CSJ - SL1415-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1415-2023 Radicación n.º 95787 Acta 021 Bogotá, D. C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CARLOS ALBERTO TATIS DÍAZ contra la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el proceso que instauró contra CBI COLOMBIANA SA - EN

LIQUIDACIÓN JUDICIAL.

I. ANTECEDENTES Carlos Alberto Tatis Díaz demandó a CBI Colombiana SA e, inicialmente, a la Refinería de Cartagena SA (Reficar) con el fin de que se declarara que existió un contrato de trabajo con la primera de ellas, nexo que finalizó de forma unilateral e injusta; que las bonificaciones de asistencia, por disponibilidad, de alimentación, el incentivo de progreso, la

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Radicación n.º 95787 prima técnica y el auxilio de movilización tenían carácter salarial y que Reficar es solidariamente responsable de las condenas que se llegaren a imponer. Como consecuencia, solicitó que las demandadas fueran conminadas a pagarle las diferencias generadas por la reliquidación de prestaciones sociales, horas extras, recargos por trabajo nocturno, dominical y en días festivos, vacaciones disfrutadas en tiempo y aportes al sistema de seguridad social, con base en el salario realmente devengado e incluyendo todos los factores salariales que él recibía.

Finalmente, pretendió el pago de la indemnización por despido injusto y la sanción moratoria derivada del artículo 65 del CST. Cimentó sus peticiones, básicamente, en que fue contratado a término indefinido por CBI Colombiana SA desde el 9 de agosto de 2010 hasta el 20 de mayo de 2015; que ocupó el cargo de chofer, pero que lo ascendieron al de capataz de transporte en enero de 2012, en la disciplina de equipos e izaje; que, unilateralmente, CBI Colombiana SA dispuso la finalización del vínculo y que no hubo causa imputable a él. En cuanto al salario, refirió que correspondía a la suma de $2.850.441 más «una “Bonificación de Asistencia”, de causación fija y mensual por valor de Un Millón Doscientos Ochenta y Dos Mil, Setecientos Diez Pesos ($1.282.710)»; que también recibía pagos mensuales por bonificación de disponibilidad y que el 23 de septiembre de 2013 se

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Radicación n.º 95787 suscribió una convención colectiva de trabajo que reconoció retribuciones adicionales por concepto de beneficios acordados, entre los cuales se incluía la «BONIFICACIÓN DE

ASISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y POLÍTICAS DE

HSE, BONIFICACIONES POR ALIMENTACIÓN, INCENTIVOS DE PROGRESO, PRIMAS TÉCNICAS, AUXILIO MENSUAL DE MOVILIZACIÓN, entre otros».

Explicó que CBI Colombiana SA no le pagó las horas extras trabajadas a partir del 23 de septiembre de 2013, sino

que las remuneró bajo el concepto de «Incentivo Hora Adicional Convención Colectiva», sin considerarlas como factor para liquidar y cancelar las prestaciones sociales ni los aportes al sistema de seguridad social; que tampoco se incluyó el valor de la bonificación de asistencia, ni los demás bonos o auxilios mensuales percibidos, de modo que se afectó la liquidación de primas, intereses sobre cesantías, vacaciones, aportes a seguridad social y la que le entregaron al finalizar su contrato laboral. Finalmente, sobre la solidaridad, expuso que su empleadora fue contratista independiente de Reficar en virtud de un contrato comercial y que aquella desarrolló actividades enmarcadas dentro del objeto social de esta, por manera que ambas debían asumir las condenas. Al dar respuesta a la demanda, CBI Colombiana SA rechazó las pretensiones y, de cara a los hechos, negó que la terminación del contrato hubiera sido injustificada y unilateral; sobre los bonos extralegales, consideró que no

