CSJ - SL1372-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL1372-2023 Radicación n.° 92350 Acta 18 Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOSÉ DANIEL VERGARA CHACÓN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que en nombre propio y en representación de su hijo menor AFVC junto con ROCIO VERGARA VERGARA en calidad de compañera permanente, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor ZCGV, MARÍA DEL PILAR CHACÓN MUÑOZ y ANTONIO MARÍA VERGARA GONZÁLEZ le instauraron al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PURIFICACIÓN – TOLIMA – INFI - y la

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA.

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Radicación n.° 92350

I. ANTECEDENTES José Daniel Vergara Chacón, actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor AFVC; Rocío Vergara Vergara, en su condición de compañera permanente, quien actúa también en nombre propio y en representación de su hija menor ZCGC; María del Pilar Chacón Muñoz y Antonio María Vergara González, en calidad de padres del primero de los mencionados, llamaron a juicio al Instituto de

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Purificación, Infi,

y la alcaldía del municipio de Purificación, Tolima, con el fin de obtener declaración de i) la existencia de un nexo laboral con los convocados, desde el 1º de octubre de 2017 hasta el 9 de enero de 2018 y ii) la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo que sufrió el 9 de enero de 2018. En consecuencia, sean condenados en forma solidaria al reconocimiento y pago de i) los salarios y prestaciones sociales tales como cesantías, intereses a las mismas, vacaciones, prima de servicios y de navidad, dotaciones, auxilio de transporte y demás que resulten probados; ii) los aportes a la seguridad social integral en pensiones y salud; iii) pensión de invalidez junto con el retroactivo; iv) los daños morales, en el monto de 100 SMLMV para la cónyuge, hijos y padres; v) los daños fisiológicos de acuerdo a lo que se demuestre en el proceso, en la suma de $30.000.000; vi) al lucro cesante conforme a la pérdida de capacidad laboral, PCL, que se acredite; vii) la indemnización del artículo 26 de

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Radicación n.° 92350 la Ley 361 de 1997 y viii) de las sanciones moratorias del artículo 65 del CST y Ley 244 de 1995. Apoyaron sus aspiraciones, básicamente, en que con el Infi se suscribió el Contrato de Prestaciones de Servicios n.º 071 de 2017, para apoyar labores generales en la plaza de mercado «De Cifuentes» en el municipio de Purificación

(Tolima) a cargo del señalado instituto, por el término de tres meses; que dicho ente no informó, acorde con el CST y la Ley 6ª de 1945, con una antelación de 30 días, su intención de no continuar con el contrato laboral, por lo que se prorrogó automáticamente por un término igual; que en virtud a la Ley 361 de 1961, no podía ser despedido sin previa autorización de la autoridad correspondiente y que el salario pactado ascendió a $1.000.000 mensuales. Adujeron, que entre las funciones que ejercía estaban las de realizar aseo en la parte interior y exterior de la plaza de mercado «De Cifuentes», lavado en general de pisos, cubierta y tejas; ejecutar la labores encomendadas por el Infi y los supervisores, como pintar, correr silletería, mover materiales, recoger basuras, entre otras; sacar la basura de la plaza de mercado, ejercer labores de vigilancia en el horario de 2 pm a 10 pm y de 10 pm a 6 am, con rotaciones con el señor Luis Alberto Murillo y las demás que le asignaran y que, adicionalmente, realizó poda de árboles que se encontraban en el malecón contiguo a la plaza de mercado.

