CSJ - SL1359-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL1359-2023 Radicación n.° 92896 Acta 17 Bogotá, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CLAUDIA MARCELA CÁRDENAS RÍOS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario que instauró

contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES -COLPENSIONES.

Se reconoce personería a la abogada Linda Tatiana Vargas Ojeda, con tarjeta profesional n.° 287.982 del C.S. de la J., para que actúe en nombre y representación de Colpensiones, en los términos y para los fines del mandato conferido (Cuaderno digital de la Corte).

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Radicación n.° 92896

I. ANTECEDENTES Claudia Marcela Cárdenas Ríos llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, con el fin de que le fuera reconocida la pensión de sobrevivientes originada en el fallecimiento de su compañera permanente pensionada, Amilvia Oliva Cárdenas Urrea, el 28 de febrero de 2018, en un porcentaje del 100 %.

En consecuencia, se condenara al pago de la misma, junto al retroactivo causado y las mesadas adicionales; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993

o subsidiariamente, la indexación; lo ultra y extra petita y las costas. Fundamentó sus peticiones, en que la extinta nació en Manizales el 16 de marzo de 1946; que ella y la causante Amilvia Olivia Cárdenas Urrea establecieron aproximadamente desde el año 1997 una unión marital de hecho; que compartieron techo, lecho y mesa, donde la condición de responsable del hogar -dependencia económicala asumió la fenecida por ser la única persona laborante; que Cárdenas Urrea era soltera y no tuvo descendencia sanguínea o adoptiva y fue pensionada por vejez por parte del ISS mediante Resolución n.° 1041 de 2001 a partir del 16 de marzo de ese mismo año. Afirmó, que dada la época en la cual dieron inicio a la relación de pareja, con el propósito de evitar segregación social, homofobia, persecución y estigmatización, frente a

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Radicación n.° 92896 terceros, siempre se presentaron como familiares tía-sobrina; que siempre dependió económicamente de su compañera; que en vías de ampararla legalmente, la causante mediante Escritura Pública del 5 de mayo de 2007 la declaró heredera universal de todos sus bienes; que sus aportes al sistema de seguridad social como independiente eran sufragados por su compañera para ampararla y que su convivencia fue continua e ininterrumpida. Indicó, Colpensiones le negó el reconocimiento de la prestación económica por Resolución n.° 109486 del 24 de abril de 2018, sustentada en falta de acreditación de la

condición de beneficiaria, con fundamento en «la diferencia de edad entre la causante y la compañera», situación contraria a la Constitución Política y sus derechos fundamentales y que los recursos en contra de la misma fueron resueltos finalmente con la Resolución n.° DIR1190 del 25 de 2018 (f.° 3 a 10 del cuaderno 1). Colpensiones se opuso a las pretensiones considerando que la accionante no cumple con los requisitos exigidos por la ley para acceder a la pensión de sobrevivientes. En su defensa propuso las excepciones de mérito de, falta de cumplimiento de requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes-cobro de lo no debido; inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido-intereses moratorios; prescripción; buena fe; y, las declarables de oficio (f.° 49 a 54 ibídem).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de Descongestión de Manizales, por sentencia del 2 de agosto de 2021 (Cuaderno digital de primera instancia), declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y absolvió de las pretensiones de la demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la accionante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, mediante fallo del 8 de septiembre de 2021 (Cuaderno digital del Tribunal), confirmó la del a quo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal

consideró como fundamento de su decisión, que la accionante no cumplió con los requisitos para hacerse beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, en calidad de compañera permanente de Amilvia Oliva Cárdenas Urrea, como quiera que se evidenció que convivieron, pero debido a su parentesco. Aludió que no fue motivo de discusión: i) la ocurrencia del fallecimiento de Amilvia Oliva Cárdenas Urrea el 28 de febrero de 2018 (f.° 24 y 49 pdf-C1); ii) su estatus de pensionada a partir del 16 de marzo de 2001, por medio de la Resolución n.° 1041 de 2001; y, iii) que la accionante presentó solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes el día 9 de marzo de 2018, tal y como se

