CSJ - SL1393-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1393-2023 Radicación n. 92318 Acta 15 Bogotá, D. C., quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA MARGARITA AGUDELO DE ARBELÁEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES María Margarita Agudelo de Arbeláez demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, para que se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por la muerte de su cónyuge, el señor Rodrigo de Jesús Arbeláez Gallo, de manera retroactiva a partir del 24 de junio de 2006, fecha de su fenecimiento.

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Radicación n.° 92318 Esto, con mesadas adicionales y los incrementos de ley «aplicándose el principio de la condición más beneficiosa y teniendo en cuenta las semanas cotizadas por la Universidad de Antioquia». Además, se dispusiera el otorgamiento y la cancelación de los intereses moratorios consagrados en el apartado 141 de la Ley 100 de 1993; más las costas. De manera subsidiaria, deprecó se exigiera a la enjuiciada, reajustar la indemnización sustitutiva de la

prestación de supervivencia, «teniendo en cuenta el total de semanas cotizadas al sistema general de pensiones, incluyendo las cotizaciones efectuadas por la Universidad de Antioquia». Igualmente, se aplicara la indexación. Fundamentó sus pedimentos en que: i) contrajo matrimonio con el finado por medio de rito católico, el 26 de julio de 1975; ii) el 24 del mismo mes de 2006, se dio el hecho fatal por causas de origen común; iii) el 23 de ese mes de 2013, reclamó la pensión de sobrevivencia ante Colpensiones, que fue denegada mediante Resolución n.° 11328 del 15 de enero de 2014; iv) el 6 de febrero de igual anualidad, elevó reposición ante aquel acto a fin de que se le pagara «la indemnización sustitutiva de sobrevivencia, teniendo en cuenta las semanas cotizadas al ISS y el bono pensional de la Universidad de Antioquia»; v) con Resolución n.° GNR 192014 del 29 de mayo de aquel año, se revocó lo desatado en primer grado y «ne[gó] el reconocimiento de la

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Radicación n.° 92318 indemnización sustitutiva […] aduciendo que no cumplía con los requisitos»; Agregó que: vi) con Resolución VPB n.° 28144 del 27 de marzo de 2015, se realizó nuevo estudio y se le concedió dicho concepto por un valor de $1.443.960, por un total de 143 semanas cotizadas al ISS; vii) el causante, laboró con el Fondo Acumulativo Universitario, como mayordomo del

bosque, entre el 1° de abril de 1974 y el 2 de mayo de 1983 (nueve años y un mes); viii) la demandada no tuvo en cuenta ese tiempo público, pues sumándolo, alcanzaba 609.6 semanas, de las cuales 300 fueron cotizadas antes de 1994 (f.º 1 a 10, cuaderno principal). Colpensiones se opuso a las pretensiones y frente a los hechos, manifestó que daba por ciertos los relativos al matrimonio, la defunción y las decisiones administrativas. Del resto, aseveró que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa, propuso las excepciones de «inexistencia de reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes»; «improcedencia de reconocer y pagar los intereses de mora consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993»; prescripción; imposibilidad de condenar en costas y compensación (f.° 46 a 51, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 13 de diciembre de 2018 (f.º 90 Acta y 93

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Radicación n.° 92318 CD, ibidem) absolvió de las súplicas de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, con providencia del 27 de enero de 2021 (f.° 104 CD, ibidem)

