CSJ - SL1315-2023

República de Culornbia Corle Suprema de Justicia Sala de Casacien Laboral Sala da Descandestlan N. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL1315-2023 Radicación n.° 95244 Acta 19 Bogotá, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por DARYAN ANGÉLICA RAMÍREZ ARANGO, contra la sentencia proferida el 17 de febrero de 2020, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso que adelantó en contra de

BANCOLOMBIA SA.

I. ANTECEDENTES Daryan Angélica Ramírez Arango llamó a juicio a Bancolombia SA, para que se declarara que les vinculó un contrato de trabajo; en consecuencia, fuera condenado a pagarle pago: la indemnización contemplada en el artículo 38 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-2001, la reliquidación de las prestaciones legales y convencionales

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Radicación n.° 95244 teniendo en cuenta todos los factores salariales, incluyendo las bonificaciones devengadas por cumplimiento del plan de gestión comercial, al reintegro de la suma de $5.464.106 por concepto de descuentos ilegales, al pago de la diferencia dejada de cancelar en los años 2013-2014 por auxilio extralegal de transporte, la indexación, la indemnización moratoria, lo que resulte probado extra o ultra petita y, las costas.

Como fundamento de sus peticiones expuso que en ejecución de un contrato de trabajo a término indefinido laboró al servicio de Bancolombia SA, del 3 de agosto de 2009 al «20 def ebrero de 2015» (sic), desempeñó el cargo de asesor integral II en la sucursal San Nicolás de la ciudad de Barranquilla, con un último salario mensual de $3.648.309,80. Informó que los argumentos que le fueron endilgados en la carta de terminación del vínculo laboral no fueron ciertos, toda vez, que no incurrió en ninguna irregularidad ni violó las normas y procedimientos establecidos por el banco y que, por el contrario, su empleador no le brindó la oportunidad de oponerse a aquellos hechos, no obstante existir un proceso disciplinario contenido en el artículo 26 de la Convención Colectiva de Trabajo 2014-2017 de la que era beneficiaria. Señaló que en la entidad, de manera habitual, se le pagaba a los trabajadores unas bonificaciones por cumplimiento de las metas señaladas en el plan de gestión comercial, que en el caso de la demandante se pagaban

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Radicación n.° 95244 trimestralmente «por colocar entre la clientela un paquete de los productos que comercializó en el banco», las que le generaron un ingreso adicional en los 3 últimos arios de servicio de $10.591.646 que no fue tenido en cuenta al momento de la liquidación de sus acreencias laborales. Agregó que en la norma convencional con vigencia 2011-2014 se contempló el pago de un auxilio extralegal de transporte, el que fue incumplido por Bancolombia SA.

Informó, además, que en el mes de agosto de 2014 su empleador le aprobó y desembolsó un crédito de vivienda en los términos pactados en la convención colectiva, a un plazo de 15 arios y una tasa anual equivalente al IPC más 2 puntos porcentuales, condiciones que a la terminación del contrato de trabajo fueron modificadas, disminuyéndose el plazo e incrementándose la tasa a la de un crédito ordinario. Resaltó que en no le fue sufragada la liquidación final de acreencias sociales y que, por el contrario, en la efectuada se le descontó la suma de $5.464.106 por «Préstamo personal Quinno, sin contar con su autorización. Bancolombia SA, se opuso a las pretensiones. De los hechos aceptó: la vinculación laboral, el cargo desempeñado, la terminación con justa causa del contrato de trabajo, la calidad de beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo, la existencia del auxilio extralegal de transporte y, la modificación de las condiciones del crédito de vivienda que se otorgó a la promotora del juicio una vez finalizó su vínculo laboral.

