CSJ - SL1419-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1419-2023 Radicación n.°91564 Acta 21 Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. contra la sentencia proferida el 28 de julio de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario laboral que instauró MARÍA LUZ VIVEROS contra la AFP recurrente.

I. ANTECEDENTES María Luz Viveros convocó a juicio a la AFP Porvenir S.A., con el fin de que en su condición de madre de Dawin Fernando Lizcano Viveros, quien falleció el 30 de julio de 2018, le fuera reconocida y sufragada la pensión de sobrevivientes a partir de la referida calenda, junto con los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley

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Radicación n.° 91564 100 de 1993 o en subsidio la indexación, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. Como fundamento de sus pretensiones, aseveró que vivía en la vereda los Bancos, en el Municipio de Puerto Tejada con sus hijos Dawin Fernando Lizcano Viveros y Héctor Fabio Mina Viveros, pero que el último tuvo que irse porque fue víctima de un atentado contra su vida, como constaba en el informe de noticia criminal del 7 de mayo de

2016 de la Fiscalía de Puerto Tejada; que las amenazas se extendieron, tanto a Dawin Fernando como a ella, por lo que cinco meses antes de la muerte de éste se vio obligada a «desplazarse a otro municipio», pero el asegurado siguió suministrándole todo el sustento, esto es, el pago del arriendo de la vivienda, alimentación, vestido, entre otros. Narró que Dawin Fernando era soltero y no tenía hijos, por lo que, ante su muerte, el 25 de octubre de 2018 solicitó a Porvenir S.A. la cancelación de la pensión de sobrevivientes; que el Fondo telefónicamente le pidió que enviara un escrito en el que informara de la dependencia económica respecto de su hijo y de «la convivencia bajo el mismo techo». Afirmó que a través de correo electrónico explicó las razones por las cuales cinco meses antes del deceso tuvo que abandonar su lugar de residencia para irse a vivir con su otro hijo Héctor Fabio Mina Viveros en Santander de Quilichao y que el afiliado le ayudaba económicamente para su manutención con $250.000; que no obstante la demandada

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Radicación n.° 91564 en comunicación 02000001154559800 del 25 de octubre de 2018 le negó la prestación reclamada argumentando que no había sujeción económica. Al dar contestación a la demanda, la AFP Porvenir S.A. se opuso a la totalidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó como ciertos la fecha de fallecimiento del afiliado; que era hijo de la demandante; la solicitud pensional

que ella presentó y la respuesta negativa por parte de la accionada. Frente a los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, precisó que la actora no dependía económicamente del asegurado, pues para la data del óbito percibía ingresos por arrendamientos, venta de mercancía a crédito y se sostenía con la ayuda de sus otros hijos, según ella misma lo manifestó en declaración jurada ante notario. Agregó que la promotora del juicio no era beneficiaria del causante en salud y que, si en realidad hubiera estado bajo su subordinación económica, era lógico que así lo fuera. Propuso como excepciones las que denominó inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido; ausencia de legitimación en la causa por pasiva; buena fe; afectación de sostenibilidad del sistema de pensiones; prescripción y la innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Cali, al

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Radicación n.° 91564 que correspondió el trámite de la primera instancia, profirió fallo el 7 de febrero de 2020, en el que resolvió: PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por PORVENIR S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DECLARAR que la señora MARÍA LUZ VIVEROS, de condiciones civiles reconocidas en el proceso, es beneficiaria en condición de madre, de la pensión de sobrevivientes de carácter vitalicio causada con ocasión del fallecimiento del señor DAWIN

FERNANDO LIZCANO VIVEROS, a partir del 30 de julio de 2018, en cuantía equivalente a un 1 SMLMV, esto es, a $781.242, con sus respectivos reajustes de ley, en razón a 13 mesadas, indicando que la mesada pensional para el año 2020 corresponde al SMLMV, esto es, $877.803.

TERCERO: CONDENAR a PORVENIR S.A. a pagar a la señora MARÍA LUZ VIVEROS, de condiciones civiles reconocidas en el proceso, la suma de $16.385.449,94, correspondiente al retroactivo de las mesadas pensiónales causadas entre el 30 de julio de 2018 y el 31 de enero de 2020.

