CSJ - SL1412-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1412-2023 Radicación n.°63134 Acta 021 Bogotá, D. C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por HUMBERTO GONZÁLEZ ESCOBAR y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 7 de mayo de 2013, en el proceso que aquel instauró contra esta. ANTECEDENTES Humberto González Escobar, litigando a nombre propio, llamó a juicio a Seguros Generales Suramericana SA, con el fin de obtener «[…] un ajuste a la pensión de jubilación, por 444 semanas trabajadas desde junio 13 de 1960 hasta marzo 2 de 1969, periodo que no esté (sic) incluido en mi

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Radicación n.° 63134 pensión. Que este ajuste se haga de acuerdo con la suma y en el porcentaje que se demuestra en el anexo No. 1». Igualmente, solicitó que lo pretendido se hiciera efectivo desde 1992, cuando cumplió 60 años de edad, y la indexación de las condenas. Fundamentó sus peticiones, en que laboró al servicio de la accionada, desde el 13 de junio de 1960 hasta el 4 de octubre de 1976, por espacio de 16 años y 4 meses; que por aquella época la empresa tenía el deber de pensionar a sus servidores de conformidad con el artículo 260 del CST, hasta

el año 1969 cuando el ISS asumió los riesgos en la ciudad de Barranquilla, donde trabajó. Informó que después de su retiro, se vinculó con otras empresas, hasta 1989 cuando se lo impidió un accidente automovilístico; que, para el año 1992 cuando cumplió 60 años de edad, solicitó la pensión de vejez al ISS, la cual le fue reconocida en 1994 con las 826 semanas cotizadas directamente a esta entidad, cuando, de tener en cuenta los 444 septenarios equivalentes a los 16 años y 4 meses en que prestó servicios para Suramericana sin afiliación al ISS, la pensión debía incrementarse al 90% del IBL. Al dar respuesta a la demanda, Seguros Generales Suramericana SA se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la existencia de la relación laboral y que la empresa afilió al actor al ISS para los riesgos de invalidez, vejez y muerte en febrero de 1969, cuando inició la cobertura

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Radicación n.° 63134 en la ciudad de Barranquilla; señaló, que los demás hechos no le constaban y debían verificarse a través de Colpensiones. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de causa, buena fe, cobro de lo no debido, y prescripción. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante decisión del 13 de agosto de 2012, declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de causa y cobro de lo no debido. En consecuencia,

absolvió a la pasiva. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 7 de mayo de 2013, resolvió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada, para en su lugar CONDENAR a la demandada SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A. a reconocer y pagar al demandante HUMBERTO GONZÁLEZ ESCOBAR una pensión de jubilación por retiro voluntario, a partir del 16 de diciembre de 1992, en cuantía inicial de $442.715,00, con arreglo a lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar probada la excepción de prescripción sobre las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 11 de

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Radicación n.° 63134 junio de 2008. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que se encontraba acreditado que el actor laboró para la compañía accionada desde el 13 de junio de 1960 hasta el 1° de octubre de 1976; que el vínculo terminó por renuncia del trabajador (f.° 7, 94, 194 y 195); que la convocada a juicio afilió al señor González Escobar al ISS, en la ciudad de Barranquilla, el 3 de febrero de 1969 (f.° 82 y 91 a 93), así como, que la evocada administradora le reconoció la pensión de vejez, que se pudo evidenciar en desprendible de pago de dicha prestación, para julio de 2011 (f.° 17).

