CSJ - SL1384-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1384-2023 Radicación n.° 95636 Acta 20 Bogotá, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 3 de junio de 2022, en el proceso ordinario laboral que DOMINGO PORRAS CÁRDENAS adelanta contra

la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., COLFONDOS

S. A PENSIONES Y CESANTÍAS. y la recurrente.

I. ANTECEDENTES El demandante referido llamó a juicio a Colpensiones y a la AFP Porvenir S. A., para que se declare la ineficacia «del traslado y afiliación» al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS). En consecuencia, se ordene a las AFP convocadas a transferir los recursos que figuren en su cuenta de ahorro individual hacia la administradora del régimen de

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Radicación n.° 95636 prima media con prestación definida (RPMPD); a esta última, a recibir dichos rubros, a activar su afiliación, actualizar su historia y reconocerle una pensión de vejez a partir del 2 de febrero de 2019, junto a los intereses moratorios y el retroactivo. Y a todas las accionadas, a que paguen las costas

del proceso. Como fundamento de las pretensiones, relató que nació el 2 de febrero de 1957; laboró al servicio en distintas entidades oficiales efectuando aportes con destino a pensiones en diferentes cajas de previsión; que el «2 de enero de 2008» se trasladó al RAIS administrado por Porvenir S. A. y, el «1 de septiembre de 2010» se inscribió en Colfondos S.

A. y, que ninguna de esas administradoras mencionadas, lo ilustró con suficiencia acerca de los beneficios y desventajas de afiliarse al régimen privado de pensiones.

Manifestó que el 11 de septiembre de 2020 solicitó a Colpensiones que anulara su vínculo en el RAIS y, en consecuencia, validara su afiliación al RPMPD, pero lo negó. Colfondos S. A. contestó la demanda, se allanó a las pretensiones y solicitó no se le condenara en costas. De los hechos, aceptó los relativos a la edad del convocante y el agotamiento de la reclamación administrativa; de los demás, expresó que no eran ciertos unos y que no le constaban otros. En su defensa, sostuvo que brindaba asesoría a sus afiliados de manera presencial y virtual y, para tal efecto, los informaba acerca de las ventajas y desventajas tanto del RAIS como del RPMPD; que también les entregaba cálculos comparados para que comprendieran las condiciones

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Radicación n.° 95636 pensionales en uno y otro régimen, de manera que pudieran

elegir entre alguno de ellos de forma libre y espontánea. Y agregó que, en todo caso, las AFP no tenían la obligación de brindar información en los términos que pretendía el convocante y, al finalizar, manifestó que no formularía excepciones. Colpensiones contestó la demanda oponiéndose al éxito de los reclamos allí plasmados. En relación con los supuestos fácticos, indicó que eran verdad los atinentes a la edad del actor y a la reclamación administrativa; de los restantes, sostuvo que no le constaban. En su defensa, aseveró que, dado que se pretendía la declaratoria de ineficacia de la afiliación del accionante al RAIS, no le asistía responsabilidad, en tanto tampoco participó en los actos y relaciones jurídicas cuestionados. Formuló las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones, responsabilidad sui géneris de las entidades de la seguridad social, la necesidad de un juicio de proporcionalidad y ponderación y la genérica. El Juzgado, mediante auto de 20 de abril de 2021, tuvo por no contestada la demanda por parte de la AFP Porvenir

S. A., pues guardó silencio luego de ser notificada de la admisión del libelo inicial.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga, a quien correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 7 de julio de 2021, decidió:

PRIMERO: DECLARAR la ineficacia del traslado del señor DOMINGO PORRAS CARDENAS, del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual, realizada el 11 de febrero de 1998.

SEGUNDO: CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS S.A., trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES la totalidad de lo ahorrado por DOMINGO PORRAS CARDENAS en su cuenta de ahorro individual, incluyendo el bono pensional, los rendimientos, y demás sumas de dinero recaudadas desde el tiempo de vinculación del demandante hasta la fecha en que se traslade a COLPENSIONES las sumas indicadas, junto con sus respectivos frutos e intereses.

