CSJ - SL1426-2019

~~ República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N." 4 GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL1426-2019 Radicación n.° 66675 Acta 12 Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ÁLVARO HUMBERTO OROZCO MONTES contra la sentencia proferida el 31 de enero de 2013 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Primera Dual de Descongestión Laboral, en el proceso promovido por el recurrente contra la empresa GRASAS Y ACEITES

VEGETALES LIMITADA, GRACETALES LTDA.

I. «ANTECEDENTES El señor Álvaro Humberto Orozco Montes demandó a Grasas y Aceites Vegetales Limitada, en adelante Gracetales Ltda., para que se declarara que se encuentra en condición de discapacidad a partir del accidente de trabajo que sufrió

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Radicación n. 66675 el 31 de julio de 2002, la que persistía al momento de su despido; que fue despedido sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social y; que el despido del que fue objeto el día 27 de agosto de 2004, carece de todo efecto jurídico. Solicitó, además, que se declare el restablecimiento del contrato de trabajo suscrito el 29 de mayo de 1991 sin solución de continuidad. Subsidiariamente pidió que se declare que el despido

fue sin justa causa. Como consecuencia de las anteriores declaraciones suplicó que se condene a la empresa pasiva a reintegrarlo al cargo que desempeñaba al momento del despido o a otro de igual o superior categoría; a reconocerle y pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento del despido hasta el reintegro efectivo, con sus reajustes legales y convencionales; pagarle las cotizaciones a salud y pensiones y; las costas procesales. Subsidiariamente pidió que se le reconozca y pague la indemnización por despido sin justa causa, debidamente indexada. Como fundamento de sus pretensiones manifestó que prestó sus servicios personales a Gracetales Ltda., mediante contrato de trabajo a término indefinido desde el 29 de mayo de 1991 hasta el 27 de agosto de 2004; que el cargo desempeñado al momento del despido injusto fue el de mecánico de turno, devengando un salario mensual de SCLAJPT-10 v.00 e Radicación n.° 66675 $1.041.541 y; que sufrió un accidente de trabajo el 31 de julio de 2002, el que fue reportado oportunamente por la empresa pasiva a la ARP Seguros Bolivar. Afirmó, además, que la Junta de Calificación de Invalidez del Atlántico, mediante el dictamen n. 3407 del 21 de septiembre de 2004, le determinó una disminución de la capacidad laboral equivalente al 20.82%; que contra el anterior dictamen interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, y la Junta Regional ratificó el dictamen; que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez mediante

el dictamen n. 7376 del 22 de noviembre de 2004, redujo el porcentaje de disminución de la capacidad laboral al 11.50%, conservando el origen profesional, y le confirió la calidad de incapacitado permanente parcial; que la ARP Seguros Bolivar mediante comunicación del 16 de agosto del 16 de agosto de 2005, le reconoció el pago de la indemnización por $8.757.396.38. Finalmente aseveró que el 27 de agosto de 2004, fue despedido por la empresa demandada, sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social, siendo en ese momento una persona en situación de discapacidad; que al momento del despido estaba afiliado al sindicato, y por tanto beneficiario de las convenciones colectivas. La empresa demandada al contestar el libelo introductorio aceptó la vinculación laboral y su modalidad, los extremos temporales, el cargo desempeñado y el salario devengado por el actor. Dijo que no era cierto que el despido

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Radicación n.° 66675 hubiese sido injusto e ilegal, ya que fue por justa causa y se produjo ajustado a la ley. Admitió que el accidente de trabajo ocurrió y que la comunicación fue enviada por Seguros Bolivar. Sostuvo, que el contrato terminó por justa causa, como se describe en la carta de despido del 27 de agosto de 2004, «por haber realizado una mala operación y no seguir los procedimientos, lo que causó la explosión de la cámara de agua caliente filtro floretine n° 1», incurriendo en conducta negligente y descuidada e incumpliendo sus obligaciones, causando