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Radicación n.° 95244 En su defensa sostuvo que dio por terminado el contrato de trabajo a la demandante con justa causa, luego de exponerle en la misiva de desvinculación las razones que motivaron su decisión y, que se fundamentaron en la irregularidad detectada luego de una auditoria aleatoria realizada por el banco en la que se reveló que la cliente a quien Daryan Angélica Ramírez Arango le tramitó y le fue otorgado el crédito de consumo n.° 4860085696 por valor de

$8.051.000, tres días después del desembolso le transfirió a la cuenta de ahorros de la demandante la suma de $1.000.000, a quien luego de ponerle en conocimiento la anomalía hallada, no justificó el traslado de dinero, lo que está tipificado en el código de ética como un conflicto de interés en tanto los trabajadores de la entidad bancaria están obligados a abstenerse de abusar de su condición de empleados para obtener beneficio para sí o para un tercero relacionado con los productos o servicios que presta el banco o para obtener beneficios personales de proveedores, clientes o usuarios; conducta que también está tipificada como falta grave en el literal g) del artículo 67 del Reglamento Interno de Trabajo. Señaló, además, que las bonificaciones que otorgó a la trabajadora fueron por mera liberalidad y que, no constituyen factor salarial, pues así fue pactado en la cláusula 6 del contrato de trabajo y que, si se observa la liquidación final de prestaciones sociales, se le reconoció y pagó el auxilio extralegal de transporte.

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Radicación n.° 95244 Agregó que, resulta obvio que las condiciones de un crédito de vivienda como el que le fue otorgado a la demandante, varíen cuando se tramite teniendo la condición de funcionaria del banco a cuando se tiene la de cliente, lo que lleva, entre otras, a la disminución del pla7o e incremento de la tasa de interés, tal como lo contempla el contrato de trabajo y, la norma convencional. Para finalizar, precisó que la demandante suscribió

pagaré y le autorizó para que efectuara descuento por el valor del saldo del crédito existente a la terminación del contrato de trabajo, razón por la cual su liquidación final solo arroja la suma de $0.94, por lo que, en su decir, no es de recibo que la actora pretenda desconocer los préstamos de consumo y el saldo pendiente por pagar e incluso, la autorización inserta en el título valor que respalda las obligaciones contraídas. Propuso las excepciones de pago, enriquecimiento sin causa y prescripción y, las que llamó justa causa de despido comprobada, oPRESCINDIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DEL TRAMITE DISCIPLINARIO PARA DEPEDIR (SIC) A UN TRABAJADOR», inexistencia de la obligación, carencia de derecho, cobro de lo no debido, validez de las deducciones efectuadas de la liquidación final del contrato de trabajo de la demandante, carácter no salarial de las bonificaciones, primas de servicio extralegal, auxilio extralegal de transporte y vacaciones extralegales entregadas a la demandante en vigencia del contrato de trabajo y, la genérica (f.° 294cuaderno del juzgado).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, concluyó el trámite y emitió fallo el 6 de septiembre de 2016 (f.° 188 cuaderno del juzgado tomo 2expediente digital), en el que ordenó: PRIMERO: DECLARAR la existencia del contrato de trabajo entre Daryan Angélica Ramírez Arango y la demandada

Bancolombia SA, el cual terminó en febrero de 2015 y había iniciado en agosto de 2009.

SEGUNDO: DECLARAR probadas las excepciones de mérito invocadas por la demandada BANCOLOMBIA SA denominadas justa causa de despido comprobada y, prescindibilidad del trámite disciplinario para despedir a un trabajador. Se declaran probadas parcialmente la de inexistencia de la obligación, carencia de derecho, cobro de lo no debido, pago, enriquecimiento sin causa, validez de las deducciones efectuadas de la liquidación final del contrato de trabajo, carácter no salarial de las bonificaciones prima de servicio extralegal, auxilio extralegal de transporte, vacaciones extralegales. Se declara no probada la de prescripción.

TERCERO: ABSOLVER a la demandada BANCOLOMBIA SA de la pretensión procesal de despido injusto o indemnización convencional que pretendiera la actora DARYAN ANGÉLICA RAMÍREZ ARANGO por las razones ya planteadas.

CUARTO: CONDENAR a la demandada BANCOLOMBIA SA de la pretensión de tener como factor salarial los dineros recibidos por cumplimiento de plan de gestión comercial. En consecuencia, se condena al reajuste de sus prestaciones sociales legales y extralegales debidamente indexadas, condena total por la suma de $6.277.981.

