CSJ - SL1435-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1435-2023 Radicación n.° 91127 Acta 17 Bogotá, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LUIS CARLOS ÁVILA RUIZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES y

COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS.

I. ANTECEDENTES Luis Carlos Ávila Ruiz demandó a las entidades mencionadas, para que se declarara «la nulidad» del traslado del régimen de prima media con prestación definida (RPMPD) al de ahorro individual con solidaridad (RAIS) que realizó el 1º de octubre de 1995 y, por consiguiente, válida su afiliación

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Radicación n.° 91127 al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones. De manera subsidiaria reclamó se decretara igual pretensión a la principal, pero como consecuencia la «inoperancia de sus efectos». En consecuencia, solicitó que se condenara a Colfondos

S. A. trasladar a Colpensiones los valores consignados en su cuenta de ahorro individual y al fondo privado contabilizara las semanas cotizadas y las costas.

Como sustento de sus pretensiones afirmó que: nació el

3 de enero de 1962; el 12 de agosto de 1980 se afilió al Instituto de Seguros Sociales; «el 1.° de octubre de 1995», cuando prestaba servicios a la Caja de Compensación Familiar CAFAM, se vinculó a la AFP Colfondos S. A., quien no lo asesoró, ni le informó de manera completa, clara, veraz, oportuna, adecuada, suficiente y cierta las diferencias existentes entre los dos regímenes pensionales y las implicaciones, en general, sobre sus derechos pensionales; contaba con 1.860 semanas cotizadas en pensiones con las cuales su mesada pensional en el RAIS ascendería a $2.322.509, mientras que en Colpensiones sería de $5.154.931, el 11 de diciembre de 2018 pidió a las accionadas la nulidad del traslado y le fue negada (f.° 3 a 17, cuaderno principal). Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a lo pretendido. En relación con los hechos admitió la fecha de nacimiento del demandante y de la afiliación al Instituto de los Seguros Sociales, la reclamación administrativa y la

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Radicación n.° 91127 respuesta brindada, de los demás indicó que no le constaban. En su defensa señaló que la vinculación del actor al RAIS es válida, toda vez que no se evidenciaba error, fuerza, dolo o falta de información al momento del traslado de régimen. Además, nadie podía alegar su propia culpa a su favor, por lo que, el accionante no podría invocar su negligencia para sustentar la ineficacia pretendida; en todo

caso, el transcurso del tiempo saneó cualquier error que se hubiese podido presentar (f.° 124 a 134, ibi.). Propuso las excepciones que denominó inexistencia de la obligación, «el error de derecho no vicia el consentimiento», prescripción, buena fe y la genérica. Colfondos S. A. también dio respuesta con rechazo a las pretensiones y, en lo relativo a las situaciones fácticas aceptó las relativas a la fecha de nacimiento del demandante, la reclamación administrativa y su respuesta, de los demás indicó que no eran ciertos o no le constaban (f.° 194 a 213, ibídem). Formuló las excepciones de mérito de: falta de causa por pasiva, no existe prueba de causal de nulidad alegada, prescripción, buena fe, compensación y pago, «saneamiento de cualquier presunta nulidad de la afiliación», ausencia de vicios en el consentimiento, «nadie puede ir en contra de sus propios actos», «obligación a cargo exclusivamente de un tercero» y la genérica.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, mediante decisión proferida el 8 de octubre de 2019 resolvió

(f.° 243 a 245 y 242 CD, ibídem): PRIMERO: DECLARAR la nulidad y/o ineficacia de la afiliación o traslado de Régimen pensional de Prima Media con Prestación definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, efectuada por el

señor LUIS CARLOS ÁVILA RUÍZ a la SOCIEDAD

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, COLFONDOS S.A., realizada el día 21 de septiembre de 1995, conforme a lo considerado en la parte motiva de esta decisión SEGUNDO: DECLARAR como aseguradora de la (sic) demandante para los riesgos de invalidez, vejez y muerte a LA

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES,

COLPENSIONES.

TERCERO: ORDENAR a la sociedad COLFONDOS S. A. - FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS, devolver la totalidad de aportes girados a su favor por concepto de cotizaciones a pensiones del afiliado LUIS CARLOS ÁVILA RUIZ, juntos (sic) con los rendimientos financieros causados, con destino a la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

COLPENSIONES.