Trató el tema del «[…] deber de interpretación de demandas imprecisas que le asiste al operador judicial», de acuerdo a los parámetros establecidos en la sentencia CSJ SL 22923-2005, de la cual transcribió algunos apartes y en virtud a la misma, dedujo que, del libelo genitor y su subsanación se entendía que la aspiración del accionante era el reconocimiento de la pensión restringida de jubilación contenida en el artículo 8 de la Ley 171 de 1961, por retiro voluntario con más de 15 años de servicio para Suramericana. Analizó los requisitos contenidos en la evocada normatividad y corroboró que, el señor González Escobar laboró del 13 de junio de 1960 al 1° de octubre de 1976 por el lapso de 16 años, 3 meses y 18 días para Suramericana; que su renuncia fue aceptada por la compañía empleadora; que a pesar de que fue afiliado al ISS el 3 de febrero de 1969, cuando contaba con menos de 10 años de servicio, tenía

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Radicación n.° 63134 derecho al reconocimiento de la pensión restringida de jubilación por retiro voluntario después de 15 al servicio de aquella, dado que «[…] esta clase de pensiones no quedaron comprendidas dentro de las que asumió el ISS con motivo de la expedición del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de la misma anualidad». Respaldó esta intelección con apartes de la sentencia CSJ SL 41394-2011. Consecuente con lo anterior, señaló que el actor tenía

«[…] derecho a acceder a la pensión anhelada, a partir del 16 de diciembre de 1992, atendiendo su fecha de nacimiento, de la que dan cuenta los formularios de afiliación al ISS, folios 82 y 91, en la suma de $442.715.00». Para liquidar la prestación atendió los parámetros contenidos en la sentencia CSJ SL 31222, 13 dic. 2007, que incluyó la indexación de la primera mesada pensional. Coligió que había lugar a declarar probada la excepción de prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 18 de junio de 2008, atendiendo las previsiones del artículo 151 del CPTSS, con base en la data de interposición de la reclamación presentada ante la confutada, (f.° 9 a 11). RECURSOS DE CASACIÓN Interpuestos por ambas partes, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se resuelven en su orden.

i) PROPUESTO POR HUMBERTO GONZÁLEZ

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Radicación n.° 63134

ESCOBAR.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente: 1° Que no se declare la prescripción de las mesadas pensionales, anteriores a junio de 2008, derogando por esta impugnación, la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá en este proceso, que no aplicó el artículo 48 de la Constitución, que contiene el Acto Legislativo 001 de 2005. 2° Que se subsane la grave omisión de la Sentencia acusada, al aplicar y ordenar el pago de los intereses, que concede el art. 141 de la Ley 100 de 1993 y que se causan sobre las pensiones que

se pagarían atrasadas. Con tal propósito formula dos temáticas diferentes que para efectos del recurso han de entenderse como cargos separados, por la causal primera de casación, que se encuentran exentos de réplica. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, en los siguientes términos: Prescripción (aplicación indebida – falta de aplicación) Ninguna atención puso el Tribunal cuando estudió la prescripción en esta litis aplicando un artículo (el 488 del CST y el 151 del CPT), que ninguna de las partes había alegado en el proceso. Sí (sic) Suramericana hubiera hecho mención de este artículo, yo lo hubiera controvertido con mis razones. Por ello se violó abiertamente el art. 2513 del Código Civil, que exige que la prescripción sea alegada por el demandado, o sea que se sustente jurídicamente […]. Yo hablé de las formas más equitativas como el art. 50 de la Ley (sic) 758 de 1.990, que dice que las mesadas pensionales prescriben en 4 años (no se utilizó); que el art. 2360 del Código

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Radicación n.° 63134 Civil declara imprescriptibles las rentas Vitalicias (sic). Podría habérseme aplicado la ley (sic) 100 que es un verdadero Código sobre pensiones y que en ella el legislador, omitió a conciencia considerar que estas pensiones pudieran prescribir, afirmando en toda la ley que eran rentas vitalicias y por lo tanto imprescriptibles. Cité el Art. 48 de la constitución que contiene

