CSJ - SL1345-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1345-2023 Radicación n.° 92119 Acta 20 Bogotá, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por MARÍA FABIOLA MAZO DE GARCÍA contra la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario laboral que promueve la recurrente contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES.

Se acepta la sustitución del poder a la abogada María Alejandra Ríos Henao con cédula de ciudadanía número 42.160.619 y tarjeta profesional 296412 del Consejo Superior de la Judicatura, para obrar como apoderada de Colpensiones, en los términos del memorial obrante en el cuaderno de casación.

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Radicación n.° 92119

I. ANTECEDENTES María Fabiola Mazo de García llamó a juicio a Colpensiones, a el fin de que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 26 de septiembre de 2011, junto con el retroactivo pensional, los reajustes legales y las mesadas adicionales; los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o, en subsidio la indexación; y lo que resulte probado ultra o extra petita. De manera subsidiaria, solicitó el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva,

suma que pidió cancelar debidamente indexada. En ambos casos pidió se impusieran las costas. Para apoyar sus peticiones, manifestó que contrajo matrimonio con Luis Ferneli García Giraldo el 6 de diciembre de 1964, con quien convivió desde esa data hasta el 15 de diciembre de 1981, «fecha en la cual se separaron sin efectuar cesación de efectos civiles, como tampoco disolución y liquidación de la sociedad conyugal»; que de esa unión nacieron dos hijas «quienes fallecieron»; y que su cónyuge murió el 26 de septiembre de 2011. Arguyó que el causante se afilió al ISS el 1 de enero de 1967, cotizando como dependiente a través de diferentes empleadores y que desde febrero de 1995 hasta enero de 2009 lo hizo de manera independiente, para un total de 925,71 semanas; que el 4 de agosto de 2017, en su calidad de cónyuge supérstite imploró a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes,

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Radicación n.° 92119 petición que fue resuelta desfavorablemente mediante Resolución SUB197221 del 15 de septiembre de igual anualidad, bajo el argumento que el asegurado no reunió 50 semanas en los tres años anteriores a su óbito y que además la pareja no convivió en los últimos cinco años de vida del causante. La Administradora Colombiana de Pensiones al dar respuesta a la demanda se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó como ciertos el vínculo matrimonial de la accionante y Luis Ferneli García Giraldo;

su separación sin que hubiera existido divorcio ni cesación de efectos civiles ni disolución de sociedad conyugal; que el difunto se afilió al entonces ISS hoy Colpensiones en 1967; la densidad de cotizaciones realizadas; la solicitud del derecho pensional de sobrevivientes y la respuesta negativa; de los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, afirmó que no se cumplían los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003 para que la actora fuera beneficiaria de la prestación, norma aplicable por ser la vigente al momento de la muerte del afiliado, toda vez que éste no reunió 50 semanas en los tres años que anteceden a su deceso; sin que fuera posible hacer un examen histórico de las leyes anteriores a fin de determinar la más «ventajosa» al caso particular. Agregó que, la promotora del proceso tampoco demostró la convivencia dentro de los cinco años anteriores al óbito.

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Radicación n.° 92119 Propuso como excepciones, las de inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, cobro de lo no debido, imposibilidad jurídica para cumplir lo pretendido, ausencia de causa para demandar y la innominada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 3 de febrero de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones propuestas por la demandada.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones solicitadas por la

demandante en contra de COLPENSIONES.

TERCERO: CONDENAR EN COSTAS a la parte demandante, tásense como agencias en derecho la suma de $300.000.

CUARTO: ENVÍESE el expediente al superior para que surta el grado jurisdiccional por ser adverso a la demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el grado jurisdiccional de consulta a favor de la demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali mediante sentencia del 11 de febrero de 2021 confirmó el fallo de primer grado, sin imponer costas en la alzada.

La colegiatura indicó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si el señor Luis Ferneli García Giraldo dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes y cuál sería la normatividad aplicable en el sub judice; en caso afirmativo, se verificaría la calidad de

