CSJ - SL1383-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1383-2023 Radicación n.° 95488 Acta 20 Bogotá, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación presentado por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA UNAB, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga el 3 de marzo de 2022, en el proceso ordinario laboral que adelanta MYRIAN BERMÚDEZ en su contra.

I. ANTECEDENTES Myrian Bermúdez llamó a juicio a la demandada para que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido desde «el año 1996» hasta el 22 de octubre de 2014, fecha en que fue despedida sin permiso de la autoridad competente, pese a que se encontraba en estado de «indefensión y debilidad manifiesta».

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Radicación n.° 95488 Solicita que se condene a la Universidad accionada a reintegrarla «a la planta física y nómina directa», así como al reconocimiento de los salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social, «y devolución de los mismos» cancelados por la demandante, desde la fecha de su despido ilegal hasta la ejecutoria de la sentencia; «tales pagos no podrán ser presentados como una nueva afiliación sino como el pago de cotizaciones atrasadas, dada la ineficacia del despido efectuado, hasta el día de su reintegro». También reclamó la cancelación de los intereses e

indexación; la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y la del artículo 65 del CST, así como las costas del proceso. Para sustentar estas peticiones, afirmó que trabajó como empleada de servicios varios en la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB, a través de las siguientes cooperativas: i) SINCO, desde 1996; ii) CUPE Ltda. «en el año 1996» y iii) CESA CTA «en el año 2004» hasta el 22 de octubre de 2014. Cumplía un horario de trabajo de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y 1:30 p.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes, y de 6:00 a.m. a 11:30 a.m. los sábados. Agregó que las referidas cooperativas le pagaban su salario con recursos provenientes de la UNAB, y que los servicios siempre fueron prestados en las instalaciones de la Universidad y de las Facultades y del Colegio Caldas que pertenecen a ella.

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Radicación n.° 95488 Precisó que a raíz de sus labores sufrió problemas de salud por afección de túnel del carpo y manguito rotador, que requirieron intervenciones quirúrgicas en 2006, 2009 y

2011. Además, presentó ruptura del tendón supraespinoso del brazo derecho y que en enero de 2014 le fue practicada una cirugía de la rodilla derecha por ruptura del menisco a raíz de una caída sufrida mientras laboraba en el Colegio Caldas. Por esta razón estuvo incapacitada desde el 12 de

septiembre de 2014 y que la última incapacidad concedida fue para el periodo del 23 de octubre al 11 de noviembre del 2014, la cual fue conocida por su empleador. Adujo que la «Junta Médica de Invalidez» le dictaminó una pérdida de capacidad laboral (PCL) del 41,62%. Mencionó que el 22 de octubre de 2014, en reunión celebrada por CESA CTA en las instalaciones de la Universidad accionada, les fue informado que debían renunciar porque la cooperativa «se va a terminar», y aunque la actora comunicó que estaba enferma e incapacitada, no obtuvo respuesta. Manifestó que ante la disolución de CESA CTA, la demandada envió a los exempleados a ser entrevistados por la empresa Casa Limpia para que continuaran con sus labores a favor de la Universidad, pero la demandante no fue vinculada por su situación de salud. Indicó que adelantó las «actuaciones administrativas» ante el Ministerio del Trabajo para establecer si su despido había sido legal o no, pero no ha obtenido respuesta; y que

