CSJ - SL1460-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1460-2023 Radicación n.° 93725 Acta 18 Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ESPERANZA LÓPEZ PRIETO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Esperanza López Prieto llamó a juicio a Colpensiones con el fin que, se declarara que tenía derecho al reconocimiento de la «pensión de sobrevivientes o sustitución pensional con respecto a la pensión de vejez de que disfrutaba su fallecida señora madre FANNY PRIETO DE LÓPEZ, dada su condición de discapacitada con pérdida de la capacidad

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Radicación n.° 93725 laboral del 55 %» a partir del 9 de junio de 2016; que en consecuencia se le condenara a cancelarle: i) el retroactivo originado desde dicha data, en 14 mesadas al año debidamente indexado «previa deducción de las que […] viene recibiendo de manera provisional desde el mes de octubre de 2017, como consecuencia de acción de tutela»; ii) los daños morales que se la causaron los que cuantificó en 100 SMLMV; iii) todo aquello a lo que tuviera derecho acorde a las

facultades ultra y extra petita del juez y, iv) las costas. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que mediante Resolución n.° 241 de 1992, el ISS le otorgó a su madre la prestación por vejez, que se hizo efectiva el 1º de enero de dicho año; que convivió de forma permanente con aquella; que dependía económicamente de su progenitora dado que padece de «bipolarismo» que le impidió tener un empleo estable. Afirmó que, requirió a Colpensiones el reconocimiento del derecho peticionado en el juicio, el 19 de agosto de 2016; que el grupo médico laboral de esa entidad la calificó con una pérdida de capacidad laboral del 55 %, con fecha de estructuración el 23 de noviembre de esa anualidad; que el 26 de abril del 2017, exigió nuevamente la prestación; que fue negada por Acto Administrativo n.° SUB85218 del 31 de mayo de igual año, exponiendo como argumento que «la estructuración de la pérdida de la capacidad laboral data del 23 de noviembre de 2016, fecha posterior a la del 9 de junio de 2016 cuando falleció la Señora FANNY PRIETO DE LÓPEZ».

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Radicación n.° 93725 Indicó que, contra la referida decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación; que el primero fue resuelto por Determinación n.° 115270 del 29 de junio de 2017 y el segundo, por Actuación n.° DIR10763 del 13 de julio siguiente; que ambos confirmaron la inicial (f.° 3-8

primera instancia, cuaderno principal, expediente digital). Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, precisó que el reconocimiento de la pensión de vejez a Fanny Prieto de López se hizo efectivo a partir del 30 de enero de 1992 y, que la actora presentó la solicitud por única vez el 26 de abril de 2017. Aceptó, la calificación de la PCL, el porcentaje afirmado, los medios de impugnación propuestos y las respuestas dadas, frente a las demás situaciones fácticas dijo que no le constaban o, que no se trataban de tales. En su defensa propuso las excepciones de mérito de prescripción, cobro de lo no debido, ausencia del derecho al pago de intereses y a la indexación, inexistencia de la obligación por falta de causa y título para pedir, buena fe, así como la genérica (f.40-51 ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado 38 Laboral del Circuito de Bogotá, por providencia del 12 de febrero de 2020, absolvió a la llamada a juicio de todo lo pedido e impuso las costas a la reclamante

(f.°77 audiencia, 99-100 acta ibidem).

