CSJ - SL1290-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1290-2023 Radicación n.° 86630 Acta 19 Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte los recursos de casación interpuestos

por JAIRO SANDOVAL ORJUELA, la SOCIEDAD

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES

CESANTÍAS PORVENIR S. A., y la CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES (CAXDAC), contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 15 de agosto de 2018, en el proceso ordinario laboral que promovió el primero de los recurrentes en contra de las entidades demandadas y de LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, proceso al que fueron llamadas la sociedad

LÍNEAS AÉREAS PETROLERAS S. A. (LAP S. A.) y LA

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE

COLOMBIA.

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Radicación n.° 86630

I. ANTECEDENTES Jairo Sandoval Orjuela demandó a la Sociedad

Administradora de Fondos de Pensiones Cesantías Porvenir

S. A., con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez desde el mes de junio de 2010, junto al retroactivo pensional.

De manera «subsidiaria solidariamente» pidió que se condene a la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación

Colombiana de Aviadores Civiles (Caxdac), a emitir un bono pensional para la liquidación de la prestación antes mencionada, y a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público la constitución «del monto del bono pensional», a través de la AFP demandada. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que en el mes de junio de 2010 solicitó a la AFP accionada el reconocimiento de la pensión de vejez, súplica frente a la cual «le ratificó», el 28 de junio de 2010, que «[…] ha radicado su solicitud de pensión». Que el 30 de agosto del mismo año dicha administradora le solicitó a Caxdac la emisión del bono pensional, y el 1 de noviembre de 2012, le insistió en que lo hiciera. Precisó que el 28 de enero de 2013, La NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público «liquidó el bono pensional»; que, mediante oficio del 5 de abril de 2013, Caxdac informó a la AFP demandada, las objeciones que tenía respecto del bono, exigiendo la información laboral

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Radicación n.° 86630 actualizada de una empresa inexistente. Agregó que el 24 de junio de 2013, previa orden de tutela, La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público le comunicó que no era el encargado de emitir el título pensional y que solo participaba como cuotapartista. Señaló que a través del oficio ERHL 13-0925 Porvenir S.

A. le solicitó a Caxdac, una vez más, el reconocimiento y pago del bono pensional; que el 30 de agosto de 2013 dicha AFP le ofreció la posibilidad de pensionarse, sin tener en cuenta el valor del bono. Que el 4 de diciembre de esa misma anualidad, reiteró ante la AFP, la petición de entrega de bono pensional, que le fue respondida el 23 de diciembre de ese año 2013 informándole que el derecho se hallaba sujeto a la emisión del bono pensional.

Aseveró que el mencionado título está compuesto por los valores de las semanas aportadas a Caxdac durante el periodo laborado para la compañía LAP S. A., empresa de aviación que fue liquidada. Que, en virtud de una orden de tutela, Caxdac respondió la solicitud de emisión de dicho bono, pero en sentido desfavorable, aunque certificó la información laboral para calcularlo. Puso en conocimiento que el 23 de julio de 1998 y el 20 de febrero de 2006, la compañía Líneas Aéreas Petroleras LAP

S. A. le certificó «su tiempo de servicio». Y que como nació el 28 de marzo de 1948, el mismo día y mes del año 2008, arribó a la edad mínima de pensión; así mismo aduce reunir más

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Radicación n.° 86630 de 2040 semanas de aportes (f.º 8-18, cdno digital). La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a la totalidad de pretensiones. De los hechos, admitió la respuesta emitida el 24 de junio de 2013 y la fecha de

nacimiento del demandante; los demás no los aceptó. En su defensa, aseveró que el actor tiene derecho a la emisión de un bono pensional tipo A modalidad 2, por haberse trasladado al Régimen de Ahorro Individual con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, en el cual concurre como emisor Caxdac y participan como contribuyentes la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional, cada uno, con su respectivo cupón a cargo. Alegó no ser la responsable de la expedición del bono a favor de Sandoval Orjuela, pues solo participa como cuota partista, aunque dijo que no se había configurado debido a las objeciones de Caxdac, entidad a quien le corresponde la obligación. Como medios exceptivos propuso los que tituló: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no es una entidad de previsión social, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, y la genérica (f.º 150-160). La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A. aceptó la pretensión del reconocimiento de la pensión con la inclusión del bono pensional; frente a las demás, se opuso (f.º 2-17).

