CSJ - SL1300-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL1300-2023 Radicación n.° 92042 Acta 15 Bogotá, D. C., quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LUIS ALBERTO CÓRDOBA, contra la sentencia proferida por la Sala Civil – Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinte (2020), en el proceso que le instauró al CONSORCIO RÍO LORO 2010, integrado por INGENIERÍA JOULES MEC LTDA., CONSTRUCCIONES DIM SAS, ASESORÍAS VENTAS Y SERVICIOS SAS, así como a EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA, en calidad de solidariamente responsable, trámite al que se vinculó como llamada en garantía a MAPFRE SEGUROS

GENERALES DE COLOMBIA S. A.

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Radicación n.° 92042

I. ANTECEDENTES Luis Alberto Córdoba demandó al Consorcio Río Loro 2010, integrado por Ingeniería Joules MEC Ltda., Construcciones DIM SAS. y Asesorías Ventas y Servicios SAS, así como a Emerald Energy PLC Sucursal Colombia, en calidad de solidariamente responsable, para que se declarara que suscribió con el primero un contrato de trabajo de duración de obra o labor determinada, que finalizó por causa imputable al empleador, mientras gozaba de la garantía del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por lo que la extinción de

la atadura carece de efectos jurídicos. Pidió que, en consecuencia, se ordenara el pago de los salarios, las prestaciones sociales y los aportes a seguridad social integral desde el 5 de marzo de 2012 «en adelante» y la sanción moratoria del artículo 65 del CST. Así mismo, reclamó que se declarara que sufrió un accidente de trabajo el 13 de octubre de 2011, por culpa imputable al dador del empleo y, en consecuencia, se ordene el resarcimiento de los perjuicios por la pérdida de capacidad laboral, junto con lo que se probare y las costas. Narró que suscribió contrato de trabajo de obra o labor determinada con el Consorcio Río Loro 2010, para desempeñar el cargo de ayudante técnico, a partir del 15 de septiembre del 2011; que tuvo una asignación diaria de $55.000.oo; que a través de Comunicado del 17 de agosto de 2012, su empleador finalizó su vínculo a partir del 5 de marzo

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Radicación n.° 92042 de 2012, bajo el argumento de que no allegó incapacidades adicionales desde esa calenda y la obra contratada había sido liquidada en diciembre de 2011. Contó que el 13 de octubre del 2011, a las 5:00 p.m., sufrió accidente de tránsito cuando «salía del Pozo 1 Gigante, en carretera que conduce al corregimiento de Zuluaga zona rural del Municipio de Garzón Huila»; que ese hecho se produjo cerca del lugar de alojamiento y dentro de la zona de trabajo, mientras se encontraba escoltando en su vehículo

propio (moto), un carro grúa del Consorcio que trasladaba tubos para la actividad petrolera; que esa labor había sido ordenada por sus superiores. Expuso que en vigencia del contrato no tuvo restricción para tener su vehículo en el lugar de prestación de servicio; que los trabajadores alojados en la finca ubicada en la zona rural de Garzón, debían movilizarse por sus propios medios desde aquel sitio y hasta donde ejecutaban sus funciones, pues el servicio de la empresa no era suficiente; que estuvo incapacitado para laborar desde octubre del 2011 hasta el 5 de marzo del 2012; que mediante Oficio del 21 de marzo de ese año, le comunicó a su empleador la orden de medicina laboral de realizar una «valoración médica ocupacional post incapacidad para definir su estado de aptitud laboral»; que éste no cumplió con ese requerimiento. Aseveró que se le diagnosticó «fractura metáfisis proximal de la tibia izquierda más platillos tibiales schatzker I impactada»; que continúa con tratamiento médico; que se le

