CSJ - SL12870-2017

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL12870-2017 Radicación n.° 50916 Acta 07 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil diecisiete (2017). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la demandante NIDIA INÉS LÓPEZ PARADA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de noviembre de 2010, en el proceso que instauró contra la FUNDACIÓN SAN

JUAN DE DIOS – EN LIQUIDACIÓN, LA NACIÓN –

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, LA NACIÓN

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ D. C.

I. ANTECEDENTES Nidia Inés López Parada promovió demanda laboral con el objeto de que se declarara que entre ella y la Fundación San

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 50916 Juan de Dios existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 15 de noviembre de 1988, fecha en la que ingresó al Instituto Materno Infantil como Instrumentadora Quirúrgica Nocturna, hasta el 11 de agosto de 2006; como consecuencia de ello, se condenara a las demandadas en forma solidaria al pago de los salarios causados y no cubiertos dentro de la ejecución del contrato correspondientes a los meses de septiembre de 2005 a 11 de agosto de 2006; al pago de la

prima proporcional de navidad, cesantías definitivas, intereses a la cesantía, primas de vacaciones convencionales, indemnización moratoria, sanción por retardo en la cancelación de los intereses a las cesantías, sanción moratoria por la no consignación de las cesantías definitivas, prima de antigüedad, pensión de jubilación convencional, indexación, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas del proceso. En forma subsidiaria, en el evento en que no le sea reconocida la pensión de jubilación, solicitó se condene a las demandadas en forma solidaria al pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensión, debidamente indexados. Fundamentó sus peticiones, en que prestó sus servicios a la Fundación San Juan de Dios en el Instituto Materno Infantil en el período comprendido entre el 15 de noviembre de 1988 y el 11 de agosto de 2006 como Instrumentadora Quirúrgica Nocturna; que está cobijada por las convenciones colectivas de trabajo suscritas desde junio de 1982 entre la Fundación San Juan de Dios y el Sindicato de Trabajadores de Hospitales,

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 50916 Clínicas y Sanatorios de Cundinamarca y Bogotá D. C. «SINTRAHOSCLISAS» y que por esa razón tiene derecho a que se le reconozcan las prestaciones extralegales denominadas prima de antigüedad, de navidad, auxilio de cesantía, subsidio familiar, prima de riesgos y de vacaciones, compensación de vacaciones en dinero y auxilio de transporte; que la Fundación

San Juan de Dios era una entidad de carácter privado y como tal, regulada por las normas de derecho laboral y derecho privado en lo que toca con las relaciones con empleados y pensionados; que el Consejo de Estado, mediante fallos de 8 de marzo y 24 de mayo de 2005, declaró la nulidad de los Decretos de creación de la entidad; que la accionante cumplió sin interrupción alguna con la obligación de asistencia a la institución a pesar de que no se le cancelaron oportunamente sus salarios y, que se encuentra agotada la vía gubernativa. La demanda fue contestada por la Fundación San Juan de Dios – en liquidación (f.° 73-97 del cuaderno principal), en ella se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos aceptó el relacionado con la declaratoria de nulidad de los decretos de creación de la fundación y la suscripción de sendas convenciones colectivas con «SINTRAHOSCLISAS». Respecto de los demás señaló que no son ciertos. En su defensa, propuso las excepciones previas de falta de jurisdicción y competencia, inexistencia del demandado y falta de conformación de litisconsorcio; como excepciones de mérito interpuso las de buena fe, pago, cobro de lo no debido, prescripción y compensación.

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 50916 El Ministerio de la Protección Social se opuso a la prosperidad de las pretensiones del escrito de demanda. Aceptó los hechos relacionados con la declaratoria de nulidad de los decretos de creación de la fundación y el agotamiento de la vía gubernativa; en cuanto a los demás, señaló que no son

ciertos o que no le constan. Propuso la excepción previa de falta de jurisdicción y las de mérito que denominó falta de legitimación por pasiva, inexistencia de la obligación y prescripción de la acción (f.° 128-159 cuaderno de primera instancia). El Departamento de Cundinamarca se opuso a los pedimentos de la demanda y, aceptó los hechos relacionados con la naturaleza jurídica de entidad privada de la Fundación San Juan de Dios, la decisión de nulidad de los decretos de su creación y que desde el año 1979 fue intervenida por el Ministerio de Salud. En cuanto a los demás advirtió que no le constaban. Interpuso la excepción previa de falta de agotamiento de la vía gubernativa y las de fondo de falta de legitimación en la causa para ser demandada, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, inexistencia de relación causal entre el Departamento de Cundinamarca y la demandante e inexistencia de sustitución patronal, de subrogación de obligaciones contraídas por la Fundación San Juan de Dios y de solidaridad del Departamento de Cundinamarca en el pago de dichas obligaciones (f.° 176-201 cuaderno de primera instancia). Por su parte, La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó oposición a todos los pedimentos de

