CSJ - SL1295-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1295-2023 Radicación n.° 93932 Acta 19 Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 9 de diciembre de 2021, en el proceso ordinario laboral que contra la recurrente

promueve CARLOS JULIO RICAURTE VIANCHÁ.

I. ANTECEDENTES El accionante demandó a Alpina S. A. con el fin de que se declare que entre las partes existió una relación de trabajo que operó del 20 de noviembre de 1986 al 14 de abril de 2016 cuando terminó por la decisión irregular de la pasiva, por lo que no se ha extinguido; que el último salario básico mensual era la suma de $6.296.700. En consecuencia, solicitó se

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 93932 condene a la accionada a reintegrarlo, sin solución de continuidad, al cargo de jefe de mantenimiento o a uno de igual o superior categoría, junto con el pago de salarios, cesantías, intereses a las mismas, vacaciones, primas de servicios, causados y no pagados, entre el despido y el momento en que se haga efectiva la reinstalación. Igualmente, requirió las cotizaciones obligatorias al sistema general de seguridad social en pensiones en ese interregno, los intereses de mora del artículo 23 de la Ley 100

de 1993 por el no pago oportuno de ese rubro, más la indemnización por la no consignación oportuna de las cesantías de conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; la indexación de las sumas reclamadas, lo que se acredite ultra y extra petita, y las costas y agencias en derecho. En subsidio reclamó la indemnización de que trata el artículo 64 del CST. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 20 de noviembre de 1986 ingresó a laborar a la empresa, en virtud de un contrato de trabajo a término indefinido en el cargo de oficios varios, y con el correr de los años, creció profesionalmente hasta que en el año 2012 fue ascendido a jefe de mantenimiento industrial. Precisó que entre las funciones de su empleo nunca estuvo la de constatar precios del mercado de posibles proveedores, ni la de seleccionar y adjudicar los contratos a

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 93932 los diferentes proveedores que ejecutaran obras y/o prestaran servicios a la demandada. Narró que, a partir del mes de agosto de 2015, la compañía empezó a ejercer actuaciones disciplinarias que denotaban el interés de buscar una justa causa para culminarle la relación laboral que para entonces tenía más de 29 años de existencia. Explicó que, el 13 de agosto de 2015, le iniciaron una indagación por un presunto conflicto de intereses en un proceso de contratación con la firma Servideltra del cual era representante legal su hermano Javier Ricaurte, y en la que se determinó que el proceso lo realizó una persona distinta,

razón por la cual fue exonerado de responsabilidad. Agregó que, pasados ochenta días, lo citaron nuevamente a diligencia de descargos respecto de un trámite de selección adjudicado a la firma Parc Ltda. para investigar hechos supuestamente denunciados por esa empresa, pero de los cuales nunca tuvo conocimiento toda vez que no se le corrió traslado y donde también fue exonerado porque no realizó el convenio, sino que únicamente ejerció la supervisión. Manifestó que, el 13 de abril de 2016 fue citado otra vez a diligencia de descargos atribuyéndosele «incumplimiento», pero sin especificarle las circunstancias fácticas ni definirle las conductas ni darle a conocer las pruebas, lo que refleja que se trató de actos de persecución. Que fue en esa

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 93932 diligencia que le enrostraron que, como jefe de mantenimiento industrial, según denuncias en la Línea Ética y la investigación realizada por la sociedad accionada, no observó que para el proceso de contratación se exige más de una cotización y por no verificar en el mercado los precios más competitivos para la compañía y adquirir, a valores más altos que los que ofrecían otros proveedores, en las órdenes de compra OC 454844, 451088, 459898, 449498 y 466670; Contó que, en su defensa expuso que las cotizaciones eran de proveedores registrados al interior de la empresa y que él solo visaba la solicitud de orden de compra, mas no aprobaba ni seleccionaba al contratista, actividad que estaba cargo del Departamento de Compras, por tanto, los hechos