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Radicación n.° 86630 Admitió la solicitud de reconocimiento pensional elevada el 4 de diciembre de 2013 y su respuesta, los trámites adelantados ante la Oficina de Bonos Pensionales (OBP) y, ante Caxdac, con el propósito de obtener la emisión del bono pensional. Además, aceptó la emisión de la comunicación de fecha 30 de agosto de 2013, a través de la cual dio a conocer

al actor la posibilidad de pensionarse, la extinción de la compañía LAP S. A., para la cual laboraba el demandante, el trámite constitucional, la emisión del certificado de información laboral por Caxdac y la edad y la densidad de semanas cotizadas por el accionante; frente a los demás, dijo no ser ciertos. En su defensa, expresó que el actor se afilió a dicha administradora el 14 de noviembre de 2002; que en junio de 2010 solicitó el reconocimiento de la prestación por vejez, el cual no fue posible dado que en su cuenta de ahorro individual no figura el capital suficiente para financiarla, de manera que inició las acciones orientadas al recaudo del bono pensional a cargo de Caxdac. Añadió que para el 2014 se constató que el saldo del demandante solventaba la pensión, por lo que la reconoció a partir del 7 de marzo del mismo año, con un retroactivo generado desde el mes de enero. Destacó que no cuenta con la facultad de emitir bono pensional, sino que su labor se centra en adelantar las gestiones para su obtención, lo cual ha hecho. Propuso las excepciones de falta de integración del litis consorcio

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Radicación n.° 86630 necesario – La Nación – Ministerio de Defensa Nacional y las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe, compensación, petición antes de tiempo y carencia de objeto. La Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Caxdac) se opuso al éxito

de las pretensiones incoadas en su contra. De cara a los supuestos fácticos, manifestó no ser ciertos o no constarles (f.º 2-51). Aclaró que en virtud de una orden de tutela se vio obligada a certificar, en reemplazo del empleador LAP S. A., la información laboral solicitada sin incluir los factores salariales, licencias, permisos o suspensiones, ya que los desconocía. Advirtió que Sandoval Orjuela estuvo afiliado con dicha empleadora en dos momentos, uno, del 16 de enero de 1979 al 30 de agosto de 1995 y el restante, del 1 al 30 de octubre de 1995. Enfatizó que era la empresa empleadora, la llamada a integrar el cálculo actuarial por los ciclos que no fueron subrogadas; que aquella no estaba liquidada y que había adelantado las acciones de cobro, mediante el trámite de procesos ejecutivos, pero que al haberse trasladado el asegurado hacía Porvenir S. A., le correspondía a esta administradora efectuar el recaudo. Propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, prescripción, carencia de respaldo normativo,

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Radicación n.° 86630 buena fe y diligencia, destinación específica de los recursos parafiscales que administra Caxdac – imposibilidad de asumir responsabilidades de terceros, responsabilidad del estado en el pasivo pensional a cargo de las empresas respecto de la cual no solicitó o exigió la garantía, nadie está obligado a lo imposible, y la genérica.

Mediante auto del 20 de enero de 2015 (f.º 190), el a quo dispuso integrar el contradictorio con la sociedad «Líneas Aéreas S. A.» – LAP S. A. y con La Nación – Ministerio de Defensa Nacional. La referida cartera se opuso a las pretensiones y solicitó su desvinculación. Dijo que no le constaba ninguno de los hechos. Expuso que el llamado de las entidades públicas a los litigios de carácter laboral debía estar precedida de la simple solicitud de la reivindicación de su derecho por parte del demandante. Agregó que los empleados nacionales, departamentales o municipales que al tiempo de cumplir sus servicios estuvieran afiliados a una caja de previsión social, tendrían derecho a exigirle el pago de la totalidad de la pensión de jubilación, siendo deber de la administradora repetir en contra de las demás entidades obligadas para obtener el reembolso de la cantidad proporcional que corresponda. Acudió al medio exceptivo de falta de agotamiento de la reclamación administrativa.

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Radicación n.° 86630 La empresa LAP S. A., representada por curador ad litem, se allanó a lo que resultare demostrado (f.º 243-244) sin proponer medio exceptivo alguno.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 8 de diciembre de 2016, resolvió: Primero: Condenar a la Caja de Auxilios y Prestaciones de la

Asociación Colombiana de Aviadores (Caxdac) en su calidad de emisor a confirmar la liquidación del bono pensional del señor Jairo Sandoval Orjuela realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Oficina de Bonos Pensionales, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Condenar a la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores (Caxdac) a emitir a través de la AFP Porvenir S.A., el valor del bono pensional para que ingrese a la cuenta de ahorro individual del aquí demandante Jairo Sandoval Orjuela, conforme a la parte considerativa.

