CSJ - SL1335-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL1335-2023 Radicación n.° 92186 Acta 15 Bogotá, D. C., quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por GILBERTO GUTIÉRREZ ESTRADA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el cuatro (4) de marzo de dos mil veinte (2020), en el proceso que le instauró a BANCO

POPULAR S. A.

I. ANTECEDENTES Gilberto Gutiérrez Estrada demandó al Banco Popular

S. A., para que retroactivamente se le reconociera el «incremento salarial» desde 1992, «teniendo en cuenta lo percibido como remuneración […] [por] los gerentes que estaban en su mismo nivel, esto es: Myriam Ramírez de Peña

y Carlos Herrán Peña».

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Radicación n.° 92186 Reclamó que «como resultado del anterior aumento», se reajustaran sus prestaciones sociales legales y extralegales, relativas a: i) […] la prima legal de 1.5 salarios (que incluye todos los conceptos salariales) y medio (1/2) salario ordinario de prima extralegal semestral en junio; 1.5 salarios de prima legal de diciembre; medio (1/2) sueldo de prima extralegal anual y medio (1/2) sueldo básico de prima extralegal semestral»; cuarenta y nueve (49) días de salario ordinario como prima de vacaciones y los auxilios de alimentación y transporte.

1. […] las cesantías e intereses, como consecuencia del incremento retroactivo del salario y las prestaciones legales y extralegales desde el año 1980», teniendo como base la Convención Colectiva de Trabajo suscrita con el Sindicato del año 1980, debido a que el Banco liquidó sus cesantías durante la relación laboral, desconociendo la totalidad de los conceptos que se deben tener en cuenta para esta liquidación.

También pidió los intereses moratorios sobre las sumas anteriores y «el ajuste adicional retroactivo que resultare para acrecer la pensión de vejez, como consecuencia se aumente la tasa de remplazo del 90 %, de conformidad con numeral 2° artículo 20 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año»; el «ajuste adicional de las partidas dejadas de aportar al ISS, hoy Colpensiones, por concepto de las bonificaciones recibidas por cumplimiento de metas», así como el «[...] adicional de las partidas dejadas de aportar por la diferencia resultante en la comparación de la historia laboral con la certificación expedida por el Banco, que incluyen todos los pagos laborales», más lo que se probare y las costas. Narró que laboró para el Banco Popular del 28 de agosto de 1973 al 25 de julio de 2015, cuando Colpensiones le

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Radicación n.° 92186 concedió su pensión de vejez; que su sueldo de retiro fue $3.748.000; que su último cargo fue gerente de la oficina Centro Mayor de Bogotá D.C.; que trabajó con gran responsabilidad, como se le reconoció; que alcanzó las metas

asignadas, recibiendo bonificaciones en 2014 y 2015; que su último ascenso e incremento salarial por concepto de promoción, fue en septiembre de 1982, cuando fue nombrado como jefe de división contable zona 1. Relató que los reajustes de sus ingresos fueron discrecionales, según las recomendaciones de su superior y siempre inferiores a los de sus compañeros; que en 1991 fue trasladado horizontalmente a gerente de oficina, sin que se impactara su remuneración; que su jefe inmediata manifestó tenerle animadversión, lo que afectó su carrera en la entidad; que en 1992 fue promovido a gerente en la sucursal de Chapinero, clasificada como categoría A, pero sin efecto económico, pues no se le pagó en igualdad de condiciones a sus pares. Aseguró que los señores Myriam Ramírez de Peña y Carlos Herrán Peña, eran gerentes que laboraron en oficina clase A para la misma época en que él lo fue; que aquellos tenían «ingresos básicos» superiores en $1.400.000, sin tener en cuenta las prestaciones extralegales, las cuales estaban conformadas por: […] 1.5 de salario como prima legal en junio y medio sueldo básico como prima extralegal semestral; en diciembre 1.5 salarios como prima legal, y medio sueldo como prima extralegal anual y medio salario ordinario como prima extralegal semestral; 49 días de salario ordinario como prima de vacaciones y los

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Radicación n.° 92186 auxilios de alimentación y transporte.