TERCERO: CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS S.A., trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES la totalidad de las sumas descontadas de la cuenta de ahorro individual de DOMINGO PORRAS CARDENAS, a título de comisiones, costos administrativos y aportes a fondos de solidaridad, recaudadas desde el tiempo de vinculación del demandante hasta la fecha en que se traslade a COLPENSIONES las sumas indicadas, en los mismos términos del numeral anterior.

CUARTO: Ordenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES que una vez la AFP COLFONDOS S.A. de cumplimiento a lo aquí ordenado, proceda a aceptar el

traslado de los aportes de DOMINGO PORRAS CARDENAS, del régimen de ahorro individual al de prima media con prestación definida, y a su vez a computarlos como semanas efectivamente cotizadas dentro del Régimen que Administra.

QUINTO: DECLARAR que al señor DOMINGO PORRAS CARDENAS le asiste el derecho a la pensión de vejez conforme al Artículo 9 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del Artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y 34 ibidem, este último modificado por el Artículo 10 de la Ley 797 de 2003, en cuantía inicial de

$1.424.418,52.

SEXTO: CONDENAR a COLPENSIONES a que una vez en firme esta sentencia proceda a cancelar al señor DOMINGO PORRAS CARDENAS la suma de $21.561.850,14, por concepto de retroactivo pensional, suma de dinero que deberá indexarse

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Radicación n.° 95636 desde el mes de noviembre de 2020 hasta cuando se produzca su pago.

SÉPTIMO: Declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de Porvenir S.A. y como consecuencia absolverlo de todas las pretensiones de la demanda.

OCTAVO: CONDENAR en costas a la parte demandada COLPENSIONES y COLFONDOS S.A., en partes iguales.

NOVENO: Se ordena la CONSULTA de la presente sentencia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación que el demandante, Colfondos S. A. y Colpensiones formularon, al

igual que el grado jurisdiccional de consulta en favor de esta última entidad, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, a través de sentencia del 3 de junio de 2022, resolvió: PRIMERO: ADICIONAR en numeral TERCERO la sentencia proferida por el Sr. Juez Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga el 7 de julio del 2021, dentro del proceso promovido DOMINGO PORRAS CARDENAS contra PORVENIR S.A., COLFONDOS y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES. En el siguiente tenor: CONDENAR a la AFP COLFONDOS S.A.., a trasladar a COLPENSIONES además de los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual del demandante junto con sus rendimientos, el porcentaje correspondiente a los gastos de administración, los aportes a fondos de solidaridad, también los destinados al fondo de garantía de pensión mínima y las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, con cargo a sus propios recursos. Condena extensiva a PORVENIR S.A. incluidos también los gastos de administración, las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, así como el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos por el tiempo en que gestionó la cuenta de ahorros del afiliado. Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán discriminarse con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los

justifiquen. (…) SEGUNDO: MODIFICAR los numerales QUINTO y SEXTO los cuales quedarán así: (…)

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QUINTO: DECLARAR que señor DOMINGO PORRAS CARDENAS le asiste el derecho a la pensión de vejez conforme al Artículo 9 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del Artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y 34 ibídem, este último modificado por el Artículo 10 de la Ley 797 de 2003, en cuantía inicial de $1.406.250 (causación), conforme lo explicado en la parte motiva.

SEXTO: CONDENAR a COLPENSIONES a que una vez en firme esta sentencia proceda a cancelar al señor DOMINGO PORRAS CARDENAS la suma de $31.493.231, por concepto de retroactivo pensional (calculado entre 1/11/2020 al 31/05/2022), suma de dinero que deberá indexarse desde el mes de noviembre de 2020 hasta cuando se produzca su pago, sin perjuicio de las mesadas que se sigan causando (…) TERCERO: REVOCAR el numeral SÉPTIMO que declaró de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de

Porvenir S.A.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de origen y antecedentes anotados.

QUINTO: Sin COSTAS en esta instancia por haberse agotado el grado jurisdiccional de consulta.

