CSJ - SL1395-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1395-2023 Radicación n.°93631 Acta 15 Bogotá, D. C., quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por DORYS SORAIDA ESTUPIÑÁN MARTÍNEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020), en el proceso que le instauró a las

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A. y COLFONDOS

S. A. PENSIONES Y CESANTIAS, como también a la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Dorys Soraida Estupiñán Martínez llamó a juicio a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías

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Radicación n.° 93631 Porvenir S. A. y Colfondos S. A., como también a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones para que se declarara la nulidad del traslado de régimen pensional y, en consecuencia, se condenara a la primera a devolver a la última los dineros que se en la cuenta de ahorro individual (bonos pensionales, aportes, rendimientos y comisiones). Fundamentó sus peticiones, en que, i) nació el 4 de octubre de 1961; ii) estaba afiliado al sistema de prima media con prestación definida, desde el 18 de noviembre de 1985,

a través del Instituto de Seguros Sociales –ISS; iii) se trasladó al RAIS en marzo de 1997, con Colfondos; iv) esta, no informó en el acto las implicaciones de cambiarse de régimen pensional, ni la naturaleza propia de capitalización, desventajas de afiliación, y los escenarios comparativos de su pensión; v) el 2 de noviembre de 2001 se vinculó a Porvenir

S. A., sociedad que tampoco cumplió con sus obligaciones de información; vi) durante su permanencia nunca recibió asesoría profesional completa y comprensible sobre las diferentes alternativas para la elección (f.° 6 y 7, primera instancia, expediente digital).

Colpensiones se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a las situaciones fácticas, aceptó el natalicio de la señora Dorys Estupiñán. De los restantes, dijo que no le constaban.

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Radicación n.° 93631 Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del derecho y obligación, buena fe (f°. 101-112, ibidem). Porvenir S. A., se resistió a las súplicas. Frente a los hechos, aceptó la vinculación a Horizonte S. A., hoy Porvenir

S. A., a partir del 1° de enero de 2002; acerca de los demás no los admitió. Rechazó las pretensiones, alegando que la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad no contenía vicio alguno en el consentimiento y la elección fue libre y voluntaria.

En su amparo, presentó como medios de defensa los de: prescripción, falta de causa para pedir e inexistencia de la obligación, buena fe, enriquecimiento sin causa y la innominada o genérica (f.° 138 a 144, ibidem). Colfondos, objetó las pretensiones. Aceptó la fecha de nacimiento de la actora, su condición de afiliada, pero aclaró que su traslado se hizo efectivo, a partir del 1° de marzo de

1997. En resumen, sostuvo que el retorno no es viable por no ser beneficiaria del régimen de transición, aunado al hecho que le faltaban menos de 10 años para cumplir la edad para acceder a la pensión de vejez.

Propuso las excepciones de mérito de inexistencia del derecho reclamado y de vicios en el consentimiento que genere nulidad, prescripción, caducidad y buena fe (f.° 157 a 184, ibidem).

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Radicación n.° 93631

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 13 de marzo de 2020 (f.° 235 a 237, ibidem) dispuso lo siguiente: PRIMERO: DECLARAR la Nulidad del traslado de régimen pensional efectuado por la señora DORYS SORAIDA ESTUPIÑÁN MARTÍNEZ al régimen de ahorro individual con solidaridad de fecha de 28 de enero de 1997, por intermedio de la AFP COLFONDOS S. A. y, en consecuencia, declarar como afiliación

válida la del régimen de prima media con prestación definida, administrada hoy por Colpensiones, todo como se dijo en las consideraciones dadas con antelación.

SEGUNDO: CONDENAR a la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A. para que traslade los aportes pensionales, cotizaciones o bonos pensionales, con todos sus frutos e intereses sin deducción alguna por concepto gastos de administración y seguros de invalidez y sobrevivencia contenidos en la cuenta individual de la señora DORYS SORAIDA

ESTUPIÑÁN MARTÍNEZ, a Colpensiones.

TERCERO: CONDENAR a esta última administradora de Pensiones Colpensiones para que active la afiliación de la aquí demandante al régimen de prima media con prestación definida y actualice su historia laboral.

CUARTO: DECLARAR no probados los medios exceptivos propuestos por la administradora que conforman el extremo pasivo.