dispuso: CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia apelada. LA REVOCA en lo relativo a la decisión adoptada con relación a la reliquidación de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, en consecuencia, CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar a MARÍA MARGARITA AGUDELO DE ARBELÁEZ una indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes por valor de DIEZ MILLOONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($10.164.270), suma que será indexada al momento de su pago y sobre la cual se autoriza la compensación indexada respecto de los valores reconocidos a la actora en la Resolución n.° VPB 28144 de 2015. Costas en primera instancia a cargo de COLPENSIONES. Costas en Segunda instancia a cargo de COLPENSIONES. Se fijan como agencias en derecho la suma de 1 SMLMV. Para desatar el asunto, aclaró que se encontraban fuera de discusión los siguientes supuestos fácticos: i) que Rodrigo de Jesús Arbeláez Gallo, falleció el 24 de junio de 2006; ii) que entre el 23 de enero de 1973 y el 31 de agosto de 2002, cotizó 163.86 semanas: iii) que entre el 1° de abril de 1974 y el 2 de mayo de 1985, aquel prestó sus servicios en favor del Fondo Acumulativo Universitario, sin que por dichos periodos se efectuaran descuentos para seguridad social o aportes ante alguna caja o fondo; iv) que el 26 de julio de 1975 el afiliado contrajo nupcias con María Margarita

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Radicación n.° 92318 Agudelo de Arbeláez; v) que el 23 de la anotada mensualidad de 2013 la demandante solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, que fue negada; vi) que ese ente pese a negar aquello, en la Resolución n.° VPB 28144 del 27 de marzo de 2015 dispuso la cancelación de la indemnización sustitutiva de supervivencia en cuantía de $1.443.906. Como problema jurídico estableció que habría de determinar de manera principal y en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, si era posible brindar la prestación perseguida, los intereses y las cosas. Subsidiariamente, corroboraría la viabilidad de la reliquidación de la indemnización sustitutiva. Explicó que, como el causante murió el 24 de junio de 2006, debía aplicarse el apartado 12 de la Ley 797 de 2003, para definir el derecho del beneficio pensional de sobrevivencia; que dicha norma, regulaba dos formas para lograrla. La primera, cuando el afiliado fallecido dejaba 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores al deceso y la segunda, cuando dejaba aportadas «el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima media en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez». Aclaró que cuando la disposición alude al número mínimo requerido, debía exigirse al causante –si era beneficiario del régimen de transición1000 semanas

cotizadas antes de su muerte o 500 en las dos décadas

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Radicación n.° 92318 anteriores a ese suceso. Y si no era beneficiario de esa prerrogativa, habría de verificarse que el finado hubiera cotizado el número de semanas requerido para la pensión de vejez en el sistema general, es decir, el regulado en la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas en la 797 de 2003 (CSJ SL4559-2019 y CSJ SL3721-2019). Así pues, encontró que en los tres años anteriores a su deceso, no logró cotizar ni una sola semana. Incluso, observó que si bien era beneficiario del régimen de transición, para el momento fatal, no acumuló entre tiempos públicos y privados 1000 o más semanas en toda su vida laboral o 500 en las dos décadas anteriores al fenecimiento. En consecuencia, no era dable acceder a las pretensiones, conforme al Decreto 758 de 1990. No obstante, procedió a analizar la prestación a la «luz del principio constitucional de la condición más beneficiosa (final del artículo 53 superiores), advirtiendo que, al no ser un principio absoluto, para su aplicación deb[ía] tenerse en cuenta las reglas fijadas por la jurisprudencia». Al respecto, trajo a colación los proveídos CSJ SL736-2018 y CSJ SL4650-2017. Aludió que esa prerrogativa, se satisfacía permitiendo que el examen de la procedencia de la prestación, se efectuara acudiendo a la norma inmediatamente anterior, sin que fuera posible realizar un recorrido histórico entre

regímenes, en tanto reconocía que los cambios legislativos habían de surtir efectos y por ello, las disposiciones