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Radicación n.° 92042 pagó la liquidación el 17 de agosto de 2012, pero calculada hasta el 5 de marzo de esa anualidad; que la empresa para la que laboraba conocía su situación de salud al momento del despido, respecto del cual no medió autorización del Ministerio del Trabajo; que no se le realizó el examen médico de retiro; que fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, con un 44.07 % de PCL de origen común, bajo el argumento de que el siniestro que sufrió, ocurrió por fuera del horario y sitio de trabajo, sin que

hubiese devenido de órdenes del empleador y porque no existía nexo de causalidad entre el evento reportado y la actividad contratada. Manifestó que reclamó ante Emerald Energy PLC Sucursal Colombia, el reconocimiento de sus derechos laborales, pero esta no los concedió; que fue retirado del sistema de seguridad social el 24 de agosto de 2012 (f.° 158 a 189, archivo: «2014-00423-01-ORD LAB (LUIS CÓRDOBA VS CONSORCIO RÍO LORO) EXP 01», cuaderno de primera instancia, expediente digital). Ingeniería Joules Mec Ltda., Construcciones Dim SAS. y Asesorías Ventas y Servicios SAS, en escrito conjunto se opusieron a las pretensiones. Aceptaron la relación laboral con el demandante, la ocurrencia del accidente de tránsito; las incapacidades médicas que reportó; la ausencia de examen de retiro y el pago de su liquidación.

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Negaron: i) que hubiese existido despido injusto, pues el vínculo contractual finalizó por expiración de la obra contratada, que ocurrió el 13 de enero de 2012, manteniéndose vigente hasta el 5 de marzo de 2012, en razón a las incapacidades del trabajador; ii) que desconocían su estado de salud al momento del retiro, puesto que no contaban con la historia clínica, ni se les reportaron licencias médicas adicionales; iii) que el accidente de tránsito fuera laboral y como consecuencia de órdenes impartidas por la empleadora, pues el servidor no estaba adelantando acciones

de escolta ni se le había dado la directriz de trasportarse en medios diferentes a los suministrados por el consorcio, los cuales contaban con seguro. Expresaron que los demás hechos no les constaban. Formularon como excepciones de mérito las de: falta de legitimación en la causa por pasiva; accidente de tránsito ajeno a la relación laboral, que «desvirtúa accidente de tránsito»; terminación del contrato por culminación de la obra o labor contratada; infundada estabilidad laboral reforzada; inexistencia de la obligación de practicar examen médico de egreso cuando el trabajador no lo solicita al empleador; inexistencia de las obligaciones y cobro de lo no debido; aparente mala fe del demandante por aprovechamiento del accidente de tránsito para beneficio propio injustificado, mediante el ejercicio indebido de acciones judiciales y la genérica (f.° 228 a 248, ibidem). Emerald Energy PLC Sucursal Colombia, se resistió al

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Radicación n.° 92042 reclamo de solidaridad, argumentando que las demás no le competían; que ningún hecho le constaba, por serle ajenos, dado que no tuvo relación contractual con el accionante; que no procedía la solidaridad, porque la labor del pretenso trabajador era ajena a su objeto social. Planteó como excepciones perentorias las de cobro de lo no debido por inexistencia de solidaridad; cobro de lo no debido por ausencia de causa; buena fe y prescripción (f.° 277 a 303, archivo: «2014-00423-01-ORD LAB (LUIS

CÓRDOBA VS CONSORCIO RÍO LORO) EXP 02»).

A través de escrito de folios 47 a 51, ibidem, llamó en garantía a Mapfre Seguros Generales de Colombia S. A., quien pidió que se limitara su responsabilidad a la real y probada configuración del riesgo asegurado y en los límites de la póliza suscrita, por lo que planteó las excepciones de: inexistencia de la obligación de reembolsar o indemnizar por no existir siniestro: ausencia de responsabilidad del asegurado, ausencia de la solidaridad; límite del valor asegurado; reducción de suma asegurada por pago de la indemnización (f.° 329 a 344, ib). Así mismo, en escrito de folios 367 a 431, ibidem, se opuso a los reclamos principales a cargo de su llamante y, en cuanto a los hechos, dijo que no le constaban. Sin embargo, precisó que, conforme a la prueba aportada, el contrato de trabajo del reclamante finalizó por la expiración de la obra contratada; no existía reporte de

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Radicación n.° 92042 accidente de trabajo y aquel estaba enterado de su obligación de transportarse en vehículos de la empresa. Presentó como excepciones de fondo las de: ausencia de solidaridad entre el Consorcio Río Loro 2010 y la Compañía Emerald Energy PLC Sucursal Colombia por ser las labores contratadas ajenas al objeto social de la contratante; la actividad realizada por el señor Luis Alberto Córdoba es totalmente ajena a la compañía Emerald Energy PLC