QUINTO: Costas a cargo de las demandadas inclúyase como agencias en derecho la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000) a cargo de cada una de ellas y a favor de la parte actora.

SEXTO: En caso de no ser apelada la presente decisión deberá consultarse con el superior en cuanto resultó adverso a Colpensiones dada la naturaleza jurídica de ésta.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación n.° 93631 La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación propuesto por Porvenir S. A. y Colfondos S. A., así como el

grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, por decisión del 31 de agosto de 2020 (f.° 244 - 300, segunda instancia, expediente digital), revocó la del a quo, en su lugar, absolvió a las entidades demandadas, impuso costas a cargo de la petente en primer grado y sin ellas en segunda instancia. Indicó que, en el sub lite, la demandante peticionó la nulidad del acto de traslado al considerar que se incurrió en un error de hecho, sin embargo, los supuestos constitutivos de engaño que se alegaron en la demanda, como la falta de información sobre los aspectos que regulan cada régimen, no se constituyen en un yerro fáctico, sino de derecho y al tenor de lo dispuesto en el artículo 1509 del Código Civil, no se configura un vicio del consentimiento de quien lo prestó. Igualmente, que; i) la ignorancia de la norma no es excusa y en ese sentido todos los aspectos regulatorios del tema pensional se encontraban en la ley; ii) si se aceptara que lo alegado fue que hubo un engaño, el mismo no estaba probado; iii) la accionante confesó que lo que pretendía era la vinculación al régimen de ahorro individual, voluntad que reiteró en el año 2001 con su traslado a Porvenir S. A.; iv) respecto de la causal de ineficacia consagrada en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, es una norma sancionatoria cuya aplicación no le competía a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, sino a la autoridad administrativa; v) en

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Radicación n.° 93631 cualquiera de los regímenes, el monto de la pensión se define al momento de la causación del derecho o de su exigibilidad y; vi) accionante no podía regresar al de prima media, teniendo en cuenta el canon 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003 y la sentencia CC T10242004. En lo que interesa al recurso de casación, se apartó de lo decidido en los fallos de tutela emitidas por esta Sala de la Corte, entre ellas, CSJ SLT3191-2020, CSJ STL3186-2020, CSJ STL3200-2020, CSJ STL 3202-2020 al considerar que: [...] se encuentra que la mayoría de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de sentencias emitidas en el tribunal mediante las cuales no se concedió la nulidad o ineficacia del acto de traslado del RPM al RAIS, porque en ellas se hizo referencia al régimen de transición, aspecto que en este proceso no se tiene en cuenta, aunado a que la actora no era beneficiaria de él y al formulario de afiliación como prueba del consentimiento informado, situación que tampoco se expresa en esta sentencia porque las conclusiones que se derivan en la presente decisión se refiere a las pruebas que obran en el expediente, y en especial a los hechos expuestos en la demanda.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Dorys Soraida Estupiñán Martínez, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que la Sala «case totalmente» la providencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme el fallo

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Radicación n.° 93631 de primer grado y provea en costas (f.° 6, demanda de casación, expediente digital de la Corte). Con tal propósito, formula un cargo por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida, el cual fue objeto de réplica por parte de Colpensiones y Porvenir S. A.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de violar por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los cánones: […]1°, 2°, 3°, 4°, 10, 13 literal b), 33, 64, 68 271, 272, 288 de la ley 100 de 1993, en consonancia con el numeral 1) del artículo 97 del decreto 663 de 1993, arts. 4,14 y 15 del decreto 656 de 1994, así como los artículos 2, 9, 10 y 23 de la Ley 797 de 2003, artículos 1º, 2º y 10º del decreto 720 de 1994. Artículos 1º y 4º del Decreto 3800 de 2003 al igual que el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 de 1990 en concordancia con los artículos 1510, del Código Civil y 48 y 53 de la Constitución Política, en relación con los artículos 164 y 167 del CGP, aplicables al procedimiento laboral por expresa remisión del artículo 145 del CPTSS y el artículo 29 de la Constitución Política, estos últimos como violación de medio,

Plantea como errores de hecho los que a continuación enlista:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS S. A. y la AFP PORVENIR engañó y asaltó en su buena fe al demandante para que se trasladara del Régimen de Prima Media administrado por el I.S.S., al Régimen de Ahorro Individual al que pertenece dicha administradora como consecuencia de la falta de información adecuada y completa al momento del traslado.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que por el simple hecho de haber firmado la demandante el formulario de afiliación al

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Radicación n.° 93631 régimen de ahorro individual era suficiente para probar que la sociedad administradora de fondos de pensiones suministró a la afiliada información suficiente sobre las consecuencias que ello acarrearía para su futuro pensional.