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Radicación n.° 93725

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 30 de julio de 2021, al conocer el recurso de apelación propuesto por la demandante confirmo la de primer grado y condenó a costas a la petente

(f.°26-36 segunda instancia, apelación, sentencia, expediente

digital). En lo que interesa al recurso extraordinario, consideró como fundamento de su decisión, que el problema jurídico a resolver era el de «¿Acredita la señora ESPERANZA LÓPEZ PRIETO los requisitos para ser beneficiada de la sustitución de la [prestación] que en vida devengaba la señora FANNY PRIETO DE LÓPEZ en condición de hija en situación de discapacidad?». Para dar respuesta a dicha problemática precisó que no era objeto de discusión que: i) a la madre de la actora le fue reconocida una pensión de vejez a partir del 30 de enero de 1992 por parte del extinto ISS; ii) falleció el 9 de junio de 2016; iii) la demandante fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del 55 % con fecha de estructuración el 23 de noviembre de 2016, de conformidad con el dictamen proferido por Colpensiones el 8 de marzo de 2017. Acudió a los testimonios rendidos por Raquel Franco de Vasallo (vecina); Diana Rubiela y Jesús Octavio López Prieto (hermanos), para luego hacer alusión a que, la controversia suscitada debía resolverse bajo el literal c) del artículo 47 de

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Radicación n.° 93725 la Ley 100 de 1993 en concordancia con el 38 de ese mismo cuerpo normativo; igualmente se refirió a la providencia CSJ SL4823-2019, sobre el principio de libre formación del convencimiento regulado en el artículo 61 del CPTSS, para luego sostener, que: […] si bien, tal como lo adujo la parte demandante al sustentar

el recurso de apelación, el juez debe apreciar en su conjunto todos los elementos probatorios a fin de establecer la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, lo cierto es que en el presente asunto la promotora de la litis desplegó un endeble ejercicio probatorio, pues con la presentación de la demanda tan solo se aportó el dictamen emitido por Colpensiones en el cual se estableció como fecha de estructuración de invalidez el 23 de noviembre de 2016, data posterior a la fecha de la muerte de la causante ocurrida en junio del mismo año, es así, que no obstante tal determinación, la demandante no se preocupó por allegar al plenario otras pruebas que permitieran arribar a una conclusión diferente, como sería la totalidad de la historia clínica de la demandante, aportar un nuevo dictamen pericial o solicitar un dictamen por parte de la junta regional de calificación de invalidez, a fin de controvertir o tener el sustento suficiente para apartarse de la decisión adoptada en el dictamen emitido por Colpensiones, tampoco las pruebas testimoniales permiten llegar a una conclusión diferente, pues de las mismas se advierte que la señora ESPERANZA LÓPEZ PRIETO padeció de cambios en su comportamiento desde la época de su juventud, sin embargo, no es dable concluir en qué data se estructuró el 50 % de la pérdida de capacidad laboral de la demandante. Advirtió que, de la «historia clínica del 10 de marzo de 1977» aportada por la testigo Diana Rubiela López, así como las que se observaban a folios 63-67 del 15 de abril de ese

mismo año y, f.°71-75 del 25 de enero de 2016, era inviable colegir la data de estructuración de la PCL, puesto que: […] en la historia clínica de marzo y abril de 1977 se relacionaron los inicios de la enfermedad mental de la demandante, sin embargo, con posterioridad en los años 1984, 2000 y 2001, la señora LÓPEZ PRIETO efectuó cotizaciones a pensión con los empleadores "PAMEO S.A." y "CRUZ BLANCA EPS", de lo que se deduce que con posterioridad a la historia clínica de 1977 la

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Radicación n.° 93725 demandante estuvo activa laboralmente y por ende, es claro que tenía capacidad para laborar a pesar de padecer la enfermedad, sin que sea dable determinar con certeza el momento en que la afectación de su enfermedad llegó a tal grado que la imposibilitó para desempeñar un trabajo habitual. Igualmente señaló que, si bien « […]en la historia clínica del 25 de enero de 2016, se diagnosticó a la actora con trastorno bipolar afectivo» no era posible inferir que: […] el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral para dicha fecha fuera igual o superior al 50 %, máxime cuando se indica que se trata de una enfermedad de curso crónico, es decir, de larga duración y paulatina progresión, razón por la cual, la señora LÓPEZ PRIETO pudo presentar a lo largo del padecimiento de la enfermedad pérdidas parciales en su capacidad laboral y precisamente por las características propias de dicha enfermedad, era necesario aportar por la parte

interesada elementos de convicción suficientes a fin de tener la certeza de la fecha en que el porcentaje de la PCL alcanzó el 50 % y si ésta fue con anterioridad al fallecimiento de la causante, elementos que brillan por su ausencia dentro del expediente, razones suficientes para CONFIRMAR la decisión de primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se conceda todo lo pretendido (f.°3 recurso extraordinario, demanda de casación, expediente digital).