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 50916 la demanda. Aceptó los hechos relacionados con la nulidad de los actos de creación de la Fundación San Juan de Dios y dijo no constarle los restantes. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de relación laboral, inexistencia de

solidaridad o de vínculo entre la demandada y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, falta de legitimación en la causa por pasiva y las demás que resulten probadas dentro del proceso (f.° 299-325 cuaderno de primera instancia). La Beneficencia de Cundinamarca señaló que los hechos relacionados con la declaratoria de nulidad de los decretos de creación de la fundación y su intervención por el Ministerio de la Protección Social, son ciertos, los demás no le constan y presentó oposición a las pretensiones. Formuló las excepciones previas de prescripción, falta de jurisdicción y falta de integración del Litis consorcio y, como de mérito las de falta de legitimación en la causa por pasiva y cobro de lo no debido (f.° 378-410 cuaderno de primera instancia). Bogotá, D. C., en escrito de contestación a la demanda se opuso a la prosperidad de los pedimentos del libelo gestor. Aceptó en forma parcial el hecho relacionado con el acuerdo macro suscrito entre el Departamento de Cundinamarca, el Ministerio de la Protección Social, Bogotá D.C. y la Procuraduría General de la Nación para avanzar en la solución de la crisis de la Fundación San Juan de Dios, en el que no se establecieron obligaciones de carácter laboral a cargo del Distrito Capital en relación con los ex trabajadores de la fundación. Como excepciones previas propuso las de cosa juzgada, falta de jurisdicción y, falta de competencia y, como

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 50916 de fondo, las de falta de legitimación en la causa por pasiva,

cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones demandadas, prescripción, buena fe y la genérica (f.° 33-43 cuaderno de primera instancia n.°2).

II. SENTENCIA DE PRIMERA

INSTANCIA

El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., mediante fallo de 31 de agosto de 2010 (f.° 830 -846 cuaderno n.° 2), absolvió a las demandadas; declaró probada la excepción de falta de competencia y condenó en costas a la demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA

INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., resolvió el recurso de apelación de la parte demandante en sentencia de 30 de noviembre de 2010 (f.° 25-33 cuaderno del tribunal), en la cual revocó parcialmente el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada en cuanto declaró probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia y, en su lugar, se relevó de su estudio y, confirmó en todo lo demás la sentencia recurrida. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que: […] Tal como ha quedado sentado, la demandada Fundación San Juan de Dios, con quien aduce la gestora del litigio haber sostenido una relación laboral, se encuentra sometida al régimen jurídico

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 50916 propio de las personas de derecho público y por lo tanto sus servidores son empleados públicos y sus relaciones se rigen por una situación legal y reglamentaria, establecida por la ley o por

reglamentos válidos, que no pueden ser modificados sino por normas de la misma jerarquía de aquellas que las crearon y no por voluntad de las partes. Como soporte de ello, trajo a colación un aparte de lo decidido por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de 8 de marzo de 2005 que declaró la nulidad de los Decretos 290 de 15 de febrero de 1979 y 1374 de 8 de junio de 1979. A renglón seguido indicó que atendiendo a que el cargo desempeñado por la demandante fue el de Instrumentadora Quirúrgica Nocturna para una entidad prestadora del servicio de salud, sometida al régimen jurídico de las personas de derecho público, como lo determina la Ley 10 de 1990, de la cual transcribió algunos apartes, «no existe duda en cuanto a la calidad de empleada pública de la gestora de la Litis», por lo que le correspondía a la accionante demostrar el contrato de trabajo que adujo en la demanda inicial y que sirvió de soporte a las súplicas de aquella, carga probatoria que no cumplió y que conllevó a la confirmación de la decisión impugnada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 50916