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Radicación n.º 95787 debían tenerse en cuenta en el cálculo del salario; dijo que no tuvo la intención de ocultar su inclusión por medio de la convención colectiva y estimó que no existió solidaridad con Reficar. Los demás fundamentos fácticos los admitió. En su defensa planeó las excepciones de buena fe, inexistencia de las obligaciones y prescripción. Aunque Reficar dio respuesta al libelo introductorio y llamó en garantía a dos aseguradoras que, en principio, quedaron vinculadas al proceso, en el curso de la audiencia

de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas, el juez de conocimiento aceptó el desistimiento que presentó el accionante respecto de las pretensiones formuladas contra la refinería, y, en igual sentido, adoptó esa decisión en relación con las llamadas en garantía, Liberty Seguros SA y Compañía Aseguradora de Fianzas (Confianza SA), de modo que estas tres entidades quedaron excluidas del debate procesal.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena, mediante fallo del 23 de octubre de 2017, dispuso: PRIMERO: ABSOLVER a la entidad demandada CBI COLOMBIANA S.A. de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, conforme se expuso en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Costas a cargo de la parte demandante, se tasan en

1 S.M.M.L.V.

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TERCERO: Si esta sentencia no fuere apelada envíese en consulta al superior artículo 69 CPL.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que conoció del asunto por la apelación interpuesta por la parte activa de la litis, en la sentencia emitida el 21 de septiembre de 2021, resolvió: 1º REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena el 23 de

octubre de 201 7, para en su lugar:

A) DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción, sobre las diferencias prestacionales que se causaron de enero de 2011 a marzo de 2012. B) CONDENAR a CBI COLOMBIANA S.A pagar al fondo de pensiones al cual se encuentre afiliado el señor Carlos Alberto Tatis Diaz (sic), o a cualquiera que este escoja, y previa elaboración del cálculo que el fondo escogido efectúe, las diferencias que se encuentren en los aportes a pensiones comprendido entre las fechas enero de 2011 a marzo de 2012, como consecuencia de no haber incluido el bono de disponibilidad en la base para su pago, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de este fallo. 2º CONFIRMAR en el resto de sus partes el fallo apelado, pero por los motivos expuestos en esta providencia. 3º Sin costas en esta instancia, por no aparecer causadas. Costas en primera instancia a cargo de CBI COLOMBIANA S.A., se fijan como agencias en derecho la suma equivalente al 2% de la condena impuesta. SIN COSTAS en esta instancia, por no aparecer causadas. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal estimó que le correspondía determinar si el extrabajador adquirió o no el derecho a la reliquidación deprecada. Para tal efecto, se propuso establecer estos puntos:

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Radicación n.º 95787 (i) cuál es el alcance o entendimiento que debe dársele al artículo 128 del CST luego de la modificación introducida por el artículo 15 de la ley 50 de 1990, (ii) si el bono de asistencia debía ser

incluido en la base para liquidar horas extras, trabajo suplementario y vacaciones disfrutadas en tiempo, y (iii) si el bono por disponibilidad tiene incendia (sic) salarial. Como fundamento de su decisión, partió de la jurisprudencia para analizar cómo debían interpretarse los pactos de exclusión salarial. Así, luego de citar los artículos 127 y 128 del CST, recordó que esta Corte, en la providencia CSJ SL5481-2021, explicó: El Legislador puede entonces también —y es estrictamente lo que ha hecho— autorizar a las partes celebrantes un contrato individual de trabajo, o de una convención colectiva de trabajo o de un pacto colectivo, para disponer expresamente que determinado beneficio o auxilio extralegal, a pesar de su carácter retributivo del trabajo, no tenga incidencia en la liquidación y pago de otras prestaciones o indemnizaciones. Se basó, entre otras, en las sentencias CC C521-1995; CC C710-1996; CSJ SL, 1 feb. 2011, rad. 35771; CSJ SL, 13 jun. 2012, rad. 39475; CSJ SL403-2013 y la «DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 RAD. NO. 68303». A partir de estas, extrajo que el artículo 128 del CST da a entender que el pacto de desalarización no es absoluto, al tiempo que no implica la posibilidad de que, por acuerdo de las partes, se le quite carácter salarial a un pago que remunera directamente el servicio prestado. En ese contexto, analizó: De acuerdo con la doctrina expuesta desde la sentencia de 1993 DESALARIZAR no significa quitarle naturaleza salarial a un pago

que por esencia lo es, pues este artículo lo que permite es que las partes puedan pactar que un pago que es salario no sea tenido en cuenta para liquidar ciertas prestaciones […]». […]

