CSJ - SL1374-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL1374-2023 Radicación n.° 92710 Acta 18 Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por NATANAEL ARIAS PERALTA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el veintidós (22) de junio de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a la DENOMINACIÓN

MISIÓN PANAMERICANA DE COLOMBIA.

Reconózcase personería jurídica al abogado Cristhian Alexander Pérez Jiménez, con tarjeta profesional 149698 del

C. S. de la J. para representar a la accionada en los términos del poder conferido visible en la página 10 del archivo PDF del escrito de oposición.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 92710 Natanael Arias Peralta llamó a juicio a la Denominación Misión Panamericana de Colombia, con el fin de que se declarara la existencia de una relación laboral entre las partes, comprendida desde el 1° de septiembre de 1996 hasta el 22 de mayo de 2015; que se suscitó un único contrato de trabajo, en dos modalidades distintas «en primer lugar, una verbal y en segundo una escrita», en consecuencia, se declarara que la terminación del contrato se dio sin justa causa comprobada, y por tanto, la accionada debía pagar la indemnización prevista en el artículo 64 del CST y las

prestaciones y vacaciones sociales insolutas, aportes al sistema general de seguridad social integral e indemnización moratoria. Solicitó además el pago de los días laborados entre el 23 y el 28 de mayo de 2015, indexación de las sumas adeudadas, perjuicios «inmateriales en su acepción de morales», daño en la vida de relación, costas y lo declarable extra o ultra petita (f.° 43 a 51 expediente digital “primera instancia”). Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 1° de enero de 2006 suscribió contrato individual de trabajo a término indefinido con la demandada para desempeñar el trabajo de «pastor ordenado principal» en sus instalaciones, entendido como el ministro de culto responsable del templo conocido como Centro de Fe y Esperanza, localizado en El Guamo (Tolima). Afirmó que no era un simple cooperador voluntario, por el contrario, fue contratado laboralmente para cumplir con el objetivo principal de la organización, contando con una

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Radicación n.° 92710 función de «dirección, confianza y manejo» derivadas de las cargas que se le fueron asignadas por el empleador, encontrándose además sujeto a la jornada máxima legal, entendiéndose como su superior jerárquico el presbítero regional o zonal que lo contrató. Narró que devengó un salario para el año 2006 de $1.000.000, entre 2007 y 2008 de $1.603.000, para el 2009 y hasta el 2014 de $1.100.000 más un auxilio de $440.000 y

finalmente para el 2015 de $1.200.000 más el auxilio de 440.000; y que el 7 de mayo 2015, se le confirió poder especial al presbítero regional o zonal del Tolima, para cumplir la función de adjudicación de contratos, además de concederle la facultad de dar por terminados los contratos de trabajo por justa causa comprobada. Que el 11 de mayo de 2015, él junto a su esposa, que también se encontraba vinculada a la demandada, presentaron comunicación donde anunciaron su descontento con la propuesta de traslado hacia la ciudad de Honda o el Espinal (Tolima), afirmando que era injusta, debido a que se motivaba en una serie de «calumnias e injurias», siendo señalamientos sumamente graves y no comprobados. Indicó que, debido a lo anterior, se le citó el 13 de mayo de 2015 con el fin de escucharlo en descargos en la ciudad de Ibagué, excusándose de su inasistencia al no encontrarse en la ciudad de El Guamo; que fue citado nuevamente para el 19 de mayo del año en curso, asistiendo a esta, donde se

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Radicación n.° 92710 puso de presente que no existía pliego de cargos escrito contra él, por el contrario, «se tomaron los rumores que circulaban y que se presumieron que ya conocían», yendo en contra de lo que supondría una indagación de carácter disciplinario al carecer de un pliego formal de cargos que permitiese al trabajador conocer los hechos y la información que le ayudase a ejercer una defensa.

