CSJ - SL1331-2022

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1331-2022 Radicación n.° 85824 Acta 13 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintidós (2022). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. contra la sentencia proferida el 21 de mayo de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que instauraron CLARA INÉS DÍAZ ROSAS y LUIS JAIRO NARANJO GIRALDO contra el fondo recurrente.

I. ANTECEDENTES Clara Inés Díaz Rosas y Luis Jairo Naranjo Giraldo llamaron a juicio a Protección S. A. con el fin de que se declare que ambos son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes originada por el fallecimiento de su hijo, al cumplir con los requisitos previstos por la ley y, por ende,

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Radicación n.° 85824 piden que se disponga que la administradora accionada está en el deber de reconocer y pagar dicha prestación, a partir del 1 de enero de 2013, junto con el respectivo retroactivo, las mesadas adicionales, los intereses moratorios y las costas del proceso. Como soporte de sus peticiones, informaron que son los padres de Luis Felipe Naranjo Díaz, quien falleció el 1 de enero de 2013. Señalaron que el causante cotizó un año y

cinco meses a la administradora accionada, entre el 16 de marzo de 2011 y el 17 de agosto de 2012, de modo que reunió más de 50 semanas dentro de los tres años previos a su deceso; que convivió con ellos durante toda su vida, pues no era casado, no tenía compañera permanente ni hijos, y que era él quien contribuía en gran parte para el sostenimiento del hogar, concretamente, su ayuda económica era destinada a cubrir las necesidades de alimentación y servicios públicos. Agregaron que Clara Inés es ama de casa y que no cuenta con pensión ni rentas de ningún tipo y que, al momento del deceso de su hijo, Luis Jairo ganaba un salario mínimo legal mensual vigente, con lo cual también aportaba para los gastos de servicios y alimentación, pero que ello no era suficiente. Refirieron que, aunque solicitaron a Protección S. A. el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, les fue negada, indicándoles que no se satisfacía el presupuesto de dependencia económica de ellos respecto de su hijo, pese a que, afirmaron, que éste les proporcionaba un aporte

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Radicación n.° 85824 económico importante, siendo inaceptable que la demandada les exigiera un estado de indigencia total para otorgarles el derecho pretendido. Al contestar la demanda, Protección S. A. se opuso a la prosperidad de lo reclamado por los demandantes. Frente a los hechos, admitió la fecha de fallecimiento del afiliado; esta última condición; el tiempo de cotizaciones al sistema y la petición ante esa administradora; los demás, los negó.

En su defensa, explicó que, según la investigación administrativa que adelantó el fondo con ocasión de este asunto, encontró que el padre del causante devengaba la suma de $880.000 (sic) mensuales y era quien se encargaba de mantener el hogar. En esa medida, precisó: los actores eran independientes económicos y que la contribución mensual del hijo no creó algún tipo de subordinación en ellos, pues era Luis Jairo Naranjo quien hacía los respectivos aportes, derivados del salario que recibía de su relación laboral con la empresa Sempaq Ingeniería Ltda., aparte de que habitaba en una casa de su propiedad, desde el año 2002 y siendo su esposa, beneficiaria en el sistema de salud. Invocó las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, compensación y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 18 de julio de 2018, resolvió:

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PRIMERO: Se CONDENA a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. a pagar a los señores CLARA INÉS DÍAZ ROSAS identificada con C.C. 43.739.141 y LUIS JAIRO NARANJO GIRALDO con C.C. 70.725.236, la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo LUIS FELIPE NARANJO DÍAZ, a la suma de $47.288.738, correspondiente al retroactivo pensional causado desde el 1 de

enero de 2013 y el 30 de junio de 2018, en proporción del 50% para cada uno de ellos, esto es, $23.644.369. A partir del 1 de julio de 2018, deberá pagar a los demandantes una pensión de sobrevivientes equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, que se incrementará anualmente, de conformidad con los mandamientos legales y sin perjuicio de la mesada adicional de diciembre, en proporción al 50% para cada uno de los padres.

