CSJ - SL1470-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1470-2023 Radicación n.° 95036 Acta 22 Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por RICARDO RENDÓN ARANGO contra la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral seguido por el recurrente contra la

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., la SOCIEDAD

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, trámite al cual se vinculó a la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO como litisconsorte necesario.

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Radicación n.° 95036

I. ANTECEDENTES Ricardo Rendón Arango convocó a las demandadas con el propósito que se declare que le asiste derecho a retornar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, por encontrarse dentro de los supuestos previstos en las sentencias CC SU062-2010 y CC SU130-2013. En subsidio, que se «declare INEFICAZ y/o LA NULIDAD» de su vinculación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS, por «falta de información».

Como consecuencia de cualquiera de esas dos peticiones, solicitó la «REVOCATORIA de la pensión de vejez» que en la actualidad disfruta y le fue reconocida por Porvenir S.A., quien deberá trasladar a Colpensiones la totalidad de los aportes obligatorios a pensión que se encuentran en su cuenta de ahorro individual, junto con los rendimientos financieros a que haya lugar y el bono pensional; y a la segunda de las entidades a reconocer y pagar la pensión de vejez conforme el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad; los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o en su defecto, la indexación. Así mismo, reclamó que como consecuencia de la ineficacia y/o la nulidad, se condene a las administradoras del RAIS accionadas a que le paguen los perjuicios «cuantificados en la diferencia de la mesada pensional entre la pensión reconocida por el RAIS y la que debió ser reconocida por RPMPD desde la fecha del reconocimiento prestacional

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Radicación n.° 95036 hasta la fecha en que COLPENSIONES asuma la obligación»; y las costas del proceso. En sustento de sus pretensiones, relató que nació el 19 de noviembre de 1947, por tanto, a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 40 años de edad, siendo beneficiario del régimen de transición previsto por el artículo 36 de esa normativa; que el 15 de enero de 1970 comenzó a cotizar al ISS, hoy Colpensiones; y que se trasladó a

Protección S.A. en el mes de febrero de 1995, y luego a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, sociedad que fue absorbida por Porvenir S.A. Arguyó que, esas entidades de seguridad social omitieron explicarle su situación pensional y además no brindaron la información necesaria frente a las consecuencias de ese cambio de régimen, en tanto solo mencionaron los supuestos beneficios del RAIS. Puso de presente que el 31 de agosto de 2007 le solicitó a Porvenir S.A. el reconocimiento de su pensión de vejez, la que le fue otorgada a partir del 1 de diciembre de ese año, en una cuantía inicial de $4.628.315, bajo la modalidad de retiro programado, sin explicarle en qué consistía. Adujo que tenía más de 750 semanas cotizadas al 1 de abril de 1994, cumpliendo con las exigencias previstas en las sentencias CC SU062-2010 y CC SU130-2013 para recuperar el régimen de transición; que en el RPM la mesada pensional que le hubiera correspondido ascendería a la

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Radicación n.° 95036 cuantía de $6.704.878, a partir del 19 de noviembre de 2007; que se afectó su mínimo vital; y que el 28 de noviembre de 2016 efectuó la respectiva reclamación administrativa. Colpensiones al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones incoadas en su contra. En cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento del actor y que se afilió al ISS el 15 de enero de 1970. Frente a los demás supuestos

fácticos, manifestó que no le constaban, dado que se trataba de actuaciones desplegadas con un tercero, como lo era la AFP también accionada. En su defensa, manifestó que no le asistía razón al demandante en sus pedimentos, en tanto el cambio de régimen al RAIS se hizo de manera libre y voluntaria; por consiguiente, tenía plena eficacia y validez. Propuso la excepción previa de falta de agotamiento de la reclamación administrativa; y como de fondo las de prescripción, improcedencia para decretar la ineficacia o la nulidad, buena fe, improcedencia de condena en costas y de los intereses moratorios, compensación, devolución de cuotas de administración. Por su parte, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. al contestar la demanda también se opuso a las súplicas formuladas en su contra. En cuanto a los hechos, dijo que eran ciertos la fecha de nacimiento del accionante y su traslado al RAIS en el año 1995. Sobre los

