CSJ - SL1304-2023
Detalles
- Título
- CSJ - SL1304-2023
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Laboral
- Año
- 2023
DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1304-2023 Radicación n. ° 89149 Acta 19 Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veintitrés (2023). La Corte resuelve el recurso de casación interpuesto por PLINIO ARODY RAMÍREZ BLANCO, MARCOS TULIO SINISTERRA ARBOLEDA y LUIS ANTONIO CRIOLLO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga del 1 de octubre de 2020, en el proceso ordinario laboral que instauraron los recurrentes contra el INGENIO PICHICHI S. A., trámite al que se vinculó a la COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO SURICAÑA y a la COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO CENTRICAÑA.
Se admite la renuncia presentada por el abogado Luis Fernando Rojas Arango con T.P. No. 29.287, como apoderado judicial principal del Ingenio Pichichi S. A., por cumplirse con la exigencia prevista por el artículo 76 del CGP. En consecuencia, queda sin efectos la sustitución del poder que había efectuado al abogado Alejandro José Peñarredonda Franco, con T.P. 306.311 del CSJ.
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Radicación n.° 89149
I. ANTECEDENTES Plinio Arody Ramírez Blanco, Marcos Tulio Sinisterra Arboleda y Luis Antonio Criollo llamaron a juicio al Ingenio Pichichi S. A., con el fin de que se declare que entre las partes existió un contrato realidad a término indefinido y que fueron
enviados en misión a través de diversas CTA (Cooperativa de Trabajo Asociado Suricaña, Cooperativa de Trabajo Asociado Centricaña, Cooperativa de Trabajo Asociado Nuevo Horizonte, Cooperativa de Trabajo Asociado Fe y Esperanza) a la sociedad demandada para realizar las labores de corte de caña. En consecuencia, pidieron condenar al pago de cesantías, intereses, primas, vacaciones, auxilio de transporte, cotizaciones al sistema de seguridad social, indemnización por despido sin justa causa, sanción e indemnización moratoria, perjuicios morales, indexación, lo que resulte ultra y extra petita, junto con las costas del proceso. Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que laboraron para el Ingenio Pichichi S. A. como asociados a las referidas CTA, quienes los enviaron en misión para laborar personalmente como corteros de caña y bajo la continua subordinación del demandado, pero afiliados a la CTA en los siguientes periodos: Demandante Extremo inicial Extremo final Plinio Arody Ramírez Blanco 11 de noviembre de 2005 31 de marzo de 2012 Marcos Tulio Sinisterra 1 de enero de 2005 29 de febrero de 2012 Arboleda Luis Antonio Criollo 21 de noviembre del 2005 29 de febrero de 2012
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Radicación n.° 89149 Las CTA que los enviaron en misión, fueron las siguientes y en estos lapsos: Plinio Arody Ramírez Blanco Fecha inicial Fecha final CTA FE Y ESPERANZA 11 de noviembre de 2005 31 de marzo de 2012
Marcos Tulio Sinisterra Fecha inicial Fecha final Arboleda CTA SURICANA 11 de enero de 2005 28 de febrero de 2005 CTA CENTRICAÑA 1 de marzo de 2005 31 de octubre de 2005 CTA NUEVO HORIZONTE 1 de noviembre del 2005 29 de febrero de 2012 Luis Antonio Criollo Fecha inicial Fecha final CTA FE Y ESPERANZA 21 de noviembre de 2005 29 de febrero de 2012 Aseguraron que durante la relación laboral el demandado no les sufragó las cesantías, primas, vacaciones y auxilio de transporte, además, les pagó un salario menor con relación a los trabajadores de planta o directos cobijados por la convención colectiva de trabajo (CCT). Dijeron que dichas cooperativas les descontaron un 8,33% de compensación anual, el 1% para los intereses, el 4,16% para el descanso anual y el 8,33% de la compensación semestral, de ahí que al haberlo hecho de sus propios sueldos no constituyó pago de prestaciones sociales. Explicaron que siempre trabajaron como corteros de caña en los predios de la demandada, con un horario de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a domingo, sin descanso, y que el salario promedio devengado correspondió a los siguientes valores:
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Radicación n.° 89149 Demandante Salario promedio de los últimos 12 meses Plinio Arody Ramírez Blanco $879.000 Marcos Tulio Sinisterra Arboleda $1.335.583,33 Luis Antonio Criollo $804.583,33
Señalaron que recibieron órdenes del Ingenio Pichichi
S. A., a través de los señores Jair Ortiz, Adán Díaz, José León Bermúdez, William Calvo, Lizman Bejarano y otros, quienes eran supervisores, cabos o monitores de corte encargados de vigilar el cumplimiento del horario, el rendimiento de cada uno, de «apuntar la chorra o arrume del trabajador con su respectiva ficha y revisar que no quedaran tocones altos».
