CSJ - SL1302-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL1302-2023 Radicación n.° 89606 Acta 15 Bogotá, D. C., quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por ECOPETROL S. A. y MIGUEL DANILO MOLINA BOHÓRQUEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019), en el proceso que la primera le instauró al segundo y a MERY

ROCÍO PÉREZ DÍAZ, MARÍA ELIZABETH PRIETO

SANJUÁN, DONALDO SOTO PALOMINO y JOSÉ MARÍA

VANEGAS.

I. ANTECEDENTES Ecopetrol S. A. llamó a juicio a Miguel Danilo Molina

Bohórquez, Mery Rocío Pérez Díaz, María Elizabeth Prieto Sanjuán, Donaldo Soto Palomino y José María Vanegas, para

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Radicación n.° 89606 que se les condenara a devolver las sumas que recibieron por orden de tutela del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, el 22 de octubre de 2010, modificada por decisión del 17 de enero de 2011 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad y posteriormente revocada por la sentencia CC T607-2011. Solicitó, igualmente, la indexación, el pago de intereses legales desde el 12 de agosto de 2011 hasta que se devuelva el dinero, así como las costas.

Narró que los demandados instauraron acción de amparo en su contra por asumir que recibieron un trato diferencial injustificado y subjetivo en materia salarial; que aquellos pretendieron que se declarara ineficaz la cláusula que ordenó la no incidencia remuneratoria de los pagos recibidos con base en la figura de estímulo al ahorro y, en consecuencia, se ordenara la reliquidación de todas las prestaciones legales y extralegales, incluyendo las pensiones de vejez. Memoró que en sentencia del 17 de enero de 2011, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, revocó el ordinal segundo del fallo de tutela de primera instancia, declaró ineficaz la cláusula en mención y ordenó a la empresa que, en el término perentorio de 48 horas: i) reconociera y pagara los valores por estímulo al ahorro en un 100 %; ii) reliquidara las prestaciones sociales legales y extralegales, así como el ingreso base de liquidación de las pensiones de jubilación y, iii) cancelara retroactivamente lo dejado de entregar.

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Radicación n.° 89606 Precisó que, en cumplimiento de esa orden judicial, pagó los siguientes valores:

1. MIGUEL DANILO MENDOZA BOHÓRQUEZ: $135’670.418,oo.

2. MERY ROCÍO PÉREZ DÍAZ: $75’433.289,oo

3. JOSÉ MARÍA VANEGAS: $113’460.068,oo

4. MARÍA ELIZABETH PRIETO SANJUÁN: $127’800.442,oo

5. DONALDO SOTO PALOMINO: $75’337.607,oo Relató que la Corte Constitucional, en sede de revisión, revocó la determinación anterior mediante sentencia CC T607-2011, en la que además ordenó devolver los recursos que se hubieren cancelado con ocasión de las decisiones de los jueces de instancia; que dicha providencia se notificó al juzgado a través de Oficio n.° STA-098/2012 del 2 de febrero de ese año; que a la fecha de radicación de la demanda ordinaria, los accionados no habían reembolsado los dineros a pesar de que los motivos que originaron su pago desaparecieron en virtud del pronunciamiento del alto tribunal, por lo que ha surgido un enriquecimiento sin causa

(f. ° 53 a 621, 289 a 2952 y 298 a 3013, cuaderno principal). Mery Rocío Pérez Díaz se opuso a las pretensiones de la demanda y su reforma4. Aceptó los hechos atinentes al trámite constitucional y que no ha reintegrado suma alguna a Ecopetrol S. A. Negó que hubiera recibido el monto alegado por la demandante. Propuso las excepciones de mérito de: «Ecopetrol pagó […] lo que en su momento le debía en razón de 1 Demanda. 2 Reforma a la demanda. 3 Subsanación de la reforma. 4 Mediante Auto del 16 de febrero de 2018, se tuvo por contestada la reforma a la demanda únicamente por la mencionada demandada.