Sucursal Colombia; buena fe; cobro de lo no debido; innominada o genérica (f.° 367 a 431, ib).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, el 10 de diciembre de 2015, decidió: PRIMERO: DECLÁRESE que entre el señor LUIS ALBERTO CÓRDOBA, como trabajador, y el Consorcio Río Loro 2010, integrado por las sociedades INGENIERÍA JOULES MEC LTDA. CONSTRUCCIONES DIM S.A.S. Y ASESORÍAS VENTAS Y SERVICIOS S.A.S., como empleador, se verificó un contrato de trabajo por la duración de una obra o labor contratada, que se ejecutó entre el 15 de septiembre de 2011 al 17 de agosto de 2012, el que finalizó por justa causa.

SEGUNDO: DECLÁRESE que el señor LUIS ALBERTO CÓRDOBA no logró demostrar que el accidente que padeció el 13 de octubre de 2011, tuviese la calidad de accidente de trabajo en los términos de ley.

TERCERO: DECLÁRESE probadas las excepciones propuestas por las sociedades integrantes del CONSORCIO RÍO LORO,

denominadas: ACCIDENTE DE TRÁNSITO AJENO A RELACIÓN

LABORAL, DESVIRTÚA ACCIDENTE DE TRABAJO;

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR

CULMINACIÓN DE LA OBRA O LABOR CONTRATADA;

INFUNDADA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA;

INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE PRACTICAR EXÁMEN

MÉDICO DE EGRESO, CUANDO EL TRABAJADOR NO LO

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Radicación n.° 92042

SOLICITA AL EMPLEADOR E INEXISTENCIA DE LAS

OBLIGACIONES Y COBRO DE LO NO DEBIDO; APARENTE

MALA FE DEL DEMANDANTE, POR APROVECHAMIENTO DE

ACCIDENTE DE TRÁNSITO PARA BENEFICIO PROPIO

INJUSTIFICADO, MEDIANTE EL EJERCICIO INDEBIDO DE

ACCIONES JUDICIALES Y DESGASTE DELIBERADO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA; Y DECLARAR NO PROBADA

LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA

POR PASIVA RESPECTO DEL DEMANDADO CONSORCIO RÍO

LORO 2010.

CUARTO: DECLÁRESE probadas las excepciones propuestas por

EMERALD ENERGI PLC SUCURSAL COLOMBIA denominadas:

COBRO DE LO NO DEBIDO POR INEXISTENCIA DE LA

SOLIDARIDAD; COBRO DE LO NO DEBIDO POR AUSENCIA DE

CAUSA Y BUENA FE.

QUINTO: DECLÁRESE probadas las excepciones propuestas por

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA denominadas:

INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE REEMBOLSAR Y/O

INDEMNIZAR POR NO EXISTIR SINIESTRO; AUSENCIA DE

RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO Y AUSENCIA DE

SOLIDARIDAD.

SEXTO: En consecuencia, ABSUÉLVASE a las sociedades integrantes del CONSORCIO RÍO LORO 2010, y así mismo a EMERALD ENERGI PLC SUCURSAL COLOMBIA de todas las pretensiones propuestas en su contra por parte del señor LUIS

ALBERTO CÓRDOBA.

SÉPTIMO: ABSUÉLVASE a la llamada en garantía MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S. A. de las pretensiones de la demanda y las del llamamiento en garantía propuestas por

EMERALD ENERGI PLC SUCURSAL COLOMBIA.

OCTAVO: CONDÉNESE en costas al señor LUIS ALBERTO CÓRDOBA y a favor de las sociedades integrantes del

CONSORCIO RÍO LORO 2010 Y EMERALD ENERGI PLC

SUCURSAL COLOMBIA S. A. […] NOVENO: CONDÉNESE en costas a EMERALD ENERGI PLC SUCURSAL COLOMBIA y a favor de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S. A., […] DÉCIMO: ORDÉNESE la consulta de la sentencia, en caso de no ser apelada […] (mayúsculas del texto original) - (f.° 272 a 474, ibidem).

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil – Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 25 de septiembre de 2020, al decidir la apelación de ambas partes, confirmó la primera.

Dijo, en lo que interesa a la casación, que determinaría si el demandante gozaba de estabilidad laboral reforzada al momento de su retiro y si el accidente que sufrió el 13 de octubre de 2011 era de origen laboral y consecuencia de la culpa del empleador, consecuencia de lo cual debería resarcir los perjuicios conforme al artículo 216 del CST.