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Radicación n.° 95036 demás supuestos fácticos, manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. Como razones de defensa argumentó que la vinculación al RAIS tenía plena validez, pues fue libre y voluntaria; que el actor fue debidamente asesorado, tanto así que, sin objeción alguna, suscribió el respectivo formulario de cambio de régimen, el cual reunía las exigencias legales vigentes para la época. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción,

aprovechamiento indebido de los recursos públicos y la genérica. La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. al dar respuesta al escrito de acción se opuso a los pedimentos. Frente a los hechos, aceptó que el demandante se vinculó a Horizonte S.A. y los términos en que le fue reconocida una pensión de vejez por parte de la AFP. De los restantes supuestos fácticos manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, expuso que la selección de régimen pensional fue válida; que no se le causó perjuicio alguno al accionante; que se redimió el bono pensional; y que el actor disfruta de una pensión, por ende, tiene una situación jurídica consolidada.

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Radicación n.° 95036 Enlistó la excepción previa de falta de integración del litisconsorcio necesario; y de fondo las de improcedencia de la nulidad o ineficacia por reconocimiento de la pensión de vejez, falta de causa para pedir, buena fe, inexistencia de las obligaciones demandadas, prescripción, ausencia de responsabilidad y de prueba del daño. Así mismo, presentó demanda de reconvención, en la que reclamó que, en caso de prosperar las súplicas del pensionado, fuera condenado a reintegrarle a Porvenir S.A. los valores recibidos por concepto de la prestación de vejez, junto con su rentabilidad o, en su defecto, la indexación, y las costas del proceso. Expuso como hechos que el señor Rendón Arango

disfruta de una pensión de vejez bajo la modalidad de retiro programado; que de la cuenta de ahorro individual ha recibido unos dineros por concepto de mesada pensional; y que esas sumas deben ser reintegradas a efectos de trasladarlos al RPM, en caso de prosperar la nulidad o ineficacia del traslado de régimen. Respecto a la referida demanda de reconvención se pronunció el accionante, quien se opuso a esas pretensiones. Frente a los hechos, aceptó que disfruta de una pensión de vejez y de los demás dijo que eran apreciaciones subjetivas de la sociedad demandante en reconvención.

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Radicación n.° 95036 En su defensa, el pensionado adujo que el traslado de régimen pensional al RAIS carecía de validez, lo que traía las consecuencias de ley. Propuso las excepciones de buena fe, imposibilidad de restituir las mesadas pensionales legítimamente recibidas, inexistencia de la obligación, caducidad, prescripción y la genérica. El juzgado de conocimiento ordenó vincular al contradictorio a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Oficina de Bonos Pensionales. Al dar respuesta a la demanda, dicho ente Ministerial se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos dijo que no le constaban. En su defensa argumentó que no estaba demostrado que el acto de traslado al RAIS no fuera válido; que el accionante estaba pensionado, lo que ratifica su aceptación respecto de las condiciones de ese régimen; y que cualquier vicio estaba saneado.

Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, ausencia de responsabilidad de la Nación, falta de causa para pedir, prescripción, descapitalización del sistema, bono pensional en firme, reintegro del bono pensional, buena fe y la genérica.

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Radicación n.° 95036 El juzgado de conocimiento, en audiencia celebrada el 26 de enero de 2021, declaró no probada las excepciones previas propuestas. Así mismo, indicó en la fijación del litigio que el asunto a dilucidar era: La controversia en este asunto se centra en determinar inicialmente si hay lugar a la declaratoria de ineficacia o nulidad de la afiliación de la parte actora al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad o, subsidiariamente, de no proceder lo anterior, deberá verificarse si resulta procedente la aplicación de las consecuencias jurídicas previstas en las sentencias SU062-2010 y SU130-2013. En todo caso, de la prosperidad de cualquiera de las dos pretensiones relacionadas, deberá verificarse si corresponde ordenar la revocatoria de la pensión de vejez reconocida en el régimen de ahorro individual con solidaridad, ordenándose la reactivación de la afiliación del actor al régimen de prima media con prestación definida, junto con el traslado del contenido de la cuenta de ahorro individual y sus rendimientos al fondo público, verificándose en ese caso además si resulta procedente el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, que se reclama en el régimen de prima media con prestación definida En caso de declararse la ineficacia de la afiliación y concederse

