CSJ - SL1355-2021

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1355-2021 Radicación n.° 83809 Acta 12 Bogotá, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario que instauró RAFAEL ANTONIO BARROS MEJÍA contra la EMPRESA DISTRITAL DE TELECOMUNICACIONES DE BARRANQUILLA, trámite al que se vinculó a la entidad recurrente y al DISTRITO

ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE

BARRANQUILLA.

Se reconoce personería adjetiva a la doctora Angélica María Pérez Angulo con tarjeta profesional No. 190.239 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como

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Radicación n.° 83809 apoderada del demandante opositor, en los términos del poder obrante a folio 90 del cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES Rafael Antonio Barros Mejía instauró demanda ordinaria laboral contra la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, con el fin de que fuera condenada al reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales resultantes al incluir como factores salariales los siguientes conceptos: primas de servicios, de vacaciones, de alimentación, de salubridad, de manejo, de antigüedad, de aguinaldo, así como el subsidio

familiar, horas extras, recargos nocturnos, cesantías definitivas, indemnización por despido y la dotación de uniformes; la «sanción moratoria»; el reajuste de la indemnización por despido sin justa causa; la pensión «proporcional convencional de jubilación» a partir del 29 de septiembre de 2017, fecha en la que cumplió 50 años de edad, más la respectiva indexación; lo probado ultra o extra petita; y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se vinculó a la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla desde el 5 de mayo de 1987 hasta el 24 de mayo de 2004, dado que el 25 del mismo mes y año, la demandada le impidió a él y a sus compañeros el ingreso a las instalaciones; que laboró un total de 17 años y 20 días; que su último cargo fue el de liniero I y su asignación salarial ascendía a la suma mensual de $3.247.899; que, al momento

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Radicación n.° 83809 de la liquidación de las prestaciones sociales, no se le tomaron en cuenta todos los factores que por ley y convención constituían salario; que, conforme al literal b) del artículo 42 de la CCT, tenía derecho a una pensión de jubilación cuando cumpliera 50 años de edad; que presentó varias reclamaciones administrativas; y que estaba afiliado al sindicato de trabajadores de la empresa y, por lo mismo, era beneficiario de la convención colectiva de trabajo vigente para el momento de la desvinculación laboral. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se

opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos relatados, aceptó la fecha de inicio de labores en la empresa, el cargo desempeñado por el actor y las reclamaciones administrativas. Respecto de los demás supuestos fácticos, dijo no ser ciertos o no constarle. En su defensa, sostuvo que el accionante no tenía derecho a la pensión de jubilación convencional solicitada, por cuanto era necesario que los requisitos de tiempo de servicios y edad, exigidos por la cláusula 42 de la CCT, se cumplieran en vigencia del contrato de trabajo. Propuso las excepciones de prescripción, buena fe, «prescripción de cualquier aspiración a reintegro», inexistencia del derecho a pensión convencional, «incompatibilidad de la pensión con el estado de despido indemnizado», compensación, compartibilidad pensional, petición antes de tiempo e incumplimiento de los requisitos mínimos para la pensión convencional.

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Radicación n.° 83809 Mediante auto proferido el 29 de abril de 2013, la juez de conocimiento decidió integrar a la Dirección Distrital de Liquidaciones como litisconsorte necesario (f.° 142), frente a la cual se dio por no contestada la demanda a través de auto emitido el 9 de marzo de 2015 (f.° 160). Posteriormente, en providencia del 21 de septiembre de 2015, el Juzgado resolvió igualmente integrar al Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, como litisconsorte necesario (f.° 208), el cual, al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones y dio como cierto el

hecho relativo a las reclamaciones administrativas. En cuanto a los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o no le constaban. Adujo, a su favor, que la pensión de jubilación convencional reclamada no estaba consolidada jurídicamente a la fecha de retiro del accionante, dado que aquél cumplió la edad requerida después de la desvinculación laboral. Planteó los medios exceptivos de fondo denominados: ausencia de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, prescripción y cobro de lo no debido.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 9 de marzo de 2018 (f.° 266 a 270),

resolvió:

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Radicación n.° 83809

1. DECLARAR no procedentes las excepciones de mérito que han propuesto las entidades convocadas a este juicio, por las razones ya señaladas y por consecuencia, asumirán en su orden el reconocimiento y pago de la prestación económica fundamental reclamada por el actor pensión proporcional convencional.