Expresaron que la empresa demandada siempre elaboró la información de los trabajadores con los datos de: días laborados, corte de caña por el número de tajos, cantidad de tajos, toneladas cortadas, tarifa por tonelada y fincas donde desarrollaban la labor; información que era enviada a la respectiva CTA, para que esta elaborara las planillas de pago semanal y, en consecuencia, el convocado a juicio depositaba el dinero a nombre de la cooperativa. Informaron que, para laborar con el demandado, este los obligó a afiliarse a las CTA mencionadas, las cuales eran intermediarias; que todos los trabajadores de las CTA y S. A.
S. manifestaron su inconformidad por la forma de vinculación ante los funcionarios del Ingenio Pichichi S. A. y la Asociación de Cultivadores y Productores de Caña de Azúcar – ASOCAÑA, frente a lo cual la demandada les respondió que podían renunciar.
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Radicación n.° 89149 Expusieron que en los meses de octubre y noviembre de 2008 participaron en una huelga por la tercerización a través de CTA y S. A. S., razón por la cual algunos compañeros
fueron procesados penalmente, pero absueltos; que las CTA no eran propietarias de las herramientas de trabajo, dotaciones, medios de trabajo y de transporte, pues, pertenecían al demandado, quien además imponía el precio de corte de la caña. Agregaron que, en realidad, las cooperativas nunca realizaron labores autogestionarias a pesar de haber celebrado contratos aparentes con el convocado a juicio, ya que cada trabajador cortaba su caña y el demandado les supervisaba el rendimiento, mientras que las CTA nunca ejercieron la potestad reglamentaria y disciplinaria, en tanto que de incurrir en alguna falta disciplinaria la sanción era impuesta por el Ingenio. Manifestaron que se les adeudaban cotizaciones a pensiones y su reajuste; que la accionada fue quien realmente ordenó la disolución y liquidación de las CTA, pagando los costos de tal trámite y los honorarios a las liquidadoras. Así, afirmaron que todos los trabajadores fueron tercerizados a través de diversas CTA y S.A.S., situación que les ocasionó perjuicios morales porque estuvieron sometidos a un trato de trabajo ilegal, diferenciado, en contra de su voluntad, lo que afectó su esfera personal íntima. Por último, dijeron que firmaron cartas de renuncia con la CTA que no fueron voluntarias, pues de no hacerlo no hubiesen sido incorporados a la empresa Pichichi S. A.,
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Radicación n.° 89149 compañía perteneciente a la sociedad demandada (f.os 6 a 28). Al dar respuesta a la demanda, el Ingenio Pichichi S. A.
se opuso a las pretensiones, pues aseguró que con los actores no tuvo ninguna relación laboral. En cuanto a los hechos dijo no ser ciertos o no constarle. Aseveró que con los promotores del proceso no hubo contrato de trabajo y que debía tenerse en cuenta la confesión contenida en el escrito inicial frente a que fueron trabajadores asociados a las CTA, de ahí que no podía tener un contrato laboral con quienes afirmaron que su vínculo no fue de naturaleza laboral. Agregó que las relaciones comerciales del Ingenio «con las nombradas CTA SURICAÑA, CTA CENTRICAÑA, CTA NUEVO HORIZONTE, CTA FE Y ESPERANZA, fueron netamente de carácter comercial y legal, con quienes se cumplió dichos contratos sin dificultad» y que no existe en sus archivos evidencia «siquiera de haber tenido relación alguna con la CTA SURICAÑA a la que aducen los demandantes, para la cual estuvieron vinculados» (f.° 152). En su defensa propuso como excepciones previas las de inepta demanda por falta de integración del litisconsorcio necesario, inepta demanda por falta de requisitos formales, y, las de fondo que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad sustantiva de la parte demandada, prescripción, pago y compensación, ilegitimidad de personería sustantiva en la parte demandada, buena fe y la innominada (f.os 148 a 167).