el acto Legislativo 01 de 2005, también hace imprescriptibles las mesadas pensionales. […] CONSIDERACIONES A pesar de que el cargo presenta impropiedades de carácter técnico, como cuando acusa la «[…] falta de aplicación y la aplicación indebida de los preceptos que regulan la prescripción»; circunstancia que por sí misma daría al traste con el ataque, dado que la primera implica haber ignorado el precepto o no reconocerle validez, mientras la segunda supone claridad sobre la norma, pero se asigna a un hecho no regulado por ella y que, también carece la rogativa de alcance de la impugnación, pues no se indica a la Corte qué hacer frente a la sentencia de segundo grado; entiende la Sala que el recurrente plantea una controversia hermenéutica tendiente a demostrar que erró el colegiado al declarar probada la prescripción de las mesadas pensionales, dada la presunta inoperancia de dicha figura, compartiendo el reconocimiento que en su favor se dictó, lo que comporta una casación parcial del fallo impugnado por la presunta violación de la norma sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea, para acceder a la pretensión íntegra planteada.

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Radicación n.° 63134 Así las cosas, de entrada, debe resaltar la Sala que los argumentos del censor no están llamados a prosperar, comoquiera que, en primer lugar, se equivoca cuando estima que la excepción de prescripción no fue propuesta ante el juzgado primigenio; basta leer la respuesta a la demanda

para corroborar que lo fue. Adicionalmente, se recuerda que para el estudio de dicho medio exceptivo no hay que aludir a ninguna norma en especial ni exponer argumentos. En sentencia CSJ SL2194-2018, recuerda la sala: […] Empero, también brota insoslayable la circunstancia de que en tratándose de la excepción de prescripción, tal como lo ha enseñado de antaño esta Corte, su planteamiento no requiere de motivación especial, pues dada su propia naturaleza se sobreentiende que con su invocación se quiere significar simplemente que los derechos pretendidos no fueron reclamados dentro de los términos previstos por la ley para que puedan ser exigibles judicialmente al empleador (sentencia del 30 de septiembre de 2002, radicación 18671). De ahí la vieja doctrina extranjera, citada en la sentencia del 11 de enero del 2000, radicación No. 5208, Sala de Casación Civil, soportada en que “derecho que no se manifieste equivale a un derecho que no existe, porque lo cubre el olvido y lo sepulta el silencio de los años”. Menester resulta precisar que el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo debe acompasarse con lo instituido en el 151 del mismo estatuto adjetivo, precepto éste que evidencia que el propio legislador le fijó alcance y consecuencias concretas a la figura de la prescripción, en cuanto fuente de extinción de las obligaciones laborales por el simple transcurso del tiempo, sin ponerle más condicionamientos o aditivos. Ahora bien, frente al status de pensionado la

corporación de manera reiterativa ha puntualizado que dicha calidad no fenece con el transcurrir del tiempo porque es una condición del individuo cuya titularidad no prescribe. Sin embargo, en relación a las mesadas causadas y no

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Radicación n.° 63134 reclamadas oportunamente al gozar de dicha calidad, por tratarse de una obligación de tracto sucesivo puede operar ese fenómeno extintivo. Sobre el particular en sentencia CSJ SL4222-2017, ilustra la corte: […] En las materias del derecho del trabajo y la seguridad social, sabido es, como ya se recordó por la Corte en la sentencia atrás citada, que son dos los preceptos que de manera general y con el carácter de orden público reglan la prescripción extintiva de la acción o del derecho: los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: el primero, en lo correspondiente a los derechos regulados en ese cuerpo normativo y, el segundo, en lo que tiene que ver con el ejercicio de las acciones que emanan de las leyes sociales. Pero es importante subrayar que ambas disposiciones contemplan una prescripción trienal cuyo término de consolidación empieza a correr desde la ‘exigibilidad’ de la respectiva obligación. También en ambas no basta para la pérdida o extinción del derecho el simple paso del tiempo previsto en la ley, sino que se requiere, además, la inactividad en el derecho o en el ejercicio de la acción durante ese mismo tiempo, pues a decir de la segunda disposición, la simple reclamación