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Radicación n.° 95488 dicha entidad negó a «los demandados» el permiso para despedirla. Aclaró que desde el inicio de su vinculación siempre laboró al servicio de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB; que el 27 de diciembre de 2013 este establecimiento educativo y la CTA CESA celebraron un convenio para la regulación del contrato de aseo; que el domicilio de la cooperativa corresponde a una de las instalaciones de la Universidad accionada y que en realidad,

esta y otras cooperativas contratadas fueron simples intermediarias para evitar que la demandada cumpliera con la verdadera relación laboral. También indicó que las órdenes eran dadas por la arquitecta, la jefe de planta física y la coordinadora de Gestión Humana de la UNAB, quienes le indicaban en qué área o dependencia de esta entidad debían trabajar. Al dar respuesta a la demanda, la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB se opuso a lo pretendido. En relación con los hechos admitió que CESA CTA inició el procedimiento administrativo ante el Ministerio del Trabajo para la desvinculación de la demandante, que este ente no autorizó su despido; también aceptó el convenio celebrado entre dicha cooperativa y la Universidad el 27 de diciembre de 2013; de los demás indicó que no eran ciertos o no le constaban.

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Radicación n.° 95488 En su defensa explicó que las actividades de aseo y cafetería no hacen parte de la misión y visión educativa de la Universidad, por lo que decidió efectuar la contratación de estos servicios con las empresas SINCO, CUPE Ltda. y CESA CTA, sin que la UNAB demandada hubiese intervenido en el proceso de selección de los trabajadores de estas sociedades ni ejerció actos de subordinación laboral, pues ello estuvo a cargo de las cooperativas contratadas. En esa medida, adujo que no sostuvo una relación laboral con la demandante, sino un vínculo contractual con CESA CTA; por tanto, no existía causa para que las pretensiones prosperaran en su contra. Propuso las excepciones de mérito de prescripción, «inexistencia de carencia de causa para demandar por la

activa», y cobro de lo no debido.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante decisión dictada el 23 de julio de 2019, resolvió: PRIMERO. DECLARAR que entre MYRIAM BERMÚDEZ y la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA existieron dos contratos de trabajo a término indefinido como auxiliar de servicios generales devengando un smlmv a saber: i) un primer contrato desde el 31 de diciembre de 1996, que inició, al 31 de diciembre de 2003, terminado sin justa causa y ii) del 31 de diciembre de 2004 hasta el 22 de octubre de 2014, que fue terminado en las condiciones que están presentadas en la parte motiva.

SEGUNDO. ORDENAR a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA que proceda a REINTEGRAR a la demandante

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Radicación n.° 95488 MYRIAM BERMÚDEZ mediante contrato de trabajo a término indefinido del 31 de diciembre del 2004 al 31 de octubre de 2014 como si este contrato no hubiera tenido solución de continuidad, en las calidades de auxiliar de servicios generales con absolutamente todos los derechos laborales, seguridad social y pensionales, valores de las sumas que serán indexadas al momento de pagarse (sic.) TERCERO. CONDENAR a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA al pago de $3.395.940 a título de indemnización de la ley Clopatosfky, 180 días de salario mínimo legal vigente a la fecha de la terminación, de acuerdo al artículo

26 de la Ley 316 de 1997 Clopatosfky, indexada. CUARTO. Para el contrato del 31 de diciembre de 1996 al 31 de diciembre de 2003, se CONDENA al pago de las cesantías $4.761.910, CONDENA al pago de los aportes en pensiones únicamente, en el fondo de elección de la demandante o del empleador en caso de que no escoja y sobre los demás ítems de este contrato TOTALMENTE PRESCRITOS. (sic) QUINTO. NEGAR la pretensión relativa a la indemnización del artículo 65 CST por ser incompatible con la orden de reintegro. SEXTO. El segundo contrato está totalmente vigente. SÉPTIMO. Se condena en costas a la parte demandada […]. El a quo precisó que, por el tiempo laborado en virtud del primer convenio de trabajo, «está vigente únicamente cesantías $4.721.910 y aportes, esos son imprescriptibles, lo demás está prescrito, vacaciones, todo está prescrito». En relación con el segundo contrato de trabajo, adujo que procedía el pago de la indemnización de 180 días de salario según el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, así como el reintegro al cargo, por lo que se debía entender que no había terminado la vinculación y que no había solución de continuidad, y agregó:

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Radicación n.° 95488 En el segundo contrato no hay nada prescrito ¿por qué? Porque se está declarando el contrato en este instante, en este instante está declarándose el contrato y el contrato se está declarando el reintegro, luego el reintegro y el contrato nacen en este momento,

luego no hay motivo para declarar prescripción, ¿de qué?, sino sencillamente todo el contrato adquiere la vitalidad desde el día 31 de diciembre del 2004 hasta el 22 de octubre de 2014 y en lo futuro el contrato está vigente como si no se hubiera terminado, el contrato tiene vigencia un contrato a término indefinido del 31 de diciembre del 2004, que está vigente, hasta que se termine hasta la fecha está bien, por eso se debe reintegrarse a su contrato.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga conoció los recursos de apelación formulados por las dos partes, y mediante sentencia proferida el 3 de marzo de 2022

resolvió: PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida en este asunto por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga el 23 de julio de 2019, salvo el ordinal CUARTO que se revocará para absolver a la demandada del pago de cesantías por el primer contrato del 31 de diciembre de 1996 al 31 de diciembre de 2003 y el ordinal QUINTO que se revocará en su totalidad para CONDENAR a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA UNAB, a título de indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST a pagar a la demandante MYRIAM BERMÚDEZ una suma igual al último salario diario por cada día de retardo hasta cuando se verifique el pago.

SEGUNDO: COSTAS a cargo de la parte demandada, incluyendo como agencias en derecho la suma de $1.000.000.

Contrato de trabajo: Explicó que cuando este se discute, a la parte actora le basta acreditar la prestación real y efectiva del servicio a favor del demandado, para que opere la presunción del artículo 24 del CST; la cual puede ser

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Radicación n.° 95488 desvirtuada por el accionado, probando que el nexo tenía características diferentes a las de un vínculo laboral. Adujo que en este caso la UNAB alegó que celebró un contrato civil con cooperativas de trabajo asociado para la tercerización de la prestación del servicio de aseo; sin embargo, el Tribunal encontró que esa contratación civil era aparente y se suscribió con el único objeto de suministrar trabajadores a la demandada para eludir obligaciones laborales, de ahí que se trataba de una intermediación ilegal. Lo anterior lo sustentó en que se había demostrado que la actora prestó el servicio de aseo bajo las directrices de la Universidad, quien la obligaba a realizar cursos y capacitaciones, tal como se indicó en diferentes certificados emitidos por funcionarios de la demandada, y como lo corroboraron las testigos Margarita Pérez de Paredes, Epifanía Prada Orduz y María Eugenia Ortiz Rodríguez, quienes también laboraron en actividades de aseo en la entidad accionada. El Tribunal resaltó que de estas declaraciones se podía colegir que las actividades ejecutadas por la demandante lo fueron de manera subordinada a la Universidad, pues debía cumplir un estricto horario de trabajo en sus instalaciones, seguir sus órdenes, laborar con los implementos de trabajo

entregados por el almacén del ente educativo y que sus jefes estaban adscritos a la Universidad; además, la cooperativa no se valía de sus propios medios operacionales para llevar a cabo la labor y que la actora nunca ejerció actos cooperativos. Lo dicho le permitió concluir al Tribunal que, en virtud de la

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Radicación n.° 95488 primacía de la realidad sobre las formas, las entidades cooperativas tan solo obraban como intermediarias, pues quien organizaba, controlaba y se beneficiaba de los servicios prestados por la demandante era la UNAB, quien se comportó como verdadero empleador al ejercer el poder subordinante.

Extremos laborales: el juez de la alzada precisó que se debía mantener la decisión de primer grado, en cuanto declaró que la demandante prestó sus servicios mediante dos vinculaciones: la primera, desde el 31 de diciembre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2003 y la segunda, desde el 31 de diciembre de 2004 hasta el 22 de octubre de 2014.