la pensión de vejez, deberá verificarse además si es procedente condenar a las AFP del régimen de ahorro individual con solidaridad, al reconocimiento y pago de los perjuicios que se reclama en la demanda, adicionalmente en caso de accederse a la declaratoria de la ineficacia o aplicación de las consecuencias previstas en la sentencias SU también deberá determinarse cuál es la responsabilidad de la vinculada en la parte pasiva del proceso, esto es, la NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICINA DE BONOS PENSIONALES, teniendo en cuenta que en este asunto se redimió y pagó, bono pensional a favor del demandante. […]

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 26 de enero de 2021, resolvió: PRIMERO. SE DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE improcedencia para decretar la ineficacia o la nulidad del

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Radicación n.° 95036 traslado de régimen formulada por LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA, según se explicó en las consideraciones.

SEGUNDO. SE ABSUELVE a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA

DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.,

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

PROTECCIÓN SA, LA NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y

CREDITO PÚBLICO-OFICINA DE BONOS PENSIONALES y a la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra, por RICARDO RENDON ARANGO por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. TERCERO. SE ABSUELVE al señor RICARDO RENDON ARANGO de las pretensiones formuladas en la demanda de reconvención por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., tal como se explicó en la parte motiva. CUARTO. SE CONDENA en costas a la parte demandante vencida en el proceso. Las Agencias en Derecho se calculan en CIEN MIL PESOS ($100.000) a favor de cada una de las demandadas. El a quo adujo que para decidir el litigio tendría en cuenta que el asunto debía analizarse desde la órbita de la ineficacia en sentido estricto, toda vez que la parte actora esgrimió que no se le brindó la información debida para el momento del cambio del régimen pensional. Indicó que la jurisprudencia tiene definido que las entidades del sistema cuentan con el deber de gestión de quienes se vinculen a las mismas, responsabilidad, que es de tipo profesional y las obligaba a prestar, en forma eficiente, eficaz y oportuna, todos los servicios que son inherentes a su calidad de instituciones de carácter previsional, las que consistían, en el caso en particular, en proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible sobre las implicaciones del cambio de régimen. Resaltó también el

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Radicación n.° 95036 a quo que le correspondía a la AFP demostrar que brindó esa asesoría. Con ese derrotero, analizó las probanzas allegadas al plenario y coligió que de las mismas no se colegía un traslado de régimen debidamente informado, motivo por el cual, en principio, procedería la ineficacia solicitada. No obstante, el juez resaltó que ello no era posible en la medida que el promotor del proceso se encontraba pensionado, razonamiento que apoyó con lo dicho en una decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. En ese orden de ideas, coligió que no era dable acceder al pedimento de la ineficacia. Por otra parte, frente a la solicitud que se diera aplicación a las consecuencias previstas en las sentencias CC SU062-2010 y CC SU130-2013, el juzgador estimó que ello tampoco era posible, pues el accionante ya estaba pensionado, de allí que no podía retornar al RPM. Finalmente, dijo que como no se accedió a las súplicas de la parte actora, no había lugar a analizar lo solicitado en la demanda de reconvención.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, quien,