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Radicación n.° 93725 Con tal propósito formula cinco cargos, los dos iniciales por la causal segunda de casación y, los tres restantes por la primera, los que fueron objeto de réplica y, que por cuestiones de método se estudiarán en forma conjunta el primero y el segundo; para luego proceder con los demás por soportarse en similar elenco normativo, ofrecer argumentos afines y buscar un mismo propósito.

VI. CARGO PRIMERO Le endilga a la sentencia de segundo grado ser violatoria de la ley sustancial «[…] concretamente de la Ley 100 de 1993 por la violación del literal c) del actual artículo 47 y los artículos 48 y 53 de la Constitución Política por apreciación errónea de un documento auténtico».

Para desarrollar el ataque memora que, el Tribunal sostuvo que ninguna de las historias clínicas aportadas al proceso, como tampoco los testimonios permitían «apartarse

del dictamen de Colpensiones el cual estableció como fecha de estructuración de la invalidez el 23 de noviembre de 2016 […] máxime por tratarse de una enfermedad de curso crónico» y, porque existía evidencia que la actora cotizó al sistema de seguridad social por medio de diferentes empleadores de lo que era posible deducir que, podía trabajar de forma tal que, no resultaba viable «establecer con certeza la fecha de estructuración de tal invalidez ni si esta fue anterior al fallecimiento de la causante».

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Radicación n.° 93725 Dice que, tales conclusiones lo que denotan es que el operador judicial transgredió el principio de la unidad de la prueba, pues: […] dejó de lado […] las historias clínicas de 10 de marzo y 15 de abril de 1977 que dan cuenta de la iniciación de la enfermedad, y la de 25 de enero de 2016 que expresamente diagnostica, no solo el trastorno afectivo bipolar que […], sino que este es hereditario, degenerativo, de curso crónico e incurable. Refiere que, el juez plural no solo dejó de apreciar tal documental «sino que, contra el principio de unidad de la prueba, las evalúa por separado para concluir que unas dan cuenta de la iniciación de la enfermedad y la otra del diagnóstico final» pero que no permiten definir con claridad sí la data en que se configuró la PCL superior al 50 %, fue anterior a la establecida en el concepto científico de Colpensiones. Expresa que, si el sentenciador hubiese examinado los aludidos elementos de convicción como un todo, la

conclusión sería diferente, esto es, que: […] la antigüedad y evolución de la invalidez, partiendo de las anotaciones de marzo y abril de 1977 que dan cuenta de la aparición de la enfermedad mental y llegando a las anotaciones de enero de 2016 en que se diagnosticó el “Trastorno Afectivo Bipolar incurable” que sufre ESPERANZA LÓPEZ PRIETO, período de tiempo de 39 años que, junto con las patologías de la enfermedad y la fecha de fallecimiento de la causante, ya permiten ubicar la PCL del 55 % […] en ese mes de enero de 2016 y, con toda seguridad, para el 9 de junio de 2016, fecha de fallecimiento de la causante, contra el dictamen de COLPENSIONES que pretende que dicho porcentaje se adquirió en los 4 meses siguientes a dicho fallecimiento […].