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Radicación n.° 92119 beneficiaria de la accionante; «y posteriormente, de acreditarse tal condición, se validará la efectividad de la pensión, el fenómeno de la prescripción y si es procedente la condena por concepto de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993». Indicó que eran hechos indiscutidos los siguientes: i) que Luis Ferneli García Giraldo cotizó al ISS de forma interrumpida del 1 de enero de 1967 al 31 de enero de 2009, un total de 926 semanas (f.° 61); ii) que el señor García Giraldo falleció el 26 de septiembre de 2011, según registro

civil de defunción visible a folio 14; y iii) que la demandante reclamó la pensión de sobrevivientes el 4 de agosto de 2017, la que le fue negada mediante Resolución SUB 197221 del 15 de septiembre de igual año (f.° 24 a 26); iv) que el afiliado no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores a su muerte; y v) que la actora no convivió con el asegurado en los cinco años previos al óbito. Refirió que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que era la norma que regulaba el asunto sometido a estudio por ser la vigente para la data de fallecimiento, dispuso que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, para lo que interesa al caso, la cónyuge o compañera permanente del afiliado fallecido. Agregó que ese Tribunal acogía el criterio jurisprudencial de esta corporación, plasmado en sentencia CSJ SL730-2020, respecto a que el requisito de cinco años de convivencia solo es exigible cuando se trata de cónyuge o compañera permanente del pensionado fallecido.

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Radicación n.° 92119 Puntualizó que, en los términos de la aludida normativa, García Giraldo no dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, toda vez que no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores a la muerte, es decir desde el 26 de septiembre de 2008 y el mismo día y mes de 2011. Aseveró que en este asunto se aportaron declaraciones

extrajuicio rendidas ante la Notaría Única del Círculo de Florida Valle por María Margot Ospina Sarmiento y Arnulfo Rengifo, el 31 de marzo y el 5 de mayo de 2017, respectivamente (f.°15 y 16), en las que manifestaron conocer al causante desde el 6 de diciembre de 1964 y hasta el momento de su deceso, y que por ello les constaba que, «vivió en unión marital de hecho con la señora MARÍA FABIOLA MAZO DE GARCIA desde el 6 de diciembre de 1964 y hasta el 15 de diciembre de 1981». Explicó que también en primera instancia se había recibido el testimonio de la señora Luz Mery García, hermana del causante (f.°76, min. 06:21 a 14:13); quien relató que la accionante vivió con su cónyuge bajo el mismo techo por aproximadamente 20 años y tuvieron dos hijos; que se separaron porque el esposo era infiel; que la deponente igualmente informó que la actora tenía un compañero permanente de nombre Julio Rangel y que era él y una hija de María Fabiola Mazo de García los que veían económicamente por ella; que dicha declarante aseveró que la demandante estaba pendiente de García Giraldo, porque él no trabajaba.

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Radicación n.° 92119 El juez plural destacó que en el interrogatorio absuelto por la convocante al proceso (f.° 76, min. 01:50 a 06:12) aceptó haberse separado de su cónyuge, pero expuso que siempre mantuvieron el vínculo familiar; que estaba

pendiente de él cuando se enfermaba y le colaboraba. Indicó que se casó con el causante el 6 de diciembre de 1964, tuvieron dos hijas y se separaron el 15 de diciembre de 1981; que no quiso continuar la convivencia por la infidelidad de su esposo. De lo anterior, el ad quem coligió que, si bien de la declaración de la señora Luz Mery García y lo dicho por la misma actora al absolver el interrogatorio de parte, se desprendía el hecho que «presuntamente» Luis Ferneli García Giraldo se había casado con ella, lo cierto era que al plenario no se aportó el registro civil de matrimonio que acreditara dicha condición. Especificó que para efectos de probar el vínculo matrimonial el referido documento constituía prueba ad substantiam actus y que en la sentencia CSJ SL739-2016 se había precisado que «[…] la prueba ad substantiam actus o ad solemnitatem es aquella que, para la existencia o validez de un acto jurídico material, la ley exige una forma instrumental determinada (sentencia CSJ SL, 2 feb. 2005, rad. 23219)». Refirió que, dado que no se aportó al expediente el registro civil de matrimonio, no era dable inferir que efectivamente existía un vínculo matrimonial entre la promotora del juicio y el señor García Giraldo; que además tampoco se había demostrado que la pareja se encontrara

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Radicación n.° 92119 conviviendo bajo el mismo techo con intención de vida en común al momento del óbito del afiliado y, por el contrario, ella misma, al absolver el interrogatorio de parte, aceptó

haberse separado del causante en el año 1981, circunstancia a la que igualmente hizo mención la testigo Luz Mery García y también se puso de presente en las declaraciones extrajuicio allegadas al plenario. El juez de segundo grado dijo que a lo anterior se sumaba que tal declarante afirmó que María Fabiola Mazo de García se encontraba haciendo vida marital con otra persona de nombre Julio Rangel. Anotó que, aunque se había expuesto que la accionante estaba pendiente del señor García Giraldo, «ello per se no derivaba en que pudiera configurarse la convivencia protegida con la figura de la pensión de sobrevivientes, esto es, la familia», máxime que no se evidenciaban condiciones que permitieran afirmar la existencia de una convivencia simultánea entre la esposa, el compañero permanente y el causante, de ahí que la accionante no acreditó su condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. Arguyó el sentenciador de alzada que, incluso de haberse habilitado la evaluación del test de procedencia instituido en la sentencia CC SU005-2018, para la aplicación del Decreto 758 de 1990, con ocasión del principio de la condición más beneficiosa, la promotora del proceso tampoco lo hubiera superado, pues de la declaración de la testigo Luz Mery García se desprende que no dependía del causante,