Manifestó que el empleador afirmaba que el traslado propuesto era una orden que debían cumplir sin discusión alguna, adicionalmente nunca se presentó un pliego de oposiciones de manera escrita o verbal. Que el 22 de mayo de 2015 le fue entregada la carta donde se daba por terminado el contrato en «aparente decisión unilateral, que no obedecía a motivo, razón o causa justificada alguna», siendo hasta el 28 de mayo del presente año donde los directivos acudieron para la entrega del cargo. Aseguró, que a la terminación del contrato, el empleador no le pagó de manera oportuna la liquidación de sus prestaciones sociales y adicionalmente lo hizo de manera incompleta al no tomar todo el periodo que comprendió la relación laboral. Insistió en que inició su vinculación por contrato verbal desde el 1° de septiembre de 1996 como «Copastor» hasta el 28 de febrero de 1998 y posteriormente sin haber existido suspensión o solución de continuidad, fue ascendido verbalmente como «pastor principal» para el 01 de marzo de 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2005, para finalmente vincularse mediante contrato escrito a término indefinido del 1° de enero de 2006 al 22 de mayo de 2015;

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Radicación n.° 92710 enfatizó que trabajó realmente hasta el 28 de mayo del mismo año. Expresó que, por la terminación injusta de la relación laboral, sufrió graves afectaciones a su patrimonio y a su autoestima, adicionalmente sufrió un trato degradante y arbitrario que le ocasionó daños morales, siendo afectado de

igual forma su buen nombre, esto debido a ataques sufridos contra su residencia y su persona. Denominación Misión Panamericana de Colombia se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, argumentó que el servicio prestado por el accionante para la iglesia no se encontraba bajo un contrato de trabajo, debido a que esta labor se llevó a cabo de manera «altruista» y no remunerada, además de haberse tratado de actividades de propósito común sujetas a «un sentido espiritual». Con relación a los restantes expresó no constarle. En su defensa propuso las excepciones de mérito de inexistencia de contrato de trabajo entre el pastor Natanael Arias Peralta y la Denominación Misión Panamericana de Colombia, cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe en todas las actuaciones de la parte demandada, prescripción de la acción laboral, inexistencia de derecho al cobro de indemnizaciones y a la sanción moratoria e «innominada o genérica» (f.° archivo 10° del cuaderno digital del Juzgado)

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Civil del Circuito de El Guamo, mediante fallo del siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021) (f. ° archivo 46 del cuaderno digital del juzgado), resolvió: Primero. Declarar que existió un contrato de trabajo, entre el demandante y la parte demandada, dentro de los períodos que tienen que ver con la fecha de celebración del contrato hasta el 22 de mayo del 2015.

Segundo. Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción y la excepción de buena fe. Y, declarar no probadas las demás excepciones. Tercero. Condenar en forma específica a la parte demandada al pago de los siguientes valores: • Por concepto de Cesantías $4.331.111,oo • Intereses a las Cesantías $54.522,oo • Por concepto de Vacaciones $465.556,oo • Por concepto de Prima de Servicios $931.111,oo • Por concepto de despido injusto $12.833.333,oo • Por concepto de perjuicios morales, condenar a la parte demandada a pagar la suma de $3.000.000 al señalarse el despido sin justa causa. Tercero. Costas a cargo de la parte vencida. Liquídense por Secretaría e inclúyanse dentro de ella, la suma de $1.000.000 por concepto de agencias en derecho.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, por apelación de las partes, mediante fallo del veintidós (22) de junio de dos mil veintiuno (2021), revocó los numerales segundo y tercero de la sentencia de primera instancia, declarando así probada totalmente la excepción de prescripción respecto a las pretensiones de