2. Condenar a las demandadas DIRECCIÓN DISTRITAL DE

LIQUIDACIONES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA y al DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, a reconocer, asumir en sus nóminas de jubilados al demandante Sr. RAFAEL ANTONIO BARROS MEJÍA a quien tienen plenamente identificado como ex trabajador de la extinta EDT, la pensión de jubilación

convencional proporcional, a partir del 29 de septiembre de 2017.

3. Asuman tales entidades el citado derecho pensional en cuantía inicial de $4.563.660 más los reajustes de ley, las mesadas adicionales con las observancias del Acto Legislativo

No 1 de 2005.

4. Prevénganse a las mismas entidades aquí demandadas que por la naturaleza de la referida prestación social económica pensional darle aplicación en los términos del Decreto 758 de 1990 para los efectos de la compartibilidad y según lo deja saber el acuerdo convencional, es decir, esa Seguridad Social Obligatoria a cargo del ISS, pero que en estos momentos lo administra COLPENSIONES-Decreto 2013 de 2012.

5. Costas a cargo de la parte vencida. […]

6. ABSUÉLVASE a las demandadas en lo demás.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA En virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Dirección Distrital de Liquidaciones quien actúa como administradora del pasivo pensional de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, y del grado jurisdiccional de consulta surtido a favor de estas accionadas, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito

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Radicación n.° 83809 Judicial de Barranquilla, con sentencia dictada el 31 de octubre de 2018, decidió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia apelada […] en el sentido de CONDENAR a las demandadas

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE

BARRANQUILLA y DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES, a pagar al demandante RAFAEL ANTONIO BARROS MEJÍA, el retroactivo pensional generado entre el 29 de septiembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, a razón de 14 mesadas, por valor de $65.757.776,94, con la respectiva indexación con base en el IPC certificado por el DANE a la fecha del pago; lo anterior sin perjuicio de las mesadas pensionales que se sigan causando con posterioridad.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia apelada y consultada en el sentido de AUTORIZAR a las demandadas a descontar del retroactivo de las mesadas pensionales ordinarias, los aportes de salud con destino a la EPS a la que se encuentre afiliado el actor o que sea de su preferencia.

TERCERO: CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás.

CUARTO: Costas en esta instancia a cargo de las demandadas […] En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal estableció como problema jurídico determinar si para la configuración del derecho pensional solicitado, era necesario reunir el tiempo de servicios y la edad o si ésta última constituía únicamente una condición para su disfrute.

Para ello, indicó que los siguientes supuestos fácticos no eran objeto de controversia: i) la existencia de un contrato de trabajo entre el demandante y la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, entre el 5 de mayo de 1987 y el 24 de mayo de 2004, el cual culminó por la disolución de dicha entidad (f.° 173); ii) que el señor Barros Mejía cumplió 50 años de edad el 29 de septiembre de 2017,

dado que nació el mismo día y mes del año 1967 (f.° 16); iii)

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Radicación n.° 83809 que el último salario promedio devengado por el demandante ascendió a la suma de $3.064.632,50 (f.° 19 y 20); y iv) que la Empresa Distrital accionada dejó de existir legalmente, mediante la Resolución 095 del 15 de diciembre de 2006. Luego de transcribir la cláusula 42 de la CCT (f.° 35 a 92), el fallador de segundo grado estableció que su redacción daba a entender que la edad no era un requisito para la estructuración o causación del derecho pensional allí consagrado, sino una condición para su pago, por lo que la pensión de jubilación se configuraba únicamente con el tiempo de servicios exigido. Entonces, consideró que, al haber cumplido el demandante con la prestación de servicios por espacio de 17 años y 19 días, haber terminado el contrato de trabajo por liquidación de la empresa, y que la edad de 50 años solo era necesaria para el disfrute pensional, tenía derecho a la prestación reclamada. Al respecto, se apoyó en la decisión

CSJ SL8184-2016.