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Radicación n.° 92896 desprende del contenido de la Resolución n.° SUB 109486 del 24 de abril de 2018 (f.° 29 ibídem). Estableció que la norma que rige el presente reconocimiento es el artículo 46 y siguientes de la Ley 100 de 1993 con las modificaciones de la Ley 797 de 2003, por ser la vigente para el momento del deceso de la causante. Razonó, en punto a la convivencia de las compañeras por el espacio exigido por la ley, que esta Corporación ya se ha referido a que las parejas de un mismo sexo puedan acceder a la pensión de sobrevivientes en los mismos términos de las uniones maritales heterosexuales, para lo cual, gozan de libertad probatoria para demostrar la

condición de compañero (a) permanente y el tiempo de convivencia para acceder al derecho (CSJ SL2653-2018). Sopesó las declaraciones de Carlos Humberto Martínez Alzate, Magdalena Hernández y José Norman Salazar González. Describió que Carlos Humberto Martínez refirió que conoció a la causante desde 1998, porque era contadora pública y trabajaron juntos; que, a partir del año 2000, hizo parte del círculo de amigos de Amilvia, razón por la que acudía a su casa ubicada en el barrio […], en la cual residía con Claudia Marcela Cárdenas Ríos; que el trato que tenía la demandante con la causante era de una pareja, pues a su juicio, se advertía un «cariño más allá al que podrían tener tía y sobrina». Así mismo, que la accionante recogía y llevaba a

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Radicación n.° 92896 la causante a su trabajo, la cuidó en su enfermedad, adicionalmente nunca supo de un rompimiento entre ambas. Expuso que era Amilvia quien asumía los gastos económicos en el hogar, lo cual le constaba porque era encargado de realizarle la declaración de renta. Relató, que el testigo informó que la actora, como la fallecida Cárdenas Urrea, ponían fotos como pareja en sus redes sociales y, que esta última le había dejado una póliza de seguros a la accionante en caso de que falleciera. Dijo, que Magdalena Hernández, refirió que la demandante y la causante convivían como tía y sobrina. Y, arguyó que la pensionada siempre le suministró la

manutención económica a la demandante. Narró, que José Norman Salazar González sostuvo que la causante había sido su socia y amiga, que la conocía desde el año 1997, por el tema del cooperativismo; que Amilvia le daba mucha trascendencia a todo aquello que terceras personas opinaban, por ello, prefería mantener en secreto su relación con Claudia Marcela, por lo tanto, tal situación sólo era conocida por él y Carlos Humberto; que pese a lo anterior, aquella le manifestó que la demandante era su pareja, situación que refirió le constaba, dado que asistía en múltiples oportunidades a la vivienda en la que ambas residían y allí observaba que su comportamiento era como el de una pareja; que la causante quería casarse con Claudia Marcela, pero finalmente desistió de esa idea porque le daba

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Radicación n.° 92896 temor que la juzgaran, por ello, le aseguró todos los bienes a aquella. Refirió que el testigo también manifestó que la causante tenía hermanos, pero compartía muy poco con ellos, salvo uno que era cercano y tenía conocimiento de su situación de pareja; que las compañeras permanentes nunca se separaron, convivieron bajo el mismo techo y se mantuvieron juntas hasta el fallecimiento de la causante. Señaló que, en el interrogatorio de parte rendido por la demandante, aquella aseveró que conoció a la causante en el año 1997, que en alguna ocasión se fueron de viaje a Jamaica y allí exteriorizaron lo que sentían mutuamente. Relató, que antes que sucediera lo anterior, su relación era de tía y

sobrina, y que, desde su infancia, aquella soportaba todos sus gastos económicos. Enfatizó en que la absolvente igualmente dijo que asistían a reuniones sociales y familiares siempre juntas en calidad de tía y sobrina, dado su temor a ser juzgadas y rechazadas por su condición; que siempre vivió con la causante, pero que, inicialmente, fue con más familia y posteriormente solas; que laboró en 1997 en la Clínica de la Presentación y, luego, entre el 2000 y el mes de mayo de 2007, por ofrecimiento de la causante se salió de trabajar, puesto que aquella asumiría sus gastos; que la fallecida se afilió a Sura EPS, pero la inscribió como beneficiaria solo hasta el 2017 en que decidieron exteriorizar su relación.