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Radicación n.° 92119 sino de su actual compañero y de su hija; que además, era ella quien ayudaba económicamente al afiliado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case totalmente la sentencia confutada, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado y, en su lugar, condene a la demandada a las súplicas del escrito inicial.

Con tal propósito, formula dos cargos que son replicados, los cuales por cuestión de método se estudiarán, inicialmente el segundo ataque y posteriormente el primero.

VI. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de violar, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, los artículos 13, 48, 53 y 93 de la CP, Decreto 758 de 1990 y Ley 797 de 2003.

Arguye que el legislador no consagró un régimen de transición entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993, que ese vicio fue suplido por la Corte Suprema de Justicia con la jurisprudencia basada en que la «expectativa creada por la normativa (Acuerdo 049 de 1990) había

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Radicación n.° 92119 generado un grado de certeza e inminencia en la consolidación del derecho, susceptible de ser protegido ante el cambio abrupto que suponía la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993». Regla que se aplicó igualmente en el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 a 797 de 2003. Refiere que la condición más beneficiosa protege las expectativas legítimas cuando se presentan cambios normativos abruptos que imponen requisitos adicionales que dificultan la configuración de un derecho, frente al cual la

persona pudiera tener confianza de su consolidación. Indica que el Sistema de Seguridad Social Integral consagrado en la Ley 100 de 1993, fue expedido para desarrollar el artículo 48 de la CP, donde claramente se establece que la seguridad social es un servicio público prestado por el Estado bajo los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad, lo cual significa que opera para todos los nacionales sin distinción alguna; que además se trata de un derecho irrenunciable. Señala que las herramientas internacionales tales como los artículos 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales; y 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, también garantizan el derecho a la seguridad social. Enseguida, alude al contenido del artículo 53 de la CP y dice que la seguridad social no puede ser desconocida por

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Radicación n.° 92119 las autoridades ni los beneficiarios renunciar a ella; que dentro del conjunto de derechos que la integran se encuentra la pensión de sobrevivientes, la cual goza de las mismas características de aquella, según «Salvamento de voto sentencia SU-005 de 2018». Relata que, para garantizar el derecho a la pensión de sobrevivientes, la Corte Constitucional «caso a caso» fue construyendo una línea jurisprudencial pacífica y sostenida sobre la condición más beneficiosa, que le permitiera a un número amplio de adultos acceder a la prestación. Añade que de las pruebas allegadas al plenario se desprende que Luis Ferneli García Giraldo, al momento de su fallecimiento,

«dejó causada una expectativa legitima de que sus beneficiarios adquieran un derecho pensional futuro», pues cotizó más del 80% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, lo que impide que se ocasione detrimento al sistema pensional. Dijo que el juez de alzada no solo negó la pensión de sobrevivientes por la aparente falta de prueba del vínculo matrimonial, sino también «por el no cumplimiento de las normas para la aplicación de la condición más beneficiosa, argumentos específicos de la base del libelo introductoria de la demanda pues pese a no tener las 50 semanas anteriores a la muerte, sí las 300 antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993», lo que le permitiría acceder al derecho al amparo del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 789 de igual año.

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VII. LA RÉPLICA La opositora Colpensiones presenta réplica conjunta a los ataques y argumenta que en este asunto la norma aplicable es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que señala los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes y determina quienes son los beneficiarios o llamados a obtener este derecho.

Luego de transcribir la referida normativa, aduce que Luis Ferneli no acreditó las 50 semanas requeridas dentro de los tres años anteriores a su fallecimiento, toda vez que en el lapso del 26 de septiembre de 2008 al mismo día y mes de

2011 solo cuenta con 16 semanas aportadas. A reglón seguido, cita textualmente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 referente a los beneficiarios del derecho pensional, para decir que con los documentos allegados por la demandante, consistentes en declaraciones extrajuicio, no es posible probar que le asiste el derecho pretendido, pues lo que se evidencia es que hubo convivencia solo hasta diciembre de 1981, por ende, la actora no hacía parte del grupo familiar del causante, máxime que para la data del óbito tenía vida marital con otra persona. Añadió que, la sentencia confutada se ajusta a la normativa vigente y, por ende, los ataques están llamados al fracaso.