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Radicación n.° 92350 Señalaron, que la plaza de mercado era de propiedad del municipio, conforme al Oficio de 8 de mayo de 2018, emanado del Infi; que acorde con el artículo 34 del CST existía solidaridad entre los demandados; que el horario que cumplió fue de 6 am a 2 pm, todo los días, ya que en la plaza

de mercado no prestaba el servicio de vigilancia; que ejecutó órdenes del gerente y supervisor de Infi; que el 9 de enero de 2018, a las 2:15 pm, realizando las labores de limpieza en el techo de la plaza de mercado, una teja se rompió cayendo desde un altura aproximada de 3 metros, sobre unas varillas metálicas de una reja de protección. Dijeron, que José Daniel, como pudo, salió de las varillas incrustadas en su cuerpo y trató de coger un taxi, pero sus fuerzas no le dieron, siendo auxiliado por unas personas de la plaza y fue llevado al hospital La Candelaria, en donde se hizo presente el personal de Infi; que, conforme a la historia clínica, para el día del suceso el médico diagnosticó: Paciente con trauma toraco abdominal con herida abdominal, con fractura costal abierta, se inicia antibiótico terapia biconjugada, toxoide técnico y manejo del dolor valorado por cirugía general quien indica necesidad de toma de estudios complementarios en el momento sin abomina agudo no hemo o neumotórax, remisión a cirugía general. Paciente con cuadro clínico de más o menos 20 MIN de evaluación de caída de altura con posterior trauma TORACO abdominal con 2 heridas producidas por una varilla en región abdominal, ingresa pálido. Adujeron, que en uno de los apartes de dicha historia clínica se plasmó,

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Radicación n.° 92350 Paciente de 37 años de edad que el 9 de enero presenta caída desde 3 metros de altura aproximadamente con confusión en

segmentos 7 y 8, con sangrado de cápsula hepática. Se realiza drenaje de hemoperitoneo, aprox. 1500 c.c., dejándose cavidad empaquetada. Procedimiento realizado bajo anestesia general, sin inestabilidad hemodinámica. Paciente en condiciones clínicas de cuidado ACIDIMIA respiratoria corrección de desequilibrio hidroelectrolítico, se explica a familiar esposa riesgos y complicaciones de parada cardiaca SHOK Y MUERTE, ALTA

PROBABILIDAD DE MORTALIDAD PERIOPERATORIA.

Refirieron, que en las declaraciones extraproceso rendidas por los señores Reynaldo Beltrán Salcedo, José Gabriel Calderón, manifestaron el conocimiento que tenían de los hechos; que la persona que le dio las órdenes para el día del siniestro fue la señora Diana Marcela Garzón Rada supervisora del Infi, quien junto con el señor Luis Alberto Murillo le compraron los implementos de aseo; que la citada señora le informó a la cónyuge que Daniel Vergara no estaba afiliado a la seguridad social ni en salud ni en pensiones; que en un Baloto le pagaron el mes de 2018; que debido a la gravedad de la caída fue remitido del Hospital La Candelaria al de San Carlos de la ciudad de Bogotá; que se hicieron varias intervenciones quirúrgicas por cuanto estaban comprometidos los pulmones, hígado y riñón. Precisaron, que después de la lucha que se tuvo para la recuperación, quedaron secuelas y pérdidas motoras irreparables; que se presentaron al Infi las respectivas incapacidades médicas correspondientes a los siguientes

periodos: del 10 de enero al 8 de febrero de 2018, del 9 de febrero al 18 de febrero de 2018, del «16 de febrero al 17 de marzo de 2018» y del «16 de marzo del 14 de abril de 2018»; que a la fecha le siguen dando incapacidades, sin embargo,

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Radicación n.° 92350 las demandadas no mostraron preocupación alguna al respecto; que en la valoración médica del 19 de abril de 2018, se dijo: Paciente masculino de 37 años de edad, ya conocido quien está en rehabilitación física pulmonar, neumonía asociada a aspiración y hematoma hepático y trauma renal, estuvo 23 días en la UCI, luego 4 días en hospitalización; presenta episodios de asfixia, con frecuencia lo han obligado a consultar por urgencias, examen paciente febril, hidratado, normo tenso, obeso, disnea de medianos esfuerzos, a la auscultación pulmonar con disminución del murmullo vesicular en hemitórax derecho, tenemos paciente con secuelas de poli trauma con neumotórax, trauma hepático y renal en proceso…” (Resaltado en el texto). Manifestaron, que de acuerdo a dicha historia clínica se determinó una PCL por dependencia técnica, conforme se plasma el 26 de junio de 2018, por trastorno del pulmón, anomalías en la marcha y de la movilidad; que el hogar estaba conformado por su esposa y sus hijos menores AFV y ZCGV, quienes se encontraban afectados por el suceso acaecido a su padre y sin recibir salario alguno para poder

