CSJ - SL139-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL139-2023 Radicación n.° 85834 Acta 02 Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ANÍBAL CHARRY GONZÁLEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el veintidós (22) de mayo de dos mil diecinueve (2019), en el proceso que instauró a la

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.

I. ANTECEDENTES Aníbal Charry González llamó a juicio a la Universidad Cooperativa de Colombia para que, en aplicación del principio de la primacía de la realidad, se declarara que entre ellos existió una relación laboral del 1° de abril de 1995 al 19 de agosto de 2014, que finalizó unilateralmente por causas imputables a la empleadora.

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Radicación n.° 85834 Solicitó que, en consecuencia, se condenara a la demandada al pago de i) las diferencias salariales causadas entre los honorarios que percibió y la remuneración salarial de los cargos que desempeñó; ii) los incrementos de esa asignación; iii) las cesantías y sus intereses, iv) las primas de servicios; v) las vacaciones; vi) los aportes al sistema de seguridad social; vii) la indemnización del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la de la cláusula 29 de la CCT 2013 por

despido injusto, la de los perjuicios materiales y morales irrogados por la terminación del contrato en cuantía de 1000 SMMLV; viii) la indexación de las condenas y las costas. Narró que su vinculación laboral con la universidad se surtió a través de sucesivas contrataciones, así: i) con intermediación de una cooperativa de trabajo del 1° de abril de 1995 al 10 de diciembre de 2010; ii) con fundamento en varias ataduras laborales «[...] a término fijo de un año [...] de renovación automática», conforme se había pactado en la Convención Colectiva del 10 de enero de «2012» al 30 de mayo de 2013 y, iii) de carácter indefinido, entre el 8 de enero de 2013 al 19 de agosto de 2014, cuando finalizó el vínculo por causas imputables a la demandada. Precisó que en esos interregnos ejerció diferentes cargos en la Facultad de Derecho, tales como: catedrático, docente de medio tiempo, jefe del área de derecho procesal, asesor del consultorio jurídico en esa misma rama y en la de laboral, director seccional y decano; que los últimos tres exigían ocupación exclusiva y permanente; que como trabajador de

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Radicación n.° 85834 la demandada coadyuvó a la fundación del sindicato de Trabajadores de la Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Neiva. Contó que en Acuerdo 114 del 11 de octubre de 2012, el Consejo Superior Universitario de la UCC, del que hacía parte, sancionó a Diógenes Sánchez por «haber falsificado los

certificados de notas [de] siete semestres académicos, suspendiéndole la opción para optar por el título de abogado e imponiéndole la categoría de egresado no graduado»; que, posteriormente, el mencionado estudiante inició una campaña de desprestigio en su contra y de la de los miembros del sindicato. Apuntó que, en efecto, el citado señor los días 11 y 18 de abril de 2013, publicó en su página de Facebook que quienes hacían parte de la organización sindical eran unos «[...] sin vergüenzas tramposos [...] cínicos [...] descarados» y que el único objeto del «paro», que en el 2012 se había realizado, era «llenar la planta administrativa de sus amigos y familiares»; que con causa en esos actos de injuria y calumnia, el consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad, ordenó la apertura de una investigación disciplinaria. Expuso que en Auto del 14 de octubre de 2013 se calificó como doloso el obrar del «egresado»; que el disciplinado rindió versión libre en la que ratificó sus calificativos degradantes; que el decano ad hoc que instruyó la causa, recomendó la sanción de expulsión de esa persona

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Radicación n.° 85834 de la universidad; que, sin embargo, en «Acuerdo 197 del 18 de junio de 2014», aquel consejo ordenó archivar la investigación, tras considerar que el señor Sánchez no era sujeto disciplinable. Informó que igual decisión se tomó en el «Acuerdo 196