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Radicación n.° 92318 derogadas no podían aplicarse indefinidamente. Para tales efectos, afirmó que la ocurrencia de la muerte, debía darse en los tres años siguientes a la vigencia de aquella ley, como tiempo prudente para que el afiliado que venía realizando las cotizaciones bajo el régimen anterior, acumulara la densidad de cotizaciones que la reglaba la nueva normativa. Por tal motivo, al fallecer el 26 de junio de 2006, esto es, tres años después del vigor de ese compendio, no era viable aplicar la figura. Discurrió que, de manera paralela, la Corte Constitucional con sentencia CC SU005-2018, unificó criterios de aplicación de la prerrogativa, indicando que «este no solo se satisface cuando se aplica la norma inmediatamente anterior a la vigente, sino que se extiende a todo el esquema normativo anterior bajo cuyo amparo el afiliado haya contraído una expectativa legítima». Sobre el particular, citó en extenso, apartes de dicha providencia sobre la viabilidad del otorgamiento de la prestación, al cumplirse unos requisitos de test de procedencia. Pero, consideró que la actora no los cumplía porque: Condición Razones por las que no cumple el requisito. 1) Pertenecer a un grupo de De las pruebas practicadas no se especial protección pudieron evidenciar situaciones constitucional o encontrarse en de riesgo o de vulnerabilidad de la uno o varios supuestos de riesgo. activa para el momento del

deceso del señor Rodrigo de Jesús, la Sala no halla prueba que demuestre que ésta estuviese en estado de analfabetismo; no tenía una edad avanzada ya que para entonces tenía 49 años (fl

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Radicación n.° 92318 38); no se evidencia que padezca una discapacidad física o mental; no se proó que para ese momento la demandante estuviera en condiciones de pobreza, ni tampoco se demostró que fuese cabeza de familia o que tuviera a su cargo personas incapacitadas para trabajar. 3) Dependencia económicamente De los testimonios escuchados del causante antes del (min 10:00 a 1:09:00 min), no se fallecimiento de este. logró establecer la dependencia económica de la demandante respecto del causante, por el contrario, de los decires de las testigos se estableció que la actora tenía independencia económica, toda vez que laboraba en España como empleada doméstica. 4) Circunstancias de No hay prueba de las imposibilidad de cotizar en el circunstancias que demuestren Sistema General de Pensiones del la imposibilidad por las cuales el Causante. afiliado fallecido no efectuó cotizaciones con anterioridad a su deceso. Actuación diligente en adelantar Al respecto, se tiene que no se las solicitudes administrativas o evidencia un actuar diligencie por judiciales para solicitar el la actora, en la edad que la fecha reconocimiento de la pensión de del deceso del señor Arbeláez sobrevivientes. Calle ocurrió el 24 de junio de 2006 y fue solo hasta el 23 de

julio de 2013 que la demandante solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, es decir, transcurrieron más de siete (7) años para que la demandante adelantara los trámites de reconocimiento de la prestación aquí debatida. En tal orden de ideas, confirmó frente a este aspecto la decisión de primer orden. De otro lado, en torno a la reliquidación de la indemnización sustitutiva, consideró que cuando el afiliado

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Radicación n.° 92318 fallecido hubiese cotizado semanas al sistema y, además, haya prestado sus servicios para entidades públicas sin cotizaciones o aportes, se avenía a la legalidad que la entidad de seguridad social reconociera y pagara la indemnización alegada, incluyendo aquellos tiempos. Esto, por mandato el artículo 49 de la Ley 100 de 1993, aplicable en armonía del literal f) del apartado 13 ibidem, norma según la cual para el otorgamiento de los beneficios del sistema, incluyendo aquel resarcimiento, tales interregnos debían computarse. Afirmó que tal tesis, resultaba concordante con los cánones 7° del Decreto 1314 de 1994, 15 del Decreto 1748 de 19995 y 5° del Decreto 2222 de 1995, de los que infirió que las entidades públicas debían asumir bonos, títulos y/o cuotas partes pensionales que respalden los tiempos de servicios no cotizados con el fin de financiar la indemnización sustitutiva, cuyo pago correspondía a la AFP incluyendo no

solo las semanas efectivamente cotizadas, sino también los tiempo de servicio público sin aportes. Por tal motivo estimó que la decisión del juez primigenio al respecto fue desacertada, debiendo entonces revocarse ese aspecto para en su lugar, ordenar la reliquidación de la indemnización perseguida, la cual debía ascender a $10.164.270.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende se case la sentencia de segundo grado «en cuanto confirmó la absolutoria del juez de primera instancia que negó la pensión de sobrevivientes» para que una vez constituida en sede de instancia, la revoque accediendo a la prestación «en los términos de la demanda inicial» (f.°1 a 2, demanda de casación, expediente digital de la Corte).

