demandada POSITIVA S.A., conforme a lo señalado en la parte motiva de este fallo. CUARTO.- ABSOLVER a las demandadas JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE SANTANDER, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ, POSITIVA S.A. y COLPENSIONES, de todos los cargos formulados en su contra por RICARDO ÁNGEL RAMOS LEÓN, conforme lo expuesto en la motivación de esta providencia. QUINTO.- SIN COSTAS en esta instancia por no aparecer causadas, de acuerdo a lo señalado en la parte motiva esta sentencia. SEXTO.- Si esta sentencia no fuere apelada CONSÚLTESE con el superior.

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 90738

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga al resolver el recurso de apelación formulado por el demandante y la UGPP, así como al conocer en grado jurisdiccional de consulta a favor de la última,

mediante sentencia dictada el 31 de agosto de 2020, decidió: PRIMERO: ADICIONAR el ordinal PRIMERO de la sentencia proferida el 01 de marzo de 2019 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga, en el sentido de dejar sin efecto los dictámenes Nº142 del 20 de febrero de 2003 y Nº3118 del 8 de abril de 2003, proferidos por la Junta Regional de calificación de Invalidez de Santander y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, respectivamente, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de la providencia. CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida, con la precisión que el valor del retroactivo pensiona liquidado al mes de agosto de 2020 ascendió a la suma de $40.981.674, suma que deberá ser indexada desde la fecha de causación de cada una de las mesadas pensionales hasta la fecha en la que se efectúe el pago del retroactivo pensiona.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia por no haberse causado, ante la no prosperidad de los recursos de apelación formulados tanto por la parte demandante como por la parte demandada Dijo que el problema jurídico a resolver, de acuerdo a los cuestionamientos de los apelantes, de conformidad con el artículo 66A del CPTSS y el grado jurisdiccional de consulta, consistían en determinar si acertó el a quo al dejar sin efecto los dictámenes proferidos por las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez; de igual forma, si el actor tiene derecho a que se reanude el pago de su pensión de invalidez

con base en el nuevo dictamen de PCL emitido por la primera de las Juntas mencionada y, en caso afirmativo, si la continuidad del pago debe efectuarse desde la fecha en que fue suspendido el mismo o desde la data en que se profirió el

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 90738 otro dictamen ordenado por el juzgado; de igual forma, si la suma liquidada como retroactivo pensional presenta algún error. La colegiatura señaló que no eran objeto de discusión en la alzada los siguientes presupuestos: i) la calificación efectuada por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander el 20 de febrero de 2002, en la que determinó como PCL un 15%, la cual fue modificado por la Junta Nacional, quien el 8 de abril de igual año estableció una PCL del 20%; y ii) que el Instituto de los Seguros Sociales mediante Resolución 00011 del 30 de enero de 2004, confirmada por el acto administrativo 0308 del 26 de abril de 2004, suspendió el pago de la pensión de invalidez del actor, por no cumplir con el requisito de pérdida de capacidad laboral del 50% o superior. Para resolver, el Tribunal recordó que el demandante solicitó como prueba pericial una nueva calificación de su PCL, pues insistió en que su invalidez persistía desde el 4 de diciembre de 1989, fecha de ocurrencia del accidente de trabajo que produjo la misma; que el a quo había ordenado una nueva valoración por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander, quien a través del dictamen 833 del 30 de agosto de 2016, determinó

que la discapacidad del accionante era del 51,25%. Explicó el juez plural que en esa nueva calificación se puntualizó que, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 258 de 1967, los hallazgos tenidos en cuenta para la

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 90738 valoración fueron los producidos por la secuela dejada por el accidente de trabajo, como el daño físico persistente en el tiempo, la influencia sobre la actividad propia de no poder laborar como conductor por su «paraparesia espática» en miembros inferiores, «la imposibilidad de rehabilitación por el tiempo de evolución, su edad actual de 68 años, así como la disminución de la capacidad adquisitiva del empleo o ascenso relevante». Refirió que de lo anterior era posible concluir que, si bien el dictamen no calificó el origen de la PCL del actor, ello obedeció a que la prueba únicamente fue solicitada y ordenada para evaluar el porcentaje de discapacidad; que no obstante, de su lectura se desprendía, como bien lo había precisado la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander, que los hallazgos tenidos en cuenta fueron los producidos por la secuela dejada por el accidente de trabajo del promotor del proceso, lo que significaba que la PCL dictaminada era de carácter laboral. Puntualizó la colegiatura que también en el documento adjunto al dictamen, rotulado ponencia, se señaló como pruebas a analizar: el reporte de accidente de trabajo del 4 de diciembre de 1989; valoración hecha por medicina laboral el 10 de julio de 1990; revisión de la pensión que efectuó el

médico laboral el 24 de junio de 1994, cuya conclusión fue que persistía la incapacidad permanente total en función al cargo de conductor de vehículo pesado; los dictámenes 3891 del 21 de diciembre de 2001 de la ARP ISS que calificó una PCL del 10%, 142 del 20 de febrero de 2003 de la JRCI que