Tercero: Condenar a la AFP Porvenir S.A., a que una vez el valor de dicho bono pensional se encuentre en la cuenta de ahorro individual del señor Jairo Sandoval Orjuela, realice la respectiva reliquidación de la mesada pensional y reconozca el monto superior y el retroactivo pensional a que haya lugar, si una vez incluido el bono pensional se debió reconocer desde el año 2010, conforme a la parte considerativa.

Cuarto: Condenar en costas, incluidas las agencias en derecho a la parte demandada Caxdac y AFP Porvenir, las que se tasan en la suma de $2.000.000, a cada una.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 15 de agosto de 2018, al resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante, Caxdac y Porvenir S. A. confirmó la decisión de

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Radicación n.° 86630 primer grado y se abstuvo de imponer costas. Como problema jurídico se propuso determinar cuál era el ente encargado de emitir y cancelar el bono pensional en favor del actor, así como verificar si había lugar a modificar la condena impuesta respecto del retroactivo pensional fulminado por el a quo. Bajo tal panorama, aseveró que no existía discusión en cuanto al tipo de bono que debía ser reconocido en favor de Sandoval Orjuela una vez fuesen acreditadas las exigencias previstas en el artículo 1 del Decreto 1748 de 1995, cuyo texto transcribió; requisitos que advirtió, habían sido satisfechos. Luego de copiar el contenido del artículo 48 del Decreto ya referido que fue modificado por el artículo 20 del Decreto 1513 de 1998, explicó que era Porvenir S. A. la encargada de adelantar los trámites tendientes a materializar el bono pensional, ya que era la sociedad administradora a la que se encontraba afiliado el actor. Sin embargo, dijo, para que el monto de dicho título fuere incluido en la cuenta de ahorro individual, era necesaria la participación de Caxdac y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Adujo que de conformidad con la documental allegada al expediente (f.º 43, 44, 47, 48, 49 y 51) Porvenir S. A. había cumplido la obligación legal a su cargo, puesto que una vez recibió la solicitud de reconocimiento pensional, procedió a requerir de Caxdac la liquidación provisional del bono.

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Radicación n.° 86630 Así mismo destacó que, bajo los parámetros establecidos en el artículo 23 del Decreto 1748 de 1995, tal administradora de pensiones había requerido al actor para que allegara la certificación laboral respecto del empleador Líneas Aéreas Petroleras S. A., por el período comprendido entre el 16 de enero de 1979 y el 19 de diciembre de 1995; que remitió oficio al Ministerio de Defensa con el fin de solicitar el reconocimiento y pago de la cuota parte del bono pensional; que de igual forma solicitó a Caxdac para que enviara el certificado laboral de las entidades que habían efectuado aportes; y elevó petición al Ministerio de Hacienda, en razón a que las justificaciones dadas por Caxdac no cumplían con las especificaciones del Decreto de 1748 de 1995, debido a que dicha Caja de Previsión certificó tiempos aportados más no los tiempos laborados (f.º 54-55). Explicó que en el cuaderno principal reposaba la liquidación provisional del bono pensional efectuada por el Ministerio de Hacienda (f.º 144-146) al igual que la comunicación dirigida al actor el 23 de diciembre del 2013, a través de la cual le fue informado que Caxdac había objetado el reconocimiento y pago del bono pensional, y que una vez la entidad procediera a emitir y liquidarlo, Porvenir ingresaría los recursos a la cuenta de ahorro individual (f.º 27). Advirtió que el trámite del bono se hallaba detenido por cuenta de Caxdac, entidad que fundaba su objeción en que el salario base tomado para la liquidación, no se hallaba

soportado, aunado a que solo era emisor y no contribuyente, pues esta última calidad la tenía el empleador Líneas Aéreas