Expuso que se probó que el accionante suscribió un contrato de trabajo con las demandadas con el objeto de ejecutar actividades como ayudante técnico por el periodo que durara la obra o labor determinada; que por medio de Comunicación del 17 de agosto de 2012, estas le informaron la culminación de la actividad contratada, agregando que su última incapacidad finalizó el 5 de marzo de 2012 y que su EPS y el fondo de pensiones se encontraban adelantando los trámites para la definición del origen del siniestro y de su porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Indicó que se allegaron las siguientes pruebas en torno al estado de salud del trabajador: 1) Recomendaciones HCL SC CENTRAL ESPECIALISTAS ALMENDROS, expedida por medicina laboral, el 21 de marzo de 2012, en la cual se da cuenta que el señor LUIS ALBERTO CÓRDOBA presenta trauma sobre rodilla izquierda en accidente de tránsito por desplazamiento laboral que generó fractura de

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Radicación n.° 92042 platillos tibiales en rodilla izquierda, se recuerda que al fenecer la incapacidad su empleador debe realizar valoración médica ocupacional post incapacidad para definir su estado de aptitud laboral, y se refiere que, el paciente debe realizar actividades con ahorro de rodilla, no ascenso ni descenso de escalones, no marchas prolongadas, ni caminatas por terrenos irregulares o pendientes con flexión ni extensión repetitiva (folio 4). 2) Dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, en el que se determina que el actor presenta un porcentaje

de pérdida de capacidad laboral del 44,07 %, de origen común, con fecha de estructuración del 15 de diciembre de 2009 (folios 7 a 10). 3) Historia clínica de atención recibida en el Hospital Departamental San Vicente de Paul los días 13 y 14 de octubre de 2011, que refieren como diagnóstico definitivo «fractura de la epífisis superior de la tibia» (folios 40 a 51). 4) Historia clínica general de la Corporación IPS Huila, calendada 18 de julio de 2012, de atención del demandante por la especialidad de ortopedia, en la cual se prescriben sesiones de fisioterapia, resonancia nuclear magnética de rodilla izquierda para evaluar estado (folios 52 a 53). 5) Concepto rehabilitación integral de especialista tratante o interconsulta, de fecha 25 de julio de 2012, en la que se refiere que el pronóstico del actor es «regular, hay riesgo de que desarrolle artrosis más tempranamente que el proceso normal por la edad. Se deben continuar restricciones de cargas, caminatas por terreno irregular», y señalando como secuelas definitivas «el arco de movilidad de la rodilla va de 0 - 120, no lo puede manejar más de allí, dolor secuelar en cara medial de la rodilla por lesión del ligamento colateral medial» (folio 58). 6) Resonancia magnética de rodilla izquierda practicada al demandante el 30 de julio de 2012 en la que se determina que presenta «fractura irregular de la tibia proximal con compromiso articular de ambos compartimentos, previamente descrita, asociada a lesión meniscal y probable ruptura parcial del LCA.

Condropatia patelar» (folios 59 a 60). 7) Certificado de incapacidades expedido por la E.P.S. SALUDCOOP, en la cual se manifiesta que el actor se le otorgaron las mismas entre el período comprendido entre el 14 de octubre de 2011 al 05 de marzo de 2012 (folios 58 y 59 del cuaderno n.° 3). Aseveró que esos medios de convicción demostraban que el señor Córdoba presentó «fractura de la epífisis superior

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Radicación n.° 92042 de la tibia», como consecuencia de un accidente de tránsito, ocurrido el 13 de octubre de 2011; que, además, se escucharon las declaraciones de: i) El demandante, quien en el interrogatorio de parte afirmó que laboró en la obra de «Gigante 1 Río Loro» hasta la ocurrencia del accidente de tránsito el 13 de octubre de 2011, «cuando un supervisor de nombre William Perafán los sacó de una finca donde se encontraban hospedados, para que se desplazaran a Zuluaga»; que «descargaron su equipaje en Gigante 1 para seguir laborando, y en el momento en que solo se encontraban él y un operador de grúa» le ordenaron transportar cinco tubos, «sin dejarles a disposición un vehículo para trasladarse», con la indicación de que lo hicieran «como pudieran»; que «cuando dejaron la tubería junto con el operador de carro grúa, sobre las 5:00 p.m., y dado que no tenían transporte, se desplazaron en su motocicleta y llegando a La Vega se accidentaron»; que la