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica y se estudiarán a continuación al tiempo, por cuanto, a pesar de haberse planteado por separado, acusan a través de igual vía, el mismo compendio normativo sobre aspectos relacionados.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la providencia de vulnerar la ley sustancial, por vía directa en la modalidad de interpretación errónea: […] el artículo 53 de la Carta Política en relación con los artículos 6, 25, 26 y 27 del Decreto 758 de 1990 (Acuerdo 049 de 1990);

artículos 2, 3, 11, 13, 39, 272, 288 de la Ley 100 de 1993; artículo 12 de la Ley 797 de 2003; artículos 19 y 21 del C.S.L.; artículo 48, 83, 93, 94 y 95 de la Carta Política. Como demostración del embate, asevera que no discute las circunstancias fácticas aceptadas desde el escrito de la demanda y que no eran objeto de reproche, como la fecha de fallecimiento, la calidad de beneficiaria de la demandante, los ciclos logrados, su temporalidad y, el otorgamiento

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Radicación n.° 92318 prestación realizado por la accionada. Refiere que el Tribunal acogió el criterio vigente de esta Corte, sobre la condición más beneficiosa, desechando su aplicación por haber ocurrido el deceso luego de enero de 2006. Igualmente, que señaló el criterio de la Corte Constitucional sobre la mentada prerrogativa, como únicamente aplicable, siempre y cuando se cumplieran las exigencias contenidas en la sentencia CC SU005-2018, lo que no observó configurado. Al respecto, estima que hubo una equivocada intelección sobre aquella prerrogativa, así: La primera, directa y visible, cuando para aplicar el Decreto 758 de 1990 exige el cumplimiento del test de procedencia definido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-005 de 2018; la segunda, cuando acoge el criterio de la Sala de Casación laboral sobre el asunto que permite la condición beneficiosa sólo entre

Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003 con límite temporal (zona de paso); y, la tercera, también siguiendo el criterio de la Sala de Casación Laboral, cuando indica que el Acuerdo 049 de 1990, la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003 son tres fuentes o sistemas normativos independientes lo que conduce al error hermenéutico de considerar que entre la Ley 797 de 2003 y el Acuerdo 049 de 1990 existen dos saltos normativos cuando la realidad es que hay uno solo. Asevera que en aquella sentencia, lo que se pretende es definir en qué casos es posible que se acuda a la tutela (juez constitucional) y no al proceso ordinario laboral (juez natural), como un asunto de forma cuyo análisis es previo, para pasar luego a definir el aspecto sustantivo del

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Radicación n.° 92318 cumplimiento o no de los requisitos que establece la norma aplicable para la prestación de sobrevivencia. A esa primera materia objeto de unificación, se le llamó «valoración del requisito de subsidiariedad de la acción de tutela cuando se pretende el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes». Así, alega que el Tribunal yerra cuando entendió que las exigencias formales necesarios para el estudio del tema a través de la acción de tutela, se extendían al proceso ordinario, resultando mayor la equivocación cuando se le exigía el cumplimiento de los mismos para resolver de fondo el asunto. A su criterio, el ad quem creó unos requerimientos sustanciales para el otorgamiento de la prestación que no