CUARTO: CONDENAR en costas a las demandadas COLFONDOS S. A. y COLPENSIONES, a favor del señor LUIS CARLOS ÁVILA RUIZ. Tásense por secretaría, incluyendo como agencias en derecho el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cuota parte (negrillas del texto original).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá conoció los recursos de apelación formulados por las administradoras demandadas, así como el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, el 28 de enero de 2021, revocó la decisión de primer grado y,

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Radicación n.° 91127 en su lugar, absolvió a las accionadas y se abstuvo de

condenar en costas (f.° 293 a 302, cuaderno principal). Señaló que, el problema jurídico consistía en determinar si el traslado de régimen pensional del demandante estuvo viciado de nulidad por falta de información suficiente. Determinó como demostrados los siguientes hechos: i) el actor nació el 3 de enero de 1962 (f.° 18); ii) al 1° de abril de 1994 tenía 632.58 semanas cotizadas y 32 años (f.° 136); aportó al Instituto de Seguros Sociales entre el 12 de agosto de 1980 y el 30 de septiembre de 1995, 671 septenarios (f.° 28), y iii) el 21 de septiembre de 1995, se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la AFP Colfondos, haciéndose efectivo a partir de 1° de octubre de 1995 (f.°215 a 216), donde se encontraba vinculado con 1847 semanas cotizadas, conforme su historia laboral (f.° 19 a 27). Consideró que, el traslado de régimen es un acto jurídico cuya validez y eficacia emana del consentimiento exento de vicios y el cumplimiento de las formas solemnes en los actos o contratos. Se refirió a lo dispuesto en los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993, resaltó el canon 114 ibídem y estableció que para realizarlo se debía presentar una comunicación escrita en la que se constatara que la selección había sido libre, espontánea y sin presiones. También que el precepto 11 del Decreto 692 de 1994 autorizó que tal

declaración se incluyera de manera preimpresa en el

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Radicación n.° 91127 formulario de afiliación, el que encontró suscrito por el actor, con la nota preestablecida de: Hago constar que la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad la he efectuado en forma libre, espontánea y sin presiones. Manifiesto que he elegido a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías S.A. - Colfondos para que administre mis aportes pensiónales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos (f. ° 215). Razonó que, según la línea jurisprudencial de esta Sala en decisiones CSJ SL19477-2017, CSJ SL17595-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL413-2018, CSJ STL1688-2019, CSJ SL1451-2019 y STL1677-2019, la falta de información completa y comprensible por parte de la administradora de pensiones puede configurar un engaño que anula el traslado, lo que no se estableció en el presente asunto. Además que en las mencionadas sentencias se tuvo en cuenta las expectativas legítimas pensionales de aquellos demandantes al momento en que mutó del RPMPD al RAIS, que, de resultar vulneradas con dicho acto, implicaría la ineficacia de este acto jurídico, lo que no se configuró en el caso del accionante por contar para la vigencia de la Ley 100 de 1993 con 32 años, faltándole 30 para cumplir con el requisito de la edad exigido por la Ley 797 de 2003.

En virtud de lo anterior, verificó que, el vinculo al RAIS era válido, sin que se pudiera encontrar su ineficacia o nulidad, por no obtener la suficiente información, toda vez que en el interrogatorio de parte que absolvió el demandante explicó «que en ese régimen debe hacerse un aporte mensual que constituye el monto que será dividido en mesadas

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Radicación n.° 91127 pensiónales de acuerdo con su expectativa de vida, y que conocía el hecho de que podía pensionarse de forma anticipada», afirmaciones no implicaban un engaño, pues eran acertadas, pues los afiliados al RAIS podían obtener la pensión sin el requisito de edad y aumentar el monto de la mesada, contrario a lo previsto en el RPMPD. Añadió que desvirtuó el deseo de permanecer en el régimen de prima media con prestación definida o retornar a él, al permanecer en el de ahorro individual por más de 24 años. Dijo que, no desconocía la obligación de las AFP de suministrar una información completa y veraz sobre las condiciones de ese subsistema, no obstante su omisión no afecta per se la validez ni la eficacia del traslado, salvo que surja un verdadero engaño, maniobras o artificios tendientes a obtener el consentimiento en la celebración de este acto jurídico y lo cierto era que en este caso no se demostraron, máxime si en la declaración de parte admitió que el propósito de la contienda era la nulidad por la diferencia sustancial en su mesada pensional respecto del RPMPD. Acotó que, no era de recibo que tan solo en el momento

en que el actor conoció el monto de su pensión, hubiese advertido que Colfondos había incumplido el deber de informar, pero sin manifestar inconformidad alguna durante todo el tiempo que estuvo afiliado; ello implicaba una ratificación tácita del traslado, máxime cuando las obligaciones de asesoría consagradas en los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, a cargo de las AFP, se suplían con