SEGUNDO: Se CONDENA a reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 2 de septiembre de 2013 y hasta que se verifique el pago total de lo adeudado.

TERCERO: Se desestiman las excepciones.

CUARTO: Se CONDENA EN COSTAS a PROTECCIÓN S. A. de las que se fijan las agencias en derecho en un 7.5% del valor de las condenas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la administradora demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 21 de mayo de 2019, confirmó la decisión impugnada y condenó en costas a la recurrente en la alzada.

En primer lugar, se ocupó de precisar la noción de dependencia económica como requisito para acceder a la pensión de sobrevivientes en los casos de padres frente a sus hijos, para lo cual, puso de presente que aquella supone un alcance relativo, de modo que depende de las circunstancias

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Radicación n.° 85824 que rodeen el caso concreto, y resaltó que no debe ser total ni absoluta, siendo posible que los dependientes reciban un ingreso adicional e incluso, que posean un patrimonio propio, siempre que esto no los convierta en autosuficientes. Luego de ello, anunció que las pruebas obrantes en el plenario daban cuenta de que ese presupuesto sí se cumplía en esta oportunidad. Al respecto, indicó que, aunque en el informe administrativo de folios 31 y 33 a 38, en el que la demandada inició la respectiva investigación se había concluido que los padres demandantes no dependían de su hijo causante, una valoración integral de todas las pruebas y, dado el contexto del presente asunto, sugerían todo lo contrario. Anotó que esta Sala de Casación en decisión CSJ SL, 10 jun. 2008, rad. 32166 explicó que la indagación prejudicial no es un documento vinculante o determinante en estos casos, sino que se debe apreciar como un medio de convicción más, en conjunto con las demás pruebas; tampoco lo son, las declaraciones que se reciban al interior de ese trámite inicial y no debe inferirse de ellas una total claridad sobre el presupuesto de dependencia pues, para ello, los jueces están sometidos a las deducciones que resulten del estudio de todos los elementos de juicio, en los términos del artículo 60 del CPTSS. Señaló que las declaraciones de Luvin Alfonso Cardona Montes y María Liliana Hoyos dieron cuenta de los siguientes

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Radicación n.° 85824 supuestos: que, al momento del fallecimiento, el causante

vivía con sus padres y dos hermanos menores de edad, estudiantes; que los ingresos mensuales del hogar correspondían a $1.300.000, que el padre de familia, Luis Jairo recibía $800.000 y el hijo afiliado un salario mínimo legal mensual vigente; que el aporte económico del causante era de $400.000, concretamente, $200.000 quincenales, dinero que era destinado al pago de alimentación, servicios públicos e imprevistos; los demás gastos del causante eran personales, para costear los pasajes y la alimentación para el estudio; además, existía un crédito hipotecario desde el año 2003, que demandaba una cuota mensual de $500.000; la madre realizaba actividades esporádicas y ocasionales, conduciendo un carro escolar, tarea que no le representaba más de $100.000 mensuales, y que se ejecutaba, dos o tres veces al mes y; respecto de los bienes de los que era propietario Luis Jairo y sus hermanos, esto es, un lote y una casa donde vivía la mamá de aquél, aseguró que este núcleo familiar no recibía ningún ingreso. Resaltó que el testigo Luvin Alfonso Cardona Montes, amigo de la familia y quien los visitaba, aproximadamente, dos veces a la semana, advirtió que, al momento de la muerte, el afiliado se encontraba haciendo prácticas en Yamaha durante seis meses y relató que antes, aquél laboraba en Sempaq Ltda., donde recibía un salario mínimo legal mensual; que ayudaba mucho a sus papás; que desde que trabajó hacía esa colaboración y que, con ocasión de su muerte se desmejoró la calidad de vida de la familia.