escrita del trabajador, recibida por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinados, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso de tiempo igual. De ese modo, la prescripción extintiva de acciones y derechos en estas materias opera atada no solamente al transcurso de un tiempo de inactividad previsto en la ley, con la posibilidad de ser interrumpido mediante una reclamación formal y singularizada, sino también, a la de la ‘exigibilidad’ de la obligación demandada, entendida ésta como la posibilidad de hacerse efectiva o ejecutable sin necesidad de advenimiento de hecho alguno, pues cuenta con la característica de ser pura y simple; o porque estando sometida a plazo o condición, se ha producido el fenecimiento de aquél o el cumplimiento de ésta. La exigibilidad de la obligación apunta, adicionalmente, a su ejecución instantánea o a su desarrollo en un lapso de tiempo determinado o indeterminado, calificándose en la primera situación la obligación como de ‘tracto único’, en tanto que en el segundo caso como de ‘tracto sucesivo’. La pensión de naturaleza laboral es una de las obligaciones calificadas como de ‘tracto sucesivo’, por cumplirse las prestaciones que de ella se derivan bajo cierta periodicidad, es decir, de manera continuada por mesadas o mensualidades,

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Radicación n.° 63134 generalmente, hasta el cumplimiento del plazo o condición a que se hubiere sometido, si es temporal; o hasta el fallecimiento del trabajador o de sus sobrevivientes, en caso de ser vitalicia y aún

susceptible de ser sustituida. Y por contar con la naturaleza de obligación de ‘tracto sucesivo’ es por lo que es dable atribuir la imposibilidad de prescribir el derecho que de ella dimana, pues ésta, como ocurre con el contrato civil de renta vitalicia (artículo 2300 Código Civil) --que en la mayoría de sus características a ésta se asemeja--, no comporta una prestación única de ejecución instantánea, o fraccionada o diferida a su vez en prestaciones parciales y fragmentarias, último caso para el cual es posible acelerar su plazo o caducarlo bajo ciertos supuestos, y, por tanto, hacerla exigible en su totalidad por ser al final una sola, sino, cuestión bastante distinta, una pluralidad de prestaciones que se causan a medida que transcurre la periodicidad por la que están regidas, básicamente, por la sobrevivencia de su titular según se ha dicho, por manera que, siendo una pluralidad de prestaciones que se ejecutan a medida que transcurre el tiempo, y no única prestación susceptible de ejecutar en un sólo momento, cada una de tales prestaciones constituye un acto autónomo frente a las demás y, por ende, un acto ‘exigible’ en su particular período, momento o fecha de causación. Cosa distinta puede decirse de cada una de las prestaciones insatisfechas en su respectivo plazo o fecha, por cuanto habiéndose adquirido por éstas la connotación de ‘exigibles’, el plazo de extinción por vía de la prescripción se cumple al vencimiento del término respecto de cada una de ellas. Esta es la razón para que la Corte haya sostenido insistentemente que si bien la pensión laboral es por naturaleza imprescriptible, las

mesadas periódicas sí prescriben, obviamente, en tanto y en cuanto se las tenga como causadas, no satisfechas y se hubiere cumplido el término trienal sin que se persiguiere judicialmente y de manera idónea su respectivo pago. La anterior posición, se encuentra vigente actualmente conforme a lo señalado en sentencia CSJ SL4003-2022 en la que la Corporación, afirma:

6. PRESCRIPCIÓN.

Ahora bien, la demandada propuso la excepción de prescripción, establecida en el artículo 151 del CPTSS, bajo el entendido que las acciones que emanen de las leyes sociales del trabajo prescriben en tres años desde que la obligación se haya hecho exigible, con la posibilidad de que el simple reclamo escrito sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe