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Radicación n.° 92710 condena. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que el problema jurídico se sujetaba a determinar si se encontraban prescritas las pretensiones invocadas respecto al contrato. En caso negativo, debía dilucidar si era

pertinente ordenar el pago por indemnización moratoria, daño en la vida en relación y un mayor valor por perjuicios morales junto con el pago de aportes a pensión. Argumentó, respecto a la excepción de prescripción propuesta, que debió prosperar totalmente y no parcialmente, ya que según el artículo 488 del CST y 151 del CPLSS, los derechos laborales prescribían en 3 años, permitiendo tanto la norma sustantiva como procesal interrumpirla por parte del trabajador una única vez, con el simple reclamo escrito. Afirmó que la relación laboral culminó el 22 de mayo de 2015, así, los 3 años se cumplieron el 22 de mayo de 2018. Que el juez civil consideró interrumpida la prescripción, con la presentación de la demanda laboral, sin embargo, no tuvo en cuenta que dicho escrito fue inadmitido y posteriormente rechazado al no presentarse escrito de subsanación. Complementó que la accionada, […] solo vino a conocer el descontento laboral del actor, con la notificación del auto admisorio de la presente demanda, debiéndose advertir la radicación de la misma se hizo el 13 de marzo de 2020, conforme constancia secretarial del Juzgado de primera instancia, obrante en el archivo 5 del expediente digital,

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Radicación n.° 92710 fecha para la cual ya había trascurrido con creces el plazo trienal de que trata la prescripción objeto de análisis. Expresó que para que la demanda interrumpiera la prescripción, se requería la notificación de su auto admisorio dentro del plazo de un año y citó a propósito la decisión CC

A-138-2006.

Concluyó que, al haberse producido el rechazo de la demanda, no pudo tomarse tal acto como una efectiva interrupción de la prescripción, por tanto, declaró próspero el medio exceptivo y, con relación a los aportes a la pensión, imprescriptibles, concluyó que estuvo probado el pago de los mismos.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia se revoquen los numerales segundo y tercero de la proferida por el Tribunal, pero se mantenga el aparte del inciso 2° del numeral 2° junto al numeral primero, de la parte resolutiva.

Adicionalmente, Se le pide a la SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE

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Radicación n.° 92710 JUSTICIA que una vez casada la sentencia de segunda instancia que ha sido atacada, así fuere de manera parcial, en el sentido de su aniquilamiento, que equivale a su desaparecimiento del escenario jurídico, se pronuncie como TRIBUNAL DE INSTANCIA es decir reemplace al Tribunal, sobre la apelación instaurada. Esto es al proferir fallo de reemplazo, REVOQUE la sentencia de primera instancia proferida el 7 de mayo de 2021, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo – Tolima, en cuanto negó la

existencia de contrato verbal o contrato realidad, además declaró parcialmente la excepción de prescripción por todo aquello reclamado con anterioridad al 22 de mayo de 2012, por lo que teniendo en cuenta que la demanda se presentó en la jurisdicción laboral ( Juzgados Laborales del Circuito de Ibagué) el 22 de mayo de 2018, el periodo que liquidó comprende solo los últimos tres (3) años, esto es de esta fecha 22 de mayo de 2012 al 22 de mayo de 2015 ( fecha de terminación unilateral del contrato escrito ) y a cambio, reconozca la existencia de la relación laboral por el tiempo laborado de manera permanente y sin solución de continuidad entre el 01 de enero de 1996 y el 25 de mayo de 2015 en que se rompió el vínculo contractual, incluyendo el periodo laborado verbalmente y, por ende, que no hubo prescripción alguna para esa reclamación y, de otra parte, en consecuencia, conceda todas las pretensiones de condena incoadas en la demanda de origen, esto es, no solo los conceptos prestacionales sino los indemnizatorios de daños morales en su justa proporción que fueron reconocidos en una pírrica cantidad, y los daños a la vida de relación exterior, proyecto de vida o daños a derechos constitucional y convencionalmente protegidos, que no fue objeto de pronunciamiento alguno ni en la primera ni en la segunda, porque además todo ello fue objeto de apelación ante el

TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUE.

No obstante, en caso de no acceder a lo anterior, proceda entonces como mínimo a CONFIRMAR como TRIBUNAL DE

INSTANCIA la sentencia proferida el 7 de mayo de 2021, por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE GUAMOTOLIMA que concedió algunas pretensiones de condena en sus artículos segundo y tercero de la sentencia proferida el 7 de mayo de 2021. Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica.