Estado de debilidad manifiesta: refirió la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, para indicar que el derecho a la estabilidad laboral reforzada implica: i) padecer una limitación de salud; ii) que la afección de salud sea notoria, evidente y perceptible, y que le impida o dificulte al trabajador desarrollar sus funciones en condiciones regulares; iii) el empleador debe conocer la situación médica del servidor y iv) la terminación del contrato de trabajo debe darse con ocasión y causa de la enfermedad del trabajador.

Encontró que en este caso estaba demostrado que: i) la

actora laboró al servicio de la demandada UNAB; ii) sufrió una PCL de origen profesional del 41,62% en razón de las patologías de síndrome de túnel carpiano y de manguito rotador; iii) la demandada tenía pleno conocimiento del proceso de calificación de la demandante y de su resultado y

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Radicación n.° 95488 iv) el 22 de octubre de 2014, la Universidad terminó el contrato de trabajo con la accionante, con fundamento en que la CTA CESA fue liquidada y que el nuevo empleador de la señora Bermúdez sería la empresa Casa Limpia. En esa medida, consideró que el despido de la demandante resultaba ineficaz, dado que al momento de finiquitar el vínculo tenía una discapacidad severa, conocida por la empleadora, sin que esta hubiese obtenido autorización previa de la oficina del trabajo.

Indemnización moratoria: Indicó que el juez de primer grado se equivocó al negar la condena por este concepto, con fundamento en que se había ordenado el reintegro al cargo.

Esto, afirmó, dado que se trata de figuras distintas, independientes y con fines autónomos, tal como se señaló en decisión CSJ SL «29 de noviembre de 2021 radicación 69577». Aclaró que, según la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, esta indemnización no opera de manera automática, pues su naturaleza sancionatoria exige que previamente se examine la conducta del empleador, para determinar si obró de buena o mala fe. Adujo que la buena fe hacía referencia a la existencia de razones atendibles para que el empresario

omita el pago de las acreencias laborales al término de la vinculación laboral, y que era necesario constatar con especial detenimiento en qué casos realmente había obrado de mala fe, para distinguirlo de aquellos eventos en que existían motivos que justificaban la equivocada falta de pago.

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Radicación n.° 95488 Indicó que en este caso sí había lugar al reconocimiento de la sanción pretendida, pues según las pruebas, la demandada adeudaba a la actora «el pago de prestaciones sociales y vacaciones». Adujo que la UNEB no demostró que hubiese «obrado de buena fe bajo el convencimiento de la existencia de la figura del cooperativismo» como lo afirmó en la contestación de la demanda; además, la simple afirmación del empleador de no tener un vínculo o de creer que está regido por uno diferente al laboral, no lo exime de esta indemnización, tal como se explicó en decisión CSJ SL30042021, de la cual citó varios apartes. Destacó que, en aplicación de la legislación sobre cooperativismo, es posible que las CTA contraten la ejecución de una labor a favor de terceras personas; sin embargo, es claro que cuando se está en presencia de subordinación y de la continuidad de la relación laboral, aunado a que se utilizan elementos de trabajo, materiales, herramientas y espacios físicos suministrados por la empresa usuaria, como ocurrió en este caso, no es posible invocar la existencia de un vínculo de trabajo asociativo. Apoyó esta consideración en algunos apartes de la sentencia CSL SL «25 abril de 2018 radicado

64946», sobre el uso fraudulento de la contratación cooperativa para encubrir verdaderas relaciones de trabajo subordinado. En esa medida, consideró que en este caso estaban dados los presupuestos normativos para la imposición de la indemnización moratoria, la cual debía reconocerse en suma

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Radicación n.° 95488 equivalente a un salario mínimo diario por cada día de retardo hasta que se verifique el pago.

Aportes: Indicó que no era de recibo el argumento de que la condena por pago de aportes no fue solicitada por la demandante, dado que «en el ordinal segundo del ítem de condenas» se aludió al pago de aportes al sistema de pensiones.