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Radicación n.° 85824 Por su parte, María Liliana Hoyos aseguró que conoció al causante porque trabajó con él en Sempaq durante dos años; que, perteneciendo a esa empresa, que era familiar, cotizó 75 semanas al sistema, hasta julio de 2012 y que luego, aquél se vinculó como practicante a Yamaha, sin que le aparezcan aportes a nombre de esta última empleadora. Reiteró que el afiliado ayudaba a los papás, aportando $400.000 para servicios y mercado. Añadió que la casa era propia pero que tenía un crédito en Bancolombia que aún estaban pagando; que los hermanos estudiaban en la universidad, pero tuvieron que retirarse por la difícil situación económica después del deceso de Luis y añadió que la madre debió dedicarse a hacer limpieza dos veces a la semana, recibiendo $40.000. En relación con la investigación administrativa, anotó que los actores dijeron que el ingreso de su hijo era de 1 SMLMV; que primero trabajó en Sempaq y luego en Yamaha; que aportaba al hogar $400.000, valor que coincidía con el dicho de los testigos. Advirtió que, en todo caso, los testimonios habían dado cuenta de otro egreso correspondiente a la obligación hipotecaria que exigía $500.000 mensuales; aparte de los $500.000 de alimentación y $200.000 de servicios públicos, lo que acreditaba que los gastos del hogar sobrepasaban los $800.000 devengados por el padre de familia. Ello, indicó, evidenciaba que los $400.000 aportados por el causante,

eran esenciales para el sostenimiento del hogar.

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Radicación n.° 85824 En cuanto al formato de investigación, puso de presente que, aunque en los gastos no se habló de la cuota de crédito hipotecario, los testigos fueron unánimes al acreditar su existencia, por lo que se entendía demostrada esa circunstancia, máxime que para ello no se necesita prueba solemne. En consecuencia, en cuanto a la dependencia, concluyó que los demandantes sí necesitaban del aporte que les daba su hijo, sujeción que, si bien no era total, era determinante para la subsistencia digna de la familia, por lo que confirmaría la decisión impugnada. Frente a la condena a título de intereses moratorios, precisó que la jurisprudencia reiterada de esta Sala ha sostenido que surgen cuando el deudor incurre en mora en pagar lo debido, sin importar si hubo o no buena fe; o si se adelantó alguna investigación administrativa o si fue reconocida por criterio jurisprudencial y no legal, resaltando que, en este último evento, sí podría ser exonerado si el reconocimiento surge de una postura jurisprudencial. Citó una decisión de esta Sala, de acuerdo con la cual, para que procedan esos intereses no es necesario hacer juicios de valor ni analizar las circunstancias particulares que hubieran conducido a la discusión del derecho pensional. Advirtió que, como en este caso se probó la dependencia económica de los padres frente al causante afiliado, era procedente la condena por concepto de intereses moratorios.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por Protección S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La administradora pretende que la Sala case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque el fallo proferido por el a quo y la absuelva de las pretensiones contenidas en la demanda inaugural.

Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales no son replicados.

VI. PRIMER CARGO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 46 y 47 -modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 200348, 73, 74 -modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003y 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con el artículo 167 del CGP.

Considera que el Tribunal incurrió en los siguientes yerros fácticos: No dar por demostrado, estándolo, que para la fecha del fallecimiento del causante, los gastos del grupo familiar de los actores eran de $640.000.

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Radicación n.° 85824 No dar por acreditado, estándolo, que para la fecha de fallecimiento de Luis Felipe Naranjo, los gastos del grupo familiar eran cubiertos por su padre, el demandante, Luis Jairo Naranjo. No dar por establecido, estándolo, que la única contribución del