Contó que recientemente el banco demandado vinculó algunos gerentes a nivel nacional, con salarios que superan $7.000.000.00; que varios de estos estaban próximos a pensionarse; que en el 2015 no se le hizo incremento, bajo el argumento de que «estaba pensionado; sin embargo, a otros empleados con sus mismas condiciones» sí se les realizó, como fueron Sergio Restrepo Álvarez, Aida de Frías, Antonio Cruz, Ricardo Isaza, Esmeralda Lozano, Orlando Varela, Ana Milena Oñate y Ligia Londoño. Adujo que «durante mucho tiempo [su empleadora] no realizó los aportes completos al ISS […], presentándose diferencias notorias entre lo consignado […] y lo certificado» en la Comunicación n.° 921-3031206 del 4 de octubre de «2015» (sic); que, por tanto, recibió un menor valor en su pensión; que a los funcionarios que cumplían con las metas comerciales, el Banco les pagaba bonificaciones, que fueron inicialmente trimestrales y luego mensuales; que este no le tuvo en cuenta esas sumas para efectos prestacionales. Precisó que sufrió detrimento por la errada liquidación de las primas de servicios, de vacaciones y el auxilio de cesantías y «también […] por los salarios, prima de vacaciones, prima de servicio y auxilio de cesantías dejados de nivelar con respecto a los referentes»; que en la liquidación de la última prestación «no tuvo en cuenta las normas convencionales que establecen unos puntuales conceptos»; que la empleadora no hizo algunos pagos al ISS, que no detalló (f.° 192 a 197,

cuaderno n.° 1).

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Radicación n.° 92186 El Banco Popular se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la relación laboral con el actor; sus extremos; el reconocimiento de la pensión de vejez; el sueldo de retiro, precisando que el promedio de liquidación de sus cesantías fue diferente, pues correspondió a $5.659.819.42; su último cargo. Dijo que era falso que el trabajador haya sido acreedor de bonificaciones en los años 2014 y 2015, pues las obtuvo en el 2007, bajo la condición de no ser constitutivas de salario; que no hubiese sido sujeto de ascensos diferentes al de 1982, debido a que fue gerente supernumerario y de sucursal; que no tuviese incrementos salariales desde aquella anualidad, en razón a que los pagó anualmente, sin que le fuera aplicable el de la CCT, porque su cargo estaba excluido de ella. Afirmó que no se le puso en conocimiento ninguna situación de animadversión respecto de la superior jerárquica del reclamante; que era falso que se le haya remunerado en forma inferior a sus pares, porque en la entidad «puede existir cargos que en su denominación figuran como similares, pero diferentes en diversos aspectos, antigüedad, capacitación, destreza, funciones, responsabilidad, entre otros factores y en su modalidad de remuneración», con la anotación de que los trabajadores respecto de los cuales aduce igualdad funcional, ocuparon cargos diferentes, pues fueron gerentes de cuenta empresarial, por lo que requerían características disimiles y

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Radicación n.° 92186 ejecutaban tareas que eran propias de ese encargo. Adujo que tampoco eran ciertos los hechos relacionados con los aumentos de personal y de sus ingresos divergentes respecto de los del petente, así como el no pago de acreencias extralegales, porque, además de la imprecisión fáctica del escrito introductor en ese punto, siempre canceló los aumentos que le correspondían al empleado, sin que tuviese derecho al de 2015, por cuanto ingresó a nómina de pensionados a partir de marzo de ese año; que las bonificaciones por metas fueron solo en el 2007, sin que fueran factor salarial y pagó correctamente los beneficios legales, no legales y aportes a pensión, por lo que no adeuda suma alguna. Formuló como excepciones de mérito las de prescripción, falta de causa, pago, buega fe, inexistencia de la obligación reclamada, compensación y la genérica (f.° 201 a 228, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, el 14 de agosto de 2014, absolvió a la demandada, imponiendo costas al accionante (acta de f.° 865 a 867, en relación con el CD f.° 864, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito

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Radicación n.° 92186 Judicial de Bogotá, el 4 de marzo de 2020, al decidir la apelación del demandante, confirmó la primera.