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VIII. CONSIDERACIONES En este ataque, la censura afirma que el Tribunal incurrió en yerro jurídico al no otorgarle el derecho pensional de sobrevivientes, porque, si bien el causante no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores al óbito, si aportó 300 con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, de ahí que, en aplicación de la «condición más beneficiosa» le asiste el pretendido derecho a la luz del Acuerdo 049 de 1990.

Así las cosas, a la Sala le corresponde dilucidar si dada la condición más beneficiosa, jurídicamente era posible aplicar las disposiciones del citado Acuerdo 049 de 1990, a efectos de conceder la pensión de sobrevivientes a la demandante, pese a que su esposo falleció en vigencia de la

Ley 797 de 2003. Dada la senda directa para orientar el ataque, no son objeto de cuestionamiento los siguientes supuestos fácticos establecidos por el Tribunal: i) que Luis Ferneli García Giraldo cotizó al ISS de forma interrumpida del 1 de enero de 1967 al 31 de enero de 2009 un total de 926 semanas (f.° 61); ii) que el afiliado falleció el 26 de septiembre de 2011, según el registro civil de defunción visible a folio 14; y iii) que la actora reclamó la pensión de sobrevivientes el 4 de agosto de 2017, la que le fue negada mediante Resolución SUB 197221 del 15 de septiembre del mismo año (f.° 24 a 26); iv) que el asegurado no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores a su muerte; v) que la accionante convivió con el causante

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Radicación n.° 92119 desde el 6 de diciembre de 1964 al 15 de diciembre de 1981; y vi) que la pareja García Mazo no hizo vida marital en los cinco años previos al óbito. Pues bien, en el sub judice no hay discusión respecto a que el señor Luis Ferneli García Giraldo no cotizó 50 semanas en los últimos tres años anteriores a su muerte, pues así lo señaló el juez de alzada y lo acepta la recurrente, por ende, no dejó causado el derecho pensional de sobrevivientes en los términos del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993

original, norma llamada a regular el presente asunto por ser la vigente para la data de su deceso, ocurrido el 26 de septiembre de 2011. Igualmente debe decirse que a la demandante no le asiste el derecho pensional que reclama en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues esta corporación ha reiterado que conforme al mismo no es viable dar cabida a la denominada plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una búsqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares de la demandante o la que resulta ser más favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia futuro (CSJ SL42762020, CSJ SL565-2021, CSJ SL855-2021 y CSJ SL10742021). Sobre esta temática la Corte en sentencia CSJ SL10402021, precisó:

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Radicación n.° 92119 No es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso. Es decir, el juez no puede desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la que haya precedido –a su veza la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos «plusultractivos», que resquebraja el

valor de la seguridad jurídica (sentencia CSJ SL, del 9 de dic. 2008, rad. 32642). Sin embargo, en virtud del referido principio de la condición más beneficiosa, se admite la aplicación, pero de la normatividad inmediatamente anterior a la vigente al momento de ocurrencia del siniestro, pues en esencia busca proteger las expectativas legítimas de los beneficiarios de un afiliado que fallece y que cotizó al sistema la densidad de semanas establecidas en la ley precedente, y el hecho generador, esto es, la muerte, ocurra en vigencia de la norma posterior. Pese a ello, el aludido postulado no es absoluto e ilimitado en el tiempo, es decir, no puede ser usado para garantizar la perpetuidad de unas normas que estuvieron vigentes y le eran aplicables a un grupo de afiliados. Así, de acuerdo a lo establecido en la sentencia CSJ SL 4650-2017, en el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, la condición más beneficiosa en lo relativo a la pensión de sobrevivientes tiene una temporalidad de tres años, es decir, que aplica desde el 29 de enero de 2003 hasta el 29 de enero de 2006, solo para quienes tenían una expectativa legítima de acceder a la prestación bajo las condiciones de la norma inmediatamente anterior, lo que no

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Radicación n.° 92119 acaeció en el asunto bajo estudio, si se tiene en cuenta que el afiliado falleció el 26 de septiembre de 2011.