CUARTO: CONDENAR a PORVENIR S.A. a pagar a la señora MARÍA LUZ VIVEROS, de condiciones civiles reconocidas en el proceso, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre el retroactivo pensional causado y que se llegare a causar hasta la fecha de inclusión en nómina, a partir del 26 de diciembre de 2018 y hasta la fecha efectiva de inclusión en nómina.

QUINTO: AUTORIZAR a PORVENIR S.A. para que del retroactivo a pagar descuente el valor de las cotizaciones en salud sobre las mesadas ordinarias causadas y las que en el futuro se originen.

SEXTO: CONDENAR en costas a PORVENIR S.A. como parte vencida en juicio y a favor de la demandante, las cuales se liquidarán en los términos del artículo 365 y 366 del Código General del Proceso, en concordancia con el Acuerdo PSAA1610554 del 05 de agosto de 2016. Se señalan como agencias en derecho la suma de ($1.146.981,50) que es el equivalente al 7% del valor objeto de condena.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al conocer el recurso de apelación

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Radicación n.° 91564 interpuesto por la AFP demandada, con sentencia proferida el 28 de julio de 2020, resolvió: PRIMERO. MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia apelada en el sentido de indicar que el retroactivo a pagar a la señora MARÍA LUZ VIVEROS por concepto de mesadas pensionales causadas entre el 30 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2020, es de $20.868.421,80. SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la Sentencia apelada. TERCERO. SIN COSTAS en esta instancia. El ad quem afirmó que en el sub judice se encontraban acreditados los siguientes supuestos fácticos: i) que Dawin Fernando Lizcano Viveros falleció el 30 de julio de 2018 (f.°13); ii) que la señora María Luz Viveros era madre del causante (f.°12); y iii) que el 25 de octubre de igual anualidad la demandante presentó reclamación administrativa ante Porvenir S.A., por los derechos aquí pretendidos (f.°20-21), la cual, mediante oficio del 26 de noviembre del mismo año, fue resuelta desfavorablemente (f.°23).

Indicó que, conforme a la apelación presentada por la parte demandada, el problema jurídico a resolver consistía en establecer si le asistía el derecho a la pensión de sobrevivientes a la accionante, como beneficiaria de su hijo Dawin Fernando Lizcano Viveros, habida cuenta que la parte impugnante afirmaba que la prueba testimonial no lograba acreditar la dependencia económica necesaria para el reconocimiento de la prestación. La colegiatura precisó que defendería la siguiente postura: 1) que el señor Dawin Fernando Lizcano Viveros

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Radicación n.° 91564 cotizó más de 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su muerte, es decir, del 30 de julio de 2015 al mismo día y mes de 2018 y, por tanto, dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes; y 2) que la demandante logró acreditar que la ayuda económica proporcionada por su hijo era significativa y que existía una relación de sujeción de la madre frente a su descendiente, situación que no excluía que ella pudiera percibir rentas o ingresos adicionales, pues no eran suficientes para garantizar su independencia financiera. Señaló que como el fallecimiento del afiliado ocurrió el 30 de julio de 2018, el derecho estaba gobernado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que establecía que para acceder a la pensión de sobrevivientes, el causante debía aportar 50 semanas en los tres últimos años anteriores al óbito, exigencia que en este caso se cumplía, en la medida

que el asegurado desde el 30 de julio de 2015 y el mismo día y mes de 2018 cotizó más de dicha densidad (f.° 90 a 91). Explicó que, por su parte, el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, determinó en el literal d) que, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho eran beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste de forma total y absoluta. Puntualizó que la Corte Constitucional en sentencia CC C111-2006, declaró inexequible la expresión de «forma total y absoluta», por desconocer el principio constitucional de

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Radicación n.° 91564 proporcionalidad, sacrificar los derechos al mínimo vital y a la dignidad humana, al igual que los deberes que le incumben al Estado de solidaridad y protección integral de la familia; permitiéndole a los jueces, que en cada caso determinen si los padres son o no autosuficientes económicamente, para lo cual se deberá demostrar la subordinación material que fundamenta la pensión de sobrevivientes. Dijo que la jurisprudencia ha definido un conjunto de reglas que permiten determinar si una persona era o no dependiente, ello a partir de la valoración del denominado mínimo vital cualitativo, o lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular; que tales criterios se resumían así:

1. Para tener independencia económica los recursos deben ser

suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna.

2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica.

3. No constituye independencia económica recibir otra prestación, por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993.