sostenerse, además de que su cónyuge padecía de Neuromielitis Óptica; que en igual circunstancia sus padres estaban afligidos debido al estado de salud de aquel; que por Oficio n.º 033 de 2018, se le informó que no tiene ningún vínculo laboral con él; que la Alcaldía del municipio de Purificación, evadió su responsabilidad al manifestar que la plaza de mercado no era de su propiedad, a través de Oficio n.º 100-102-048 de 2018. Expusieron, que el Infi no había cancelado los salarios de enero a noviembre de 2018; ni las prestaciones sociales a

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Radicación n.° 92350 que tenía derecho; que para la fecha del accidente de trabajo el trabajador no estaba afiliado ni a pensiones ni a riesgos laborales, tampoco cumplió con reportar dicho suceso ni acató la regulación contenida en la Resolución n.º 1409 de 2012 de contar con el certificado de trabajo de alturas para desarrollar las labores de limpieza de canaletas y techos de la plaza de mercado, menos aún contaba con los elementos mínimos para el desempeño de esa tarea; que ante esa omisión era evidente la culpa del empleador en ese acontecimiento. Aludieron, que el 19 de abril de 2018, fue valorado por medicina de trabajo en la que se le diagnosticó que no era apto para laborar; que a pesar de sus limitaciones físicas las demandadas se limitaron únicamente a prestar el carro oficial para su traslado de Bogotá a Purificación; que el 20 de marzo de 2018, se elevó reclamación tanto al Infi como a la

Alcaldía del municipio de Purificación; que en virtud de una acción constitucional, la primera a través de Oficio del 8 de mayo de 2018, dio respuesta a la misma, negando la existencia de vínculo laboral alguno y de la responsabilidad en el accidente de trabajo, mientras que la segunda, mediante Oficio n.º 102-648 de 2018, evadió cualquier responsabilidad en cuanto al nexo laboral y el pago de las prestaciones sociales (Escrito de demanda y su subsanación, expediente digital, del cuaderno del juzgado). El Instituto de Financiamiento y Desarrollo de Purificación -Infise opuso a las pretensiones de la demanda. Admitió, que con el señor José Daniel Vergara Chacón se

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Radicación n.° 92350 suscribió un contrato de prestación de servicios de apoyo de gestión, en los términos de la Ley 80 de 1993, entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2017; que el horario lo impuso él; que no se pagaron salarios ni prestaciones sociales ni tampoco le asistía obligación alguna en cuanto a las afiliaciones a la seguridad social integral ni ningún otro derecho ante la inexistencia de un nexo laboral y la reclamación que se elevó como su respuesta. Sobre las demás afirmaciones adujo que unas no eran ciertas mientras que respecto a las otras señaló que no le constaban. A su favor, propuso las excepciones de prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación e imposibilidad jurídica de suponer obligaciones que no han nacido,

inexistencia del derecho pretendido, cobro de lo no debido y la genérica (escrito de contestación de la demanda, ib.) Por su parte, la Alcaldía del municipio de Purificación, asimismo se resistió a los pedimentos de los demandantes. Admitió el no pago de salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad y cualquier otro derecho, ante la inexistencia de nexo laboral alguno con el señor José Daniel Vergara Chacón. En cuanto, a los demás hechos refirió que no eran ciertos y/o no constarle. En su defensa, planteó las excepciones de prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación e imposibilidad jurídica de suponer obligaciones que no han nacido,

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Radicación n.° 92350 inexistencia del derecho pretendido, cobro de lo no debido y la genérica (escrito de contestación de la demanda, ib.)