Para arribar a tal determinación, el ad quem indicó que los aspectos objeto de estudio se contraían a la aplicación de la carga de la prueba; el desconocimiento de los deberes de

«auto responsabilidad» del actor; la inoponibilidad del fallo, la improcedencia del traslado entre regímenes pensionales y la viabilidad de la pensión solicitada. Y como «temas alternativos» los siguientes: Si fue incorrecta la orden dada a COLFONDOS de devolver sumas distintas a las cotizaciones y sus rendimientos y el que se haya exonerado a PORVENIR de cualquier responsabilidad. Sí, se debe ordenar el reconocimiento de la prestación pensional desde el mismo momento en que se causó, esto es desde el 2 de febrero del 2019, y si la mesada corresponde a la suma de $1.533.000, en tanto el IBL de los últimos 10 años según los cálculos del demandante supera los $2.200.000. En ese sendero, anunció que confirmaría la decisión del a quo en relación con la declaratoria de ineficacia del traslado

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Radicación n.° 95636 desde el RPMPD hacia el RAIS y, la modificaría en cuanto al IBL de la pensión reconocida. Señaló que se encontraba demostrado que Domingo Porras Cárdenas nació el 2 de febrero de 1957; que cotizó 1002 semanas en diferentes cajas de previsión y 348 en el RAIS; que el 12 de febrero de 1998 se trasladó a Porvenir S.

A. y que luego, el 1 de junio de 2009, migró a Colfondos S. A.

Tras ello, expresó que el actor estuvo vinculado al régimen de prima media con prestación definida a través de diferentes cajas de previsión que existían al vigor de la Ley

100 de 1993 y reguladas por lo estatuido en el Decreto 692 de 1994. En lo relativo a la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, precisó que el acto de afiliación era válido siempre que el interesado lo realizara de manera libre, voluntaria y sin presiones; que, en aras de demostrar tal aspecto, resultaba insuficiente una simple manifestación escrita; que para tal fin, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala contenida en la sentencia CSJ SL12136-2014 entre muchas otras, debía acreditarse que al momento de la vinculación a un fondo de pensiones, el asegurado recibió información clara, integral, suficiente y completa, so pena de declarar ineficaz aquel tránsito. Puntualizó que, en este asunto, el formulario de afiliación al RAIS poseía las siguientes falencias: […] no relaciona la información necesaria y suficiente; las ventajas, desventajas y consecuencias que conllevaría el traslado; no aparece ningún detalle sobre este tema en los documentos allegados y esa sola circunstancia es relevante para

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Radicación n.° 95636 dar por cierto que la información no fue suficiente, detallada y precisa que le permitiera al afiliado saber la importancia de su decisión. Conforme a lo anterior, concluyó que al momento en que el actor se trasladó desde el RPMPD hacia el RAIS en el año 1998, no recibió asesoría completa por parte «del fondo», de modo que este tampoco cumplió el deber de información que la ley le exigía; de ahí que la confirmación de lo decidido al respecto por el a quo, esto es, la declaratoria de ineficacia

del traslado. En lo que respecta al argumento de Colpensiones, según el cual el demandante tenía la carga de demostrar el incumplimiento de los deberes de información en cabeza de la AFP, sostuvo que no le asistía razón, pues el actor al alegar que no recibió ilustración «conlleva la inversión automática de la carga de la prueba», dado que, se trataba de un supuesto fáctico que resultaba de imposible acreditación por quien lo afirmaba; de manera que era la AFP la que tenía que asumir dicha carga procesal. Enseguida se refirió a los gastos de administración, puesto que Colfondos se opuso a su inclusión dentro de los rubros que debían retornar al RPMPD. Al respecto, señaló que esta Corte ha adoctrinado sobre la materia, indicando que la ineficacia del traslado implicaba retrotraer las cosas al estado en el que se encontraban; esto es, como si no hubieran ocurrido; de ahí que, el concepto cuestionado también tuviera que ser devuelto, junto a los aportes y sus rendimientos, deber que, a su vez, recaía sobre todos los fondos privados donde el demandante estuvo vinculado.