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Radicación n.° 93725 Afirma que, también erró el juez plural cuando concluyó que, podía trabajar en razón a las cotizaciones que realizó al sistema de seguridad social en 1984, 2000 y 2001, pues no advirtió que eso se dio por periodos cortos por lo que estima, que: […] de los 42 años trascurridos desde cuando alcanzó la mayoría de edad en mayo de 1974, hasta la fecha de muerte de su progenitora en junio de 2016, la demandante tan solo haya cotizado por esos breves lapsos de tiempo, sumado a la prueba de su permanente convivencia y dependencia de la madre, confirman la existencia de la discapacidad desde muy temprano en la vida de la demandante, situación que no le ha permitido

tener una relación laboral estable a pesar de haberlo intentado. Asegura que, en la Historia Clínica del 25 de enero de 2016, se dejó constancia que el diagnóstico definitivo de la patología que sufría era «trastorno afectivo bipolar enfermedad en curso crónico no curable» de lo que dice «se infiere con toda claridad la existencia plena de la discapacidad para ese enero de 2016» y, que como dicho dictamen se dio aproximadamente cuatro meses antes de la muerte de la progenitora de la petente: […] lo más probable es que, ese 55 % de PCL cuya fecha de estructuración COLPENSIONES la determinó del 23 de noviembre de 2016, para el mes de enero de ese mismo año, ya existiera porque es que justamente lo “crónico” de la enfermedad lo que demuestra es que, en cuatro meses, es absolutamente imposible adquirir el porcentaje de PCL del 55 % por esta enfermedad mental (f.°4-6 recurso extraordinario, demanda de casación, expediente digital).

VII. CARGO SEGUNDO Señala a la providencia fustigada «como violatoria de la ley sustancial, concretamente de la Ley 100 de 1993 por la

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Radicación n.° 93725 violación del literal c) del actual artículo 47 y los artículos 48 y 53 de la Constitución Política por Falta de Apreciación de un documento auténtico». Para desarrollar el embate básicamente cuestiona el hecho que el administrador de justicia para arribar a la conclusión de que para el momento del deceso de su madre no tenía una pérdida de capacidad laboral superior al 50 %,

se limitó a señalar que de la Historia Clínica de enero de 2016, «no se [podía] inferir que para dicha fecha la [PCL] de la demandante […]fuera igual o superior [a ese porcentaje] bajo el argumento de que la enfermedad es de curso crónico, es decir de larga duración y paulatina progresión por lo que en tal proceso pudo presentar pérdidas parciales de su capacidad laboral», proceder que califica como equivocado porque: […] seguramente lo leyó, pero buscando que el mismo contuviera la fecha exacta en que […] pudo llegar al 50 % de PCL pero NO APRECIÓ que contiene un determinante DIAGNÓSTICO imposible de soslayar como es el de “Trastorno Afectivo Bipolar de curso crónico no curable” que a las claras demuestra la existencia de la discapacidad desde ese mes de enero de 2016. Reitera el argumento expuesto en el primer ataque relativo a que, para el 25 de enero de 2016 cuando se le dictaminó el padecimiento fue solamente cuatro meses antes del fallecimiento de la progenitora lo que «prácticamente confirma que ese 55 % de PCL en ESPERANZA LÓPEZ PRIETO cuya fecha de estructuración COLPENSIONES la determinó del 23 de noviembre de 2016, para el mes de enero de ese mismo

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Radicación n.° 93725 año, ya existía, lo cual es determinante para las resultas del proceso» (f.°6-7 ibidem).

VIII. RÉPLICA Pone de presente que, los cargos desarrollados adolecen de graves falencias técnicas que comprometen su prosperidad, pues se acudió a la causal segunda de casación