De otro lado, adujo que, si bien la Corte Constitucional, mediante sentencia CC SU241-2015, explicó que el Acto Legislativo 01 de 2005 eliminó la posibilidad de crear nuevos regímenes especiales o de prorrogar los existentes más allá de 2010, lo cierto era que, «en tratándose de este tipo de pensiones convencionales a cargo de la EDT, el derecho se

causaba con el tiempo de servicios, por lo cual no existía razón válida para no reconocerla, toda vez que se trataba de un derecho adquirido».

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Radicación n.° 83809 Por todo lo anterior, definió que el monto pensional equivaldría al 85,26% del último salario promedio devengado, esto es, a una mesada inicial de $4.584.865,57. Asimismo, expresó que le correspondía al actor 14 mesadas anuales por haberse causado el derecho pensional antes de la entrada en vigencia del citado Acto Legislativo 01 de 2005 y resaltó que la prestación económica otorgada tenía vocación de ser compartida con la de vejez que llegare a ser reconocida por Colpensiones.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Dirección Distrital de Liquidaciones, como administradora del pasivo pensional de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia del Tribunal para que, en sede de instancia, revoque la decisión condenatoria de primer grado y, en su lugar, absuelva a esta demandada de todas las pretensiones.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que son replicados por la parte demandante. La Sala abordará de manera simultánea el estudio de los ataques, ya que, a pesar de que el primero está dirigido por la vía indirecta y los restantes por la senda

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Radicación n.° 83809 directa, lo cierto es que se fundamentan en similar elenco normativo, su argumentación se complementa entre sí y el objetivo perseguido es el mismo.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, acusa al Tribunal de haber transgredido los artículos 467, 468, 470, 474, 476, 477 y 478 del CST; 1º del parágrafo 3º transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005; en relación con los artículos 1495, 1496, 1500, 1618 a 1622 del CC; «51, 54A, adicionado L. 712/2001, artículo 24 numeral tercero y parágrafo»; 32, 60 y 61 del CPTSS; 141 de la Ley 100 de 1993; y 177, 251, 252, 253 y 254 del CPC.

Como presuntos errores de hecho cometidos por el Tribunal señala los siguientes:  Aplicar retroactivamente la convención colectiva de trabajo vigente para 1997 -1999.  Dar por establecido, sin estarlo, que la convención colectiva de trabajo, que la edad allí exigida, sólo era un requisito de exigibilidad.  Dar por demostrado sin estarlo, que el actor reunió los requisitos antes de la vigencia del Acto Legislativo No. 1 de 2005, y reconociéndole así al actor MESADAS ADICIONALES.  Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor cumplía 50 años de edad al retiro del servicio, como requisito para el reconocimiento

de la pensión proporcional de jubilación.  Dar plena vigencia y aplicación a la convención colectiva aportada al expediente, sin estarlo.  Dar prórroga automática a la convención colectiva aportada al expediente, sin ser viable.

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Radicación n.° 83809  Dar por demostrado, sin estarlo, que la pensión proporcional de jubilación del actor era un derecho adquirido; sin estarlo.  No dar por demostrado, estándolo que a partir del retiro del actor, la convención colectiva incorporada al expediente era inviable su aplicación, por haber desparecido la entidad empleadora.  Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante era beneficiario del acuerdo convencional del punto JUBILACIONESARTÍCULO CUARENTA Y DOS (42), LITERAL b) – para el reconocimiento de la pensión convencional, sin estar al servicio de la Empresa al momento del cumplimiento de los requisitos. (Resaltado en el texto).  No dar por demostrado, estándolo, que el artículo 40, literal b) del Acuerdo Convencional firmado entre las partes el día 23 de octubre de 1997, establece que la convención se aplica a los trabajadores y la pensión de jubilación convencional, sólo es dable para los empleados que presten (a futuro de la firma de la convención el 23 de octubre de 1997) o hayan prestado (a la fecha de la firma de la convención – 23 de octubre de 1997) diez (10) o más años de servicio a la Empresa y menos de veinte, cuando cumpliesen la edad estando al servicio de la Empresa, mas no

