CSJ - SL1289-2018

S+ República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N. 4 OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1289-2018 Radicación n. 56840 Acta 011 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por RAÚL RAMIRO SANTAMARÍA ROZO y MARÍA GILMA MURILLO TABARES, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 5 de diciembre de 2011, en el proceso que instauraron contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -hoy liquidadoy la ESE RAFAEL URIBE URIBE, sucedida procesalmente por la NACIÓN -MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-, al cual se vinculó al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA-, como litisconsorte necesario por pasiva.

I. ANTECEDENTES

SCLAIPT-10 V.00

Radicación n. 56840 Raúl Ramiro Santamaría Rozo y María Gilma Murillo Tabares, llamaron a juicio al Instituto de Seguros Socialeshoy liquidadoy a la ESE Rafael Uribe Uribe, con el fin de que se les condenara a reajustar la pensión de jubilación, considerando el incremento sobre el valor de la mesada causada en el año 2003, con base en el IPC de dicho año, que

debió hacerse efectivo desde el 1 de enero de 2004, y de ahí en adelante, de conformidad con los reajustes anuales, en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993; así como al incremento «[...] a un 100% del mayor valor que resulte de la aplicación de la convención colectiva o el régimen legal de transición, frente a la que la ESE RAFAEL URIBE URIBE está reconociendo». Además, solicitaron el incremento por no haberse tenido en cuenta la totalidad de los factores que se debieron incluir al liquidar sus pensiones; consecuencialmente, el pago de los reajustes de manera retroactiva desde el momento en que tuvo lugar el derecho hasta su pago efectivo, incluyendo las mesadas adicionales, y los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Como fundamento de sus pretensiones, adujeron que Raúl Ramiro Santamaría Rozo, estuvo vinculado con el ISS a partir del 1% de septiembre de 1980, como médico especialista, y Gilma Murillo Tabares a partir del 7 de abril de 1975, como auxiliar de servicios asistenciales; que las relaciones entre la entidad y los trabajadores oficiales, se regían por una convención colectiva de trabajo, inicialmente firmada por SINTRAISS, y posteriormente por 2

SCLAIPT-10 V.00

(59 Radicación n. 56840 SINTRASEGURIDADSOCIAL, de la cual fueron beneficiarios desde el año 1996, momento en el cual desapareció la categoría de funcionario de la seguridad social, en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional C-579-1996; que el

texto convencional reguló de manera expresa el tema de la pensión de jubilación, en el artículo 98, exigiendo 20 años de servicio continuo o discontinuo al ISS, y 55 años de edad en el caso de los hombres, y 50 tratándose de las mujeres, en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en los dos últimos años de servicio, para quienes se jubilaran entre el 1% de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006; que el ISS se escindió en virtud del Decreto 1750 de 2003, creándose 7 Empresas Sociales del Estado, entre ellas, la ESE Rafael Uribe Uribe, a la que fueron incorporados de manera automática y sin solución de continuidad, lo que implicó una verdadera sustitución patronal, debido a que la nueva empresa asumió la totalidad de las obligaciones laborales contraídas por el ISS, e incorporó a su planta los trabajadores, sin solución de continuidad. Señalaron que la ESE les reconoció pensión de jubilación en un monto del 75%, porcentaje inferior al que les correspondía de conformidad con las disposiciones legales y convencionales, fijando como mesada pensional para él, la suma de $4.300.373 a partir del 6 de agosto de 2003, y para ella la suma de $1.034.341 a partir del 1% de enero de 2004; que satisfacen plenamente el requisito de los 20 años de servicio con el ISS, los cuales habían cumplido al escindirse la entidad, por lo que no existe ninguna razón válida para que se les aplicara el 75%, en vez del 100%; que