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Radicación n.° 95036 mediante sentencia del 17 de noviembre de 2021, confirmó el fallo de primer grado e impuso costas en la alzada a cargo del impugnante. Para tomar su decisión, el ad quem comenzó por señalar

que en el plenario estaba acreditado: i) que el actor nació el 1 de noviembre de 1947; ii) que éste se afilió al ISS el 15 de enero de 1970, cotizando 1262 semanas; iii) que se trasladó al RAIS y comenzó a cotizar a la AFP Protección S.A. en marzo de 1995; iv) que el 5 de febrero de 2002 se cambió a la AFP BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, hoy Porvenir S.A.; y v) que el accionante disfruta de una pensión de vejez bajo la modalidad de retiro programado a partir del 1 de diciembre de 2007. Bajo esa perspectiva y en lo que al recurso de casación interesa, el sentenciador de alzada indicó que si bien esa corporación ha declarado la ineficacia del traslado del RPM al RAIS, cuando los fondos privados no logran acreditar el cumplimiento de su deber legal de información, ello ocurre tratándose de afiliados, pues si es un pensionado no es posible hacerlo, por cuanto existe un nuevo «acto jurídico subjetivo, diverso del primero, cuyos efectos sobrevinientes no deberían verse afectados por la presunta ilegitimidad del acto primigenio». Aludió en extenso a una sentencia dictada por ese Tribunal el 14 de agosto de 2019, y dijo que allí se estableció que si bien el juez debe constatar el cumplimiento del deber de información para dotar de eficacia el acto jurídico del

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Radicación n.° 95036 cambio de régimen pensional, carga de la prueba que recae en la AFP, lo cierto es que, tratándose de pensionados no era

dable declarar la aludida ineficacia, en tanto ostentan calidades diferentes a la de los afiliados, además que afectarían a terceros de buena fe; postura que se ratificó en la decisión del 3 de septiembre de 2019. Así mismo, expuso que tal criterio guardaba plena correspondencia con lo plasmado en las sentencias CSJ SL373-2021 y CSJ SL3707-2021, en la que se dijo que: [...] si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo anterior), lo cierto es que, la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto. […] De acuerdo con lo expuesto, la Corte abandona el criterio sentado en la sentencia CSJ SL. 9 sep. 2008, rad. 31989, respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado. Por lo anterior, el Tribunal coligió que debía confirmarse el fallo absolutorio de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Busca que esta corporación case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda inaugural.

Con tal propósito, propone tres cargos, los que son replicados por Porvenir S.A. y Colpensiones, que se proceden a estudiar de manera conjunta en razón a que acusan similar normativa, están dirigidos por la misma vía, la sustentación se complementa y persiguen igual cometido.

VI. CARGO PRIMERO Es formulado así: Acuso la sentencia impugnada por ser violatoria de la ley sustancial por infracción directa de los artículos 1, 2, 3, 13 literal b) y e), 33, 60 literal c), 90, 107, 271 de la ley 100 de 1993; artículo 897 del C. de Comercio, artículo 11, 15, 16 del decreto 692 de 1994; artículo 97, 98 decreto 663 de 1993; artículo 3, 12, 15 del decreto 720 de 1994; artículo 4, 5, 14 del decreto 656 de 1994; artículo 1495, 1500, 1502, 1508, 1517, 1602, 1603, 1604, 1740, 1746 del C.C.; que condujo a la violación de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política de Colombia.

Indica que no discute las conclusiones fácticas a que arribó el juez colegiado; recayendo su reproche en que no se

hubiera accedido a las súplicas de la demanda inicial por el hecho de tratarse el demandante de un pensionado. Expone que para el juez colegiado la condición de pensionado no permite revertir una situación que se

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Radicación n.° 95036 encuentra jurídicamente consolidada, empero, aduce la censura, que si la vinculación de un afiliado no cumple con las preceptivas legales es viable demandar su ineficacia, esto es, su aptitud para producir efectos jurídicos. Considera que cuando no se respeta el derecho a la libre escogencia previsto en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, la consecuencia que se debe aplicar es la sanción establecida en el artículo 271 ibidem. Manifiesta que las administradoras de fondos de pensiones deben cumplir con las exigencias consagradas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, entre otros, el deber de información previsto en su artículo 97. Alude a los artículos 12 y 15 del Decreto 720 de 1994, 4 y 14 del Decreto 656 de 1994, y reitera que existe una obligación se suministrar una ilustración suficiente, amplia y oportuna a cargo de la AFP, correspondiéndole a esta, en virtud de la carga de la prueba, su acreditación. Añade que la ineficacia procede con independencia de que con posterioridad se hubieran celebrado nuevos actos jurídicos, como lo sería el reconocimiento de una pensión por parte del RAIS, pues a este se le extienden los efectos de una decisión de esa naturaleza, esto es, la ineficacia.