VI. CARGO ÚNICO

Señala que:

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Radicación n.° 92710 Por la vía indirecta, acuso la sentencia impugnada de trasgredir en la modalidad de aplicación indebida los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y «en relación inmediata» el 151 del Código del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. En este mismo orden de ideas indicó también como norma sustancial infringida el artículo 2.539 del Código Civil Colombiano. Argumenta que no se tuvo en cuenta el artículo 2539 del Código Civil Colombiano como fundamento de su decisión y agrega: Ya que a nuestro juicio fue desconocida de manera flagrante, al estar el supuesto fáctico en que se fundamenta ante los ojos del Tribunal de manera evidente, manifiesta, y no lo vio, o lo soslayó, o no quiso valorarlo, lo ignoró por completo, siendo aplicable esta disposición sustancial por remisión o integración normativa entre el Código de Procedimiento Laboral y el Código Civil, al no estar este punto de la interrupción de la prescripción natural por parte del deudor, regulado en las normas de los Códigos o

legislación laboral. Discurre que la interrupción natural por parte del empleador no está regulada en el estatuto de procedimiento laboral, y por tanto se debe acudir supletoriamente al código civil que si regula dicha figura.

Añade: Al respecto hay evidencia manifiesta de carácter documental que el deudor o entidad religiosa empleadora reconoció voluntariamente, expresamente y anticipadamente al verse demandada, las obligaciones adeudas que a su particular juicio estaba debiendo, derivadas del contrato de trabajo escrito que mantenía con el actor y dio por terminado unilateralmente, lo que hizo antes de que el trabajador demandara; luego estamos frente a una interrupción voluntaria de la prescripción para el cobro de acreencias laborales, solo que en este evento lo hace el mismo empleador y no el trabajador, siendo posible que estas dos clases de interrupción coexistan.

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Radicación n.° 92710 Asegura que el artículo 151 del CPTSS otorga un término de prescripción de 3 años para las acciones emanadas de los derechos sociales, contados a partir de que la obligación se hace exigible, dando a su vez la posibilidad de interrumpir dicha prescripción con el solo reclamo escrito; igualmente, el artículo 2539 del CC, interrumpe la prescripción extintiva con la presentación de la demanda judicial, por tanto, el reclamo por escrito no es el único medio para interrumpir la prescripción, ya que también ocurre cuando el deudor reconoce la obligación expresa o tácitamente y, civilmente, con la presentación de la demanda. Tal como se indicó, la forma más común o frecuente de

interrumpir la prescripción de los asuntos u obligaciones laborales es a través de la reclamación ante el empleador para el reconocimiento o pago de una obligación, dentro de los tres (3) años siguientes a que esta se hizo exigible; pero no es la manera exclusiva, ni se opone a aquella que quien interrumpa sea el mismo empleador, con la particularidad que en tratándose del empleador este podrá interrumpirla, en más de una vez mediante dicho reconocimiento dentro del respectivo periodo trienal. Así, el ad quem dio una aplicación indebida del artículo 94 del CGP, al utilizarlo para considerar ineficaz la interrupción de la prescripción, que fue mal aplicada a los hechos, al comportar su diligencia una «distorsionada deducción» de los hechos, violando así los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo. Alega, No se encuentra correlación entre el texto de la ley o norma y los

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Radicación n.° 92710 efectos que se le imprimieron sobre los hechos del proceso y sobre dichos preceptos sustantivos, por lo que su valoración fáctica no es concordante con la realidad.