endilgados no pertenecían a la órbita de su competencia. Luego dijo que, mediante misiva del día siguiente, 14 de abril de 2016, la empresa le notificó la terminación de su contrato de trabajo invocando justa causa, con fundamento en unas supuestas denuncias que aquella «recibió de manera constante» que le permitieron identificar tres posibles faltas por incumplimiento de las políticas de la empresa, de las cuales se habían comprobado dos, relativas a la omisión en las validaciones técnicas y económicas que, según la empleadora, le causaron un perjuicio pecuniario. Expresó que en el escrito referido le pusieron de presente que en ocasiones anteriores se le habían adelantado procesos disciplinarios o de compromiso, por situaciones de eventuales incumplimientos, pese a que esas diligencias

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 93932 fueron archivadas sin que se le hubiera impuesto sanción alguna. Recordó que el 4 de marzo de 2016 la demandada le informó de un incremento salarial del 6,7%, a partir del 1 de ese mes y año, como reconocimiento a su desempeño individual en posiciones de liderazgo y le otorgó un bono «no» constitutivo de salario por $984.533, debido a que las actividades que cumplió fueron fundamentales en el proceso de crecimiento de la compañía de conformidad con los resultados obtenidos durante el año 2015. Adicionó que elevó varias peticiones a la empresa solicitando documentación relativa a su hoja de vida, al manual de funciones de su puesto de trabajo, manual de compras, listado de proveedores, y Alpina S. A, a través de

comunicación de 31 de mayo de 2018 le respondió que la copia del listado de contratistas, así como el manual de procedimiento era información de carácter confidencial que no podía ser suministrada y, que, la terminación de su contrato de trabajo sustentada en una exigencia contractual que no era de su resorte laboral, es violatoria del derecho fundamental al debido proceso, al trato igualitario y al derecho de audiencia y de defensa (f.os 1 a 18). Al dar contestación al escrito inicial, Alpina Productos Alimenticios S. A. no se opuso a las pretensiones declarativas atinentes a la existencia de la relación laboral y el último salario que devengó el accionante; rechazó las demás. En cuanto a los hechos, aceptó como ciertos los relativos a los

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 93932 aspectos que se acaban de indicar, más la fecha del finiquito del contrato, la forma en que se dio y que en la diligencia de descargos surtida el 13 de abril de «2019» (sic) se le atribuyó al trabajador una grave omisión al no garantizar más de una cotización para los servicios que tuvieran un valor superior a $4.500.000 requeridos de su área a cargo que era la de mantenimiento. Las demás situaciones fácticas las negó. En su defensa precisó que la terminación del contrato de trabajo del actor se dio por una justa causa plenamente probada, puesto que incurrió en la causal 6 literal a) del artículo 62 del CST, en concordancia con el numeral 1 del artículo 58 ibidem al haber omitido realizar los procesos de:

1. validación técnica de las cotizaciones 4544844 (sic), 451088, 459898, 449498 y 466670 de 2015, y ii) validación económica de las cotizaciones 448948, 445944, 442740 y 447113 de 2015, las cuales se requerían para efectuar las respectivas órdenes de compra.

Explicó que el accionante como jefe de mantenimiento tenía la obligación de verificar que las cotizaciones a partir de las cuales se seleccionarían los proveedores para los servicios que se necesitaban, fueran comparables técnicamente, esto es, «que ofertaran a la compañía los mismos servicios requeridos desde el punto de vista técnico» y así, finalmente, escoger al contratista que ofertara el mejor precio. Añadió que ese deber se omitió frente a las cotizaciones que arriba individualizó. Más adelante expuso que, referente a la validación

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 93932 económica, el actor tenía que verificar que en los eventos en que el valor de los servicios requeridos superara la suma de $4.500.000, se obtuviera más de una cotización comparable para optar por la que ofreciera un costo más favorable para la empresa y que esto tampoco se cumplió en los casos que individualizó. Señaló que la empresa tuvo conocimiento de esas irregularidades por las múltiples llamadas que se efectuaron a la Línea Ética de Alpina S. A., lo cual generó una rigurosa investigación interna e incluso una auditoría externa que conllevó la terminación del contrato laboral del accionante ante los graves incumplimientos que se denunciaron.