laboral, lo que corresponde a la reforma en perjuicio, sin que sea armónico con su desarrollo, que tampoco anuncian la vía, ni la modalidad y, si se entendiera que se trata de la senda indirecta bajo el sub motivo de aplicación indebida no se enunciaron los errores de hecho, ni se despliega un discurso que se acompase con las exigencias mínimas que tiene ese camino, afirmando respecto de unas pruebas que no fueron apreciadas cuando si fueron valoradas por el Tribunal; pero que además, no se ataca el fundamento del fallo denunciado, como lo es que, con anterioridad al deceso de la madre no se estructuró la pérdida de capacidad laboral. Advierte que, sin en todo caso la Sala decidiera estudiar de fondo el recurso extraordinario no encontraría transgresión alguna al ordenamiento jurídico en la sentencia fustigada, puesto que esta se encuentra acorde con el literal c) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en la medida que esta exige para ser beneficiario del derecho en ella regulado «la pérdida de capacidad laboral y la dependencia económica al momento del fallecimiento de su progenitor para que se cause la prestación» (f.°1-4 recurso extraordinario, oposición, expediente digital).

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IX. CONSIDERACIONES Memora la Corte que como lo ha reiterado en innumerables ocasiones, la demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, ya que una acción de esta naturaleza está sometida en su formulación a una técnica especial, que, de

no cumplirse, conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable, con lo cual hace imposible su estudio de fondo. Y es verdad que se ha reconocido la necesidad de adaptar las exigencias formales reseñadas a la defensa y realización material de los derechos fundamentales en el trabajo y la seguridad social, pero ello no conlleva, en modo alguno, a que esta sede se hubiera transformado en un foro abierto, en el que se pueda desplegar cualquier tipo de argumentación, protesta o lamentación respecto del resultado de un determinado juicio. Existen ciertas formas mínimas que no pueden ser desatendidas, puesto que, además de que constituyen presupuestos legales vigentes, buscan darle racionalidad y cumplir el debido proceso (CSJ SL2349-2020). En efecto, tal como lo advierte la opositora, la Sala encuentra deficiencias de orden técnico que compromete la prosperidad de los ataques, como pasa a detallarse a

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Radicación n.° 93725 continuación: Lo que inicialmente se observa es que, efectivamente se anunció que la causal de casación a la que se proponía era la segunda; sin embargo, en atención a lo discutido es posible deducir que se pretendió acudir a la primera de casación laboral, por el camino indirecto en el sub motivo de aplicación indebida. No obstante lo anterior, lo cierto es que con ello no resulta suficiente para que la Corporación pueda proceder al análisis de fondo de los ataques pues se advierte que no se desplegó el ejercicio dialéctico que impone la técnica que exige la senda elegida, en la medida en que, no se enuncian

los errores de hecho, esto es« no especificó qué supuesto fáctico tenido por probado por el Tribunal no lo está o, cuál dio por acreditado sin estarlo, y tampoco hizo un análisis razonable y crítico de tales desaciertos » (CSJ SL5162-2020) y, si bien se hace alusión a algunas pruebas, ello se hizo de manera general, ya que no fueron individualizadas, omitiéndose de forma absoluta la identificación de su ubicación o foliatura, lo que tampoco es posible colegir de los fundamentos. Con lo preliminar, la censura olvida que no corresponde a esta Sala realizar una búsqueda exhaustiva en todo el elenco probatorio, como si se tuviesen las facultades de un juez de instancia para auscultar el plenario e identificar aquellos elementos a los que alude, pues con ello se estaría soslayando el carácter rogado y dispositivo de este especial

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Radicación n.° 93725 medio de impugnación. Incluso, acceder a esto sería actuar por fuera de la competencia de la Corporación para indagar en los medios que se aportaron al plenario y juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, cuando en puridad de verdad la labor de esta Corte no «radica en descubrir a cuál de ellas debe asignarle el derecho sustancial debatido, porque dicha polémica queda agotada al proferirse el fallo del juez de la alzada» (CSJ SL2052-2022). Como si lo anterior fuera poco respecto de las mismas pruebas (historias clínicas), se acusa al colegiado indistintamente de su falta de apreciación y, su equivocada

estimación «infracciones que no pueden predicarse lógicamente frente a un mismo elemento probatorio, dado que no es dable aducir una mala intelección de una prueba, de la que a su vez se alega la falta de valoración» (CSJ SL5162-2020). Lo que conduce inicialmente a que, en relación con los medios probatorios enunciados, no se cumpla con el deber que impone el literal b) del artículo 90 del CPTSS, como lo es: […] (iii) explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita, y (iv) la demostración debe hacerse mediante un análisis ponderado y crítico de las probanzas, confrontando la conclusión que se deduzca de este proceso intelectual de argumentación con las conclusiones acogidas en la resolución judicial (SL42992021).