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Radicación n.º 95787 Por tanto, cuando en virtud del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo se pretenda despojar de naturaleza salarial a un pago que por esencia lo es (por ser recibido por el trabajador como contraprestación directa de sus servicios), ese pacto deberá considerarse INEFICAZ, en atención al mandato establecido en el artículo 43 del CST. Agregó que las partes pueden establecer que determinados pagos no constituyan salario, pero ello únicamente es posible cuando, real y efectivamente, dichas sumas no retribuyan directamente la labor y, por ende, no sean para beneficio del trabajador ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Además, indicó que el juez laboral debe decir si el pacto de desalarización «es o no eficaz, para lo cual deberá analizar las pruebas allegadas al proceso, las circunstancias propias de cada caso, la finalidad del pago, las características del pacto suscrito y la intención de los celebrantes del mismo». En cuanto al bono de asistencia y la validez del pacto celebrado entre las partes, el Tribunal recordó que los contratos de trabajo son ley para estas, de manera que pueden estipular libremente las cláusulas que a bien tengan con el fin de regular sus condiciones, siempre que no sean contrarias a la ley ni se opongan a los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador. Lo anterior implicaría que, en

el momento de su suscripción o durante la vigencia de la relación laboral, los extremos pueden acordar, variar o modificar aspectos del acuerdo. En el caso bajo examen, vio que la cláusula cuarta del contrato de trabajo estableció que la remuneración mensual

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Radicación n.º 95787 de Carlos Alberto Tatis Díaz estaría conformada por un primer factor, que consistía en un salario básico, y una bonificación de asistencia condicionada al cumplimiento de unos requisitos, así: «por asistencia al trabajo, en proporción al tiempo de trabajo y se liquidaría en relación al cumplimiento del tiempo de trabajo planeado y en un futuro, en adición a la anterior condición, en relación con el desempeño del empleado en la política de Higiene, Salud y Medio Ambiente (HSE)». No obstante, recordó que las partes concertaron, mediante un otrosí, que la naturaleza de la bonificación por asistencia y sus términos de causación ya no se regirían por lo dispuesto en la cláusula cuarta del contrato, sino por las estipulaciones contenidas en la política salarial de Reficar del 15 de abril de 2011. Al respecto, manifestó: Pues bien, en la referida política se cambiaron los indicadores de causación de la bonificación, los cuales pasaron a ser dos: (1) el aporte del empleado en el cumplimiento del cronograma de su equipo de trabajo, y (ii) el desempeño del empleado y de su equipo de trabajo en las disposiciones de higiene, salud y medio ambiente (HSE). Igualmente se estipuló que en adelante el bono de asistencia no integraría la base de liquidación de ninguna

acreencia que tuviera como referencia la remuneración o salario ordinario, específicamente, recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivo y las vacaciones disfrutadas en tiempo, por lo que únicamente sería tenida en cuenta para efectos del cálculo de prestaciones sociales, aporte a la seguridad social, contribuciones parafiscales, indemnización por despido sin justa causa y vacaciones compensadas en dinero. Para la Sala, dichas modificaciones tienen plena validez, puesto que al actor se le plantearon las nuevas condiciones de la cláusula y este las aceptó, lo cual implica que en las estipulaciones de la misma hubo concurso de voluntades. Aunado a ello, no puede considerarse que tal cambio desmejorara las condiciones del trabajador, puesto que la bonificación por asistencia es un beneficio extralegal, que no hace parte del piso de derechos mínimos.