daños a los equipos de la empresa y ocasionando merma en la producción. Finalmente indicó que no era cierto que se requiriera autorización previa del Ministerio de la Protección Social para despedir al demandante, puesto que: i) en ese momento no se conocía que hubiera perdido capacidad laboral; fii) el motivo no fue la perdida de la capacidad laboral y; (iii) la autorización previa del Ministerio se requiere solo cuando la terminación del contrato de trabajo se produce por razón de la limitación física del trabajador. En cuanto a los demás hechos, dijo que no le constaban.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia del 19 de noviembre de 2010, absolvió a la empresa accionada. No condenó en costas.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Primera Dual de Descongestión Laboral, mediante providencia del 31 de enero de 2013, al resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes, revocó el numeral segundo de la sentencia del a quo, y en su lugar, condenó en costas en primera instancia al accionante Orozco Montes. Confirmó en todo lo demás la sentencia recurrida. El juez plural para resolver el recurso de alzada, dijo que conforme al artículo 35 de la Ley 712 de 2001, que adicionó el artículo 66A del CPTSS, el problema jurídico se circunscribia a determinar si el demandante tiene derecho a

que la empresa pasiva lo reintegre al cargo que venía desempeñando o a otro de igual categoría; le reconozca y pague los salarios y prestaciones legales dejados de percibir con los reajustes legales y extralegales, a que se le paguen las cotizaciones al ISS por concepto de pensión y salud; o subsidiariamente, la indemnización por despido injusto debidamente indexada, todo soportado en el hecho de que el accionante tiene la condición de disminuido físico, y fue despedido sin la autorización previa del Ministerio de la Protección Social, careciendo de todo efecto jurídico. Para llegar a su decisión el Tribunal dijo que se encontraba probado en el proceso que entre el actor y la demandada existió un contrato de trabajo desde el 29 de mayo de 1991 hasta el 27 de agosto de 2004, fecha en que Orozco Montes fue despedido unilateralmente por la pasiva alegando una justa causa. Seguidamente citó y transcribió el

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Radicación n.° 66675 artículo 26 de la Ley 361 de 1977, para luego, expresar, que esta preceptiva «...] consagra el principio de la estabilidad laboral reforzada para las personas con limitación física, en virtud del cual estas no pueden ser despedidas por razones de su limitación, salvo que la terminación del contrato sea autorizada por el Ministerio de la Protección Social [...])) e igualmente integra la sanción a la que tiene derecho el trabajador, cuando el empleador haya soslayado la referida autorización. Hizo referencia al artículo 5° de la misma ley, el que

transcribió, para indicar que esta norma establece los términos en que deben estar acreditadas las personas en condiciones de discapacidad, pero que dicha preceptiva no instituyó cuales eran los porcentajes de disminución de la capacidad laboral que corresponde a cada una de esas limitaciones que ha calificado como moderada, severa o profunda. A renglón seguido sostuvo que no obstante lo anterior, «[...] el Decreto 2463 de 2001 dispuso en su artículo 10 que su aplicación comprendía las prestaciones y beneficios contemplados, entre otras, en la Ley 361 de 1997. Y en su artículo 7% consagró los diferentes grados de limitaciones, señalando que es moderada la que se califica con pérdida de la capacidad laboral entre el 15 y 25%; severa entre el 25 y 50%; y profunda cuando sea superior al 50% [...]». Reprodujo el tenor literal de la citada norma. Citó y transcribió in extenso la sentencia CSJ SL 32532, 15 jul. 2008, de la que dijo contenía el correcto

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Radicación n. 66675 entendimiento del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para luego manifestar que: Se desprende de lo expuesto, que el trabajador que busque protección en virtud de la estabilidad laboral reforzada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 de la ley 361 de 1997, debe aportar una prueba que lo califique como limitado físico, en los términos del artículo 5° arriba mencionado. En tanto, la