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Radicación n.° 92896 Anotó, que la interrogada también relató que, desde muy temprana edad, perdió el contacto con su señora madre, razón por la cual su abuelo la llevó a su vivienda y allí, la causante, se hizo cargo de todos sus gastos hasta su fallecimiento. Valoró igualmente, las declaraciones extrajuicio presentadas por Magdalena Nubia Hernández Kuntze, José Norman Salazar González y Carlos Humberto Martínez Alzate quienes refirieron, el 10 de noviembre de 2016, conocer a la causante, razón por la cual estaban al tanto que vivía en unión libre con la demandante hacía 12 años, que era quien le sufragaba todos los gastos a la demandante y que entre ambas existía solidaridad, ayuda mutua, respeto y bienes

comunes (f.° 55 a 56 pdf ibídem); la extrajuicio signada por Magdalena Nubia Hernández Kuntze y José Norman Salazar González del 9 de marzo de 2018, en la que indicaron que les constaba que la causante y la demandante convivieron en unión marital de hecho durante 21 años y que aquella era la que prodigaba el sustento a la impetrante, dado que las mismas convivieron bajo el mismo techo de forma ininterrumpida (f.° 57 a 58 pdf ibídem). Y, la rendida por la demandante el 7 de marzo de 2018, en la que indicó que vivió con la causante durante 21 años en calidad de compañera permanente (f.° 59 pdf ibídem). Examinó también el formulario de afiliación a Sura EPS en el cual se observa a la actora en calidad de beneficiaria de la causante con fecha de radicación de octubre de 2017 (f.° 60 a 63 pdf ibídem).

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Radicación n.° 92896 Adujo, que Colpensiones por su parte, en el informe técnico de investigación realizado en sede administrativa con fecha del 4 de abril de 2018, concluyó que la demandante no había acreditado el contenido y la veracidad de la solicitud presentada, toda vez que, con base en la información verificada, cotejo de documentación y entrevistas, se estableció que la señora Cárdenas Ríos convivió con Cárdenas Urrea a partir del año 1997 hasta el 28 de febrero de 2018, «con el parentesco de tía y sobrina, más no compañeras permanentes» puesto que existían

contradicciones entre los testigos y no existían suficientes pruebas fehacientes que acreditaran su relación como compañeras permanentes, resaltando que la entidad de seguridad social destacó que existía una diferencia de edad entre la causante y la compañera de 26 años. Destacó que en dicha exploración la empresa investigadora adscrita a Colpensiones entrevistó a Magdalena Nubia Hernández, quien afirmó que la causante era soltera y no tuvo hijos; que durante 13 años convivió con Claudia Marcela Cárdenas Ríos, que sabía que tenían parentesco de tía y sobrina y, luego supo que sostenían una relación de convivencia y de unión marital de hecho; que José Norman Salazar González, también llamado a lo propio, fue coincidente en aseverar lo dicho anteriormente; que durante 15 años convivió con Claudia Marcela Cárdenas Ríos, que tenían parentesco de tía y sobrina. Agregó que con el pasar del tiempo, supo que sostenían una relación de compañeras permanentes, sin embargo, agregó que ello fue algo