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Radicación n.° 86630 Petroleras S. A. LAP S. A. (f.º 28, 37 y 38). Agregó que Caxdac fue quien certificó el salario base del demandante para el mes de junio de 1992, conforme lo establecía el artículo 27 del Decreto 1748 de 1995, en la suma de $920.000, valor que resultaba idéntico al tomado por el Ministerio de Hacienda para liquidar el bono pensional (144, vto). Señaló que, de acuerdo al artículo 13 del Decreto 1282 de 1994, cuando un aviador civil decide trasladarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad tiene derecho al reconocimiento del bono pensional, el cual esta a cargo de Caxdac, siempre que aquel sea beneficiario del régimen de transición, calidad que el demandante había demostrado (f.º 55). Además, señaló que dicha norma autorizaba a esta entidad a repetir contra la empresa empleadora, si ella no había cumplido su obligación en relación con la integración del cálculo actuarial. Para resolver la inconformidad relacionada con la mora en los aportes del empleador, luego de reproducir apartes de la sentencia CSJ SL8172-2017, expresó que en el sub lite «tampoco se encuentra acreditado que Caxdac hubiera adelantado las acciones de cobro frente al empleador moroso, Líneas Aéreas Petroleras S. A. LAP S. A.», de suerte que,

además de ser el emisor del título, debía contribuir con su financiación.

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Radicación n.° 86630 Precisó que una vez ingresara el valor del bono pensional a la cuenta de ahorro individual del actor, Porvenir

S. A., debía rehacer las proyecciones matemáticas a fin de determinar el nuevo valor de la prestación de vejez a favor de Sandoval Orjuela, a quien facultó para elegir entre quedarse en la modalidad de pensión que a la fecha se encontrara o cambiarse a la que considerara más beneficiosa para sus intereses.

Por lo anterior, advirtió que no había lugar a determinar una fecha exacta a partir de la cual se debía ordenar reliquidar la prestación, como lo solicitaba la parte actora en su recurso. Finalmente, explicó que a Porvenir S. A. le correspondía pagar el valor del retroactivo, conforme los parámetros legales señalados.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Interpuestos por Jairo Sandoval Orjuela, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías

(Porvenir S. A.) y la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Caxdac), concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se proceden a resolver, por cuestión de método, comenzando por el del demandante, luego el que presentó la AFP y posteriormente el de la Caja.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN DEL

DEMANDANTE JAIRO SANDOVAL ORJUELA

Propone que la Sala case parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto confirmó la de primera instancia, la cual, pretende, sea modificada en el sentido de condenar a Porvenir S. A. a la reliquidación de la pensión, así como al pago del retroactivo pensional desde junio del 2010, y se confirme en lo demás. Con tal propósito, formula un cargo que fue objeto de réplica de Porvenir S. A., y la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Caxdac).

VI. CARGO ÚNICO Denuncia por la vía directa, la interpretación errónea de los artículos 68, 115 de la Ley 100 de 1993, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 42 del Decreto 748 de 1995 y, del artículo 10 del Decreto 1513 de 1998.

Indica que el entendimiento equivocado del juzgador colegiado se presentó debido a que confirmó la decisión del juzgado sin disponer la reliquidación de la pensión de vejez a partir de junio de 2010, momento en el que reunió los requisitos exigidos por el RAIS para adquirir la prestación, en razón al bono pensional que Caxdac tiene la obligación de emitir. Explica que el bono hace parte de la cuenta de ahorro

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Radicación n.° 86630 individual, con antelación al cumplimiento de los requisitos pensionales, por lo que Porvenir S. A. debe calcular la prestación con anterioridad al momento en que Caxdac emita el bono pensional, y no después.

VII. RÉPLICA Porvenir S. A. asevera que satisfizo el deber de requerir a Caxdac para que liquidara el bono pensional en favor del actor y, que debe recalcular la pensión de vejez una vez que este sea emitido y redimido, no después.

Caxdac asegura que la censura no cumplió con precisar, estando obligado a hacerlo, cuál fue la equivocada interpretación que el juez el plural le otorgó a las normas acusadas y, cuál es el correcto entendimiento de aquellos.

VIII. CONSIDERACIONES Lo primero que debe advertir la Sala es que, si bien la sustentación del recurso no es un modelo, se entiende que esta direccionada a achacarle al Tribunal como error, el confirmar la sentencia del juzgado y no condenar a la reliquidación pensional a partir de junio de 2010, dado que el bono pensional hacía parte de su cuenta de ahorro individual desde esa época, a pesar de que no se cumplió con el deber de emitirlo; por lo que los reproches de técnica no prosperan.