indemnización de 180 días, opera únicamente cuando el trabajador tiene una pérdida de capacidad laboral mayor al 15%, y que el empleador conozca tal situación y termine la relación laboral por esta causa, sin la respectiva autorización del Ministerio de la Protección Social. De suerte que, para declarar la ineficacia del despido sufrido por el demandante, éste debe acreditar los siguientes presupuestos: Que la enfermedad produzca una pérdida de capacidad laboral superior al 15%. Que el empleador conozca del estado de discapacidad del trabajador. Que el despido se produzca por causa de la discapacidad, y se realice sin la previa autorización del Ministerio de Protección Social. Examinó las pruebas allegadas al plenario, para considerar, lo siguiente: En primera instancia la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL ATLÁNTICO, mediante Dictamen N° 3407 de 10 de agosto de 2004 (fol. 9 a 12), evaluó la pérdida de capacidad laboral del demandante ALVARO HUMBERTO OROZCO MONTES, y la calificó en un 20.82% originada en un accidente de trabajo; esta decisión fue objeto de recurso de reposición y en subsidio de apelación (fol. 13 a 15), y al resolver el recurso de reposición esa entidad señaló que la misma se encontraba ajustada a lo dispuesto en el Decreto 2463 de 2001 y el Decreto 917 de 1999, por lo que fue ratificada (fol. 16 a 17). El recurso de apelación fue resuelto en última instancia por la

JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, mediante el

Dictamen N 7376 de 22 de noviembre de 2004, obrante a folio 18, del cual se determina que el señor ALVARO HUMBERTO OROZCO MONTES, sufrió un accidente de trabajo que le ocasionó una Incapacidad Permanente Parcial del 11.50 0%; siendo éste último dictamen la decisión definitiva y válida sobre la pérdida de capacidad laboral del actor, debido a que no existe prueba de que contra este se hubieran presentado las acciones legales correspondientes.

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Radicación n. 66675 Y es importante señalar que este documento anteriormente reseñado al ser expedido en última instancia por parte de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, constituye prueba idónea del porcentaje de la incapacidad laboral del demandante en los términos del artículo 41 de la ley 100 de 1993, pues dicha norma establece que las entidades competentes para determinar la pérdida de capacidad laboral, calificar el grado de discapacidad o invalidez y su origen, son el Instituto de Seguro Social, las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, las Entidades Promotoras de Salud EPS, las Compañías de Seguro que asuman el riesgo de invalidez, o las Juntas Regionales o Nacional de Calificación de Invalidez; mediante el respectivo dictamen médico laboral. Luego entonces, teniendo en cuenta que el demandante ÁLVARO HUMBERTO OROZCO MONTES, sufrió una pérdida de capacidad laboral equivalente al 11.50 %, en estas condiciones no es posible aplicar la protección consagrada en el artículo 26 de la ley 361 de

1997, ya que en concordancia con lo establecido en el artículo 7° del Decreto 2463 de 2001, está solo opera para aquellas personas que sufran de una limitación moderada o severa o profunda, es decir, una pérdida de capacidad . laboral superior al 15%. A continuación expuso que como la protección establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, estaba instituida para favorecer a las personas que sufran de una discapacidad superior al 15% de la pérdida de capacidad laboral, y el trabajador que procure protección en virtud de la estabilidad laboral reforzada soportado en dicha normatividad debe demostrar que sufre de una pérdida de capacidad superior a ese porcentaje, y que el empleador conozca tal situación y termine la relación laboral por esta causa sin previa autorización del Ministerio, se concluía que en el presente caso «|...] existen elementos de juicio suficientes que nos permiten establecer que no es procedente la aplicabilidad a favor del demandante de la estabilidad laboral reforzada consagrada en la ley 361 de 1997». Puntualizó, que: De suerte que, en el sub judice no concurren todos los presupuestos que se extractan del artículo 26 de la Ley 361 de