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Radicación n.° 63134 dicho plazo por un lapso igual al inicial. En ese orden, dado que la prestación de vejez como tal no prescribe por tratarse de un derecho social de carácter periódico, el término extintivo solamente afecta aquellas mesadas individualmente consideradas, no reclamadas en el citado periodo trienal. Así las cosas, es menester acotar, que en asuntos del trabajo, de los cuales hace parte la seguridad social, la prescripción corresponde al término trienal consagrado en los artículos 488 y 489 del CST y 151 del CPTSS, mas no el de cuatro años que de forma desacertada expone el recurrente, dado que el precepto 50 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, tiene aplicación

exclusiva en los trámites que se surten frente a reclamaciones formuladas al ISS hoy Colpensiones, en sede administrativa, tal y como lo ha recordado la Sala en múltiples oportunidades, entre otras, en las sentencias CSJ SL 35506, 10 mar. 2009, reiterada en las CSJ SL6688-2014, y CSJ SL1458-2015, de la siguiente forma: Al respecto se ha de precisar que tiene sentado la Corte el criterio de que la prescripción del artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990, opera para las reclamaciones ante el Instituto de Seguros Radicación n.° 472919 Sociales y no para acudir ante la justicia ordinaria laboral, toda vez que en este último evento se aplica el término de prescripción de tres años previsto en los artículos 448 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En sentencia de 25 de julio de 2002, rad. N° 17771, reiterada recientemente en fallo de 5 de noviembre de 2008, rad. N° 32749, sostuvo la Sala textualmente: “No obstante el contenido de las disposiciones acusadas que establecen una prescripción de 4 años para el reconocimiento de la mesada pensional, estima la Corte que no son las que gobiernan el tema que se debate, pues debe entenderse que tal regulación impera frente a reclamaciones ante el ISS, pero no, como en el presente caso en que son de aplicación los artículos 488 del C .S. T. y 151 del C. P. del T., que son las normas que

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regulan la prescripción para las acciones judiciales, las cuales no fueron denunciadas en el cargo”. En este orden, sin asistirle razón al casacionista en lo que arguye, el ataque no prospera. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, en lo relacionado con: Intereses (falta de aplicación) En la demanda solicité «pretensiones c) el reconocimiento de intereses que haya que cancelar». Por litigar en causa propia y ser abogado, no estaba obligado a presentar los fundamentos y argumentos jurídicos, pero pedí, sí, que se aplicase a mi favor la ley (sic) 100 de 1993. Esta trae en mi caso el art. 141 que dice […]. También aduzco al respecto, la sentencia C-601 de 2000 que dice «[…] de no existir reconocimiento del legislador (por lo tanto del JUEZ) de los intereses en mora a favor del pensionado, se convertirían en irrisorias, las mesadas pensionales en caso de incumplimiento tardío». Esta sentencia consagra el derecho de igualdad para todas las pensiones […]. CONSIDERACIONES De entrada, se reitera lo señalado frente a las falencias técnicas que presenta el reproche, dada la imprecisión en cuanto a la vía del ataque y por cuanto se enuncia la falta de aplicación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, cuando dicha modalidad no existe. No obstante, como los desatinos resultan superables a partir del contenido jurídico que

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Radicación n.° 63134 discute el casacionista y de la prelación del derecho

fundamental que se puede ver transgredido por la decisión del juez colegiado, se procede con su análisis. Así las cosas, se duele el casacionista de que no se resolvió respecto de su pretensión por el «c) reconocimiento de intereses que haya que cancelar» y por ello acude a la «falta de aplicación» de la norma en cita. Sin someter a discusión si la norma acusada es o no aplicable al caso concreto, pues no es necesario hacerlo en razón a lo que se dice a continuación, es claro entonces, de la revisión de la sentencia impugnada, que el tribunal no se pronunció sobre los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, simple y llanamente porque estos no fueron pedidos. En efecto, contrario a lo que sostiene el recurrente, ni en el escrito inaugural (f.° 1 a 4) que fue inadmitido por no reunir requisitos de forma, ni en el libelo que lo corrigió (f.° 21, 21, 50 a 54) se observa la referida reclamación; por el contrario, en la última depuración solo se pidió se indexaran los ajustes pensionales solicitados. Adicionalmente, en el recurso de apelación (f.° 158, registro de audio) el actor se limitó, de manera altisonante, a reprochar la absolución impartida por la señora juez y, en parte alguna mencionó el tema de dichos réditos. Recuérdese que en sede de casación no son admisibles aquellos reproches contra la sentencia del Tribunal que bien pudieron ser esgrimidos en la sustentación del recurso de

