CSJ - SL1330-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1330-2023 Radicación n.° 96113 Acta 020 Bogotá, D. C., trece (13) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ISABEL DEL PILAR ORTIZ CÁRDENAS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 27 de mayo de 2022, en el proceso que instauró contra GAS GOMBEL SA ESP, IC

INVERSIONES SAS y COMUNICACIONES Y NEGOCIOS SA.

I. ANTECEDENTES Isabel del Pilar Ortiz Cárdenas llamó a juicio a Gas Gombel SA ESP y a IC Inversiones SAS y Comunicaciones y Negocios SA, con el fin de que se declarara: que eran solidariamente responsables de las obligaciones que resultaran del presente proceso; que la conciliación laboral suscrita el 6 de agosto de 2010 ante el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá estuvo viciada de nulidad; y

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Radicación n.° 96113 que, desde el 1 de octubre de 2009, existió un contrato de trabajo, el cual se encontraba vigente a la presentación de la demanda. Como consecuencia de lo anterior, solicitó el pago de: los salarios dejados de cancelar; los aportes a la seguridad social teniendo en cuenta la suma realmente devengada; las cesantías y sus intereses, junto con la indemnización por la falta de su consignación en el fondo; las primas de servicio; las vacaciones y la «pensión sanción, consagrada en el artículo

133 de la ley (sic) 100 de 1993», al llegar ella a la edad requerida; todo esto debidamente indexado. Subsidiariamente, pretendió que se declarara la terminación unilateral e injusta del vínculo laboral por parte del empleador y se ordenara el «REINTEGRO EN EL cargo de DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y/0 FINANCIERA o a uno equivalente o de superior categoría, de mi apoderada, por el incumplimiento del parágrafo 1 del numeral 2º del art. 29 de la ley 789 de 2002», o que se condenara a las indemnizaciones por despido injusto y la moratoria por el no pago de salarios y prestaciones sociales, desde la fecha de finalización del contrato y los intereses moratorios a partir del mes 25 y hasta cuando se verificara el cubrimiento de las obligaciones. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 1 de octubre de 2009 celebró un contrato de trabajo a término indefinido con Gas Gombel SA ESP, primero, pactado verbalmente y, con posterioridad, plasmado por escrito en

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Radicación n.° 96113 documento del 2 de septiembre de 2010; que por su desempeño fue ascendida al cargo de directora administrativa, financiera y jefe de personal de la compañía y, que la vinculación aún estaba vigente a la fecha de presentación de la demanda, pues no se le notificó la decisión de finalizarla. Describió sus funciones y precisó que, en el 2003, Gas Gombel «fue admitida por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios en proceso de reestructuración

empresarial Ley 550» y en 2010, por la situación económica, celebró un contrato de financiamiento con las codemandadas, en el que, las acciones que ella poseía en la sociedad y las de su familia, se constituyeron como garantía en el encargo fiduciario del 18 de agosto de 2010; aunado a que, como condicionamiento del crédito se exigió una «debida diligencia» llevada a cabo por la firma CF Cardona Abogados SA, en cuyo resultado se le pidió a ella, como trabajadora, suscribir un acuerdo conciliatorio, previo al desembolso. Afirmó que el «30 de julio de 2010, German Ortiz sostuvo una reunión con los señores Enrique Carrizosa y Andrés Obregón en la cual le ajustaron el salario» a la suma de $ 6.400.000, con un incremento anual del IPC más tres puntos porcentuales, pagaderos por Gas Gombel SA ESP, pese a que los dos últimos integrantes de la reunión se desempeñaban como representante legal suplente en la sociedad IC Inversiones SAS y miembro de la junta directiva de la sociedad Comunicaciones y Negocios SA, respectivamente, quienes, además de acceder a información