del 18 de junio de 2014», por medio del cual se definió el asunto seguido contra Sergio Andrés Trujillo Perdomo, Sergio Andrés Guevara Álvarez y Yeison Andrés Gómez; que, no obstante, él como instructor de la causa, había aconsejado la expulsión de éstos de la universidad, por cuanto el primero de ellos ofreció dinero a los dos últimos, en su condición de monitores del consultorio jurídico, para que modificaran la nota en su favor. Manifestó que el 4 de agosto de 2014, el sindicato pidió la revocatoria directa de los Acuerdos 196 y 197; que por ese mismo motivo la Asamblea General de Estudiantes ordenó el «cese de actividades»; que el 8 de ese mes y año, el presidente de Sintraucc dio a conocer al Rector Nacional dicha decisión, junto con el acuerdo de la comunidad universitaria en la que exigía al Consejo Superior «restituir [su] dignidad y [...] decoro». Ilustró que, para lograr aquel propósito, los trabajadores de la demandada, también instauraron acción de tutela; que en Acuerdos 198 y 199 de 2014 fueron derogados «de oficio» los 196 y 197, ordenando que se instruyeran mejor los procesos disciplinarios, porque los investigados debían acatar el estatuto estudiantil al no haber terminado sus programas de formación profesional.

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Radicación n.° 85834 Agregó que el 17 de julio de 2013, el Consejo de la Facultad de Derecho, con su firma, solicitó al Rector Nacional

de la Universidad, con sede en Medellín, retirar toda mención al nombre de César Pérez García y los retratos, placas, monumentos o cualquier otra que existiera, pues había sido condenado por la Corte, por haber participado en la masacre de Segovia; que el 10 de agosto de 2014, dio por terminado el contrato de trabajo unilateralmente y por justa causa, por considerar que la empleadora atentó contra su dignidad (f.° 167 a 184, cuaderno n.° 1 del juzgado). La accionada se resistió a las pretensiones y en cuanto a los hechos aclaró, que no sostuvo con el actor una única relación laboral; que, por el contrario, le vinculó a través de múltiples contratos de trabajo a término fijo, a partir del 10 de enero y del 1° de febrero de 2012, para que ejerciera como decano y profesor catedrático, respectivamente. Aseveró que los servicios que le suministró el reclamante, previo a esas fechas, fueron en el marco de una relación cooperativa, en la que aquél decidió asociarse libre y voluntariamente a los entes solidarios Cooperativa Multiactiva Nacional – Comuna y Cooperativa de Trabajo Asociado - La Comuna, desde el 3 febrero de 1997 y el 26 de enero de 2004, correspondientemente; que, no obstante, debía denotar que todas sus actividades fueron por periodos de tiempo definidos y con interrupciones. Contó que las vinculaciones laborales del señor Charry

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Radicación n.° 85834 González, en realidad habían sido: Contrato Inicio Fin Cargo

141628 10 de enero de 15 de Decano 2012 diciembre de 2012 157017 8 de enero de 19 de agosto de Decano 2013 2014 Contrato Inicio Fin Cargo 145874 1° de febrero de 2 de junio de Docente 2012 2012 153116 1° de agosto de 30 de Docente 2012 noviembre de 2012 159885 28 de enero de 30 mayo de Docente 2013 2013 Puntualizó que la Atadura n.° 157017 se modificó mediante otrosí, el 6 de mayo y el 1° de julio de 2013; que en el primero de ellos se ordenó «dar por finiquitado el n.° 159885, dando con ello aplicación a la cláusula tercera de la Convención Colectiva con vigencia 2013 - 2014» y, en el segundo, se dispuso extender su término de duración hasta el «8 de enero de 2014»; que igual sucedió con el Contrato n.° 159885, conviniendo que su terminación ocurriría el 5 de julio de 2013 y que la norma convencional no exigía contratar de manera indefinida, sino por períodos de un año. Estableció que, aunque los hechos relacionados con la fundación del sindicato, los ceses de actividades y los trámites disciplinarios eran ciertos, no guardaban relación con las pretensiones de la demanda, menos aún, para establecer la justificación del trabajador en su renuncia por causas imputables al empleador, porque, en últimas, nunca