Tampoco le asiste el derecho que reclama la actora en aplicación del aludido principio de la condición más beneficiosa, por el hecho haber cotizado el causante 300 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues la pretensión de la recurrente es que en aplicación de la citada figura jurídica se dé el salto normativo de la Ley 797 de 2003 al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año, a fin de que su situación sea resuelta bajo la égida de esa disposición, lo que no es posible al no tratarse, en este caso, de la norma inmediatamente anterior. Respecto al tema en sentencia CSJ SL142-2020, que reiteró la decisión CSJ SL039-2018, se ilustró: Ahora bien, en cuanto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa que reclama la censura, solicitando se tenga en cuenta para efectos del reconocimiento de la aludida prestación, los artículo 6 y 25 del A. 049/90, debe resaltarse que, tal disposición fue derogada en virtud de los artículos 46 y 47 de la ley 100 de 1993, los cuales a su vez fueron modificados por los artículos 12 y 13 de la ley 797 de 2003, luego entonces, la situación descrita no podría regularse por tal postulado, pues este solo permite aplicar la norma inmediatamente anterior a la vigente en el momento del suceso, siempre y cuando no se haya previsto un régimen de transición, pues no puede el juez hacer un recuento histórico de las leyes que rigen tal situación para determinar cuál es la norma más favorable al trabajador.

En punto del debate suscitado, resulta pertinente traer a colación el pronunciamiento que recientemente hizo la Sala, en sentencia CSJ SL21546-2017, Rad. 44881, que puntualizó: Es criterio reiterado de esta Corporación, que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la norma que se encuentra vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado (sentencia CSJ SL 8295-2017, entre otras); por lo tanto, tal y como lo señaló el ad quem, la disposición que rige el asunto es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. No obstante, como

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Radicación n.° 92119 excepción a esa regla general, se ha aceptado la aplicación ultractiva de normas anteriores derogadas en virtud del principio de la condición más beneficiosa. En este asunto, la censura invoca el principio de la condición más beneficiosa a fin de que la situación se resuelva bajo el abrigo del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Sin embargo, de acudirse a dicho principio, esta norma no tiene cabida, por no corresponder a la norma inmediatamente anterior, pues no es viable hacer una búsqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares del de cujus o cuál resulta ser más favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia futuro. Así lo ha señalado la Sala en recientes providencias, entre otras, en la

CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016 y CSJ

SL15960-2016. Ahora bien, es preciso indicar que el régimen anterior a la Ley 797 de 2003 es la Ley 100 de 1993, pues así lo ha entendido esta Corporación, al señalar que no puede el juez desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación más allá de dicha ley (sentencia CSJ SL, 9 dic 2008, Rad. 32642, y demás). Del mismo modo, no resulta dable acceder a las súplicas que elevó la impugnante en aplicación del principio de favorabilidad que regula el artículo 53 de la CP, en tanto su mandato parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes, situación que desde luego no ocurre en este caso. Por otra parte, no sobra señalar que respecto de la fuerza vinculante del precedente constitucional que acoge para estos eventos la llamada plus ultractividad, esta corporación en sentencia CSJ SL184-2021, expuso:

1. La fuerza vinculante del precedente constitucional La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar

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Radicación n.° 92119 necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de resolver el asunto de su competencia. Asimismo, ha precisado que un precedente tiene fuerza vinculante, puesto que, sin duda, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermenéutica que elaboran las

autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgarle comprensión a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones normativas y a desarrollar principios básicos del Estado constitucional, como el de seguridad jurídica; además, permite materializar el respeto de los principios de igualdad, supremacía de la Carta Política, debido proceso y confianza legítima (C-539-2011). No obstante, también ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad; es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior y el precedente en vigor; esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela. El primero, tiene fuerza vinculante especial y obligatoria en razón de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresión a la Constitución Política (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque también tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentación suficiente, en armonía con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017). En ese contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y su aplicación debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jurídicos Superiores importantes para los individuos y la sociedad-, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter partes y a la ratio decidendi de la sentencia SU-05-2018, se

aparta de su contenido -deber de transparencia-, por las razones que se expone a continuación -deber de argumentación suficiente- (C-621-2015 y SU-354-2017). En esa providencia, dicha autoridad judicial estableció que es posible la aplicación plus ultractiva de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, (ii) no acredite 50 semanas de aportes durante los tres años anteriores al deceso, para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, (iii) pero sí reúne el número mínimo de semanas cotizadas exigidas en el régimen anterior. Igualmente, asentó que es procedente la acción de tutela para reclamar la pensión de sobrevivientes, cuando se cumplan con

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Radicación n.° 92119 las siguientes condiciones del test de procedencia: (i) pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) tener afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital; (iii) depender económicamente del causante antes de su fallecimiento, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso; (iv) al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la pensión de sobrevivientes, y (v) la persona reclamante tuvo una

actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de tal prestación. A juicio de esta Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. A