Indicó que, con sujeción al principio de consonancia, determinaría si el reclamante tenía derecho a la nivelación salarial pretendida equiparándola a la devengada por Myriam Ramírez de Peña y Carlos Hernán Peña, así como «los consecuentes ajustes e incrementos». Precisó que no se discutió la relación laboral entre las partes, del 28 de agosto de 1973 al 25 de junio de 2015; que, por tanto, debía establecer si existía desigualdad remuneratoria y trasgresión del artículo 143 del CST, modificado por el 7° de la Ley 1496 de 2011; que para la aplicación del principio de «a trabajo igual, salario igual», era necesario demostrar los tres elementos constitutivos de identidad laboral, es decir, el puesto de trabajo, la jornada y desempeño en condiciones de eficiencia, así como la existencia de un patrón de conducta comparable del cual se pudiera derivar una diferencia en los ingresos. Aseveró que el parangón pedido por el convocante era respecto del salario de Myriam Ramírez de Peña y Carlos Hernán Peña, quienes, junto con él, fueron gerentes de oficina «durante las anualidades de 1993 a 1998» (f.° 259, 260, 262, 267 y 491, ibidem) y tuvieron un salario superior, según se colegía de los «documentales de folios 43, 46, 246 a 281, 582 a 607, 610 a 634, en los que consta[ba] los incrementos […] que se efectuaron anualmente […]».

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Afirmó que, a pesar de que a partir de 1998, los señores Gilberto Gutiérrez Estrada, Myriam Ramírez de Peña y Carlos Hernán Peña fungieron como gerentes, lo hicieron bajo modalidades diversas, pues el primero fue «gerente de oficina» y «supernumerario» (f.° 232, 237, 267, 268, 270, 272 a 281, ib), mientras que la segunda fue de cuenta PYME (f.° 491, ibidem) y el último de banca empresarial (folio 491, ib); que, partiendo de ello, según lo expuesto en la sentencia CSJ SL17462-2014 debía verificar si la demandada probó las justificaciones objetivas de las diferencias reclamadas, «a efectos de desvanecer la presunción que cobija al actor». Arguyó que, «conforme la documental analizada», entre 1999 y 2015, el petente no desempeñó los mismos cargos de sus compañeros, pues eran gerencias que tenían un complemento distinto, por lo que no resultaban equiparables; que según la declaración de Jeimy Isabel Laverde Espejo, existían diferencias entre el «gerente banca personal, el gerente empresas, el gerente supernumerario y el gerente de oficina, en cuanto a metas y seguimientos», además, la divergencia salarial no solo se fundamentaba en las funciones, sino que era determinada libremente por el Banco, de acuerdo con sus políticas y «entre otros, [por] criterios de calidad, eficiencia, cumplimiento de metas y antigüedad»; que tales afirmaciones también fueron expuestas por el representante legal de la sociedad demandada. Puntualizó que, aunque «entre 1993 y 1998», los tres

trabajadores «ocuparon idénticos cargos», esa testigo explicó

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Radicación n.° 92186 que «no todos los gerentes de oficina son iguales, en tanto dependen de la zona, si se trata de una agencia o una sucursal»; que al «revisar con detalle el expediente», no podía establecer si, «según las características de la oficina, [aquellos] debían devengar idéntico salario». Lo anterior, además, porque el dictamen pericial de folios 535 a 855 del expediente, no resultaba «pertinente» para demostrar que los trabajos fueron ejecutados en idéntica forma, a pesar de su denominación, pues «la misma perito […] repar[ó] en las diferencias entre zona, agencia y sucursal, que no fueron discriminadas para el caso de los trabajadores objeto de comparación», sin detenerse a verificar la similitud funcional entre el reclamante y aquellos respecto de los cuales alegó discriminación. Señaló que la auxiliar de la justicia ante los cuestionamientos del banco, expuso que existía, […] diferencia entre agencia y sucursal y entre zona y agencia; que en una zona puede haber diferentes agencias y gerencias; […] en el folio 13 del dictamen hizo un comparativo de salarios pero que no estableció si los cargos de gerente eran de agencias o sucursales; que no hizo completo el comparativo de cargos porque se hablaba de sucursales y agencias. Por tanto, se limitó a «cotejar lo devengado por las tres personas, efectuando un ejercicio meramente operativo de comparación de salarios», lo que era insuficiente para la comprobación de los supuestos de hecho pretendidos, en

razón a la falta de «demostración de idénticas funciones de igual carácter cuantitativo y cualitativo entre el convocante […] y Myrian Ramírez y Carlos Herrán».