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Civil del Circuito de Purificación, mediante fallo del 26 de febrero de 2021, dispuso: PRIMERO: Denegar las pretensiones de la demanda conforme a lo motivado.

SEGUNDO: Condenar en costas a José Daniel Vergara Chacón y a favor del municipio de Purificación y el INFI – Purificación por partes iguales. Tásense por la secretaría.

Se fija como agencias en derecho la suma de $1.000.000 (expediente digital del juzgado).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación de la parte actora, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, por decisión del 25 mayo de 2021, confirmó el fallo del a quo

y la gravó en costas (expediente digital del cuaderno del Tribunal). El colegiado determinó como problema jurídico a definir si en este asunto se encontraba demostrado el vínculo laboral alegado en la demanda y, por ende, si al actor le asistía las acreencias laborales perseguidas. Adujo, de cara al primer cuestionamiento que, no existía duda que el accionante prestó sus servicios para el Instituto demandado, aspecto que no fue controvertido por

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Radicación n.° 92350 dicho ente, quien solo enfiló su defensa a demostrar que se trató de contratos de prestación de servicios de carácter civil, carente de subordinación o dependencia. Dijo, que acreditada la actividad personal, le correspondía examinar la existencia del contrato de trabajo entre el actor y el Infi. A efecto, estimó pertinente determinar si el demandante ostentó la calidad de trabajador oficial, y que, en el caso de no ser así, se debía negar las pretensiones de la demanda. Indicó, que el Infi fue creado mediante Acuerdo 027 de 9 diciembre de 2013, en el que se estableció, en su artículo

primero: «DENOMINACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA.

Establecimiento público del orden municipal, adscrito a la alcaldía, con personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y patrimonio propio e independiente» Adujo, que en razón a la naturaleza jurídica de la entidad pública llamada como empleadora, sus servidores por regla general eran empleados públicos y, por excepción,

trabajadores oficiales, quienes se dedicaban a la construcción y sostenimiento de obras públicas, en los términos del artículo 292 del Decreto 1333 de 1986 y el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, y citó la sentencia CSJ SL17470-2014. Reiteró, que en este asunto no existía discusión sobre la prestación de los servicios personales que ejecutó el actor para la entidad accionada mencionada, ya que según el texto

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Radicación n.° 92350 del contrato a través del cual fue vinculado, de f.º 44 a 49, las funciones para las cuales fue vinculado el accionante, fueron las de: «APOYO EN LABORES GENERALES EN LA PLAZA DE MERCADO», empero adujo que acorde con los documentos de f.º 82 a 161, así como lo dicho por el actor en su interrogatorio y de los testimonios tales trabajos generales terminaron siendo los de guarda de seguridad, siendo rotados con las del señor Murillo. Destacó, que las funciones de celaduría y las ocasionales de limpieza de canales, no encajaban en las labores de construcción y sostenimiento de obras públicas a que se refiere las normas antes referidas, que son las que en los establecimientos públicos ejecutan los trabajadores oficiales. En ese escenario determinó que no resultaba viable declarar la existencia del contrato de trabajo entre las partes, en razón a que el actor no tuvo la calidad de trabajador oficial y negó las peticiones de la demanda. Apoyó su decisión en lo dicho en la sentencia CSJ SL2447-2020.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n.° 92350 Procuran que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se acceda a las pretensiones de la demanda formuladas en contra de los demandados en forma solidaria. Con tal propósito formulan dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se pasan a estudiar.

VI. CARGO PRIMERO Acusan, La sentencia del Tribunal de violar por la vía directa, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo, artículo 25 de la Constitución Política, el artículo 53 de la Constitución Política y artículo 229 de la Constitución Política.

En la demostración del cargo, reproducen el artículo 23 del CST y dicen que pese lo claro de la norma cuando señala, que «Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende de que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen», el Tribunal desconoció su contenido siendo uno de los principios rectores del derecho al trabajo como es la primacía de la realidad en el contrato de prestación de servicios, en donde la Corte ha manifestado que esto genera relación laboral y el pago de las prestaciones sociales y que es precisamente lo que se pretende con la demanda.