trae la norma (CSJ SL1888-2020). Luego, afirma que la condición más beneficiosa se aplica a todos los casos de manera intemporal. En este sentido, se aparta de lo resuelto por el juez plural, en tanto que, sí es posible que se reconozca el beneficio por muerte aplicando el Decreto 758 de 1990 a pesar de haberse producido el deceso en vigencia de la Ley 797 de 2003, sin necesidad de usar el criterio vertido en la providencia CC SU005-2018 (es decir, no se requiere acreditar el test de procedencia establecido por la Corte Constitucional). En este orden, asevera que es consciente de que el criterio actual de esta Corte es contario al que se propone, por lo cual pide una reconsideración, permitiendo «el acceso a las prestaciones del sistema a de seguridad social integral a través de una aplicación ilimitada en el tiempo del principio

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Radicación n.° 92318 de la condición más beneficiosa».

Agrega que: Apoyado en el criterio de la Sala de Casación Laboral, el Tribunal señaló que la norma que gobernaba el asunto era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 por haberse producido la muerte luego de su vigencia y que la condición más beneficiosa permitía aplicar la Ley 100 de 1993 en la versión original del artículo 46 descartando la aplicación del Decreto 758 de 1990, salvo que se trate de una persona que cumple con el test de procedencia, lo que no es acertado.

El principio de la condición más beneficiosa pretende salvaguardar expectativas legítimas de derecho ante un cambio

normativo. Cuando se expide la Ley 100 de 1993, el fallecido ya tenía cotizadas la densidad de semanas suficiente para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes según las normas del Acuerdo 049 de 1990, lo que no se discute en casación; esa norma exigía tener 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo anterior a la fecha de fallecimiento; el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificó las exigencias en cuanto a la densidad pero no para hacerlas más gravosas sino para reducirlas pues únicamente exigió 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a la muerte; desde la óptica de la proporcionalidad, es evidente que quien ya tenía cotizadas 300 semanas antes del cambio normativo y la nueva norma exige sólo 26, puede acceder al derecho. La Ley 797 de 2003 modifica nuevamente el número de semanas para acceder a la prestación por muerte pasando de 26 a 50 semanas, es decir, una suma inferior a las 300 que exigía el Decreto 758 de 1990. Si se acepta que la condición más beneficiosa se aplica ante el cambio normativo que pasó de exigir 300 semanas a exigir 26 semanas, ¿cuál es la razón por la cual no es posible aplicarla cuando el cambio normativo pasó de 26 a 50 semanas de cotización? No existe una respuesta lógica. Si estamos frente a un régimen contributivo donde la prestación se concede a partir de una densidad de semanas cotizadas, no tiene explicación que el sistema le otorgue la prestación a quienes cotizaron 26 ó 50 semanas, pero se la niegue a quien cotizó más de 300 semanas,

ahí sí, en una insalvable contradicción que desnaturaliza la característica contributiva del sistema pensional. En este sentido, afirma que la tesis acogida por el Colectivo, castiga a quien más esfuerzo de contribución hizo al sistema y premia a quienes lo hicieron en un número

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Radicación n.° 92318 mucho menor, pues «es posible que el beneficiario de una persona que haya cotizado solamente 6 meses (26 semanas), o un año (50 semanas), reciba el beneficio por su muerte, pero quien cotizó durante 6 años lo pierda».

Adiciona que: El mandato de favorabilidad sobre el cual descansa el principio de la condición más beneficiosa sí permite que se busque en el tiempo la norma que habilite el reconocimiento de la prestación sin que importe el recorrido histórico-temporal que deba hacerse y sin limitarlo a la norma inmediatamente anterior a aquella en la cual se produjo la muerte del causante.