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia de segundo grado y actuando como Tribunal de

instancia, revoque el fallo proferido por el juzgador de primer grado y se sirva: 3.1. Declarar la existencia del contrato de trabajo a término indefinido cuya vigencia se dio del 15 de noviembre de 1988 al 11 de agosto de 2006, celebrado entre la FUNDACION SAN JUAN DE DIOS y NIDIA INÉS LÓPEZ PARADA, para el desempeño del cargo de Instrumentadora Quirúrgica en el INSTITUTO MATERNO INFANTIL. 3.2. Que se declare que el referido contrato de trabajo a término indefinido se celebró entre las partes bajo las normas del derecho sustantivo laboral privado. 3.3. Que como consecuencia de la declaración pedida en el aparte 3.1 y 3.2., se condene a las entidades demandadas FUNDACION SAN JUAN DE DIOS EN LIQUIDACION, LA NACIÓN – MINISTERIO DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LA NACION-MINISTERIO DE LA

PROTECCION SOCIAL, BOGOTÁ, D.C., DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA y BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, al reconocimiento y pago de las siguientes acreencias, en la forma indicada en el petitum de la demanda inicial, deducidas aquellas cantidades de dinero que con posterioridad a la presentación de la demanda hubiese percibido mi poderdante: a) Los factores salariales (prima de antigüedad) de septiembre de 2005 al 11 de agosto de 2006, incrementados; b) Los incrementos salariales equivalentes al 18.5% anual por los años

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; c) La prima proporcional de navidad 2006; d) Las Primas de vacaciones de los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 e) La reliquidación de las cesantías definitivas (por no haberse calculado éstas con el salario incrementado al 2006, con la prima de antigüedad, la prima de alimentación, el subsidio de transporte, con la 1/12 parte de la prima de navidad, la 1/12 de la prima semestral y la 1/12 parte de la prima de vacaciones); f) La reliquidación de los intereses a la cesantía causados a 31 de diciembre de 2003, 31 de diciembre de 2004, 31 de diciembre de

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 50916 2005, 31 de diciembre de 2006 y hasta cuando el pago de se produzca; g) Indemnización moratoria por el no pago de los salarios incrementados en 18.5%, incluidos sus factores, las primas de vacaciones, la prima proporcional de navidad de 2006; h) La indemnización por el no pago completo de la cesantía, e indemnización por la no cancelación oportuna y completa de los intereses a la cesantía; i) La pensión de jubilación por haber laborado más de 18 años para la Fundación San Juan de Dios; j) subsidiariamente al reconocimiento y pago de los aportes para pensiones y a la seguridad social en salud, k) La indexación de todas las prestaciones que la causen.

3.4. Que se condene en costas a los demandados en virtud de los trámites de este recurso extraordinario. Con tal propósito formuló tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por la Fundación San Juan de Dios en liquidación.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada, por la causal primera del art. 60 del Decreto Extraordinario 528 de 1964, que modificó los arts. 87 del CPTSS, 7 de la Ley 16 de 1969 de ser violatoria por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del art. 66, el art. 84 (subrogado por el Decreto extraordinario 2304 de 1989 en su art. 14), y en concordancia con el art. 175 del CPACA, a la aplicación indebida del art. 26 de la Ley 10 de 1990, y del art. 5 del Decreto 3135 de 1968, violaciones medios que condujeron a la infracción directa de las siguientes disposiciones de carácter sustantivo: el art. 5 del Decreto 3130 de 1968 y de los arts. 3 , 4 , 5, 9, 13, 14, 16, 22, 23, 51, 53, 55, 61, 140, 353, 354, 356, 374 numeral 2, 416, 467, 468, 470 del CST, «también existió violación fin» (por infracción directa) de

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 50916 las siguientes disposiciones constitucionales: arts. 29, 53, 58 y

228. De igual forma se violó por infracción directa la Ley 524

de 1999 que aprobó el Convenio 154 de la 0IT y, el art.- 5 del Decreto 3130 de 1968. Aduce que la sentencia impugnada interpretó erróneamente los efectos del fallo de nulidad proferido por el Consejo de Estado el día 8 de marzo de 2005 en su Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, contra los Decretos 290 y 1374 de 1979 y 371 de 1998, mediante los cuales se creó y reglamentó la Fundación San Juan de Dios, sentencia que adquirió ejecutoria el 14 de junio de 2005; interpretación errónea en cuanto extendió de manera absoluta los efectos ex tunc de la providencia y consideró que se producen desde el momento en que se expidieron los actos anulados, por lo que las cosas debían retrotraerse al estado en que se encontraban antes de su expedición; esto es, que el Instituto Materno Infantil pasaba a su condición primigenia de institución de salud departamental de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca y que en consecuencia el nexo laboral es el propio del régimen jurídico de las entidades de derecho público, sus servidores son empleados públicos y sus relaciones se rigen por una situación legal y reglamentaria, establecida por la ley o por el reglamento, encasillando a la demandante en el art. 26 de la Ley 10 de 1990 (aplicación indebida) como empleada pública, negando su vinculación a través de una relación contractual laboral de carácter particular (infracción directa), y dentro de los términos de la norma general del artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, dadas