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Radicación n.° 89606 una sentencia judicial que estaba en firme. No hay por tanto un

“hecho jurídico” en el que haya estado fundamentado el pago, sino una obligación clara, expresa y exigible, derivada de sentencia judicial», buena fe exenta de culpa, pleito pendiente, «inexistencia del pago por el monto aludido en la demanda que asciende a la suma de setenta y cinco millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos ochenta y nueve pesos ($75’433.289), así como la inexistencia del pago por el monto señalado en la certificación expedida por el “Líder del Grupo Gestión Maestra de Datos de Personal de la Unidad de Servicios Compartidos de Personal de Ecopetrol” (documento allegado como prueba), la cual señala la suma de ciento veintiséis millones novecientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco pesos ($126.979.345.), por parte de Ecopetrol […], esto en razón a que al patrimonio de mi clienta no entr[ó] ninguna de las sumas de dinero que la demandante expresa, no existe prueba alguna en el expediente que acredite que mi cliente recibió directamente de Ecopetrol S. A., la suma aludida en la demanda o en la mencionada certificación. El dinero efectivamente recibido […] como consecuencia de la sentencia de tutela del Tribunal Superior de Cúcuta que amparó sus derechos fue por cincuenta y dos millones quinientos un mil quinientos setenta pesos ($52.501.570.00), los cuales fueron pagados por medio de su anterior apoderado, quien a su vez giró la suma anotada a la cuenta de mi clienta, esto de acuerdo al extracto de cuenta FAI de CAVIPETROL y certificación de la transferencia a la cuenta de ahorros de mi cliente por parte del señor José Trinidad Minorta

Quintero […], documentos expedidos por la misma CAVIPETROL que se adjuntan, donde consta la suma de dinero que entró a la cuenta de mi defendida para la época de los hechos que se discuten en el presente proceso. Así que Ecopetrol S. A. debe demostrar lo que efectivamente entregó a mi patrocinada y no expedir certificaciones apócrifas tratando de establecer hechos que no son ciertos, esto en razón a que los documentos que aporto con la presente contestación desvirtúan lo afirmado por la entidad demandante, estos documentos no los produce o crea mi patrocinada, no los inventamos» y prescripción (f.° 89 a 104 y 303 a 304, ibidem). Miguel Danilo Molina Bohórquez y María Elizabeth Prieto Sanjuán también se resistieron a las súplicas del primer escrito. Admitieron los supuestos relacionados con la acción de tutela, así como que no han devuelto a la accionante los dineros recibidos. El primero, propuso las excepciones que clasificó como

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Radicación n.° 89606 previas y denominó como: falta de jurisdicción y competencia, haberse dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde, pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto, prescripción de la acción y «exceptio plus petitum»; mientras que la segunda blandió las de fondo de: prescripción, pleito pendiente, falta de legitimación en la causa por activa, cobro de lo no debido, inepta demanda e innominada (f.° 167 a 173 y 209 a 217, ib, respectivamente). Donaldo Soto Palomino y José María Vanegas, actuando

cada uno a través de curador para el litigio, manifestaron que no se oponían a las rogativas del introductorio y que no les constaba ningún hecho. El primero no esgrimió ningún medio de defensa, mientras el segundo planteó los perentorios de «falta de competencia en la parte activa» y «falta de competencia en la parte pasiva» (f. ° 242 a 243 y 284 a 286, ib, en su orden).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, el 21 de noviembre de 2018, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que la demandada y el demandado MERY ROCÍO PÉREZ DÍAZ […] y MIGUEL DANILO MOLINA BOHÓRQUEZ […], adeudan a la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS “ECOPETROL S. A.” la primera de las mencionadas […] la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS ($52.501.570.oo) M/CTE y el demandado MOLINA BOHÓRQUEZ, el monto de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($135.670.418.oo) M/CTE, por concepto

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Radicación n.° 89606 de las cantidades que en tales montos les fueron pagadas por la demandante, en virtud de los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Cuarto (4) Laboral del Circuito de Cúcuta, de 22 de

octubre de 2010 y el fallo de Segunda Instancia, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, el 17 de enero de 2011, los cuales fueron revocados por la Corte Constitucional en Sentencia T067 del 12 de agosto de 2011.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración del numeral primero que antecede, se condena a los demandados MERY ROCÍO PÉREZ DÍAZ y MIGUEL DANILO MOLINA BOHÓRQUEZ a pagar respectivamente en favor de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS “ECOPETROL S. A.”, los montos de

CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL

QUINIENTOS SETENTA PESOS ($52.501.570.oo) M/CTE y

CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($135.670.418.oo) M/CTE, de manera indexada al momento de su pago, conforme los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, teniendo en cuenta como índice inicial de precios al consumidor, el que corresponde a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia y como índice final el del pago efectivo que se realice de las condenas mencionadas.