causante a sus padres se concretaba en el pago de la EPS de su madre. No dar por demostrado, estándolo, que los ingresos de $880.000 mensuales del actor, más los de la actora eran más que suficientes para atender sus necesidades vitales mínimas. No dar por demostrado, aunque lo está, que el afiliado tenía créditos por los que tenía que pagar $300.000 mensuales, esto es, más de la mitad de su salario. Dar por probado, sin estarlo, que la ayuda dada por Luis Felipe Naranjo a sus padres, los actores, fue determinante para la congrua subsistencia de ellos. Dar por demostrado, a pesar de que no lo está, que los demandantes dependían económicamente de su hijo fallecido Luis Felipe Naranjo. Refiere que los anteriores errores se originaron por la apreciación indebida de: i) el formato para investigación de dependencia económica; ii) la investigación de dependencia económica; y iii) los testimonios de Lubin Alfonso Cardona Montes y María Liliana Hoyos Vargas (pruebas no calificadas), y por la falta de valoración de la confesión de la actora al absolver el interrogatorio de parte. Como soporte de su acusación, precisa que no cuestiona los fundamentos de orden jurídico en los que se respaldó la decisión, relacionados con los requisitos exigidos legalmente para acceder a la pensión de sobrevivientes, como tampoco la noción de dependencia económica.

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Radicación n.° 85824 Lo que reprocha es que se hubiera tenido por demostrada esa subordinación financiera, cuando en este

caso no la había, concretamente, porque las inferencias del Tribunal sobre los ingresos del demandante; el aporte que daba el causante y su incidencia en los gastos de la familia, fueron totalmente erradas. En relación con el análisis de la investigación de dependencia económica, explica que el ad quem le restó valor probatorio argumentando que las inspecciones realizadas por las administradoras no tienen fuerza vinculante y, por ende, deben ser valoradas en conjunto con los demás elementos de prueba obrantes en el proceso. No obstante, estima que ese raciocinio no le permitía apartarse del contenido de ese documento, pues el hecho de que esos informes no sean plena prueba de un hecho o que no tengan fuerza vinculante para los jueces, en modo alguno significa que carezcan por completo de mérito probatorio, como en forma equivocada lo concluyó el juez de segundo grado. Refiere que, en ese documento, los actores expresamente afirmaron que los gastos de la familia, al momento del fallecimiento del hijo afiliado, correspondían a $500.000 en alimentación; $140.000 en servicios, para un total de $640.000 (f.° 41) y; al preguntarles quién contribuía con los gastos, dijeron que el padre atendía los del hogar y el hijo la EPS de la madre como independiente y el transporte de los hermanos.

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Radicación n.° 85824 Agrega que esta prueba, suscrita por ambos demandantes, da cuenta de que los gastos del hogar eran inferiores al ingreso percibido por el padre, de suerte que, de manera independiente, podían solventar sus necesidades y que el causante únicamente ayudaba a la madre y no a su

padre, y esa contribución sólo se limitaba al pago de las cotizaciones en salud; circunstancias éstas que, en su criterio, descartaban la dependencia económica de ellos con respecto a su hijo. En relación con el formato para investigación obrante en los folios 33 a 39 del plenario, explica que allí consta que los actores admitieron que los ingresos de su hijo eran de $538.000; que tenía créditos pendientes que le implicaban gastos mensuales de $300.000 y que el ingreso mensual del padre era de $880.000. De modo que, anota, si el afiliado tenía obligaciones mensuales superiores a la mitad de sus ingresos, era claro que no podía dar un aporte significativo a sus padres, porque, aparte de esa obligación, debían sumarse sus gastos personales de transporte, aseo, administración, alimentación, vestuario, entre otros, los cuales, de acuerdo con la jurisprudencia ascienden a un 30% de lo percibido, y las deducciones legales en un 8%, de modo que solo tendría disponible la suma de $34.000, insuficiente para afirmar que sí existía una dependencia económica de los padres con el causante y, además, descarta que pudiera ayudar con $300.000.

