CSJ - SL1305-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1305-2023 Radicación n.° 95203 Acta 19 Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación presentado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 23 de agosto de 2021, en el proceso ordinario laboral que adelanta LUIS GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ en su contra.

I. ANTECEDENTES Luis Guillermo Zapata Muñoz llamó a juicio a la entidad accionada para que se declare que tiene derecho a la pensión de invalidez en virtud de los principios de favorabilidad, igualdad, sostenibilidad financiera del sistema, proporcionalidad y progresividad, en aplicación de la condición más beneficiosa. Solicita que se condene a Colpensiones al reconocimiento y pago de esta prestación a partir del 26 de mayo de 2017, fecha de estructuración de la

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 95203 invalidez; los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso. Para sustentar estas pretensiones informó que nació el 23 de febrero de 1950, estuvo afiliado al Régimen de Prima Media y realizó aportes ante el ISS, hoy Colpensiones, entre el 20 de marzo de 1973 y el 31 de mayo de 2010, y reunió un total de 697 semanas en toda su vida laboral. Explicó que al 1 de abril de 1994 contaba con 409 semanas cotizadas, no

recibió la indemnización sustitutiva por vejez o invalidez y no pudo continuar cotizando por cuanto sus afecciones de salud no se lo permitían, dado que la ceguera en uno de sus ojos le impedía desempeñar bien alguna labor, más cuando por su edad de 60 años es discriminado para trabajar en ventas, que fue la actividad económica a la que siempre se dedicó. Señaló que padece de glaucoma, disminución indeterminada de la agudeza visual en ambos ojos y trastornos de adaptación. El 20 de septiembre de 2017, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda le determinó una pérdida de capacidad laboral del 51,73% de origen común y con fecha de estructuración 26 de mayo de 2017. Indicó que el 27 de octubre de ese año solicitó la pensión de invalidez ante la demandada, y mediante Resolución SUB 264604 del 23 de noviembre de 2017 la negó debido a que no reunía la densidad de semanas legalmente exigida; que esa determinación fue apelada, pero confirmada a través de Resolución DIR 307 de 2018 aún si se aplicara el principio de la condición más beneficiosa.

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 95203 Adujo que el 30 de mayo de 2018 solicitó nuevamente la pensión de invalidez bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990 y de la jurisprudencia constitucional, siendo negada a través de Resolución SUB 151213 de 2018 en la que se precisó que el referido postulado constitucional solo permite acudir a la norma inmediatamente anterior a la fecha de

estructuración, esto es, la Ley 100 de 1993, cuyas exigencias no son cumplidas por el actor, sin que pudiera remitirse al reglamento del ISS. Apeló esta decisión, pero fue confirmada con Resolución DIR 12476 del 5 de julio de 2018. Dijo que interpuso una acción de tutela contra la demandada para obtener el reconocimiento pensional, y en segunda instancia se accedió al amparo reclamado y se ordenó a Colpensiones, como mecanismo transitorio, que reconociera y pagara la pensión de invalidez al demandante, mientras la jurisdicción competente resolvía el asunto; en consecuencia, ordenó al accionante acudir al juez laboral en el término de tres meses. Esta decisión judicial fue acatada por la demandada mediante Resolución SUB330839 del 27 de diciembre de 2018 y dispuso el pago de la pensión a partir del 26 de mayo de 2017, reconoció un retroactivo equivalente a $16.180.835, pero no ordenó la indexación ni los intereses moratorios. Aclaró que para el momento de la presentación de la demanda ordinaria percibía la mesada pensional correspondiente. Agregó finalmente que la enfermedad que padece es crónica y progresiva. La entidad accionada dio respuesta a la demanda, se opuso a lo pretendido y aceptó los hechos, salvo los relativos

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 95203 a la imposibilidad de continuar cotizando y desempeñando la labor de ventas, pues adujo que no le constaba tal circunstancia ni la naturaleza de las patologías.