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Radicación n.° 66675 1997, para declarar la ineficacia del despido del demandante ALVARO HUMBERTO OROZCO MONTES, y en consecuencia, no es posible acceder al reintegro deprecado por éste. Es decir, que la enfermedad produzca una pérdida de capacidad laboral superior al 15%, que el empleador conozca del estado de discapacidad del

trabajador, y que el despido se produzca por causa de la discapacidad y se realice sin la previa autorización del Ministerio de la Protección Social. Finalmente se pronunció sobre la petición subsidiaria en la que el actor «...] solicita que se le reconozca la indemnización por despido injusto, frente a lo cual considera el apelante que la juez de primera instancia omitió realizar una valoración probatoria de los testimonios [...J» y, además, que la accionada no probó las causales de despido. Dijo que para que proceda la calificación de un despido injusto, es indispensable su motivación, ya que la conducta que se predica ocurrió debe ser sustentada en una causal reconocida por la ley, y cumplir los requisitos previstos para ello. Expuso, que, conforme a la jurisprudencia, la carga probatoria recae sobre el empleador, ya que basta probar el hecho de terminación del contrato por decisión del empleador para que este asuma la carga de la prueba y la justificación del despido. Seguidamente analizó las pruebas obrantes en el plenario, entre otras la carta de despido de fecha 27 de agosto de 2004 con la causal invocada consagrada en el artículo 7 aparte A) ordinal 4 del D.L. 2351 de 1965. Luego hizo lo propio con el acta de descargos del actor celebrada el 12 de agosto de 2004, el informe disciplinario, los informes rendidos por Hugo Hernández, Orlando Martínez, Francisco

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Radicación n.® 66675 Martínez (Supervisor de Planta) y el ingeniero Antonio Monthon.

También examinó los testimonios de Antonio José Mouthon Lorduy, Alfredo Manuel Pedroza González (Jefe de Producción), Edgar Manuel Rodríguez Rendón (Ingeniero Mecánico de la demandada), todo para manifestar, que: Al ser analizadas las documentales y las declaraciones referidas, se determina que el conocimiento que tienen los testigos acerca de los hechos que originaron el despido del demandante, devienen de que en razón a su cargo y funciones le correspondía manipular o verificar el estado y el funcionamiento del Filtro Florentine N° 1; y las mismas resultan coherentes, coincidentes y tienen pleno valor probatorio para demostrar que el señor ÁLVARO HUMBERTO OROZCO MONTES, tuvo una conducta negligente e inapropiada al tratar de solucionar el problema que presentaba el equipo. Se evidencia una inmediatez en la medida que tomó, lo que lo llevó a no tomar las precauciones y recomendaciones debidas, lo cual causó la explosión de la camara de agua, debido a la sobrepresión a la que fue sometida. Como lo señalamos inicialmente, al invocar la grave negligencia como justa causa de despido, se tiene en cuenta la conducta desplegada por el trabajador en la ejecución de sus funciones, y de acuerdo a lo probado en el proceso, se determina que el demandante ÁLVARO HUMBERTO OROZCO MONTES, tuvo una conducta descuidada en el cumplimiento de sus funciones como Mecánico, no fue responsable ni precavido en el manejo de las dificultades de funcionamiento del Filtro Florentine N° 1; lo cual a las luces del artículo 7°, aparte A), ordinal 4 del Decreto 2351 de

1965, es una justa causa de despido. Concluyó que, con base en lo expuesto, el despido sufrido por el actor fue justo. Revocó el numeral segundo de la sentencia del a quo, y en su lugar condenó en costas de primera y segunda instancia a la parte demandante. Confirmó en todo lo demás el fallo impugnado, sin compartir los argumentos del juez de primer grado.

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10 Radicación n.” 66675 La parte demandada, solicitó la corrección del numeral primero del fallo, por haberse incurrido en error en el nombre del demandante. El juez plural mediante decisión de fecha 1° de octubre de 2013, accedió a lo pedido, en el sentido de que el nombre del actor que aparece en el numeral primero de la sentencia del 31 de octubre de la misma anualidad, no es «Jairo Humberto Orozco Montes», sino, «Álvaro Humberto Orozco Montes».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Lo planteó de la siguiente manera: Pretendo con los cargos formulados la casación total de la providencia impugnada proferida en Audiencia de Juzgamiento el día 31 de enero de 2013, dictada por el Honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla —Sala Primera Dual de Descongestión Laboral, que revocó el numeral segundo de la sentencia del 19 de noviembre de 2010 proferida por el Juzgado 9

Laboral del Circuito de Barranquilla.