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Radicación n.º 95787 Señaló, con base en lo expuesto, que el contrato de trabajo fue válidamente modificado, pues en el convenio se determinó que la naturaleza y la causación de la bonificación pasaría a regirse por los lineamientos de la política salarial del 15 de abril de 2011, por lo que las condiciones inicialmente pactadas desaparecieron del mundo jurídico, sin que se pudiera aplicar el principio de favorabilidad. Con esta aclaración, dijo que la política salarial excluyó tal bonificación de la base para calcular ciertas acreencias, siendo aquella y sus condiciones las adoptadas en el nuevo acuerdo; en ese orden, dicha modificación no se ejecutó con el fin de quitarle el carácter laboral que tenía dicho pago,

pues «solo sería tenido en cuenta como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales, vacaciones compensadas en dinero, indemnizaciones e incluso aportes a seguridad social, excluyendo únicamente las horas extras, el trabajo suplementario y las vacaciones», lo cual, a la luz de la jurisprudencia, era posible, dado que se trataba de un rubro extralegal que no desconocía la remuneración mínima del trabajador. Propuso que los conceptos de salario y factor salarial son diferentes, puesto que aquel hace referencia a todo lo que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, mientras que este alude a los pagos que hacen parte de la base para liquidar prestaciones, indemnizaciones o trabajo suplementario, por lo tanto, aquí no se desconoció el carácter salarial del bono, sino que se limitó como factor para liquidar ciertas prestaciones. Entendió que dicho acuerdo fue

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Radicación n.º 95787 aceptado y, por tanto, vinculó al demandante, en cuanto a las condiciones en que sería pagado, ya que no lo perjudicaría, sino que le beneficiaría. Al respecto, citó su aplicación en la jurisprudencia: Ahora, la Corte Suprema de Justicia en reciente pronunciamiento radicado No 82673 (SL2018 de 23-03-2021), al estudiar un recurso de casación presentado por el demandando frente a un proceso donde se analizó el bono de asistencia, decidió no casar la sentencia que había resultado avante en las pretensiones del demandante y que son iguales a las aquí solicitadas.

Sin embargo, el anterior pronunciamiento en modo alguno toca la ratio decidendi de la presente decisión, pues el estudio de dicho caso partió de la tesis - ahora recogida por esta Sala -, conforme al cual, verificado el carácter salarial del bono, se imponía la reliquidación obligatoria de las prestaciones sociales, por haberse omitido el valor del mismo como base integrante del trabajo suplementario, sin consideración a ningún otro análisis probatorio. No obstante, como bien es sabido, luego del cambio jurisprudencial que esta Sala acogió desde el pasado mes de julio de 2020 en el proceso OSMIRO MARRUGO vs CBI, lo verdaderamente relevante, y objeto de debate en estos procesos, es el pacto de exclusión salarial y su validez, indistintamente que se le hubiere restado incidencia salarial a un bono que es salario y que retribuye el servicio, en los términos y dentro de las consideraciones arriba explicadas, y sobre todo, con base a lo que esta judicatura considera una sentencia hito sobre el tema, esto es, la sentencia del 12 de febrero de 1993 con rad. No. 5481. Determinó que el análisis debía efectuarse más allá de la simple verificación de la condición salarial del bono, pues, conforme a la jurisprudencia de esta Corte, del artículo 128 del CST se entiende que el pacto de desalarización no es absoluto ni implica la posibilidad de que, por acuerdo de las partes, se le quite ese carácter a un pago que remunera directamente el servicio prestado, sin que ello signifique suprimir su naturaleza de retribución por la labor prestada.