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Radicación n.° 92896 clandestino y pocos sabían de esta por el origen conservador de su familia. Con igual orientación describió lo afirmado por Olga Inés Cardona y Humberto Alonso Cárdenas Urrea, hermano de la causante, quien afirmó que su hermana era soltera y no tuvo hijos; que durante 20 años convivió con la señora Claudia Marcela Cárdenas Ríos, quien era su sobrina y, a su vez, pareja. Así mismo, dijo que María Aracely Cárdenas Urrea,

hermana de la causante, afirmó que su hermana era soltera y no tuvo hijos; que durante 40 años convivió con Claudia Marcela Cárdenas Ríos, quien era su sobrina y bajo esa figura fue que supo que convivían. Que, en la labor de campo, también se recibió el testimonio de la señora Marta Lucía Jiménez Urrego, vecina del sector de residencia de la causante, quien afirmó que aquella era soltera y no tuvo hijos; que durante 20 años convivió con la señora Claudia Marcela Cárdenas Ríos, sin que le haya constado que hayan tenido una relación, pero sabía que permanecían juntas. Y, finalmente que, se tomó el testimonio de Isabel Jiménez Urrego, también vecina del sector de residencia, quien afirmó que la causante era soltera y no tuvo hijos; que durante 15 años convivió con Claudia Marcela Cárdenas Ríos en el barrio, merced a que toda la vida ha residido en el mismo. Supo que tenían parentesco de sobrina y tía, permanecían juntas y compartían salidas y viajes.

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Radicación n.° 92896 Advirtió, que decantado lo anterior, de manera previa, frente al testimonio vertido al interior del proceso por Magdalena Nubia Hernández, amiga de Amilvia Oliva Cárdenas Urrea, acompañaba la tesis de la a quo según la cual, no es posible darle credibilidad a su dicho; puesto que, sin duda, durante el decurso procesal, se observó en la diligencia de práctica de su relato que aquella se encontraba

en la misma habitación con todos los testigos y con la demandante. Recalcó que si bien, la colegiatura era consciente de la avanzada edad de aquella, así como de sus posibles dificultades cognitivas relacionadas al manejo de las tecnologías de la información, lo cierto es que contrario a lo manifestado por el apelante, aquella tuvo conocimiento de lo relatado, tanto por la demandante como por Carlos Humberto, pese a las múltiples advertencias realizadas por la juez de primer grado. Aseveró que denotaba que no pudo advertirse su espontaneidad ni naturalidad al momento de rendir el interrogatorio efectuado, por tanto, no era posible apalancar conclusión alguna afianzada en sus afirmaciones. Frente a las extrajuicio, avizoró contradicciones, por ejemplo, en la rendida el 10 de noviembre de 2016, se refirió que la demandante y la causante vivieron por un período de 12 años, y con posterioridad, en la declaración del 9 de marzo de 2018, tanto Magdalena Nubia Hernández Kuntze, como José Norman Salazar González indicaron que así lo hicieron,

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Radicación n.° 92896 pero por un periodo de 18 años, situación que, además, frente al señor Salazar González consideró no se acompasa con lo dicho en su testimonio. Estimó que, aunque la demandante allegó el formulario de afiliación a la EPS como beneficiaria de la fallecida en calidad de compañera permanente a partir de octubre de 2017 (f.° 611), ello por sí mismo no acreditaba en la práctica

la existencia de una relación de pareja entre la accionante y la causante; como tampoco que fuere designada como heredera universal ante la ausencia de sucesores forzosos o destinataria de un seguro de vida porque «no significa, per se, la existencia de un vínculo marital. En el caso concreto, se explicarían tales actos jurídicos, de haberse probado, por el parentesco existente, sin embargo, se recalca, ello no fue demostrado por parte del extremo demandante». Citó la jurisprudencia de esta Sala CSJ SL, 6 jun. 2011, rad. 31605 que indicó que la simple inclusión como beneficiario de un seguro no necesariamente implica la demostración de la convivencia para la consolidación de la pensión de sobrevivientes en cabeza del cónyuge o del compañero permanente, pues a lo sumo «podría estarse frente a inferencias o deducciones, que se sacarían de los documentos, pero no porque sean hechos que éstos en su objetividad o materialidad muestren, inequívoca e irrefragablemente». Restó en la misma línea validez a la declaración notarial ofrecida por la actora a folio 59, dado que no contaba con