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Radicación n.° 63134 apelación o reclamados desde la génesis del proceso, es decir, el medio nuevo es inadmisible a través del recurso extraordinario, tal como se expresó en los fallos CSJ SL, 16 mar. 2010, rad. 36922, reiterada en la CSJ SL5179-2019 y CSJ SL4035-2021, en la que se dijo: Sobre el medio nuevo en casación laboral, cabe rememorar lo dicho por esta Sala en sentencia CSJ SL, 16 mar. 2010, rad. 36922, reiterada en la CSJ SL5179-2019, en la que sobre este particular se dijo: De suerte que, como lo asentó el Tribunal, lo cierto es que la parte planteó en el recurso de apelación y lo hace ahora en el extraordinario, un hecho nuevo, que no fue debatido en las instancias […] […] Al respecto, conviene recordar lo sostenido por esta Sala de la Corte, en la sentencia de 10 de marzo de 1998, radicación 10439, oportunidad en la que expresó lo que a continuación se transcribe: “El derecho de defensa y el debido proceso exigen que la relación jurídica procesal quede delimitada al inicio en el juicio. Es por eso que el demandante al elaborar su demanda laboral debe ser cuidadoso no sólo al formular las pretensiones, sino de manera muy especial al presentar los hechos que constituyen la causa petendi. Si bien las falencias en cuanto a las primeras pueden ser reparadas en los juicios del trabajo por el juzgador de primer grado, en desarrollo de la facultad extrapetita, a condición de que los hechos que le sirven de apoyo hayan sido planteados y

discutidos en juicio, no puede ese mismo funcionario, ni ningún otro, corregir el rumbo del proceso trazado por el accionante, alterando la causa petendi en que éste fincó su acción”. Al margen de lo anterior, en caso de que los intereses hubieran sido materia de pretensión y de apelación, tampoco podrían concederse, porque la pensión otorgada por el tribunal no hace parte de la Ley 100 de 1993. Al respecto, en sentencia CSJ SL4404-2018 considera la sala:

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Radicación n.° 63134 Ahora bien, esta Sala de la Corte ha sido insistente en sostener que los referidos intereses moratorios no proceden en tratándose de pensiones que no se reconocen con sujeción a la normatividad integral (Ley 100 de 1993), pues así se colige de la lectura del artículo 141 ibidem. Así pues, con sentencia del 28 de noviembre de 2002, radicado 18273, reiterada en la sentencia del 24 de enero de 2008, radicado 32002, la Sala fijó su criterio en los siguientes términos: […] Y es que no obstante lo expresado por en la sentencia C601 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado artículo 141, para esa disposición solamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de Seguridad Social y que sean reconocidas con fundamento en la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensión que no se ajusta a

los citados presupuestos. Lo anterior conlleva, entonces, que como la pensión que se le concedió al demandante (…) no es con sujeción integral a la Ley 100 de 1993, no había lugar a condenar al pago de los intereses moratorios que consagra tal Ley en su artículo 141 que claramente dispone: «[…] en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley […]». Además, en este asunto tampoco se presenta la situación prevista por el artículo 288 de 100 de 1993 para que se pudiera dar aplicación a su artículo 141, pues la primera norma dispone: «Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma de ella contenida que estime favorable ante el cotejo por lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley». Consecuente con lo anterior, el cargo no prospera. Sin costas, en sede extraordinaria, porque no hubo oposición.

ii) PROPUESTO POR COMPAÑÍA SURAMERICANA DE

SEGUROS SA.