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Radicación n.º 95787 Recordó que el artículo 61 del CPTSS regula la libertad del juzgador de formar su convencimiento sobre el caso y aclaró que pasarlo por alto implicaría lesionar la «iniciativa en las relaciones obrero-patronales de una manera que solo afecta al trabajador, que verá disminuida severamente cualquier iniciativa del patrono tendiente a otorgarle prerrogativas que […] represente para el (sic) y su familia una mejora sustancial en su ingreso». Ahora bien, frente al bono de disponibilidad, indicó que, contrario a lo referido en la sentencia de primera instancia, la fuente de derecho de ese concepto no era la convención colectiva, sino el contrato de trabajo, por tanto, aclaró que la ausencia en el expediente de la constancia de depósito del texto colectivo no le impedía analizar la naturaleza salarial de dicho pago. A continuación, citó el texto del otrosí: Teniendo en cuenta que durante los periodos en que el trabajador se encuentra disponible no existe trabajo efectivo y no se asimila a la labor desarrollada en ejercicio de sus funciones, las partes reiteran su acuerdo en cuanto a que la Empresa pagara un auxilio monetario que se llamara bono de disponibilidad [...]. El bono de disponibilidad será reconocido por la empresa en los siguientes términos: l. La empresa reconocerá al trabajador como beneficio extralegal de naturaleza no salarial, un bono de disponibilidad por cada hora de disponibilidad que tenga el trabajador, en razón a sus funciones de servicio y soporte en las necesidades de transporte. El valor del bono de disponibilidad será equivalente al resultado de dividir el salario mensual básico del empleado por 240, se

causa por hora de disponibilidad y su valor se liquidará y pagará por mes calendario vencido.

2. El bono por disponibilidad no se causa cuando el trabajador se encuentre en periodo de vacaciones, incapacidad, licencia o permiso remunerado y en general cuando no esté prestando sus servicios o no se encuentre en disponibilidad.

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3. Los tiempos en que sea necesario para la empresa que el trabador se encuentre disponible serán informados semanalmente al empleado por su supervisor. Estos tiempos serán registrados por el trabajador como hora de disponibilidad en el registro semanal de tiempos de trabajo Con base en ese texto, planteó que, durante las horas en que el actor estaba en disponibilidad, en teoría, no existía prestación efectiva del servicio, tanto así que, de acuerdo con lo manifestado por la testigo Tatiana Toro, en ese lapso, el chofer supuestamente permanecía en un contenedor ubicado dentro de la empresa, descansando o viendo televisión, es decir, sin ejecutar funciones. No obstante, aclaró que, en la práctica, ocurría lo contrario, pues según lo afirmado por Carlos Fernández Durango Usme y Jesús Álvarez Goenaga, en el periodo en el que el actor estaba de disponibilidad en el contenedor, continuaba trabajando; además, adujo: Los testigos, fueron coincidentes al explicar, que a los choferes les asignaban un expatriado “gringo que laboraba en CBI”, a quien tenían que recogerlo en la mañana para llevarlo al sitio de trabajo y por la tarde retomarlo a su vivienda o llevarlo a comer, reuniones o fiestas, pero que en el tiempo transcurrido entre

entrada y salida del expatriado, y en el que presuntamente no se prestaba servicio, al demandante en realidad le asignaban otras tareas, como repartir mensajería, recoger personal y encargarse del transporte dentro de la REFINERIA (sic), debiendo en términos generales, cumplir con todos los requerimientos que le asignara el empleador. Manifestaron, además, que, con el bono de disponibilidad, CBI en realidad cubría el pago de las horas que se laboraban por fuera de la máxima legal, cancelándolas por debajo del valor que legalmente correspondía. Calificó esas declaraciones como claras y provenientes de personas «cargadas de alto grado de credibilidad», toda vez que los deponentes fueron compañeros de trabajo del

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Radicación n.º 95787 demandante e, incluso, Durango Usme fue su jefe, quien seguramente debía tener un conocimiento directo de las circunstancias expuestas. Desestimó la tacha de falsedad de los testigos y encontró demostrado que en el período que CBI Colombiana SA denominaba como «de disponibilidad» y en el que se suponía que no había prestación del servicio, el actor, en realidad, debía seguir con sus labores y cumplir las funciones asignadas, pues, durante dichos lapsos, el demandante no podía desarrollar actuaciones de índole personal, familiar o de descanso, como aseguró Tatiana Toro, ya que, por el contrario, debía estar presto al llamado de su empleador para continuar laborando. Sobre dicha base, concluyó que este bono retribuía el servicio prestado, por lo que no hubo duda de su carácter

salarial; así, el hecho de que, en algunas ocasiones, el trabajador debiera esperar en el vehículo mientras la persona que transportaba cumplía sus compromisos, no implicaba que no estuviese trabajando, pues en ese período aún estaba subordinado, tanto así que no podía retirarse del sitio, salvo que recibiera una orden que lo eximiera de tal deber. Para sustentar su argumento, citó la sentencia CSJ SL5584-2017 que explicó la disponibilidad; así, dedujo que el acuerdo celebrado entre las partes pretendió restarle naturaleza salarial a un pago que tenía esa connotación, por lo que, en ese aspecto, resultó ineficaz, «pues de acuerdo con