Cesantías: Refirió que esta acreencia se hace exigible al momento de terminar el contrato de trabajo, por tanto, la prescripción empieza a contabilizarse a partir del día siguiente a dicha finalización.

Precisó que el empleador tiene la obligación de consignar las cesantías a un fondo cada año, pero ello no implica que tal auxilio prescriba anualmente, pues se trata simplemente de su consignación ante un tercero para que las gestione en lugar de la empresa; por tanto, las cesantías anualizadas no están sometidas al fenómeno prescriptivo, las que prescriben son las cesantías definitivas, tal como lo explicó la Corte en sentencia CSJ SL «67636 del 21 de noviembre de 2018». Así las cosas, concluyó que las cesantías causadas respecto del primer contrato de trabajo sí se vieron afectadas por este fenómeno, dado que dicho vínculo finalizó el 31 de

diciembre de 2003 y la demanda se presentó el 13 de noviembre de 2015.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La parte recurrente pretende que esta corporación case la sentencia de segundo grado en cuanto revocó la decisión absolutoria respecto de la pretensión de la indemnización moratoria, y confirmó el numeral sexto de esa providencia.

En sede de instancia, solicita que la Corte confirme la absolución por la referida indemnización y revoque el numeral sexto, y en su lugar, declare probada la excepción de prescripción de los derechos laborales causados antes del 13 de noviembre de 2012. Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados.

VI. CARGO PRIMERO Lo presenta en los siguientes términos: Aclara que no es materia de controversia la condena al reintegro de la demandante Myriam Bermúdez, por lo tanto, la sentencia impugnada viola por la vía directa en el concepto de aplicación indebida el artículo 29 de la Ley 789 de 2002.

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Radicación n.° 95488 Explica que, si no existe terminación del contrato de trabajo, no resulta procedente el reconocimiento de la indemnización consagrada en la norma denunciada, pues el presupuesto esencial para su reconocimiento es la finalización del vínculo laboral y el incumplimiento

consecuencial de las sumas adeudadas por salarios y prestaciones. Considera que, tal como lo señaló el a quo, la pretensión principal de reintegro a la que se accedió en instancia resulta incompatible con el reconocimiento de la indemnización moratoria, dado que la consecuencia de dicho reintegro es el pago de los salarios y prestaciones sociales que se causen, por lo que no es posible que simultáneamente surja el derecho al pago de la indemnización prevista en el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 por no cancelarlos, como equivocadamente lo dispuso el Tribunal. Así, afirma que se trata de dos conceptos excluyentes y un «imposible lógico», por lo que se debe casar la sentencia impugnada.

VII. RÉPLICA La parte demandante se opone al cargo y explica que los requisitos para la causación de la indemnización moratoria son: i) el no pago de salarios y prestaciones sociales al término de la vinculación y ii) que tal incumplimiento obedezca a un obrar de mala fe del empleador. Por ende, de

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Radicación n.° 95488 reunirse estas dos condiciones resulta procedente la indemnización discutida, como ocurre en este caso, dado que el demandado es un ente educativo que tenía pleno conocimiento de las «faltas graves» cometidas contra los derechos laborales de la actora.

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal encontró que estaban dados los presupuestos del artículo 65 del CST para que procediera la indemnización moratoria, sin que fuese posible negarla con fundamento en que se había ordenado el reintegro al cargo,

pues consideró que eran dos figuras diferentes, independientes y con fines autónomos. Además, indicó que la accionada adeudaba a la demandante «el pago de prestaciones sociales y vacaciones», sin que se demostrara que tal circunstancia hubiera obedecido a una conducta de buena fe, siendo insuficiente, la simple afirmación de creer que no existía un vínculo de carácter laboral. La parte recurrente cuestiona tal conclusión, pues afirma que la orden de reintegro al cargo implica que no existe terminación del nexo, razón por la cual, la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST es incompatible, pues uno de los presupuestos consagrados en esta norma para su aplicación, es precisamente la finalización del vínculo laboral, el cual no tiene lugar en este caso. Además, indica que si la consecuencia del reintegro es pagar los salarios y prestaciones sociales que se causen, no