VII. LA RÉPLICA

La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías

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Radicación n.° 95036 Porvenir S.A. esgrime que el juez colegiado no desconoció las normas denunciadas por la censura, de allí que no cometió la infracción directa; y que en el ataque no se cuestionan los verdaderos soportes de la decisión impugnada. Por su parte, Colpensiones esgrime que el juez plural aplicó las normas denunciadas; y que no resulta procedente acceder a lo pretendido por el recurrente.

VIII. CARGO SEGUNDO Expresa que la sentencia atacada es violatoria de: […] la ley sustancial por infracción directa de los artículos 1, 9, 43 de la ley 270 de 1996; artículo 4, numeral 2 del artículo 42 de ley 1564 de 2012; artículo 16 de la ley 446 de 1998; artículo 848, 1546, 1715, 1781, 1864, 2223, 2253 y 2318 del C.C.; artículos 2, 3, 10, 271 de la ley 100 de 1993; artículo 19, 488 del CST; el artículo 151 del CPT y de la S.S.; que condujo a la violación de los artículos 2, 48, 53 de la Constitución Política de

Colombia. En la sustentación del cargo, sostiene que, dada la vía de ataque escogida, no efectúa cuestionamiento fáctico alguno; y afirma que todos los jueces «al fin de cuentas son jueces constitucionales», de allí que surge el «cuestionamiento

de si un juez constitucional, esta llamado solo a proteger la sostenibilidad del sistema pensional o si por el contrario debe optar por una decisión intermedia que también proteja o restablezca los derechos del pensionado». Considera que el Tribunal no declaró la ineficacia a raíz de las consecuencias que podría llevar esa decisión; no obstante, no aplicó una solución adecuada respecto a los

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Radicación n.° 95036 perjuicios ocasionados por la AFP al actor, pese a que desde la sentencia CSJ SL4360-2019 se han establecido soluciones diferentes «relativas a los perjuicios ocasionados por las administradoras negligentes». Destaca que, en ese orden de ideas, el «Juez Constitucional» a efectos de proteger los derechos, conforme a los artículos 1 y 9 de la Ley 270 de 1996, y en cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 42 de la Ley 1562 de 2012, debió «impartir justicia buscando soluciones» que reparen o compensen los perjuicios ocasionados. Transcribe un aparte de la sentencia CSJ SL373-2021 y dice que dentro de cualquier contrato existe una condición resolutoria, de modo que se debió reparar el daño mediante una protección «reintegradora del derecho subjetivo», que en el caso en particular sería el reconocimiento de la prestación en términos equivalentes a los del RPM. Reproduce el artículo 10 de la Ley 100 de 1993 y dice que al menoscabarse un derecho como el de la seguridad social, el cual se materializa en la pensión de vejez, resulta imperiosa su reparación para eliminar el perjuicio irrogado.

Cita los artículos 848, 1715, 1781, 1864, 2223, 2253 y 2318 del CC y asevera que: […] sin necesidad de demostrar la existencia de daños, ni los elementos de la responsabilidad civil en materia de reparación de perjuicios, esta solución busca que la omisión en el cumplimiento de los deberes contractuales del fondo privado de pensiones, en materia de información, y al encontrarse en presencia del estatus

