CSJ - SL1418-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1418-2023 Radicación n.° 91443 Acta 21 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por

OFER DE JESÚS AGUDELO CALLE, LUIS CARLOS NARVAEZ

MORENO, JOSÉ PASTOR MEJÍA MORALES, LUIS CARLOS ROSERO y GERMÁN ANTONIO ÁLVAREZ AGUIRRE contra la sentencia dictada el 4 de marzo de 2021 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por los recurrentes contra la sociedad

INGENIO PICHICHÍ S.A.

Se reconoce personería al abogado Alejandro José Peñarredonda Franco, con T.P. 306.311 del CSJ, como apoderado judicial del Ingenio Pichichí S.A., en los términos y para los efectos del poder sustitución allegado a esta Sala de la Corte.

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Radicación n.° 91443

I. ANTECEDENTES

Ofer de Jesús Agudelo Calle, Luis Carlos Narváez Moreno, José Pastor Mejía Morales, Luis Carlos Rosero y Germán Antonio Álvarez Aguirre llamaron a juicio a la sociedad Ingenio Pichichí S.A., a fin de que se declare la existencia de sendos contratos de trabajo a término indefinido, en razón a que fueron enviados en misión por las cooperativas de trabajo asociado Practicaña, Progresar y Progresemos, para realizar labores de

corte de caña a favor del ingenio convocado al proceso. Como consecuencia de tal declaración, solicitaron fuera condenada la accionada al pago de las cesantías y sus intereses; primas de servicios; compensación en dinero de vacaciones; auxilio de transporte; cotizaciones a seguridad social; indemnización por despido sin justa causa; indemnización moratoria; perjuicios morales; lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. En sustento de tales pretensiones, en síntesis, relataron que prestaron sus servicios personales bajo la continua subordinación de la sociedad Ingenio Pichichí S.A., durante los siguientes periodos: Ofer de Jesús Agudelo Calle, entre el 5 de diciembre de 2005 y el 29 de febrero de 2012; Luis Carlos Narváez desde el 21 de noviembre de 2005 hasta el 29 de febrero de 2012; José Pastor Mejía Morales del 22 de noviembre de 2005 al 31 de diciembre de 2011; Luis Carlos Rosero a partir del 20 de noviembre de 2011 hasta el 29 de febrero de 2012, y Germán Antonio Álvarez Aguirre entre el 22 de noviembre de 2005 y el 29 de febrero de 2012.

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Radicación n.° 91443 Pusieron de presente que durante dicho tiempo no se les cancelaron las acreencias que reclaman; que recibían un salario inferior al de los trabajadores de planta que se beneficiaban de la convención colectiva de trabajo; que además en cada pago se les descontaba el 8,33% por compensación anual, el 1% por

intereses sobre la compensación anual, el 4,16% por descanso anual y el 8,33% por compensación semestral. Arguyeron que sus actividades se cumplieron como corteros de caña en predios de la sociedad demandada en los municipios de Guacarí y Buga; que la jornada de trabajo iba de las 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. de lunes a domingo y sin descanso. Expusieron que siempre recibieron órdenes de Jair Ortiz, Adán Díaz, José León Bermúdez, William Calvo, Lizman Bejarano y otros como «supervisores, cabos o monitores de corte» quienes controlaban el horario, el corte y lo producido en «arrume o chorra» en una ficha. Señalaron que era el ingenio convocado al proceso el que siempre elaboró la información de cada demandante en relación a los días laborados, el corte de caña, las toneladas cortadas, tarifa y fincas donde se desarrollaba la labor, información que era remitida a las cooperativas de trabajo asociado, las cuales manufacturaban las planillas de pago, para que el accionado efectuara la consignación respectiva; que debían afiliarse a las cooperativas para trabajar, pero que en realidad su labor se cumplía para el Ingenio Pichichí S.A. en actividades de corte de caña; que manifestaron su inconformidad por la forma de vinculación y además porque no les reconocían prestaciones