4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional.

5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes.

6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica.

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Radicación n.° 91564 Seguidamente, refirió que la acepción de dependencia financiera bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no descartaba que aquellos pudieran recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad, siempre y cuando ello no los convierta en autosuficientes económicamente. Aseveró que la carga de la prueba de la sujeción económica estaba a cargo de los padres demandantes, en tanto que a la parte demandada le correspondía desvirtuar esa subordinación material, mediante el aporte de los medios de convicción que acreditaran la citada autosuficiencia para solventar sus necesidades básicas. Arguyó que en el sub judice la accionante en el libelo

demandatorio había afirmado que dependía monetariamente del causante; que al rendir interrogatorio de parte relató que siempre vivió en la vereda los Bancos, hasta que unos meses antes del óbito de Dawin Fernando se trasladó a Santander de Quilichao a vivir con su otro hijo, Héctor Fabio, ya que este fue víctima de amenazas contra su vida, lo que los obligó a cambiar de domicilio; que la absolvente también afirmó que cuando falleció su descendiente se encontraba desempleada y era él quien respondía económicamente por el hogar; que cuando tuvo que cambiar de residencia le enviaba aproximadamente $250.000, ya que Héctor Fabio no le otorgaba apoyo financiero.

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Radicación n.° 91564 El juez de apelaciones expuso que la absolvente igualmente había indicado que después de la muerte del afiliado su otro hijo le ayudó por un tiempo, pero que en la actualidad ya no lo hacía por cuanto se encontraba estudiando; que luego del óbito se vio forzada a laborar realizando aseo de manera esporádica y que, además, se ayudó con una póliza que le pagaron después del deceso de Dawin Fernando. La colegiatura enseguida se refirió a los testimonios de las señoras Carolina Garcés Ruíz y Yurani Montenegro Mejía; que la primera había relatado que conocía a la demandante porque eran vecinas en la vereda los Bancos; que sabía que el afiliado falleció el 30 de julio de 2018, época en que trabajaba en una empresa del Parque Industrial; que el causante vivió en la misma casa con su mamá y su hermano

Fabio y que la actora le contaba que ese hijo le colaboraba para la comida y el arriendo; también dijo que María Luz se había ido para Santander de Quilichao unos meses antes de la muerte de Dawin Fernando, pero que éste algunas veces pasaba de visita a su casa y le contaba que debía enviarle dinero a su señora madre. El juez plural luego de referir lo relatado por la testigo Yurani Montenegro Mejía, también vecina de la accionante y del causante, quien afirmó que la visitaba dos o tres veces a la semana; puntualizó que le daría credibilidad a lo relatado por las deponentes, por cuanto fueron certeras al señalar las razones de sus dichos, ya que dada su cercanía con el difunto y su progenitora, lograron detallar la ayuda que aquel le

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Radicación n.° 91564 prestaba a su mamá, lo que permitía concluir que la contribución económica suministrada por el afiliado a la actora era esencial para su manutención, pues los demás ingresos que pudiera recibir esporádicamente no eran suficientes para su subsistencia en condiciones dignas. Explicó la colegiatura que, en cuanto a los argumentos del Fondo recurrente, en los que afirma que la testigo Carolina Garcés Ruíz resultaba ser de oídas, era de señalar que si bien en principio la declarante afirmó que sabía de la ayuda que le prestaba el causante a su señora madre porque ésta se lo contaba, posteriormente al explicar de manera detallada los hechos que le constaban, aseveró «que además de las manifestaciones que le hacia la demandante, la ayuda

económica que esta recibía también le fue expresada en varias ocasiones por el mismo causante». Señaló que igualmente la citada declarante había descrito la manera en la que en distintas oportunidades presenció cuando el señor Dawin Fernando, luego de recibir el pago por sus labores, le entregaba el dinero a su madre, «como también estuvo presente cuando la demandante ya vivía en Santander y se trasladaba hasta la vereda Los Bancos cada 15 días, sitio de residencia de la testigo, para recoger el aporte económico que le suministraba el causante destinado a su manutención», lo que, para el juzgador, explicaba las razones de sus dichos y desvirtuaba las afirmaciones de la AFP demandada al sustentar su recurso de apelación.