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 90738 dictaminó una discapacidad de 15%, 3118 del 19 agosto de igual año proferido por la JNCI que estableció una PCL del 20%; diagnóstico de Neurología del 31 de julio de 2003; valoración por fisiatría fechada el 1 de agosto del mismo año; cirugía practicada el 4 de igual mes y año; valoración por urología del 5 de agosto de 2003; biopsia de piel del 26 de septiembre de 2011; rayos X de tórax del 16 de enero de 2012; valoraciones de fisiatría y neurocirugía del 22 de agosto 2013 y 15 de febrero de 2016, respectivamente; y los exámenes físicos realizados al actor, los cuales indicaron: DIAGNOSTICO: fractura de vértebra torácica, secuela traumatismo médula espinal y eventración abdominal, en el que vuelve y se resalta que obedece a las observaciones del artículo 1 del Acuerdo 258 de 1967 en la que se precisó que los hallazgos y aplicación del acuerdo se le realizarían por las secuelas producidas por el accidente de trabajo del paciente. En ese orden, el juez de segunda instancia consideró

que no existía duda que, efectivamente, la PCL dictaminada al convocante al juicio correspondía a patologías de origen profesional causadas directamente por las secuelas producidas por el accidente de trabajo acaecido el 4 de diciembre de 1989, «como lo precisó el dictamen Nº833/2016 del 30 de agosto de 2016 proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander»; de ahí que se despacharían desfavorablemente los argumentos expuestos por la apelante UGPP, en lo que concierne a que se desconocía la naturaleza de las patologías calificadas y ello impedía el pago de la pensión de invalidez por parte de la entidad. Respecto a la apelación del demandante, relativa a que

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 90738 la pensión de invalidez debe ser reconocida desde la fecha en que fue suspendido su pago por parte del ISS, es decir, a partir del mes de enero de 2004 y no desde la calenda en que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander profirió el dictamen de discapacidad, como lo determinó el a quo, la colegiatura argumentó que si bien esa fue la pretensión principal de la demanda, no era dable acceder a la misma por las razones que pasa a explicar. Dijo que el porcentaje del 51,25% de PCL dictaminado por la JRCI, tuvo en cuenta patologías generadas con posterioridad al mes de enero de 2004, como se ilustró en precedencia; que por ello no era posible reconocer un

retroactivo pensional con anterioridad a la fecha en la que fue calificado el actor, esto es, 30 de agosto de 2016. Puso de presente que lo anterior obedeció al error en el que incurrieron, tanto las partes como el juez de primera instancia, puesto que, si las pretensiones de la demanda estaban encaminadas a verificar los dictámenes proferidos por las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, se debió: […] tener en cuenta la fecha en la cual habían sido proferidos dichos dictámenes, puesto que solo hasta dicha fecha estos tuvieron la posibilidad de calificar el estado de salud del actor y solamente respecto a dicho lapso de tiempo era posible efectuar una nueva calificación para que la prueba cumpliera con la finalidad con la que fue decretada, consistente en determinar si los dictámenes demandados habían incurrido en error alguno, pues precisamente el objeto de la presente demanda fue dejar sin efecto los dictámenes proferidos por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, situación que en efecto no sucedió, pues no fue declarado por el juez de instancia como bien lo advierte el

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 90738 demandante en su recurso, situación que se adicionará en la sentencia de instancia, pero que no conlleva a modificar la fecha a partir de la cual se ordenó reanudar el pago de la pensión de invalidez del actor. Por último, se logró observar que la diferencia de los % de PCL efectuados en los dictámenes demandados respecto del dictamen efectuado en el proceso, obedeció a que los primeros, no tuvieron

en cuenta la totalidad de las patologías que presentaba el actor y que se encontraban consagradas en su historia clínica, pues fue la misma Junta Nacional de Calificación de Invalidez la que en su dictamen refirió dicha situación, justificándola en que no fueron aportados los exámenes médicos que soportaban tales patologías, y que sí fueron practicados en el trámite del proceso y allegados a la JRCI de Norte de Santander, quien efectivamente como lo especificó en su dictamen, fueron tenidas en cuenta para efectos de la calificación de la PCL del actor. De otro lado, aseveró el juez plural que se había verificado la liquidación efectuada por el juzgado de conocimiento, que determinó como retroactivo pensional la suma de $24.849.974, por las mesadas pensionales causadas desde septiembre de 2016 hasta febrero de 2019, la cual se realizó teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente de cada una de las anualidades multiplicado por 13 mesadas anuales, cuya indexación a la fecha de la sentencia de primera instancia ascendía al monto indicado. Agregó que la misma, actualizada a la data de la sentencia, equivalía a la suma de $40.981.674, en la que se incluyó las mesadas de marzo de 2019 a agosto de 2020, monto que deberá ser indexado desde la calenda de causación de cada una de las mesadas hasta la fecha en que se efectúe el pago del retroactivo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Los recursos fueron interpuestos por Lina María y

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 90738 Johan Gabriel Ramos Gamarra como sucesores procesales

del demandante fallecido y por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, y por cuestión de método la Sala iniciará por el estudio del último.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN DE LA UGPP Pretende la recurrente que esta corporación case totalmente la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión condenatoria del a quo y se absuelva a la UGPP, de todas las pretensiones formuladas por el actor.

Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula un cargo que obtiene réplica de la parte demandante, de Positiva S.A. y Colpensiones, el cual se pasa a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia recurrida de infringir la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 11, 31, 38 39, 41, 42 y 44, de la Ley 100 de 1993, y por violación medio, de los artículos 164, 165, 167 y 176 del CGP.

Asevera que el Tribunal incurrió en los siguientes evidentes errores de hecho:

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 90738

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que al señor RICARDO ÁNGEL RAMOS LEÓN le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez, pese a que el dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por la Junta Regional de Calificación

de Norte de Santander de 30 de agosto de 2016, acreditado en sede judicial, no indicó de manera diáfana que el origen de la enfermedad era profesional.

2. No dar por demostrado, estándolo que al señor RICARDO ÁNGEL RAMOS LEÓN no le asiste el derecho al reconocimiento de