3. Dar por demostrado sin estarlo, de acuerdo con lo anterior, que por el hecho del traslado vertical de fondos privados el actor actuó debidamente informado, sin haber recibido la asesoría adecuada por parte del Fondo de pensiones al que se encontraba afiliado.

4. Dar por demostrado, contra la evidencia, que el traslado de la actora al RAIS fue de manera libre y voluntaria cuando el fondo demandado como lo ha exigido la Corte en reiterada jurisprudencia debe demostrar la diligencia y cuidado en su actuación al momento de proceder al traslado de régimen de un afiliado suministrándole la información adecuada y necesaria

para la toma de esa decisión.

5. No dar por demostrado, estándolo, que a pesar de haberse consignado en el formulario de afiliación que la decisión del traslado había sido de “manera libre y voluntaria y sin presiones”, a la afiliada jamás se le suministró información real y completa sobre las consecuencias de tal manifestación de voluntad, como debió haberlo hecho el fondo de pensiones demandado.

6. Dar por demostrado sin estarlo que la demandante no sufrió ningún perjuicio por el hecho de trasladarse de régimen pensional, cuando el fondo de pensiones privado demandado no cumplió con la obligación de brindar información suficiente y adecuada para tomar esa decisión.

7. Dar por demostrado sin estarlo, que, por las características propias del régimen pensional, NO SE DEMOSTRARON los perjuicios causados por la APF COLFONDOS S. A y la AFP PORVENIR S. A respecto de la situación pensional de la demandante, concluyendo erróneamente que no se probó un vicio de consentimiento cuando claramente se perjudicó a la demandante al no suministrar la debida información al momento de suscribir los formularios de afiliación actuando sin la diligencia y cuidado exigidas por la ley y señaladas por esa H.

Corte en reiterada jurisprudencia.

8. No dar por demostrado estándolo que el traslado de la actora al Fondo de Pensiones COLFONDOS S. A. y posterior traslado vertical a PORVENIR S. A. fue ineficaz por cuanto dichas entidades no suministraron la debida información, buen consejo y asesoría al demandante al momento de tomar la decisión.

9. Dar por demostrado sin estarlo, que el acto de afiliación, correspondió a un error de derecho por parte de la demandante y que por lo tanto, no se configura un vicio del consentimiento,

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Radicación n.° 93631 cuando claramente y frente a los hechos del proceso no se está ante un yerro de carácter jurídico, sino un error de hecho y como lo ha dicho la H. Corte, le corresponde a los fondos demandados demostrar haber asesorado a la actora en debida forma al momento de la firma del formulario de afiliación porque este mismo en sí, no prueba esa adecuada asesoría.

10. No dar por demostrado estándolo que los dos fondos de pensiones demandados, COLFONDOS S. A. y PORVENIR S. A. jamás asesoraron a la demandante sobre su situación pensional y la conveniencia o no de permanecer en el RAIS o trasladarse a prima media y menos sobre el monto de una futura asignación pensional.

11. Dar por demostrado sin estarlo que declarar el TRASLADO de régimen en estas condiciones, vulnera el principio de solidaridad y de sostenibilidad financiera del sistema.

Lo anterior, teniendo como pruebas calificadas y erróneamente valoradas, las siguientes: i) cédula de ciudadanía de la petente; ii) historia laboral de la demandante expedida por Porvenir S. A.; iii) formulario de inscripción a la AFP Horizonte (hoy Porvenir S. A), el 2 de noviembre de 2001; iv) expediente en Colpensiones; v) reclamaciones administrativas y respuestas. vi) estudio