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Radicación n.° 91443 sociales, motivo por el cual participaron en la huelga que se presentó en el año 2008. Agregaron que las CTA Practicaña, Progresar y

Progresemos, a las que estuvieron afiliados no eran propietarias de las herramientas, de los medios de producción ni de los de transporte, que los mismos pertenecían al Ingenio convocado al proceso, al igual que era quien ejercía la potestad disciplinaria. Adujeron que no existió autonomía ni actividad autogestionaria; que, a pesar de las ofertas mercantiles o contratos celebrados con el ingenio, cada trabajador laboró en corte de caña para dicha sociedad, independiente de los entes cooperativos que los agruparon; que el precio de corte fue impuesto por la pasiva y que la relación contractual fue un acto simulado. Finalmente, dijeron que la renuncia de cada uno no fue voluntaria, que se trató de un despido indirecto. El Ingenio Pichichí S.A. al contestar la demanda se opuso a todas las pretensiones formuladas en su contra por los demandantes. En relación con los hechos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, argumentó que con los promotores del proceso no se ejecutó un contrato de trabajo, tanto así que los mismos accionantes dan cuenta que su vinculación fue con las cooperativas de trabajo asociado a las cuales se alude en la demanda inaugural, de ahí que no puede configurarse la existencia de los vínculos laborales subordinados reclamados. Agregó que se dieron verdaderas relaciones comerciales que los unieron con el Ingenio Pichichí S.A., siendo la vinculación con

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Radicación n.° 91443 cada una de las cooperativas, es por esto que mal podían sostener los actores que el verdadero empleador era el Ingenio.

Propuso las excepciones previas de inepta demanda por falta de integración del litisconsorcio necesario, solicitando con ello la vinculación de las cooperativas de trabajo asociado Practicaña, Progresar y Progresemos e inepta demanda por falta de requisitos formales. Igualmente, formuló las excepciones de fondo que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de la obligación; principio de legalidad y estabilidad jurídica; ilegitimidad sustantiva de la parte demandada; prescripción; pago y compensación; ilegitimidad de personería sustantiva en la parte pasiva; buena fe y la innominada. El juez de conocimiento, en la audiencia prevista por el artículo 77 del CPTSS, declaró no probadas las excepciones previas formuladas por la sociedad convocada al proceso, decisión que, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante providencia del 27 de julio de 2016.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, mediante sentencia del 21 febrero de 2019, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y consecuentemente absolvió al Ingenio Pichichí S.A. de las pretensiones incoadas por los demandantes, a quienes condenó a pagar las costas del proceso.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de los demandantes conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y con sentencia calendada 4 de marzo de 2021, confirmó el fallo de

primer grado. Impuso las costas de la alzada a los impugnantes. Para tomar su decisión, comenzó por precisar que en virtud del principio de consonancia previsto por el artículo 66A del CPTSS, el problema jurídico a resolver giraba en torno a dilucidar si entre los accionantes y el Ingenio Pichichí S.A. existieron verdaderos contratos de trabajo y, en caso de resultar afirmativo, determinar si era del caso acceder a las pretensiones. En esa perspectiva, se refirió a lo previsto por el artículo 35 del CST y a lo que la Sala de Casación Laboral ha enseñado sobre los simples intermediarios. Igualmente aludió a la jurisprudencia en la cual se ha tratado el tema de situación relativas a la utilización de las cooperativas de trabajo asociado como un mecanismo para «enmascarar» un vínculo subordinado. Dijo que, como en este asunto la parte demandante alegaba la existencia de un verdadero nexo de trabajo con el ingenio, disfrazado en uno o varios acuerdos con las cooperativas referidas en la demanda inicial, era del caso proceder a examinar el material probatorio adosado al plenario, toda vez que la demandada negó la relación de orden laboral, alegando que lo que se presentó un nexo de carácter civil y/o comercial con los entes cooperados.