Explicó que el demandante no cumple el requisito de la densidad de semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez, pues esta tuvo lugar en mayo de 2017 y lo cierto es que dejó de realizar aportes en «mayo» de 2010. Además, tampoco es posible acceder al reconocimiento pensional bajo la condición más beneficiosa, toda vez que no cuenta con el número de aportes exigido por la norma anterior a la vigente para el momento de la consolidación del riesgo, esto es, la Ley 100 de 1993. Sin embargo, precisó que, en atención a la orden de tutela, otorgó la prestación al actor. Formuló las excepciones denominadas estricto cumplimiento a los mandatos legales, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante sentencia dictada el 22 de febrero de 2021 resolvió: PRIMERO: DECLARAR que el señor LUIS GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 6 del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, por contar con más de 300 semanas cotizadas en toda su vida y con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, esto en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

SEGUNDO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES que efectué el reconocimiento

y pago de la pensión de invalidez, en los términos señalados en el numeral anterior, a partir del día 15 de marzo del año 2019,

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 95203 en cuantía de $1.102.501 para dicha calenda con derecho a 13 mesadas pensionales al año, la cual debe ser reajustada anualmente conforme lo dispone el Gobierno Nacional.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES que en el término de un mes contado a partir de que el interesado radique en sus instalaciones la respectiva cuenta de cobro o los documentos pertinentes, previa ejecutoria de la esta decisión, realice la modificación del acto administrativo correspondiente.

QUINTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES a cancelar a favor del señor LUIS GULLERMO ZAPATA MUÑOZ el retroactivo pensional causado a favor de este, desde el 16 de marzo del año 2019 y hasta que se haga la respectiva inclusión en nómina, retroactivo que corresponde a la diferencia entre la mesada reconocida en este fallo y la que se viene reconociendo por la entidad demandada, lo que a la fecha de este fallo arroja una suma a su favor de

$7.103.273.

SEXTO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, del pago de costas procesales conforme quedó sustentado en la parte considerativa.

SEPTIMO: SE ORDENA surtir el grado jurisdiccional de consulta

de la presente decisión […].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Superior de Pereira conoció el grado de consulta a favor de la entidad demandada y los recursos de apelación formulados por ambas partes, y mediante sentencia proferida el 23 de agosto de 2021 resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo la sentencia proferida el 22 de febrero de 2021 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira en el siguiente sentido: “SEGUNDO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES que efectúe el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en los términos señalados en el numeral anterior, a partir del 26 de mayo de 2017, en cuantía de novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y ocho pesos con tres centésimas ($948.838,03) para dicha calenda con derecho a 13 mesadas pensionales al año, la cual debe ser reajustada anualmente conforme lo dispone el Gobierno

Nacional.

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 95203

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia objeto de apelación y consulta para en su lugar: “QUINTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES a cancelar a favor del señor LUIS GULLERMO ZAPATA MUÑOZ el retroactivo pensional causado a favor de este, a partir del 26 de mayo de 2017 y hasta que se reajuste la mesada pensional. Retroactivo que corresponde a la diferencia entre la

mesada pagada por la entidad demandada y la mesada pensional reconocida en este fallo, lo que a la fecha asciende a la suma de diez millones doscientos veintiséis mil novecientos veinte pesos ($10.226.920)”.

TERCERO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES a pagar la indexación de las sumas adeudadas por retroactivo pensional conforme al numeral anterior, desde la fecha de estructuración (26 de mayo de 2017) y hasta la fecha de la sentencia, por valor de setecientos veintisiete mil setecientos sesenta y siete pesos ($727.767) CUARTO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES al pago de intereses moratorios de que habla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del día siguiente a la ejecutoria de la presente providencia y hasta que se verifique el pago total de la obligación.

QUINTO: CONDENAR en costas procesales a la parte demandada en ambas instancias a favor del demandante.

Liquídense por el juzgado de origen.

SEXTO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia.

Precisó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si era procedente aplicar el principio de la condición más beneficiosa para conceder la pensión de invalidez al actor, teniendo en cuenta que cotizó más de 300 semanas en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, pese a que la estructuración de la invalidez se dio en vigencia de la Ley 860 de 2003. Recordó que mediante sentencia CC SU442-2016 se determinó el alcance del referido postulado constitucional y

en decisión CC SU556-2019 se unificó el criterio respecto de dos aspectos: i) la valoración de la exigencia de subsidiariedad de la tutela cuando se reclama una pensión