QUINTO: Se DECLARA ilegal el descuento efectuado por el demandado BANCOLOMBIA por la suma de $5.464.106, esto en forma parcial, porque deberá reintegrar a la demandante

DARYAN ANGÉLICA RAMÍREZ ARANGO la suma

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Radicación n.° 95244 correspondiente al salario mínimo mensual legal vigente para el ario 2015, es decir, $644.350.

SEXTO: Se CONDENA a la demandada BANCOLOMBIA a pagar a la demandante DARYAN ANGÉLICA RAMÍREZ ARANGO la diferencia dejada de cancelar por concepto de auxilio de transporte extralegal para los arios 2013-2014, así para un total de $38.520 que no se encuentran indexados pero que deberán ser cancelados indexados, así como la condena impuesta en el numeral cuarto de esta sentencia.

SÉPTIMO: Se ABSUELVE a la demandada BANCOLOMBIA SA de la pretensión procesal de indemnización moratoria del artículo 65 del CST, así como de la reliquidación de sus prestaciones sociales con fundamentos extralegales por las razones ya planteadas.

OCTAVO: Se fijan agencias en derecho a cargo de la parte vencida demandada en cuantía y términos que se señalarán en la oportunidad, en la etapa procesal pertinente. Las costas serán liquidadas siempre y cuando se demuestre su causación.

Inconformes, las partes apelaron.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver los recursos, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, profirió fallo el 17 de febrero de 2020 (link audiencia f.° 15 cuaderno del Tribunal - expediente digital), en el que dispuso: MODIFICAR EL NUMERAL QUINTO de la parte resolutiva de la sentencia apelada indicando que se revocará solo la parte que ordena reintegrar a la demandante Daryan Angélica Ramírez

Arango, la suma correspondiente a un salario mínimo legal mensual vigente para el ario 2015, es decir $644.350, y en su defecto, se deniega dicha pretensión, quedando pues confirmado el otro aparte del numeral quinto, en lo que tiene que ver con la legalidad del descuento efectuado por Bancolombia en la suma de $5.464.106 y, se CONFIRMA la sentencia en todo lo demás.

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Radicación n.° 95244 Sin costas en esta instancia por no haberse causado durante su trámite.

Como problemas jurídicos fijó: 1.- determinar si la terminación del vínculo laboral que unió a las partes obedeció a una justa causa o no, y por ende, si es procedente la indemnización reclamada en el libelo demandatorio; 2.- si las sumas recibidas por concepto de metas señaladas en el plan de gestión comercial eran constitutivas de salario; 3.- si es procedente la reliquidación de prestaciones legales y convencionales; 4.- si hay lugar al pago de la indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 del CST; 5.- lo relativo a las autorizaciones de descuento en relación con las sumas que le fueron deducidas a la demandante en su liquidación final del contrato de trabajo y, por último, 6.-si hay lugar a la condena por concepto de auxilio extralegal de transporte.

Antes de resolverlos, tuvo indiscutida la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, por el periodo comprendido del 3 de agosto del 2009 y «el 20 de febrero de 20150, fecha en la cual fue despedida la demandante sin

justa causa, cuando desempeñaba el cargo de asesor II de la sucursal San Nicolás de Colombia, en la ciudad de Barranquilla. En relación con la justeza del despido, se remitió a los motivos endilgados por el banco en la misiva de desvinculación los que estimó como graves «por haber incurrido la trabajadora en una conducta desleal», así como a