TERCERO: ABSOLVER a los demandados DONALDO SOTO PALOMINO y JOSÉ MARÍA VANEGAS, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ABSOLVER a la parte demandada, de las demás pretensiones que no fueron acogidas en la forma solicitada por

ECOPETROL en la presente demanda.

QUINTO: DECLARAR PROBADA la excepción de INEXISTENCIA DE PAGO por el monto aludido en la demanda, propuesta por MERY ROCÍO PÉREZ DÍAZ y DECLARAR NO PROBADAS las demás excepciones por esta demandada y por el demandado MIGUEL DANILO MOLINA BOHÓRQUEZ. Por el resultado de la Litis se abstiene el Despacho de pronunciarse frente a los demás medios exceptivos. Así mismo, téngase en cuenta que no hay lugar a pronunciamiento sobre excepciones de mérito, respecto de los demandados DONALDO SOTO PALOMINO y JOSÉ MARÍA VANEGAS, toda vez que los curadores Ad-litem que los representan no propusieron excepciones de mérito.

SEXTO: Se CONDENA en COSTAS de la instancia a los demandados MERY ROCÍO PÉREZ DÍAZ y MIGUEL DANILO MOLINA BOHÓRQUEZ y en favor de la demandante. […] CONDÉNASE a ECOPETROL a las COSTAS del proceso y en favor de los demandados DONALDO SOTO PALOMINO y JOSÉ MARÍA VANEGAS, no hay lugar a imposición de valores por

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Radicación n.° 89606 Agencias en Derecho (acta de f. ° 494 a 496, en relación con el CD de f. ° 493, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de julio de 2019, al desatar los recursos de apelación de Ecopetrol S. A., Miguel Danilo

Molina Bohórquez y Mery Rocío Pérez Díaz, confirmó la decisión inicial y no impuso costas. Dijo que, con base en el artículo 66 A del CPTSS, determinaría si los accionados debían reintegrar a Ecopetrol

S. A. los dineros que les fueron reconocidos con ocasión al fallo de tutela proferido el 17 de enero de 2011 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, posteriormente revocado por la Corte Constitucional en providencia CC T607-2011 y, de ser así, si procedía la indexación sobre los valores adeudados y si la prescripción había afectado alguno de los créditos.

Tuvo por indiscutido que: i) El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, el 22 de octubre de 2010, tuteló los derechos fundamentales de los demandados y ordenó a Ecopetrol S. A. que, en el término de 48 horas, expidiera el acto administrativo resolviendo la petición de los tutelantes, corrigiendo la cláusula ineficaz que pretendió llevarlos a renunciar al derecho al incentivo del ahorro como incidencia salarial, aplicándolo al 100 % de los dineros que venía pagando bajo dicha figura.

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Radicación n.° 89606 ii) Esa misma corporación, al resolver la impugnación de la empresa, revocó el numeral segundo del fallo inicial, declarando la ineficacia de la cláusula mencionada, ordenando que, en el término de 48 horas, reconociera y pagara en un 100 % los valores causados por estas