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 95203 de invalidez bajo el mencionado principio y ii) el alcance de la condición más beneficiosa para dicho reconocimiento pensional. Señaló que para determinar el primer punto, la Corte Constitucional estableció un test de procedencia que exige verificar las siguientes condiciones: i) pertenecer a un grupo de especial protección constitucional, sin que para ello sea suficiente la situación de invalidez; ii) inferir razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante; iii) valorar como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar la imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas en las normas vigentes al momento de la estructuración de la invalidez y iv) comprobar una actuación diligente del actor para solicitar el reconocimiento pensional. Adujo que para la Corte Constitucional el segundo criterio de unificación implicaba el cumplimiento de los siguientes requisitos: i) PCL igual o superior al 50% con fecha de estructuración en vigencia de la Ley 860 de 2003; ii) no reunir la densidad de semanas exigida por esta norma, esto es, 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de la invalidez y iii) contar con las semanas de cotización requeridas por el Acuerdo 049 de 1990. Por ende, concluyó que para esa corporación era

razonable y proporcionado interpretar el principio de la condición más beneficiosa en el sentido de aplicar de manera ultractiva las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 respecto de una pensión de invalidez estructurada en

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 95203 vigencia de la Ley 860 de 2003, cuando la persona satisface las exigencias del test de procedencia. Resaltó que la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado una tesis contraria a la expuesta, pues ha precisado que el mencionado postulado constitucional solo permite acudir a la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento de la estructuración de la invalidez, en este caso, a la Ley 100 de 1993 en su redacción original, siempre que las 26 semanas de cotización allí previstas se hubiesen pagado dentro de los tres años anteriores a la vigencia de la Ley 860 de 2003, pero no admite la aplicación del Acuerdo 049 de 1990. Con esa precisión, encontró que en este caso la pérdida de capacidad laboral del actor ocurrió en vigencia de la Ley 860 de 2003 pero no reunió las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, por lo que el reconocimiento pensional debía hacerse bajo el principio de la condición más beneficiosa. Para ello, consideró que, ante la existencia de dos interpretaciones jurisprudenciales sobre este postulado, acogía la más favorable al demandante, esto es, la tesis de la Corte Constitucional. Así, verificó las exigencias del test de procedencia y

encontró que se habían cumplido, por cuanto: i) Luis Guillermo Zapata Muñoz pertenece a un grupo de especial protección constitucional, puesto que es una persona de la tercera edad al tener 71 años; ii) se encuentra en una situación de salud precaria, tal como lo determinó la sentencia de tutela que amparó transitoriamente sus

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 95203 derechos fundamentales, vive en arrendamiento de una habitación junto con su esposa, quien se dedica a labores de modistería; iii) la historia clínica del actor y los conceptos médicos consignados en el dictamen de PCL dan cuenta de su imposibilidad de realizar aportes hasta la estructuración de su invalidez, pues entre los años 2014 y 2016 fue sometido a diferentes cirugías que le impedían laborar; iv) el accionante fue diligente al reclamar la pensión, dado que presentó solicitudes los días 27 de octubre de 2017 y 30 de mayo de 2018, además, formuló acción constitucional resuelta el 18 de diciembre de 2018. Así las cosas, consideró procedente constatar si el demandante cumplía los requisitos previstos en la norma anterior para acceder a la pensión de invalidez. Señaló que se acreditaba una pérdida de capacidad laboral del 51,73%, de origen común, estructurada el 26 de marzo de 2017 y que el accionante cotizó un total de 409 semanas antes del 1 de abril de 1994; por tanto, adujo que era aplicable el Acuerdo 049 de 1990, dado que tenía más de 300 semanas cotizadas

en cualquier tiempo, como lo exige este reglamento del ISS. Por ello, confirmó la decisión de primer grado en este aspecto. Mencionó que, tal como lo dijo el demandante en la alzada, la prestación debía ser otorgada desde la estructuración de la invalidez como se dispuso en decisión CC SU442-2016, por ser la fecha en que se adquirió el derecho pensional, y no desde la presentación de la demanda como lo ordenó la a quo. En grado de consulta, precisó que solo era posible calcular la mesada pensional con base en el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años, pues no contaba con al