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Aducen, que en este asunto se debe dar aplicación al principio constitucional de prevalencia de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, y recuerda a efecto las sentencias CC T-556-2011 y CC T-426-2015, reproduciendo de esta ultima la parte pertinente. Recuerdan, que el a quo, en audiencia del 21 de enero de 2020, negó la excepción de falta de jurisdicción y competencia, apoyada en los contratos de prestación de servicios, y que en el fallo emitido determinó absolver de las pretensiones de la demanda con el argumento de que no ostentaba la calidad de trabajador oficial, sustentado igualmente en dichos contratos, aspectos que aduce no fueron analizados por el ad quem. Añaden, que el artículo 229 de la CP consagra como derecho fundamental el de acceder a la administración de justicia y más en el estado de gravedad de salud en el que se encuentra, que, laborando en la plaza de mercado, se cayó del techo sobre unas varillas metálicas que estaban en el piso le atravesaron el cuerpo que lo dejó con secuelas de por vida. Precisan, que sobre estos mismos hechos ya existió pronunciamiento y destacan la sentencia CC T-426-2015; que no está en discusión si es trabajador oficial o empleado público lo que se busca es que se decida de fondo, máxime que prestó sus servicios para el Instituto accionado.

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Radicación n.° 92350 Recuerdan que, según la Corte Constitucional, es la justicia laboral la llamada a proteger la realidad y reconocer

los efectos sustanciales debidos, pues ante la existencia de un contrato realidad, el artículo 2° del CPTSS contempla la competencia de la jurisdicción laboral y de la seguridad social, conocer de los conflictos que se originan directa o indirectamente del contrato de trabajo. Añade, que así lo ha definido la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura al dirimir conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria laboral y la contenciosa administrativa. Insisten, que no es objeto de discusión la prestación de los servicios y que en cuanto a que las actividades que ejecutó no son propias de un trabajador oficial; que tampoco se está solicitando se le otorgue la calidad de empleado público; que en la decisión fustigada simplemente se negó las pretensiones de la demanda, pues lo que se persigue es que se le reconozca el trabajo que realizó, conforme a las actividades que se le asignó, sin que hubiera tenido una vinculación de las previstas en el artículo 125 de la CP. Refieren, la necesidad de que se le proteja sus derechos de rango constitucional con el reconocimiento del contrato realidad en los términos del artículo 53 CP, aplicándose este asunto los preceptos constitucionales en especial la sentencia CC T-426-2015, en los que se llega a la conclusión de que la justicia laboral es la que debe decidir el asunto de manera congruente, ya que en este asunto se demostró la relación laboral.

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Radicación n.° 92350 Agregan, que conforme lo anterior se incurrió en la no aplicación del artículo 23 de la CST, en concordancia con el

artículo 2° del CPTSS, y los artículos 25, 53 y 229 de la CP (Demanda de casación, cuaderno digital de la Corte).

VII. CARGO SEGUNDO Acusan, La sentencia del Tribunal de violar por la vía directa, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en concordancia con los artículos 13 y 53 de la Constitución Política y la unificación de jurisprudencia en materia de derecho a la estabilidad reforzada contenida en la sentencia SU049/2017.