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Radicación n.° 85824 Frente al interrogatorio de parte rendido por la actora, dice que el Tribunal no tuvo en cuenta que esta persona confesó que, durante los seis meses en que el causante trabajó en Yamaha, era ella -con lo que le daba una vecina por concepto de transportequien pagaba la EPS y su esposo

cubría sus gastos personales y en ocasiones por su hijo, lo que mostraba que no era este último quien contribuía en mayor medida con el sostenimiento del hogar. Cita extractos de esa prueba y sostiene que el juzgador de alzada no advirtió que la accionante tenía ingresos propios; que, en los meses anteriores al fallecimiento de su hijo, éste no le colaboró para el pago de la seguridad social y que los gastos personales de la demandante no eran cubiertos principalmente por el causante. Para finalizar, refiere la prueba testimonial.

VII. CONSIDERACIONES Lo que cuestiona la censura en este asunto es la lectura que, de las pruebas denunciadas en esta sede, hizo el Tribunal para concluir que estaba acreditado el requisito de dependencia económica de los padres demandantes frente a su hijo fallecido y que, en su criterio, evidenciaban con claridad que los ingresos de aquellos eran suficientes para solventar sus necesidades, aparte de que el afiliado tenía obligaciones personales que le impedían hacer alguna contribución al hogar en el que vivía.

Como se recuerda, el juez colegiado, en punto a lo que es

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Radicación n.° 85824 objeto de discusión, encontró demostrado, fundamentalmente, a partir de lo expuesto por los testigos arrimados al plenario, que los accionantes dependían económicamente del causante, pues éste realizaba unos aportes económicos y, si bien el padre trabajaba y percibía mensualmente $800.000 y la madre ayudaba esporádicamente a una amiga en el servicio de transporte, los

ingresos recibidos por tales actividades eran insuficientes para atender todas las necesidades del hogar; de modo que el aporte económico del afiliado fallecido resultaba necesario para obtener una subsistencia digna del núcleo familiar. A lo anterior agregó que los gastos del grupo correspondían a $1.300.0000 mensuales, monto del cual el causante aportaba $400.000. Así las cosas, la Corte debe constatar si a la luz de las pruebas calificadas y denunciadas por la demandada recurrente, resulta equivocada o no la conclusión del ad quem, en cuanto halló acreditada la existencia de la dependencia económica de los padres demandantes respecto de su hijo fallecido, la cual, junto con la satisfacción de las semanas de cotización, que no son objeto de controversia en el presente asunto, son los presupuestos esenciales para hacerlos beneficiarios de la pensión de sobrevivientes reclamada. La Sala procede a analizar los elementos de prueba denunciados: a. Formato para investigación elaborado por Protección

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S. A. (f.° 33 a 39) Esta Sala ha enseñado que los informes que recogen las investigaciones realizadas por los funcionarios de las administradoras de pensiones, para efectos de determinar la convivencia o la dependencia económica, con el fin de discernir la condición de beneficiario de un derecho pensional, se asimilan al testimonio y, en esa medida, no son prueba calificada en casación, salvo que esté suscrita por el demandante como, en efecto, acontece en el sub lite, en el

que la aludida acta contiene la firma de ambos actores (CSJ SL858-2021). Para la administradora recurrente, en este formato consta que los demandantes manifestaron que su hijo recibía la suma de $538.000 mensuales y que tenía créditos pendientes de $300.000, monto que, sumado a los gastos personales que aquél debía asumir -que según la jurisprudencia ascienden a un 30% más los descuentos legalessuponía que no podía dar un aporte significativo al hogar, pues sólo le restaría la suma de $34.000. Pues bien, en lo que concierne a los ingresos del afiliado, en el cuadro relativo a ese monto, se señala la suma de $538.000 mensuales, el cual, debe entenderse, recibía en el año 2013, fecha de su fallecimiento. En lo que tiene que ver con los egresos, allí se refiere que el afiliado gastaba $538.000 mensuales en gastos familiares, señalando como otros créditos, una deuda con