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Radicación n.° 95488 puede simultáneamente ordenarse el reconocimiento de una indemnización por no hacerlo. Así las cosas, a la Sala le corresponde establecer si el juez de la alzada se equivocó al condenar al pago de la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, pese a que también se había dispuesto el reintegro al cargo de la actora y sin solución de continuidad. En lo pertinente, el referido artículo establece que «si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos», deberá asumir una indemnización en los términos allí descritos. Así entonces, en

principio, son dos presupuestos los que se deben establecer para que proceda esta acreencia laboral: i) que la relación de trabajo haya finalizado y ii) que al término de esta vinculación no se hayan sufragado los salarios y prestaciones causados para ese momento. Además de ello, la Corte ha precisado que no se trata de una indemnización que se aplique de manera automática ante la evidencia de estos dos supuestos, sino que también se requiere examinar la conducta del empleador, para determinar si su omisión obedeció a un obrar de buena fe o no. Siendo ello así, es evidente que, si la relación de trabajo no ha finalizado, no es posible imponer la indemnización moratoria al término de la vinculación, precisamente porque tal supuesto fáctico no ha tenido lugar. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se dispone el reintegro al cargo sin solución de continuidad, como aconteció en este caso, pues

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Radicación n.° 95488 recuérdese que, tal como lo advierte la censura, en primera instancia se dispuso que la UNAB debía reintegrar a la demandante a sus labores como auxiliar de servicios generales, por encontrar que había sido despedida en situación de discapacidad, y por ende, a juicio del a quo, se transgredió la estabilidad laboral reforzada garantizada por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, conclusión que fue confirmada por el Tribunal y no fue objeto de cuestionamiento en casación. En esa medida, si por virtud del reintegro ordenado, se dejó sin efecto alguno el despido efectuado el 22 de octubre

de 2014, y se declaró vigente el contrato de trabajo, incluso, la no solución de continuidad no era posible que el colegiado accediera igualmente a la condena de la indemnización moratoria en los términos previstos en el artículo 65 del CST, pues, estas dos acreencias resultan excluyentes entre sí, dada su finalidad y supuestos en que se fundan. Así se explicó en decisión CSJ SL 22 sep. 2005, rad. 25423: Luego, no queda duda que la demanda inicial fue bien apreciada, sin que se requiriera de un mayor esfuerzo para colegir, que las mencionadas aspiraciones respecto de las cuales el juez colegiado se declaró inhibido, quedaron enmarcadas dentro de la categoría de las pretensiones principales, según la clasificación que realizó la parte accionante, como que el reintegro demandado implicaba la continuidad del vínculo y la indemnización moratoria reclamada se predicaba del no pago oportuno de acreencias debidas a la finalización del contrato de trabajo. […]De suerte que, el Tribunal al apreciar el aludido escrito de demanda y avizorar entre las varias pretensiones formuladas que dos de ellas, ambas principales, valga decir, el reintegro y la indemnización moratoria, eran incompatibles, opuestas u oponibles, le era perfectamente posible abstenerse de pronunciarse al respecto.

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Radicación n.° 95488 […]Con todo, es pertinente anotar que el juez colegiado concluyó que las citadas peticiones eran excluyentes entre sí, al estimar que el reintegro deprecado implicaba la continuidad del contrato

