CSJ - SL1450-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1450-2023 Radicación n.° 93267 Acta 21 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por NUBIA FAIDORY PINZÓN ALFONSO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de agosto de 2020, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra

SALUD TOTAL EPS S. A.

I. ANTECEDENTES Nubia Faidory Pinzón Alfonso demandó a Salud Total EPS S. A. con el fin de que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 17 de febrero de 1998 y el 12 de junio de 2014; que los llamados «beneficios y bonificaciones no salariales», descritos en los comprobantes de nómina y liquidación final de acreencias laborales, no los

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Radicación n.° 93267 hicieron parte de su salario, motivo por el que debían tenerse como base para la liquidación de primas, vacaciones, cesantías e intereses sobre las cesantía y aportes a pensión y salud. En consecuencia, solicitó la reliquidación de las vacaciones, primas, cesantías e intereses a las cesantías causados entre el 15 de enero de 2009 y el 31 de julio de 2014, partiendo del monto de $1.864.500, correspondiente al salario percibido desde el 1 de septiembre de 2006, calenda

en la que fue promovida al cargo de ejecutiva de cuenta. Así mismo deprecó el reconocimiento de los aportes a pensión dejados de cancelar desde la misma data, la sanción moratoria prevista en el numeral tercero del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; la sanción dispuesta en el numeral tercero del artículo 1 de la Ley 52 de 1975; la indemnización moratoria a que se refiere el artículo 65 del CST; la indexación de las condenas y lo que resulte probado en aplicación de las facultades ultra y extra petita. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró al servicio de la demandada durante los extremos temporales ya referidos; que en la cláusula cuarta del contrato de trabajo se fijó el salario mensual a recibir y se precisó que en el evento de que se le reconociera «por cualquier motivo bonificaciones, comisiones o incentivos extralegales, ocasionales o no, se dará cumplimiento a lo previsto en los artículos 15 y 16 de la Ley 50 de 1990» y en esa medida, no se tendrían en cuenta dentro de la base de

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Radicación n.° 93267 liquidación para prestaciones, indemnizaciones, vacaciones o cualquier erogación laboral. Adujo que durante su vinculación «los trabajadores» de Salud Total EPS S. A. el 28 de mayo de 2002 suscribieron un pacto colectivo en cuyo artículo décimo tercero se estableció una garantía mínima de aumento salarial «vía beneficios» en el porcentaje de incremento de la UPC (unidad de pago por

capitación) más un punto, siempre que no superara el IPC; acuerdo del que se benefició desde su firma. Indicó que el 1 de septiembre de 2006 fue promovida al cargo de ejecutiva de cuenta, momento a partir del cual su remuneración correspondía al rubro de $1.167.116 del que $817.000 era salario y $350.166 beneficios de naturaleza no salarial. Destacó que el 1 de octubre de 2008 suscribió con su empleador un otrosí a través del cual se modificó la cláusula quinta del contrato (sic) que suscribió el 1 de septiembre de 2006, estableciendo las condiciones comerciales para la liquidación de los «auxilios o medios extralegales de transporte para ejecutivos de cuenta», e igualmente se pactó como auxilio de transporte fijo, la suma de $200.000, valor que fue objeto de variaciones en los otrosíes fechados el 1 de noviembre de 2010, 1 de septiembre de 2011 y, 1 de marzo de 2013. Puso de presente que el 1 de abril de 2011, 1 de marzo de 2013 y 30 de abril de 2014 se firmaron otrosíes que