Así mismo y al constituirse en sede instancia, solicito la sentencia de primera instancia, y en su lugar se proceda de acuerdo a las pretensiones de la demanda. Con tal propósito formuló un cargo, que fue oportunamente replicado.

VI. CARGO ÚNICO

Acusó la sentencia por:

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Radicación n.° 66675 [...] la vía indirecta a causa de los errores de hecho que se indican más adelante, porque se interpretó erróneamente los artículos 5 y 26 de la ley 361 de 1997, artículos 1 y 7 del decreto 2463 de 2001. (Lo anterior en el entendido que cuando el cargo se plantea por la vía indirecta la interprtación errónea se equipara a la aplicación indebida). Como errores de hecho endilgados al ad quem, señaló: a). -No dar por demostrado estándolo, que el demandante, si tiene una pérdida de capacidad laboral, superior al 15%. b). -No dar por demostrado estándolo, que el demandante, se encontraba enfermo para el momento del despido. c). -No dar por demostrado estándolo, que la empresa demandada, estaba debidamente advertida e informada, que el trabajador demandante se encontraba enfermo y con una pérdida de la capacidad laboral. €) -No dar por demostrado estándolo, que el demandado sabía y tenía pleno conocimiento, que la enfermedad que sufre el demandando y la pérdida de capacidad laboral es producto de un accidente laboral. Como pruebas mal apreciadas relacionó:

a) Dictamen No. 3407 del 21 de septiembre de 2004, de la Junta de Calificación de Invalidez del Atlántico, donde fijo una pérdida de capacidad laboral del 20.82% (fs. 9 a 12 del cuademo 1). b) Dictamen No. 7376 del 21 de junio de 2005, de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, donde fijó una pérdida de capacidad laboral de 11.50% (fs. 18 y vuelto del cuaderno 1). Como prueba no apreciada, señaló: El Informe individual del accidente de trabajo del 31 de julio de 2002 (fs. 8 y vuelto del cuaderno 1). Para demostrar el cargo, dijo que al apreciar erróneamente el Colegiado las anteriores pruebas, y que, de hacerlo correctamente, lo hubiesen llevado «[...] a tomar la determinación de revocar la sentencia de primera instancia de forma integral». Citó y transcribió apartes de la decisión del juez plural, para indicar, que esa argumentación era la que venía

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12 Radicación n.° 66675 desarrollado la Corte Suprema de Justicia, «...] en el sentido que los dictámenes de las Juntas Calificadoras de Invalidez, eran intangibles y por tanto prueba idónea para determinar la pérdida de la capacidad laboral. Esta posición fue reemplazada en la sentencia del 18 de septiembre de 2012Rad. 35450 [...]». Manifestó, además, que: Para el caso que nos ocupa el señor juez colegiado de segunda

instancia en la sentencia que aquí se demanda de manera tradicional a lo que siempre se ha venido realizando y sin motivación alguna, solo en virtud de una jerarquía dentro de lo que opera en las Juntas de Calificación, concluyó de manera errada que debía de aplicar el dictamen de segunda instancia que determino una pérdida de capacidad laboral del 11.50% (F. 18 y vuelto C-l), sin motivación alguna sobre el particular. El Tribunal en la sentencia de segunda instancia que aquí se demanda dejo de aplicar el dictamen que obra del f. 9 al 12 del cuademo 1 que fijo una pérdida de capacidad laboral del 20.82%, que se encuentra debidamente motivado y ampliado en cada uno de sus capítulos y que da una mejor cuenta de las dolencias y problemas de salud del demandante, que el dictamen de segunda instancia que adolece de toda sustentación y amplitud de los conceptos allí expuestos. Se dejó de valorar el informe individual del accidente de trabajo f. 8 y vuelto cuaderno 1 que da exacta cuenta del accidente de trabajo hora, lugar y la descripción del mismo y para que no ofrezca ninguna duda se encuentra firmado por el funcionario correspondiente de la empresa con el respectivo sello de relaciones industriales. Documento este que pone de presente, que la empresa demanda tenía cabal y pleno conocimiento no solamente de la enfermedad sino de las secuelas y dictámenes de pérdida de capacidad laboral del señor OROZCO MONTES y que por tanto debía y era su deber solicitar la autorización correspondiente al Ministerio de Trabajo. Documentos estos que no los valoró y por