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Radicación n.° 95244 lo contemplado en los artículos 58 y 62 del CST, 60 del Reglamento Interno de Trabajo numerales 1, 5 y 67, literal g), luego de lo cual descendió al estudio de los testimonios rendidos por Emilia Inés Galeano Lafaurie, Denis Márquez Manosalva, Geisi del Carmen Márquez Monsalve, Patricia Fernández Leal y María Leidy Parra Puerta, de cuyas declaraciones coligió que «se demuestra que se efectuó una transacción de una dienta del banco a la actora 3 días después del desembolso del crédito que la actora le gestionó». Continuó con el análisis del interrogatorio de parte rendido por la demandante quien dio cuenta que efectivamente le tramitó un crédito a Emilia Inés Galeano Lafaurie y, en relación con la transacción por valor de $1.000.000 indicó que aquella le manifestó que tenía la necesidad de ese dinero que ya no se le podía otorgar por medio del banco, por lo que «en ese momento le informé que íbamos a hacer una llamada para ver si podía ayudarla», «llamó a un amigo que le dijo que sí, pero que tenía que servirle como aval, que le consiguió el dinero a la señora Emilia, cliente

del Banco, que como ella era la intermediaria, le hizo la transferencia a su cuenta». Del estudio de las anteriores probanzas concluyó: De lo expuesto por la actora y del material probatorio aportado por la demandada se demuestra que se realizó el traslado del dinero a su cuenta de ahorro proveniente de la cuenta de la cliente Emilia Lafaurie, a quien ella le gestionó un crédito en el ejercicio de sus funciones, que la consignación acaeció 3 días después de haber efectuado el desembolso del dinero, lo que demuestra que los cargos a que se refiere la carta de despido

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Radicación n.° 95244 están suficientemente acreditados en el proceso mediante las pruebas mencionadas, demostrando que la demandante incurrió en la falta que se le endilga, transferencia bancaria con cliente del banco, a quien ella le tramitó un crédito, lo que lleva a concluir que lo ocurrido no fue una falta insignificante, es decir, que no se trató de un hecho menor del cual pueda inferirse que la intención de la demandada al terminar la relación haya sido eximirse de cumplir el contrato o sacar provecho lesionando los intereses del trabajador. Resaltó que la demandante recibió de Bancolombia SA el reglamento interno de trabajo, código de ética, políticas de seguridad de la información, Convención Colectiva de Trabajo y circular de viáticos, como da cuenta la documental del folio 37, por lo que «se desprende claramente que la actora se halla incursa en una causal que permite a la entidad bancaria demandada terminar justamente el contrato, dando al traste su pretensión de indemnización por despido injusto,

imponiéndose la confirmación de la sentencia apelada en tal sentido». En lo que hace a la reliquidación de las prestaciones sociales por no inclusión de todos los factores salariales, adujo que la bonificación por plan de gestión comercial le era pagada a la demandante como contraprestación a sus servicios, por lo cual «es evidente su incidencia salarial, por lo cual hay lugar a la reliquidación deprecada, tal como lo dispuso el a quo, confirmándose el proveído apelado en ese sentido, en este aspecto». De la deducción efectuada de la liquidación final de prestaciones sociales de la trabajadora, afirmó que lo fue por valor de $5.464.106 por concepto de préstamo personal y,

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Radicación n.° 95244 que de conformidad con la documental visible a folio 372, la actora facultó a la entidad bancaria a realizarla, [...] Así las cosas, existe manifestación expresa de la trabajadora de autorizar la deducción; así mismo, consintió en firmar el pagaré con espacios en blanco para ser llenados al momento de hacerse exigible, conforme al saldo de la deuda del crédito o préstamo según se observa de la documental de condiciones de créditos a empleados de folio 130 y el pagaré visible a folio 373 y 374, lo cual no deja duda que tal descuento estaba debidamente autorizado, por lo tanto, no hay lugar al reembolso de los dineros reclamados y que los descuentos cuestionados no son ilegales, dado que corresponden al saldo del préstamo que la actora adeudaba y, por tanto, eran obligaciones existentes y exigibles;