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Radicación n.° 91443 En ese orden, estudió las semanas cotizadas en favor de cada uno de los demandantes (f.° 44 y ss), aportes que daban cuenta que las mismas fueron realizadas por las CTA Practicaña, Progresar y Progresemos, lo cual, en su decir,

descartaba un vínculo dependiente con la sociedad aquí demandada. Igualmente, analizó la documental visible a folios 63 y ss, alusiva a una comunicación del «14 de junio» de 2005 dirigida a Luis Fernando Londoño, representante de «Asocaña», por un grupo de personas pertenecientes a la asociación y una comisión negociadora, correspondiente a una petición de dialogo haciendo referencia al cumplimiento de unos acuerdos a los que se llegó con los ingenios Pichichí, Manuelita, Providencia, Central Tumaco, entre otros. Revisado tal documento, evidenció que el mismo no hacía referencia directa a los actores, ni a las cooperativas de trabajo asociado mencionadas en este asunto y «en cuando al ingenio demandado, se hace una referencia muy vaga». Asimismo, valoró la documental visible a folio 66 contentiva de un «ACTA DE ACUERDO» de fecha 21 de junio de 2005, firmada entre «un grupo de directivos del Ingenio Pichichí S.A.» y «un grupo de personas, quienes expresan tener representación de los asociados de las cooperativas de trabajo asociado (CTA) y Sintrapichichí, que prestan el servicio de apoyo en las labores de corte de caña» y «los asesores designados por parte de los corteros a través de la Central Unitaria De Trabajadores (CUT)».

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Radicación n.° 91443 Apreció también las documentales visibles a folios 69 y s.s., alusivas a la verificación del citado acuerdo, una de fecha 28 de agosto de 2010 y otra del 23 de febrero de 2011, en las que se

efectúa seguimiento a los arreglos convenidos y se advierte la presencia de las cooperativas de trabajo asociado que prestaban servicio a la demandada. Del mismo modo, estimó los documentos visibles a folio 98 y s.s., emanados del ingenio, relativos a liquidación por toneladas y tajos de caña. Expresó que en ninguno de ellos aparecen las personas que demandan en este asunto. Estudió los diversos convenios de trabajo asociado cooperativo, pero tampoco estos corresponden a los actores. Manifestó que esas pruebas nada aportan al sub examine, pues en su gran mayoría no correspondían a las «CTA PRACTICAÑA, PROGRESAR Y PROGRESEMOS», ni hacen referencia a los promotores del proceso. Indicó que, contrario a lo aseverado por el apoderado de los accionantes, no era posible imponer condena por las situaciones de otras personas, habida cuenta que cada situación debe ser acreditada en particular. Advirtió que se aportaron unas respuestas entregadas por las liquidadoras de las cooperativas a diversos derechos de petición (f.° 109 a 111), que tampoco arrojaban luces en este asunto.

A reglón seguido explicó: […] la llamada a juicio con su contestación aportó facturas de venta, las ofertas mercantiles, aceptaciones a las mismas, otrosí, y contratos de prestaciones de servicios, hechas por la CTAS al ingenio demandado y demás documentos que dan cuenta de la relación

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Radicación n.° 91443 comercial suscitada entre las mencionadas empresas por los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (folios 151 y ss), en dicha

ofertas las cooperativas se obligan a prestar el servicio corte manual y siembra de caña, en predios propios de INGENIO PICHICHÍ S.A., o de terceros, en los sitios y de acuerdo con la programación que el ingenio dispusiera; seguidamente, a partir del folio 189 se aprecian documentos relativos al contrato de prestación de servicios suscritos entre la empresa demandada y las señoras LICENIA GALINDO JIMÉNEZ y AMPARO LÓPEZ ESPEJO; en ellos, las mencionadas se comprometen a prestar servicios en la disolución y liquidación de las

CTA FE Y ESPERANZA, NUEVO HORIZONTE, PROGRESAR, PROGRESEMOS CTA, PRACTICAÑA, FUERZA INTERACTIVA, entre otras.