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Radicación n.° 95636 Manifestó que tampoco era acertada la tesis de Colpensiones, encaminada a acreditar que el retorno del actor al RPMP no era posible, en tanto le faltaban menos de 10 años para arribar a la edad de pensión y, explicó que ello solo sería viable si la vinculación al RAIS tuviera validez, pero

en este caso, careció de efectos. Tras ello, estableció que el accionante consolidó el derecho a una pensión de vejez en los términos del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, dado que el 2 de febrero de 2019, cumplió 62 años de edad, aunado a que superó las 1300 semanas de cotizaciones. Después realizó el cálculo de la prestación y obtuvo un IBL inferior al establecido por el a quo. Por ello, modificó la decisión en ese aspecto y determinó su valor en $2.225.653, al cual aplicó una tasa de reemplazo del 64%, que arrojó el resultado de $1.406.250 como primera mesada pensional, desde el 2019. Finalmente, estimó el retroactivo entre el 1 de noviembre de 2020 al 31 de mayo de 2022 en la suma de $31.493.231, en tanto solo desde esta data buscó en sede administrativa su retorno al RPMPD y, adicionalmente, expresó que no operó el fenómeno de la prescripción.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por Colpensiones, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que esta corporación case la sentencia confutada, para que, en sede de instancia, revoque

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Radicación n.° 95636 la de primer grado y, en su lugar, la absuelva de todas las pretensiones. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales son objeto de réplica por

parte del actor. La Corte los abordará de manera conjunta, dado que poseen una estructura argumentativa complementaria y la misma finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los cánones 13 literal b), 114 y 271 de la Ley 100 de 1993, al igual que los preceptos 97 de la Ley 663 de 1993 y 1604 del Código Civil. Y por la infracción directa del artículo 11 del Decreto 692 de 1994.

En la demostración aduce que, para la fecha en que el accionante se trasladó al RAIS, estaba vigente el Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), que establece la obligación de las entidades de suministrar la información necesaria a los usuarios de los servicios que prestan, para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado. Afirma que dicho precepto debe armonizarse con el artículo 11 del Decreto 692 de 1994 que regula los requisitos del formulario de afiliación al RAIS, para señalar: De manera que, la normatividad financiera y pensional vigente para la fecha de traslado del demandante, establecían lo

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Radicación n.° 95636 siguiente: i) que el documento en el que se registra y hace constar la selección y vinculación libre y voluntaria del afiliado a un régimen pensional es la suscripción del formulario de afiliación,

1. no determinaron ninguna exigencia adicional, en cabeza de los fondos, dirigida a demostrar o soportar la voluntad libre de vicios del afiliado, iii) no exigieron la realización de una proyección pensional en la que se exhibiera el monto de la pensión de vejez en cada uno de los regímenes, como requisito para efectuar el traslado, ni como componente de la información mínima a entregar por parte de las Administradoras y iv) tampoco contemplaron que la asesoría debía estar documentada, ni que existiera obligación de archivar soportes de la información suministrada.

En tal contexto, refiere que al momento del tránsito entre regímenes pensionales por parte del actor, las AFP únicamente estaban obligadas a «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen» y, que «dicha voluntad», conforme lo previsto en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, debía plasmarse por escrito a través del formulario de que trata el Decreto 692 de 1994; de ahí que, dicho documento sea el único instrumento a través del cual se demuestra que la decisión del asegurado de trasladarse al RAIS fue libre y voluntaria, tal como fue el caso del demandante. En ese sentido, manifiesta que al juzgador no se le permite imponer a las AFP la acreditación de requisitos que la ley no establecía para el momento en que el actor se vinculó al RAIS, puesto que ello «desvirtuaría el principio de confianza legítima» y vulneraría el derecho al debido proceso de las AFP.

VII. CARGO SEGUNDO

Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa por aplicación indebida del artículo 167 del

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Radicación n.° 95636 Código General del Proceso, como medio que condujo a la aplicación indebida de los artículos 13, 114 y 271 de la Ley 100 de 1993 y 1604 del CC. Tras aludir a la institución de la carga dinámica de la prueba y citar los artículos 1604 del CC y 167 del CGP, sostiene que al demandante le correspondía la obligación de demostrar «la existencia de un vicio, fuerza o dolo al momento de afiliarse al RAIS», pues fue aquél quien alegó irregularidades en el acto de afiliación al RAIS. Afirma que antes del año 2016, el único soporte de la manifestación de la voluntad del asegurado era el formulario que este suscribía, pese a lo cual, en este asunto, «se demostró que la AFP suministró información al Actor en relación al sistema pensional»; de ahí que, insista en que, en aras de que se afecte la voluntad debe demostrarse «la existencia de un vicio o fuerza capaz de anular el acto jurídico». Refiere que el demandante no podía pretender la declaratoria de «ineficacia o nulidad de la afiliación», con soporte en la propia incuria, en tanto no realizó esfuerzos para indagar sobre el régimen que más le convenía; de ahí la necesidad de acreditar la concurrencia de algún vicio del consentimiento; pero, ello no ocurrió. Al finalizar, afirma que la obligación de realizar una

proyección pensional nació con la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015 y, en todo caso, dicha operación, no puede emplearse como una medida para determinar la favorabilidad de uno u otro régimen, pues se basa en hipótesis futuras y, por lo tanto, inciertas.