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Radicación n.º 95787 los derroteros jurisprudenciales que se citaron previamente, ello no está permitido». Asimismo, manifestó que ese bono fue pagado de enero de 2011 a marzo de 2012, por ende, prescribieron las diferencias prestacionales de esos períodos pues no encontró reclamo administrativo y la demanda no fue incoada dentro del término trienal de la ley, «toda vez que esta se presentó el día 6 de agosto de 2015, es decir, más de tres años después en que se hicieron exigibles» y, en cuanto a los aportes a seguridad social en pensiones, determinó: No ocurre lo mismo […], pues tal y como lo reitero (sic) la Sala de Casación Laboral en sentencia SL312 de 2020, al contrario de la reliquidación de cesantías, intereses de cesantías, primas y vacaciones, el reajuste de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones no prescribe, por ende, se

ordenará a CBI COLOMBIANA S.A. consignar al fondo de pensiones al cual se encuentre afiliado el actor, previo cálculo que este efectué, las diferencias que se generen en los aportes como consecuencia de no haber incluido el bono de disponibilidad en la base para su pago. La sanción moratoria procede solamente por el retardo en el pago de salarios y prestaciones, por ende, no hay lugar a imponer condena por este concepto.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Carlos Alberto Tatis Díaz, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la censura que la Corte case la sentencia de segundo grado, para que, en sede de instancia, revoque «las

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Radicación n.º 95787 absoluciones impuestas en el numeral primero y segundo de la sentencia de fecha 21 de septiembre de 2021 y en su lugar condene a la demandada CBI COLOMBIANA S.A., de tales condenas». Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, no replicados por el extremo opositor, de los cuales se estudiarán en conjunto los dos primeros, dado que se refieren a la misma materia.

VI. CARGO PRIMERO Acusa a la sentencia de ser violatoria, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, del artículo 127 del CST, en relación con los preceptos 12, 14, 24, 43, 128, 139 y 65 del CST; 13 y 53 de la CP; 51, 52, 60, 61, 77 y 145 del CPTSS; 164, 165, 166 y 167 del CGP.

Anuncia los siguientes errores de hecho del Tribunal cometidos a través de dicho pronunciamiento:

1. No dar por demostrado, estándolo, que los pagos efectuados por la empresa CBI Colombiana S.A. a favor del demandante, denominado bonificación de asistencia, constituye esencialmente parte del salario.

2. Tener por demostrado, sin estarlo, que los pagos efectuados por la empresa CBI Colombiana S.A. a favor del demandante, denominado bonificación de asistencia, no constituye esencialmente parte del salario.

3. No dar por demostrado, estándolo, que los pagos efectuados por la empresa CBI Colombiana S.A. a favor del demandante, denominado bonificación de asistencia, constituye esencialmente parte del salario.

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4. Tener por demostrado, sin estarlo, que los pagos efectuados por la empresa CBI Colombiana S.A. a favor del demandante, denominado, bono de asistencia, no constituye esencialmente parte del salario

5. Dar por demostrado, no estándolo que el bono de asistencia es un bono de creación convencional y que en dicho instrumento se le restó factor salarial.