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Radicación n.° 93725 Además, no puede olvidarse que, el dislate fáctico endilgado al administrador de justicia por esta vía para que sea capaz de quebrar la providencia por él dictada, tiene que ser de tal magnitud que resulte evidente sin esfuerzo alguno, pues no debe olvidarse que el error de hecho en materia laboral: […] se presenta, […] cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la

ley sustancial que de ese modo resulta infringida (CSJ SL, 11 feb. 1994, rad. 6043, reiterada en la CSJ SL2879-2019) Que, además, para que se establezca «no solo es necesario que venga acompañado de las razones que lo demuestran, si no como lo ha dicho la Corporación, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta, lo que en este caso no acontece» (CSJ SL2618-2022), exigencias que no pueden darse por satisfechas con las solas afirmaciones en los cargos relativas a que dado que la accionante sufrió las primeras manifestaciones de su enfermedad en 1977 y que, para enero de 2016 tuvo un diagnóstico definitivo de padecer «trastorno afectivo bipolar incurable» el Tribunal ha debido colegir que para el momento de la muerte de su madre (junio de 2016) ya tenía una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %. Se dice lo anterior porque con ello, no es viable demostrar un yerro fáctico capaz de quebrar la providencia dictada por el administrador judicial en la medida en que, el sentenciador nunca pasó por alto que, para 1977 fue

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Radicación n.° 93725 diagnosticada con «neurosis histérica» y que para el 2016, obtuvo la conclusión médica atrás referida, sino que lo condujo a tomar su determinación es que, con los elementos probatorios arrimados al plenario no podía «determinar con certeza el momento en que la afectación de su enfermedad llegó a tal grado que la imposibilitó para desempeñar un

trabajo habitual» (subrayado fuera de texto), más aún cuando . observó que en los años 1984, 2000 y 2001 la actora efectuó cotizaciones a pensión mediante diferentes empleadores y, que si bien pudo ser por cortos periodos como lo afirma la censura, ello no es óbice para concluir de manera inexorable que ello se debía a que sufría de una PCL superior al 50 % y que por tanto el juzgador se equivocó de manera protuberante y manifiesta es su decisión. Y, precisamente fue por esa ausencia de convicción que, el juez plural resaltó: […] lo cierto es que en el presente asunto la promotora de la litis desplegó un endeble ejercicio probatorio, pues con la presentación de la demanda tan solo se aportó el dictamen emitido por Colpensiones en el cual se estableció como fecha de estructuración de invalidez el 23 de noviembre de 2016, data posterior a la fecha de la muerte de la causante ocurrida en junio del mismo año, es así, que no obstante tal determinación, la demandante no se preocupó por allegar al plenario otras pruebas que permitieran arribar a una conclusión diferente, como sería la totalidad de la historia clínica de la demandante, aportar un nuevo dictamen pericial o solicitar un dictamen por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, a fin de controvertir o tener el sustento suficiente para apartarse de la decisión adoptada en el dictamen emitido por Colpensiones, tampoco las pruebas testimoniales permiten llegar a una conclusión diferente, pues de las mismas se advierte que la señora ESPERANZA LÓPEZ PRIETO padeció de cambios en su

comportamiento desde la época de su juventud, sin embargo, no es dable concluir en qué data se estructuró el 50% de la pérdida de capacidad laboral de la demandante.