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Radicación n.° 91564 Anotó que también lo relatado por ambas testigos se encontraba en armonía con lo declarado por ellas de manera extrajudicial el 10 de diciembre de 2018, ante la Notaría Única del Círculo de Puerto Tejada - Cauca, diligencia en la que manifestaron que Dawin Fernando Lizcano Viveros era la persona encargada de velar por el bienestar y la subsistencia de su progenitora y que debido a la situación de inseguridad en la vereda los Bancos, la demandante tuvo que trasladarse a Santander de Quilichao, pero que su hijo le siguió entregando la ayuda económica. Arguyó el sentenciador de alzada que a lo anterior se sumaba que a folios 15 a 18 se encontraba copia de noticia criminal en la que se evidenciaban los conflictos y amenazas

que venía sufriendo Héctor Fabio Mina Vivero, hijo de la convocante al juicio, situación que llevó a que ella se trasladara al Municipio de Santander de Quilichao. Añadió que las pruebas recaudadas en el proceso permitían colegir que se había acreditado el requisito de la dependencia económica, el que, iteró, no aludía a una sujeción total y absoluta, sino al hecho de que la contribución que hacía ese hijo respecto de su madre era determinante para que tuviera acceso o condiciones de vida dignas. Especificó que tal situación no excluía que la accionante pudiera percibir rentas o ingresos adicionales por parte de su otro hijo, pues no eran suficientes para garantizar su independencia económica, ya que esas entradas no alcanzaban a cubrir los costos de su propia vida, por lo que

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Radicación n.° 91564 no era posible predicar la solvencia financiera de la reclamante. El ad quem concluyó que, contrario a lo argüido por Porvenir S.A. en el recurso de apelación, era procedente declarar que la demandante tenía derecho a la pensión de sobrevivientes al reunir los requisitos que estipula el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, a partir del óbito del afiliado, es decir, desde el 30 de julio de 2018, como lo indicó el juez de primera instancia. En lo relativo al retroactivo, el Tribunal aclaró que lo causado entre el 30 de julio de 2018 y el 31 de enero de 2020,

ascendía a la suma de $15.601.603,80 y no $16.385.449,94 como lo indicó el a quo, por lo que modificaría en ese aspecto la decisión y al actualizar el referido concepto hasta el 30 de junio de 2020, fecha de la sentencia, arrojaría un total de $20.868.421,80. Respecto de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, refirió que los mismos eran procedentes por ser evidente el retardo en el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho la actora; que éstos se causaban dos meses después de radicada la solicitud, ya que es el término que tiene la entidad para responderla conforme al artículo 1 de la Ley 717 de 2001; que en el sub lite la petición se formuló el 25 de octubre de 2018 (f.°80), por lo que los mismos se generaron a partir del 26 de diciembre de igual año, como lo determinó el juez de primera instancia.

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Radicación n.° 91564 En ese orden, dejó resuelta la apelación de la accionada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la AFP Porvenir S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que: […] con los dos primeros cargos formulados que la sentencia impugnada sea CASADA TOTALMENTE y en sede de instancia revoque la sentencia del juez a quo y absuelva a mi representada de las pretensiones de la demanda, proveyendo en costas en lo

que corresponda. Con el tercer cargo se busca que la sentencia impugnada sea CASADA PARCIALMENTE, en cuanto confirmó la condena a pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para que, en sede de instancia, la Honorable Corte, revoque la sentencia de primer grado en cuanto condenó a mi representada y la absuelva del pago de los intereses moratorios. Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula tres cargos, que no obtienen réplica, los cuales se estudiarán en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos «46, 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 100 de 1993

(sic) y 19 de la Ley 797 de 2003».

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Radicación n.° 91564 Asegura que los quebrantos normativos fueron consecuencia de los siguientes errores evidentes de hecho en que incurrió el Tribunal: 1.- Dar por establecido, sin estarlo, que la demandante dependía económicamente de su hijo fallecido. 2.- No dar por probado, estándolo, que para la fecha de fallecimiento el causante obtenía ingresos apenas suficientes para atender sus propios gastos. 3.- No dar por probado, estándolo, que el causante no vivía en casa de su señora madre -hoy demandante. 4.- No dar por probado, estándolo, que el hijo llamado Héctor