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Radicación n.° 92896 valor demostrativo al contener afirmaciones que ella misma efectuó sobre su convivencia en calidad de compañera permanente, ratificando la regla procesal de que nadie puede elaborar su propia prueba (CSJ SL1516-2018 y CSJ SL4692019). Sostuvo, en relación con la fuerza probatoria de las fotografías allegadas como medios de convicción, que

aquellas daban fe, en un momento determinado, que dos personas compartían, pero como tal, no suponen los presupuestos que deben tener las relaciones de pareja, de modo que, apreció que tales registros pudieron ocasionarse por el parentesco existente entre la demandante y la fallecida y no necesariamente por la supuesta relación de pareja que dijo sostenida. Demarcó que analizar la presente situación bajo un enfoque diferencial o juzgar con perspectiva de género, significaría excluir o evitar la aplicación de estereotipos de aquella naturaleza al momento de examinar el contexto y, al mismo tiempo, implicaría adoptar acciones afirmativas y medidas de protección especiales, so pena de revictimizar a los afectados por la inoperancia institucional. Enalteció que la primera instancia también se expresó en relación al enfoque del análisis probatorio e incluso, Nótese incluso que la a quo no le dio relevancia al hecho de que la causante para el momento de su muerte tenía 71 años (nació el 16 de marzo de 1946folio 51 pdfC1) y, por tanto, le llevaba 26 años de diferencia a su sobrina (nacida el 29 de diciembre de 1972folio 53 pdfC1), circunstancia que vehemente tampoco es

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Radicación n.° 92896 relevante para esta Colegiatura, todo lo cual se traduce en acciones positivas por parte del Estado para hacer real y efectivo el derecho a la igualdad, a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Aseguró que, empero, un examen con enfoque de género no significaría, necesariamente, que las partes no deban

probar los supuestos de hecho en los que basan sus pretensiones y que el juez deba pasar por alto las contradicciones o inexactitudes de los testigos y lo manifestado por la absolvente en el interrogatorio de parte, puesto que, independientemente de que se trate de parejas heterosexuales o del mismo sexo, cuando son compañeros o compañeras permanentes el requisito de la convivencia para acceder a la pensión de sobrevivientes debe quedar suficientemente demostrado en el proceso. Concluyó que, así las cosas, entre la causante y la demandante medió fue una relación equiparable como de madre e hija o, tía sobrina, como lo indicó la actora al absolver su interrogatorio de parte cuando narró que la fallecida, […] suministró todos los gastos desde su infancia por ser su sobrina, situación que, una vez mirada en contexto, permite colegir que la a quo cumplió con su deber de analizar el caso con enfoque diferencial y, simplemente no encontró acreditado el requisito de la convivencia, no porque ésta no fuera notoria, sino por las contradicciones y vacíos de los declarantes, de quienes se advirtió, según lo adujo la a quo, la intención de favorecer a la demandante, lo cual tampoco comporta un yerro jurídico, en la medida que tal enfoque no implica el otorgamiento de derechos que no han sido debidamente demostrados. Por consiguiente, del estudio de las probanzas no emerge un hecho o deducción que sea contraevidente frente a las inferencias de la a quo, obtenidas al valorar principalmente los testimonios y demás medios de convicción, ello de cara a la supuesta

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Radicación n.° 92896 convivencia de la demandante con la pensionada fallecida, dado que lo que se concluye es que las mismas convivieron debido a su parentesco.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Claudia Marcela Cárdenas Ríos, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (Cuaderno digital de la Corte).

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se pasan a estudiar conjuntamente por perseguir similar propósito (Cuaderno digital de la Corte).

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal, [… ] como violatoria de la ley sustancial, concretamente por la violación del ARTÍCULO 46 DE LA LEY 100 DE 1993 (diciembre 23) modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

La sentencia impugnada viola por vía indirecta, en el concepto de interpretación errónea indebida, los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, y modificado por la Ley 797 de 2003. Esa violación se originó por la indebida aplicación de la norma por valoración errada del acervo probatorio obrante en el expediente como medio de persuasión.