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El Juzgado, a través de auto del 27 de septiembre de 2016, declaró no probadas las excepciones previas; decisión revocada parcialmente por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga, el 29 de noviembre de ese año, y en su lugar declaró probada parcialmente la excepción previa de inepta demanda por falta de integración del litisconsorcio necesario. En consecuencia, ordenó vincular al proceso a las CTA Suricaña y Centricaña; confirmó en lo demás la decisión de primer grado (f.° 327). Las Cooperativas de Trabajo Asociado Suricaña y Centricaña, a través de curador ad litem, se opusieron a las pretensiones y dijeron no constarles los hechos. No propusieron excepciones (f.os 367-370).
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, mediante fallo del 13 de noviembre de 2019, absolvió al demandado de todas las pretensiones y condenó en costas a los actores (f.os 416).
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, al desatar el recurso de apelación de la parte accionante, mediante fallo del 1 de octubre de 2020, confirmó la decisión del a quo y condenó en costas de esa instancia a la parte demandante.
Como antecedentes de su decisión refirió la demanda inaugural, su contestación, la decisión de primer grado y la
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Radicación n.° 89149 apelación formulada. Frente a la respuesta dada por el
Ingenio demandado indicó que se opuso a las pretensiones, enlistó las excepciones propuestas y explicó que frente a los fundamentos fácticos de la demanda inicial respondió que no eran ciertos o que no le constaban; que los demandantes no fueron sus trabajadores y que no tenía conocimiento de las actividades por ellos desarrolladas. Así, estimó que el problema jurídico consistía en determinar si entre los accionantes y el Ingenio Pichichi S. A., existió una relación de trabajo en los términos previstos por el artículo 23 de CST y en virtud del principio de la primacía de la realidad. En caso afirmativo, se pronunciaría sobre las prestaciones sociales e indemnizaciones solicitadas. Sin embargo, anunció que confirmaría la decisión absolutoria de primera instancia, en tanto que no se demostró la prestación personal del servicio y, por ende, una relación laboral entre las partes. Para llegar a esa determinación, se refirió a la regulación legal de las CTA y particularmente a las normas que estaban vigentes para la fecha de los hechos, es decir, la Ley 79 de 1988 y el Decreto 4588 de 2006. Al respecto, precisó que el trabajo cooperativo en Colombia se regía por sus propios estatutos, dado que sus relaciones son de naturaleza asociativa y solidaria, de ahí que el nexo estaba regulado por la legislación cooperativa, los estatutos, el acuerdo cooperativo y el régimen de trabajo asociado. Explicó que los asociados ponen al servicio de un ente común sus propias capacidades para obtener beneficios mutuos, sin existir relaciones de dependencia o subordinación, resultando inaplicable la legislación laboral ordinaria que regula el trabajo dependiente.
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Radicación n.° 89149 Citó los artículos 17 del Decreto 4588 del 2006 y 7 de la Ley 1233 de 2008, según los cuales, cuando se comprueben prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la cooperativa y sus directivos, son solidariamente responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado. Agregó que, conforme a la jurisprudencia, la celebración de contratos con las cooperativas no podía ser utilizada de manera fraudulenta para disfrazar u ocultar las verdaderas relaciones de trabajo (CSJ SL64412015). Precisó que el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 dispone que el personal requerido para desarrollar actividades misionales permanentes en toda institución y/o empresa pública o privada no podría ser vinculado a través de CTA que hagan intermediación laboral, o bajo ninguna otra modalidad que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales. De otra parte, reseñó el contenido de los artículos 22 y 23 del CST y precisó que, conforme al artículo 24 ibidem, al trabajador le bastaba con demostrar la prestación personal del servicio y los extremos temporales para presumir que esa relación estuvo regida por un contrato de trabajo, correspondiéndole al empleador que pretendiera exonerarse de esa presunción demostrar que el contrato no fue de carácter laboral. En apoyo de ello citó la decisión CSJ SL3652019.