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Radicación n.° 96113 privilegiada de Gas Gompel, ejercieron control en sus decisiones desde el año 2010. Indicó que dentro de sus obligaciones se encontraba la de impartir órdenes a los subordinados y recapituló una serie de comunicaciones enviadas y recibidas vía correo electrónico entre los años 2010 y 2015. Seguidamente, precisó cuáles fueron los salarios percibidos a partir de 2011

e indicó que no le fueron ajustados según lo acordado, como tampoco se le pagaron los derechos derivados del contrato de trabajo, tales como los aportes a la seguridad social, primas, vacaciones, cesantías e intereses, ni le fue informado el estado de tales pagos. Aseguró, a continuación, que no se justificó la terminación del vínculo ni se le indemnizó por tal causa, pese a que: En el acta 97 de la junta directiva de GAS GOMBEL S.A E.S.P, del día 02 de abril de 2012, en el punto cuarto (folios G 42 al respaldo y G 43 parte frontal del libro inscrito) se indicó que “En el evento de terminación del contrato de trabajo por cualquier motivo , la empresa pagará la liquidación legal junto con el valor correspondiente a la indemnización por despido sin justa causa pero a título de bonificación no constitutivo de salario o el valor correspondiente a dos años de salario, la suma que resulte mejor para el empleado”. Afirmó que IC Inversiones SAS y Comunicaciones y Negocios SA, «en su condición de Sociedad CONTROLANTE», son consideradas «como una sola empresa junto con GAS GOMBEL S.A E.S.P» y que aquellas ejercieron sobre esta última «una toma hostil» en la que se desconocieron sus estipendios laborales, mismos que reclamó a través de

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Radicación n.° 96113 derechos de petición elevados en abril de 2018. Advirtió, acto seguido, que instauró demanda contra su empleador por acoso laboral. Al dar respuesta a la acción, IC Inversiones SAS, se opuso a las pretensiones; frente a los hechos negó la

existencia del vínculo con la demandante e indicó que no le constaba lo relativo al modo en que se desarrolló; aceptó el conocimiento e injerencia en los asuntos de Gas Gombel SA ESP, pero explicó que el control ejercido sobre esta sociedad no era exclusivo, por lo que a la parte actora le correspondía demostrar esa relación, pues aseguró que las empresas contaban con diferente representación legal; autonomía administrativa, financiera y objeto social. En su defensa propuso las excepciones de prescripción; inexistencia de prueba que acredite la prestación personal del servicio por parte de la demandante en beneficio de IC inversiones SAS; cobro de lo no debido por falta de solidaridad y por ausencia de causa; no legitimación por pasiva; buena fe y compensación. A su turno, Gas Gombel SA ESP negó la existencia de la relación, tildó la demanda de mal intencionada y advirtió que ya se siguió un proceso, bajo el título de acoso laboral, pero con las mismas pretensiones, de las que fue absuelta en primera y segunda instancia; en consecuencia, desconoció los hechos relativos al vínculo de trabajo, así como a la suscripción del referido contrato. Aceptó la reestructuración

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Radicación n.° 96113 empresarial a causa de la situación económica e indicó que no le constaba lo dicho frente a las otras sociedades. Negó la conciliación enunciada por la demandante, de la cual explicó que: Tal y como se desprende del acta de conciliación celebrada y que se aporta como prueba de la demanda, la señora Isabel Ortiz Cárdenas acudió ante el juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de

Bogotá de manera voluntaria, y sin que se acreditara presión alguna suscribió el acuerdo frente a un juez de la República. · Adicionalmente, llama poderosamente la atención que quien suscribe el acuerdo de conciliación en nombre de la compañía Gas Gombel S.A. E.S.P. es el señor Carlos Maya Morales, quien ejerce la profesión de abogado y respecto de quien la misma demandante reconoce conocerlo e incluso en algún momento haberlo contratado (Hecho 20 de la demanda). En consecuencia, quien tendrá que reconocer la validez del acuerdo conciliatorio celebrado, adicional al entonces Juez Dieciséis del Circuito de Bogotá, será el mismo señor Maya, quien paradójicamente ha sido citado como testigo al presente proceso por la misma demandante. Se opuso a las pretensiones y presentó la excepción previa de cosa juzgada, así como las de mérito, de inexistencia de la relación laboral, cobro de lo no debido, prescripción y cosa juzgada. Comunicaciones y Negocios SA advirtió que no le constaban los hechos de la demanda, excepto lo relativo a su injerencia en los asuntos de Gas Gombel SAS ESP, frente a lo que advirtió que el control ejercido no era exclusivo, por lo cual debía acreditarse, por la interesada, la medida y la forma en la que se dio esa relación.