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VIII. CARGO TERCERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 13, 114 y 271 de la Ley 100 de 1993 y, «consecuentemente, del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 reformado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003».

Sostiene que dicha vulneración se produjo por los errores ostensibles de hecho en que el Tribunal incurrió, consistentes en, tener por demostrado, pese a que no lo estaba, que, al momento de la vinculación del accionante al RAIS, no se le informó acerca de los beneficios y desventajas de dicho acto. Y en no tener como acreditado, aun cuando lo estaba, que la AFP Porvenir cumplió el deber de información y que el afiliado «gestionó la redención del bono pensional». Enlista como pruebas dejadas de estimar: el oficio que la AFP Colfondos S. A. emitió denominado «solicitud emisión de bono pensional»; la historia laboral «para iniciar el proceso de reclamación del bono pensional»; la autorización para el trámite del bono suscrita por el accionante el 29 de abril de 2020; el resumen de la historia laboral de la AFP Colfondos

S. A. y, la liquidación del bono pensional expedida por el

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En la demostración, sostiene que el error del ad quem consistió en declarar la ineficacia del traslado hacia el RAIS «omitiendo valorar el formulario de vinculación firmado por el demandante, único registro documental exigido para esa época».

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Radicación n.° 95636 Refiere que, en la medida que se demostró la redención del bono pensional en favor del actor y, como quiera que tal situación se consolidó, el juez plural no podía, como lo hizo, declarar la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales.

IX. RÉPLICA El accionante se opone a la prosperidad de los cargos, para lo cual sostiene que carecen del rigor técnico que esta sede extraordinaria exige, pues entremezcla vías de ataque y no desarrolla un discurso serio tendiente a la demostración de los supuestos desafueros del colegiado.

X. CONSIDERACIONES El Tribunal en su decisión anotó que el factor que validaba la vinculación de un asegurado a un fondo privado de pensiones por el tránsito desde el RPMPD, es que ese acto se haya realizado de manera libre, voluntaria y sin presiones, para lo cual, no bastaba la simple manifestación escrita; lo importante era que la AFP suministrara al afiliado la información clara, integral, suficiente y completa acerca de las ventajas y desventajas del traspaso entre regímenes pensionales, cuya omisión conducía a la declaratoria de

ineficacia del vínculo. Puntualizó que, en este caso, el formulario de afiliación que el demandante suscribió cuando ingresó al RAIS en 1998, no contenía constancia de la información que la AFP debía entregarle para que su decisión tuviera los matices anotados; de ahí la ineficacia de dicho acto.

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Radicación n.° 95636 Sostuvo que la AFP era la obligada a acreditar que cumplió el deber de información, lo que de ninguna manera debía asumir el demandante, pues, al alegar la falta de ilustración, se producía la inversión automática de la carga de la prueba. Inconforme con tales razonamientos, Colpensiones formula recurso extraordinario de casación y, a través de la senda del puro derecho en la primera acusación, manifiesta que para la época en que el accionante se vinculó al RAIS, estaba vigente el Decreto 663 de 1994 que imponía el deber de información y, para ese entonces, el formulario de afiliación suscrito por el asegurado era el único mecanismo válido para demostrar que la decisión se adoptó de manera libre y voluntaria. En el segundo cargo, también por la vía jurídica, aduce que, en aras de la ineficacia debatida, el accionante tenía la carga de acreditar la existencia de un vicio del consentimiento al momento en que se vinculó al régimen privado de pensiones, y ello no aconteció. Y desde la senda de los hechos en el tercer cargo, refiere que a través del formulario de afiliación que el demandante

suscribió al vincularse al RAIS, se demostró el cumplimiento del deber de información. Y que, mediante los documentos que dan cuenta del trámite de un bono pensional, se evidenció la redención de dicho título, de manera que hay una situación consolidada que impedía la declaratoria de ineficacia debatida.