orden en comento fue dada por «el señor Perafán al operador de la grúa y éste se la emitió a él». Manifestó que su horario era de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.; que le fueron ordenadas incapacidades médicas, las cuales puso en conocimiento de su empleador, «sin recordar la fecha en que se le otorgó la última», «no obstante, aportó con su declaración incapacidad médica retroactiva desde el 24 de febrero de 2012 al 05 de marzo de 2012»; que «para ejercer sus labores se movilizaba en tractor, camionetas o a pie, pero la empresa tenía vehículos para movilizar al personal que residía lejos del lugar de

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Radicación n.° 92042 trabajo»; que muchas veces por lo liso del terreno, no ingresaban los vehículos; que «la empresa los capacitaba de la manera en que se debían desplazar desde el alojamiento hasta el lugar de trabajo». ii) Gonzalo Durán Borrero, representante Legal de Ingeniería Joules M.E.C. Ltda., afirmó haber conocido el accidente de tránsito que sufrió el trabajador en la vía Gigante 1 a la Vereda Zuluaga, a las 5:00 p.m. luego de finalizada la jornada laboral; que «William Perafán era supervisor mecánico del tendido de la línea de 5 pulgadas de la estación gigante 1 y el descargadero de río loro»; que entre sus funciones estaba la de dar órdenes respecto de los tubos que se iban a transportar.

Adujo que el empleador suministraba el transporte a los trabajadores y en ningún momento lo suspendió, pues dicho servicio estuvo a disposición permanente al finalizar cada jornada; que el señor Fernando González era conductor de un camión grúa y no estaba facultado para impartir órdenes; que el contrato de trabajo del reclamante se terminó por finalización de la obra o labor contratada (que correspondía al 50 % del trazado de la línea, lo cual ocurrió en diciembre de 2011) y porque no presentó más incapacidades. Agregó que el operario no estaba autorizado para desplazarse en el vehículo de su propiedad; que la empresa no conocía su estado de salud para el momento del finiquito, ni la radicación de las recomendaciones HCL del 21 de marzo de 2012; que, sin embargo, la persona que la recibió (Jessica

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Radicación n.° 92042 Cardona), estaba autorizada para ello, por ser la encargada de recursos humanos. iii) Carlos Borda, representante legal de Construcciones DIM SAS, arguyó que el actor fue contratado como ayudante técnico mediante contrato por obra o labor contratada, para la construcción de una línea de cinco pulgadas en Gigante, Huila, en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.; que sufrió un accidente de tránsito, en virtud del cual estuvo incapacitado hasta marzo de «2011»; que el consorcio suministraba el transporte del personal a través de camionetas y busetas; que el señor Córdoba «tenía la obligación de movilizarse en los vehículos de la empresa», pues solo el personal de la región podía desplazarse en vehículos de su propiedad; que William

Perafán era supervisor de obra y daba órdenes al actor; que los operadores de grúa no pueden darlas a los ayudantes técnicos; que para el momento de su retiro no se encontraba incapacitado; que «en el sitio de ocurrencia del accidente la empresa contratante no operaba». iv) César Augusto Posada Gamboa, representante legal de Asesorías Ventas y Servicios SAS, expuso que «la razón por la que terminó el contrato del demandante fue el fenecimiento de la obra y que para esa fecha no gozaba de incapacidad médica»; que esto ocurrió el 17 de agosto de 2012, debido a que había interpuesto unas acciones de tutela y «por eso no se desvinculó sino hasta que estas se resolvieron»; que conoció del accidente de tránsito en inmediaciones del sitio conocido como La Vega en Zuluaga, corregimiento en el cual se encontraba ubicado el