actuarial; vii) certificado de afiliación de Porvenir S. A; viii) comunicado de prensa sobre las AFP. ix) constancia de afiliación Colfondos S. A.; x) interrogatorio de parte de la actora (f.° 10 ibidem). En la demostración de la acusación, inicia con la exposición de los fundamentos que tuvo el colegiado para revocar la decisión del a quo. Luego, anota que a pesar del sustento jurídico y fáctico en los argumentos del ad quem, este no tuvo en cuenta la reiterada jurisprudencia de esta Corte, vertida en las sentencias CSJ SL4025-2021, con referencia en las otras CSJ SL19447-2017; CSJ SL19447SCLAJPT-10 V.00 9 Radicación n.° 93631 2018; CSJ SL4964-2018; CSJ SL4426-2019, CSJ SL16882019; CSJ SL3464-2019; CSJ SL1452-2019; CSJ SL16892019 y CSJ SL782-2021 que memoró la CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, donde ha advertido que los fondos de pensiones tienen la obligación de proporcionar al usuario información completa, siendo su deber profesional indicarle sobre las consecuencias que el traslado de régimen acarrea de cara a una decisión tan trascedente como lo es su futuro pensional. Refiere que, no basta con que en el formulario conste que la afiliación «obedeció a una decisión libre, espontánea y sin presiones», como erróneamente lo concluyó el Tribunal,

cuando, lo que se echa de menos es la evidencia de haberse suministrado información veraz y suficiente. Expresa que con el interrogatorio de parte y demás pruebas calificadas, se demuestra en forma clara y precisa que en ningún momento el ente accionado, suministró la ilustración adecuada para tomar la decisión de trasladarse del régimen de prima media al de ahorro individual. Se equivoca el colegiado al señalar que ella validó su afiliación al RAIS porque solamente vino a reclamar la ineficacia de dicho acto, cuando estuvo en desacuerdo con el monto pensional del RAIS, si claramente en reiterada jurisprudencia la Corte ha sostenido que se deriva de la falta de adecuada información suministrada por el fondo al momento del traslado, sin importar el tiempo trascurrido porque en este caso no es aplicable el fenómeno prescriptivo

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Radicación n.° 93631 o la convalidación por el paso del tiempo. También yerra en forma protuberante el ad quem, cuando manifiesta que no se demostró el vicio del consentimiento, pese que a quien le corresponde probar la adecuada diligencia es a la administradora, y no lo hizo.

VII. RÉPLICA Colpensiones esboza que la sentencia impugnada no es violatoria por vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de la ley sustancial, por cuanto las pruebas fueron validadas a la luz de la normatividad vigente para la fecha.

Sostiene que no hay evidencia siquiera sumaria que sustente la simple afirmación respecto a la insuficiencia de

información y de los medios acreditación señalados por la censora, se desprende notoriamente la ausencia de un vicio en el consentimiento al momento de su afiliación en el RAIS o, en su defecto, la inducción a error que se le atañe a la administradora. También esgrime que Porvenir S. A., sí le entregó los datos necesarios, de conformidad con el Decreto 663 de 1994, para la realización del tránsito del RPM al RAIS, la cual fue voluntaria y libre de vicios, teniendo en cuenta que la señora Estupiñán Martínez, se trasladó en el año 1997, momento que corresponde a la primera etapa en la que regía el Decreto 663 de 1993 y únicamente obligaba a las administradoras a «suministrar a los usuarios de los servicios

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Radicación n.° 93631 que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen», aspecto que se encuentra debidamente demostrado con el formulario de afiliación, aportado por la AFP, donde aparece registrada la firma de la accionante, documento que no fue tachado de falso, desconociendo que «ya se encuentra disfrutando de la pensión de vejez reconocida por el fondo privado (sic)». Agrega, que la actora no podía regresar al RPMPD, pues le faltarían menos de diez años para cumplir los requisitos para acceder a la pensión, tal como lo dispone la Ley 100 de 1993. Porvenir S. A., plantea que el cargo presenta ciertas falencias, i) a pesar de que la acusación se orienta por la

senda de los hechos, varios de los yerros imputados no son de índole fáctica, en cuanto se refieren a la aplicación de normas legales y a reglas jurisprudenciales y es forzoso concluir que su sola enunciación no es suficiente para controvertirlos, pues para ello era necesario que se explicaran detalladamente las razones por las cuales son desacertados de cara a lo que acreditan las pruebas del proceso; ii) no explica las fallas respecto de varias de las pruebas que considera mal valoradas, solo se analiza el formulario de afiliación; iii) al no existir ningún argumento debidamente particularizado sobre los medios de convicción, es forzoso concluir que no existe respecto de ellos la demostración de una incorrección evidente. También señala que; i) la recurrente nada dice del