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Radicación n.° 93267 tuvieron como fin incrementar los beneficios no constitutivos de salario fijando en cada oportunidad, al tenor del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, la distribución del total de su remuneración en una porción con connotación salarial y otra no, al amparo del «plan de remuneración por beneficios» vigente. Relacionó el monto al que ascendieron los pagos

recibidos mes a mes entre septiembre de 2006 y mayo de 2014 y a continuación afirmó que la última remuneración estaba conformada por un salario de $1.232.200 y unos beneficios no salariales de $250.800; últimos que no se tuvieron en cuenta para el pago de primas, vacaciones, cesantías, intereses sobre las cesantías, aportes a pensión y salud, a pesar de corresponder a una contraprestación de sus servicios. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones a excepción de aquella encaminada a que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre las partes que operó del 17 de febrero de 1998 al 12 de junio de 2014. En cuanto a los hechos, admitió que la promotora de la contienda fue beneficiaria del pacto colectivo firmado el 28 de mayo de 2002 y, cómo se acordó la conformación de la última remuneración cancelada a la trabajadora, frente a lo que destacó que tal y como se confesaba en la demanda, los beneficios percibidos por la actora no eran constitutivos de salario. Respecto a los restantes supuestos fácticos manifestó que no eran ciertos en la forma en la que estaban redactados.

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Radicación n.° 93267 En su defensa señaló que los beneficios no salariales reconocidos a la demandante no estaban dirigidos a retribuir sus servicios, en tanto no dependían de la cantidad o calidad de trabajo desarrollado, pues se pagaron mes a mes sin importar las ausencias de la colaboradora por cualquier circunstancia; situación por la cual fueron objeto de un pacto

de desalarización que se suscribió de forma libre, voluntaria y espontánea, bajo la egida del artículo 128 del CST, modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990 y, en concordancia con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Que además dichos pagos no fueron entregados directamente a la trabajadora, sino a los terceros proveedores de los servicios elegidos por aquella, de conformidad con el plan de beneficios ofrecido a todos sus colaboradores. Formuló como excepciones de mérito las que denominó cobro de lo no debido, pago, compensación, prescripción, buena fe y la genérica o innominada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 13 de diciembre de 2019 resolvió: CONDENAR a la sociedad accionada SALUD TOTAL EPS S. A. a reconocer y pagar a la demandante señora NUBIA FAIDORY PINZÓN ALFONSO las siguientes sumas y conceptos a saber, así: a) La suma de $530.360 por concepto de la diferencia insoluta

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Radicación n.° 93267 del auxilio de cesantías correspondiente al año 2014. b) La suma de $21.214 por concepto de la diferencia insoluta de los intereses sobre las cesantías correspondientes al año 2014. c) La suma de $265.180 por concepto de vacaciones diferencia insoluta del año 2014. d) La suma de $530.360 por concepto de prima de servicios correspondiente a la diferencia del año 2014.

e) La suma de $720.021 por concepto de diferencias en los aportes en salud y pensión que deberá pagar la parte accionada a la entidad de seguridad social respectiva. f) La suma de $5.781.319 por concepto de consignación incompleta del auxilio de cesantías correspondiente a los años 2006 a 2014. g) Los intereses moratorios a partir de la terminación del contrato de trabajo, junio 12 de 2014, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera hasta cuando se produzca el pago de los debido por las prestaciones sociales a que se contrae la condena. SE ABSUELVE de las restantes pretensiones de la demanda. La EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN propuesta por la parte demandada se declara probada a partir del día 15 de mayo de 2014 hacia atrás. COSTAS a cargo de la parte demandada vencida en el proceso. Se fija la suma de $1.800.000 por concepto de agencias en derecho. Para arribar a esta decisión el juez consideró que las sumas de dinero que recibió la actora por concepto de «auxilio extralegal de transporte» en los términos aceptados en la contestación de la demanda y en la confesión que se derivaba del interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la accionada correspondía al «… pago por la gestión cumplida por el ejecutivo de cuenta en desarrollo de su actividad relacionado con el crecimiento en el número de