Como prueba de oficio, fue recaudada la amplia documental, que reposa en los cuadernos 2 a 5, estos documentos dan cuenta de los pagos efectuados a cada uno de los demandantes, Germán Antonio Álvarez Aguirre, fls. 385 y ss, cuaderno 2; Luis Carlos Rosero, fl 645 y ss. cuaderno 3; José Pastor Mejía Morales, fl. 923 y ss del cuaderno 4; Luis Carlos Narváez, folio 961 y ss del cuaderno 4 y Ofer de Jesús Agudelo Calle, fls. 1319 y ss del cuaderno 5. A partir del folio 1515 del cuaderno 6, obra la respuesta de la Inspectora de Trabajo del municipio de Buga al requerimiento del Juzgado, aportando los documentos que acreditan la verificación de los acuerdos entre el Ingenio Pichichí y las cooperativas de trabajo asociado.

Luego, aludió a la declaración de parte de la representante legal de la demandada, de la que no logró inferir confesión respecto a la existencia de los contratos de trabajo reclamados por los demandantes; esgrimió que si bien la accionada contrató a las liquidadoras de las CTA, ello obedeció a petición expresa de las cooperativas y además que fueron los mismos representantes legales de ellas quienes eligieron a tales liquidadoras; expresó lo relativo al objeto social de la convocada a juicio y señaló que varios de los dineros que se donaron a los entes cooperativos para temas de vivienda y demás, fueron el resultado de los acuerdos a los que se llegó por motivo algunos bloqueos que se presentaron por ceses de actividades.

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Radicación n.° 91443 A renglón seguido, de los interrogatorios de parte rendidos por los demandantes y «revisada la totalidad de las pruebas», infirió con «suficiente trasparencia» que el servicio prestado por los actores como corteros de caña no lo fue directamente para el ingenio demandado, sino para las cooperativas de trabajo asociado Practicaña, Progresar y Progresemos, a las que los mismos accionantes en el libelo introductorio admiten estar asociados, lo que sostiene se encuentra ratificado con la documental aportada. Igualmente, añadió que: […] la amplia prueba documental revela que la vinculación de los actores a través de convenios asociativos estuvo libre de algún vicio en su consentimiento; que dichas cooperativas ofrecieron los servicios a través de contratos de índole civil y no se desprende de ese acto la tercerización que alega la parte petente. Pero más aún, no

quedó desvirtuada esa relación cooperativa ni la subordinación que se indica, ejercía el Ingenio Pichichí, como sustento de la solicitud de la declaración del contrato de trabajo en virtud del principio de la primacía de la realidad Más adelante, expuso que la labor probatoria de la parte actora se dirigió a acreditar que las cooperativas de trabajo asociado eran administradas y de propiedad del Ingenio aquí demandado. Sin embargo, manifestó que ello no se comprobó y, por el contrario, tal como lo infirió el fallador de primera instancia y como quedó demostrado en este asunto, la participación de dicho Ingenio, las donaciones, subsidios, dotaciones e incluso asistencia en el mantenimiento de los vehículos de la CTA, obedeció a los acuerdos a los que se llegó con motivo del cese de actividades de los años 2005 y 2008; sin que sea dable aseverar que por tales hechos la empresa

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Radicación n.° 91443 accionada fuera la propietaria y dueña de las mencionadas cooperativas.

Y por último consideró: Los demandantes […] se mostraron completamente renuentes a informar la realidad de la relación, salvo por lo indicado por el señor José Pastor Mejía, los demás negaron tozudamente la existencia de las oficinas de las cooperativas, las asambleas de socios, la posibilidad de elegir a sus representantes; se mostraron renuentes a contestar algo distinto a que sus servicios eran para el ingenio, llegando incluso a faltar a la verdad u omitirla para aceptar finalmente, ante las advertencias del fallador, que sí existieron las cooperativas, que si tenían oficinas, que las conocieron e, incluso,