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Radicación n.° 92186 Aseguró que «bastaba […] remitirse al colofón de la experticia (folio 542) para establecer que […] no cumplió con el objeto sobre el que debía versar, en los términos en que fue decretada […] (Cd folio 466 y acta folio 463)», toda vez que concluyó que […] «el señor Gutiérrez Estrada sufrió por parte de funcionarios superiores: subestimación en sus funciones castigándolo injustamente, causándole un detrimento en su patrimonio, en su moral y profesionalismo; se determina: se debe nuevamente reliquidar los aumentos de sueldos, los bonos y las demás prestaciones, incluyendo el aporte a pensiones, las liquidaciones de cesantías tanto las parciales como la definitiva, aplicándole las indexaciones, intereses corriente (sic) y moratorios con la tasa más altas (sic) dada por la Superintendencia Financiera de Colombia a las diferencias encontradas en los distintos rubros por pagar, año tras año desde 1992 hasta la fecha de retiro 24 de junio de 2015. El Banco Popular debe pagar una indemnización por los daños, morales, profesionales, económicos y patrimoniales causados al señor Gilberto Gutiérrez, por el trato discriminatorio dado por la animadversión de la funcionaria Adriana Mejía Echeverri quien fue su jefe durante dieciséis (16) años» (folio 542).

Razonó que no se allegaron medios de prueba adicionales que pudieran conducir a una decisión diferente, por lo debía confirmar la absolución del primer fallo. Planteó que tampoco podía salir avante el incremento del salario para el 2015, pues al juez laboral le estaba vedado dar una orden así, tratándose de trabajadores que devenguen más del salario mínimo legal mensual vigente, debido a que no existe norma que lo permitiera y porque no se probó la aplicación del aumento previsto en la CCT 1992, ya que, aunque el empleado fue beneficiario de ese acuerdo conforme al artículo 1° (folio 397, ib), el parágrafo del 10, ibidem (f.°

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Radicación n.° 92186 402 del expediente), excluyó expresamente su aplicación frente a quienes desempeñaran el cargo de gerente de oficina y gerente supernumerario. Añadió que «la reliquidación de las cesantías y demás prestaciones conforme la Convención Colectiva», «no quedó contenida en esos términos en el petitum del libelo», pues la pretensión quinta, que se refiere a ello «se consignó en los […] del folio 194»1, por lo que, al no salir avante la aspiración que atrás se analizó, en virtud del «principio de congruencia», no resultaba posible pronunciarse de fondo, por ser un «aspecto no contenido en la demanda», que iría «en contravía del derecho de defensa que le asiste al extremo pasivo». Argumentó que lo anterior se extendía a la «indemnización por los aportes incompletos a la seguridad

social», la cual se pidió «[…] teniendo en cuenta que no se tuvieron en cuenta los incrementos salariales, ni los incrementos en las prestaciones sociales, como las primas legales y extralegales» así como tampoco «el IPG - Índice de Producción Gerencia que no era una bonificación ocasional o transitoria sino mensual». Lo precedente, porque tales créditos «se refieren a circunstancias que tampoco fueron objeto de debate probatorio y frente a los cuales la demandada no pudo ejercer sus 1 «Reliquidar las cesantías e intereses, como consecuencia del incremento retroactivo del salario por las prestaciones legales y extralegales desde el año 1980, teniendo como base la convención colectiva de trabajo suscrita con el sindicato del año 1980, teniendo en cuenta que el banco liquido sus cesantías durante la relación laboral desconociendo la totalidad de los conceptos que se deben tener en cuenta para esta liquidación».