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Radicación n.° 93267 afiliados». Precisó que además esta erogación se hacía por la visita

efectiva que hiciera la actora; la cual se cancelaba de conformidad con los rangos establecidos en las tablas que se insertaron en el otrosí del contrato de trabajo, que reposa de folio 243 a 248. Destacó que en el referido documento se fijó el cálculo de la liquidación del auxilio variable, «con el objeto de fidelizar e incrementar el número de traslados de otras EPS hacia Salud Total y lograr el incremento neto de afiliaciones», lo que permitía inferir que «el denominado incentivo o medio de transporte» constituía factor salarial, por retribuir el servicio prestado, en la medida que tenía como referente el crecimiento del número de afiliaciones, durante el lapso en el que la promotora de la contienda se desempeñó como ejecutiva de cuenta, esto es, entre el 1 de septiembre de 2006 y el 12 de junio de 2014.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar los recursos de apelación interpuestos por las partes, a través de proveído del 31 de agosto de 2020 revocó la decisión de primer grado para en su lugar absolver a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra, sin imponer costas en la alzada.

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Radicación n.° 93267 En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez colectivo fijó como problema jurídico determinar si las «bonificaciones» recibidas por la actora constituían salario y en caso afirmativo, si era procedente la condena solicitada,

así como la configuración del fenómeno de la prescripción. Con el fin expuesto enlistó los elementos de prueba «relevantes», consistentes en el contrato de trabajo suscrito el 17 de febrero de 1998; los otrosíes que reposan a folios 57 a 103, 191, 194, 197, 198, 201, 203, 204, 226 a 248; la renuncia presentada por la actora; la liquidación final de acreencias laborales; la certificación laboral de folios 107 a 110; las comunicaciones en las que se le informó a la trabajadora su designación como secretaria de gerencia y ejecutiva de cuenta respectivamente; los desprendibles de nómina; los aportes voluntarios a Protección y soportes de retiro de estos; la aprobación de vacaciones y comprobantes de su pago; los interrogatorios rendidos por las partes y las declaraciones de Liliana Barón Ulloa, Yohanna Paola Cely Rodríguez y Henry Ladino Díaz. Sostuvo que no era materia de discusión la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, sus extremos temporales ni el cargo desempeñado por la promotora de la contienda, de manera que no efectuaría ningún pronunciamiento sobre el particular. Realizó un recuento de «los actos que modificaron el contrato de trabajo» para identificar los beneficios previstos en cada uno de ellos y precisó que, de conformidad con los

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Radicación n.° 93267 contratos de trabajo y sus otrosíes, las partes pactaron además de un salario mensual, el reconocimiento de unos beneficios no salariales de conformidad con los artículos 128 y 129 del CPTSS. Adujo que según la certificación vista de folio 107 a 110,

la demandante se desempeñó en el cargo de ejecutiva de cuenta y por dicho motivo devengó además de un salario básico mensual, una remuneración a título de beneficio no constitutivo de salario por la suma de $250.000. Sostuvo que según los desprendibles de nómina que reposan a folios 414 a 528 la actora «contó con diferentes beneficios durante la relación laboral» identificados con los conceptos de: aporte voluntario, previsión exequial, Emermédica y auxilio extralegal de transporte, de los que resaltó, solo eran materia de inconformidad en segunda instancia los relativos al auxilio extralegal de transporte y los aportes voluntarios a pensiones. Puso de presente que del interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la demandada emergía que la sociedad empleadora contaba con un esquema de beneficios que consistía básicamente en que «un monto se pueda distribuir en distintos bienes y servicios como educación, vivienda, transporte, bonos de gasolina, bonos de mercado etc.» de manera fija e inamovible, aun sin la prestación del servicio, los que fueron solicitados por la promotora de la litis para «pago de cheviplan, hipotecarios» ante el fondo de pensiones voluntarias al que se depositaba de manera