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 50916 las funciones desempeñadas como Instrumentadora Quirúrgica. Indica además, que la sentencia recurrida al pretender darle efectos absolutos al carácter retroactivo del fallo, incurre en la violación directa por interpretación errónea de los arts. 66 y 84 en concordancia con el 175 del CPACA, al aplicar éste último aisladamente sin tener en cuenta las restricciones del art. 66 de la misma normatividad y que establece que: «los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo», «violación media» que llevó a una interpretación errónea del art. 26 de la Ley 10 de 1990 y a una aplicación indebida del art. 5 del Decreto 3135 de 1968, al encuadrar a la demandante en dichas normas como empleada pública, cuando en realidad su vinculación laboral con la Fundación San Juan de Dios en el Instituto Materno Infantil fue la propia de una trabajadora particular. Refiere que, se produjo igualmente la infracción directa del art. 5 del Decreto 3130 de 1968, el cual consagra la existencia de entidades como la Fundación San Juan de Dios, estableciendo que se trata de instituciones de utilidad común, creadas por iniciativa particular para atender, sin ánimo de lucro servicios de interés social y como personas jurídicas privadas que son, están sujetas a las reglas del derecho privado. Para sustentar el cargo se remonta al estudio de los diferentes decretos y resoluciones relacionados con la creación,

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 50916 estatutos, naturaleza jurídica y objeto de la Fundación San Juan de Dios, así como a lo consagrado en las convenciones colectivas suscritas entre la entidad y la organización sindical «SINTRAHOSCLISAS» y las contestaciones de la demanda dadas por las entidades vinculadas a este proceso, para concluir que la normatividad que rigió en la fundación corresponde a una propia de derecho privado y que fue esta la que gobernó la relación laboral con sus empleados, por lo que, todas las controversias que se suscitaron durante su existencia fueron dirimidas ante la jurisdicción laboral ordinaria, nunca ante la jurisdicción contenciosa. Precisa que si bien es cierto el Consejo de Estado en el fallo proferido dentro de la acción de nulidad traído a colación por el juez de segundo grado, consideró a la Fundación San Juan de Dios como un ente de derecho público, esta Corporación en su Sala de Casación Laboral -Sección Segunda mediante sentencia fechada de 19 de septiembre de 1985, realizó un estudio sobre la naturaleza jurídica de la entidad, y en dicho fallo concluyó que se trata de una persona jurídica de derecho privado, por lo que las relaciones laborales con los trabajadores vinculados a la misma deben regirse por el CST. Posteriormente analiza los alcances de los efectos ex tunc derivados de la decisión de nulidad del Consejo de Estado para concluir que la demandante, Nidia Inés López Parada, durante su vinculación con la Fundación San Juan De Dios, por ser beneficiaria de las prerrogativas de orden económico

contempladas en las convenciones colectivas de trabajo, adquirió el derecho y lo consolidó a percibir factores salariales

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 50916 convencionales (auxilio de transporte, prima de alimentación, prima de antigüedad), un reajuste salarial del 18.5% pactado en la Convención Colectiva de Trabajo de marzo de 1998, a una prima de vacaciones, entre otras, que por las fechas en que le fueron reconocidas por la entidad empleadora, todas anteriores al 14 de junio de 2005 (fecha de ejecutoria del fallo del Consejo de Estado), tienen la condición de derechos adquiridos y consolidados. Manifiesta que el fallo acusado desconoce flagrantemente el denominado principio de la confianza legítima en las relaciones laborales, consagrado no solo en la Sentencia SU484 de 2008, sino también en las Sentencias T-020 de 2000 y C-478 de 1998, T-1094 de 2005, por lo que omite tener en cuenta que las acreencias laborales aquí reclamadas «se incorporaron en cuanto a su causación de modo definitivo al patrimonio de la demandante». Así mismo, encuentra el censor que existe violación por la vía directa por interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 10 de 1990, si se considera que la norma le es aplicable a aquellas entidades públicas de cualquier orden, cuya planta de personal está conformada por empleados públicos y trabajadores oficiales, hipótesis que no se cumple en el caso de la Fundación San Juan de Dios, cuyo personal de empleados tenía carácter particular. Posteriormente analiza la forma de vinculación de las

personas a las entidades públicas y luego de hacer un recorrido por diferentes normatividades, entre otras el Decreto