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Radicación n.° 85824 Bancolombia y Electrobello, la primera de ellas, como lo concluyó el Tribunal, destinada a cubrir la cuota del crédito hipotecario asumido para el pago de la casa en la que vivía él, sus padres y sus hermanos. En ese orden de ideas, la Corte no considera de recibo las apreciaciones que sugiere la censura respecto de ese elemento de juicio, ya que no es cierto que el causante destinara gran parte de su salario a cubrir gastos personales correspondientes a un crédito ajeno a las necesidades de la

familia pues él asumía el pago de la cuota mensual del crédito hipotecario de la casa en la que vivían; dirigía una parte importante de su salario a cubrir alimentación y servicios en el hogar y, lo que le quedaba, lo destinaba a asuntos personales, inferencias que no se desconocen en el documento analizado y que, si bien puede haber presentado ciertas imprecisiones en cuanto a los montos señalados, éstas resultaron aclaradas según el Tribunal, con la prueba testimonial, con base en la cual se apoyó para precisar detalles concretos de la forma en que se distribuían los gastos del hogar y que no se desvirtúan con esta acta de investigación. No puede dejarse de lado que la aseveración que sobre los gastos familiares hagan los reclamantes solo constituye un estimado económico subjetivo de un consumo aproximado, cuya cuantificación se calcula a priori, sin que ello represente, en estricto sentido, una afirmación pormenorizada o rigurosa de las cargas reales que imponen el sostenimiento de un hogar (CSJ SL3824 -2021).

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Radicación n.° 85824 Por lo demás, hay que resaltar que en esta investigación, los demandantes refirieron que tanto el afiliado (fallecido) como el padre eran quienes atendían la economía familiar; que sus otros dos hijos se dedicaban exclusivamente a estudiar; que luego del deceso, aquél debió proveer de lo necesario a su hogar e incluso, se precisa que el causante aportaba $300.000 mensuales para gastos generales del hogar, alimentación y servicios públicos,

información que guarda armonía con lo concluido por el Tribunal y con lo revelado en los demás medios de prueba. De hecho, en las observaciones finales de ese formato de investigación, se precisa que el afiliado y el padre subsidiaban la economía familiar. En consecuencia, la Sala descarta un error en la valoración de este elemento de juicio, al igual que rechaza que el ad quem hubiera cometido el quinto de los errores denunciados pues, si bien es cierto que el afiliado debía pagar unos créditos por $300.000 mensuales, es claro que uno de ellos se destinaba al pago de la cuota del crédito hipotecario y, con eso, procuraba atender una necesidad concreta del hogar, a saber, la vivienda. De ahí que este documento fuera correctamente apreciado. b. Investigación de dependencia económica Respecto de este elemento de prueba, la censura

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Radicación n.° 85824 denuncia, de una parte, que el juez de segundo grado hubiera sostenido que carecía de mérito probatorio, supuestamente porque no tenía fuerza vinculante; de la otra, advierte que allí los actores admitieron que los gastos familiares eran menores a los ingresos que recibía mensualmente el padre, pese a lo cual, no se concluyó su autosuficiencia económica. En relación con el primer reproche, la Corte advierte que el Tribunal no le restó mérito probatorio, sin más, a lo consignado en esa investigación, sino que advirtió que la información relacionada no era vinculante y determinante para el juez, pues debía considerarse como un medio probatorio más y analizarse en conjunto con los demás

elementos de juicio. En ese sentido, lo que en realidad hizo el colegiado fue valorar en conjunto todos los medios de convicción y, a partir de allí, formar su convencimiento con base en las reglas de la sana crítica sobre aquellos que le merecían credibilidad, exponiendo las razones por las que compartía algunas conclusiones contenidas en esos documentos y aquellas que lo llevaban a inferir otras circunstancias, sin que ese ejercicio de razonamiento probatorio configure un yerro relevante en casación capaz de dar al traste con la sentencia impugnada. Por lo demás, y frente al reproche de la censura, respecto de que en esa investigación los demandantes admitieron que sus gastos eran menores al monto que mensualmente recibía el padre de familia y, por ende, era demostrativo de su independencia económica, debe