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Radicación n.° 92896 Asevera que, Para demostrar el cargo sobre la infracción de medio, afirmó que

al presentarse el material probatorio, en la declaración de parte, la prueba documental de los formatos suscritos y presentados por la causante ante entidades de la seguridad social y los testimonios: se presenta el nexo indivisible que tuvieron las

señoras AMILVIA CARDENAS URREA y CLAUDIA MARCELA

CARDENAS.

Presenta como errores de hecho: No dar por demostrado, estándolo, que la controversia planteada por la parte actora, en el presente juicio, giró en torno a que la causante y la demandante si tuvieron una convivencia real y efectiva, acervo probatorio que tuvo la vocación de ser medio de persuasión existente así: 1.- Mediante declaraciones juramentadas, reiterativas, en diferentes periodos de tiempo, presentadas incluso estando viva la causante, con un eje de declarado que se ha mantenido incólume en el tiempo en el cual los declarantes y a su vez testigos ratifican al unísono y desde diferentes formas de abordaje o medios de convicción: la existencia de CONVIVENCIA DE PAREJA. 2.- Dar un valor discriminatorio al material documental que en forma de fotografías obra en el expediente, asignándole un valor despectivo que las mismas, al no poseer estándares asumidos por el H. Tribunal para demostrar la intimidad de la relación de pareja y en su criterio peyorativo y victimizante: “solo reflejar dos personas compartiendo”, aislando su análisis y no teniendo en cuenta el contexto con los demás medios de persuasión que fueron presentados al proceso. El H. Tribunal al evaluar las pruebas obrantes en el proceso ha creado y aplicado un estándar

probatorio diferente al que en proceso similar y en análisis de relación de parejas heterosexuales le ha dado a la misma prueba. Error en la apreciación de los testimonios: El juez colegiado también erró al analizar, los testimonios de la parte demandante sin hacer un análisis crítico de tal prueba:

TESTIMONIO DE CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ ÁLZATE.

[…].

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Radicación n.° 92896 Los elementos de convicción presentados por el testigo emergen de un par profesional de la señora Amilvia Cárdenas, quien conoció el entorno íntimo de la pareja, quien conoció aspectos tan confidenciales como la información financiera y quien sin dubitación alguna relaciona la convivencia bajo el mismo techo como pareja, el cuidado y cariño entre la pareja, la ayuda mutua como elementos de probanza procesal. TESTIMONIO DE MAGDALENA HERNÁNDEZ La señora Magdalena Hernández, refirió que la demandante y la causante convivían como tía y sobrina. Arguyó que la pensionada siempre le suministró la manutención económica a la demandante. Elemento de convicción que se suma a dos declaraciones extrajudiciales presentadas en las cuales el eje de lo afirmado por la deponente se mantuvo incólume, presentan otra visión sobre el mismo hecho demostrativo de la relación de pareja de las

señoras AMILVIA CARDENAS URREA Y CLAUDIA MARCELA

CARDENAS.

TESTIMONIO DE JOSÉ NORMAN SALAZAR GONZÁLEZ

[…]. Los elementos de convicción presentados por el testigo emergen de una persona que compartió la esfera pública, profesional de

la Señora Amilvia Cárdenas, quien conoció el entorno íntimo de la pareja, quien conoció aspectos tan confidenciales como la expectativa de formalización del hogar y la convivencia y quien sin dubitación alguna relaciona la convivencia bajo el mismo techo como pareja, el cuidado y cariño entre la pareja, la ayuda mutua como elementos de probanza procesal. ERROR EN LA APRECIACIÓN DEL INTERROGATORIO DE PARTE Es craso el error del H tribunal al asegurar que CLAUDIA MARCELA CARDENAS RIOS había conocido a Amilvia Cárdenas U en el año 1997 por que según estas voces, aquella aseveró que conoció a la causante en el año 1997, que en alguna ocasión se fueron de viaje a Jamaica y allí exteriorizaron lo que sentían mutuamente. Nada más lejos de la realidad lo concluido por el Tribunal. La interpretación real es que lo que dijo la demandante es que en 1997 se exteriorizaron sentimientos mutuos, no que se habían conocido. Los elementos de convicción presentados por la demandante emergen de la persona que compartió la esfera pública, privada profesional de la señora Amilvia Cárdenas, como pareja, quien compartió aspectos tan confidenciales como formalización del