Transcriben el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y dice que el ad quem ignoró su contenido en tanto que consagra la estabilidad reforzada en circunstancias de enfermedad del trabajador. Destaca, que ha sido abundante la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha desarrollado la protección preferente que el ordenamiento jurídico provee al trabajador que se encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta. Rememoran, que dicha Corporación ha sido enfática en señalar que toda persona que se encuentre en una situación de debilidad manifiesta como resultado del padecimiento de una enfermedad y sin importar el tipo de relación laboral existente, tiene derecho a que se le garantice la estabilidad laboral y, por ende, el empleador podrá, únicamente mediante autorización del inspector de trabajo y por una

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Radicación n.° 92350 justa causa objetiva, desvincular al trabajador que presente una disminución física o psíquica en su organismo. Aluden que los servidores que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta e indefensión por la afectación en su estadio de salud tienen derecho al

reconocimiento de una estabilidad laboral, con independencia del vínculo contractual adoptado por las partes y que su condición haya sido certificada como discapacidad por el organismo correspondiente, como lo ha prohijado la sentencia CC ST-020-2016. Reproducen la sentencia CC SU049-2017 y dicen que la estabilidad ocupacional reforzada se aplica también en contratos de prestación de servicios, aun cuando no envuelve relaciones laborales y de esta forma se ampara derechos fundamentales al trabajo justo (artículo 25 CP), a la primacía de la realidad sobre las formas, a un salario mínimo y lo más importante al acceso efectivo a la administración de justicia. Dicen, que con independencia de que si se trata de un trabajador oficial o un empleado público, existe un derecho fundamental que merece ser protegido por la vía judicial; que con la simple decisión del colegiado de negar las pretensiones sin analizar los demás aspectos planteados en el proceso, se está imposibilitando el acceso a la administración de justicia, por lo que se debió aplicar la sentencia de unificación jurisprudencial en los aspectos analizados.

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Radicación n.° 92350 Traen lo expuesto por la Sala Penal de la Corte, en la sentencia CSJ SPT7419-2022 sobre el tema de la estabilidad reforzada. Destacan, que esta Corporación ha dado cumplimiento al precedente de la Corte Constitucional sobre la estabilidad reforzada para las personas en situación de discapacidad, de ahí que se pide se aplique lo regulado por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, norma que dice desconoció el ad quem, sin

haber analizado su situación especial. Recuerda, que la JRCI del Tolima, el 19 de febrero de 2022, le determinó una PCL del 37.30 %, por lo que se encuentra dentro de los criterios fijados por la Corte para reconocerle sus derechos. Aducen que, en este asunto del dictamen médico, prueba dejada de apreciar por el Tribunal, se plasmó lo siguiente: Refiere antecedente de evento ocurrido el 9 de enero de 2018, que narra así: Me caí desde el techo de la plaza de mercado mientras realizaba limpieza de quitar las hojas de los árboles que tapaban las canaletas, dentro de la jornada laboral y dentro de la historia clínica se dice que no soy apto para laborar...". Atención inicial de urgencias Hospital San Carlos, estuvo en coma durante más de 20 días, trasladado al Hospital de Purificación, alta médica el 27 de enero de 2018. Como complicación el 10 de febrero de 2018 se diagnosticó atelectasia pulmonar derecha. Valorado por medicina laboral en abril de 2018 quien lo declara No apto para trabajar. Durante la valoración por médico ponente se confirma eventración epigástrica, por lo cual se adiciona a la calificación de las deficiencias. De acuerdo con las consideraciones consignadas en el análisis, con base en los fundamentos de hecho y de derecho, con el concepto de la terapeuta ocupacional de la Junta Regional de calificación de Tolima y lo manifestado por el paciente, se califica en primera instancia la pérdida de la capacidad laboral con un valor final de la deficiencia (Ponderado) Título I de 22,70 % Valor final rol laboral, ocupacional y otras