SCLAJPT-10 V.00 ep Radicación n. 56840 independientemente del beneficio convencional, también cumplieron los requisitos para adquirir el derecho a pensionarse en virtud de las disposiciones legales, concretamente, con fundamento en el Decreto 1653 de 1977, aplicable en virtud del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ello debe considerarse el principio de favorabilidad, y aplicar el mayor valor que resulte entre el IBL legal y el convencional; que adquirieron el estatus de pensionados en el año 2003, por lo cual, el valor de la pensión a cancelar en el año 2004, debió incluir los reajustes de ley; que la ESE negó reconocerles la pensión en cuantía equivalente al 100%; que el ISS como antiguo empleador debe responder solidariamente por las obligaciones que la nueva no quiere reconocer; y que agotaron la reclamación administrativa. El Instituto de Seguros Sociales - hoy liquidado -, al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones. Aceptó la existencia de la convención colectiva de trabajo; la escisión de la entidad en virtud del Decreto 1750 de 2003; la ocurrencia de la sustitución patronal; la incorporación de los demandantes a la ESE Rafael Uribe Uribe; el cumplimiento de los 20 años de servicios antes de la escisión del ISS, aclarando que no sucedió lo mismo con los otros requisitos que debían cumplirse para ser beneficiarios de la pensión de jubilación; y del estatus de pensionados en el año 2003. Expresó que la solidaridad con la ESE, tiene lugar respecto de las obligaciones exigibles al momento de la sustitución

patronal, lo que no sucedió en este evento. SCLAIPT-10 V.00 4 a Radicación n. 56840 En su defensa planteó las excepciones que denominó inexistencia de obligación, compensación, prescripción e imposibilidad de condena en costas. La Nación -Ministerio de la Protección Social-, como sucesora procesal de la ESE Rafael Uribe Uribe, dio respuesta a la demanda, oponiéndose a las pretensiones planteadas en ella. Indicó que no le constan los hechos. Expresó que tanto el ISS como la ESE Rafael Uribe Uribe, eran entidades descentralizadas, autónomas e independientes del ministerio, con capacidad para obligarse y responder individualmente por sus actuaciones; que no operó el fenómeno de la sustitución patronal; y que los demandantes nunca agotaron la vía gubernativa frente a ella. Formuló las excepciones que denominó falta de agotamiento de vía gubernativa en relación con él, falta de legitimidad en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación y falta de jurisdicción. En la audiencia celebrada el 2 de noviembre de 2006, se ordenó vincular al proceso como demandada, al Departamento de Antioquia -Dirección Seccional de Salud de Antioquia-, quien al dar contestación a la demanda, se opuso a las pretensiones. Afirmó, que revisado el archivo de la entidad, se verificó que Raúl Ramiro Santamaría Rozo, prestó servicios personales a la entidad del 11 de marzo de 1976 al 14 de marzo de 1977, sin interrupción, para un total de 364 días servidos; que es cierto que el citado señor adquirió el

estatus de pensionado en el año 2003 y la DSSA reconoce el 5

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n. 56840 IPC en las cuotas partes, conforme a las normas legales vigentes; y que, de Gilma Murillo Tabares, no se encontró hoja de vida laboral, por lo que no laboró en la DSSA. Propuso la excepción de inexistencia de la obligación. IL. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Adjunto al Octavo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2010, condenó a la ESE Rafael Uribe Uribe y al ISS, a pagar a María Gilma Murillo Tabares, la suma de $37.693.009 por reajuste de la pensión de vejez, por el período comprendido entre el 1% de enero y el 30 de septiembre de 2010, mas la suma de $5.340.858 por indexación, sin perjuicio de que se actualice el monto de la condena al momento de la cancelación de la obligación pendiente, así como a reajustarle la mesada pensional a partir del 1 de octubre de 2010, incluidas las adicionales de junio y diciembre, en la suma de $462.347, la que se seguirá incrementando de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Así mismo, condenó a las demandadas, a pagar a Raúl Ramiro Santamaría Rozo, la suma de $124.904.276, como reajuste de la pensión de vejez, por el período comprendido entre el 6 de agosto de 2003 y el 30 de septiembre de 2010,

mas la suma de $19.183.816 por indexación, sin perjuicio de que se actualice el monto de la condena al momento de la cancelación de la obligación pendiente, así como a reajustarle

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n. 56840 la mesada pensional a partir del 1% de octubre de 2010, incluidas las adicionales de junio y diciembre, en la suma de $1.457.025, la que se seguirá incrementando de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; condenó al Departamento de Antioquia -Servicio Seccional de Salud de Antioquia-, frente al reajuste pensional del señor Santamaría Rozo, bajo la figura a concurrir en proporción al tiempo laborado en la entidad, de conformidad con la Ley 33 de 1985. Igualmente condenó a las demandadas a pagar las costas del proceso, y las absolvió de las demás pretensiones.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de sentencia del 5 de diciembre de 2011, al resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes, revocó la decisión de primer grado, y en su lugar absolvió a las demandadas de las pretensiones del libelo introductorio.