por ello, sin mayores elucubraciones jurídicas, considera la Sala que le asistió razón al a quo al no ordenar la devolución de la suma descontada, toda vez que en el plenario existe prueba que demuestra la justificación de tal descuento, sin que sea necesario que la demandada reintegre el valor del salario mínimo legal vigente para el ario 2015, fecha del despido, razón por la cual se modificará la decisión del a quo en este aspecto. Prosiguió con el estudio de la indemnización moratoria, de la que recordó, no opera de manera automática ante el hecho de la falta de pago, sino que se requiere una evaluación sobre las circunstancias objetivas y jurídicas que permitan establecer la buena fe patronal para proceder a su exoneración; así, al analizar la conducta asumida por Bancolombia SA, indicó: Se puede decir que no se demostró que la actitud de Bancolombia al no tener como factor salarial las bonificaciones por plan de gestión comercial haya estado revestida de mala fe, toda vez que se observa que procedió a los pagos de salarios y prestaciones correspondientes, inclusive al finalizar el contrato de trabajo, razón por la que puede enmarcarse su conducta en la creencia errada que no era considerado como salario, aunado que no se probó que el accionante (sic) hubiese requerido durante la vigencia de su relación laboral a su empleador, frente a tal

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Radicación n.° 95244 emolumento, por lo que se reafirmará el creer de ambas partes que los mismos debían hacerse. Así mismo, con respecto a la no inclusión de las bonificaciones al momento de la liquidación de

prestaciones sociales debe estimarse que la accionada actúo bajo la concesión de su no incidencia salarial, por lo que, por lo tanto, se confirmará la decisión del a quo en este aspecto. Para concluir, se refirió a la diferencia del auxilio extralegal de transporte contemplado en el artículo 21 de la Convención Colectiva de Trabajo para todos los trabajadores que devengaran menos de $2.021.000, «por lo que la actora tenía derecho al subsidio de transporte def orma completa», tal como lo dispuso el a quo y, al no haberse demostrado que la actora en algún período de la relación laboral hubiera estado cesante o ausente, confirmó la decisión impugnada en tal aspecto.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la casación parcial de la sentencia recurrida: [...] en cuanto confirmó la absolución de la demandada en la sentencia emitida el 6 de septiembre de 2016 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla respecto de las peticiones de declaración de despido sin justa causa de la actora, pago de indemnización convencional por despido injustificado, reintegro de las sumas descontadas de la liquidación final de prestaciones sociales de la actora y pago de la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 CST; y para que en su lugar y en sede de instancia: i) Confirme la condena emitida por

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Radicación n.° 95244 el a quo de reconocer y pagar a la actora la suma debidamente

indexada de $6.277.981 correspondiente a la reliquidación de sus prestaciones sociales con la inclusión del factor salarial del plan de gestión comercio; ii) confirme la condena emitida por el a quo respecto del auxilio convencional de transporte; iii) Declare que el contrato de trabajo de la actora fue finalizado sin justa causa por parte de BANCOLOMBIA SA; iv) condene a la demandada a reconocer y pagar a la demandante la indemnización convencional por despido sin justa causa; y) declare que los descuentos realizados por la demandada sobre la liquidación final de prestaciones sociales de la actora son ilegales; vi) condene a la demandada a reintegrar a la demandante la suma de $5.464.106; vii) condene a la demandada a pagar a la actora la indemnización por mora señalada en el articulo 65 del CST, a razón de CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS con 94/00 ($125.466.94) diarios a partir de su desvinculación y hasta que se haga efectivo su pago. Costas en ambas instancias y en esta actuación a favor de la parte actora (subraya del original). Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que merecieron réplica y, enseguida se estudian.

VI. CARGO PRIMERO Por vía directa, en la modalidad de infracción directa de los artículos 29 CN; 467 CST; 26 de la Convención Colectiva de Trabajo 2014-2017; que conllevó la vulneración de los

artículos 13, 25, 29, 53, 48, 49, 83 y 93 de la CN; 1, 5, 6, 13, 14, 16, 20, 21, 32 (subrogado por el artículo 1 del DL 2351 de 1965), 55, 56, 57, 59, 61 (subrogado por el artículo 5 de la Ley 50 de 1990), 64 (modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002),6 5( modificado por el 29 de la Ley 789 de 2002), 127 (subrogado por el 16 de la Ley 50 de 1990), 128 (subrogado por el 15 de la Ley 50 de 1990), 129 (subrogado