que asistieron a algún curso de cooperativismo. La prueba testimonial, como ya se indicó, fue desistida por su apoderado, salvo la declaración de la señora Amparo López Espejo, quien nada indicó respecto a la relación que existía entre el ingenio y los trabajadores. La demandada por su parte, aportó dos declaraciones, las de José Lubín Cobo y William Calvo, quienes de manera hilada, coherente y sin que en ellas se notara ánimo de mentir para favorecer, explicaron todo el proceso de creación de las cooperativas a solicitud de los mismos corteros de caña, que hasta ese momento tenían una vinculación por medio de contratistas, los acuerdos logrados mediante los bloqueos de los años 2005 y 2008, negando por lo menos el segundo de ellos, cualquier clase de subordinación. Ahora, en cuanto a la prueba que señala el apoderado de los actores, fue la prueba reina en este asunto, la contratación de las liquidadoras por parte del Ingenio Pichichí, la señora Amparo López Espejo, aclaró que aunque fue contratada por esa entidad, la eligieron los trabajadores asociados en asamblea y fueron estos quienes ejercieron control sobre dicha liquidación, quedando la participación del demandado en una colaboración económica para lograr tal fin. Todo lo precedente llevó al colegiado a confirmar la decisión absolutoria de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el

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Radicación n.° 91443 Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretenden los recurrentes que esta corporación case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones contenidas en la demanda con la cual se dio inicio al proceso y disponga sobre costas lo que en derecho corresponda. Con tal propósito, formulan cuatro cargos que fueron replicados por el Ingenio Pichichí S.A. y que serán estudiados por la Sala así: inicialmente se examinará el primero, que está dirigido por la vía de los hechos, en caso de que este no resulte próspero, se emprenderá el análisis de los tres últimos, que se haría de manera conjunta, en tanto están dirigidos por la vía directa, acusan similar normatividad y se complementan.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 4, 5, 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del Decreto 468 de 1990; 5, 8, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010, 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, todos ellos en relación con los artículos 53 de la CP; 22, 23, 24, 35, 36, 65, 127, 186, 249, 253, 254 y 306 del C.S.T.; 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990.

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Señalan que tal violación se dio a causa de haber incurrido, el Tribunal, en los siguientes errores de hecho: 1.- Dar por demostrado sin estarlo, que revisada la totalidad de las pruebas surge con suficiente transparencia, que el servicio prestado como corteros de caña que efectuaron los demandantes no lo fue directamente para el INGENIO PICHICHÍ S.A. sino para las CTAs PRACTICAÑA, PROGRESAR y PROGRESEMOS. 2.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la amplia prueba documental revela que las CTAs fueron legalmente constituidas, con apego a la ley que le es propia. 3.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la vinculación de los actores a través de convenios asociativos estuvo libre de algún vicio en su consentimiento. 4.- Dar por demostrado, sin estarlo, que dichas cooperativas ofrecieron los servicios a través de contratos civiles y no se desprende de ese acto la tercerización que alegan los demandantes. 5.- No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes estuvieron bajo una relación laboral subordinada por el INGENIO. 6.- No dar por demostrado, estándolo, que las CTAs no fueron autogestionarias. Yerros que, según los recurrentes, se cometieron por no haber valorado correctamente las historias laborales (f.° 44 y ss); el «ACTA DE ACUERDO» (f.° 63 y ss); los documentos de verificación del citado acuerdo de fecha 28 de agosto de 2010 y 23 de febrero de 2011 (f.° 69 y ss.); las ofertas mercantiles, aceptaciones y otrosíes, contratos de prestaciones de servicios celebrados por las CTAs y el ingenio demandado; y demás

documentos de una aparente relación comercial suscitada entre las mencionadas empresas por los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (f.° 151 y ss.); los contratos de prestación de servicios suscritos entre la demandada y Licenia Galindo Jiménez y Amparo López Espejo, en las que las citadas señoras se comprometen a prestar servicios en la disolución y