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Radicación n.° 96113 En su defensa elevó las excepciones que denominó: inexistencia de prueba que acredite la prestación personal del servicio por parte de la demandante, en beneficio de Comunicaciones y Negocios SA; cobro de lo no debido por

inexistencia de la solidaridad y por ausencia de causa; prescripción; falta de legitimación por pasiva; buena fe; compensación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, mediante decisión del 5 de noviembre de 2021, absolvió a las demandadas de las pretensiones incoadas en su contra.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia escrita del 27 de mayo de 2022, al resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, confirmó la de primera instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal estableció como problema jurídico determinar «cuál fue el extremo final, el salario devengado por el (sic) accionante; derivado de lo que se resuelva, proceder a analizar la prosperidad de los ruegos demandatorios o en su defecto establecer si en efecto operó el fenómeno prescriptivo frente a las acreencias laborales reclamadas».

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Radicación n.° 96113 Para resolverlo sostuvo que no existía controversia frente a la existencia de la relación laboral, su extremo inicial ni el cargo desempeñado, pues así lo había dejado sentado la juez de primera instancia; por lo que,el reparo recaía en «la data final, al manifestar la reclamante jurisdiccional que el vínculo feneció el 15 de noviembre de 2015 y no el 30 de abril» del mismo año. Así, descendió al estudio de los extremos temporales,

para lo cual, resaltó que la carga de la prueba recaía en quien alegó los hechos y al adentrarse en el análisis de las pruebas se refirió en especial respecto de: […] contrato de fiducia (fl. 126); denuncia de acoso laboral (fl. 91 y 150); carta fechada 14 de julio de 2010 (fl. 92); correos electrónicos (fl. 93 a 114, 117 a 144, 187188, 222-223); copias de transacciones bancarias (fl. 115-116); facturas de venta (fl. 145-146); contrato de trabajo a término indefinido (fl. 172); carta denominada de intención no vinculante (fl. 179); acta de conciliación celebrada el 6 de agosto de 2010 ante el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá (fl. 185); acuerdo de Gas Gombel (fl. 191); manuscrito del 30 de julio de 2010 (ñ. 205); USB (fl. 206); concepto litigioso (fl. 207); peticiones incoadas (fl. 224-230); acta No. 97; acuerdo de accionistas (fl. 234); contrato de opción de compra (fl. 261); sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Laboral, Sala cuarta de Decisión (fl. 501); copia de demanda de acoso laboral adelantada por la demandante contra Gas Gombel S.A. en reestructuración y otros (fl. 603); interrogatorios de parte recepcionados a la demandante y a los representantes legales de Comunicaciones y Negocios S.A., Gas Gombel S.A. e IC Inversiones SAS (archivo 10 y 30); los

testimonios de los señores Carlos Alberto Maya, Andrés García Flores, Luis Alejandro Sánchez, Rodrigo Valdez Delgadillo archivo 10, 30, 31). Expuso a partir de las citadas, que ninguno de los testigos daba cuenta del extremo en discusión, por lo que al revisar los documentos, luego de discriminar el estudio realizado a cada uno de los transcritos, concluyó que:

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Radicación n.° 96113 En esa medida, no existen medios de convicción disimiles que permitan entrar a modificar la fecha de terminación indicada por la Juez de Conocimiento (30 abril de 2015), máxime que a pesar de indicarse que el vínculo finalizó en noviembre de 2015, la parte actora, no da cuenta de cuáles probanzas acreditan tal dicho o manifestación de acuerdo al cartapacio procesal allegado. A continuación, para resolver la inconformidad presentada frente a la prescripción, citó el contenido del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y estableció que era deber del interesado interrumpir el fenómeno con la correspondiente reclamación de los derechos pretendidos ante el empleador. En efecto, frente al punto sostuvo: […] del material probatorio y legalmente recaudado, se evidencia que la demandante, con carta fechada de abril 2018 solicitó la reinstalación y/o reintegro a su puesto de trabajo, consecuencia de ello, el pago de salarios "pendientes de pago de A ISABEL DEL PILAR ORTÍZ (sic) CÁRDENAS desde el Inicio del contrato laboral y hasta su efectivo reinstalación Y/O reintegro en el cargo...", reliquidación de aportes a seguridad social, cesantías, intereses