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Radicación n.° 91127 las previsiones aceptadas por el demandante al suscribir el formulario de vinculación. Sostuvo que, no se demostró la existencia de yerros de hecho, dolo en el acto de traslado, coacción o inducción a error o una asesoría deficiente, según lo dispuesto en los preceptos 1509, 1510 y 1515 del CC, por el contrario consideró que el accionante fue asesorado y estuvo de acuerdo con la información suministrada, de suerte que resultaba improcedente la ineficacia pretendida en los términos del canon 271 de la Ley 100 de 1993, porque no se verificó que se hubiese atentado contra el derecho del trabajador a seleccionar el régimen pensional. Arguyó que, tampoco se presentaba el fenómeno de la inexistencia del acto jurídico o una eventual nulidad absoluta o relativa ni inoponibilidad a terceros en la medida que no se daban los presupuestos para ello. Añadió que respecto de la ineficacia en el sentido estricto, no requería declaración judicial, cuyos efectos son disímiles a los de la

nulidad (CC C-345-2017). Expuso que, la ineficacia por faltar al deber de informar a cargo de las AFP deviene de la jurisprudencia (CSJ SL 1452-2019 y CSJ STL3186-2020) y en este evento, el fondo privado demandado cumplió la carga de la prueba que le incumbía, pues en su interrogatorio, el actor admitió que conocía el RPMPD, que recibió asesoría sobre las características del RAIS. Aunado a que el formulario de

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Radicación n.° 91127 afiliación no solo demostraba el consentimiento del demandante, sino la información que le fue suministrada. Destacó que las reglas de la experiencia y la sana crítica permitían colegir que no es razonable que alguno de los contratantes prestara su consentimiento para adquirir obligaciones a sabiendas de que le puede resultar perjudicial, lo que descartaba que no hubiese recibido la información debida. Tambien dijo que el accionante estaba próximo a pensionarse, por lo que su retorno al RPMPD vulneraría los principios de equidad, solidaridad y sostenibilidad financiera, como se resaltó en sentencias CC C1024-2004,

CC C401-2016 y CC C083-2019.

Concluyó que la inconformidad del demandante radicaba en el posible monto pensional, lo cual no configuraba una causal de nulidad o ineficacia del traslado. Con todo aseguró que si se admitiera la existencia del vicio alegado en la demanda, ocurrido el 21 de septiembre de 1995, ha debido alegarse oportunamente, pues a partir de esa fecha contaba con cuatro años para reclamar la rescisión

del acto jurídico y no lo hizo. Dicha falencia permitía deducir la ratificación tácita del traslado y sanear cualquier nulidad.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que esta Corporación case la decisión del Tribunal, para que, en sede de instancia, confirme la sentencia de primer grado.

Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados por Colpensiones, los cuales pasarán a examinarse conjuntamente, dada su afinidad temática y argumentativa.

VI. PRIMER CARGO Cuestiona la legalidad del fallo por vulnerar la ley por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, «del literal b) artículo 13 de la Ley 100 de 1993, los artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, el numeral 1º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, 4º, 14 y 15 del Decreto 656 de 1994 y 10º y 12 del Decreto 720 de 1994» (f.° 4 a 11, cuaderno digital de la Corte «demanda recurso extraordinario»).