Adicionó que esos deberes prenotados estaban contenidos en las políticas de compras de la compañía y en la descripción del cargo de jefe de mantenimiento. Propuso como excepciones de mérito las de cobro de lo no debido por inexistencia de la causa y de la obligación; prescripción; compensación y buena fe (f.os 111 a 132).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Juez Primera Laboral del Circuito de Zipaquirá, a la que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 13 de octubre de 2021, decidió: Primero: Declarar que el señor CARLOS JULIO RICAURTE VIANCHÁ fue desvinculado por la empresa ALPINA PRODUCTOS

ALIMENTICIOS S. A., SIN JUSTA CAUSA.

Segundo: CONDENAR a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 93932

A. a pagar en favor del actor CARLOS JULIO RICAURTE VIANCHÁ la suma de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ONCE PESOS ($123.835.011), a título de indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa.

Tercero: CONDENAR a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.

A. a reconocer y pagar en favor del actor CARLOS JULIO RICAURTE VIANCHÁ la suma anteriormente indicada de manera indexada, teniendo como base la valoración del índice de precios al consumidor desde que se causó la indexación hasta el momento en que se hace efectivo el pago.

Cuarto: CONDENAR a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.

A. a reconocer y pagar costas y agencias en derecho a favor de CARLOS JULIO RICAURTE VIANCHÁ, agencias que se fijan en cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes más las costas que se deberán liquidar por secretaría.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, que conoció en virtud de la apelación de las partes, mediante sentencia de 9 de diciembre de 2021, confirmó la decisión de primer grado y se abstuvo de imponer costas en la alzada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado dio por acreditado que: i) entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido vigente del 20 de noviembre de 1986 al 14 de abril de 2016; ii) que el último cargo que desempeñó el accionante fue el de jefe de mantenimiento industrial y el salario final de $6.296.700; iii) el trabajador fue citado a descargos el 13 de abril de 2016, diligencia que se llevó a cabo ese mismo día (f.° 32 y 34 a 38) y, iv) la vinculación terminó por decisión de la empresa demandada, comunicada al actor a través de misiva de 14 de abril de 2016

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 93932 (f.os 166 a 169). El Tribunal estableció como problemas jurídicos, determinar si el despido del demandante fue injustificado o si, por el contrario, ocurrió con justa causa como lo estimaba la empresa. Asimismo, si en el evento de definirse que el finiquito laboral no obedeció a un motivo justificado, verificar

si procedía el reintegro planteado en forma principal, o la súplica subsidiaria de indemnización de que trata el artículo 64 del CST. En esa dirección precisó que el trabajador tiene la carga de demostrar el finiquito laboral por decisión del empleador que invocó justa causa, y a este último, la de acreditar que los hechos que le endilgó al empleado sí sucedieron y constituyen una justa causa, para lo que citó la sentencia

CSJ SL1680-2019.

Agregó que en el sub lite el despido estaba acreditado con la comunicación de 14 de abril de 2016 titulada «Terminación de contrato de trabajo con justa causa», mediante la cual la sociedad demandada le informó al actor su decisión de romper el vínculo laboral y, seguidamente, se refirió a los comportamientos endilgados relativos al incumplimiento de la política de compras, en cuanto a la validación técnica y económica de las cotizaciones. Explicó que para la compañía según se consignó en la carta de despido, la conducta del accionante constituía un incumplimiento grave de sus obligaciones como empleado ya