Como problema jurídico a resolver, planteó, el concerniente a la aplicación a los demandantes, del artículo 98 de la convención colectiva de trabajo 2001-2004 celebrada entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL. Transcribió la citada norma convencional, y expresó:

Para que tenga lugar la aplicación de la transcrita norma convencional, resulta indefectiblemente necesario que en el sub examine se estuviera en presencia de un derecho consolidado en cabeza de los señores RAUL SANTAMARIA ROZO y GILMA MURILLO TABARES, mientras ostentaron la calidad de 7

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n. 56840 trabajadores oficiales, lo cual se precisa, no ocurrió; toda vez que no obstante, encontrarse probado que los mismos laboraron al servicio del Instituto de Seguros Sociales, como médico especialista y auxiliar de servicios asistenciales, desde el 1%. De septiembre de 1989 y 7 de abril de 1.975, hasta el 25 de junio de 2003, fecha de la escisión del Seguro Social, superado el tiempo de servicio requerido, lo cierto es que la edad pensional la adquirieron el 5 de agosto de 2.003 y 14 de diciembre del mismo año, según se desprende de las resoluciones nros. 1473 y 1242 de la ESE RAFAEL URIBE URIBE, esto es, cuando se encontraban al servicio de la ESE RAFAEL URIBE URIBE, producto de la escisión ordenada por el Decreto 1750 de 2003, habiendo operado el cambio de la naturaleza jurídica del vínculo de trabajadores oficiales a empleados públicos; sin que sea viable aplicar, a esta clase de servidores públicos, que se rigen por el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del nivel nacional, normas de tipo convencional propias de los trabajadores oficiales; y sin que en el caso que nos ocupa ello

implique la transgresión de un derecho adquirido, pues como se dejó plasmado, los accionantes sólo tenían una expectativa legítima de adquirir un derecho. Para poder hablarse de un derecho adquirido, era indispensable que confluyeran en vigencia de la relación laboral con el Instituto de Seguros Sociales, dos requisitos: 20 años de servicios y 55 y 50 años de edad, lo que se reitera no aconteció en el sub lite. Transcribió apartes de sentencias de esta Corporación, CSJ SL 28385, 24 abr. 2007, reiterada en la CSJ SL 33127, 10 dic. 2008, y CSJ SL 35399, 23 jul. 2009, y concluyó, que no les asistía derecho a los demandantes a la aplicación de la citada norma convencional, por haber arribado a los 55 años de edad con posterioridad a la escisión del ISS, cuando ostentaban la condición de empleados públicos, «/...] cuyas relaciones de trabajo, como lo ha dispuesto la jurisprudencia del Consejo de Estado, por mandato del artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, en ningún caso pueden ser gobernadas por convenciones colectivas, ni bajo el supuesto que la Convención se hubiese extendido a esta clase de servidores, por tratarse de un sindicato mayoritario».

SCLAIPT-10 V.00 8

Radicación n. 56840 En lo referente ala aplicación del Decreto 1653 de 1977, luego de transcribir el artículo 1%, que fija el alcance de aplicación, indicó: Como vemos, se trata de una normatividad, cuyo alcance

comprende tan solo a los funcionarios de la seguridad social, clasificación que desapareció con la transformación del Instituto de Seguros Sociales en empresa industrial y comercial, cambio que se mantuvo en la ley 100 de 1993, siendo sus servidores trabajadores oficiales, por norma general y empleados públicos, de manera excepcional. Así que hoy, después de la vigencia de la ley 100 de 1993, no se puede invocar la aplicación de prerrogativas para servidores que no tienen esa calidad exigida por el mencionado decreto 1653. Pero yendo más a fondo, nos encontramos con que la pensión de jubilación otorgada a cada uno de los demandantes se hizo por parte de organismo diferente al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, como lo es la ESE RAFAEL URIBE URIBE, porque solo cuando estuvieron vinculados a este establecimiento público cumplieron con las exigencias para la obtención de tal beneficio, y no le podemos ordenar a esta empresa un reajuste con fundamento en normas que ni siquiera la cobijan por ser un ente totalmente diferente. De manera que tampoco con la invocación del decreto a mencionado (sic) se puede acceder a las pretensiones de la demanda. En síntesis, no hay lugar a los reajustes solicitados, debiéndose revocar la decisión puesta a consideración por apelación.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

SCLAIPT-10 V.0O 9

Radicación n. 56840

Pretenden los recurrentes que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia confirme la de primer grado (/...] en cuanto a la condena a reajuste del monto de la pensión de jubilación en un 100% a los demandados, MODIFIQUE en relación a los valores establecidos para el demandante RAUL SANTAMARI (sic) ROSSO y en cuanto al cálculo de las costas procesales y REVOQUE en cuanto la negativa en el reconocimiento de los interese (sic) moratorios». Con tal propósito formuló dos cargos, que fueron oportunamente replicados por el Instituto de Seguros Sociales, los cuales se pasan a resolver.