Así, para la corporación es claro que la censura le

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Radicación n.° 86630 endilga al sentenciador de segundo grado la errada interpretación del artículo 68 de la Ley 100 de 1993, que prevé que la pensión de vejez se financia con los dineros que reposan en la cuenta de ahorro pensional del afiliado, más el valor de los bonos pensionales, si a ello hubiere lugar y, con el aporte de La Nación. En atención a la vía seleccionada para fustigar la sentencia, no es objeto de inconformidad que Porvenir S. A.

reconoció al demandante pensión de vejez el día el 7 de marzo de 2014, a partir del mes de enero de ese año. Es menester recordar que el fallador colegiado expresó que, una vez ingresara el valor del bono pensional a la cuenta de ahorro individual del actor, Porvenir S. A., debía rehacer las proyecciones matemáticas a fin de determinar el nuevo valor de la prestación de vejez que se generaba a favor de Sandoval Orjuela, a quien facultó para elegir entre quedarse en la modalidad de pensión que a la fecha se encontraba o cambiarse a la que considerara más beneficiosa para sus intereses. Para la censura, el Tribunal erró en tal determinación, pues el pago de la pensión de vejez ha debido ordenarse a partir de junio de 2010, momento en que, según el recurrente, reunió los requisitos exigidos por el RAIS para adquirir la prestación, en razón al bono pensional que Caxdac tiene la obligación de emitir para financiar dicha prestación.

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Radicación n.° 86630 Así las cosas, a la Sala le corresponde definir si el juez plural erró al no ordenar el reconocimiento del retroactivo pensional a partir del mes de junio de 2010, periodo para el cual el demandante solicitó por primera vez el pago de la prestación y aduce haber reunido los requisitos legales. Pues bien, para la Sala, el fallador colegiado no incurrió en el yerro atribuido por la censura, pues su determinación encuentra fundamento en los rasgos esenciales que caracterizan y diferencian los dos regímenes de pensiones

concebidos en el sistema integral de seguridad social, específicamente en lo que tiene que ver con la causación y disfrute de la pensión de vejez. Por solo mencionar algunos de los aspectos más relevantes, de acuerdo con las prescripciones del artículo 31 y siguientes de la Ley 100 de 1993, el Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPM – funciona bajo un esquema de reparto, de corte solidario, en el que los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantiza el pago de las prestaciones, el cubrimiento de los gastos de administración y la constitución de reservas. En este escenario, los asegurados tienen derecho al reconocimiento de prestaciones definidas, que se causan a partir de reglas fijas, centradas en el cumplimiento de ciertos requisitos de edad y de semanas cotizadas, y que no dependen, en estricto sentido, del capital acumulado o aportado por cada persona. Por su parte, al tenor de lo dispuesto en el artículo 59 y

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Radicación n.° 86630 siguientes también de la Ley 100 de 1993, el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) funciona bajo un esquema de capitalización individual, fundado en el ahorro, de corte más personal y menos colectivo, en el que los aportes se acumulan en una cuenta de ahorro individual que constituye un patrimonio autónomo de propiedad de cada afiliado y que, junto con los rendimientos y el bono pensional, si hay lugar a ello, está destinada a financiar las prestaciones correspondientes. En este preciso escenario, los asegurados tienen

derecho al reconocimiento de prestaciones variables, que dependen fundamentalmente de la cantidad de recursos acumulados en las cuentas de ahorro individual y que se obtiene en el tiempo y bajo la modalidad que los afiliados hayan elegido. Este modelo, en ese sentido, invita a las personas al ahorro y a planear libremente, a partir de su propio esfuerzo, la clase de pensión que más convenga a sus necesidades. Por ello el artículo 5 del Decreto 692 de 1994 señala al respecto que, en este régimen, «…el monto de la pensión es variable y depende entre otros factores, del monto acumulado en la cuenta, de la edad a la cual decida retirarse el afiliado, de la modalidad de pensión, así como de las semanas cotizadas y la rentabilidad de los ahorros acumulados». Así fue enseñado por esta corporación en sentencia CSJ SL11682019, oportunidad en la que además se dijo: […] en lo que a las pensiones de vejez se refiere, en el RAIS existe una relación de correspondencia necesaria entre el monto de los