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 93932 que, tal y como lo había reconocido en la diligencia de descargos, no observó el procedimiento consistente en: […] solicitar y remitir a compras cotizaciones de bienes o servicios realizando dos procedimientos especiales y previos como lo son la validación técnica que implica que las cotizaciones que se reciben serán comparables entre sí para determinar entre ellas cuál es la opción más convenientes (sic), e igualmente la validación económica que garantice que en el mercado esta es la

mejor opción de precio a unas calidades homogéneas que se pueda contratar. Lo anterior debido a que algunas cotizaciones, las cuales se le pusieron de presente en la citada actuación, no eran comparables entre sí y, por tanto, debido a la falta de ese elemento técnico, eran insuficientes para la toma de decisión por parte del área de compras. Además, expresó el juzgador, que la empresa afirmó que, a diferencia de lo que sostuvo el actor en la diligencia de descargos, en la compañía existían los «cuadros de comparación técnica». Mencionó que también se le atribuyó al empleado, no haber realizado la validación de proveedores que «puedan prestar un servicio por un mejor precio a la compañía» tal como lo reconoció en la diligencia de descargos, pues no era cierto que Alpina sólo contratara con personas previamente registradas lo que no era conveniente para la sociedad. Que, según el empleador, esa omisión que se comprobó con el área de compras se consideraba grave porque le generaba un perjuicio económico dado que se realizaron adquisiciones de bienes con base en las cotizaciones que efectuó el actor por valores que luego se estableció eran de «menos de la mitad del precio por el que se contrató».

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 93932 Aludió el colegiado que la empresa esgrimió que en oportunidades anteriores y por situaciones similares, al trabajador le había adelantado procesos disciplinarios o de compromiso, lo que afectó la confianza en él para llevar a cabo esos procesos tan importantes, máxime que en la Línea

Ética se habían recibido múltiples denuncias por posibles incumplimientos (graves) a los procedimientos establecidos en la entidad y un posible favorecimiento a algunos proveedores. Añadió que la empleadora invocó como tipificación de la justa causa la señalada en el ordinal a), numeral 6° del artículo 62 del CST, en relación con el numeral 1° del artículo 58 ibidem. Después el ad quem se refirió a la diligencia de descargos llevada a cabo el 13 de abril de 2016, en la cual el accionante señaló que llevaba seis años largos ejerciendo el cargo y que ante el cuestionamiento de por qué no había seguido el procedimiento de contar con más de una cotización cuando el valor superaba los $4.500.000 en las órdenes de compra que le fueron exhibidas, Nos. 448948, 4459444, 442740, 447113, explicó que en «Oracle existen unos flujos y yo apruebo pero el que las solicita es otro, en ninguna existe mi firma…». Que ante la pregunta de si cuando aprobó dichas órdenes solo había una cotización él respondió que «… yo solo aprueba (sic) la solicitud no la cotización, toda cotización que supere los 4 millones de pesos debe tener dos cotizaciones y compras si no ve la segunda cotización la devuelve. En mi oficina tengo la hoja pegada de cuántos son

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 93932 los montos …». Igualmente, dijo que, al actor se le interrogó respecto a las razones por las cuales no había realizado la validación técnica en las órdenes de compra (OC 454844, 451088,

459898, 449498, 466670) en las que se solicitaron cotizaciones a distintos proveedores, pero sin que existiera forma de compararlas desde el punto de vista técnico, a lo cual aquél replicó: […] Ese era el proceder hasta el día viernes 8 de abril, si a mí me pedían un servicio el procedimiento era ese, cotizar con varios proveedores para mirar que proveedor ofertaba de la mejor manera, se recolecta la información, las cotizaciones las radica los proveedores y se les pone un sello de VoBo de recibido y hace llegar la carpeta a cada ingeniero. Hay requerimientos por parte de producción, de salud ocupacional, de los supervisores, de las mismas líneas y de nosotros como jefes. Yo debo pedir la autorización si no supera los montos. En compras hoy no se tiene un procedimiento en donde se haga un cuadro comparativo de lo que está haciendo, pues todas las cotizaciones son diferentes, hasta hoy compras está haciendo ese cuadro comparativo […] Asimismo, aludió el sentenciador a que el promotor del proceso fue indagado respecto a si ¿antes del 8 de abril no había responsabilidad de los jefes?, a lo cual él contestó que, «…sí había una validación cuando compras lo exigía…». Agregó el ad quem que al ser nuevamente indagado el trabajador respecto a que, si antes del 8 de abril se hacía la validación técnica, él manifestó que «…nunca se hacía una evaluación técnica, pues compras nunca nos exigió para trabajos de 200 mil pesos. Hasta 4 millones de pesos el jefe era autónomo para contratar…». Que se le volvió a requerir,