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Radicación n.° 93267 mensual. Además, que una vez la actora fue ascendida a ejecutiva de cuenta, suscribió otrosí en el que se pactó a su favor un beneficio de medio de transporte, requerido para el desempeño de sus funciones, el cual estaba compuesto por una parte fija y otra variable; última que dependía de las

visitas efectivas para la depuración de cartera, reconocimiento que no se tenía en cuenta como factor salarial por no retribuir de manera directa el servicio. Aludió al interrogatorio de parte absuelto por la actora e indicó que en este se expuso que, aun cuando, el 1 de septiembre de 2006 suscribió un otrosí al contrato de trabajo en el que se fijaron unos beneficios no salariales, su firma no fue voluntaria «sino que era una obligación para poder seguir trabajando». Que igualmente precisó haber desistido del servicio de Emermédica por no requerirlo; que «el 1 de marzo» se firmó un nuevo otrosí en donde tomó otros beneficios «que no eran voluntarios porque ella no lo[s] escogía»; que el 17 de octubre de 2008 se presentó idéntica situación pero frente a la prerrogativa de medios de transporte, que se componía por una parte fija y otra no, la cual aumentaba su remuneración, en verdad, correspondían al reconocimiento de comisiones por razón de las visitas a las empresas asignadas. En cuanto a los testimonios de Liliana Barón Ulloa y Yohanna Paola Cely Rodríguez sostuvo que eran coincidentes en manifestar que desempeñaban el mismo cargo de la actora y que como contraprestación de sus servicios recibían un

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Radicación n.° 93267 salario básico más comisiones, las que se representaban en las sumas reconocidas por concepto de medios de transporte y que los beneficios que a ellas también les reconocieron, eran «impuestos». Respecto de la declaración de Henry Ladino Díaz destacó que en esta se explicó que los medios de transporte

y los otros beneficios no eran constitutivos de salario en tanto, «si la persona estaba de vacaciones el medio de transporte no se pagaba y si había alguna licencia se pagaba el promedio», unido a que no se cancelaban por el desempeño de la trabajadora, quien conocía cómo se hacía acreedora de las bonificaciones y en qué consistía el plan de beneficios del que hizo uso en varias oportunidades. Refirió que en la cláusula segunda del otrosí del 1 de marzo de 2014 (fo. 191), se establecieron beneficios de carácter «no prestacional y no constitutivos de salario» entre ellos, el aporte voluntario, del que además resaltó correspondía al mismo tenor del documento fechado 1 de marzo de 2013 (fo. 194). Adujo que en los documentos de folios 87 a 92 y 243 a 248 se veía un otrosí que contenía las políticas para el pago de «incentivos o auxilios extralegales de transporte a ejecutivos de cuenta» de fecha 1 de septiembre de 2011, en el que se acordó que no se tendrían en cuenta para el salario con el que liquidarían las prestaciones sociales. Así las cosas, coligió que estos emolumentos, esto es,

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Radicación n.° 93267 los aportes voluntarios y el auxilio extralegal de transporte, contaban con un pacto de exclusión salarial realizado de común acuerdo por las partes, que era permitido al tenor del artículo 128 del CST, pues a pesar de que la actora sostuvo que los firmó obligada, tal manifestación, realizada en el interrogatorio de parte, no encontraba soporte en ningún

medio de prueba. Sobre los aportes voluntarios indicó que en los términos previstos en el pacto colectivo suscrito (fos. 396 a 402), el empleador contaba con la facultad de establecer un portafolio de beneficios dentro del que estaba el mencionado aporte, que no tenía como finalidad retribuir los servicios prestados por la trabajadora, lo cual se extraía «por la forma de pago y el uso que la misma demandante hizo de ellos correspondiente a lo pactado» y se corroboraba en los documentos de los folios 256, 258, 259, 261, 263, 266 y 272, según los cuales, los solicitó para realizar «mejoras en su casa, crédito hipotecario y cheviplan»; de manera que se desvirtuaba que el pago cumpliera lo consagrado en el artículo 127 del CST para considerarlo salario, lo que además respaldó en apartes de la sentencia CSJ SL4850-2019. Frente al auxilio extralegal de transporte señaló que al tenor del documento en el que se fijaron las condiciones de su pago, se advertía que este tenía dos componentes: i) fijo, relativo al gasto de transporte en que incurre el trabajador de la casa al lugar de labor y que se acordó en una suma determinada, y ii) variable, encaminado a solventar el gasto incurrido por el trabajador en las visitas efectivas a los