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Radicación n.° 92042 subordinado por disposición de la empresa; que ésta suministraba el transporte para que se movilizara, por lo que era obligación del personal utilizarlo; que no se solicitó permiso al Ministerio del Trabajo para la finalización del contrato de trabajo. v) Hernando Vanegas Perdomo, rindió testimonio en calidad de compañero del reclamante desde el 2011. Afirmó que se vincularon para el Consorcio Río Loro 2010, para la elaboración de una línea de 5 pulgadas entre Gigante y la estación Río Loro; que aquél era ayudante técnico «pero era aparejador de un unicornio, es decir encargado de sujetar con

laso de viento la carga de un camión o del vehículo que se transporta la misma». Expresó que vivían en una finca en la vereda Río Loro «que quedaba al frente del derecho de vía»; que el petente se accidentó en su moto con un carro, entre las 5:00 y las 6:00 p.m., «cuando salieron de laborar y había guardado el vehículo con Chucho»; que «como se iban a desplazar a Zuluaga por órdenes de la empresa, el supervisor William Perafán le dijo al actor y a todos los que vivían en el lugar que los que no pudieran irse en la camioneta se transportaran como pudieran»; que él llevó en la camioneta a cuatro personas; que el supervisor nunca le indicó que se fuera en su moto «y la empresa dispuso de un colectivo y una camioneta para transportar al personal»; que «el actor nunca se movilizó al sitio de trabajo en la motocicleta de su propiedad, pues esto lo hacían en los carros dispuestos por la empresa o a pie»; que «cuando se accidentó […] no se

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Radicación n.° 92042 encontraba escoltando ningún carro grúa, sino que se desplazaba al lugar donde debían ubicarse a dormir». vi) William Perafán Peña, aseguró que laboró al servicio de Joules MEC como supervisor mecánico en el 2011, en el municipio de Gigante, Huila, Campos de Emerald; que conoció al convocante laborando en esa obra como ayudante técnico, ejerciendo sus funciones de acuerdo con su destreza; que la dadora del empleo dispuso el lugar donde pernoctar y

alimentarse; que la movilización de los trabajadores era en vehículos de la empresa y en algunas ocasiones se les llevaba el alimento al lugar de prestación del servicio; que contaban con una buseta y camionetas doble cabina; que «no estaba permitido que los trabajadores se desplazaran en vehículos particulares»; que el traslado de la vereda Río Loro al corregimiento de Zuluaga se realizó a través de esos vehículos y «nunca dio la directriz de que se movilizara […] en medios distintos». También dijo que era imposible que esa migración se realizara en carros diferentes a la empresa, porque la finca no estaba ubicada en una vía pública o caminos transitados y siempre permanecían en el lugar tres o cuatro camionetas a disposición de los trabajadores; reconoció «que en documento obrante a folio 64 del cuaderno de pruebas, se encuentra plasmada la firma del demandante, como asistente de la socialización dada por el Consorcio Río Loro 2010 respecto de la forma como el personal de Neiva debía movilizarse por obligación en vehículos de la empresa»; que el actor nunca ejerció labores de escolta de vehículos.

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Radicación n.° 92042 vii) Jair Augusto Suescun Taborda, dijo que laboró para Emerald Energy PLC Sucursal Colombia hasta el 2013, ejerciendo labores de interventor mecánico; que era una exigencia para el Consorcio, como contratista, que suministrara el transporte al personal y solo el que correspondiera a la región estaba autorizado para hacerlo en vehículos propios; que esa obligación fue difundida entre los

trabajadores a través de socializaciones, en las que se prohibió mantener vehículos de su propiedad en el lugar de trabajo; que el traslado al lugar de alojamiento dependía del avance de la obra, pero se hacía con los medios de la empresa; que el accionante era personal foráneo. Probanzas a partir de las cuales recordó que conforme a la sentencia CC SU049-2017, la estabilidad laboral reforzada se predicaba de todo trabajador que presentara una afectación en su salud que le impidiera o dificultara sustancialmente el desempeño de sus funciones, sin que éste tuviese que sujetarse a una calificación de pérdida de capacidad laboral en grados moderado, profunda o severa; que para su procedencia era necesario que el empleador hubiese extinguido el contrato de trabajo una vez conocida la condición de discapacidad, sin que mediara autorización del Ministerio del Trabajo; además, que no haya desvirtuado la presunción de despido discriminatorio, conforme las providencias CC T317-2017 y CC T118-2019. Razonó que de acuerdo con «las documentales y el interrogatorio de parte [del demandante]», estaba probado que