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Radicación n.° 85834 irrespetó su dignidad personal con causa en esas

circunstancias, como él lo pretende hacer ver. Formuló como excepciones de mérito las de prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, inexistencia de las justas causas invocadas por el actor, pago y compensación (f.° 201 a 233, cuaderno n.° 2 del juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, el 24 de julio de 2017, resolvió: PRIMERO: DECLÁRASE que entre el señor ANÍBAL CHARRY GONZÁLEZ, como trabajador y la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE NEIVA, como empleadora, se verificaron varios contratos de trabajo a término indefinido y a término fijo que a continuación se relacionan:

1. Contrato de trabajo a término indefinido:

Fecha Inicial Fecha Final 01/04/1995 31/12/1995 01/05/1996 31/12/1996 25/03/1997 18/12/2011

2. Contrato de trabajo a término fijo:

Como CATEDRÁTICO:

Fecha Inicial Fecha Final 01/02/2012 02/06/2012 02/08/2012 30/11/2012 28/01/2013 31/05/2013 OTRO SÍ n.° 1 06-05-2013 Terminó el contrato anterior y fusionado al de Decano

Como DECANO:

Fecha inicial Fecha Final 10/01/2012 31/12/2012

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Radicación n.° 85834 08/01/2013 31/12/2013 (157017) OTRO SI n.° 1-06-05-2013 Reajuste salarial por fusión

con docencia OTRO SI n.° 2 01-07-2013 Reajuste salarial por fusión con docencia Ampliado hasta el 08/01/2014 PRÓRROGA 09/01/2014 - 19 de agosto de 2014 31/12/2014 (RENUNCIA) SEGUNDO: DECLÁRESE que UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA omitió el deber de afiliación y el pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones en favor del señor ANÍBAL CHARRY GONZÁLES en cada uno de los períodos que se relacionan a continuación: Fecha inicial Fecha Final 01/04/1995 31/12/1995 01/05/1996 31/12/1996 25/03/1997 18/12/2011

TERCERO: En consecuencia, CONDÉNASE a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA a asumir la carga pensional causada en favor del señor ANÍBAL CHARRY GONZÁLEZ, en ejecución de los contratos de trabajo que aquí se han declarado, y señalados en el ordinal segundo, pagando en la Administradora de Fondos de Pensiones que este señale, previo el cálculo actuarial el valor del título pensional correspondiente a los aportes no efectuados y que se relacionaron en el ordinal anterior.

CUARTO: CONDÉNASE a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA a pagar al señor ANÍBAL CHARRY GONZÁLEZ , la suma de $100.429.831, por concepto de indemnización por despido injusto en los términos de la Convención Colectiva de

Trabajo.

QUINTO: ABSÚELVASE a la UNIVERSDIAD COOPERATIVA DE

COLOMBIA de las restantes pretensiones propuestas [...].

SEXTO: DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas

por la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

denominadas «INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, INEXISTENCIA DE JUSTAS CAUSAS INVOCADAS POR EL ACTOR, COMPENSACIÓN» y probadas parcialmente las de «PAGO» y la de «PRESCRIPCIÓN».

SÉPTIMO: CONDÉNASE en costas a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA y en favor del [demandante] (f.° 426 a 428, en relación con CD f.° 430, cuaderno n.° 2).

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 22 de mayo de 2019, al resolver las apelaciones de las partes, definió: PRIMERO. CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, el 24 de julio de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. REVOCAR los numerales segundo y tercero de la sentencia objeto de impugnación en lo que respecta al reconocimiento y pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, causados a partir del 25 de marzo de 1997, para en su lugar DECLARAR probada la excepción de mérito propuesta por la Universidad Cooperativa de Colombia denominada pago. TERCERO. REVOCAR el numeral cuarto del fallo aludido, para

en su lugar, DECLARAR probada la excepción de mérito denominada inexistencia de las justas causas invocadas por el actor, propuesta por la parte demandada. CUARTO. CONFIRMAR en lo demás. QUINTO. COSTAS condenar en costas de segundo grado a Aníbal Charry González en favor de la Universidad Cooperativa de Colombia. Argumentó que no se encontraba en discusión que la relación jurídica de las partes fue subordinada; que lo que determinaría era si esta se edificó con diversos contratos; que, para el efecto, tendría en cuenta que la jurisprudencia ha explicado, entre otras, en un trámite seguido contra la misma demandada (CSJ SL, 25 mar. 2015, rad. 45303) que, pese a la suscripción de múltiples vínculos, por virtud del principio de la primacía de la realidad, podría declararse solo uno, siempre y cuando, entre las ataduras formalmente convenidas, no mediara una interrupción considerable de