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Radicación n.° 93267 usuarios y empleadores a los que se les generaba fidelización, mantenimiento del recaudo y solución de inconvenientes en la afiliación; pago que se liquidaba teniendo en cuenta «el promedio del transporte en que pueda llegar a incurrir el

trabajador para hacer efectiva la gestión, la sucursal donde labora porque se considera que hay diferencia entre los trayectos de las ciudades grandes y pequeñas». Por lo anterior sostuvo que el aludido auxilio tenía como objeto retribuir el gasto de transporte en que incurría la demandante para el ejercicio de sus funciones, pues aun cuando la parte variable se causaba solo por las visitas generadas, ello no implicaba que en efecto correspondiera a una contraprestación del servicio prestado, sino facilitarlo. Finalmente afirmó que, al haberse establecido el carácter no salarial de los emolumentos estudiados, no procedía la reliquidación de las prestaciones sociales, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones, aportes a pensión, ni tampoco la indemnización moratoria y sanción por no consignación de las cesantías en el fondo correspondiente y en consecuencia debía revocar la decisión de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque parcialmente la decisión de primer grado y en su lugar se acceda a la totalidad de las pretensiones de la demanda en torno a «la consideración como factor salarial» de los aportes voluntarios a pensiones, aporte voluntario empresa, beneficio extralegal no salarial y en esa medida se disponga la reliquidación y pago de las prestaciones sociales, sin tener

en cuenta la prescripción, se aplique la sanción por no consignación de las cesantías y se efectúe el pago de los aportes a pensión «conforme a la base real». Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, frente al que se presenta réplica, el cual se resolverá a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de segunda instancia por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida: […] de los artículos 23 - modificado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1990-, 43, 55, 65 - modificado por el 29 de la Ley 789 de 2002- , 127modificado por el 14 de la Ley 50 de 1990, 128 –modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990-, 129modificado por artículo 16 de la Ley 50 de 1990-, 192 –modificado por el artículo 8 del Decreto 617 de 1954-, 249, 253 –modificado por el artículo 17 del Decreto 2351 de 1965-, 306 –modificado por el artículo 2 de la Ley 1788 de 2016-, 488, 489 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el artículo 1 de la Ley 52 de 1975; 151 del Código de Procedimiento Laboral; 99 de la Ley 50 de 1990; 15, 17, 18 – modificado por el artículo 5 de la Ley 797 de 2003de la Ley 100 de 1993, 30 de la Ley 1393 de 2010; 53 y 83 de la

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Radicación n.° 93267 Constitución Política de Colombia.

Enlista como errores evidentes de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que los beneficios - aporte no salarial y aporte voluntario empresa contemplados en el plan de beneficiosde SALUD TOTAL E.P.S. S.A no ingresaban al patrimonio del accionante como retribución directa del servicio que prestaba a la accionada, por lo que no son constitutivos de salario, en esa medida que no hay lugar a la reliquidación de prestaciones sociales ni a la de aportes a la seguridad social.

2. No dar por demostrado, estándolo, que los beneficios aporte no salarial y aporte voluntario empresa contemplados en el plan de beneficiosde SALUD TOTAL E.P.S. S.A ingresaban al patrimonio del accionante como retribución directa del servicio que prestaba a la accionada, por lo que son constitutivos de salario y en esa medida hay lugar a la reliquidación de prestaciones sociales y a la de aportes a la seguridad social.

3. Dar por demostrado, sin estarlo que los pactos de exclusión salarial que implementó SALUD TOTAL E.P.S. S.A., son completamente válidos y acordes con la ley, lo que denota la buena fue de la compañía.