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Radicación n.° 63134 ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la sociedad recurrente que la corte case la sentencia atacada y que, en sede de instancia, confirme la decisión del juzgado. Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, que son replicados y serán resueltos a continuación en el orden propuesto. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de incurrir en la «violación medio» de los artículos 305 del CPC; 50 y 145 del CPTSS y 29 de la CN,

los cuales infringió directamente, lo que condujo al quebrantamiento, por vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 8 de la Ley 171 de 1961, en relación con los artículos 61 b), 193, 259 y 260 del CST; 59, 61, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 48 y 53 de la CN y 16 de la Ley 446 de 1998. Configura, como errores de hecho manifiestos:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que en la demanda primigenia la parte promotora de la litis deprecó en las pretensiones de la demanda el tema de la pensión restringida de jubilación por retiro voluntario y de la indexación del IBL.

2. No dar por demostrado, estándolo, que en la demanda primigenia la parte promotora de la litis no pidió en la demanda inicial la pensión restringida de jubilación por retiro voluntario no la indexación del IBL.

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3. No dar por demostrado, estándolo, que el juez a quo no accedió al reconocimiento y pago de la pensión restringida de jubilación por no habérselo impetrado en la demanda primigenia.

Indica, que fue erróneamente apreciada la demanda (f.° 1-4 y 21 al 22). En la demostración del cargo, señala que el colegiado desconoció que la pensión de jubilación por retiro voluntario no fue una pretensión de la demanda; que ni siquiera el a quo la declaró en uso de sus exclusivas facultades extra y ultrapetita.

Reproduce textualmente apartes de la rogativa primigenia y subraya, que lo que buscaba el actor era el ajuste de la pensión por 444 semanas trabajadas desde junio de 1960 hasta el 2 de marzo de 1969; destaca que era «garrafal» la estimación del tribunal y que desconoció el artículo 305 del CPC «[…] porque sin haber sido materia de discusión en la litis el tema de la pensión de jubilación por retiro voluntario y su respectiva indexación, no podía disponer sobre ella por no ser objeto pretendido en la demanda». RÉPLICA Afirma el señor González Escobar que, con antelación a la demanda le solicitó a la accionada que le concediera la pensión establecida en el artículo 8 de la Ley 171 de 1961; que, en la respuesta al libelo, Suramericana mencionó esta norma cuando dijo que se refería a los casos en que se

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Radicación n.° 63134 presentaba despido sin justa causa; que en el fundamento de sus pretensiones mencionó que cumplía los requisitos para acceder la prestación luego del retiro voluntario, razón por la cual esa era la intelección que se le debía dar a la expresión «ajuste». CONSIDERACIONES El alcance de las «piezas procesales», como un medio hábil para fincar un cargo en casación, ha sido concebido por la Sala, entre otras, en sentencia CSJ SL12553-2017, donde se adoctrinó: […] Considerando que como el recurrente transcribe apartes de la demanda y su contestación, específicamente, en lo que refiere al hecho 13, ha debido acusar tales piezas procesales, no la

conducta de la entidad demandada. Sobre este aspecto, se recuerda que la Corte ha aceptado, excepcionalmente, que estos actos del proceso, que en estricto rigor no son pruebas, así como también otras piezas procesales, sean estudiadas en casación cuando contengan una confesión que como tal podría originar, dada su indebida estimación o absoluto desconocimiento, un error de hecho manifiesto, CSJ SL, 21 ag. 1998, rad. 10677. Igualmente, ha dicho que la demanda inicial del juicio puede ser acusada en la casación laboral como pieza procesal, no solo en cuanto contenga confesión judicial, porque al ser un acto del proceso es susceptible de generar en la casación del trabajo el error manifiesto de hecho, pues si la voluntad del actor es desconocida o tergiversada oste