VI. PRIMER CARGO Acusaron la sentencia de violar por la vía directa, las siguientes normas: [...] los artículo (sic) 467 y 478 del Código de (sic) sustantivo del trabajo, bajo la modalidad de interpretación errónea del artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 en concordancia con lo señalado en los artículo (sic) 16 y 17 del mismo decreto, la ley 270 de 1996 en el artículo 48 (estatutaria de la administración de justicia), los artículos 416, 479 del C.S.T. y los artículos 29, 53, 54 y 230 de la Constitución Política del país.

En la demostración del cargo, sostuvieron, que por tratarse de un ataque por la vía directa, se aceptan las conclusiones fácticas acogidas por el Tribunal, a saber: que los actores ingresaron a laborar al ISS, el primero en 1980 y, la segunda desde el 7 de abril de 1975; que ellos estuvieron vinculados en el ISS como trabajadores oficiales, en forma

continua durante más de 20 años de servicio; que el 26 de junio de 2003, como consecuencia de la escisión e inmediata

SCLAJPT-10 V.00 10

107 Radicación n. 56840 creación de la ESE Rafael Uribe Uribe, en virtud del Decreto 1750 de 2003, adquirieron el carácter de empleados públicos; y que con ese carácter, cumplieron la edad de 55 y 50 años, respectivamente, requisito exigido en la convención colectiva de trabajo para obtener el derecho a la pensión de jubilación. Adujeron que la conclusión a que arribó el Tribunal, implica una interpretación errónea del artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, en los términos definidos por la Corte Constitucional al declarar inexequible el aparte que reza: «Se tendrán en cuenta como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al servidor, las cuáles no podrán ser afectadas», ya que aquel consagraba la tesis tradicional de los derechos adquiridos, y podría permitir la conclusión a la que arribó el colegiado, pero como lo dijo el organismo constitucional en la sentencia C-314 de 2004, se afectó el ordenamiento jurídico, y ello exige darle una interpretación diferente, pues de lo contrario se llegaría a la absurda conclusión de que dicha providencia no produjo ningún efecto, a pesar de haberse declarado su inexequibilidad. Señalaron que de una lectura detenida de la providencia

de la Corte Constitucional, puede concluirse, que los trabajadores oficiales que pasaron a ser empleados públicos de la ESE, conservan los derechos convencionales mientras dura la vigencia de la convención colectiva de trabajo, más aún, cuando los requisitos se cumplen en vigencia de la

SCLAJPT-10 V.00 1

Radicación n. 56840 relación laboral, circunstancia que en este caso, no se discute. Transcribieron apartes de la sentencia CC C-314-2004, y dijeron que armonizando la motivación de la Corte Constitucional, con lo decidido, la conclusión en el caso concreto resulta elemental, la convención colectiva de trabajo continuó beneficiando a los actores, así tuvieran el carácter de empleados públicos, esa es la interpretación correcta de la disposición. Y que la postura de la alta Corporación, obliga a reinterpretar lo dispuesto en el artículo 416 del CST, pues debe entenderse, que en determinadas circunstancias como ocurre en el presente caso, es posible que una convención colectiva de trabajo beneficie a empleados públicos, así éstos no sean titulares del derecho a la negociación colectiva de trabajo, es decir, así ellos no puedan presentar pliegos de peticiones. Expresaron que resulta evidente que el Tribunal no tuvo en cuenta la citada interpretación, entendiendo erróneamente la sentencia de la Corte Constitucional, como si el ordenamiento jurídico no hubiera tenido ninguna modificación, desconociendo el artículo 48 de la Ley 270 de 1996. Añadieron que de existir duda en la interpretación de la fuente del derecho existente, debió optarse por la más

favorable al trabajador, en los términos ordenados por el artículo 53 de la CN.

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n. 56840 Manifestaron que el citado es el entendimiento correcto de la norma, que igualmente quedó sentado por la Corte Constitucional en las sentencias CC T-1166, T-1238, T1239-2008 y T-179-2009. Por último afirmaron, que cumplieron los requisitos teniendo una vinculación laboral con la ESE, pero el tiempo de servicio fue satisfecho plenamente con el ISS.