acreencias y reajustara las prestaciones sociales y las mesadas pensionales respectivas de cada uno de los amparados (f.° 26 a 39 del expediente). iii) La Corte Constitucional en sentencia CC T607-2011 revocó íntegramente la del Tribunal; declaró improcedente la acción de tutela y ordenó a los allí demandantes devolver los recursos que se hubiesen cancelado en cumplimiento de las decisiones de los jueces de instancia, en la eventualidad que dichos pagos se hubieran realizado por Ecopetrol S. A., debido a que no eran sujetos de especial protección y quebrantaron el principio de la subsidiariedad (f. ° 40 a 47, ibidem). Argumentó que la promotora de la acción aportó certificaciones con firma del líder del grupo de gestión de personal, con la finalidad de demostrar lo que pagó a cada uno de los enjuiciados; que quienes estuvieron representados por curador para el litigio se atuvieron a lo que resultara demostrado; que Miguel Danilo Molina Bohórquez aceptó en la contestación que recibió $135.670.418 (f.° 48 a 52, ib), mientras que Mery Rocío Pérez Díaz precisó que le empresa le entregó $52.501.570, lo que demostró con el extracto de la cuenta bancaria y la certificación de transferencia a f.° 88, ibidem.

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Radicación n.° 89606 Recalcó que Ecopetrol S. A. tenía libertad probatoria para acreditar las erogaciones que realizó (artículo 165 del CGP), empero optó por aportar certificaciones sin constancia

de recibido por los demandados, documentos que solo favorecían a la demandante que no eran admisibles, por cuanto a ninguna de las partes les está permitido fabricar su propia prueba; que, en tal virtud, tendría como confesado por parte de los señores Molina Bohórquez y Pérez Díaz los valores percibidos (artículos 192 y 193 del CGP). Apuntó que el artículo1524 del Código Civil establece que no puede haber obligación sin causa real y lícita, entendiéndose por esta el motivo que induce al acto o contrato respectivo; que la sentencia CC T604-2011 ordenó: Revocar íntegramente la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta el 17 de enero de 2011 y en su lugar denegar por improcedente la acción de tutela interpuesta. Asimismo, ordenar a los señores Mery Rocío Pérez Díaz, Miguel Galindo (sic) Molina, José María Vanegas y Donaldo Soto Palomino devolver los recursos que se hayan cancelado en cumplimiento de las decisiones de los jueces de instancia en la eventualidad en que dichos pagos se hayan realizado por parte de Ecopetrol. S. A. Coligió que la decisión adoptada por esa colegiatura, como juez difuso de tutela, no surtió ningún efecto, por lo que, aunque las sumas pagadas por la demandante en principio tuvieron una causa, a saber, el fallo de amparo de segunda instancia, lo cierto es que ante su revocatoria por parte de la Corte Constitucional, tras declarar la acción como improcedente, desapareció el motivo que generó la entrega del dinero, por lo que no tenía incidencia alguna que los

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Radicación n.° 89606 accionadas lo recibieran de buena fe, dado que el carácter salarial del estímulo al ahorro debía ser debatido dentro de un proceso ordinario. Explicó que, según jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte, la acción de enriquecimiento sin causa es un medio extraordinario y excepcional, inspirado en el principio de equidad, a través del cual se pretende evitar la consolidación de un desequilibrio patrimonial que carece de justificación o fundamento legal; que para que se configure dicha figura, se requiere que: i) ocurra enriquecimiento o aumento de un patrimonio; ii) tenga lugar el empobrecimiento correlativo de otro; iii) dicha situación carezca de un fundamento jurídico válido y, iv) no sea provocada por el mismo empobrecido. Subrayó que los supuestos antedichos se configuraron en el caso en estudio, pues existió un incremento patrimonial de los dos accionados frente a los cuales se estableció que sí hubo pago por parte de la empresa, que a su vez vio disminuido el suyo, sin que hubiera provocado tal situación, porque siempre se defendió en sede constitucional alegando que la acción de amparo era improcedente, como lo concluyó la Corte Constitucional a través de la sentencia que dejó sin causa o fundamento jurídico el desembolso realizado por aquélla Aseveró que la devolución debía incluir la indexación, para lo cual el IPC inicial sería el de la fecha de ejecutoria de la sentencia constitucional y, el final, el que corresponda a la