a las cesantías, primas de servicios, vacaciones, indemnización del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, del artículo 64 del CST y del artículo 65, además se pagara la pensión sanción. De acuerdo al certificado de entrega emitido por la empresa de mensajería Inter Rapidísimo, da cuenta que la aludida reclamación fue remitida el 30 de abril de 2018 y recibida por Gas Gombel SA ESP el 2 de mayo de la calenda anunciada. Así, concluyó que, al haberse terminado la relación laboral el 30 de abril de 2015 y contar con tres años para reclamar, sin hacerlo, operó la prescripción de los derechos pretendidos. Contra la presente decisión interpusieron recurso de casación ambos extremos procesales, siendo negado ante la falta de interés jurídico, el de las demandadas.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Isabel del Pilar Ortiz, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia atacada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula tres cargos, que se enuncian «por las causales primera y tercera de casación laboral, consagradas en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo»; las cuales son objeto de réplica en un mismo escrito por las sociedades Gas Gombel SA ESP, IC Inversiones SAS y

Comunicaciones y Negocios SA, y se resuelven en conjunto dada la similitud de argumentos, normas y pruebas acusadas.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser «indirectamente violatoria del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, Capítulo I, Título II Prescripción de Acciones, como consecuencia del error de hecho en que incurrió el juzgador de segunda instancia, por falta de apreciación de ciertas y determinadas pruebas».

Como errores de hecho enuncia los siguientes:

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Radicación n.° 96113 Dar por probado, no estándolo que el contrato de trabajo suscrito entre ISABEL DEL PILAR ORTIZ CARDENAS (sic) y GAS GOMBEL S.A., feneció el día 30 de abril de 2015. Dar por probado, no estándolo que el 30 de abril de 2018, opero (sic) el término de prescripción señalado en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. Dar por probado, no estándolo que el extremo final de la relación laboral lo fue el 30 de abril de 2015. No dar por probado, estándolo que el contrato se extendió más allá del 30 de abril de 2015. Como pruebas no apreciadas señala: 10.1. Correos electrónicos: Nota: en algunos de los siguientes numerales hube de recurrir al expediente digital enviado por la Juez 31 Laboral del Circuito al Tribunal, pues, no halle dichas documentos en los cuadernos que reposan en los archivos de la Corte). 10.1.1 - El 22 de abril de 2015, mi poderdante recibe respuesta

de Johnny Cantillo (coordinador de procesos) a un correo suyo del 20 de abril de la misma calenda, sobre REQUERIMIENTOS SIN ROSOLVER. (sic) (Fl. 111 Cuaderno Principal Tomo 1 Primera Instancia) 10.1.2 - El 4 de mayo le es copiado el correo que Sandra Carolina Muñoz le remitió a Yenny Chávez, sobre “SOLICITUD DE RIESGO GAS GOMBEL”. 10.1.3 - El día 7 de mayo de 2015, Isabel Ortiz Cárdenas recibe correo de Digo Rodríguez – Analista Contable, solicitando un RUT actualizado. (Fl. 129 Cuaderno Principal Tomo 1 Primera Instancia) 10.1.4 - El 8 de mayo de 2015, Isabel Ortiz replicó a la señora Sandra Carolina Muñoz, funcionaria de la Equidad Seguros, un correo que había recibido el 4 de mayo de Yeny Chaves (Asistente de Recurso Humanos), a quien le pidió información sobre los riesgos de Gas Gombel. (Fl. 130 Cuaderno Principal Tomo 1 Primera Instancia) 10.1.5 - El mismo 8 de mayo de 2015, la señora Isabel Del Pilar Ortiz, recibe respuesta de Sandra Carolina Muñoz. 10.1 6 - El 12 de mayo de 2015, mi poderdante recibe correo de Eduardo Palacios, sobre el pago de unas facturas vencidas y así mismo lo reenvía. (Fl. 134 Cuaderno Principal Tomo 1 Primera Instancia) 10.1.7 - También es una realidad que días después, el 21 de mayo de 2015, (Fl. 272 carpeta 007 del expediente digital – ver

link enviado por el Juzgado 31 Laboral del Circuito), la señora Yeny Chaves de Recursos Humanos, le envió un correo a mi poderdante, con copia a Martin Mora, Representante Legal de Gas Gombel, en el que, aparte de adjuntarle un archivo que