de trabajo, mientras que la sanción por falta de pago se causaba a la finalización del vínculo, lo cual resulta fundado por la sencilla razón de que en la demanda inicial se solicitó que se declarara que "no hubo solución de continuidad" entre la fecha de retiro y el momento en que se produjera el reintegro, lo que supone que la relación laboral se siga ejecutando, en cambio una indemnización moratoria como la que se persigue con esta acción por la falta de pago de lo adeudado a la fecha de retiro, se causa efectivamente es a la terminación del nexo contractual. En ese orden, es evidente el equívoco del ad quem denunciado, pues, cuando se declara que, por razón de la reinstalación en las labores, no existe solución de continuidad en la vinculación laboral, sino que se mantiene su vigencia, el reconocimiento de acreencias como la discutida que se soporta en la finalización de la relación no es procedente. Así lo consideró esta corporación entre otras, en decisión CSJ SL 13 mar. 2013, rad. 3975, reiterada en CSJ SL1908-2018, al analizar la indemnización moratoria prevista legalmente a favor de los trabajadores oficiales, ante circunstancias en las que no se dio el rompimiento efectivo de la relación laboral, como ocurrió, por ejemplo, en la escisión del ISS en las diferentes Empresas Sociales del Estado. En esa oportunidad se explicó: Es evidente entonces, que el Decreto Ley 1750 creó una situación sui generis al prever el paso de dichos trabajadores oficiales a las Empresas Sociales del Estado como empleados públicos, sin solución de continuidad y que para todos los efectos legales se

computaran los tiempos servidos a ambas entidades ‘sin solución de continuidad’ como lo pregona el artículo 17 ibídem, protegiendo a estos servidores la estabilidad laboral, porque no se dio rompimiento de la relación no obstante haber cambiado la forma de vinculación a la administración. Esto significa que cuando se da el paso del Instituto a las ESE’s, no hay lugar a reclamar frente al primero, como bien lo anota el recurrente, las acreencias

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Radicación n.° 95488 laborales que son exigibles a la terminación del vínculo como lo son las cesantías, la indemnización moratoria, la indemnización por despido injusto, ni la compensación por las vacaciones, porque en estos casos la relación laboral no termina por expresa disposición legal”. Y aunque el anterior criterio fue expuesto respecto de una vinculación en el sector oficial, resulta igualmente aplicable en este caso, como se dijo, toda vez que la indemnización prevista en el artículo 65 del CST, parte del mismo supuesto que la contemplada en el artículo 1 del Decreto Ley 797 de 1949, esto es, la terminación del vínculo. De ahí que resulta evidente el yerro jurídico cometido por el colegiado al considerar que el reintegro y la indemnización moratoria podían imponerse de manera simultánea, pues, es evidente que resultan excluyentes entre sí. Además, en este caso, no se impuso condena alguna por concepto de salarios o prestaciones sociales debidos al 22 de octubre de 2014, por lo que tampoco estaría demostrado el segundo presupuesto para la imposición de la indemnización

prevista en el artículo 65 del CST. En esa medida, si no existía condena alguna por prestaciones sociales causadas al 22 de octubre de 2014, no era posible ordenar una indemnización por mora en su pago. Este presupuesto fue advertido en decisión CSJ SL10082020 en la que se adujo lo siguiente:

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Radicación n.° 95488 Esta sanción contemplada en el art. 1º del Decreto 797/49 se deriva del no pago o la cancelación extemporánea o incompleta de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores oficiales y su aplicación no es automática ni inexorable, puesto que el juzgador, antes de fulminar la condena solicitada, debe indagar si la conducta desplegada por el empleador para omitir o retardar el reconocimiento de las acreencias laborales estuvo revestida o no de buena fe patronal. En el presente asunto no se da alguna de las situaciones antes descritas para su procedencia, toda vez que (i) no obra condena alguna por prestaciones sociales e indemnizaciones, y (ii) está acreditado que el pago por tales conceptos se dio dentro del término de gracia de los 90 días de que trata dicha preceptiva23 de septiembre de 1999si en cuenta se tiene que el nexo feneció el 27 de junio de esa misma anualidad (f.° 111 y 112). De hecho, no podría haberse dispuesto condena alguna por prestaciones sociales o incluso salarios debidos al 22 de octubre de 2014, por cu