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Radicación n.° 89149 Indicó que los demandantes debían demostrar que efectivamente prestaron sus servicios a favor del Ingenio Pichichi S. A., de manera personal y exclusiva, además, de los extremos de la relación laboral. Al revisar las pruebas encontró que los documentos de la liquidación de corte de caña que tenían el logo del Ingenio Pichichi S. A., a través de las cuales se relacionaba el promedio de caña cortada por algunas personas (folios 75 a 76, 91, 101, 102 y 104) pero que no incluían a los demandantes. Además, obraban los comprobantes de nómina como cooperados y los convenios de trabajo asociado, pero de personas ajenas al proceso (folios 78 a 113 del cuaderno 1), y solamente el folio 77 se refería al desprendible Plinio Arody Ramírez Blanco con la CTA Fe y Esperanza. Relacionó la existencia de las siguientes pruebas: A fls. 115 a 125 cuaderno principal, reposan diferentes acuerdos cooperativos de algunas personas distintas a los demandados. A fls. 187 a 312 del cuaderno principal, existen las ofertas mercantiles suscritas entre CTA FE y ESPERANZA y NUEVO HORIZONTE y el Ingenio Pichichi S.A, ofertas que tiene como objeto realizar a favor del Ingenio Pichichi el corte manual de caña de azúcar sembrada en terrenos de su propiedad y de terceros, en los sitios y en la programación que el aceptante disponga, teniendo en cuenta las condiciones acostumbra por el
ingenio, además de las labores de riego, siembra y limpieza de caña. Milita dentro del cuaderno 3 los estatutos de la CTA FE y ESPERANZA (fls. 1 al 29), las actas de consejo de administración (fls. 30 a 196), las actas de asamblea (fls. 197 a 227), el contrato suscrito entre varias cooperativas incluida la CTA FE y ESPERANZA y la profesional del derecho para la asesoría jurídica, recibos de pagos doctora AMPARO LOPEZ (fls. 228 a 254), facturación por el servicio de corte de caña, servicios conexos al corte, compensación extraordinaria a nombre del
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Radicación n.° 89149 Ingenio Pichichi (fls. 255 a 509), recibos de pago de facturación (fls. 510 a 535), ofertas mercantiles (fls. 536 a 558), contratos liquidadoras (fls. 559 a 563), acta de convocatoria a la asamblea inicial de liquidación ((fls. 564 a 565) lista de asistencia a la asamblea inicial de liquidación (fls. 566 a 579) proceso final de liquidación (fls. 580 a 587), lista de asistencia a la asamblea final de liquidación (fls. 588 a 594), balance final asamblea de liquidación (fls. 595 a 599), registro en cámara de comercio acta final (fls. 600 a 606) contratos de la cooperativa de trabajo asociado (fls. 606 a 612) rendición de cuentas a los asociados (fls. 613 a 621), rendición de cuenta a la Dian (fls. 622 a 639), estados
financiero a diciembre 31 de 2012 (fls. 640 a 645), paz y salvos y comunicados de paz y salvo entidades de seguridad social y parafiscales (fls. 646 a 695) actas de consejo de administración durante la liquidación (fls. 696 a 709), informe liquidación definitiva del haber social de la cooperativa (fl. 711). En relación de la CTA NUEVO HORIZONTE reposan los estatutos (fls. 712 a 729), las actas de asamblea (fls. 730 a 757), las actas de consejo de administración (fls. 758 a 808), el contrato suscrito entre varias cooperativas incluida la CTA NUEVO HORIZONTE y la profesional del derecho para la asesoría jurídica, recibos de pagos doctora AMPARO LOPEZ (fls. 809 a 894), ofertas mercantiles (fls. 895 a 913), contratos liquidadoras (fl. 914 a 930), lista de asistencia a la asamblea final (fl. 931 a 936), cancelación del RUT (fl. 938), registro en SUPERSOLIDARIA acta final (fls. 940 a 941), rendición de cuentas a los asociados (fls 943 a 950), declaración de renta 2012-2013 (fls. 952 a 961), balance final de liquidación (fls. 964 a 966), estados financieros diciembre 31 de 2012 (fls. 967 a 971), balance de liquidación septiembre octubre 2013 (fl. 971), paz y salvo de la CTA (fls. 974 a 994), actas de consejo de administración durante la liquidación (fls. 966 a