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Radicación n.° 92042 éste sufrió un accidente de tránsito, por el cual se le expidieron incapacidades médicas hasta el 5 de marzo de 2012; que de acuerdo con la carta de terminación del nexo laboral, el empleador tuvo conocimiento de esa licencia y del diagnóstico, así como el trámite de valoración de la PCL por parte de la EPS o ARL; que, sin embargo, ello no era suficiente para entender que el empleado tuviese «menguada

de manera ostensible [su capacidad de empleo] o estuviese en imposibilidad de reanudar labores, pues para entonces no existía incapacidad emitida por el médico tratante». Arguyó que el trámite de calificación de PCL era «una herramienta para determinar si la persona se encontraba en condición de invalidez y la fecha de estructuración de la misma, atendiendo a la multiplicidad de patologías que le puedan aquejar y conforme al análisis integral de la historia clínica», razón por la cual podía derivar de afectaciones anteriores, presentes o por secuelas; que, por tanto, no era dable para «predicar» la condición de debilidad manifiesta. Manifestó que, conforme al Dictamen n.° 4768 del 10 de marzo de 2014, proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, al demandante no solo se le calificó la «fractura tibia proximal lesión menisco, ruptura parcial ligamento cruzado anterior», sino además un «infarto de miocardio», enfermedad coronaria que le generó un 22,4 % de PCL, que fue determinante en la estructuración de ese estado, el 15 de diciembre de 2009, data anterior al accidente de tránsito y al inicio del contrato de trabajo.

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Radicación n.° 92042 Precisó que no existía prueba de que «con posterioridad al 05 de marzo de 2012 y para el momento de fenecimiento del vínculo laboral» la empleadora conociera de alguna incapacidad del empleado o de una merma en su condición de salud que «conllevara a imposibilitarlo para el ejercicio de

sus funciones conforme a concepto de médico tratante», a fin de que surgiera la obligación de solicitar autorización del Ministerio del Trabajo, según el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, modificado por el artículo 137 del Decreto 019 de 2012, pues éste, en su interrogatorio de parte, […] afirmó categóricamente que la última incapacidad que reportó fue del 05 de marzo de 2012, aportando el documento correspondiente, sin dar mayores detalles respecto de la continuidad del tratamiento por parte del médico tratante, o de atenciones médicas para el momento de su desvinculación, indicando además en el recurso de alzada, que esta circunstancia debía deducirse de las acciones de tutela que presentó en contra de sus ex empleadores. Agregó que ninguno de los testigos dio cuenta de tales hechos, pues se limitaron a declarar sobre el siniestro; que «ni siquiera el mismo […] en interrogatorio de parte indicó que para el momento del fenecimiento del vínculo laboral se encontrara bajo tratamiento médico, se limitó a indicar, que desde el momento mismo del suceso de tránsito dejó de laborar». Adujo que, en todo caso, «las empresas demandadas» que integraron el consorcio, afirmaron «que el despido del accionante obedeció a la finalización del contrato civil que celebró con EMERALD ENERGI PLC SUCURSAL COLOMBIA desde el 25 de diciembre de 2011» y a la ausencia de incapacidades médicas posteriores al 5 de marzo de 2012, lo

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Radicación n.° 92042 cual «se acompasa[ba] con las pruebas practicadas en el

plenario», evidenciando que la extinción del vínculo […] obedeció a circunstancias disímiles a su condición de salud, toda vez que se mantuvo vigente su contrato hasta el mes de agosto de 2012, es decir, cinco (5) meses después de expedida la última e incapacidad, por lo que no hay lugar a predicar el desconocimiento de la estabilidad laboral reforzada del demandante, ni mucho menos imputar la obligación de solicitar autorización al Ministerio del Trabajo […] a la luz de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, modificado por el artículo 137 del Decreto 019 de 2012, pues no se cumplieron los presupuestos jurisprudenciales y legales para ello, ante la verificación de la ausencia de conocimiento de la mengua de la condición de salud del trabajador por parte de su empleador con posterioridad al 05 de marzo de 2012. Indicó que, en todo caso, se encontraba desvirtuada la presunción de discriminación «que supone que su despido obedeció a las condiciones físicas o mentales que padece, atendiendo al conocimiento previo que tenía el empleador respecto de las condiciones de salud del trabajador, tal y como lo ha enseñado la Corte Constitucional en sentencia T-692 de 2015»; q