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Radicación n.° 89606 fecha del cumplimiento de la obligación. Razonó que la prescripción de las acciones laborales se da pasados tres años después de que la obligación se ha hecho exigible (artículos 488 del CST y 151 del CPTSS); que las pretensiones tuvieron fundamento en la decisión emitida por la Corte Constitucional CC T607-2011 que revocó la proferida por el mismo Tribunal; que […] así las cosas e[ra] pertinente traer a colación lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, que en su artículo 36 prevé los efectos de la revisión: “Las sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efecto en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por esta”. Al tenor de la disposición normativa en cita, inicialmente la exigibilidad del derecho sería a partir de la notificación de la sentencia T607 de 2011, sin embargo, ante la ausencia de la constancia de la fecha de notificación de dicho proveído en comento, resulta razonable tener en cuenta la calenda en que se profirió la sentencia de tutela, esto es, el 17 de enero de 2011, sin que hubiera transcurrido más de 3 años entre esta actuación y la radicación de la demanda que lo fue el 29 de abril de 2011, por lo que se concluye que el medio exceptivo no afectó la prestación incoada por la parte actora (acta f. ° 501, en concordancia con el CD de f. ° anterior sin foliatura, ibidem).

IV. RECURSO DE CASACIÓN (ECOPETROL S. A.) Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la segunda sentencia en cuanto confirmó la absolución del señor José María Vanegas, para

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Radicación n.° 89606 que, en sede de instancia, se revoque el ordinal tercero de la decisión de primer grado y, en su lugar, se condene a aquél a pagar $113.460.068 con la correspondiente indexación y las costas de ambas instancias (f.° 10 y 11, archivo «Recursos Extraordinarios_Casacion_Memorial De Partes E intervinientes_2022064103415», cuaderno digital de la Corte). Con tal propósito, formula tres cargos, por la causal primera de casación, que no fueron replicados, los cuales se pasan a estudiar así: conjuntamente los dos iniciales, en consideración a su afinidad temática y finalmente el tercero.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal de ser violatoria de la ley sustancial nacional, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 165 y 191 del CGP, en concordancia con el 51, 60, 61 y 145 del CPTSS; 176, 192, 243, 244, 250, 260 y 262 del CGP; 7º de la Ley 1118 de 2006, lo que dio lugar a la aplicación indebida del 1524 del CC; 8º y 48 de la Ley 153 de 1887, «con referencia a estas dos últimas

normas la jurisprudencia desarrolló la figura del enriquecimiento sin causa». Aclara que la senda elegida es la jurídica, en la medida que la propia Corte ha establecido que la «infracción de las normas referidas a la validez, producción, aducción o decreto de las pruebas del proceso, implican debates jurídicos que no tienen que ver estrictamente con la valoración de la prueba».

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Radicación n.° 89606 Reprocha que el juzgador plural confirmara la absolución del señor Vanegas al no darle relevancia probatoria al documento aportado por la empresa para acreditar el valor pagado como consecuencia del fallo de tutela, revocado posteriormente en sede de revisión; que si bien el colegiado adujo que las partes no pueden fabricar sus pruebas, también lo es que pasó por alto que la certificación estaba suscrita por un trabajador de Ecopetrol S. A., quien es un tercero en el proceso; que tal documento demuestra que acudió a quien manejaba la información y, aunque pudo solicitar el testimonio de esa persona, optó por aportar el documento. Tiene por demostrada la violación medio de las normas procesales, incluidos los preceptos 60 del CPTSS y 176 del CGP, pues, además, la probanza debió analizarse por el fallador plural en conjunto con la confesión que tuvo en cuenta para dar por acreditados los pagos a Miguel Danilo Molina Bohórquez y Mery Rocío Pérez Díaz, ya que si estos, en sus respectivas respuestas a la demanda, aceptaron haber recibido los dineros en cuestión, […] en sana lógica, ello era indicativo que a José María Vanegas,

también, se le hizo, tal como lo hacía constar la certificación “del Líder del Grupo de Gestión Maestra de los de Datos Personal de Ecopetrol S. A.”. De esta circunstancia, valga resaltar, lo paradójico de admitirse la argumentación del Tribunal para no darle valor a esa prueba, como es que los demandados que no atendieron la citación para ser notificados personalmente del auto admisorio de la demanda y fueron representados en el proceso por un curador ad litem, resulten favorecidos de la posición que este auxiliar de la justicia, como es usual, adopte al responder una demanda: no me consta, ya que, es indudable, que si los demandados José María Vanegas y Donaldo Soto

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Radicación n.° 89606 Palomino se hubiesen apersonado del proceso, para no faltar a la verdad, imperativamente, tenían que haber admitido el pago que les hizo Ecopetrol en virtud de la sentencia de tutela, como lo hicieron los demandados Miguel Danilo Molina Bohórquez y Mery Rocío Pérez Díaz al contestar la demanda con que se inició este proceso (f.° 11 a 16, ib).