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Radicación n.° 92186 derechos de defensa y contradicción», circunstancia que impedía su análisis, por cuando sería sorprenderla vulnerando su debido proceso y porque trasgrediría el principio de congruencia, según el cual «la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido propuestas si así lo exige la ley», sin que pueda condenarse «por un objeto distinto al pretendido […], ni por causadiferente a la invocada […]», que era lo reclamado en la apelación por el recurrente «al intentar variar los supuestos que sirvieron como fundamento a sus pretensiones».

Dijo, previo a rememorar las pretensiones 8°2 y 9°3, que aunque el introductor «no e[ra] un dechado de virtudes», el juez de primer grado, con sujeción a su autonomía y como garante del acceso efectivo a la administración de justicia, debía interpretarlo «extrayendo el verdadero sentido del documento y el alcance de la protección judicial solicitada […], analizando de manera armónica con lo pretendido, los extremos fácticos que rodean la causa petendi y los razonamientos jurídicos», para esclarecer el problema litigioso sin afectar los ejes principales del libelo introductor. Refirió que, a partir de ese supuesto […] la inteligencia que […] deb[ía] darse a las mentadas pretensiones, es que lo que se persiguió [fue] la reliquidación de 2 «8. Agregar el ajuste adicional de las partidas dejadas de aportar al ISS, hoy COLPENSIONES, por concepto de las bonificaciones recibidas por el demandante por cumplimiento de metas». 3 «9. Agregar el ajuste adicional de las partidas dejadas de aportar por la diferencia resultante en la comparación de la historia laboral con la certificación expedida por el Banco, que incluyen todos los pagos laborales que se hicieron»

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Radicación n.° 92186 los aportes efectuados al sistema de seguridad social en pensiones, no así, una indemnización por los presuntos yerros en que se incurrió en la estimación del ingreso que sirvió de base salarial para efectuar las cotizaciones, como se dejó dicho en el recurso por el apoderado de la parte actora.

Expresó que, aun si admitiera que «la inconformidad respecto a la reliquidación de los aportes a seguridad social» tenía «asidero en la inclusión de la bonificación por cumplimiento de metas», estaría vedado para decidir sobre ello, pues no fue un tema de la fijación del litigo, la cual no tuvo reparo y fue la siguiente, […] el problema jurídico que concierne al despacho solventar, se remite a establecer si en aplicación del principio constitucional de «a trabajo igual salario igual», el actor tiene derecho a la reliquidación de salarios y prestaciones sociales devengados durante el tiempo que estuvo vinculado al demandado Banco Popular S.A., para hacerse los ajustes en su mesada pensional reconocida con base en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año y reconocer los intereses moratorios causados con la mora en el pago incorrecto de sus salarios y prestaciones sociales […] Denotó que, por tanto, la reliquidación y el ajuste de la pensión, quedó supeditada al éxito del incremento salarial; que debe guardar fidelidad al objeto del proceso y al debate que sobre el mismo desplegaron las partes, sin que pudiesen controvertirse, reestudiarse o modificarse aquellas circunstancias que no fueron discutidos por los interesados. Lo dicho, porque la ley, […] cuida especialmente que se construya y se perfile, desde el inicio, una discusión clara y adecuadamente delimitada, además de que las […] actuaciones procesales se lleven a cabo de manera congruente con ese objeto del proceso, para cuyo fin el legislador se ha valido de instrumentos procesales, dentro de los que se encuentra la fijación del litigio, que no es otra cosa que delimitar

el marco de la discusión sobre la cual habrá de desarrollarse en adelante, toda la actuación procesal, con los hechos y

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Radicación n.° 92186 pretensiones que serán materia de debate, igual que los quedan fuera del mismo, por haber sido admitidos o abandonados por las partes. Concluyó que, en consecuencia, no era procedente la reliquidación perseguida (Cd de f.° 889, relación con los f.° 890 a 907, cuaderno n.° 1).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la segunda sentencia y, en sede de instancia, se «condene a la demandada al reconocimiento de los derechos que sustentan las pretensiones de la demanda»