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Radicación n.° 96113 contiene las actas de entrega, le dice textualmente: “Quedo atenta a los comentarios”. (subrayado fuera del texto). 10.1.8 - Lo es también, que el 25 de mayo de 2015, mediante correo dirigido a Yeny Chaves de Recursos Humanos, con copia a mi poderdante y a Martin Mora (Representante Legal de Gas Gombel), la señora Isabel Cárdenas Ferro, se pronunció sobre las actas de entrega, de las que dijo tenían bastantes inconsistencias (Fl. 273 carpeta 007 del expediente digital - ver link enviado por el Juzgado 31 Laboral del Circuito), y le pedía, fuesen complementadas, aclaradas y corregidas. 10.1.9 – A folio 135 del Cuaderno Principal Tomo 1 Primera Instancia, aparece el correo del 2 de junio del 2015, con el cual mi poderdante responde a la señora Yeny Chaves (Asistente de Recursos Humanos), con copia a Martin Mora (Representante Legal de Gas Gombel) y a otras personas de la compañía, manifestándole que las actas no estaban completas y para ello era necesario evacuar algunas actividades, las que, describió en 7 numerales. 10.2. Informe presentado el 6 de mayo de 2015 al señor MARTIN MORA, Representante Legal de GAS GOMBEL S.A. ESP, por

Pablo Hernández Hussein y Nicolas (sic) Rico Álvarez, adscritos a la firma VS+M ABOGADOS. Este informe corresponde al análisis jurídico respecto de las posibilidades de reclamación para cada uno de los casos presentados con la familia Ortiz Cárdenas (Folios 212 a 222 del Cuaderno Principal Tomo 1 Primera Instancia). 10.3. Denuncia de acoso laboral presentada el 15 de mayo de 2015 por Isabel Ortiz Cárdenas ante Martin Mora Gelves, Representante Legal de Almansilla S.A. ESP, y Gas Gombel S.A. ESP (Folio 143 del Cuaderno Principal Tomo 1 Primera Instancia) 10.4. Demanda instaurada el 15 de julio de 2015, ante el Juzgado 27 Laboral del Circuito de Bogotá – radicado 11001310502720150097400. (Folios 307 a 333 del Cuaderno Principal Tomo 2 Primera Instancia). En sustento de ello, argumenta que el Tribunal «concluyó que no existían medios de convicción que permitieran modificar la fecha de terminación indicada por la Juez de Conocimiento» ignorando la prueba documental referida, con la que asegura, queda demostrado que el vínculo «se extendió más allá del 30 de abril de 2015, en razón a que […] siguió sirviéndole a Gas Gombel, ejerciendo sus funciones, pidiendo explicaciones y dando instrucciones a sus subalternos».

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Radicación n.° 96113 Afirma que el informe presentado del 6 de mayo de 2015, por la firma VS+M ABOGADOS, «hace un análisis

jurídico respecto de las posibilidades de reclamación de la familia Ortiz Cárdenas»; y demuestra que la relación laboral se encontraba vigente para la fecha de su presentación; además, resalta que, en su «numeral 2, denominado: PROBABILIDADES DE RECLAMACION (sic), visible a folio 214», se le advirtió al representante legal de Gas Gombel SA, de las posibles consecuencias que tendrían sus peticiones. Y, añade que, aún, prestando sus servicios, instauró demanda de acoso laboral contra su empleador. De lo anterior, infiere que la reclamación enviada en «abril 30 de 2018 y recepcionada el 2 de mayo de 2018 (según constancia de la empresa de mensajería INTER RAPIDISIMO, folios 230 a 233 del cuaderno principal tomo1 primera instancia)» cumplió con el objeto de interrumpir la prescripción, según lo exige el artículo 488 ibidem, por lo que, en su sentir, no podía prosperar tal excepción, «como equivocadamente lo declararon los juzgadores».