Insiste: La interrupción de la prescripción se produjo por parte del deudor, puesto que el término de la misma no se había completado para cuando la entidad religiosa deudora exteriorizó su deseo de reconocer la obligación; realmente no estamos frente a la interrupción de la prescripción por parte del trabajador, ni por reclamación administrativa ni por demanda, de lo cual surge con claridad es la indebida aplicación del artículo 94 del C.G.P,

como instrumento que pueda sostener válidamente la ineficacia de la interrupción declarada en la sentencia, ni de manera autónoma ni en conexión inmediata con el artículo 151 del CPTSS ni con los artículos 488 y 489 del C.S.T. Para la sustentación del cargo enlista los siguientes errores de hecho: El ad-quem incurrió en error de hecho al declarar la prescripción total, sin tener por qué hacerlo, o dar por probado, sin estarlo, que la interrupción de la prescripción era ineficaz, porque no tuvo en cuenta: a) Hechos y pruebas que demuestran que el Tribunal pasó por alto la interrupción de la prescripción de forma natural, por parte del deudor, reconociendo la deuda, el día 02 de febrero de 2016 en que canceló parcialmente una liquidación al trabajador después de haber sido despedido, y allí mismo en ese acto el extrabajador le advirtió por escrito que no estaba satisfecho con lo que recibía, reservándose el derecho de demandarlo, siendo esta fecha el verdadero hito o mojón que marca el inicio del término prescriptivo de los primeros tres (3) años para que el trabajador presentare la demanda, como en efecto lo hizo oportunamente el día 22 de mayo de 2018, pero no porque el termino se hubiere comenzado a contabilizar a partir de la fecha de terminación unilateral del contrato como lo aseguró el Adquem en la sentencia, es decir el plazo trienal vencería el 02 de febrero de 20019 y no el 22 de mayo de 2018. Reitera que la prescripción si puede ser interrumpida por el deudor, adicionalmente que,

[…] la renuncia expresa o tácita de la prescripción sólo tiene lugar

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Radicación n.° 92710 “después de cumplida”, esto es, sólo luego de vencido el plazo y adquirido el derecho a oponerla, lo cual podría inferirse de las mimas voces del A-quem quien afirma que como en la primera demanda no hubo notificación a la demandada, posteriormente se le notificó tardíamente la segunda demanda, no solo con más de un (1) año de presentada a demanda originalmente en Ibagué, sino ya presentada por segunda vez cuando ya estaba expirado el plazo prescriptivo de los tres (3) años desde cuando le terminaron el contrato de trabajo, lo cual conllevaría eventualmente a reconocer implícitamente que la demandada, renunció a reclamar la prescripción pues, se olvida o pasa por alto el Tribunal que se contestó la segunda demanda, se opuso a ella con la excepción de prescripción, pero volvió a reconocer el hecho que la deuda surgida de la liquidación ya la había pagado, cuando el pago fue parcial y habían obligaciones insolutas, que en parte fueron objeto de condena. No obstante lo anterior, resulta que, al ser interrumpido el plazo prescriptivo, a) en forma natural por el deudor o demandada y extrajudicialmente el 02 de febrero de 2016, y b) al haberse interpuesto la demanda el 22 de mayo de 2018, salta a la vista que la acción no se encontraba afectada por el tantas veces mencionado fenómeno extintivo de las obligaciones. El error del Ad-quem es manifiesto, es protuberante. b) Hechos y pruebas que demuestran que el Tribunal pasó por

alto el ejercicio diligente y oportuno de la acción laboral por parte del actor o acreedor presentando una primera demanda el día 22 de mayo de 2018 en el circuito judicial de Ibagué, cuando le vencía el termino el 02 de febrero de [2019] y si le correspondió volver a presentar la demanda, lo cual hizo hasta el 13 de marzo de 2020 en otro juzgado y circuito judicial diferente, no fue por causa imputable total o exclusivamente al actor, sino a la administración de justicia; primero por una excesiva morosidad en el primer juzgado de Ibagué por más de cinco (5) meses para resolver sobre la admisión de la demanda, y definir su rechazo por diferencias interpretativas sobre la competencia territorial, no obstante existir razones válidas para haber aceptado la competencia de los jueces laborales de Ibagué y al mismo tener domicilio para notificar la demanda al apoderado y representante legal de la entidad religiosa demandada, pero no dio credibilidad en lo afirmado por el actor, al no observar un documento que lo corroborara. Divergencia interpretativa que obligó al actor a acudir a otro juzgado de circuito judicial de ciudad diferente a donde fue remitida la demanda y someterse al trámite dispendioso y esperar a que este concluyera para saber a qué atenerse, trámite que duró un (1) año desde que se presentó o radicó la primera demanda, el 22 de mayo de 2018 pues el trámite de la primera demanda concluyó en definitiva el día 22 de mayo de 2019.