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Radicación n.° 85834 tiempo o se acreditara que el trabajador continuó prestando el servicio. Anunció que, sin embargo, no era posible declarar la existencia de un único vínculo, de la manera en que se le peticionaba, por cuanto las interrupciones que se evidenciaban entre ellos eran significativas; que, además no había prueba de que el demandante hubiere laborado sin solución de continuidad; que, efectivamente, cuando se le preguntó a Eduardo Rubiano sobre el particular, dijo que el tema tendría que verificarse en los documentos; mientras que, William Sánchez y Gloria Patricia Rave, aseveraron que

al culminar el período existían otras actividades, tales como preparatorios, habilitaciones y cursos vacacionales, pero que, al finalizar el año y al comenzar el siguiente, es decir, entre el 20 de diciembre y el 6 o 9 de enero, las instalaciones de la universidad estaban cerradas. Adujo que los períodos de vinculación como decano y catedrático del accionante eran distintos; que los primeros, incluían el período adicional que implicaba la ejecución de funciones administrativas y extracurriculares sobre las que discurrieron los declarantes y que de las certificaciones laborales se seguía que, entre abril de 1995 y diciembre de 2011, hubo diferentes contratos, porque la interrupción entre los mismos fue de 14 a 45 días (f.° 4 a 10, cuaderno n.° 1). Precisó que, de acuerdo con la documental y «dado el objeto del contrato y la continuidad del servicio en época intersemestral que alumnos testigos [afirmaron]», entre 1995 y

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Radicación n.° 85834 2011, tenía por existentes las siguientes ataduras: i) del 1° de abril de 1995 al 31 de diciembre de 1995; ii) del 1° de mayo (sic) de 1996 al 31 de diciembre de 1996; iii) del 3 de febrero de 1997 al 18 de diciembre de 2011; que, para los interregnos subsiguientes, lo que se presentó fueron unos contratos de trabajo a término fijo, así: Como catedrático: 1) 1° de febrero de 2012 al 2 de junio de 2012.

1. 3 de agosto de 2012 al 30 de noviembre de 2012. 3) 28 de enero de 2013 al 6 de mayo de 2013 cuando se terminó de mutuo acuerdo y se fusionó con el de decano.

Como decano: 1) 10 de enero de 2012 al 15 de diciembre de 2012. 2) 8 de enero de 2013 al 8 de enero de 2014 prorrogado mediante otro sí hasta el 19 de agosto de 2014

Apuntó que el demandante admitió que suscribió libre y voluntariamente esos convenios de duración limitada; que, inclusive, del «material probatorio allegado [...]se tiene que el empleador y el trabajador, en el plano de la realidad, siempre estuvieron prestos a dar cumplimiento a lo acordado, pues se generaron los preavisos de manera oportuna en procura de dar por terminado los convenios»; que, de hecho, «[...] consensual[mente] se procedió a dar por [finalizado] uno de aquellos [...] de manera anticipada para poderlos fusionar con

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Radicación n.° 85834 otro», por lo que no hubo equívoco del primer juez al aplicar el artículo 46 del CST. Refirió que, en los asuntos en los que se discute la ocurrencia de un despido indirecto, el reclamante tiene la carga de demostrar los hechos que alega como sustento de su decisión de terminar unilateralmente el contrato; así como también, que los mismos constituyen una justa causa; que, por tanto, en el particular el actor debía acreditar «que con ocasión a la expedición de los acuerdos 196 y 197 del 18 de

junio de 2014, en los que el claustro universitario [...] se abstuvo de sancionar a terceros que atentaron contra su honra y buen nombre», hubo un incumplimiento de las obligaciones patronales. Sostuvo que no se cuestionó el fundamento del finiquito del trabajador, es decir, que la Universidad adelantó unos procesos disciplinarios contra Andrés Gómez y Diógenes Sánchez y que, en principio, estos terminaron con orden de archivo (f.° 46 a 53, cuaderno n.° 1), por lo que el conflicto jurídico se contraía a establecer si «se cumplen los supuestos de sistematicidad y gravedad a que aluden los numerales 6° y 8° del literal b) del artículo 62 del CST», porque la demandada hubiere obviado el deber de respetar el honor, la dignidad humana o la honra del trabajador, de conformidad con los artículos 57, 58 y 59 n.° 9 del CST, en concordancia con los tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos. Connotó que, en todo caso, en ese contexto, la violación