VII. RÉPLICA Aseguró el Instituto de Seguros Sociales, que el Decreto 1750 de 2003 escindió del ISS, la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, todas las clínicas y todos los centros de atención ambulatoria, y creó en su lugar, algunas empresas sociales del estado, las cuales se encargarían de seguir prestando los servicios hasta entonces asignados a dichas áreas, dentro de las cuales figura la ESE Rafael Uribe Uribe; y que conforme a lo reglado en los artículos 8 de la Ley 6 de 1945 y 53 del Decreto 2127 de 1945, operó el fenómeno de la sustitución patronal para todos estos trabajadores, vale decir, que desde el mes de junio de 2003 dejaron de ser trabajadores del ISS, para ingresar a la nómina de las nuevas entidades, en el caso de los demandantes, a la ESE Rafael Uribe Uribe, por ello, independientemente de los compromisos de orden legal surgidos entre el ISS y la ESE como consecuencia de las obligaciones, las contractuales del ISS para con ellos, por

ministerio de la ley, cesaron desde entonces, y las

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n. 56840 subsiguientes, por la misma razón, quedaron en cabeza de la ESE.

VII. CONSIDERACIONES En el estudio del cargo, se advierte, que los siguientes supuestos fácticos quedaron incólumes, por no discutirse en sede de casación y estar acreditados en las instancias: (i) que Raúl Ramiro Santamaría Rozo, nació el 5 de agosto de 1948;

(ii) que prestó servicios al ISS del 1 de septiembre de 1980 al 25 de junio de 2003, en el cargo de médico especialista, ostentando la condición de trabajador oficial; (iii) que pasó sin solución de continuidad a prestar sus servicios a la ESE Rafael Uribe Uribe, laborando a su servicio desde el 26 de junio hasta el 5 de agosto de 2003, como empleado público; (iv) que era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y, (v) que la ESE Rafael Uribe Uribe a través de la Resolución n. 1473 del 24 de noviembre de 2004, le reconoció pensión de jubilación con fundamento en el artículo 101 de la convención colectiva de trabajo, a partir del 6 de agosto de 2003, en cuantía inicial de $4.300.376, la cual se liquidó conforme al «[...] 75% del promedio de lo percibido en el último año de servicios, por concepto de todos los factores de remuneración que constituyen salario». Así mismo, (i) que María Gilma Murillo Tabares, nació

el 14 de diciembre de 1953; (ii) que prestó servicios al ISS del 7 de abril de 1975 al 25 de junio de 2003, en el cargo de auxiliar de servicios asistenciales, ostentando la condición de

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n. 56840 trabajadora oficial; (iii) que pasó sin solución de continuidad a prestar sus servicios a la ESE Rafael Uribe Uribe, laborando a su servicio desde el 26 de junio hasta el 31 de diciembre de 2003, como empleada pública; (iv) que era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y, (v) que la ESE Rafael Uribe Uribe a través de la Resolución n. 001242 del 5 de noviembre de 2004, le reconoció pensión de jubilación con fundamento en el artículo 101 de la convención colectiva de trabajo, a partir del 1% de enero de 2004, en cuantía inicial de $1.034.341, la cual se liquidó conforme al «[...] 75% del promedio de lo percibido en el último año de servicios, por concepto de todos los factores de remuneración que constituyen salario». El Tribunal revocó la sentencia de primer grado, por considerar carente de sustento la reliquidación pensional solicitada por los demandantes con fundamento en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo celebrada entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL 2001-2004, bajo el argumento según el cual, aquellos no estaban en presencia de un derecho consolidado mientras ostentaron la calidad de trabajadores oficiales, ya que arribaron a la edad pensional

prevista en el texto convencional con posterioridad al 26 de junio de 2003. La referida norma convencional reza: «El Trabajador Oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de jubilación en cuantía equivalente al

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n. 56840 100% del promedio de lo percibido en el período que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales: (i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio. LJ Por su parte, el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, acusado como erróneamente interpretado, preceptúa: Del régimen de Salarios y Prestaciones. El Régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto será el propio de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional. En todo caso se respetarán los derechos adquiridos. Se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas. (Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-314 de 2004; el otro texto del inciso se declaró EXEQUIBLE de manera condicionada).