consiguiente no hizo la correspondiente intelección que le correspondía sobre los mismos al sentenciador de segundo grado y que de haberlo hecho habría llegado a la conclusión que debía revocar la sentencia y proceder como se solicitó en las pretensiones de la misma. En consecuencia, debido de observarse el dictamen de la junta calificadora regional de Atlántico (fs 9 a 12), que indubitablemente remitía a obtener la autorización del Ministerio de Trabajo, lo que no se hizo y se procedió a despedir, documento que no fue valorado

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Radicación n.” 66675 en debida forma por el Juez de segundo grado, con lo que igualmente se desconoció la presunción, que se estableció en la sentencia -radicado 41380 del 13 de marzo de 2013Mag. Dra. Elsy del Pilar Cuello Caldearon, cuando dijo: “Ese cimiento de la salvaguardia de los destinatarios de la ley 361 de 1997, por ser sujetos de especial protección constitucional, es el que precede al tratamiento diferencial, que se patentiza cuando el empleador estima que existe justa causa para fenecer la relación, y que lo obliga a acudir a la oficina del Trabajo para solicitar el permiso pertinente”.

VII. RÉPLICA La demanda Gracetales Ltda, argumentó que la prueba examinada por el Tribunal para proferir su decisión fue valorada correctamente, concretamente los dictámenes «/...] los cuales fueron rendidos bajo los parámetros del Decreto 2463 de 2001, inicialmente por la junta regional, contra la cual se interpuso el recurso de reposición y en segunda instancia

por la Junta Nacional de Calificación, quien, como ente superior, en últimas valoró la pérdida de la capacidad laboral del accionante en un 11.50%». Agregó, que: No existe motivo o razón para que la H. Sala cambie la jurisprudencia, que hasta la fecha ha sido inquebrantable, en cuanto a que para el amparo determinado por la Ley 361 de 1997 y su Decreto Reglamentario 2363 de 2001, se deben cumplir con las valoraciones médicas y el porcentual mínimo del 15%, de la pérdida de la capacidad laboral, como lo enseñan las sentencias de radicación: 25130 del 7 de febrero de 2006, 32532 del 15 de julio de 2008, 36115 del 16 de marzo de 2010, 38992 del 3 de noviembre de 2010 y 39207 del 28 de agosto de 2012, entre otras. Señaló, que el recurrente no cumple con los rigorismos técnicos en casación, exigidos en el artículo 90 del CPTSS, toda vez que no tuvo en cuenta que la sentencia atacada fue corregida el 1 de octubre de 2013, haciéndola parte integral

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14 Radicación n.° 66675 de la acusada y, sin embargo, esa corrección a la sentencia no fue mencionada por el censor. Adujo, que en el alcance de la impugnación no se concreta qué debe hacer la Corte una vez se case la sentencia del Tribunal, es decir, no dice el recurrente si la del a quo debe ser revocada, confirmada o modificada.

Adicionó, que la censura orienta el cargo por la vía indirecta, a causa de errores de hecho que como tal corresponde a aspectos claramente probatorios, y en el desarrollo del cargo señala que el error fue a causa de interpretación errónea de las normas sustantivas citadas, sin tener en cuenta que, como se ha sostenido jurisprudencialmente, cuando se acusa la sentencia por la vía indirecta, esta corresponde exclusivamente a errores fácticos, que ocurre por la equivocada apreciación o no valoración de una prueba calificada, y en este caso el motivo de violación es la aplicación indebida; mientras que la interpretación errónea, solo es factible dirigirla por la vía de puro derecho, toda vez que ella se presenta cuando el texto de la norma mo es suficientemente claro», y el fallador le da «una interpretación acomodada» a la ley.