4. No dar por demostrado, estándolo, que los pactos de exclusión salarial que implementó SALUD TOTAL E.P.S. S.A pretendieron encubrir elementos salariales, para con ello evitar el pago en debida forma de prestaciones sociales y aportes a seguridad social del actor, (sic) lo que denota la mala fe la compañía.

5. Dar por demostrado sin estarlo, que el denominado Plan Institucional de pensiones voluntarias, le asiste pleno valor

legal.

6. No dar por demostrado, estándolo, que los planes de Pensiones voluntarias constituyen una potestad del trabajador para invertir en su pensión, dineros voluntariamente devengados frente a su salario recibido, y no como inválidamente lo plantea la demandada que tales dineros aportados, constituyen un beneficio empresarial.

7. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada el mismo día de la suscripción de su contrato de trabajo, modifica las sumas que presuntamente estaban destinadas al transporte, en una suma que puede manejar el trabajador para ser recibida como presuntos beneficios.

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Radicación n.° 93267 8. no (sic) dar por demostrado, estándolo, que la multiplicidad de beneficios presuntamente ofrecidos por la demandada, estaban destinados no a amparar beneficios reales para el trabajador, sino que constituían una excusa para legalizar el valor total del ingreso.

9. No dar por demostrado, estándolo, que los presuntos beneficios de aportes pensionales reconocidos a la demandante, no cumplían la finalidad legal establecida, esto es, al fortalecimiento de su derecho pensional, pues se encontraban pactados por la demandada con un fondo diferente al escogido voluntariamente por el trabajador como su fondo de pensiones.

10. No dar por demostrado, estándolo, que el denominado fondo Voluntario de pensiones, creado por la demandada unilateralmente con protección, (sic) era manejado como una cuenta aleatoria de pagos periódicos, mas nó (sic) con la connotación legal de aportes voluntarios a pensiones.

11. No dar por demostrado, estándolo, que el trabajador (sic) demandante fue obligado a la vinculación de aportes pensionales a Colfondos, (sic) cuando la ley dispone para el trabajador la voluntariedad en la escogencia del fondo al cual realiza sus aportes.

12. No dar por demostrado estándolo, que en el esquema de beneficios implementado por la demandada, no guardaba objetividad alguna la destinación del beneficio, sino la legalización por cualquier medio de la suma acordada.

13. No dar por demostrado estándolo, que en los formatos de autorización de beneficios, establecen únicamente la manera como el trabajador puede distribuir las sumas asignadas, mas no deriva una real intención de la demandada de ofrece (sic) beneficios a sus trabajadores.

14. No dar por demostrado, estándolo, que el presunto plan de beneficios, lejos de cumplir con la objetividad que plantea el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo de facilitar el desempeño de sus funciones, pretenden cumplir necesidades personales y básicas del trabajador.

15. No dar por demostrado estándolo, que la demandada cuenta con una estructura jurídica amplia, que no le permite considerar establecer de manera ilegitima (sic) y sin su entera voluntad la construcción de planes de beneficios sin soporte legal.

16. Dar por sentado, sin su debido análisis por parte del H.

Tribunal Superior de Bogotá, la buena fe de la demandada, sin que se realizara su respectivo análisis jurídico.

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17. Dar el Tribunal Superior por demostrada la buena fe de la demandada, por el simple hecho que la jurisprudencia de la

H. Corte Suprema de justicia ha sido variable.

18. Afirmar sin ser cierto, que la jurisprudencia respecto de la desalarización de los factores laborales ha sido variante.

Denuncia como pruebas indebidamente apreciadas: - A folios 48 a 52, contrato de trabajo de duración por la obra o labor contratada, suscrito el 9 de febrero de 1999. - A folios 53 a 55 y 182 a 185, contrato a término indefinido suscrito el 17 de febrero de 1998. - A folios 57 a 103, 191, 194, 197 a 198, 201, 203 a 204, 226 a 248, documentos otrosí suscritos entre las partes. - A folios 105 y 252, liquidación del contrato de trabajo. - A folios 189 a 190, 192 a 193, 195 a 196, 199 a 200, 202 y 405 a 528, desprendibles de nómina. - A folios 258 a 289, aportes voluntarios a Protección y retiro de los aportes y beneficios. - A folio 542 Interrogatorio Representante Legal (Min 5:59 A 28:34). - Interrogatorio demandante (Min 28:40 A 47:05).