En torno a los derechos de aquellos servidores que habiendo prestado sus servicios al ISS como trabajadores oficiales pasaron sin solución de continuidad a las ESEs bajo la condición de empleados públicos, como consecuencia de la naturaleza jurídica de la nueva entidad, se ha pronunciado esta Corporación en varias oportunidades; al respecto, en la sentencia CSJ SL69782014, expresó: Debe indicar la Sala que no se equivocó el ad quem al concluir que la actora no tiene derecho al reajuste pensional deprecado a la luz del artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 20012004, suscrita por el ISS y su sindicato mayoritario, toda vez que su posición está a tono con lo asentado por esta Corporación sobre los derechos de aquellos servidores que habiendo prestado sus servicios al ISS como trabajadores oficiales pasaron sin solución de continuidad a las ESEs, bajo la condición de

SCLAIPT-10 V.00 16

Radicación n.” 56840 empleados públicos como consecuencia de la naturaleza jurídica de la nueva entidad. Al punto esta Corporación en sentencia CSJ SL, 23 jul. 2009, rad. 35.399 asentó en relación con el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, en lo pertinente: «De conformidad con el tenor literal del artículo trascrito, los servidores que pasaron a ser empleados públicos de las ESEs, se regirán por el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del nivel nacional, lo que excluye la posibilidad de aplicar a estos servidores el régimen propio de los trabajadores oficiales que tenían antes de la escisión del Instituto

de Seguros Sociales. La Corte Constitucional para declarar inexequible la expresión o definición concemiente a lo que se debería entender por <derechos adquiridos> que contenía el citado artículo 18, según la sentencia de constitucionalidad C-314 de 2004, en lo que interesa al recurso de casación, en esencia se fundó en lo siguiente: “(....) Ya que la convención colectiva de trabajo es un sistema jurídico que rige contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que respecta a los trabajadores cobijados por ella, aquella es fuente de derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que dicha convención conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la definición prevista en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por fuera los derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta restrictiva del ámbito de protección de tales derechos de conformidad con el contexto constitucional y, por tanto, debe ser retirada del ordenamiento jurídico. De conformidad con lo dicho, esta Corporación estima que la expresión (........ ) es inconstitucional por restringir el ámbito constitucional de protección de los derechos adquiridos, el cual, como se vio, trasciende la simple definición contenida en el artículo 18” (resalta y subraya la Sala). De lo anterior se sigue, que la Corte Constitucional consideró que dentro de los <derechos adquiridos> que se debían respetar a quienes pasaran a ser empleados públicos de las Empresas Sociales del Estado, por razón de la escisión del Instituto de

Seguros Sociales, estaban también comprendidos aquellos que se derivaran de la convención colectiva de trabajo, pero lógicamente que se tratara de situaciones jurídicas consolidadas antes de la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003, los cuales debían cubrirse hasta por el tiempo en que fueron pactados. Además, nótese que la mencionada motivación, cuando se refiere a quienes están cobijados por la convención colectiva, alude exclusivamente a los <trabajadores> para el caso oficiales, y por

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n. 56840 consiguiente lo resuelto por esa alta Corporación no puede conllevar a que se entienda que dichos servidores o empleados públicos de las ESEs se puedan beneficiar de ahí en adelante indistintamente de prerrogativas convencionales y menos sobre derechos que no se causaron cuando éstos ostentaban la condición de trabajadores oficiales. Bajo esta órbita, la vigencia del convenio colectivo de trabajo en relación a quienes por mandato legal se les cambio la naturaleza del vínculo laboral, y frente a derechos no adquiridos ni consolidados, no va más allá del momento en que mutaron de trabajadores oficiales a empleados públicos. Adicionalmente, es pertinente precisar, que como no es factible jurídicamente aplicarle a un empleado público una norma convencional, máxime que la fuente legal de esta clase de derechos que lo es el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, se refiere expresamente a que las condiciones a fijar regirán son los <contratos de trabajo>; se colige que los empleados públicos de la Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe, que a partir de la

escisión del ISS que se produjo el 26 de junio de 2003 dejaron de estar vinculados por una relación contractual laboral, como ocurrió con la demandante, no pueden beneficiarse de la convención colectiva de trabajo; salvo que de conformidad con el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, se trate de un derecho adquirido ya sea legal o convencional que se hubiera consolidado con antelación a la escisión del Instituto de Seguros Sociales y bajo la condición de trabajadora oficial; que no sería el caso del reconocimiento