Fabio Mina Viveros era quien contribuía con los gastos de su señora madre -hoy demandantepara la fecha del fallecimiento más los ingresos que ella obtenía por algunos trabajos que hacía en forma independiente. Aduce que los citados yerros se produjeron por la «falta de apreciación» de los testimonios rendidos por Yurani Montenegro y Carolina Garcés Ruíz. En la demostración del cargo, el Fondo recurrente luego de traer a colación algunos argumentos de la sentencia confutada, refiere que la testigo Yurani Montenegro Mejía afirmó que ambos hijos de la demandante, Dawin Fernando y Héctor Fabio ayudaban a su madre, que el último le colaboraba con $200.000, mientras que del primero no dio ninguna cifra de la supuesta ayuda; que además aseveró que, «por las amenazas que recibió Dawin se fue junto con su otro hijo a Santander de Quilichao varios meses antes del fallecimiento y solo quedó viviendo ella con Héctor Fabio quien continuó con la ayuda al sostenimiento de su señora madre».

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Radicación n.° 91564 Indica que por su parte la declarante Carolina Garcés Ruíz, manifestó que no conocía las condiciones en que vivía Héctor Fabio con su progenitora, pero que se sabía que le colaboraba desde mucho antes de la muerte de Dawin Fernando. Agrega que lo afirmado por esa testigo, respecto de la ayuda económica que el hijo hoy fallecido le prodigaba a su mamá fue porque ella se lo contaba, lo que dejaba ver que se trataba de un deponente de oídas; que por ello la

colegiatura no podía darle la relevancia a esa versión por no sujetarse a la realidad fáctica que debe quedar probado en el caso de la dependencia económica. Argumenta que los testimonios son contradictorios y no permiten establecer «a ciencia cierta si era verdad la tal ayuda del causante ni de cuál cuantía se está hablando para que pueda ser significativa» o suficiente para considerarla como indispensable. Alega que, en la prueba de la dependencia económica, es de la mayor importancia que los declarantes «sean transparentes», al punto que no quede la menor duda de la existencia de la ayuda, su cuantía, su significancia y relevancia, para que no sea objeto de controversia, como sucede en este caso. Concluye que de esta forma quedan demostrados los yerros fácticos endilgados al juez plural, al no poderse probar con la prueba testimonial la dependencia económica de la demandante frente a su hijo fallecido, razón por la cual, en su decir, el ataque debe prosperar.

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VII. CONSIDERACIONES Cuando se formula un cargo por la senda de los hechos, como ocurre con esta acusación, el censor tiene la carga de acreditar de manera razonada la concreta equivocación en que incurrió la colegiatura en el análisis y valoración de los medios de convicción y su incidencia para desvirtuar la conclusión contenida en la sentencia impugnada, que lo llevó a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia a lo que sí lo está, yerros que surgen a raíz de la

equivocada valoración o falta de apreciación de la prueba calificada, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial. El recurrente únicamente denuncia como dejados de apreciar los testimonios de Yurani Montenegro y Carolina Garcés Ruíz, prueba que no es apta en la casación del trabajo para acreditar un desatino fáctico, pues dada la restricción contemplada en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969, solo tienen ese carácter los documentos auténticos, la confesión judicial y la inspección judicial. En efecto, de manera reiterada y con fundamento en la disposición legal en comento, la jurisprudencia ha señalado que al desatar el recurso extraordinario no es dable analizar la valoración efectuada por el juez de alzada a la prueba testimonial, por no estar prevista como probanza idónea en la esfera casacional. De ahí que, para poder estudiarla era necesario demostrar previamente la existencia de un error fáctico derivado de un medio de convicción que tuviera ese

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Radicación n.° 91564 carácter, pues esta es la única forma posible de adentrarse en el estudio de su crítica, aspecto que en este asunto resulta imposible en la medida que, se itera, el recurrente no denunció ningún elemento de convicción calificado. Al respecto, en sentencia CSJ SL5651-2021, la Sala explicó: Aunado a lo anterior, se cuestiona el análisis de la prueba testimonial, a saber, las declaraciones rendidas por Nancy Acuña de Sandoval, Heydi Delgado Rodríguez y Rosario del Carmen

Pacheco, sin tener en cuenta que conforme a lo dispuesto en el artículo 7.º de la Ley 16 de 1989, los únicos medios de convicción cuya falta de apreciación o estimación errónea pueden estructurar un yerro de hecho en casación, son el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial, por lo que se insiste, los testimonios, solo pueden ser examinadas si previamente se acreditara el desatino denunciado con los medios de convicción aptos para estructurarlo, lo que en este caso no ocurrió. (Negrillas del texto). Entonces, ante la ausencia de prueba apta en esta sede, que le permita a la Corte verificar la existencia de un yerro probatorio manifiesto, protuberante u ostensible, la Sala queda sin herramientas para enjuiciar la sentencia por la vía indirecta, ello con el objeto de establecer alguna deficiencia en la valoración de los elementos de persuasión.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 46, 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, «modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 100 de 1993 (sic) y 19 de la Ley 797 de 2003».