áreas ocupacionales — Título II 14,60% Pérdida de la capacidad

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Radicación n.° 92350 laboral y ocupacional (Título 1 + Título 11) 37,30 % de origen ACCIDENTE DE TRABAJO y fecha de estructuración el 9 de enero de 2019. Una vez presentado el proyecto, discutido en audiencia privada el día 19 de febrero de 2020 y aprobado en su totalidad por todos los miembros de la junta, se firma el dictamen y se entrega a la secretaria para su notificación. Precisan, que está demostrado no solo con la historia clínica sino con el dictamen de la JRCI que goza de una estabilidad laboral reforzada, por lo que le asiste el derecho a la protección constitucional o legal al haber sido despedido a pesar de haber estado varios días en la UCI, y donde su estado de salud en estos momentos sigue siendo grave ante la imposibilidad de seguir trabajando, ya que solo contó con la manifestación del alcalde que cuando se recuperara ingresaría a laborar, situación que refiere no sucedió. Advierten, que en el expediente también hace parte de las respectivas incapacidades médicas, medios de convicción del cual precisan fueron dejadas de apreciar por el Tribunal, tales como: Incapacidad medica de la Fundación HOSPITAL SAN CARLOS, desde el 10 de enero de 2018 hasta el 8 de febrero de 2018. Incapacidad medica de la Fundación HOSPITAL SAN CARLOS, desde el 09 de febrero de 2018 hasta el 18 de febrero de 2018. Incapacidad médica del Hospital LA CANDELARIA ESE, desde el

16 de febrero de 2018 al 17 de marzo de 2018. Incapacidad médica del Hospital LA CANDELARIA ESE, desde el 16 de marzo de 2018 al 14 de abril de 2018. Copian la sentencia CSJ SL1969-2022, en punto a que es necesario hacer menos rígido el estudio de la prosperidad de los cargos a efecto de atender la prevalencia del derecho

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Radicación n.° 92350 sustancial, como desarrollo de los principios contenidos en los artículos 53 y 228 de la Constitución Política «De hecho, ese estándar más flexible, ha manifestado la Corte Constitucional, es necesario "en aquellos casos en los que esté en juego la protección de los derechos fundamentales o algún otro interés constitucional superior...». Reiteran que, acorde con dicho pronunciamiento, debe darse prevalencia a los derechos fundamentales del trabajador y, que en el caso que ocupa la atención, destacan la vulneración del derecho a la estabilidad laboral reforzada que conforme a las pruebas documentales aportadas ya referidas, está probada la gravedad de su salud, al caerse del techo de la plaza de mercado en ejercicio de las labores por las cuales había sido contratado, a través de un contrato de trabajo disfrazado con un contrato de prestación de servicios, en el que se planteó que se regía por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Precisan, que lo que se busca es que la Corte aplique el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, desconocida por el Tribunal y se dé la protección de los derechos en los términos

de los artículos 13 y 53 de la CP y la unificación de la jurisprudencia CC SU049-2017. Acentúan que con los cargos formulados está demostrado su estado de debilidad manifiesta, ignorada por el ad quem, quien simplemente se limitó a decir que no ostentaba la calidad de trabajador oficial y negó las pretensiones de la demanda, soslayando la sentencia de

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Radicación n.° 92350 unificación referida, los criterios establecidas por la Corte, que a través de la tutela ha amparado, con independencia de la forma de vinculación que se haya presentado, dando de esta manera la aplicación del artículo 51 del CST y recuerda el 53 de la CP sobre la estabilidad laboral como principio que rige todas las relaciones laborales (demanda de casación, cuaderno digital de la Corte).

VIII. RÉPLICA Refiere las demandadas, de cara al cargo primero, la inexistencia de nexo laboral alguno en este asunto, toda vez que con el recurrente suscribió fue un contrato de prestación de servicios, el cual no fue desvirtuado en el devenir probatorio y yerra al afirmar la existencia de los componentes del contrato de trabajo en los términos del artículo 23 del CST, recuerda lo dicho al respecto en la sentencia CSJ SL3126-2021 y destaca que la subordinación es el elemento diferenciador de los contratos de trabajo de los de prestación de servicios.

Frente a la queja exhibida por el recurrente respecto a la excepción de falta de jurisdicción y competencia, de la que recordaron dicen que la argumentación vertida por el impugnante carece de soporte jurídico, puesto que el juez

singular se apoyó en la sentencia CSJ SL19456-2017, en el que para activar la competencia basta con la afirmación que las pretensiones estén soportadas en la existencia de un nexo laboral para asumir el conocimiento del a