VII. CARGO SEGUNDO Enrostra a la decisión de segundo grado la trasgresión de la ley sustancial nacional, por la senda jurídica, en el sub motivo de interpretación errónea del artículo 165 y 191 del CGP, en concordancia con el 51, 60, 61 y 145 del CPTSS; 176, 192, 243, 244, 250, 260 y 262 del CGP; 7º de la Ley

1118 de 2006; lo que dio lugar a la aplicación indebida del 1524 del CC y 8º y 48 de la Ley 153 de 1887, «con referencia a estas dos últimas normas la jurisprudencia desarrolló la figura del enriquecimiento sin causa». Afirma que la sustentación del ataque es idéntica a la del primero, excepto por el concepto de violación predicado con relación a las normas procesales, a las cuales el juez de la apelación les dio un alcance equivocado que lo llevó a negarle valor demostrativo al documento aportado por ella para acreditar el pago que hizo al señor José María Vanegas, cuya restitución pretendió en el trámite ordinario (f.° 16 a 21, ib).

VIII. CONSIDERACIONES Al abordar conjuntamente los ataques (CSJ SL17292022, CSJ SL755-2022) y estudiándolos en relación con la

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Radicación n.° 89606 afrenta que devela su esquema argumentativo, no de la que se refiere textualmente en la proposición jurídica (CSJ SL2054-2022, CSJ SL781-2022, CSJ SL950-2022), la Sala extrae un conflicto de legalidad bien definido que atañe con la violación medio de los artículos 165, 176, 191, 192, 243, 244, 250, 260 y 262 del CGP, en concordancia con los preceptos 51, 60, 61 y 145 del CPTSS, que llevó al Tribunal a la aplicación indebida del artículo 1524 del CC (ambos cargos).

Ahora bien, aunque asiste razón a la recurrente en cuanto a que las discusiones en torno a la aducción, producción o validez de la prueba, deben plantearse por la senda jurídica5, lo cierto es que la sustentación de la impugnación no devela una controversia en torno a la forma en que se aportaron o elaboraron los medios de convicción, ni mucho menos sobre los presupuestos de validez jurídica de estos, los cuales, según se ha dicho por la Corte, está «condicionada a las formas y tiempos previstos en la legislación procesal» (CSJ SL13243-2015), es decir, a que sean allegadas en tiempo (artículo 60 del CPTSS), además de manera regular (artículo 164 del CGP). En realidad, entonces, el distanciamiento de la acudiente en casación tiene que ver con que el Tribunal concluyera que la certificación suscrita por el «Líder del Grupo de Gestión Maestra de los de Datos Personal» de Ecopetrol S. 5 Pues lo que se debate son las reglas procesales que gobiernan tales aspectos (CSJ SL, 29 may. 2002, rad. 18415, reiterada en la CSJ SL, 17 feb. 2005, rad. 35283), por manera que debe proponerse la violación medio (CSJ SL572-2023)

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Radicación n.° 89606 A., era un documento proveniente de ella misma, que no tenía la entidad suficiente para demostrar el pago efectuado al señor Vanegas, ya que a ninguna parte le está permitido fabricar su propia prueba, pues, en sentir de la propia recurrente, al estar rubricado por un trabajador, que no por

el representante legal, se constituye en un documento emanado de terceros, contexto que devela que la discusión gravita en torno al contenido del elemento probatorio, lo que, sin duda, es una cuestión a enderezar por la senda fáctica. Por lo expuesto, los cargos se desestiman.