(archivo: «Recursos Extraordinarios_ Casación_ Memorial de Partes e Intervinientes _2022093454767»). Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados conjuntamente por la demandada y se decidirán en igual forma, por soportarse en similares razonamientos y compartir finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Increpa al Tribunal la violación directa de la ley, por interpretación errónea de los artículos 13 y 53 de la CP; 10°

(modificado por el […] 2º de la Ley 1496 del 2011), 19, 21,

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Radicación n.° 92186 143 (modificado por el 7° de la Ley 1496 de 2011) y 471 del

CST; «66A del CPT y SS, adicionado por el […] 35 de la Ley 712 de 2001». Aduce que no controvierte la existencia de la relación laboral entre las partes; que lo que reclama es que se determine si «tiene derecho a la nivelación salarial equiparando su remuneración con la devengada por otros trabajadores que desempeñaban sus mismas funciones y de otros que ingresaron posteriormente con una remuneración superior a la de él para desempeñar cargos similares», así como si hay lugar a los incrementos y ajustes pretendidos. Afirma que el Tribunal leyó con equivocación el principio de igualdad de la CP, porque no realizó «un análisis detallado de situaciones fácticas que diferenciaban [sus] funciones […] y [las de] los funcionarios que desempeñaban el cargo de gerencia»; que el artículo 53 superior, prevé el derecho a la «remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo», por lo que era erróneo concluir, como se dijo en la sentencia, que «el empleador tiene la facultad de no hacer aumentos al trabajador cuando su remuneración supera el salario mínimo». Ello, por cuanto el aumento discrecional de la remuneración de «un trabajador que devenga algo más del […] mínimo y […] está excluido del incremento convencional», podría conducir a que quede congelado e incluso termine siendo como aquel si «no se tiene en cuenta la movilidad de su remuneración ni la proporcionalidad a la calidad de trabajo».

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Radicación n.° 92186 Precisa que el artículo 10° del CST, modificado por el 2°

de la Ley 1496 de 2011, instituye el derecho de igualdad en el ámbito del empleo y la prohibición de distinción por razón del carácter intelectual o material de la labor, su forma o retribución, el género o sexo, salvo las excepciones establecidas por la ley, razón por la cual el colegiado no podía aceptar que ocurriera esa diferenciación en su caso, pues implicaba la grave lesión de sus derechos. Afirma que el fallador de segundo grado soportó su decisión en el artículo 7°, ibidem, que modificó el 143 del CST, diciendo que era un requisito «la demostración plena en juicio de los tres elementos constitutivos de la igualdad laboral, así como la existencia de un patrón de conducta comparable, frente al cual se pueda determinar que evidentemente exist[ía] una diferencia de trato salarial»; además, en que previo a identificar los incrementos en paralelo y concluir que los trabajadores tuvieron cargos diferentes, el testimonio de Jeimy Isabel Laverde Espejo daba cuenta de que tenían funciones disímiles y en el periodo de 1993 y 1998 «no todos los gerentes de oficina [eran] iguales, en tanto dependen de la zona, y si se trata[ba] de una agencia o una sucursal», agregando que no era «posible establecer que, según las características de la oficina, el demandante y los dos referenciados deban devengar idéntico salario». Expresa que, por lo anterior, el colegiado «sin observar la correspondencia de su discurso con el precepto legal», «se apartó, se equivocó, erró en su interpretación […]».