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Radicación n.° 86630 recursos y el valor de las pensiones, de manera que, salvo en lo que tiene que ver con la garantía de pensión mínima, la existencia misma de la prestación y su valor están definidos, estrictamente, en función del capital ahorrado (Ver CSJ SL1059-2018). No sucede lo mismo en el RPM, en el que las prestaciones, previamente fijadas y no sometidas a la voluntad del afiliado, así como su monto, dependen del cumplimiento de ciertos requisitos

de edad y tiempo de servicios o semanas cotizadas, independientemente del dinero que se hubiera podido atesorar. Todo lo anterior permite visualizar otra importante diferencia en lo que tiene que ver con la causación y disfrute de la pensión. En efecto, a pesar de que la Ley 100 de 1993 no tiene normas lo suficientemente expresas al respecto, de la naturaleza y regulación de cada régimen de pensiones es posible extraer las siguientes reglas. En el RPM la causación y disfrute de la pensión de vejez está sometida a fechas ciertas, establecidas a partir de parámetros fijos, como el cumplimiento de los requisitos, la desvinculación del sistema y el retiro del servicio, en el caso de los servidores públicos. Ello en virtud de que, como lo ha enseñado esta corporación, frente a las pensiones de vejez reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales, en su condición de administrador del régimen de prima media con prestación definida, sigue siendo aplicable la prescripción contenida en el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, según el cual «…la pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo.» La Corte ha enseñado al respecto que dichas previsiones «…no se entienden derogadas por la entrada en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, porque el artículo 31

ibídem dejó vigentes las disposiciones regulatorias de los seguros de invalidez, vejez y muerte administrados por el Instituto en aquellos aspectos inherentes a esas prestaciones.» (CSJ SL61592016). Siguiendo los anteriores derroteros, teniendo la pensión de vejez del RPM una fecha de causación y disfrute cierta, es normal hablar de la figura del retroactivo pensional, pues el reconocimiento de la prestación, así como cualquiera de sus posteriores reajustes debe, por principio, proyectarse hacia atrás, de manera que se garantice al pensionado la satisfacción íntegra de su derecho desde cuando efectivamente la ley lo autoriza a ello, con independencia del tiempo que transcurra desde dicho momento y hasta cuando la entidad de seguridad social resuelva. (Ver CSJ SL, 24 mar. 2000, rad. 13425, reiterada en CSJ SL, 13

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Radicación n.° 86630 abr. 2004, rad. 21966; CSJ SL, 19 jul. 2011, rad. 38375; CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 41754). Por su parte, en el RAIS no puede hablarse de una fecha de causación y disfrute de la pensión, estrictamente fijada, pues, se reitera, salvo en lo que tiene que ver con la garantía de pensión mínima, todo depende de la voluntad libre del afiliado y de los recursos existentes en su cuenta de ahorro individual. En ese sentido, el artículo 64 de la Ley 100 de 1993 dispone diáfanamente que los afiliados «…tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital

acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta Ley…» A su turno, el artículo 12 del Decreto 1889 de 1994 dispone que «…para los efectos del literal a) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, en el Régimen de Ahorro Individual con solidaridad, se entiende que el afiliado cumplió los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez cuando efectivamente se pensione por haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993.» Ahora bien, aunque en el RAIS no es posible identificar una regla fija e invariable de causación y disfrute de la pensión, lo cierto es que la figura del retroactivo pensional no es del todo ajena a su naturaleza y reglas, pues, en todo caso, existe una fecha cierta a partir de la cual se empieza a pagar la prestación, en función de la voluntad del afiliado y la acreditación del capital suficiente. En ese sentido, una vez reconocida la pensión desde determinada fecha, es a partir de allí que se puede entender configurado el derecho a cualquier pago relativo a la prestación. Un ejemplo de ello está dado en que, en este mismo caso, la pensión fue reconocida por el fondo de pensiones demandado desde el 7 de julio de 2006, cuando se acreditó el bono pensional, pero, como el primer pago se hizo en el mes de marzo de 2007, mientras se resolvía la solicitud, se generó un retroactivo de $22.630.177. (fol. 25 y 26). Lo anterior daría pie para pensar que cualquier reajuste de la

pensión de vejez debería darse desde la fecha de reconocimiento inicial, como lo defiende la parte demandante y lo admitió el Tribunal. No obstante, para la Corte la procedencia del retroactivo pensional, en este preciso contexto, debe definirse en función de las particularidades de cada caso y, por las especificidades del régimen, debe tenerse en cuenta la forma en la que se hubiera hecho la proyección del capital y la voluntad del afiliado. De esta manera, para la Sala la razón no está del lado

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Radicación n.° 86630 de la censura, pues, como quedó visto, dentro del RAIS el momento en que se reúnen los requisitos para adquirir la prestación, depende de la voluntad libre del afiliado y de los recursos que aquel tenga en su cuenta de ahorro individual, no de la fecha en que se solicite la prestación creyendo reunirlos sin tenerlos. Así las cosas, como para junio de 2010 el accionante no reun