La interpretación de la norma no puede hacerse para negar los derechos sino para reconocerlos pues es la manera como se respeta lo establecido en el artículo 48 de la Constitución que define la seguridad social como un derecho irrenunciable y los artículos 2 y 3 de la Ley 100 de 1993 que establecen los principios que orientan el sistema general de seguridad social creado allí. Si lo que se pretende con la aplicación del principio de la condición más beneficiosa es que la población acceda a la prestación según la norma anterior pues el usuario cumplió con lo en ella exigido, a pesar de ser condiciones más onerosas que las establecidas en la nueva ley, no se corresponde con su espíritu el que se invoquen

otros obstáculos para que no se conceda el derecho. La supuesta perpetuidad de la norma como obstáculo para permitir la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 al caso de la demandante no es suficiente para desvirtuar el principio de confianza legítima que se deriva del artículo 83 de la Constitución pues los beneficiarios de la persona que fallece y que alcanzó a cotizar el tiempo exigido para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes adquiere la expectativa a que le sea reconocido el derecho. Agrega que debe apoyarse su interpretación, bajo el principio de favorabilidad (f.°2 a 8, ibidem).

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la providencia de vulnerar la ley sustancial, por

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Radicación n.° 92318 vía directa en la modalidad de interpretación errónea de las mismas disposiciones del embate anterior. Para soportar su ataque, afirma que su finalidad es abordar el tema sobre la inexistencia de un salto normativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Al efecto, aclara que no discute las circunstancias fácticas que se señalaron en el cargo previo. Alega que la Ley 100 de 1993, constituye la norma que adoptó un sistema pensional de manera integral, definiendo en él, desde la parte principal, hasta la instrumental para el otorgamiento de las prestaciones, en tres riesgos: invalidez, vejez y muerte. Agrega que, las normas posteriores «solo se encargaron de pequeñas modificaciones sin que se afectara la estructura y diseño del sistema pensional por lo que la

expedición de normas como la Ley 797 (24 artículos), la Ley 860 (5 artículos), ambas de 2003 y la Ley 1580 de 2012». Por lo tanto, no pueden considerarse un salto normativo para efectos de la aplicación de la condición más beneficiosa al haber mantenido sin alteración alguna el catálogo axiológico, prestacional y de instituciones que tiene que ver con ese sistema. Expresa que el correcto entendimiento está en que, el registro histórico temporal de normas que se sucedieron se reduce a dos: el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993 con sus reformas.

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Radicación n.° 92318 Al respecto, insiste en que debe aplicarse el principio de favorabilidad, acogiendo su tesis.

VIII. RÉPLICA Colpensiones esgrime que el sentenciador colegiado, resolvió de manera favorable las pretensiones subsidiarias de la reclamante relacionadas con el pago de la indemnización sustitutiva, por lo que de accederse a las exigencias del alcance de la impugnación, esta condena en contra de la entidad, saldrá automáticamente de la vida jurídica.

Estima que el Tribunal no se equivoca pues su decisión se ajusta a los precedentes de esta Corte. Además, que los argumentos de los embates, se encausan más a los precedentes jurisprudenciales que han reiterado el alcance de la prerrogativa perseguida. Agrega que no es dable acoger la idea sobre la aplicación de la favorabilidad planteada por el recurrente, alusiva a que se busque en el tiempo que habilite el reconocimiento de la

prestación sin que importe el recorrido histórico – temporal (f.° 1 a 5, escrito de oposición, cuaderno digital de la Corte)

IX. CONSIDERACIONES Valga precisar en primer orden, que al haberse formulado los dos cargos por la vía directa y contra el mismo compendio normativo, no se discuten los supuestos fácticos –como además lo alegó el recurrente extraordinarioque el

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Radicación n.° 92318 ad quem estimó acreditados y no debatidos. Esto es que: i) Rodrigo de Jesús Arbeláez Gallo, falleció el 24 de junio de 2006; ii) entre el 23 de enero de 1973 y el 31 de agosto de 2002, cotizó 163.86 semanas: iii) entre el 1° de abril de 1974 y el 2 de mayo de 1985, aquél prestó sus servicios en favor del Fondo Acumulativo Universitario, sin que por dichos periodos se efectuaran descuentos para seguridad social o aportes ante alguna caja o fondo; iv) el 26 de julio de 1975 el afiliado fallecido contrajo nupcias con María Margarita Agudelo de Arbeláez; v) el 23 de julio de 2013 la demandante solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, que fue denegada; vi) ese ente a pesar de esto, en la Resolución n° VPB 28144 del 27 de marzo de 2015 dispuso la cancelación de la indemnización sustitutiva de supervivencia en cuantía de $1.443.906.