968), certificado haber social (fl. 1000). A fls. 1001 a 1016 del cuaderno 6, se encuentra la hoja de vida acompañado con el certificado historia laboral, la afiliación al sistema de seguridad social, certificado de incapacidad o licencia y el convenio asociativo de trabajo celebrados entre FE Y ESPERANZA CTA y el señor PLINIO RAMÍREZ BLANCO; a folio 1017 a 1077 fueron allegados la compensación semanal de los años 2011-2012, compensación anual, semestral, descanso y extraordinario; posteriormente reposa las dotaciones y el pago de los aportes a la seguridad social (fls. 1078 a 1119). Seguidamente a fls. 1120 a 1130 del cuaderno 6, se encuentra la hoja de vida acompañado con el certificado historia laboral, la afiliación al sistema de seguridad social, certificado de incapacidad o licencia y el convenio asociativo de trabajo celebrados entre NUEVO HORIZONTE CTA y el señor MARCOS TULIO ARBOLEDA SINESTERRA; a folio 1131 a 1247 del cuaderno 6 y 7 fueron allegados la compensación semanal de los años 2011-2012, compensación anual, semestral, descanso y extraordinario; posteriormente reposa las dotaciones y el pago de los aportes a la seguridad social (fls. 1248 a 1292). A fls. 1293 a 1310 del cuaderno 7, se encuentra la hoja de vida acompañado con el certificado historia laboral, la afiliación al
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Radicación n.° 89149 sistema de seguridad social, certificado de incapacidad o licencia y el convenio asociativo de trabajo celebrados entre FE Y ESPERANZA CTA y el señor LUIS ANTONIO CRIOLLO; a folio 1311 a 1371 fueron allegados la compensación semanal de los años 2011-2012, compensación anual, semestral, descanso y extraordinario; posteriormente reposa las dotaciones y el pago de los aportes a la seguridad social (fls. 1372 a 1425) A folios 1 a 114 del cuaderno 8 se allegó el acuerdo realizado entre el Ingenio Pichichi y las CTA, acompañado con la verificación del cumplimiento de los acuerdos suscrito. Argumentó que las pruebas referidas daban cuenta de que los demandantes prestaron sus servicios en calidad de cooperados de las CTA Fe y Esperanza y Nuevo Horizonte, pero que allí no se especificaba quién fue el beneficiario de esa actividad. De ahí que, la documental aportada no demostraba la prestación personal del servicio de los accionantes a favor del Ingenio Pichichi S. A. Destacó que los testigos de la parte demandante no asistieron a rendir la declaración; que, William de Jesús Calvo Acevedo, quien desempeñó diferentes cargos en el área de campo, cosecha y en la parte administrativa del ingenio demandado, sostuvo que nunca le dieron funciones a ningún trabajador que perteneciera a las CTA o S.A.S., así como que conocía a los actores Plinio Arody Ramírez y Luis Antonio Criollo desde abril de 2015, fecha desde la cual estaban bajo su dependencia en la empresa Pichichi Cortés S. A.
Dijo que José Cobo Saavedra, jefe de relaciones laborales del convocado a juicio, señaló que no conocía a los actores, que nunca habían pertenecido a la nómina directa del Ingenio, ni había recibido de parte de ellos alguna incapacidad, ya que no eran trabajadores de la empresa.
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Radicación n.° 89149 Por lo anterior, estimó que no había elementos de juicio que acreditaran cómo se dio la prestación del servicio, esto es, las circunstancias de modo en que se relacionaban trabajador y supuesto empleador, tampoco se conocía la labor específicamente contratada y si los demandantes podían ejercerla «sin poder delegatario alguno»; característica esencial del elemento de la prestación personal del servicio. Puntualizó que del certificado de existencia y representación del Ingenio Pichichi S. A. y de las ofertas mercantiles suscritas entre las CTA Fe y Esperanza y Nuevo Horizonte y el Ingenio Pichichi S. A., se advertía que este último contrató a las CTA para que ejecutaran una labor propia de su objeto social; sin embargo, no se demostró que durante todo el tiempo que los demandantes estuvieron vinculados con las CTA, el único beneficiario de ese servicio haya sido el Ingenio demandado Agregó que, si en gracia de discusión se aceptara que con los convenios suscritos entre las CTA y el Ingenio se demostrara que este fue el único beneficiario del servicio, tampoco se podría acceder a las peticiones, pues de las pruebas aportadas, especialmente de los testimonios de William de Jesús Calvo Acevedo y José Cobo Saavedra, se
concluía que el Ingenio no ejercía subordinación sobre las personas vinculadas a través de las CTA.
IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por los accionantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.
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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Los demandantes pretenden que esta corporación case la sentencia cuestionada, para que en sede de instancia revoque la providencia de primer grado y acceda a todas las pretensiones de la demanda inicial.
Con tal propósito formulan dos cargos, por la causal primera de casación que son replicados por Ingenio Pichichi
S. A. La Sala los resolverá en el orden propuesto.
VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 4, 5 y 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del Decreto 468 de 1990; 5, 8, 17 y 18 del Decreto 4588 de 2006; artículos 63 de la Ley 1429 de 2010, 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CP; 22, 23, 24, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del CST; 1, 2, 77 y 99 de la Ley 50 de 1990.
Aducen que el Tribunal incurrió en los siguientes errores fácticos: 1.- Dar por demostrado, sin estarlo, que con el material
probatorio no se probó la prestación del servicio personal. 2.- Dar por demostrado, sin estarlo, que no se probaron las circunstancias del modo en que se relacionaban empleados y el supuesto empleador. 3.- Dar por demostrado, sin estarlo, que no se probó para que labores especificas fueron contratados los demandantes. 4.- Dar por demostrado, sin estarlo, que como tampoco se pudo
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Radicación n.° 89149 establecer, si solo el demandante podía ejercer esta labor a él encomendada sin poder delegatario alguno, característica esencial del elemento prestación personal del servicio, situaciones que per se, hacen infructuosos los reproches de alzada. 5.- Dar por demostrado, sin estarlo, que tal como se puede observar a fls. 49 a 53 del expediente, del certificado de existencia y representación del Ingenio Pichichi S.A., como de las ofertas mercantiles suscritas entre las CTA FE Y ESPERANZA y NUEVO HORIZONTE y el Ingenio Pichichi S.A, es que el Ingenio sí contrató a las CTA, para que a través de sus corteros se realizara una labor propia de su objeto social, y en ello acierta el apelante, sin embargo, lo que no se demostró en el plenario, fue que durante todo el tiempo que los demandantes estuvieron vinculados con la CTA, el único beneficiario de ese servicio haya sido el Ingenio Pichichi S.A., y si en gracia de discusión se aceptare que con los convenios suscritos entre la CTA y el Ingenio se puede demostrar que Pichichi fue el único beneficiario del servicio, tampoco se podría acceder a las peticiones, pues de las
pruebas aportadas al expediente, especialmente de los testigos WILLIAM DE JESUS CALVO ACEVEDO y JOSE COBO SAAVEDRA, se concluye que el Ingenio no ejercía subordinación sobre las personas vinculadas a través de las CTAs. 6.- Dar por demostrado, sin estarlo, que con la documental aportada no se puede demostrar el elemento prestación personal del servicio de los accionantes a favor del Ingenio Pichichi S.A. Afirman que valoró erróneamente las siguientes pruebas: 1.- Pruebas erróneamente apreciadas, los testimonios de los señores LUBIN COBO SAAVEDRA y WILLIAM DE JESUS CALVO. 2.- Pruebas erróneamente apreciadas, las Ofertas mercantiles, Ofertas que tienen como objeto realizar a favor del ingenio el corte manual de caña de azúcar sembrada en terrenos de su propiedad y de terceros de folios 187 al 312. 3.- Pruebas erróneamente apreciadas, las de folios 49 al 53 cuando el Tribunal advierte “es que el Ingenio sí contrató a las CTAs, para que a través de sus corteros se realizara una labor propia de su objeto social, y en ello acierta el apelante, sin embargo, lo que no se demostró en el plenario, fue que durante todo el tiempo que los demandantes estuvieron vinculados con la CTA, el único beneficiario de ese servicio haya sido el Ingenio Pichichi S.A”. 4.- Pruebas erróneamente apreciadas, las de folios 255 al 509 correspondientes a las facturas de pago por el INGENIO de los servicios de corte de caña y servicios conexos. Entre esa foliatura se encuentra el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