así para ex empleados. (Resaltado en el texto).  No dar por demostrado, estándolo, que el actor, al no haber cumplido los requisitos de edad y tiempo de servicio en la empresa, no tenía derecho a percibir la pensión de jubilación proporcional, es decir, desde cuando ya no era empleado de la Empresa.  Dar por demostrado, sin estarlo, que la convención colectiva fijó condiciones para el reconocimiento de la pensión convencional por fuera de la vigencia de la relación laboral.  No dar por demostrado, estándolo, que la EMPRESA DISTRITAL DE TELECOMUNICACIONES DE BARRANQUILLA ESP EN LIQUIDACIÓN no está obligada a pagar la pensión convencional desde la fecha en que el demandante cumplió 50 años de edad, por no estar prestando en esa fecha sus servicios a la empresa, es decir, al no ser empleado, al tenor de lo preceptuado por el derecho positivo y la doctrina de la Corte Constitucional, Sentencia C902 de 2003.  Dar por demostrado, sin estarlo, que los beneficios convencionales referentes a pensión de jubilación se aplican a los ex trabajadores.  Dar por demostrado, sin estarlo, que “LOS SUJETOS” de la oración son los “EMPLEADOS” y “EXEMPLEADOS”. (Resaltado en el texto).

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Radicación n.° 83809  No dar por demostrado, estándolo que “EL SUJETO” de la oración era “LOS EMPLEADOS” y para que una pensión pactada convencionalmente sea aplicable al ex trabajador debe haberse pactado expresamente en el acuerdo convencional. (Resaltado en

el texto).  Dar por demostrado, sin estarlo, que en la cláusula convencional se acordaron derechos a favor de los ex trabajadores.  Aplicar beneficios convencionales al actor, después de haberse extinguido la empresa firmante de la convención colectiva.  No dar por demostrado estándolo que el régimen pensional, establecido en las convenciones colectivas de trabajo, expiraban su vigencia, conforme al Acto Legislativo No. 1 de 2005.  Dar por demostrado, sin estarlo que el actor cumplía con los requisitos (sic) de edad. (Las negrillas son del texto original). Para la censura, los anteriores desaciertos fácticos fueron consecuencia de la errónea apreciación del registro civil de nacimiento del actor (f.° 37) y de la convención colectiva de trabajo 1997-1999, así como por la falta de valoración de la Resolución 095 del 15 de diciembre de 2006, la «respuesta de la demandada en sede administrativa» (f.° 109 a 113) y la liquidación del contrato de trabajo del demandante (f.° 41 y 42). En el desarrollo del cargo, la parte recurrente sostiene que el Tribunal incurrió en un grave error cuando determinó que la edad era un requisito para el disfrute de la pensión, es decir, «una condición para su pago», mas no un presupuesto de causación, puesto que la disposición convencional que contempla la prestación económica requiere del cumplimiento de la edad y tiempo de servicios

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Radicación n.° 83809 en vigencia del contrato de trabajo. Como soporte de su posición, cita las providencias CSJ SL, 30 oct. 2007, rad.