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Radicación n.° 95244 por el 16 de la Ley 50 de 1990), 130 (subrogado por el 17 de la Ley 50 de 1990), 132 (subrogado por el 18 de la Ley 50 de 1990), 142, 186, 192 (modificado por el 8 del Decreto 617 de 1954), 193, 249, 252, 253,( subrogado por el 17 del Decreto 2351 de 1965), 254, 306, 308, 340, 467 y 468 del CST; 99 de la Ley 50 de 1990; 16 de la Ley 446 de 1998; 1 de la Ley 52 de 1975; 17, 18, 22, 23, 161 y 204 de la Ley 100 de 1993; 16, 17, 1603, 1622, 1740, 1741, 1742 (subrogado por el 2 de

la Ley 50 de 1936), 1743 y 1746 del CC y, 38 de la Convención Colectiva de Trabajo 1999-2001. Para la censura, al margen de la discusión sobre la existencia o no de una justa causa para el despido, el ad quem no se pronunció de la existencia de un proceso disciplinario que debió adelantarse previo a la terminación del vínculo; omisión que se rebela contra lo previsto en el artículo 29 de la CN y 467 del CST en concordancia con el 26 de la Convención Colectiva de Trabajo 2014-2017, cuya aplicación era obligatoria para garantizar el cumplimiento del debido proceso. Sostiene que soslayar el citado procedimiento «sería una patente de corzo para que toda conducta sea falta grave calificada al arbitrio del empleador y opere entonces un despido inmediato en completa omisión y desconocimiento del proceso disciplinario pactado previamente en convención». Resalta que si bien, la línea jurisprudencial vigente de esta Corporación establece que el despido no es sanción, también lo es que ha sido pacífica en indicar que si se

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Radicación n.° 95244 establece en el Reglamento Interno de Trabajo o en cualquier otro instrumento vinculante para las partes un procedimiento específico para la constatación de las faltas endilgadas al trabajador, este es de obligatorio cumplimiento porque de omitirse, configuraría la violación del debido proceso del trabajador que daría al traste con el despido justificado como ocurre en el sub lite (CSJ SL2351-2021)

VII. RÉPLICA

Bancolombia SA refiere que los contratos colectivos que suscriben las partes en una relación laboral no son normas de alcance nacional, en tanto su ámbito de aplicación se contrae a los sujetos parte del vínculo, por lo que resulta impropio invocarlos en la proposición jurídica. Asevera que el Tribunal «se limitó estrictamente a disertar sobre los tópicos conflictivos que pervivían en la alzada, mas no sobre los día (sic) procesalmente fenecidos», por eso no se pronunció sobre la obligación del empleador de adelantar, previo al despido, un proceso disciplinario, «porque en su momento, la apelante, ahora recurrente en casación, no elevó reparo o solicitud». Resalta que si consideraba que tal aspecto fue motivo de inconformidad en la impugnación, «debió en ese instante solicitar la adición o complementación del fallo de segundo nivel, en los términos del artículo 287 del Código General del Proceso», toda vez que el recurso extraordinario no está instituido como sucedáneo para corregir yerros que pueden ser subsanados en las instancias mediante los mecanismos especialmente previstos

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Radicación n.° 95244 para ello.

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal encontró demostrada la justeza del despido de la demandante, lo que sustentó así: De lo expuesto por la actora y del material probatorio aportado por la demandada se demuestra que se realizó el traslado del dinero a su cuenta de ahorro proveniente de la cuenta de la cliente Emilia Lafaurie, a quien ella le gestionó un crédito en el ejercicio de sus funciones, que la consignación acaeció 3 días

después de haber efectuado el desembolso del dinero, lo que demuestra que los cargos a que se refiere la carta de despido están suficientemente acreditados en el proceso mediante las pruebas mencionadas, demostrando que la demandante incurrió en la falta que se le endilga, transferencia bancaria con cliente del banco, a quien ella le tramitó un crédito, lo que lleva a concluir que lo ocurrido no fue una falta insignificante, es decir, que no se trató de un hecho menor del cual pueda inferirse que la intención de la demandada al terminar la relación haya sido eximirse de cumplir el contrato o sacar provecho lesionando los intereses del trabajador. De lo anterior concluyó que Bancolombia SA «hizo uso de una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo a la actora; «corolario de lo anterior, se desprende claramente que la actora se halla incursa en una causal que permite a la entidad bancaria demandada terminar justamente el contrato, dando al traste su pretensión de indemnización por despido injusto, imponiéndose la confirmación de la sentencia apelada en tal sentido». Tal como lo advierte la entidad en su escrito de oposición, ninguna referencia hizo el colegiado a la 16