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 95203 menos 1250 semanas para poder fijar el IBL con el promedio de toda la vida laboral, aspecto que también debía ser modificado, pues al aplicar correctamente el IBL, se obtenía una mesada de $948.838,03 y no de $1.102.501. Consideró que los intereses moratorios solo podrían ordenarse a partir de la ejecutoria de la sentencia y no desde la fecha de disfrute de la prestación, dado que esta se reconocía en virtud de una interpretación constitucional favorable y que la entidad negó la pensión conforme a los parámetros legales vigentes. Adicionalmente concedió la indexación de lo adeudado. Señaló que debía modificarse el retroactivo pensional, el cual correspondía a la diferencia entre la mesada otorgada en esta decisión y la que la entidad le venía pagando en virtud de la sentencia de tutela. Finalmente indicó que no operaba la prescripción, pues la invalidez se estructuró el 26 de mayo de 2017 y la

demanda se instauró en 2019, esto es, dentro del trienio siguiente.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La entidad recurrente pretende que esta corporación case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y en su lugar se absuelva de todas las pretensiones formuladas en la demanda.

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 95203 Con tal propósito propuso un cargo por la causal primera de casación, el cual es replicado.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de segunda instancia por transgredir la ley sustancial por la senda directa en la modalidad de infracción directa del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, lo que condujo a la aplicación indebida del artículo 6 del Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049 del mismo año; artículo 53 de la Constitución Política, en relación con los artículos 16 del CST, 60 y 61 del CPTSS, 29, 48, 230 de la Constitución Política, 164 y 167 del CGP, 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.

Aclara que no cuestiona las siguientes conclusiones del Tribunal: i) el actor cotizó un total de 697 semanas en toda su vida laboral entre el 20 de marzo de 1973 y el 31 de marzo de 2010; ii) fue calificado con una PCL del 51,73%

estructurada el 26 de marzo de 2017; iii) no cuenta con 50 semanas cotizadas en los últimos tres años anteriores a esa última fecha, como lo exige la Ley 860 de 2003 y iv) tampoco cumple con los requisitos previstos en la norma anterior, esto es, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que sería aplicable en virtud de la condición más beneficiosa. Indica que lo que discute es que, a pesar de las anteriores circunstancias, el Tribunal dispuso el reconocimiento de la pensión de invalidez reclamada en aplicación de una norma que no es la inmediatamente

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 95203 anterior a la vigente para el momento en que se estructuró la invalidez, en atención al criterio de la Corte Constitucional. Refiere que en el caso del demandante no es dable otorgar el derecho pensional bajo el régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990, pues no es la norma inmediatamente anterior a la aplicable según la fecha de estructuración de la invalidez (26 de «marzo» de 2017), que sería el artículo 1 de la Ley 860 de 2003. Afirma que así lo ha precisado la reiterada jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en decisiones CSJ SL 25 jul. 2012, rad. 38674 y CSJ SL45262-2017, en esta última se explicó que la aplicación de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003 no

puede convertirse en una zona de paso permanente, que difiere la aplicación del nuevo régimen pensional, criterio que resulta válido igualmente para el tránsito a la Ley 860 de 2003. Luego de recordar algunos apartes de las sentencias CSJ SL4650-2017, CSJ SL2629-2022, CSJ SL2090-2021, CSJ SL2358-2017 y CSJ SL5202-2020, precisa que el Tribunal no tuvo en cuenta el precedente de la Corte Suprema de Justicia en la materia, que ha reiterado la imposibilidad aplicar la ley de forma plus ultractiva, es decir, que no es dable hacer una búsqueda interminable entre las legislaciones anteriores para establecer aquella que se pueda ajustar a las condiciones particulares del peticionario. Además, menciona que en el caso de la Ley 860 de 2003, solamente se pueden diferir sus efectos, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, hasta el 26 de diciembre de 2006, «exclusivamente para las personas con

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 95203 una expectativa legítima», lo que aquí no tiene lugar, dado que no se discute que la invalidez se estructuró el 26 de mayo de 2017. Refiere que la decisión impugnada transgrede el principio de sostenibilidad financiera, pues dispuso el reconocimiento pensional a cargo de la entidad, pese a que al actor no le asiste el derecho en los términos de la norma aplicable, Ley 860 de 2003, pues no cuenta con 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la consolidación de la

invalidez. Ello hace que no existan recursos para financiar la prestación; además, lo que el legislador pretendió con la mencionada disposición, fue propiciar la continuidad de las cotizaciones que coadyuven no solo a financiar la pensión propia sino la de las futuras generaciones. Y resalta que los jueces en sus decisiones están sometidos al imperio de la ley. Insiste en que no era posible otorgar la prestación reclamada, puesto que, aunque el actor cotizó 300 semanas antes del 1 de abril de 1994, su invalidez se estructuró el 26 de mayo de 2017 y su último aporte lo realizó en «marzo» de 2010, lo que no permite establecer los presupuestos legales y jurisprudenciales para otorgar el reconocimiento pretendido.