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Radicación n.° 91443 liquidación de las cooperativas de trabajo asociado en las que se vincularon a los demandantes (f.° 189 a 193). Y por no haber apreciado el certificado de existencia y representación legal del Ingenio Pichichí S.A. (f.° 30 al 34). En la demostración de la acusación, argumentan que el Tribunal erró en la apreciación de las ofertas mercantiles, aceptación de las mismas y los otrosíes, contratos de prestaciones de servicios celebrados por las CTAs y el ingenio demandado, y demás documentos referidos a la supuesta relación comercial suscitada entre las mencionadas empresas por los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (f.° 151 y ss.); pues de haberlas valorado en su justa dimensión, se hubiese percatado que tienen igual objeto a las actividades misionales del Ingenio. Explican que las labores contratadas fueron de corte, siembra, riego, control de malezas y varias de campo, con equipos y herramientas del mismo ingenio, además el certificado de existencia y representación de la sociedad demandada indica

que el objeto o la actividad permanente, igualmente, es la siembra de caña, cultivo, riego, control de malezas y todas las actividades inherentes, por tanto, siendo una actividad propia, no podía contratarse por intermedio de CTAs, porque se daría la prestación del servicio personal y la subordinación laboral, que el Tribunal echó de menos. Arguyen que tales documentales también dan cuenta que el ingenio se obligó para con las cooperativas a pagar, además era quien daba las órdenes en las tareas diarias, lo que

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Radicación n.° 91443 significaba que la subordinación la ejercía la accionada, con lo cual desaparece la autogestión que dice tenían las cooperativas; además, aseveró que era el ingenio quien imponía sanciones, se obligó con las CTA a gestionar lo referente a las pensiones de los asociados, a pagar sus incapacidades, bonificación de productividad y otros conceptos. Por consiguiente, tales documentos prueban que los asociados eran verdaderos trabajadores de la sociedad convocada a juicio. Destacan que también se equivocó la colegiatura en su valoración probatoria, en tanto tales documentales dan cuenta que el Ingenio Pichichí S.A. «donó la suma total de $15.000.000, $27.000.000 y $18.200.000.oo con destino al FONDO DE SOLIDARIDAD de las CTAs», dineros con el que se pagó la seguridad social, por ello es que aparece las historias laborales como legales. Asimismo, manifiestan que la alzada se equivocó al analizar el «ACUERDO ENTRE CORTEROS y el INGENIO

PICHICHÍ S.A.» pues de haberlo hecho hubiese advertido que «entregó dotaciones como limas, machetes y guantes, pagó la seguridad social, incapacidades, entregó donaciones a las CTAs por más $317.000.000 para educación, VIVIENDA», lo que muestra que las citadas cooperativas ninguna autogestión tenían. Adicionalmente, afirman que tales documentales también muestran que donó la suma de $240.000.000 para los programas de vivienda de las CTAs, lo que igualmente descarta la característica de autogestionarias de las mismas. Especifican que el juez de segundo grado valoró equivocadamente el contrato de prestación de servicios celebrado entre el Ingenio Pichichí S. A. y las abogadas Amparo

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Radicación n.° 91443 López Espejo y Licenia Galindo, pues afirman que en ese documento lo que se advertía era que dicha empresa se limitó a pagar los honorarios de esas profesionales, sin tener en cuenta que el accionado fue quien ordenó disolver y liquidar, entre otras, a las CTA Practicaña, Progresar y Progresemos y pagó a aquellas por tales servicios la suma de $159.000.000. Ponen de presente que esta prueba muestra que la sociedad demandada fue la verdadera empleadora al ordenar disolver y liquidar las citadas cooperativas, habida cuenta que «se evidencia que fue el subordinador y que se realizó una maniobra de simulación mediante documentos aparentando ser unas auténticas CTAs». Y que lo cierto es que, si las CTAs hubiesen sido empresas legales, autogestionarias, no tendría

porque el ingenio haberlas disuelto y liquidado como aparece en ese contrato de prestación de servicios.