IX. CARGO TERCERO Denuncia que la decisión confutada quebranta la ley sustancial nacional, por la vía indirecta, en el sub motivo de aplicación indebida de los artículos 165 y 191 del CGP, en concordancia con el 32 y 33 del CST; 51, 60, 61 y 145 del CPTSS; 54, 176, 192, 243, 244, 250, 260 y 262 del CGP; 7º de la Ley 1118 de 2006, lo que dio lugar a la aplicación indebida del 1524 del CC; 8º y 48 de la Ley 153 de 1887, «con referencia a estas dos últimas normas la jurisprudencia desarrolló la figura del enriquecimiento sin causa».

Pretende que la Corte. […] estime que, como, el Tribunal, partió del supuesto fáctico que provenía de la demandante, Ecopetrol S. A., el documento para acreditar el pago de la suma cuya restitución se pretende del demandado José María Vanegas, dicho juzgador incurrió, por la senda directa, en la aplicación indebida y/o en la interpretación errónea de las normas adjetivas en que fundó su decisión de negarle incidencia probatoria a la prueba, ya que “[…] a ninguna

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parte, le es dado fabricarse su propia prueba […]”. Arguye como error de hecho, Haber dado por demostrado, no estándolo, que la certificación, con fecha de 24 de abril del año 2014, expedida con firma del Líder del Grupo de Gestión Maestra de los de Datos Personal de Ecopetrol, en la que se hace constar cuál es el valor de la suma que adeuda el demandado José María Vanegas a dicha empresa por concepto de sentencia de tutela que inicialmente le fue favorable y posteriormente fue revocada, es un documento que, para efectos probatorios, proviene de la parte demandante. Dice que ese desafuero ocurrió como consecuencia de la errónea apreciación de: i) la citada certificación, visible a f. ° 50 del expediente físico y 96 del digital; así como de, ii) la demanda ordinaria inicial y, iii) el certificado de existencia y representación legal. Explica que la constancia aludida no fue «fabricada» por Ecopetrol S. A., pues el mismo juzgador puntualizó que contaba con la firma del líder del grupo de gestión maestra de los de datos personal de la empresa, resultando evidente que no fue rubricado por el representante legal, sino por un trabajador de ésta, por lo que debió advertirse que, con el fin de acreditar lo que había pagado al señor Vanegas, acudió a la persona que manejaba la información y, aunque pudo solicitar el testimonio de ésta, prefirió allegar el documento. Insiste en los argumentos blandidos al sustentar los cargos anteriores en lo que tiene que ver con la valoración conjunta de la documental y las confesiones al tenor de los

preceptos 60 del CPTSS y 176 del CGP (f. ° 21 a 27, ib).

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Radicación n.° 89606

X. CONSIDERACIONES Los yerros fácticos que conducen a casar un proveído como el acusado, son aquellos en los que incurre el sentenciador de forma manifiesta, ya sea porque la valoración individual de los medios de prueba no respete los principios de integralidad, razonabilidad y sana crítica y/o, la apreciación conjunta de ellos no encuentre coherencia, lógica y consistencia. Además, aquellos deben provenir de la actividad de valoración del segundo jues, respecto de un documento auténtico o una confesión o inspección judicial y debe tener la entidad reseñada, pues de carecer de ella, la decisión del colegiado debe mantenerse (CSJ SL643-2020).

Al respecto, se advierte que la recurrente denunció la valoración errónea de la «demanda inicial», la cual es una pieza procesal que en principio no se atiene al concepto de prueba, en tanto solo se acerca a dicha connotación si de ella se deduce confesión de los hechos allí alegados o porque la voluntad de las partes sea ignorada o tergiversada ostensiblemente por el fallador (CSJ SL14542-2016, CSJ SL1516-2018 y CSJ SL3818-2020); escenarios que no se acreditan en el caso. Idéntico reproche se enderezó en perspectiva del certificado de existencia y representación legal de Ecopetrol

S. A., probanza respecto de la cual no existió pronunciamiento alguno por parte juez colegiado, lo cual

deviene en un error de lógica, habida cuenta que no se puede endilgar equivocación en la valoración de un documento

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 89606 frente al cual no existió ejercicio intelectivo alguno, por manera que lo que corresp