VII. CONSIDERACIONES Antes de entrar a resolver y a efectos de darle respuesta a las falencias de orden técnico señaladas por la parte opositora, pertinente es aclarar que, si bien es cierto el recurrente acusa la sentencia del ad quem por la vía indirecta, por interpretación errónea de las preceptivas

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Radicación n. 66675 señaladas en la proposición jurídica, y este submotivo de violación es propio de la senda de puro derecho, no lo es menos que en la estructura del cargo el censor señala los errores de hecho endilgados al Tribunal y las pruebas acusadas de equivocadamente apreciadas y no valoradas, lo que demuestra, aunado a lo argumentado en su

demostración, un ataque totalmente fáctico, propio del sendero seleccionado, y por tanto, la Sala entiende que el submotivo de violación es la aplicación indebida. En lo que respecta a que el recurrente ha debido atacar junto con la sentencia objeto de embate del 31 de enero de 2013, la corrección a la misma calendada 1° de octubre del mismo año, mediante la cual el fallador de alzada corrigió el nombre del demandante, es importante dejar despejado que lo aclarado en esa oportunidad, en nada incide en lo que se resolvió en torno a la litis, por tanto, se entiende que la sentencia objeto de ataque es una sola. Superado lo anterior, la Sala encuentra, que el Tribunal soportó su decisión en lo siguiente: (i) que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, mediante dictamen n.” 3407 del 10 de agosto de 2004, evaluó la pérdida de capacidad laboral del actor, calificándola en un 20.82%, originada en un accidente de trabajo, lo que fue ratificado ante el recurso de reposición interpuesto por el demandante; (ii) que el recurso de apelación fue decidido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, mediante el Dictamen n. 7376 del 22 de noviembre de 2004, en el que se determinó que el señor Montes Orozco, sufrió un accidente de trabajo que le ocasionó una incapacidad permanente

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16 Radicación n.” 66675 parcial del 11.50 %; (iii) que el último dictamen constituye prueba idónea; (iv) que al sufrir el accionante una pérdida de

capacidad laboral del 11.50%, no es viable aplicar la protección consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por cuanto lo preceptuado en el artículo 7 del Decreto 2463 de 2001, esta únicamente opera para aquellas personas que sufran de una limitación moderada, severa o profunda, vale decir, una pérdida de capacidad laboral superior al 15%; (v) que el trabajador que pretenda protección soportado en la estabilidad laboral reforzada del artículo 26 ibídem, debe demostrar que sufre de una pérdida de capacidad superior a ese porcentaje, que el empleador conocía tal situación y, que terminó la relación laboral por esta causa sin previa autorización del Ministerio y; (vi) que en el presente caso no concurren todos los presupuestos que se extractan del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para declarar la ineficacia del despido de Álvaro Humberto Orozco Montes, y en consecuencia, no es posible acceder al reintegro implorado.g Después de analizar las pruebas documentales, entre ellas la carta de despido con las razones y la causal invocada por el empleador, el acta de descargos y el informe disciplinario; así como las declaraciones y testimonios sobre los hechos que originaron el despido, consideró que con la conducta desarrollada por el trabajador en la ejecución de sus funciones, y de acuerdo a lo acreditado en el proceso, se determinaba que el actor Orozco Montes, «[...] tuvo una conducta descuidada en el cumplimiento de sus funciones como Mecánico, no fue responsable ni precavido en el manejo de las dificultades de

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Radicación n. 66675 funcionamiento del Filtro Florentine N° 1; lo cual a las luces del artículo 7°, aparte A), ordinal 4 del Decreto 2351 de 1965, es una justa causa de despido». (Resalta y subraya la Sala). El recurrente, en el único cargo planteado por la vía indirecta, muestra su inconformidad, argumentando, que de no haber valorado el ad quem las pruebas relacionadas equivocadamente, hubiese tomado la decisión de revocar completamente la sentencia de primer grado. Dijo, que la argumentación del fallador era la que en otrora desarrollaba la Corte, en el sentido de que los dictámenes de las juntas d