VII. LA RÉPLICA La sociedad demandada expone que el escrito con el cual se sustenta la casación presenta defectos técnicos que impiden su estudio de fondo, ya que denuncia como no apreciadas pruebas que sí fueron estimadas por el juez de segundo grado, como es caso del certificado de existencia y representación legal del ingenio que sí fue tenido en cuenta por el ad quem; si ello no fuera todo, el Tribunal se basó en varios de los testimonios practicados en el proceso, entre ellos el de William Calvo, José Lubín Cobo y Amparo López Espejo, que no son denunciados como indebidamente valorados por el ataque, de ahí que su falta de cuestionamiento mantendrá inalterable la decisión

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Radicación n.° 91443 impugnada. Sostiene que la censura no demuestra cuál fue el desatino estimativo en el que incurrió el juez plural, razón por la que su acusación debe ser rechazada. Considera también que no se cumplieron las cargas propias de un cargo por vía indirecta, conforme a la ley y la jurisprudencia, pues la mención de las pruebas es genérica; no se detalla cuál fue el yerro del colegiado y simplemente se limita a dar una visión personal sobre las pruebas, como si se tratara de un alegato propio de las instancias. Esgrime que ninguno de los medios de convicción denunciados da cuenta de los errores de hecho enrostrados al fallador de segundo grado, siendo así, las ofertas mercantiles no

mencionan concretamente a alguno de los demandantes, por lo que de ellas no puede extraerse la prestación personal del servicio. En lo referente al suministro de algunas dotaciones, herramientas y recursos a la CTA, puntualiza que ello se desarrolló debido a una colaboración armónica necesaria en una zona en donde las dinámicas sociales son particularmente especiales, y exigían continuamente la celebración de compromisos en beneficio de la población, siendo una política de responsabilidad social empresarial de Pichichí S.A. Arguye que el cargo no puede prosperar, pues la ayuda económica que prestó el Ingenio a las cooperativas no desvirtúa la autonomía de éstas, ya que, de ser así, se llegaría a la

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Radicación n.° 91443 conclusión de que toda organización que ha recibido un préstamo ha de considerarse despojada de independencia. Adicionalmente, precisa que no se indicó cuáles fueron los errores o inexactitudes cometidos por el ad quem al valorar la prueba testimonial. Por último, anota que, si bien en la acusación se refiere a que las actividades desarrolladas por las cooperativas, que hacían parte del objeto social del Ingenio, no podían haberse entregado a las CTA, ello no implica que los recurrentes tuvieran injerencia en la administración de la demandada, ya que cuando una empresa contrata a un proveedor, es obvio que lo hace para desarrollar actividades relacionadas con su objeto social, pues esa es la finalidad de cualquier actividad emprendida por una sociedad comercial. Entonces, dice que, de la anterior situación no podía concluirse la falta de independencia de las cooperativas, máxime cuando el ad quem enfatizó en que tales

vínculos están permitidos por el artículo 6 del Decreto 4588 de 2006.

VIII. CONSIDERACIONES El problema jurídico que debe resolver la Sala está centrado en determinar si el juez plural se equivocó al no

establecer que entre Ofer de Jesús Agudelo Calle, Luis Carlos Narváez Moreno, José Pastor Mejía Morales, Luis Carlos Rosero y Germán Antonio Álvarez Aguirre y el Ingenio Pichichí S.A. existieron verdaderos contratos de trabajo; si la respuesta es afirmativa, la Sala se adentraría en determinar si es procedente

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Radicación n.° 91443 o no acceder a las pretensiones condenatorias contenidas en la demanda inaugural. Previo al análisis de los medios de convicción traídos a colación por la censura, se memora que, para confirmar la decisión absolutoria de primer grado, el sentenciador de alzada concretó su determinación en que: Revisada la totalidad de las pruebas, considera la Sala con suficiente trasparencia que el servicio prestado como corteros de caña que efectuaron los demandantes no lo fue directamente para el ingenio demandado, sino para las cooperativas de trabajo asociado Practicaña, Progresar y Progresemos, a las que los mismos actores en el libelo introductorio comentaron haberse asociado y que posteriormente fue ratificado con la documental. Así mismo, la amplia prueba documental revela que la vinculación de los actores a través de convenios asociativos estuvo libre de algún vicio en su consentimiento; que dichas cooperativas ofrecieron los servicios a través de contratos de índole civil y no se desprende de