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Radicación n.° 92710 Se ha sostenido reiteradamente por nuestra máxima corte que la

ineficacia de la interrupción de la prescripción de la acción laboral, para el cobro de acreencias laborales, no puede ser un asunto automático ni objetivo por el mero trascurrir del tiempo, pues es desproporcionado e inequitativo y antijurídico, que se predique la ineficacia de la interrupción de la prescripción cuando el demandante (en este caso Natanael Arias Peralta) actuó diligentemente en la formulación oportuna de la demanda el día 22 de mayo de 2018, pero por razones ajenas o no imputables exclusivamente al actor, como sucede ante las divergencias doctrinarias o jurisprudenciales en materia de competencia (en este caso lo fue por el factor territorial), o jurisdicción, se ve obligado a transitar en una u otra sede judicial y se ve expuesto así a enfrentar la dificultad o restricción de la posibilidad de exigir su derecho por efecto de dicho fenómeno extintivo, pues en estos casos se “impone al juez la obligación de tomar en consideración las referidas circunstancias subjetivas, a fin de no endilgar a la parte demandante unas consecuencias nocivas que no le son en modo alguno atribuibles por no ser producto de su negligencia”. De modo que en tales casos lainterrupciónde la prescripción por la presentación oportuna de la demanda produce todos sus efectos. (C.S.J Sentencia SL 5159 -2020 M.P. Dr. Iván Mauricio Lenis Gómez). c) Hechos y pruebas que demuestran que el Tribunal pasó por alto que el reparto de la segunda demanda presentada oportunamente el 13 de marzo de 2020 porque se vio obligado a

acudir ante otro circuito y juzgado, el Juzgado Civil de Circuito de Guamo-Tolima aun dentro del plazo trienal prescriptivo que venía corriendo, e interrumpido por el acceso evidente a la administración de justicia ante la presentación de la demanda por parte del trabajador el 22 de mayo de 2018 en la ciudad de Ibagué, manteniéndose en vilo durante un (1) año en los órganos de justica, se vio afectado dicho nuevo reparto por motivos de fuerza mayor que obligó al Consejo Superior De La Judicatura decretar suspensión general de términos judiciales y no atención en los despachos judiciales en toda Colombia como consecuencia de la emergencia sanitaria que se vivió por la pandemia del virus SARS-COVID-19, lo cual obligó a nuevo juzgado a realizar el reparto solo hasta el día 01 de julio de 2020; en consecuencia salta a la vista que el tiempo en que se mantuvo suspendido el aparato judicial, no podía computarse como hábil del término de prescripción de las acciones judiciales, recursos y de términos en general que estuviere corriendo. d) Hechos y pruebas que demuestran que el TRIBUNAL pasó por alto que una vez se levantaron los términos judiciales en toda Colombia se hizo no solo el reparto de la segunda demanda el 01 de julio de 2020, sino que se admitió la demanda el día 24 de julio de 2020 y ordenó la notificación a la demandada; en ese evento la interrupción se produjo con la notificación del auto admisorio de la segunda o nueva demanda a la demandada o