¿si antes del 8 de abril no había responsabilidad de hacer una valoración técnica de los contratos como los de 7 millones de

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 93932 pesos?, a lo cual él replicó que «…antes del 8 de abril, usted podía hacer la negociación de acuerdo al formato que envía compras (1 cotización hasta 4 millones) y después de 15 millones 2 cotizaciones o tres…», y que «si se hace una validación técnica de las cotizaciones, éramos (los jefes de mantenimiento) autónomos en evaluar». Añadió el juez plural que, al trabajador se le pusieron de presente «cotizaciones adicionales» en las cuales existía una oferta técnica, pero sin que se registrara el valor lo que no permitía la comparación, frente a lo cual aquel manifestó que en ellas se precisa «la oferta, los alcances y el objetivo», pero que no se han tramitado porque «no ha pasado por mantenimiento, tendríamos que ir a Oracle a mirar cómo se ha ejecutado». Anotó el Tribunal que respecto a la verificación en el mercado, de los precios más competitivos para la empresa, denominada «verificación económica», el accionante mencionó que por tema de urgencia se acude a los proveedores inscritos en Alpina y cuando se presenta una cotización más favorable se acoge esta, aunque en algunas oportunidades se negoció con quienes tenían precios por encima del mercado «por oportunidad de servicio y para sufragar la necesidad de la empresa, la parada de una máquina puede costar 15 millones de pesos. Yo no he traído al primer proveedor. Las cotizaciones que recibimos en mantenimiento son de proveedores registrados…». Igualmente

indicó que, el promotor del proceso manifestó en la diligencia de descargos que él no buscaba los proveedores porque no

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 93932 era su labor, sino que acudía a los que aparecían suscritos en el listado de la empresa. Luego la colegiatura se refirió a la diligencia de interrogatorio de parte del demandante y dijo que en ella aquel había dicho que conocía la política de compras, la cual era clara, y que la validación técnica de las órdenes de adquisición la debía realizar el Departamento de Compras, a través de un analista, con un cuadro comparativo de las diferentes cotizaciones y después de la intervención de varios funcionarios en el proceso, quien finalmente daba la orden era el gerente de esa dependencia y, que su competencia se circunscribía a dar el visto bueno, pues no buscaba ni seleccionaba los proveedores. Respecto a la orden del folio 145 indicó el juzgador que se le puso de presente al actor y que este señaló que no había efectuado el proceso de validación técnica, el cual se llevó a cabo por el ingeniero Harvey Rodríguez y que correspondía a cambio de pisos en el área de quesería de fecha 2015 de la que nunca fue jefe. Que sus funciones como jefe de mantenimiento se limitaban a recibir la solicitud de un servicio, buscar los términos de referencia y pasarla al área de compras que las remitía a los proveedores inscritos en la compañía, pues no se podía acudir a entes externos y que las validaciones técnicas se hacían junto con el Departamento de Compras. Posteriormente el juez de la alzada aludió al testimonio