Manifiesta que el Tribunal erró cuando aplicó los artículos 1509 «y siguientes» del Código Civil para definir la «nulidad o ineficacia del traslado de régimen», porque los preceptos que regulan la materia son los 13 y 271 de la Ley 100 de 1993, así como el 97 del Decreto 663 del mismo año,

que exigen la afiliación a los regímenes de pensiones libre, voluntaria acompañada de información exacta, precisa de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de ellos, que permitan al ciudadano entender con exactitud

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Radicación n.° 91127 la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, so pena de la ineficacia de la vinculación. Aduce que el ad quem debió indagar si Colfondos S. A. había cumplido de forma oportuna, clara, concreta, suficiente, verificable y objetiva, con aquella obligación, sin embargo se limitó a verificar si había suscrito el formulario de vinculación a la accionada privada en la casilla que dice «voluntad del afiliado», además de omitir que la carga probatoria estaba atribuida a la AFP por encontrarse en mejor posición para probar su dicho, al ser poseedora de la documental que lo acreditaba, conforme jurisprudencia de esta Sala. Razona que conforme con los artículos 4º, 14 y 15 del Decreto 656 de 1994 y el principio de transparencia, la obligación referida supone una actividad calificada y profesional que se desarrolla en un diálogo entre un experto como es la AFP y el ciudadano que no lo es en una materia tan compleja. Sostiene que de la suscripción del formulario de afiliación al régimen de ahorro individual no se acredita que la AFP cumplió con la imposición de asesoramiento, para lo que reprodujo las normas denunciadas en la proposición jurídica de la acusación, así como el canon 20 de la Carta Política y asegura

El consentimiento informado, es el que permite otorgar validez a la relación entre afiliado y fondo privado y que se cumplan las condiciones que estipula el RAIS para acceder al reconocimiento

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Radicación n.° 91127 del derecho pensional, pues, éste derecho está condicionado no solamente a los aportes realizados sino también a los rendimientos financieros que dichos aportes proporcionen, situación que no ocurre en el régimen de prima media para obtener el reconocimiento pensional, ya que solo se necesita cumplir con los requisitos previamente establecidos en edad y de cotización para alcanzar el derecho a gozar de una pensión. Las AFP tienen la obligación de brindar información a lo largo de todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute de la mesada pensional, debiendo proporcionar a sus afiliados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y el afiliado. […] La información se debe proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene: el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e

inconvenientes, y aún, llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica. Transcribe apartes de las sentencias CSJ SL1452-2019 y CSJ SL12136-2014, para colegir que al momento en que se trasladó al RAIS no contaba con la información suficiente en los términos antes descritos, de suerte que se tornaba el acto ineficaz. Reprocha el fallo de segundo grado por exigir prueba que acreditara la presencia de alguno de los vicios del consentimiento, esto es, error, fuerza o dolo, cuando conforme a la jurisprudencia de esta Sala CSJ SL1688-2019, es desde la institución de la ineficacia en el sentido estricto

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Radicación n.° 91127 que debe abordarse este tópico y no de las nulidades sustanciales.

VII. SEGUNDO CARGO Acusa la segunda decisión de trasgredir por la vía directa, en interpretación errónea, los artículos 1604 del CC y 167 del CGP y «desconoce el precedente vertical de la Corte

Suprema de Justicia». Razona que el colegiado soslaya la jurisprudencia de esta Sala que enseña: la inversión de la carga de la prueba únicamente se aplica en casos que el demandante ya hubiera cumplido los requisitos para pensionarse con el régimen de transición antes de su traslado, se encontraba muy cerca de cumplirlos o cuando se coartó la posibilidad de acceder al beneficio previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y

que impone a las administradoras de fondos de pensiones el deber de suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional, para lo que reproduce apartes de la providencia «CSJ SL, 3 abr. 2019, rad. 68852». Asegura que en «esta clase de procesos» opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, es beneficiario del régimen de transición o si se está próximo a pensionarse. Cimentó su dicho en el fallo CSJ SL1452-2019.

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Radicación n.° 91127 Recuerda lo establecido en los artículos 1604 del CC y 167 del CGP, para iterar que el deber de información está a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, responsabilidad de carácter profesional que «les impone el deber de suministrar al afiliado la información suficiente, completa y clara sobre las implicaciones de dicho traslado», la que debe acreditar en los procesos por encontrarse en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos, por tener en su poder el objeto de prueba, lo que desconoció el colegiado. Refiere la sentencia SL1452-2019, para explicar que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información «clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y que, en procesos como el presente, opera una inversión de la

carga de la prueba en favor del afiliado». Además no puede exigírsele como lo hizo el Tribunal, demostrar la existencia de una lesión injustificada al momento del traslado de régimen pensional, como la posibilidad de perder el beneficio del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Precisa: Si bien el demandante para el 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, no contaba con cuarenta (40) o más años ni con 750 semanas cotizadas, esta circunstancia no exonera a la AFP COLFONDOS de acreditar en debida forma que asesoró al demandante al momento del traslado de régimen pensional en los términos señalados con anterioridad.