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Radicación n.° 95244 obligatoriedad de agotar el procedimiento establecido en el artículo 26 de la norma convencional con vigencia 2014-2017 con antelación al fenecimiento del vínculo laboral, como quiera que se limitó a disertar sobre la justeza del despido, sin que en ese momento procesal la demandante, ahora

recurrente, elevara reparo o solicitud, pasando por alto que si consideraba que era materia de la apelación, debió en ese instante solicitar la adición o complementación del fallo de segundo nivel, en los términos del artículo 287 del CGP. Al respecto la sentencia CSJ SL4316-2022, que prohijó la doctrina vertida en fallo CSJ SL, 29j un. 2001, rad. 15.456, adoctrinó: En reiteradas oportunidades ha sostenido la Corte que el recurso de casación, dada su propia naturaleza de ser extraordinario, no está instituido como sucedáneo para corregir yerros que pueden ser subsanados en las instancias mediante otros mecanismos jurídicos especialmente previstos para el caso, como son la aclaración, corrección y adición de las sentencias, consagrados en los artículos 309, 310 y 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en lo laboral por la remisión expresa del artículo 145 del C. de P. L. En segundo lugar y dada la omisión del Tribunal, debe indicarse que el procedimiento correcto a seguir por la parte afectada era solicitar la adición de la sentencia como lo dispone el artículo 311 del C.P.C., aplicable en el procedimiento laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y no, como lo hizo, interponer el recurso de casación, que dada su naturaleza de extraordinario, no está instituido para evitar yerros que pueden subsanarse mediante la utilización de herramientas jurídicas regladas para el caso. Al respecto dijo la Corte en sentencia del 11 de febrero del ario en curso: [...] resulta pertinente reiterar que el recurso extraordinario no

puede servir de mecanismo alternativo para subsanar irregularidades en que pudo haber incurrido el fallador al

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Radicación n.° 95244 momento de decidir el litigio, y que eran viables remediar a través de las herramientas jurídicas previstas para el efecto, que es lo que ocurre en este caso, cuyo conducto procesal pertinente era el solicitar la adición de la sentencia a fin de que se dictara una complementaria en donde se pronunciara sobre el punto no resuelto. (...) Y es por lo anterior que cuando se dan algunas de las referidas falencias, el mismo artículo 311 del C.P.C., modificado por el artículo 1° numeral 141 del Dcto 2282 de 1989, prevé el mecanismo tendiente a conjurar tales irregularidades bien por actuación de oficio del juez o en virtud de solicitud de parte, a través de una sentencia complementaria donde se resuelva sobre la pretensión o excepción cuyo pronunciamiento fue omitido; instrumento éste que no fue utilizado por el impugnante dentro del término que allí mismo se establece y que ahora pretende revivir a través de un recurso restringido y extraordinario, que supone en quien lo ejerce, haber agotado sin éxito ante las instancias todos los medios de impugnación e instrumentos que el procedimiento establece. Así lo ha precisado ya esta Sala de la Corte, entre otros, en el fallo de octubre 29 de 1997, radicación 9895. (sentencia de 11 de febrero de 1998, radicación 10115). Criterio también reiterado en las sentencias CSJ SL6392-2017,

SL1427-2018, SL5464-2018CSJ SL5179-2019 y CSJ SL8022019 y CSJ SL2805-2020, entre otras. En consecuencia, si la promotora del juicio consideraba que había sido materia de la apelación el agotamiento del trámite convencional previo a su despido, ha debido solicitar la adición del fallo de segunda instancia, pues el colegiado no dijo absolutamente nada sobre la materia, sin que sea apropiado como lo pretende a través del cargo, subsanar mediante e