31544; CSJ SL, 4 feb. 2009, rad. 33024; CSJ SL, 4 may. 2010, rad. 37993; CSJ SL, 9 abr. 2003, rad. 20055; y CSJ SL, 27 feb. 2013, rad. 38024; para afirmar que el ad quem no podía crear derechos en favor de terceros ajenos a la relación laboral, fundado en una lectura caprichosa y arbitraria de la norma extralegal. De igual manera, manifiesta que el juzgador de segundo grado desconoció que el régimen pensional consagrado en las convenciones colectivas desapareció del mundo jurídico como consecuencia de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, con excepción de los derechos adquiridos, los cuales, en su decir, no se causaron en este específico asunto. Para respaldar su manifestación, cita las decisiones CSJ SL, 23 en. 2009, rad. 30077; CSJ SL, 13 jun. 2012, rad. 43435; y CSJ SL, 6 mar. 2012, rad. 43851 y, al respecto, dice lo siguiente: Comparto el criterio, en el sentido que el Acto Legislativo Número 1 de 2.005, respetó los derechos adquiridos; aspecto diferente es que el actor del presente proceso, no cumplió con los requisitos exigidos en el mismo, y en concordancia con las disposiciones convencionales; luego el accionante solo tenía meras expectativas, las cuales no gozaban de ninguna prerrogativa. Así mismo, aduce que el ad quem ignoró el mandato constitucional del Acto Legislativo 01 de 2005, dado que

desde su vigencia no es posible conceder mesadas adicionales.

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Radicación n.° 83809 Agrega que el Tribunal concedió derechos convencionales al actor, sin que estuviera demostrado que era beneficiario de ese acuerdo, ya que la pensión era una mera expectativa que solo se concretaba cuando se reuniera la edad y el tiempo mínimo de servicios. Por todo lo anterior, reitera que la colegiatura efectuó una valoración equivocada del literal b) del artículo 42 de la convención colectiva de trabajo, del registro civil de nacimiento del señor Barros Mejía, la «terminación del contrato de trabajo» y de la liquidación final de prestaciones sociales, los cuales evidenciaban que aquél no cumplió la edad mínima exigida mientras estuvo vinculado con la empresa accionada. Indica que la cláusula convencional hace referencia a los empleados y trabajadores, esto es, al personal activo, de modo que se requiere la conjunción de ambas condiciones para ser merecedor del derecho prestacional reclamado, por lo que, a su juicio, el ad quem aplicó indebidamente el artículo 467 del CST, al hacer extensivos los efectos de la convención a extrabajadores, cuando ello jamás fue pactado.

VII. CARGO SEGUNDO Por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, ataca la sentencia de segundo grado por la violación de los artículos 467, 468, 470, 471, 472, 474, 476, 477 y 478 del CST; 1º del parágrafo 3º transitorio del Acto Legislativo

01 de 2005; en relación con los artículos 1495, 1496, 1500,

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Radicación n.° 83809 1618 a 1622 del CC; «51, 54A, adicionado L. 712/2001, artículo 24 numeral tercero y parágrafo»; 60 y 61 del CPTSS; 141 de la Ley 100 de 1993; 251, 252, 253, 254, 304, 305 y 306 del CPC; y 280, 281, 282, 303 y 304 del CGP. La censura sustenta el ataque en el desconocimiento del Tribunal sobre las decisiones CSJ SL, 9 abr. 2003, rad. 20055; CSJ SL, 20 oct. 2005, rad. 23776; CSJ SL, 4 feb. 2009, rad. 33024; y CSJ SL, 27 feb. 2013, rad. 38024, en las que se ha considerado, por esta corporación, que tanto el tiempo de servicios, como la edad, son presupuestos que se deben satisfacer en vigencia del nexo laboral, para acceder al derecho pensional. Así mismo, sostiene que la decisión impugnada fue más allá del alcance del artículo 467 del CST, que dispone que la convención colectiva rige los contratos de trabajo durante su vigencia y que, pese a ello, se reconoció un derecho convencional cuando el nexo laboral no se encontraba vigente. Destaca lo expuesto en la decisión CC C902-2003, en la que la Corte Constitucional resalta que la aplicación de los acuerdos convencionales ocurre durante la vigencia de los

contratos de trabajo, cuyo texto copia en extenso, así como las providencias CSJ SL, 30 oct. 2005, 31544; CSJ SL, 4 may. 2010, rad. 37993; y CSJ SL, 4 feb. 2009, rad. 33024, entre otras.