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Radicación n.° 85824 precisarse que, si bien, en la entrevista surtida, los reclamantes refirieron que las necesidades del grupo familiar ascendían a $640.000 mensuales, también lo es que el Tribunal encontró, con la prueba testimonial recaudada, que a ese valor debía adicionarse el monto destinado al pago de la cuota mensual por el crédito de vivienda que habían solicitado para pagar la casa en la que vivía toda la familia y que, como se vio en el formato de investigación administrativa, era asumido directamente por el causante, lo que implicaba que tales gastos se incrementaran en $500.000 adicionales, de modo que el salario de $800.000 que recibía Luis Jairo Naranjo no alcanzaba para cubrir las demandas mínimas del hogar. Por ende, se descarta la

comisión de los yerros primero, segundo y cuarto. Y, aunque allí se indicó que el hijo se encargaba del pago de la EPS de su madre y de los gastos de transporte de los hermanos, esa manifestación debió comprenderse con lo dicho por los demandantes en el formato de investigación atrás relacionado y lo declarado por los testigos, según el Tribunal, en el entendido de que dicho afiliado también contribuía para gastos de alimentación, cuota de crédito de vivienda y servicios públicos, inferencias de donde dedujo, de manera acertada, que la ayuda que les brindaba era esencial e importante para el sostenimiento del hogar. Ello permite descartar la comisión de los errores tercero, sexto y séptimo. Al respecto, esta Sala de Casación ha sostenido que existe libertad probatoria en relación con el requisito de la dependencia económica para efectos del reconocimiento de

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Radicación n.° 85824 la pensión de sobrevivientes, de modo que el sentenciador de alzada no incurre en un error de hecho manifiesto cuando, en virtud del principio de libre formación del convencimiento establecido en el artículo 61 del CPTSS, basa su decisión en aquellas pruebas que le ofrecen mayor certeza. En consecuencia, se descarta un yerro en la valoración de este medio de prueba. c. Interrogatorio de la parte demandante Es de advertir, en primer lugar, que en la casación del trabajo el interrogatorio de parte es prueba calificada solo en la medida que contenga confesión, es decir, cuando las respuestas del absolvente versan sobre hechos que le producen consecuencias jurídicas adversas o que favorezcan

a la parte contraria, que en este caso sería la demandada, conforme a lo preceptuado en el art. 195 del CPC, hoy 191 del CGP. Frente al interrogatorio de parte denunciado, la administradora recurrente dice que el Tribunal no tuvo en cuenta que la demandante Clara Inés Díaz Rosas confesó que durante los seis meses en que el causante trabajó en Yamaha, era ella -con lo que le daba una vecina por concepto de transportequien pagaba la EPS y su esposo cubría sus gastos personales y en ocasiones por su hijo, lo que evidencia que no era este último quien contribuía en mayor medida al sostenimiento del hogar.

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Radicación n.° 85824 Al respecto, se tiene lo siguiente: Señora Clara, usted acaba de mencionar que le pagaban con monitorias, pero en los últimos seis meses estaba el fallecido realizando una práctica, ¿en esos seis meses también realizaba monitorias? No abogada en esos seis meses no realizaba monitorias, él realizó monitorias los años previos y con eso él me ayudaba para las cotizaciones. Cuando Luis Felipe empezó a trabajar en Yamaha yo le ayudaba a mi vecina a hacer los transportes ocasionalmente, entonces, durante esos seis meses con esos ingresos ocasionales que yo tenía, yo durante esos seis meses pagué esos, pero durante todo el tiempo anterior fue él. Señora Clara sírvase informar quien cubría usted (sic) en este momento para el año 2012, inicios del 2013 sus gastos como vestuario, transporte y demás que no sean alimentación y servicios. Los gastos míos los cubría mi esposo me daba de vez en cuando,

cuando quedaba, mi hijo también cuando tenía con las monitoria