En este orden de ideas, debe establecer la Sala si de un lado, el colegiado erró al condicionar la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad bajo el principio de la condición más beneficiosa de cara al cumplimiento del test de procedibilidad contenido en la sentencia CC SU005-2018, aun cuando el causante falleció luego de enero de 2006, es decir, después de culminado el vigor del tránsito legislativo de tres años que ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación para la aplicación de aquella figura. Igualmente, habrá de verificarse si es viable aplicar aquella prerrogativa, independientemente de la existencia de ese test. Así como, se corroborará, si entre la Ley 797 de 2003

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Radicación n.° 92318 y el Acuerdo 049 de 1990, no existen saltos legislativos. Precisado lo previo, ha de tenerse en consideración que esta Corporación ya ha tenido la oportunidad de señalar, en casos como el analizado en que el fallecimiento del causante ocurre en vigencia de la Ley 797 de 2003, que no es admisible acudir al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, dado que este postulado aplica en relación con el cambio normativo inmediatamente anterior, que en efecto, sí lo constituye la Ley 797 de 2003 –contrario a lo esgrimido por el impugnante-, por cuanto, su vinculatoriedad, no depende de la cantidad de artículos que contenga, sino, de la jerarquía de la norma, que en este caso es ley de la República

y además, de los efectos que ella conlleva, cuales eran, la determinación de nuevas exigencias para acceder a ciertas prestaciones, entre las que se encuentra el beneficio de supervivencia reclamado. De modo que, no es factible realizar una búsqueda histórica de las disposiciones previas con el propósito de identificar la que se acomode a los intereses de los reclamantes (CSJ SL1938-2020, CSJ SL1884-2020 y CSJ SL2547-2020, todas reiteradas en la CSJ SL701-2023). Precisamente, en la primera referenciada, la Corte lo explicó así en detalle:

1. El principio de condición más beneficiosa Este principio tiene gran importancia a efectos de definir la norma aplicable en caso de un cambio normativo y, en materia

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Radicación n.° 92318 de seguridad social, consiste en la preservación de las condiciones o los requisitos establecidos en la disposición anterior para acceder a una prestación, cuando aquella ha sido sustituida por otra. Tal principio en nuestro ordenamiento jurídico ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991, a partir de la interpretación de algunas normas del Código Sustantivo del Trabajo, como el artículo 13 –mínimo de derechos y garantías-; no obstante, dicho estatuto constitucional lo consagró en el artículo 53. En efecto, el citado precepto establece que «la ley, los contratos, los acuerdos y convenios del trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores»,

esto es, que las situaciones individuales y concretas previamente reconocidas deben conservarse ante una sucesión normativa; en otros términos, la nueva norma debe respetar las reglas que el régimen previo estableció. A diferencia de los derechos adquiridos (artículo 58 ibidem), el principio de la condición más beneficiosa no procura por la protección de situaciones jurídicas consolidadas, en tanto que su campo de acción es mucho más amplio y cobija incluso a situaciones en proceso de consolidación, pues conserva los efectos de un estatuto normativo, que si bien fue objeto de derogatoria parcial o total, eventualmente es aplicable ultraactivamente. En el caso de la pensión de sobrevivientes, la institución de la condición más beneficiosa protege las expectativas legítimas de los beneficiarios de un afiliado al sistema general de pensiones que fallece, siempre que haya cotizado la densidad de semanas establecidas en la ley anterior, pero cuyo hecho generador -la muerte-, ocurrió durante la v