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Radicación n.° 85834 que se endilgue al empleador debe ser «grave» y que, «examinadas las pruebas», no se advierte que el claustro universitario hubiere incurrido en una de esas categorías, pues la decisión de aquellos trámites debió asumirse con total imparcialidad; que, en consecuencia, no era admisible la conclusión de la primera juez, según la cual, hubo desorden administrativo y desconocimiento de la posición jerárquica del demandante que lesionó su dignidad, a tal

punto que por «presión de la comunidad educativa», se hubieran retrotraído las decisiones cuestionadas. Arguyó que, [...] los actos que afirma el actor lesionaron su honra, provienen de personas ajenas a la relación de trabajo y aun cuando la demanda se abstuvo de sancionarlos en el marco de un proceso disciplinario, ello en manera alguna implica que los actos que se juzgaban hubieran sido autorizados o siquiera consentido por la empleadora, con el propósito de poner en entredicho la autoridad del demandante en el ejercicio de su cargo o minimizar su imagen ante la comunidad universitaria. [Que lo que] se advierte [es] que la determinación [de] la Universidad Cooperativa de Colombia obedeció a una interpretación del Reglamento académico, en el sentido de entender que tales personas no eran sujetas disciplinarias, dada su condición de egresados no graduados. Explicó que sin determinar la legalidad de la decisión disciplinaria, pues tal situación no puede ser evaluada en el proceso laboral, «lo cierto [era] que el empleador [...] juzgó bajo una interpretación razonable del Reglamento Académico (f.° 54 a 80 el cuaderno n.° 1), en el sentido de considerar, que es estudiante [...] y por consiguiente sujeto disciplinable, quien se encuentre matriculado en cualquier programa», según el artículo 69 de ese compendio y que, como los investigados no

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Radicación n.° 85834 cumplían con ese requisito, no podían ser sancionados. Razonó que con independencia del acierto jurídico de la

decisión disciplinaria, esta no había sido abusiva, ni caprichosa y tampoco había obedecido a «una directriz institucional a la que se hubiera acudido en forma deliberada con el propósito de mancillar el honor y la dignidad del demandante en su posición dentro de la estructura jerárquica del ente educativo»; que era muy distinto que lo definido por los entes universitarios, no coincidiera con los intereses de su trabajador, pues, en últimas, no hubo «una afrenta a [su] propio proyecto de vida, por parte del empleador, con el fin de herir sus sentimientos y atentar contra su dignidad». Adujo que los derechos a las vacaciones, las primas de servicio y los intereses a las cesantías, se causaban en desarrollo de la relación laboral; que, por tanto, para efectos de la prescripción, su exigibilidad, en contraposición a la de las cesantías (artículo 149 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990), no estaba determinada por la finalización del contrato; que, en ese orden, como el demandante radicó demanda el «21 de junio de 2016», no otorgaría aquellos derechos que se generaron antes del «21 de agosto de 2013». Expresó que, en relación con las cesantías causadas a partir del 22 de agosto de 2013 al 19 de agosto de 2014 y los aportes al sistema de seguridad social, declararía que hubo pago, de acuerdo con los documentos de f.° 283 a 312; 402 y 403 y 414 a 421, cuaderno n.° 2, pues de ellos emergía que las cooperativas o el empleador, consignaron dichos