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Radicación n.° 91127 En atención a lo anterior y dada la ausencia de información o asesoría al momento que mutó de régimen, se sigue la declaratoria de ineficacia del traslado que realizó el demandante del RPMPD al RAIS, por ser este el efecto dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia antes aludida, en donde indicó que la reacción del ordenamiento jurídico (artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993) a la afiliación desinformada es la ineficacia o exclusión de todo efecto jurídico del acto de traslado (f.° 11 al 13, ibídem).

VIII. TERCER CARGO Cuestiona la legalidad de la segunda sentencia por la vía indirecta: […] en la modalidad de interpretación errónea, el artículo 167 del Código General del Proceso y los artículos 13 y 271 de la Ley 100

de 1993, desconociendo el precedente vertical de la Corte Suprema de Justicia sin ofrecer una argumentación suficiente y razonable para apartarse del precedente. Luego de reproducir los artículos 167 del CGP, 13 y 271 de la Ley 100 de 1993, afirma que dicha trasgresión se dio como consecuencias de los siguientes errores evidentes de hecho:

1. Dar por demostrado sin estarlo, que el demandante se trasladó del RPMPD al RAIS de manera libre y voluntaria por haber suscrito el formulario de afiliación con la AFP

COLFONDOS.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante recibió una asesoría completa, suficiente, verificable y objetiva, sobre las desventajas del RAIS.

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3. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante conocía las características propias del RAIS, así como las consecuencias e impacto de la decisión de traslado.

4. No dar por demostrado, estándolo, que, al momento de la vinculación al RAIS, la AFP COLFONDOS NO suministró al demandante una información clara, completa, veraz, transparente y verificable sobre las características de cada uno de los regímenes pensionales, así como las ventajas y desventajas del traslado, junto con las consecuencias e impacto que tendría en su futuro pensional.

Razona que tales desaciertos fácticos se produjeron por la errónea apreciación de los siguientes medios de prueba:

1. La demanda, en la que pretendió la declaratoria de nulidad o ineficacia del traslado de régimen pensional (f.° 3

a 17 del cuaderno principal), porque en los hechos allí plasmados, especialmente en cuanto a que la información que recibió de parte del asesor de la AFP, no fue completa, pues no se le comunicaron las diferencias, beneficios, desventajas o inconvenientes de los regímenes, sus prestaciones económicas «y en general, las implicaciones sobre sus derechos pensionales que debía tener en cuenta al momento de tomar la decisión de cambiarse de régimen de pensiones».

2. La comunicación expedida por la AFP Colfondos del 3 de enero de 2019 (f.° 45 a 48, ibídem), en la que se le contestó: La información se suministraba de manera verbal, No se cuenta con ningún soporte físico, el único documento es el formulario de afiliación mediante el cual el demandante manifestó aceptar, conocer y comprender las ventajas y desventajas del traslado al suscribir libre y voluntariamente el formulario de afiliación.

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Radicación n.° 91127 De suerte que la documental demuestra no le entregaron información acerca de las características de cada uno de los regímenes pensionales; sus ventajas y desventajas; las consecuencias de su traslado así como el impacto que tendría en su mesada pensional.

3. El formulario de afiliación (f.° 215, ib), el que únicamente prueba que lo suscribió, pero no del cumplimiento del deber de asesoría. Añadió que la leyenda inscrita en esta documental en la que se indica que se realiza de manera libre, espontánea y sin presiones al régimen de ahorro individual, no acredita que se satisfizo con la obligación de información conforme a la jurisprudencia de

esta Sala.