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Radicación n.° 91564 En el desarrollo de la acusación refiere que en este cargo no se discute que: i) el causante era afiliado al fondo de pensiones administrado por Porvenir S.A.; ii) que cotizó más de 50 semanas en los tres años anteriores a su fallecimiento

que ocurrió el 30 de julio de 2018; iii) que vivía en el hogar materno conformado por su madre hoy demandante y por su hermano Héctor Fabio, pero que varios meses antes del óbito ellos se fueron a vivir a Santander de Quilichao por amenazas; y iv) que, con motivo de la muerte de su descendiente, la accionante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, pero le fue negada por no demostrar dependencia económica. Afirma que se cuestiona es que la demandante al momento de solicitar la pensión de sobrevivientes «con motivo del fallecimiento de su hijo (2018), no informó que su hijo DAWIN no vivía con ella y que su otro hijo HECTOR FABIO era quien velaba por su subsistencia desde varios meses antes del fallecimiento de DAWIN». Aduce que desde el plano estrictamente jurídico se critica la sentencia de segundo grado por la interpretación errada que hizo de la decisión CC C111-2006, por cuanto deja de lado que atendiendo lo allí expuesto, así como lo resuelto por la Sala Laboral de la Corte en otros fallos, «el juez en su decisión debe hacer un ejercicio de interpretación sistemática de las normas, es decir, darle el fallador de segunda instancia una relevancia que esté debidamente probada de acuerdo con lo expuesto por los demandantes en su demanda».

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Radicación n.° 91564 Señala que lo que afirma la «Corte Constitucional y corrobora la Sala de la Corte es que debe quedar probado lo que dijeron los testigos y lo expuesto en la contestación de la

demanda»; que pese a que «todos estos hechos fueron debidamente probados en el proceso y no discutimos en esta vía», no fueron atendidos desde el punto de vista jurídico por el ad quem, desestimando las disposiciones señaladas como violadas, llevándolo a confirmar la decisión del a quo bajo el argumento equivocado de que, en este caso, el requisito de la dependencia monetaria se cumplía, dado que el afiliado contribuía con los gastos del hogar materno. Asegura que los criterios del fallador de segunda instancia fueron eminentemente subjetivos, al señalar que el ingreso de la promotora del juicio era insuficiente; «que omitió la significancia de la ayuda del hijo Héctor Fabio con quien vivía, en especial, cuando varios meses antes ellos se fueron a vivir a Santander de Quilichao por amenazas en contra de Dawin, o que sin esa ayuda la situación económica la subsistencia de la demandante se deterioraría al punto de menoscabar su situación de vida». Indica que esta corporación en las sentencias CSJ SL14923-2014 y CSJ SL4025 de 2018, entre otras, señaló que «un ingreso se consideraba precario o insuficiente, cuando su obtención es precaria, inestable, imprecisa, pero cuando se trata de ingresos fijos, continuos, permanentes, como el aportado por un salario no se puede afirmar que resulte ser beneficiaria del causante».

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Radicación n.° 91564 Insiste que el colegiado desconoció que el otro hijo de la actora, Héctor Fabio, era quien realmente contribuía al sostenimiento de su señora madre, de manera que si Dawin

Fernando Lizcano Viveros le daba una ayuda, sin saberse su cuantía, pues no se logró establecer en el proceso, no se puede calificar como una ayuda que tenga el carácter de ser significativa y suficiente para su sostenimiento, sino simplemente una contribución como la que puede brindar el buen hijo de familia en edad de trabajar, pero que no contiene los elementos para ser estimada como necesaria y relevante, al tenor de lo acogido por la jurisprudencia laboral y constitucional. Resalta que el error hermenéutico del Tribunal es ostensible porque, para que se presente la subordinación económica, es necesario que se haga un juicio de ponderación por parte del juez, q