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de ser «indirectamente violatoria del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, Título ICapítulo VI Terminación del Contrato, como consecuencia del error de hecho en que incurrió el juzgador de segunda instancia por falta de apreciación de la prueba de confesión judicial».

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Radicación n.° 96113 Como errores de hecho cometidos por el Tribunal expone: Dar por probado, no estándolo, que la finalización del contrato

de trabajo entre ISABEL DEL PILAR ORTIZ CARDENAS (sic) y GAS GOMBEL S.A., obedeció a la confesión (judicial) que ésta hiciera en la demanda de acoso laboral que instauró ante el Juzgado 27 Laboral del Circuito de Bogotá. Dar por probado, no estándolo, que operó el termino (sic) de prescripción señalado en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. No dar por probado estándolo que el contrato de trabajo se extendió más allá del 30 de abril de 2015.

Como pruebas no apreciadas cita: 12.2.1. – Confesión Judicial: La juez de conocimiento fundó la prosperidad de la excepción de prescripción en el hecho 36 de la demanda que por acoso laboral instauró la señora Isabel del Pilar Ortiz Cárdenas en contra de su empleador ante el Juzgado 27

Laboral del Circuito de Bogotá, en razón a que en él se confesó: “36…sin razón alguna privaron a la señora Isabel Ortiz Cárdenas de sus funciones estas compañías, por cuánto no vuelven a asignarle ninguna función o consultarle algo sobre su trabajo…” (minuto 0:42:36 y siguientes y 0:44:08 y siguientes de la audiencia de fallo de primera instancia del 3 de noviembre de 2021). En su desarrollo sostiene que el ad quem se limitó «a confirmar la decisión absolutoria de primer grado inaplicando las normas por vía indirecta, toda vez que de forma caprichosa dejo (sic) de aplicar sin ningún sustento la ley sustancial» y que, «sin valoración alguna de lo expresado por la a-quo, no

advirtió que con la confirmación del fallo de primera instancia se vulneraba el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo», toda vez que el hecho «36 de la demanda de acoso laboral» no fue consagrada como causal legal para dar por terminado el contrato de trabajo, sino que, correspondía al atropello del que estaba siendo objeto.

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Radicación n.° 96113 Aclara que no debe confundirse lo expuesto en su demanda de acoso laboral, a saber, que su «empleador sin manifestación alguna le había dejado de asignar funciones y de consultarle sobre su trabajo (30 de abril de 2015)» con que «el contrato de trabajo per se haya dejado de existir en dicha fecha, como erradamente lo consideró la Juez 31 Laboral del Circuito de Bogotá, y que, el ad-quem valido (sic) con su silencio»; pues considera, que del «el literal h) del artículo 61 del CST, resulta indudable que tal decisión debe ser clara, expresa e inequívoca por quien la suscribe, sin que esté rodeada de ambages de ninguna clase, documento que no existe dentro del proceso». A continuación, transcribe el artículo 61 ibidem y la definición de acoso laboral contenida en el «Diccionario Real de la Lengua» y sostiene que si el juzgador de alzada hubiera apreciado la confesión judicial «no nos cabe la menor duda que otra hubiese sido su decisión. Indefectiblemente habría revocado el absolutorio, pues, no se confesó absolutamente nada distinto al presunto maltrato»

Finalmente, considera inaceptable «que el Tribunal haya omitido apreciar esta prueba y por supuesto haberla valorado con sumo rigor máxime cuando fue con ella y no con otra que la a-quo fundo la excepción de prescripción» al concluir que la relación laboral terminó el 30 de abril de 2015.

VIII. CARGO TERCERO

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Radicación n.° 96113 Ataca la sentencia por ser «indirectamente violatoria del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, Título ICapítulo VI Terminación del Contrato, como consecuencia del error de hecho en que incurrió el juzgador de segunda instancia por la errada valoración de la prueba». Sostiene que el Tribunal apreció erradamente el «Informe remitido el 30 de abril de 2015, archivo 2 correspondiente al área de Call Center (Folio 216 USB)» y que incurrió en los siguientes yerros fácticos: Dar por probado, no estándolo que la finalización del contrato de trabajo entre ISABEL DEL PILAR ORTIZ CARDENAS (sic) y GAS GOMBEL S.A., ocurrió el 30 de abril de 2015. Dar por probado, no estándolo que opero el termino de prescripción señalado en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. No dar por probado estándolo que el contrato de trabajo se extendió más allá del 30 de abril de 2015. Para demostrarlo afirma que el ad quem teniendo en cuenta la fecha en que se remitió el informe referido, concluyó que la actora presto sus servicios hasta el 30 de abril de 2015, por lo que pide examinar dicha prueba, habida