VII. RÉPLICA La parte actora se opone al cargo y afirma que la censura no cuestionó todos los argumentos del Tribunal, pues dejó incólume el planteamiento en cuanto a la interpretación más favorable para el afiliado y el cumplimiento de las exigencias del test de procedencia.

Además, tampoco atacó la interpretación errónea de la

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 95203 sentencia CC SU556-2019. Por lo anterior, considera que el ataque es incompleto y no es dable la casación de la sentencia. Resalta que la pensión de invalidez es un mecanismo establecido por el legislador para garantizar el derecho fundamental a la seguridad social y busca proteger el mínimo vital de la persona, por lo que los jueces deben interpretar las normas conforme a esta finalidad, lo que en este caso se cumple dando aplicación a la sentencia CC SU556-2019, tal

como lo hizo el juez plural.

VIII. CONSIDERACIONES Previamente se debe aclarar que, contrario a lo señalado por la parte opositora, la recurrente sí formula una acusación completa frente a la sentencia de segunda instancia. Esto, dado que precisamente discute la pertinencia de acudir al criterio expuesto por la Corte Constitucional en sede de tutela en relación con la posibilidad de aplicar la ley de forma plusultractiva, y, por ende, al test de procedencia que tal postura desarrolla, que fue el argumento central del colegiado para sustentar su decisión. Por tanto, la Sala pasa a analizar el cuestionamiento propuesto.

El colegiado concluyó que al demandante le asistía el derecho a la pensión de invalidez por acreditar la densidad de semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990. Explicó que, aunque la norma aplicable era la Ley 860 de 2003 dada la fecha de estructuración de la invalidez, acudía al régimen pensional consagrado en el reglamento del ISS, en virtud del principio de la condición más beneficiosa. Esto, afirmó, porque en los términos señalados por la Corte Constitucional

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 95203 en sede de revisión de tutelas, dicho postulado permite evaluar si, bajo una normatividad anterior se cumple con el número de aportes allí previsto mientras estuvo vigente, siempre que se acrediten, además, las exigencias del test de procedencia, como aquí ocurrió. El recurrente advierte que la interpretación realizada por el Tribunal respecto de la condición más beneficiosa es equivocada, ya que, este principio tan solo autoriza acudir a

la norma inmediatamente anterior a la vigente para el momento de la estructuración de la invalidez, en este caso, la Ley 860 de 2003, sin que pueda efectuarse una búsqueda interminable en legislaciones pasadas, como sería el Acuerdo 049 de 1990, pues ello implicaría la aplicación plusultractiva de la norma, lo cual no es acertado. Además, refiere que la aplicación de este principio ante el tránsito legislativo de la Ley 100 de 1993 a la Ley 860 de 2003, tan solo permite diferir los efectos jurídicos de esta última norma durante tres años desde su expedición, esto es, hasta el 26 de diciembre de 2006, parámetro que no tuvo en cuenta el Tribunal y que no se cumple en este caso. Bajo el anterior planteamiento, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal incurrió en error al acudir al Acuerdo 049 de 1990, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, para efectos de establecer el requisito de semanas cotizadas para la causación de la pensión de invalidez solicitada. Dada la senda de ataque elegida, no son objeto de controversia los siguientes supuestos fácticos establecidos

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 95203 por el Tribunal y admitidos por las partes: i) que el demandante tiene una pérdida de capacidad laboral del 51,73%% estructurada el 26 de mayo de 2017 de origen común; ii) que cotizó un total de 697 semanas de las cuales, 409 lo fueron hasta abril de 1994; iii) que no cumple la densidad de semanas exigidas por las Leyes 860 de 2003 y