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Radicación n.° 85834 emolumentos, cuestión ratificada con la confesión del demandante en el interrogatorio de parte, al aseverar que presentó acción de tutela para lograr el reconocimiento de lo adeudado por el concepto de aportes y por Gloria Patricia Rave. Coligió que lo concedido por la cooperativa, debía ser tenido en cuenta, pues ésta era una deudora solidaria; que imponer una condena por lo ya cubierto por ese sujeto era admitir un enriquecimiento sin justa causa y que, en ese sentido, revocaría la orden relativa al cálculo actuarial (f.° 48, en relación con CD anexo, cuaderno del Tribunal).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto, [...] revocó los numerales 2°, 3° y 4º de la [de primer instancia], confirmó el 5º que absuelve de todas las demás pretensiones y confirmó el numeral 1° que reconoció el principio de primacía de la realidad decidiendo que todos los contratos suscritos por el actor tuvieron la calidad de contratos laborales con la demandada, pero estableciendo solución de continuidad entre ellos.

Solicita que, en sede de instancia, se proceda a: [...] modifi[car] los numerales 1° declarando que hubo una sola

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relación laboral desde el 1º de abril de 1995 hasta el 19 de agosto de 2014, el 2º para que declare la omisión de la demandada del pago de los aportes de la seguridad social del 1º de abril de 1995 al 31 de diciembre de 2011, el 3° condenando al pago del cálculo actuarial por la demandada y de los aportes a la seguridad social durante toda la relación laboral y el numeral 4º para que tenga todo el tiempo laborado para efectos de cuantificar la indemnización convencional y revoque el numeral 5° condenando a pagar al actor todas las prestaciones causadas durante la relación de trabajo tales como: a) auxilio de cesantías, b) intereses a las cesantías y, c) indemnización moratoria consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1999; se condene a la demandada al pago de los perjuicios materiales y morales irrogados [...] con ocasión de su despido indirecto y a la indexación de todas las sumas adeudadas. Costas en ambas instancias y en esta actuación (f.° 4, cuaderno de la Corte). Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados, los cuales se estudiarán conjuntamente, porque, aunque no comparten la misma vía de impugnación, persiguen semejantes objetivos.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia que el Tribunal infringió la ley por la vía directa en la modalidad de infracción directa de [...] los artículos 101 y 102 del CST que conllevó a la vulneración de los artículos 29 y 53 de la CP; 1°, 8°, 13, 56, 57, 127

(subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990), 128 (subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990), 142, 186, 192 (modificado por el artículo 8 del Decreto 617 de 1954), 249, 252, 253 (subrogado por el artículo 17 del Decreto 2351 de 1965), 254, 10° de la Ley 52 de 1975 y 99 de la Ley 50 de 1990. Alega que con independencia de si existieron interrupciones contractuales entre junio y agosto y enero y diciembre de cada año, los jueces de primera y segunda instancia desconocieron la norma sustantiva citada, que impone la liquidación de las cesantías y las vacaciones para personal docente, sin descontar los periodos de vacaciones.

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Radicación n.° 85834 Estima que asistía razón al magistrado disidente, al considerar que ese término de descanso no interrumpe o impone solución de continuidad en los contratos de trabajo; que, por tanto, Si la mayoría de la Sala no hubiese desconocido la existencia de las normas señaladas habría contabilizado como vacaciones académicas en la seccional Huila de la Universidad Cooperativa de Colombia los lapsos intersemestrales que toma como interrupción entre los contratos y habría aceptado que todos ellos nunca tuvieron solución de continuidad, lo que hubiese traído como consecuencia el reconocimiento de un solo periodo para establecer el auxilio de cesantía, los intereses a la cesantía y la moratorio, regulados por las disposiciones citadas en el acápite

de la IMPUGNACIÓN (f.° 10 y 11, cuaderno de la Corte).

VII. RÉPLICA Recuerda que la jurisprudencia ha insistido que el recurso extraordinario no puede ser utilizado como una tercera instancia; que en garantía del debido proceso exige el cumplimiento de unos requisitos formales; que así por ejemplo, por el sendero jurídico impone que se acepten las conclusiones fácticas del fallo atacado; que, sin embargo, al margen de esa condición, la acusación propone cuestionamientos de hecho relacionados con la existencia o no de interrupciones contractuales, no obstante eligió el sendero de puro derecho para cuestionar el fallo, lo que es suficiente para desestimarlo.