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Radicación n.° 92710 deudor de las obligaciones laborales, el 29 de septiembre de 2020; en consecuencia, salta a la vista que no trascurrió o no se superó el plazo de un (1) año de que trata el artículo 94 de C.G.P. tenido en cuenta por el Tribunal para predicar la ineficacia de interrupción de la acción laboral. e) Hechos y pruebas que demuestran que el Tribunal tampoco tuvo en cuenta que la entidad demandada o deudor fue notificada por conducta concluyente el 29 de septiembre de 2020, al haber contestado la demanda en esa fecha y allí volver a reconocer la deuda laboral para con su extrabajador, pues ratificó en los hechos y pruebas documentales aportadas con la contestación que ya le había liquidado sus prestaciones sociales, es decir, no negó la deuda, sino que la ratificó, además de ratificar la interrupción natural de la prescripción. f) Hechos y pruebas que demuestran que el Tribunal tampoco tuvo en cuenta que la demandada, deudor o ex patrono, fue notificada por conducta concluyente del auto admisorio de la nueva demanda dentro del año, (1 año) siguiente a la notificación al actor del auto admisorio de la segunda demanda, pues el auto admisorio se produjo el día 24 de julio de 2020 y se dio por notificada por conducta concluyente al contestar la demanda el día 29 de septiembre de 2020 sin que haya trascurrido siquiera un año; en consecuencia salta a la vista que la interrupción de la prescripción es plenamente eficaz y no había lugar a decretar la ineficacia de la interrupción de la prescripción.

Acusó la falta de estimación en las siguientes pruebas: 8.1.5.1 Las pruebas acusadas de falta de estimación son las siguientes con lo cual no solo las singularizo, demuestro que es lo que acreditan en que consistió el yerro y cual la incidencia en la decisión. 8.1.5.2 Respecto del yerro descrito en el literal a) del capítulo sobre errores de hecho: Obra en el expediente digital la demanda y sus anexos del proceso ordinario con radicación 73319310300120200002501 (ver archivo digital 01) allí se encuentran pruebas calificadas como son los - documentos auténticosque integra dicho expediente cuyas piezas o documentos aportados mantienen la presunción de autenticidad: a) Oficio N.° 0007 de enero 14 de 2016 del Juzgado Segundo Civil Del Circuito de El Guamo-Tolima, emitido dentro de la actuación con radicación N°2015 -00110-00 a solicitud de empleadora Denominación Misión Panamericana de Colombia, quien llamó -

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Radicación n.° 92710 solicitud de consignación de prestaciones socialesdio aviso al trabajador que mediante Auto de fecha 30 de octubre de 2015 el juzgado autorizó la entrega de dineros consignados en el radicado referido, para que procediera a retirar dineros de la liquidación que sumaban en total $923.000. b) Comunicación suscrita por El Sr Natanael Arias Peralta con fecha 02 de febrero de 2016 que dirige al titular del Juzgado Segundo Civil De Circuito de El Guamo-Tolima mediante escrito

manifestándole que “retiro la suma consignada y me reservo el derecho de demandar laboralmente a la entidad consignante “Misión Panamericana de Colombia” por no encontrarme de acuerdo con el monto de las prestaciones consignadas” Esos dos (2) documentos, uno público, que además de ser una comunicación dirigida al ex empleado NATANAEL ARIAS PERALTA, prueba tres cosas ; (i) da fe de una solicitud previa y voluntaria del ex empleador o patrono DENOMINACIÓN MISIÓN PANAMERICANA DE COLOMBIA para promover el pago de las prestaciones sociales producto de su liquidación laboral como consecuencia de la terminación de relación laboral que existía con NATANAEL ARIAS PERALTA, mediante la figura prevista en los artículos 1647 y 1648 del Código Civil, denominada pago por consignación a través de dicho despacho judicial (ii) ello demuestra el reconocimiento de la obligación o deuda laboral de la entidad para la cual prestó sus servicios por contrato de trabajo para con el Señor NATANAEL ARIAS PERALTA (art. 2359 C.C.) y (iii) demuestra nada menos que en los términos del artículo 2539 del CC, la interrupción natural por parte del deudor de la prescripción de la acción laboral que pudiera ejercer el ex empleado, la cual pasó inadvertida el Tribunal no obstante tenerla a la vista de manera clara, pues poseía el expediente, donde se aportaron dichos documentos. El segundo documento privado es la respuesta del aquí recurrente donde manifiesta aceptar la suma de dinero que se le consignó a través de juzgado, pero advierte o le hace saber al ex patrono que no está satisfecho con ese pírrico monto, y advierte

que lo demandaría; luego es prueba fehaciente que confirma esta enterado de la interrupción natural de la prescripc