celebrado entre el INGENIO y las liquidadoras de las CTA y SAS para disolverlas y liquidarlas por lo que el INGENIO pagó
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Radicación n.° 89149 $159.000.000.oo millones de pesos. 5.- Pruebas erróneamente apreciadas. Las documentales de folios 1 al 114 del cuaderno No 1 (sic). Que consisten en los “acuerdos entre corteros y el INGENIO PICCHICHI” de fecha 21 de junio de 2005, 28 de agosto de 2010 y 23 de febrero de 2011. Por otro lado, enuncian que el ad quem no apreció los siguientes medios de convicción: 1.- Las historias laborales de cada uno de los demandantes que están a folios 29 al 48. 2.- La contestación de la demanda por el INGENIO PICHICHI de folios 148 al 167. En el desarrollo del cargo sostienen que el Tribunal en su afán de demostrar la falta de prestación de servicios al Ingenio creó una confusión. Al respecto, refieren la errada apreciación de las ofertas mercantiles para realizar las labores de siembra, riego y corte de caña, celebradas entre las CTA Nuevo Horizonte y Fe y Esperanza, las que tienen igual objeto o las mismas actividades misionales del Ingenio. Así, el accionado contrató con las CTA «el corte manual de caña y labores varias y allí estaban los demandantes realizando esas labores y no como se dijo que no se supo para que labores fueron contratados». Agregan que en tales documentos se muestra que el contratante les suministraba las dotaciones y el transporte,
controlaba los antecedentes disciplinarios de los asociados y podía exigir el retiro o prohibir su ingreso. De ahí que las CTA no eran autogestionarias ni independientes, sino que «existía injerencia del Ingenio, por lo que sí existía el servicio personal porque como lo indica la prueba, sólo el empleador directo es el que cumple con las dotaciones para sus trabajadores». Consideran que el ad quem examinó, pero valoró mal
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Radicación n.° 89149 tales elementos, en los que, además, la empresa se obligó con las CTA a pagar el cabo, quien daba las órdenes en la faena diaria, lo que significa que la subordinación la ejercía el Ingenio; además, cancelaba las incapacidades de asociados, apoyaba a familias por muerte de los trabajadores, sufragaba la bonificación y prestaba apoyo con el SENA. Por consiguiente, tales documentos prueban que los asociados eran trabajadores de la sociedad demandada. Dicen que el Ingenio contrató la prestación de servicios de Amparo López Espejo y Licenia Galindo para la disolución y liquidación de las CTA y SAS a quienes les pagó $159.000.000 (f.° 307 a 312). Plantean que de tales pruebas «brota que sí existió prestación del servicio personal de cada uno de los demandantes y que los demandantes se mantuvieron desde el año 2005 al 2012 cuando el INGENIO inició la disolución y liquidación de las CTAs y SAS». Señalan que el Tribunal se equivocó al indicar los extremos temporales, pero sin señalar que fueron continuos, lo que ocurrió por no haber apreciado las historias laborales
de cada uno de los actores, en donde aparecen los lapsos con cada CTA, según lo planteado en la demanda. Así, aseguran que sí hubo continuidad la que emerge de esas pruebas como el servicio personal prestado. En cuanto a las ofertas mercantiles, dicen que de ellas se advierte que el Ingenio fue el beneficiario del servicio. Por consiguiente, el colegiado, aunque dio por probada la prestación de servicio personal puso en duda que hubiese sido en su favor y por todo el tiempo indicado por los actores (2005-2012). Manifiestan que las ofertas y acuerdos celebrados entre las CTA y el Ingenio informan sobre el «inicio», año 2005 y
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Radicación n.° 89149 2009, también de las huelgas y de su ejecución hasta el año 2012, de manera que el Tribunal no podía decir que no encontró probada la permanencia de los demandantes en los extremos temporales por ellos indicados (f.° 1-114). Plantean que en los acuerdos de fecha 21 de junio de 2005, 28 de agosto de 2010 y 23 de febrero de 2011 el Ingenio se comprometió a apoyar a las CTA con donaciones por $317.000.000 para educación y vivienda, pago de incapacidades de los asociados y la seguridad
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