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Radicación n.° 92186 Sostiene que aquél también «Enarbol[ó]» el principio de consonancia, desconociendo lo expuesto en las sentencias CC C968-2003 y CC C070-2010, que indicaron que dicha regla debía aplicarse bajo el entendido de que en la alzada siempre se entienden incluidos los derechos mínimos irrenunciables del trabajador. Manifiesta que lo precedente, porque «[…] acudiendo a las limitaciones que para la apelación establece la norma, manifiesta que no se impugnó la fijación del litigio, que dejó de considerar algunos asuntos de la demanda, que en la apelación no se mencionaron algunos derechos conculcados al trabajador y por eso no fueron objeto de análisis en la alzada»; que, por tanto, contrarió el «espíritu de la ley y de contera favoreció la argumentación de la contraparte, en desmedro de [sus prerrogatibvas]». Agrega que tampoco se tuvieron en cuenta los fallos CC SU027-2021, sobre el principio de favorabilidad y los CSJ SL4332-2015 y CSJ SL1240-2019, en punto del valor de la CCT, al «aplicar las disposiciones que regulan lo relativo al derecho […] a beneficiarse de la Convención Colectiva Vigente al momento de su desvinculación y la interpretación […] [del] artículo 471», que califica de «anacrónica y errónea», toda vez que «les restringió los efectos que le asignaron el texto legal y las sentencias mencionadas». Insiste que su inconformidad

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Radicación n.° 92186 […] tiene que ver con la equivocada interpretación de las normas legales y constitucionales que hizo el ad-quem con respecto de las pretensiones de la demanda, circunstancia lamentable que condujo al desconocimiento de los derechos del actor y a la valoración de las normas sustanciales del orden nacional invocadas Lo dicho, porque se apartó del principio de favorabilidad y condición más beneficiosa de los artículos 53 Constitucional y 21 del CST; que el «silogismo» de la sentencia conduce a una conclusión equivocada porque […] desconoció e interpretó de manera errónea […] las normas y principios que rigen el derecho de los trabajadores como son los artículos 19 y 21 del CST que consagran principios tan propios del derecho laboral que trascienden la legislación interna para convertirse en norma internacionales consagrada en los convenios, la mayoría ratificados por la legislación interna. Puntualiza que si el fallador de segundo grado «hubiera dado a las normas (incisos artículos 13, 53 de la C.N.; 21 y 471 CST), el alcance que exigen los derechos en ellos consagrados, no hubiera llegado a esa conclusión, porque esa interpretación, es propiamente el origen del error»; que, al incurrir en «errores iuris in iudicando, al margen de las condiciones fácticas, […] violó la Ley sustancial por vía directa […]» (archivo, ibidem).

VII. CARGO SEGUNDO Imputa a la segunda sentencia la violación indirecta de la ley, por aplicación indebida de los artículos 143 del CST, modificado por el 7° de la Ley 1496 de 2011; así como la

violación medio del 167 del CGP, 60, 61 y 66A del CPTSS. Refiere que la anterior afrenta fue consecuencia de

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Radicación n.° 92186 haber cometido los siguientes errores de hecho: Dar por demostrado, sin estarlo, que entre el demandante y la señora MYRIAM RAMÍREZ DE PEÑA y el señor CARLOS HERNÁN PEÑA entre los años 1999 y 2015 no desempeñaron los mismos cargos. No dar por demostrado, estándolo, que la señora MYRIAM RAMÍREZ DE PEÑA, CARLOS HERNÁN PEÑA Y EL DEMANDANTE desempeñaron idénticas funciones en el periodo de 1993 y 1998. Desestimar el dictamen pericial (folios 535 a 855) que concluyó que el cargo de gerente desempeñado por el actor como gerente de sucursal, cargo superior en el rango de oficinas en el mismo periodo en que lo hicieron los referenciados gerentes. Dar por demostrado, sin estarlo, que la declaración de la señora JEIMY ISABEL LAVERDE ESPEJO, profesional de personal del Banco Popular y el representante legal es una clasificación acertada en torno a los gerentes del Banco. Centrarse exclusivamente en el acápite referente al aumento salarial y tratar los otros puntos del plenario como subsidiarios, tratándolos sin la rigurosidad jurídica y procesal que ameritaban. Asegura que el Tribunal incurrió en «equivocada valoración probatoria […] de los medios de convicción antes detallados, con respecto de las pretensiones de la demanda»,

lo que condujo al «desconocimiento de [sus] derechos fundamentales […] y a la valoración de las normas sustanciales del orden nacional invocadas», pues «con los alegatos formulados en la alzada y con el derecho solicitado como reserva para ampliar la apelación […], presentó […] ampliaciones y declaraciones que el ad quem no tuvo en cuenta», las cuales no podían ser obviadas so prete