de Martha Elizabeth Rodríguez Campos, quien era la Jefe de

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 93932 Servicios de los Alpinistas en el área de Talento y quien expuso que la política de compras de la accionada establece unos criterios para las áreas que contratan algún servicio, teniendo en cuenta su clase, el monto, el tema de jerarquía, las exigencias para elegir un proveedor y que, la dependencia a su cargo hacía la calificación técnica y económica, así como la del proveedor que debía prestar el servicio. Agregó que la deponente aclaró que el demandante debía evaluar técnicamente a los proveedores que se iban a utilizar para la operación requerida según su naturaleza y hacer el análisis de la necesidad y urgencia de esta; pero que la parte comercial la ejecutaba el departamento de compras. Anotó el juzgador que la testigo también aseveró que el señor Ricaurte Vianchá como jefe de mantenimiento hacía las solicitudes según los requerimientos que se le presentaban, escalaba la petición al área de compras y conjuntamente buscaban la mejor alternativa de conformidad con las políticas de la compañía. Y que la declarante también había señalado que, luego de tener conocimiento la empresa de las diferentes denuncias en la línea ética realizó una auditoria donde se evidenció que el accionante no cumplió con el procedimiento establecido en la política de compras, por lo que le adelantó una actuación disciplinaria y que, como consecuencia de esos hechos, se generaron algunos ajustes a esas directrices, trámites y procedimientos. Adicionó que la testigo anotó que el actor como jefe de

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 93932 mantenimiento, debía realizar la evaluación técnica y económica para elegir el proveedor, aunque no era una decisión autónoma, y que este procedimiento era trascendente para la empresa porque si no se hacía en la forma correcta le generaba perjuicios puesto que «un mantenimiento puede quedar mal o porque se sobrepaga, que fue lo que se pudo evidenciar, sobrepaga a un proveedor por una obra pues que no se justifica que sea de esa manera, porque es nuestra responsabilidad, como lo decía hace un rato, administrar los recursos de la compañía, los presupuestos». Después la colegiatura se refirió a la declaración de Jhon Jairo Díaz Infante, compañero de trabajo del demandante, quien había señalado que la validación técnica siempre la realizaba el área de compras y que ese criterio consistía básicamente en revisar a los proveedores, mirar su capacidad de pago y de gestionar la actividad a contratar, así como seleccionar el proveedor más idóneo. Y que a ninguno de los jefes de mantenimiento industrial le correspondía aprobar órdenes de adquisiciones y que el área de compras era la que realizaba las autorizaciones para conformar la base de datos de los contratistas y determinaba con cuál de ellos se realizaba el negocio. Respecto al testigo Gibert Rodrigo Sanabria Moreno quien trabajaba en el Departamento de Control Interno, refirió el Ad quem que expuso que el actor fue desvinculado por algunas inconsistencias en el cumplimiento de la política de compras, toda vez que, en un informe de auditoría se

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 93932

pudieron evidenciar varias inconsistencias, a manera de ejemplo, que cuando una compra es superior a $4.5 millones se necesitaban dos proveedores o dos cotizaciones; que existían sobrecostos e incomparabilidad de las cotizaciones emitidas por una compañía en los ítems cotizados con otra, y que además, no era la oferta más ganadora. Dijo que tenía conocimiento de esas circunstancias por el citado informe que evidenció que siempre se cotizaba con los mismos proveedores, lo que generaba perjuicios a la compañía porque se causaban sobrecostos. Consignó el Tribunal que el declarante señaló que el demandante, al igual que todo el personal que tiene un cargo como líder, debe cumplir con la política de compras de Alpina; que la labor del actor en el trámite de compras consistía en que una vez se creaba la necesidad, contactaba al equipo de compras y cuando llegaban las cotizaciones él como experto debía «hacer la evaluación técnica y comparables de todas las propuestas y ver exactamente también el tema económico, y poder determinar cuál de esos proveedores oferentes es el que mejor se ajusta a las necesidades de Alpina y seleccionarlo». Agregó que el promotor del juicio, por su cargo -jefe de mantenimiento-, debía hacer las revisiones o análisis técnicos por ser la persona experta para calificar las ofertas y los proveedores del servicio específico y tenía la responsabilidad de seleccionar al mejor, según el requerimiento específico.