Argumenta que, además, el recurrente acude equivocadamente a los artículos 101 y 102 del CST, pues en contraposición a lo que plantea en el alcance de la impugnación, estos no permiten declarar la existencia de una

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Radicación n.° 85834 sola relación laboral, sino la de varias de ellas a término fijo de un año (CC C483-1995 y CSJ, 23 abr. 2001, rad. 15623) (f.° 28 a 32, ib) .

VIII. CARGO SEGUNDO Cuestiona la legalidad de la segunda decisión por el sendero indirecto por la aplicación indebida de […] los artículos 53 de la CP; 19 (en relación con la Recomendación 198 de 2006 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la existencia de la relación laboral), 46 numeral 9°; artículo 59 y 488 del CST, que conllevó a la vulneración de los

artículos 13, 25, 29, 83, 93 de la CP; 1º del Convenio 95 de la OIT aprobado por Ley 54 de 1962, debidamente ratificado y promulgado por el Decreto número 1264 de 1997; 1°, 13, 14, 16, 21, 32 (subrogado por el artículo 1° del D.L. 2351 de 1965), 55, 56, 57, 59, 61 (subrogado por el artículo 5° de la Ley 50 de 1990), 64 modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002), 65 del CST (modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002), 127 (subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990), 128 (subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990), 132 (subrogado por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990), 186, 192 (modificado por el artículo 8º del Decreto 617 de 1954), 193, 249, 253 (subrogado por el artículo 17 del Decreto 2351 de 1965), 254, 467, 468, 469, 470 y 470 (modificado por el artículo 38 del Decreto 2351 de 1965) del CST; 99 de la Ley 50 de 1990; 17, 18, 22, 23, 161 y 204 de la Ley 100 de 1993; 16, 17, 1603, 1622, 1740, 1741, 1742 (subrogado por el artículo 2° de la Ley 50 de 1936), 1743 y 1746 del CC, 10° de la Ley 52 de 1975, 16 de la

Ley 446 de 1998 y 96 y 97 de la Ley 500 de 2000 en relación con el artículo 19 del CST. Asevera que el Tribunal incurrió en los siguientes defectos fácticos:

1. No dar por demostrado, estándolo, que entre Aníbal Charry González y la demandada existió una única relación de trabajo desde el 1º de abril de 1995 hasta el 19 de agosto de 2014.

2. Dar por demostrado sin estarlo que existieron varias relaciones de trabajo entre las partes entre el 1º de abril de 1995 y el 19 de agosto de 2014.

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 85834

3. No dar por demostrado, estándolo, que para las actividades del actor como profesor los periodos intersemestrales correspondían a las vacaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia.

4. No dar por demostrado, estándolo, que durante los períodos de vacaciones el actor como Directivo o Decano debía desarrollar tareas académicas y administrativas.

5. No dar por demostrado, estándolo, que las directivas universitarias Nacionales decidieron no sancionar a estudiantes que fueron investigados por la seccional para despojar al actor de su dignidad por haber promovido el sindicato de profesores y haber rechazado las conmemoraciones deshonrosas que pretendían hacerle a César Pérez García, que fue condenado por la justicia colombiana por delitos de lesa humanidad como autor intelectual de la masacre de Segovia.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la rectificación de la postura del Consejo Superior Universitario accediendo a iniciar

procesos disciplinarios contra alumnos que habían deshonrado públicamente al actor, no se dio por su autonomía en sus decisiones, sino por la protesta ciudadana y universitaria, por el paro de los profesores, por la iniciación de un proceso de tutela y después de que el actor ya había dado por terminado el contrato de trabajo.

7. No dar por demostrado, siéndolo, que los hechos y conductas señaladas por el actor para dar por terminado el contrato de trabajo tuvieron gran difusión y resonancia en la sociedad huilense.

8. No dar por demostrado, siéndolo, que las decisiones de las directivas centrales de la Universidades sobre las acciones de alumnos que fueron disciplinados en la seccional Neiva perseguían y lograron parcialmente el objetivo de atentar y quitarle toda dignidad, aprecio y estima que a