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Radicación n.° 93631 documento que obra a folio 61 a 70 del cuaderno principal, del cual el Tribunal extrae como conclusión que «la razón genuina para promover la presente acción se contrae en la inconformidad sobre el monto de la posible mesada pensional»; ii) no hay yerro evidente y ostensible en las pruebas a las que se refiere la acusación, pues del formulario de inscripción no dedujo que a la actora le fue suministrada información sino que «la manifestación de voluntad se encuentra plasmada en el formulario y reconocida en el interrogatorio de parte, y el traslado cumple con los requisitos señalados en la ley vigente para la época en que ocurrió»; vi) en ninguna parte del fallo impugnado se dijo que en el

formulario conste que la afiliación «obedeció a una decisión libre, espontánea y sin presiones al a afiliado», como erróneamente lo argumenta la censura. Además de las anteriores falencias técnicas, señaló que no se dan los presupuestos para declarar la ineficacia deprecada ya que, i) la circunstancia de que la AFP tuviera algunas responsabilidades profesionales no es excusa para que la demandante, por su cuenta, no haya debido indagar sobre las implicaciones que tendría el paso al régimen pensional; ii) las afirmaciones efectuadas por la actora no pueden ser consideradas como negaciones indefinidas que den lugar a un cambio de la carga de la prueba, en cuanto corresponden a la falta de información de hechos, situaciones o derechos puntuales o concretos; ii) las normas legales aplicables para cuando se hizo traslado no establecían obligaciones como la comparación entre los montos de las pensiones; iii) la promotora del pleito ha

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Radicación n.° 93631 ejecutado muchos actos que demuestran su intención inequívoca de seguir vinculada al RAIS, como la solicitud de documentación de saldos, asignación de claves.

VIII. CONSIDERACIONES Es cierto que la demanda de casación no es un modelo a seguir, como lo apuntala la oposición, no obstante del mismo logra inferir la Sala que, el distanciamiento de la censura con la sentencia fustigada radica esencialmente en que el Tribunal con la sola apreciación del formulario de afiliación concluyera que la afiliación «obedeció a una

decisión libre, espontánea y sin presiones al afiliado», lo que resulta un yerro protuberante que no se acompasa con la línea jurisprudencial expuesta por esta Corporación frente a los tópicos referentes a la obligación de obtener un consentimiento informado ante el acto jurídico, la carga de la prueba sobre este deber, lo relacionado a los vicios del consentimiento y que para la ineficacia de traslado no se requiera una expectativa o derecho causado para que esta proceda. En atención a lo previo la Corporación pasa a resolver las siguientes cuestiones: 1. ¿Es suficiente la simple manifestación del usuario de que la selección de régimen fue libre y voluntaria para dar por válido el acto jurídico del traslado?

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Radicación n.° 93631 2. ¿El juez laboral puede aplicar las consecuencias frente a los supuestos establecidos en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993? 3. ¿La carga de la prueba en estos casos recae en el afiliado o en el fondo de pensiones? 4. ¿El precedente jurisprudencial de esta Corte en torno a al tema referenciado, solo tiene cabida cuando la persona cumple los requisitos pensionales o está cerca a causar el derecho? 5. ¿El tránsito de una sociedad administradora a otra implica o convalida la información necesaria en los términos del canon 13 de la Ley 100 de 1993?

En efecto:

1. Necesidad de un consentimiento informado En nutrida jurisprudencia de esta Corte, se ha determinado que sin perjuicio de las varias etapas históricas que han regulado el tema sub lite, desde la creación e

implementación del sistema general de pensiones y la existencia de las administradoras privadas, se estableció también en cabeza de estas entidades el deber de ilustrar a sus potenciales afiliados, en forma clara, precisa y oportuna, de las características de cada uno de los dos regímenes pensionales, con el fin de que pudieran tomar decisiones informadas.