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 50916 Extraordinario 2350 de 1944, la Ley 6 de 1945, el Decreto Reglamentario 2127 de 1945 y la Constitución Política, precisa que la demandante ni por el criterio orgánico, ni por el funcional puede ser considerada como empleada pública o trabajadora oficial, resultando así notorio, manifiesto, evidente, ostensible, que el juez de segundo grado equivocó su calificación como empleada, revistiéndola de las características de empleada pública, aun cuando como lo alega la fundación, su vinculación con el Instituto Materno Infantil fue a través de una resolución y una posesión en el cargo, ya que estas formalidades no son las que le dan el carácter jurídico a la vinculación, sino la naturaleza de la entidad y la índole de la actividad desarrollada por la persona en aquella. Advierte además, que hay una violación por la vía directa, en la modalidad de infracción directa del artículo 5 del Decreto 3130 de 1968, que define a las fundaciones o instituciones de utilidad común como personas jurídicas creadas por la iniciativa particular para atender sin ánimo de lucro servicios de interés social, conforme a la voluntad de los fundadores, las que determina la norma están sujetas a las reglas del derecho privado y no están adscritas ni vinculadas a la administración, como es el caso de la Fundación San Juan de Dios durante el periodo en que tuvo vigencia, por lo que, su condición de ente

privado riñe con cualquier encasillamiento de su personal en la categoría de servidores públicos (empleados públicos o trabajadores oficiales), como en efecto lo hizo el Tribunal.

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 50916

VII. RÉPLICA La Fundación San Juan de Dios en Liquidación en escrito de oposición refiere, respecto al cargo, que en la proposición jurídica se cita una serie de normas que no constituyeron el soporte jurídico de la sentencia del ad quem, por lo que no puede existir interpretación errónea de tales disposiciones cuando el juzgador no las utilizó y menos aún, expresó su pensamiento en torno a ellas, además de no estar demostrado que regulen el caso en estudio.

Indica que el recurrente incurre en el insalvable error de técnica de acumular en un mismo cargo las tres modalidades de violación de la ley, pues acusa la sentencia en la modalidad de interpretación errónea, infracción directa y aplicación indebida, además de referirse a las convenciones colectivas, olvidando que la formulación del cargo por la vía directa es ajena a todos los aspectos probatorios, amén de no indicarle a la Corte, de manera clara, cual fue el sentido equivocado que el juzgador le imprimió a las normas acusadas y cuál el que debió darle para que de esta manera esta corporación pueda realizar la confrontación pertinente. Precisa que la demanda de casación presentada corresponde a un alegato de instancia, «desviado por completo del cauce y del método que exige la casación y gratuito en cuanto carente del silogismo que permita establecer la existencia de los errores endilgados al Tribunal Superior de

Bogotá».

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 50916

VIII. CONSIDERACIONES Le asiste razón a la réplica en cuanto a los defectos de orden técnico que le enrostra a la demanda de casación en este cargo, por las razones que pasan a advertirse.

Debe empezar por indicar la Sala, que el desarrollo del cargo desconoce lo ordenado por el artículo 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que impone, a quien acude en casación, que plantee la demanda en forma sucinta, sin extenderse en consideraciones propias de las instancias, aspecto que fue desatendido por la censura, en tanto su argumentación más se asemeja a un alegato de instancia que a la dialéctica que debe hacerse al plantear un cargo en casación. En el cargo, se acusa la violación de normas por la vía directa, no obstante, en el desarrollo del mismo se entremezclan argumentos fácticos, ajenos a ella, que extravían la acusación y hacen imposible su estudio al margen del material probatorio, además de haberse enlistado como violadas, algunas normas de orden procesal, sin indicar, en qué consistió la violación de ellas, como medio, para violar las otras, esas si, de orden sustancial. De otra parte, en la formulación del cargo se indica que el artículo 26 de la ley 10 de 1990 fue interpretado de manera errónea por el Tribunal y en la demostración del cargo refiere que el juez colegiado se equivoca «encasillando a la demandante inicial en el Art. 26 de la Ley 10 de 1990 (aplicación indebida) como