4. Respecto del interrogatorio de parte que absolvió, sostiene que el colegiado de forma errónea coligió que «se podía INFERIR que tenía conocimiento del régimen pensional al cual se trasladaba y que no existe prueba que acredite un vicio del consentimiento al momento de la afiliación», contrario a lo que en realidad se escucha pues «señaló que la afiliación se dio por la relación empresarial existente en ese momento entre su empleador CAFAM y la AFP COLFONDOS (minuto 14:25)» además que «para el momento del traslado no hubo ningún tipo de asesoría por parte de la AFP y que no se les dio ninguna explicación sobre cada fondo (minuto 27:06)» y en punto a la información que tenía al respecto la recibió de «una firma asesora privada que le ha dado ilustración y le ha permitido aclarar algunas dudas tal y como lo señala al minuto 19:35», lo que no acredita entonces la entrega de la

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Radicación n.° 91127 comunicación en los términos exigidos por la norma y jurisprudencia de esta Corporación. Precisa que, El Tribunal NO hizo ningún análisis o referencia a dichas pruebas, por lo que, de haberlas apreciado, necesariamente habría concluido que la AFP COLFONDOS no cumplió con su deber legal de brindar una asesoría profesional, completa, suficiente, verificable y objetiva, violando así el literal b) del artículo 13 y el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, por cuanto el traslado se torna ineficaz. De igual forma, se trasgrede el artículo 167 del C.G.P., por cuanto

correspondía a la AFP COLFONDOS probar la asesoría que brindó, la calidad y capacitación del asesor que la dio, sin embargo, por NO haber apreciado lo señalado en la demanda en cuanto a las circunstancias en que se realizó el traslado de régimen pensional, junto con la respuesta brindada, hacen que el Tribunal incurra en el ERROR DE HECHO EVIDENTE Y MANIFIESTO de considerar que sí hubo asesoría o conocimiento frente a la incidencia que el traslado de régimen podía tener en la situación pensional de la demandante (sic) o que no se evidencia un constreñimiento que refleje que la misma fue inducida (sic) en error para suscribir el formulario sin que previamente contara con su consentimiento y conocimiento debidamente informado. Lo manifestado por la AFP COLFONDOS en comunicación obrante a folios 45 a 48, en cuanto a que con la suscripción del formulario de afiliación se deja expresa constancia de haber tomado la determinación de vincularse de manera libre, voluntaria y sin presiones, en manera alguna permiten acreditar o demostrar por parte de esa entidad, que brindó una información completa, clara, veraz y transparente sobre las consecuencias del traslado de régimen pensional y la sola suscripción del formulario de afiliación no permite acreditar que la AFP cumplió el deber de información a que por Ley se encontraba obligada frente a sus potenciales afiliados. […] Al plenario brillan por su ausencia los medios probatorios que acrediten la entrega de información al momento del traslado, que prueben que al demandante se le hubiese informado sobre las condiciones pensionales en el RAIS o de las ventajas y

desventajas que traería el traslado al régimen pensional, muy a pesar de lo señalado por la AFP COLFONDOS en la comunicación obrante a folios 45 a 48, de lo cual no adjunta ningún soporte, así como la capacitación o idoneidad del asesor en materias en temas de seguridad social, incumpliendo con la obligación a su cargo.

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Radicación n.° 91127 Finalmente razona que el ad quem de forma inexplicable se apartó de lo considerado en el tema por esta Corporación y le impuso una «carga probatoria desproporcionada y absurda», cuando quien tiene la información debía suministrarla, lo que no realizó (f.° 13 al 19, cuaderno digital de la Corte «demanda recurso extraordinario»).

IX. RÉPLICA Colpensiones, se opone de manera conjunta a los cargos, afirma que la acusación no debe prosperar, porque el actor no acreditó ningún vicio del consentimiento, carga que le correspondía según el CGP; era necesario demostrar el engaño relacionado con la deficiente información por el fondo de pensiones para justificar el retorno al régimen de prima media, lo que no realizó el actor; los fondos privados cuentan con el consentimiento vertido en el formulario de afiliación para probar el asentimiento de los afiliados respecto del traslado de régimen pensional, dado que las normas del momento no exigían nada diferente; que el deber de asesoría se debe analizar en cada caso en particular, pues no en todos el afiliado es la parte débil, tal como ocurrió en el sub examine, en el que el demandante tenía posibilidades para

ilustrarse y asesorarse de la mejor manera (f.° 1 a 7, cuaderno digital de la Corte «oposición Colpensiones»).

X. CONSIDERACIONES Encuentra la Sala que las acusaciones presentan algunas inconsistencias técnicas, como que en los tres

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Radicación n.° 91127 ataques se entremezclen argumentos fácticos y jurídicos, circunstancia que desconoce la regla técnica de formular cargos, que concreten y cuestionen lo propio de cada v