cuenta de que, a partir de la misma, se podrá establecer que la prestación de sus servicios fue más allá del 30 de abril de 2015. Al respecto, expresa: nada tiene que ver con el cese o finalización de los servicios prestados por mi poderdante, porque lo que en él se describe corresponde a los asuntos del área de Call Center, manejados en marzo y febrero de 2015, como también al mapeo de las entregas de gas, más no que la señora Isabel haya dejado de seguir

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Radicación n.° 96113 prestándole sus servicios a la empresa.

IX. RÉPLICA La oposición empieza por advertir que, si bien, la demanda de casación se enuncia por las causales primera y tercera del artículo 87 del CPTSS, esta última «se encuentra derogada por el artículo 23 de la Ley 16 de 1968 y por lo tanto no es claro a qué otra causal, además de la primera, se está haciendo referencia».

Añade, que la evocada reglamentación consagra tres submotivos de violación de la ley sustancial «que son: la infracción directa, la aplicación indebida o la interpretación errónea»; que es pacífica la jurisprudencia de esta Sala en establecer que, en casación, el planteamiento de cada uno de los cargos «debe señalar de manera clara y contundente la modalidad o submotivo de violación que se invoca», en consecuencia, considera que, por el carácter técnico dispositivo del recurso, debe despacharse desfavorablemente el primer embate, pues: el recurrente ha omitido por completo señalar la modalidad de violación invocada y no describe si quiera de manera genérica

cuál fue la modalidad de infracción respecto de la norma que cita. Nótese que solo se indica que la sentencia es “indirectamente violatoria del artículo 388 del CST como consecuencia del error de hecho en que incurrió el juzgador por falta de apreciación de ciertas y determinadas pruebas”. Expuesta esta manifestación, el recurrente pasa a identificar los errores de hecho (numeral 9) y a enlistar las pruebas supuestamente no apreciadas (numeral 10), para finalmente desarrollar los argumentos de su alegaciónporque verdaderamente se trata de un alegato- (numeral 11). Sin embargo, en ningún momento se indica si de lo que se duele es de una infracción directa o de una aplicación indebida de la norma que refiere violada. Esto entendiendo que el cargo se estructuró por la vía de las pruebas, lo que hace imposible que

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Radicación n.° 96113 se trate de una interpretación errónea. Por otra parte, afirma que, en caso de dar por superadas las falencias técnicas, debe tenerse en cuenta que para el primer embiste se proponen como pruebas no apreciadas «un total de 12 piezas procesales, que en su mayoría se refieren a correos electrónicos sobre los cuales se intenta sustentar una prestación de servicio posterior al 30 de abril del año 2015», pero que, tal falta de estudio no pudo presentarse, pues el juzgador, en la parte considerativa, sostuvo que había revisado tales correos electrónicos, pese a que su análisis no haya favorecido las aspiraciones de la recurrente. Acto seguido, transcribe apartes de la sentencia

acusada y sostiene que no solo se valoraron las pruebas, sino que: Se tuvo un enfoque especial en las mismas, como textualmente se señaló, siendo esta la razón por la que la acusación de no apreciación de las pruebas no puede prosperar. ¿Cómo puede decirse que no se apreció aquello que incluso de manera textual y directa fue referido por el Tribunal en su sentencia? Tal vez a lo que se quería referir el recurrente era a una apreciación errónea de la prueba, pero en todo caso ello tampoco se presentó. Ahora bien, se recuerda tanto al recurrente como a la H. Sala, que el correcto ejercicio de la casación no es simplemente el de presentar algunos reparos frente a las probanzas del expediente, sino que resulta imprescindible dar un paso adelante para demostrar cuál debió haber sido la correcta interpretación o valoración del Tribunal frente a las pruebas, para con ello suste