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 50916 empleada pública, negando su vinculación a través de una relación contractual laboral de carácter particular (infracción directa) y dentro de los términos de la norma general del artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, dadas las funciones desempeñadas como Instrumentadora Quirúrgica», olvidando que en los términos del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 60 del Decreto Ley 528 de 1964, los únicos motivos por los que procede el recurso de casación en materia laboral son la infracción directa, la aplicación indebida y la interpretación errónea y, que los mismos, resultan excluyentes respecto de una misma norma por obedecer a razones diferentes, pues no resulta posible que en una misma providencia, como se sugiere en el cargo, el Tribunal al mismo tiempo aplique de manera indebida una norma y además, la intérprete de manera errónea, como lo indica la recurrente respecto de los artículos 26 de la Ley 10 de 1990 y 5 del Decreto 3135 de 1968. Así lo ha señalado esta Corporación, entre otras en sentencia CSJ SL, 18 jul. 2006, rad. 26900, en la que indicó: […] Es que, como reiteradamente se ha dicho por la Corte, la aplicación indebida y la interpretación errónea son dos diferentes modalidades de violación de la ley sustancial y, precisamente, una de las características más notables de la infracción de la ley por “aplicación indebida” es la de que el juzgador entiende rectamente la norma pero la aplica a un hecho o a una situación no prevista o

regulada por ella o le hace producir efectos distintos a los contemplados en la propia norma; mientras que la “interpretación errónea” se produce cuando yerra en cuanto al contenido del precepto legal por desconocimiento de los principios interpretativos, desviándose del cabal y genuino sentido de la disposición. Aunado a lo anterior, en el cargo la recurrente omite por completo el deber que le asiste de encauzar su ataque a quebrantar los verdaderos cimientos de la decisión del ad

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 50916 quem, a los que ni siquiera hace alusión, pues se centra en comentar el contenido de normas relacionadas con la liquidación de la Fundación San Juan de Dios; hacer reflexiones sobre la naturaleza jurídica de su personal vinculado y consignar extensas transcripciones de decisiones judiciales, para adentrarse en temas marginales respecto de lo que fue materia de la sentencia; es por ello que bajo tales consideraciones, posiblemente admisibles en un alegato de instancia, la Sala de Casación queda en imposibilidad de confrontar el fallo con la ley, que es lo que en este escenario corresponde, llevando al traste con la prosperidad del cargo.

IX. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de leyes sustanciales por la causal a que se refiere el artículo 87 del CPTSS, modificado por el Decreto reglamentario 528 de 1964 en su artículo 60, numeral 1º por la vía indirecta; en la modalidad de aplicación indebida de normas sustantivas de carácter laboral y de seguridad social, por no tener como

demostrada, estándolo, la existencia del contrato de trabajo de carácter particular, suscrito entre la demandante y la Fundación San Juan de Dios; por la falta de estimación de medios probatorios documentales auténticos aportados al expediente, con relación a las siguientes normas adjetivas o procesales del CPTSS, art. 14 numeral 3, 25 numeral 9, 40, 51, 61, igualmente con relación a las siguientes disposiciones del CPC, aplicables a este cargo, en razón a lo dispuesto por el art. 145 del CPTSS para los eventos de analogía: arts. 174, 175, 177, 187, 251, 252, 253, 254, 258, 262, 264, 268 y 277.

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 50916 La violación indirecta por error de hecho manifiesto, en la modalidad de falta de aplicación indebida de normas de carácter sustantivo, están contenidas en el Código del Trabajo en los arts. 3, 5, 14, 16, 22, 23, 29, 37 y 39. Afirma que el error de hecho incidió en el fallo al negar a la demandante el nexo laboral de carácter privado con la Fundación San Juan de Dios y por tanto desechar las pretensiones de la demanda de orden económico. Indica, igualmente, la presencia de error de hecho en la falta de apreciación de pruebas documentales obrantes dentro del plenario, ostensible y evidente al no inferir de aquellas la aplicación de normas convencionales dentro de las relaciones sostenidas entre la demandante y su empleador, que le serían

ajenas o inaplicables de ser su condición la de una empleada pública. Como pruebas no valoradas por el juez colegiado, enlista: a) Fotocopias de los contratos de trabajo de folios 18, 19, 565567, 576-579, 582-589, 587-589 (sic), 592-598, 621-623 y 664-665 del cuaderno principal. b) Los recibos de pago de folios 20 a 24. c) La certificación de folio 25 del cuaderno principal. d) El recurso de reposición interpuesto contra la “Resolución de Insubsistencia” de folios 27 y 28. e) Los oficios de folios 117, 540, 542, 544, 546, 547, 551, 553, 569, 593, 605, 610, 628, 636, 644, 648, 649, 654, 655del cuaderno principal. f) Las contestaciones de la