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Radicación n.° 83809

VIII. CARGO TERCERO Por la vía directa, acusa la infracción directa de los artículos 467, 468, 470, 471, 472, 474, 476, 477 y 478 del CST; 1º del parágrafo 3º transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005; en relación con los artículos 1495, 1496, 1500, 1618 a 1622 del CC; «51, 54A, adicionado L. 712/2001, artículo 24 numeral tercero y parágrafo»; 60 y 61 del CPTSS; 251, 252, 253, 254, 304, 305 y 306 del CPC; y 280, 281, 282, 303 y 304 del CGP.

La censura se fundamenta en los mismos argumentos expuestos en el cargo anterior, por lo que es innecesario reproducirlos.

IX. RÉPLICA CONJUNTA El demandante solicita rechazar los cargos planteados por la censura, toda vez que, a la luz de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, para ser beneficiario de la pensión de jubilación contemplada en el artículo 42 de la CCT se exige un tiempo mínimo de servicios, siendo la edad un simple requisito de exigibilidad, por lo que no es viable

que la entidad demandada insista en denegar la prestación económica por el cumplimiento de los 50 años de edad con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo. También aduce que es improcedente acudir a las disposiciones del Acto Legislativo 01 de 2005 en aras de cercenarle al demandante la prerrogativa pensional, puesto

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Radicación n.° 83809 que, en este caso, al haberse completado los 17 años de servicios en mayo de 2004, su derecho ya estaba adquirido.

X. CONSIDERACIONES El Tribunal decidió conceder la prestación económica deprecada, en razón a que la cláusula convencional que la contiene establece que el único requisito de causación es el tiempo mínimo de servicios en favor de la empresa demandada, lo cual se concretó por parte del demandante, pues consideró que el cumplimiento de la edad era un presupuesto para su exigibilidad o disfrute.

La censura reprocha la anterior decisión, al sostener que el entendimiento que el fallador de segundo grado le imprimió al artículo 42 de la CCT 1997-1999 fue equivocado, como quiera que, a su juicio, el derecho pensional allí consagrado solo cobija a las personas que cumplan los requisitos de tiempo de servicios y edad en vigencia de la relación laboral, además que el Acto Legislativo 01 de 2005 prohibió conceder derechos convencionales pensionales después de su vigencia. Así las cosas, el problema jurídico puesto a consideración de la Corte se contrae a determinar si, conforme a lo consagrado en la cláusula 42 de la CCT

aludida, la pensión de jubilación convencional exige que la edad se cumpla en vigencia del contrato de trabajo o si, por el contrario, aquélla constituye un presupuesto necesario solamente para el disfrute pensional, al igual si respecto al

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Radicación n.° 83809 demandante nos encontramos frente a un derecho adquirido de cara a lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005. A pesar de que uno de los cargos se encuentra dirigido por la vía indirecta, no son objeto de controversia los siguientes supuestos fácticos: i) que el señor Rafael Antonio Barros Mejía nació el 29 de septiembre de 1967, por lo que el mismo día y mes del año 2017 cumplió 50 años de edad (f.° 16 y 17); ii) que el actor laboró para la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, entre el 5 de mayo de 1987 y el 24 de mayo de 2004, para un total de 17 años y 19 días (f.° 173); y iii) que la causa de terminación del contrato fue la disolución de la empresa. Pues bien, la cláusula que suscita la controversia es del siguiente tenor: ARTICULO CUARENTA Y DOS (42)- JUBILACIÓN: LA EMPRESA reconocerá a todo su personal un régimen especial de jubilaciones así: a) […] b) Los empleados que presten o hayan prestado diez (10) años o más de servicio a la Empresa y menos de veinte (20) años, tendrán derecho a la jubilación proporcional según el tiempo de servicio, cuando cumplan las edades establecidas de cincuenta