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 93932 El colegiado se refirió también a los siguientes documentos: (i) Cotizaciones a nombre de ING. Harvey Rodriguez de:

Construcciones Obras Civiles,- No.1667 de 12 de mayo de 2015; de PJH Contratistas S.A.S, PJHC 0884-15 de martes 21 de abril de 2015; de PJH Contratistas S.A.S, PJHC 0875-15, de martes 7 de abril de 2015; de Servimontajes C&S LTDA., No. 0092-15 de mayo 9 de 2015, en las que se registran a manuscritos algunos de los números de las órdenes que se relacionan en la carta de despido como tramitadas por el actor, las 448948; 445944; 442740; 447113 que a decir de la accionada no se les realizó validación económica (f.os 170 a 174). (ii) Cotizaciones a nombre del accionante, Ing. Carlos Ricaurte, de V.J. Ingeniería LTDA. Servicio DE Mantenimiento Industrial, No. 1926 de fecha 27 de julio de 2015; la No. 1885 de junio 25 de 2915 mismo proveedor; de Servimontajes C&S LTDA., No. 0012-15 de junio 17 de 2015; de José Edgar Bonilla Y CIA JEB LTDA. –Montajes y Mantenimiento Industrial-, de 29 de mayo de 2015; de V.J. Ingenieria LTDA. Servicio de Mantenimiento Industrial, de 9 de junio de 2015, sin número; de José Edgar Bonilla y CIA JEB LTDA. –Montajes y Mantenimiento Industrial- , de 19 de noviembre de 2015, sin número (f.os 177, 178, 181, 182 y 184). (iii) Investigación adelantada por la pasiva, denominada «Caso

Tokio», por las denuncias contra el demandante en la línea ética (f.os 185 a 196). (iv) Descripción del cargo Jefe Mantenimiento Industrial, según el cual se señala como misión del mismo: coordinar, documentar, ejecutar y controlar las actividades de mantenimiento industrial de la sede asignada, de acuerdo con el plan de trabajo definido y con las necesidades presentadas, para garantizar el abastecimiento de los servicios industriales y el buen estado de las instalaciones físicas de equipos y maquinaria. Entre responsabilidad del cargo --funciones claves-, se relacionan: 1. Programar y coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo, estableciendo frecuencia, parámetros de medición y recursos, de acuerdo con los planes definidos con la gerencia, para asegurar el normal funcionamiento de la planta.- 2. Realizar y hacer seguimiento al presupuesto del área, de acuerdo con los lineamientos de compañía, para garantizar que los costos y gastos se adecuen a lo autorizado.- 3. Planear y programar el seguimiento a los proyectos y planes de trabajo determinados para su equipo, con el fin de garantizar la ejecución de éstos.- 4. Asegurar el inventario de repuestos e implementos, requeridos para los diferentes proyectos y planes de trabajo, que permitan cumplir con las programaciones definidas.- 5. Realizar informes

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 93932 periódicos, para la gerencia, con el fin de hacer seguimiento detallados de la gestión del área.- 6. Identificar y analizar riesgos y definir puntos de control, de acuerdo con los planes definidos por la compañía, para garantizar una operación segura.- 7.

Contribuir mediante su gestión al logro de la política de calidad y mejoramiento continuo del proceso con el fin de dar cumplimiento a las normas establecidas en la corporación.- 8. Definición y elaboración de términos de referencia para la licitación y elaboración de pliegos de servicios para las sedes y/o plantas de la compañía.- 9. Administración, seguimiento y control de los servicios prestados por terceros relacionados con mantenimiento industrial (f.os 197 a 199). (v) Acta de compromiso, de fecha 13 de agosto de 2015, mediante la cual el Director de Manufactura, Gerente de Mantenimiento y Director de Talento, se reunieron con el demandante -Jefe de mantenimiento de la planta de Sopó-, con el propósito de retroalimentar a Carlos Julio sobre algunas oportunidades que se han identificado recientemente en el ejercicio de su rol, en especial las siguientes: -Presunto conflicto de interés alrededor de los procesos de contratación de prestación de servicio con la Compañía Servideltra quien es de su hermano el señor Javier Ricaurte Vianchá.- Sobrecostos de contratación de mantenimiento de Pozos profundos de extracción de aguas en la planta de Sopó, los cuales se