• Testigo Liliana Barón Ulloa (47:29 A 1:04:15). - Testigo Yohanna Paola Cely Rodríguez (1:4:43 A 1:18:52). - Testigo Henry Ladino Díaz (Min 1:19:48 A 1:53:37).

Para demostrar el cargo sostiene que el tema que se debate se centra en cuestionar «la desacertada conclusión a la que arribó la segunda instancia» frente a su remuneración, en particular, los «beneficios» contemplados en el «plan de beneficios» que recibía mensualmente como no constitutivos de salario.

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Radicación n.° 93267 Refiere que el juez plural afirmó que se encontraba probada la exclusión salarial tanto en el contrato, como en los otrosíes suscritos entre las partes, aspecto que igualmente estaba previsto en el artículo decimosexto del pacto colectivo de trabajo celebrado entre Salud Total y sus trabajadores, para la vigencia 2002 – 2005. Sin embargo, sostiene que ello es el resultado de pasar por alto «el aspecto primordial que rige las relaciones laborales, esto es, que el contrato de trabajo tiene como principal objeto la la (sic) representación dualitaria de salario - prestación personal del servicio»; de ahí que los pagos que se realicen por parte de los empleadores a los trabajadores generalmente son retributivos de sus labores personales, lo que respalda en un fragmento de la sentencia CSJ «SL 35771 de 2011». Señala que se demostró que los supuestos beneficios no salariales otorgados, en realidad eran salario y, en esa medida, los pactos de exclusión salarial firmados solo tuvieron como propósito evitar el efecto de dichos rubros en el pago de las prestaciones sociales y seguridad social; de allí la equivocación del juzgador de la apelación en el análisis del contrato de trabajo, del que derivó que las partes «libre y autónomamente convinieron que algunas sumas de dinero que

se entregarían por parte del SALUD TOTAL E.P.S. S.A. a favor de la demandante no eran salariales, ya que presuntamente no ingresaban a su patrimonio como retribución directa de su servicio».

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Radicación n.° 93267 Aduce que en «múltiples» providencias la Corte ha establecido que las sumas reconocidas por la convocada como no salariales, en verdad tienen como finalidad retribuir directamente los servicios personales de sus trabajadores, como ocurrió en las providencias «de Radicado Núm. 31.757 de 2008; 32.077 de 2008; 38.832 de 2011; 65.946 de 2018; 68.005 de 2019» en las que, afirma, se consideró que los pactos de exclusión salarial no eran válidos. Sostiene que «resulta insólito y sospechoso que de un momento a otro un supuesto incentivo de transporte y/o alimentación» pactado en el contrato de trabajo «se transformó inmediatamente al mismo momento en un plan de beneficios no salariales para el pago se seguros, ahorro, entre otras». Unido a que es evidente que los recursos destinados para cualquiera de los presuntos beneficios que escogiere, estaban encaminados a enriquecer permanentemente su patrimonio, pues decidía autónomamente para qué utilizarlos. Pone de presente que si el Tribunal hubiese observado adecuadamente el pacto colectivo, habría advertido la intención de la demandada de encubrir unos montos como no salariales cuando en realidad lo eran, engañando con ello no solo al trabajador, sino al propio Sistema de Seguridad

Social, cuando en su artículo décimo tercero se prevé que los aumentos salariales se realizaran «vía beneficios», lo que a su juicio hace más evidente de que «los supuestos beneficios» tenían carácter salarial al ser una contraprestación directa de sus servicios.

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Radicación n.° 93267 Transcribe un aparte de la sentencia CSJ SL444-2019 y asevera que los rubros consignados por