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Radicación n.° 93725 De lo que además se desprende que la recurrente parte de una premisa equivocada, en cuanto a que el sentenciador exigió una prueba solemne para acreditar la «invalidez», pues lo cierto es que, analizó la totalidad de los elementos de convicción arrimados al juicio y echo de menos el deber probatorio que estaba en cabeza de la parte demandante de allegar «otras pruebas que permitieran arribar a una conclusión diferente, como sería la totalidad de la historia clínica de la demandante, aportar un nuevo dictamen pericial o solicitar un dictamen por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez», planteamiento que no fue desvirtuado con los cargos propuestos y que llevan a la Corte a señalar que no se cumplió con la obligación que establece el artículo 164 del CGP, esto es « […] probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico [perseguido]» (CSJ SL672-2023). Además, no sobra recordar, que: […] el hecho de que el juez de alzada le asigne un mayor peso probatorio a unos medios de prueba, como ocurrió en el sub judice con los que aportó la demandante –[dictamen]-, no conlleva la comisión de los yerros denunciados, pues dicho actuar se enmarca dentro de las facultades que le otorga el artículo 61 del CPTSS, esto es, en el uso legítimo de la libertad de apreciación

probatoria (CSJ SL2767-2022). Realmente lo que se evidencia en los cargos es que la parte recurrente busca defender su posición para que se acceda a sus pedimentos, olvidándose que el medio extraordinario no es un tercer escenario para reabrir la discusión procesal ya que como se ha dicho de forma reiterada por esta Corporación:

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Radicación n.° 93725 […] el recurso de casación no le otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, su labor se limita a enjuiciar la sentencia para establecer si el juez observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para solucionar rectamente el conflicto» (CSJ SL2342-2022, CSJ SL2857-2022, CSJ SL3133-2022) Consecuencia de todo lo anterior la presunción de acierto y legalidad que abriga a las providencias judiciales no fue desquiciada y por tanto la decisión dictada por el colegiado permanece incólume. Acerca de dicha exigencia valga iterar que esta Sala en sentencia CSJ SL1474-2021, recordó que en proveído CSJ SL4299-2021 se dijo: Se hace necesario que la parte recurrente “controvirtiera todos los fundamentos de hecho o de derecho en que se basó la sentencia acusada, pues es inane su embate, si en este solo se atacan algunas de las razones soporte de la decisión impugnada o distintas de las expresadas por el juzgador de segundo nivel, como se evidencia es lo sucedido.

En la que también se trajo a colación la CSJ SL33262019, que memoró lo dicho en la CSJ SL16794-2015, la que sostuvo: […] Teniendo en cuenta la presunción de acierto y legalidad de que está revestida la sentencia de segunda instancia, al recurrente le corresponde derruir todos y cada uno de los fundamentos en que se soporta la decisión, so pena de que ésta permanezca incólume. Al respecto, la Corte ha sostenido que «no son suficientes las acusaciones parciales, de tal suerte que es carga del recurrente en casación destruir todos los soportes del fallo impugnado, pues aquél que se deje libre de cuestionamiento será suficiente para mantener en pie la decisión que se impugna, que bien se sabe, llega al estrado. De forma tal que sin necesidad de mayores planteamientos los cargos se desestiman.

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X. TERCER CARGO Denuncia el proveído del juez plural de transgredir la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea «del literal c) del actual artículo 47 (en el artículo original literal b) y artículos 48 y 53 de la

Constitución Política». Para explicar la acusación, trae a colación la sentencia CSJ SL1171-2022, en la que la Sala concedió el derecho reclamado a pesar de que le reclamante no contaba con una calificación «formal» de su discapacidad pero, era evidente que había nacido con ella, motivo por el cual alega que, lo señalado en dicha providencia es plenamente aplicable al sub

examine, dado que conforme a los testimonios y las historias clínicas se demostró que la patología sufrida por la actora lo fue desde por lo menos el año de 1977, es decir que para el 25 de enero de 2016, cuando se le diagnosticó el trastorno era posible concluir que lo