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Radicación n.° 93631 Se ha reiterado que la expresión libre y voluntaria que exige literal b), artículo 13 de la Ley 100 de 1993, necesariamente presupone conocimiento, lo cual solo es posible alcanzar cuando se saben a plenitud las consecuencias de una determinación de esta índole. En ese sentido, la Corte ha dicho que no puede alegarse «que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica» de allí que desde el inicio haya correspondido a las AFP dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito (CSJ SL1688-2019). Así se refirió, entre otras, en providencia CSJ SL16892019, en la cual discurrió: En armonía con lo anterior, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1.° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la

mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado». De esta manera, como puede verse, desde su fundación, las sociedades administradoras de fondos de pensiones tenían la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de la información suficiente y transparente que permitiera al afiliado elegir entre las distintas opciones posibles en el mercado, aquella que mejor se ajustara a sus intereses. […]. Ahora bien, la información necesaria a la que alude el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero hace referencia a la descripción

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Radicación n.° 93631 de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones. Por lo tanto, implica un parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado. […]. En concordancia con lo expuesto, desde hace más de 10 años, la jurisprudencia del trabajo ha considerado que dada la doble calidad de las AFP de sociedades de servicios financieros y entidades de la seguridad social, el cumplimiento de este deber es mucho más riguroso que el que podía exigirse a otra entidad financiera, pues de su ejercicio dependen caros intereses sociales, como son la protección de la vejez, de la invalidez y de la muerte. En concordancia con lo anterior, esta Corporación de

antaño, entre otras, en sentencias CSJ SL12136-2014, CSJ SL17595-2017, CSJ SL19447-2017, CSJ SL1452-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL3464-2019 y CSJ SL4360-2019, CSJ SL1217-2021, ha sostenido la tesis que impone considerar que la mera suscripción de los formularios de afiliación y/o traslado por parte de los asegurados en tratándose del debate respecto del régimen pensional al que desean pertenecer, no constituye plena prueba para establecer como verdad procesal su real consentimiento informado sobre las consecuencias de tal actuación, teniendo en cuenta lo diametralmente importante que resultaba la toma de dicha decisión para su futuro máxime cuando los referidos documentos no son más que formas predeterminadas y pre-impresas que contienen un sinnúmero de preceptivas muchas veces incomprensibles para el afiliado. Y a lo sumo es demostración del consentimiento, pero no informado.

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Radicación n.° 93631 Así mismo, advierte el juzgador de alzada que la solicitud de la demandante de retornar a Colpensiones no se efectuó dentro de los plazos previstos, según las sentencias de la Corte Constitucional CC-C789.2002, CC SU0622010 y CC SU130-2013, que citó en la providencia; sin embargo, resultaría impertinente centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la

limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la ineficacia del traslado efectuado a la AFP Horizonte hoy Porvenir S. A (CSJ SL1475-2021).

2. De la competencia de los jueces para aplicar los supuestos establecidos en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993

Por otra parte, el juez colegiado sostuvo que el régimen sancionatorio establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, para cuando se atentaba contra el derecho a la libre elección de sistema pensional, sólo podría ser aplicado por las autoridades administrativas que en él se indican, léase Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, quienes serían los competentes para imponer como consecuencia principal una multa y una penalidad accesoria que deja sin efecto la afiliación para que pueda hacerla nuevamente. Si bien, la norma citada otorga competencia a la primera de las entidades mencionadas para investigar y sancionar al empleador y a cualquier persona que impida o atente contra el derecho del trabajador, también lo es que, de la lectura de

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Radicación n.° 93631 la disposición se colige que en ella se establece como resultado de la falta al deber de información que agrede el derecho a la libre elección o selección del régimen, dejarla sin efectos, lo que implica jurídicamente su ineficacia y, en este sentido, si se cuestiona la falta a dicha obligación le corresponde al juez laboral dirimir el asunto en los términos del artículo 11 del

CPTSS, modificado por el precepto 8° de la Ley 712 de 2001. Al respecto, esta Corporación en sentencia CSJ SL 4322-2022, precisó: […] Al respecto, es deber advertir que independientemente de la competencia asignada a las autoridades administrativas para aplicar el régimen sancionatorio dispuesto por la norma materia de análisis, lo que verdaderamente es importante para estos casos, es que en ella se establece la consecuencia jurídica de la falta al deber de información que agrede el derecho a la libre elección o selección del régimen pensional, que no es otra que la afiliación queda sin efecto, lo que implica jurídicamente su ineficacia. En esa línea, si la controversia se plantea por la vía judicial y no administrativa - que también es otra opción para el afiliado, sin perjuicio de los efectos de la cosa juzgada con relación a la decisión adoptada por la autoridad judicial - es obligación del juez laboral resolverla, puesto que su competencia deriva del artículo 11 del CPTSS, modi