6. No tener por demostrado, estándolo, que el bono de asistencia es de carácter contractual y su naturaleza es salarial.

Señala, como pruebas erróneamente apreciadas, estas: - Comprobantes de pago de nómina aportados por la demandada en su contestación - Contrato de trabajo suscrito entre la empresa CBI COLOMBIANA S.A. y el demandante - Contestación de la demanda presentada por CBI COLOMBIANA

S.A. - Liquidación del contrato laboral entre CBI COLOMBIANA S.A., y el demandante. - Certificados de aportes a las cesantías. (F. 255) - Certificados de aportes al sistema de seguridad social (F. 256) - Contrato laboral entre CBI COLOMBIANA S.A. y el demandante, especialmente la clausula (sic) cuarta del mencionado documento. (Fl. 16) - Clausula (sic) tercera del Otrosí de fecha 28 de abril de 2011 (Fl. 27) - Certificación Laboral emanada de CBI COLOMBIANA S.A., donde se puede verificar los componentes salariales pagados al actor de manera mensual En la sustentación del cargo alega que la bonificación de asistencia reclamada constituye factor salarial, por cuanto se trata de un pago de carácter remuneratorio, que se pagaba en proporción al tiempo de servicio, pues se indicó

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Radicación n.º 95787 así, expresamente, en la cláusula 4.ª del contrato de trabajo, cuyo texto cita: La bonificación -de llegar a causarseserá calculada y pagada de forma mensual, hace parte de la remuneración del empleado y tiene incidencia salarial. En consecuencia, será tenida en cuenta en la base de liquidación de acreencias laborales y de aportes a seguridad social y parafiscalidad, e igualmente base de retención en la fuente, según corresponda. De esa disposición, refiere que constituye una descripción clara de lo que conforma el salario. Agrega que la relación de causalidad entre la prestación del servicio y el pago evidencia que este no es susceptible de considerarse

como algo contrario a la remuneración de la labor. En apoyo de ello cita la providencia «SL 2018-2021 del radicado 82673». También se refiere a la CSJ SL5159-2018 para expresar que la bonificación de asistencia se causaba mes a mes; luego, conforme a la jurisprudencia, pide que se entienda como una retribución directa de la labor desempeñada. Sugiere que, pese a los intentos de la demandada de esconder el carácter retributivo del servicio de ese bono, este sigue teniendo esa condición, mientras que CBI Colombiana SA debía demostrar que tal rubro tenía otra causa de pago, situación que no acreditó. Menciona las sentencias CSJ SL12220-2017 y CSJ SL1437-2018 para señalar: […] si el demandante acredita que el pago era habitual, periódico y permanente, al empleador le corresponde demostrar que su finalidad era contribuir en la prestación eficiente del servicio, más no su remuneración, y no dar por descontado y en forma automática que dicho pago no es constitutivo de salario (CSJ SL986-2021).

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Radicación n.º 95787 Ahora bien, en relación con el carácter remuneratorio de un pago se ha dicho por parte del precedente que este no emana directamente de la ley, sino que en cada caso deben analizarse los elementos fácticos en aras de establecer cómo se consagró y si con él se retribuyen o no directamente, los servicios prestados (CSJ SL1993-2019). Es así como no resulta suficiente que la denominación de un rubro coincida con aquellos que consagra taxativamente el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo,

no es factor salarial, puesto que si cumple las condiciones previstas en la ley, aun cuando exista estipulación en contrario, pues se impone la realidad sobre las formalidades, a más de que tal y como lo aduce la recurrente la naturaleza salarial proviene de lo dispuesto en el artículo 127 ibídem y no es dable su desconocimiento por lo previsto en la primera preceptiva enunciada. (Al respecto pueden consultarse CSJ SL1220-2017,

CSJ SL1993-2019).

Tras copiar un apartado de la sentencia del Tribunal, expone que, según las pruebas, y contrario a lo entendido por ese juzgador, la bonificación de asistencia es de orden salarial, si se tiene en cuenta el contenido de la cláusula cuarta del contrato laboral. Igual inferencia extrae del análisis de los comprobantes de pago de nómina, donde consta que le cancelaban dicha prestación mes a mes. Así las cosas, «destaca de dichos documentos, la casilla donde se indican los días, para que se entienda que era por cada día laborado por el demandante y no esporádica o casual su causación». Reprocha que el Tribunal haya avalado el pacto de exc