(50 ) años para los hombres y cuarenta y siete (47) años para las mujeres; en estos casos para establecer el salario de liquidación, se tomarán en cuenta los mismos factores del último sueldo y el promedio de las prestaciones en la forma establecida en el literal a ). Para la jubilación proporcional no se tendrá en cuenta los años de servicio prestados a otras entidades oficiales. (…) d) Los derechos especiales de jubilación consagrados en este convenio se pierden cuando el empleado es despedido con justa causa. De la lectura de esta cláusula, se tiene que la pensión

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Radicación n.° 83809 restringida de jubilación se causa con la prestación de servicios en la entidad durante más de 10 y menos 20 años y si se produce un despido sin justa causa, por lo que la edad constituye una mera condición de exigibilidad, en tanto no se contempló como requisito de causación, por lo que el Tribunal no se equivocó en su entendimiento. Sobre el particular es menester resaltar que, si bien la Corte, de tiempo atrás, venía aceptando cualquier apreciación que en relación a la citada cláusula convencional hicieran los diferentes tribunales del país, bajo el supuesto de que admitía distintas interpretaciones o apreciaciones; lo cierto es que al reexaminar el tema, arribó a la conclusión que actualmente impera, según la cual únicamente admite una valoración probatoria o intelección posible, consistente en que la pensión de jubilación prevista en el literal b) del artículo 42 de la convención colectiva de trabajo, se causa o

adquiere con el requisito de la prestación de los servicios y un retiro diferente al despido por justa causa, de modo que el cumplimiento de la edad constituye una mera condición para su exigibilidad. En decisión CSJ SL5334-2015, en un proceso seguido contra las mismas accionadas, la Sala puntualizó: [...] descendiendo al caso que nos ocupa, observa la Sala que la cláusula 42 Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la EDT y su sindicato de trabajadores, vigente entre el 1 de septiembre de 1997 y el 31 de agosto de 1999 (Folios 39 a 76), prueba denunciada por la censura como erróneamente apreciada por el ad quem, establece: b) Los empleados que presten o hayan prestado diez (10) años o más de servicio a la Empresa y menos de veinte tendrán derecho a la jubilación proporcional según el tiempo de servicio, cuando

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Radicación n.° 83809 cumplan las edades establecidas de cincuenta (50) años para los hombres y cuarenta y siete (47) años para las mujeres; en estos casos para establecer el salario de liquidación se tomarán en cuenta los mismos factores del último sueldo y el promedio de las prestaciones en la forma establecida en el ordinal a). Para la jubilación proporcional no se tendrán en cuenta los años de servicio prestados en otras entidades oficiales. Si bien esta Sala de la Corte había considerado que la disposición convencional en estudio admitía más de una interpretación razonable, siendo una de ellas la que le dio el Tribunal, en sentencia CSJ SL2733-2015 rectificó dicho criterio para

aceptar que el único entendimiento que admite la cláusula extralegal aludida es el de que la pensión de jubilación prevista en su literal b, se causa o adquiere con el requisito de la prestación de los servicios y un retiro diferente al despido por justa causa, de modo que el cumplimiento de la edad constituye una mera condición para su exigibilidad. Así, en la citada providencia la Corte explicó: Frente a tal punto, una vez reexaminada la estructura gramatical de la norma, así como la intención lógica y razonablemente deducible de sus componentes, para la Sala la cláusula convencional en referencia en realidad está estructurada como una especie de pensión proporcional o restringida – no en vano se refiere al «…derecho a la jubilación proporcional según el tiempo de servicio…» - por lo que, razonable y lógicamente entendida, conlleva al único entendimiento de que se causa o adquiere con el requisito de la prestación de los servicios y un retiro diferente al despido por justa causa, de manera que el cumplimiento de la edad constituye una mera condición para su exigibilidad, como lo arguye la censura. Para arribar a dicha conclusión basta con advertir que la disposición incluye parámetros identificativos claros para la prestación, como que es «…proporcional según el tiempo servido…»; que sus