100 de 1993 para causar la pensión de invalidez, porque durante los periodos señalados en estas normas cuenta con cero semanas aportadas, ya que la última cotización la hizo en octubre de 2010. Es criterio reiterado de la Corte que el derecho a la pensión de invalidez, en principio, debe dirimirse a la luz de la ley que se encuentra vigente al momento en que se estructura tal siniestro. En ese sentido, como en este caso, tal suceso ocurrió el 26 de marzo de 2017, la disposición que, principalmente gobierna la situación pensional, es el artículo 1 de la Ley 860 de 2003. Ahora, ante la ausencia normativa de un régimen de transición, la jurisprudencia de esta Corte ha permitido la concesión del derecho bajo el cumplimiento de los requisitos consagrados en la disposición inmediatamente anterior a la norma vigente con el propósito de garantizar y proteger a quienes, al momento del tránsito legislativo, tenían consolidada una expectativa. Al respecto, en decisión CSJ SL, 28 jul. 2012, rad. 38674, reiterada en CSJ SL 622-2021, se explicó: Sin embargo, dada la nueva composición de la Sala, se considera pertinente reexaminar el tema, sobre la inaplicabilidad de la condición más beneficiosa para dirimir los conflictos cuando la invalidez ocurre en vigencia del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, y el afiliado, al momento de su entrada en vigencia, cumple con el requisito de las 26 semanas de cotización que consagraba el modificado artículo 39 de la citada Ley 100 de 1993, para estimar

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 95203 que en estos casos sí procede dicho principio legal y constitucional en la sucesión de esos dos ordenamientos […] Como lo anterior implica un cambio de criterio de la Sala frente a la PENSION DE INVALIDEZ, cuando el estado de invalidez se estructura en vigor del artículo 1° de Ley 860 de 2003 y para el momento en que entró a regir este nuevo ordenamiento legal se tenían satisfechos los requisitos de la norma precedente, se rectifica y recoge cualquier pronunciamiento que en contrario se hubiera proferido, aclarando que lo expresado también tendría plena aplicación en lo concerniente a la PENSION DE SOBREVIVIENTES y la Ley 797 de 2003, para efectos de ampliar los alcances del mencionado principio legal y constitucional de la condición más beneficiosa a legislaciones posteriores a la Ley 100 de 1993. Lo anterior en aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa el cual tiene las siguientes características: a) Es una excepción al principio de la retrospectividad. b) Opera en la sucesión o tránsito legislativo. c) Procede cuando se predica la aplicación de la normativa inmediatamente anterior a la vigente al momento del siniestro. d) Entra en vigor solamente a falta de un régimen de transición. e) Se aplica no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas, que, si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia – expectativas legítimashabida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta.

f) Respeta la confianza legítima de los destinatarios de la norma. g) No es absoluto ni atemporal (sentencias CSJ SL23582017 y CSJ SL1884-2020).

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 95203 En relación con esta última particularidad, ha resaltado la Sala de Casación Laboral de esta Corte que la aplicación de la condición más beneficiosa debe ser proporcional y razonable, con el objeto de proteger expectativas legítimas ante un cambio normativo, pero sin que pueda utilizarse para perpetuar un régimen pensional anterior e impedir que las reformas legislativas en la materia se hagan efectivas. Así se precisó en decisión CSJ SL18842020, al referirse al postulado analizado: La característica relativa a que no es absoluto e ilimitado en el tiempo, significa que no puede utilizarse para garantizar la perpetuidad de un régimen que en un tiempo pretérito estuvo vigente y le era aplicable a un sujeto o a un grupo de personas, dado que, bien comprendido, su ámbito de aplicación se orienta a conservar un régimen normativo anterior, cuando quiera que el titular haya cumplido una condición relevante del mismo que, si bien no es definitiva para adquirir el derecho, juega un rol fundamental en su consolidación. En este sentido, la condición más beneficiosa se sitúa en un lugar más allá de la simple expectativa para ubicarse en el concepto de expectativa legítima tutelable por el ordenamiento jurídico, en la medida en que no desconoce y ampara la consolidación de una exigencia relevante, que si bien no es suficiente para alcanzar el derecho en tanto no se ha cumplido

otra condición ulterior, sí genera la confianza fundada que el régimen en que estaba incurso y en el que cumplió algunos presupuestos, será respetado. Sin embargo, su aplicación no puede ser irrestricta al punto de petrificar l