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Radicación n.° 92896 hogar y la convivencia y quien sin dubitación alguna tuvo la convivencia bajo la causante como pareja, con el cuidado y cariño entre la pareja, la ayuda mutua como elementos de probanza procesal. Aclarándose que se conocían mucho antes de 1.997 (Cuaderno digital de la Corte).

VII. CARGO SEGUNDO Expresa, Me permito invocar como causal de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Manizales Sala Laboral, la violación por vía indirecta por ERROR DE DERECHO al omitir valorar en forma adecuada documentos auténticos que reposan en el plenario.

Lo anterior nos enmarca en la causal primera del artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, por considerar la sentencia acusada como violatoria de la ley sustancial, concretamente por la violación del ARTÍCULO 46 DE LA LEY 100 DE 1993 (diciembre 23) modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. La sentencia impugnada viola por vía indirecta, en el concepto de interpretación errónea indebida, los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, y modificado por la Ley 797 de 2003. Esa violación se originó por la indebida aplicación de la norma por valoración errada del acervo probatorio obrante en el expediente como medio de persuasión. Aduce, Los errores, protuberantes, consisten en lo siguiente: ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL 1.-Declaración extra juicio presentada por: Magdalena Nubia Hernández Kuntze, José Norman Salazar González y Carlos Humberto Martínez Alzate quienes refirieron el día 10 de noviembre de 2016, conocer a la causante, razón por la cual estaban al tanto que vivía en unión libre con la demandante hacía 12 años, que era quien le sufragaba todos los gastos a la demandante y que entre ambas existía solidaridad, ayuda

mutua, respeto y bienes comunes (folios 55 a 56 pdf ibidem). 2.- Declaración extra juicio signada por Magdalena Nubia Hernández Kuntze y José Norman Salazar González del 9 de

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Radicación n.° 92896 marzo de 2018, en la que indicaron que les constaba que la causante y la demandante convivieron en unión marital de hecho durante 21 años y que aquella era la que prodigaba el sustento a la impetrante, dado que las mismas convivieron bajo el mismo techo de forma ininterrumpida (folios 57 a 58 pdf ibidem). 3.- Declaración extra juicio rendida por la demandante el 7 de marzo de 2018, en la que indicó que vivió con la causante durante 21 años en calidad de compañera permanente (folio 59 pdf ibidem). Estas pruebas documentales se aprecian de manera errónea, pues en la sentencia atacada el fallador demerita (sic) y subvalora el medio probatorio, no le indica y de paso le niega la evidencia que tiene y el contenido inserto en ellos, desviando su análisis a manifestar que la parte no puede “crear su propia prueba”. Pero es que simple vista y a manera de ejemplo hay unos mojones determinantes como son las fechas: la primera fue rendida en vida de la causante y cuando la convivencia era totalmente dinámica. Y la segunda un poco después de la muerte de la pensionada. 4.- Formulario de afiliación a la E.P.S. SURA en el cual se observa a la demandante en calidad de beneficiaria de la causante con fecha de radicación de octubre de 2017 (folios 60 a 63 pdf

ibidem). Esta prueba documental es también apreciada de manera errónea, pues en la sentencia atacada el fallador demerita y subvalora el medio probatorio, si bien es cierto, de por si este documento no es prueba reina, es componente del conjunto de pruebas que demuestran la convivencia entre la causante y la demandante. Es decir se niega la evidencia y sabiendo que se ha demostrado el hecho de la convivencia no lo da por demostrada estándolo. Es pues el yerro que la ley sustancial de ese modo resulta infringida.

ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

ADMINISTRATIVA […] Se yerra en la apreciación de esta prueba, pues las mismas personas conocedoras de la intimidad de la pareja estuvieron en la diligencia de in