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Radicación n.° 95636 Así, la Sala debe establecer si el ad quem erró: al señalar que la simple suscripción de un formulario no demuestra la validez de la afiliación al RAIS; al no considerar que al accionante le correspondía probar la existencia de vicios en el consentimiento y, al no advertir, de los medios de convicción acusados, que el deber de información se cumplió, además de que, había una situación consolidada que impedía dejar sin efectos la afiliación al RAIS. Tales aspectos se abordarán en el mismo orden planteado. En aras de responder dichas cuestiones, previamente se memora la doctrina de esta Sala acerca de la ineficacia del traslado al RAIS. En efecto, las administradoras del régimen de pensiones desde su fundación están obligadas a brindar información objetiva, comparada y transparente a los usuarios sobre las características de los dos regímenes pensionales, condiciones, acceso, riesgos, ventajas y desventajas de cada uno, así como los efectos y consecuencias del traslado. Tal deber ha sido desarrollado por el ordenamiento jurídico y jurisprudencialmente se han catalogado diferentes etapas que muestran su evolución: así, la primera etapa: «deber de información»; segunda etapa: «deber de información,

asesoría y buen consejo» y; tercera etapa: «deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría». Lo anterior, se ha esquematizado así: Etapa Normas que obligan a Contenido mínimo y alcance acumulativa las administradoras de del deber de información

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Radicación n.° 95636 pensiones a dar información Deber de Arts. 13 literal b), 271 y Ilustración de las información 272 de la Ley 100 de 1993 características, condiciones, Art. 97, numeral 1.° del acceso, efectos y riesgos de cada Decreto 663 de 1993, uno de los regímenes modificado por el artículo pensionales, lo que incluye dar a 23 de la Ley 797 de 2003 conocer la existencia de un Disposiciones régimen de transición y la constitucionales relativas eventual pérdida de beneficios al derecho a la pensionales información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal Deber de Artículo 3.°, literal c) de la Implica el análisis previo, información, Ley 1328 de 2009 calificado y global de los asesoría y buen Decreto 2241 de 2010 antecedentes del afiliado y los consejo pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle Deber de Ley 1748 de 2014 Junto con lo anterior, lleva información, Artículo 3.° del Decreto inmerso el derecho a obtener

asesoría, buen 2071 de 2015 asesoría de los representantes consejo y doble Circular Externa n.° 016 de ambos regímenes asesoría. de 2016 pensionales. De esa manera, se ha entendido que en la primera etapa - aplicable al sub lite dado que la suscripción del formulario de traslado del actor de régimen pensional, a través de Porvenir S.A., ocurrió en 1998, las AFP tenían el deber de suministrar la información «necesaria y transparente». En ese sentido, la expresión libre y voluntaria contenida en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, presupone conocimiento, lo cual solo es posible alcanzar cuando se saben las consecuencias de su decisión, de ahí que desde su creación «haya correspondido a las referidas administradoras dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito» (CSJ SL12136-2014). La información necesaria a la que alude el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero hace referencia a la

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Radicación n.° 95636 descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, para que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados pensionales. Por lo tanto, «implica un parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado». A su turno, la transparencia impone la obligación de dar a conocer toda la verdad objetiva de los regímenes, en virtud

de la cual, la administradora, «a través del promotor de servicios o asesor comercial», informa de forma clara y sencilla las condiciones del RAIS y del RPMPD, «de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios» (CSJ SL1688-2019). En ese orden, el deber de información de la AFP implica poner en conocimiento del interesado, de forma clara, veraz y suficiente no solo los beneficios de ingresar al RAIS, sino también una comparación entre los dos regímenes, explicando sus condiciones, las ventajas, las desventajas de cada uno y los efectos que acarreaba el cambio de régimen. En efecto, para que el acto de traslado de régimen sea eficaz debe ser libre, por consiguiente, provenir de un consentimiento informado del interesado, de ahí que es éste el requisito que determina si el traslado fue ineficaz. Al respecto, una de las formas de atentar contra el derecho a una afiliación libre, es omitir suministrarle la información necesaria, suficiente, comparada y objetiva sobre el traslado de régim