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Radicación n.° 95036 consolidado a la pensión, encuentre la realización específica de la prestación en los términos agraviados, por la imputación del riesgo en el traslado efectuado de forma irregular, sin que por ello requiera la demostración de su culpa ni la existencia de daños, y sin que se afecte el derecho de terceros de buena fe y la sostenibilidad del sistema pensional. Así planteado la pretensión no busca en manera alguna una finalidad resarcitoria sino por el contrario el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual, que es la garantía pensional en términos de dignidad. Alude que resulta procedente la «pretensión reintegradora de la prestación por el equivalente»; y nuevamente cita la sentencia CSJ SL373-2021, y con apoyo en la decisión CSJ SL17726-2017 y una providencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, colige lo siguiente: Siendo esta la postura que protege bajo cualquier punto de vista el derecho agraviado a la libre escogencia de régimen pensional y consecuencialmente la pensión de vejez, permitiendo no solo el

reconocimiento prestacional en los términos reintegradores del daño ocasionado, cual fueren, las prerrogativas prestacionales consagradas en el régimen de prima media con prestación definida, con la garantía de ser sustituida eventualmente en un futuro a sus causahabientes en iguales condiciones, cumpliendo con ello con los principios propios del sistema de seguridad social consagrados en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993 y garantizando al afiliado el derecho irrenunciable a la seguridad social conforme el parámetro del artículo 3 ibídem, al igual que con las normas constitucionales establecidas en los artículos 48 y 53 normativas infringidas en la decisión hoy fustigada.

IX. LA RÉPLICA Porvenir S.A. aduce que el recurrente en este cargo pretende introducir un medio nuevo en casación, toda vez que solicita unas pretensiones ajenas a las de la demanda inicial, las cuales no fueron objeto de debate ni de análisis en las instancias; que es exótico reclamar unos perjuicios sin

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Radicación n.° 95036 acreditar el daño; y que la decisión del ad quem se acompasa con el criterio de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Colpensiones esgrime que la decisión del Tribunal se encuentra totalmente ajustada a derecho.

X. CARGO TERCERO Expone que la decisión de segundo grado es violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, bajo la modalidad de infracción directa del: […] artículo 624 del C.G.P modificatorio del artículo 40 de la ley 153 de 1887 aplicable por analogía conforme el artículo 145 del

CPT y de la S.S. y los artículos 16 y 18 y 1º del CST, así como el artículo 28 del CPT y de la S.S., como VIOLACIÓN DE MEDIO, que condujo a una infracción directa de los artículos 1, 2, 3, 13 literal b) y e), 33, 60 literal c), 90, 107, 271 de la Ley 100 de 1993; artículo 897 del C. de Comercio, artículo 11, 15, 16 del decreto 692 de 1994; artículo 97, 98 decreto 663 de 1993; artículo 3, 12, 15 del decreto 720 de 1994; artículo 4, 5, 14 del decreto 656 de 1994; artículo 1495, 1500, 1502, 1508, 1517, 1602, 1603, 1604, 1740, 1746 del C.C en relación con los artículos 2, 9, 13, 46, 47, 48, 53, 58, 94, 102 inciso 2, 214 numeral 2 de la Constitución Política. (Negrillas propias del texto) En la demostración de la acusación, expone que no cuestiona las inferencias fácticas del juez colegiado. Transcribe los artículos 624 del CGP; 1, 16 y 18 del CST; y sostiene que, así como el ordenamiento jurídico tiene establecidas unas reglas cuando se producen cambios legislativos, también resulta razonable que el juez analice si es dable «aplicar la jurisprudencia vigente».

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Radicación n.° 95036

Explica que la demanda inicial se radicó el 12 de marzo de 2019 y fue admitida al día siguiente; resaltando que la argumentación jurídica allí expuesta se fundamentó en lo expuesto en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2009, rad. 31989. Aduce que, partiendo de lo anterior, resulta pertinente considerar «con la confianza legítima de que surtirían los efectos en él previsto, no se apliquen los cambios que deriven en una afectación de sus derechos fundamentales», es decir, el asunto se debe definir a la luz del precedente existente para el momento en que se inició el proceso. Asevera que, ese cambio jurisprudencial afectó sus derechos, de allí que, con apoyo en la sentencia CC SU4062016, colige que la decisión de la alzada «sorprendió a la parte que represento, a último minuto, con un cambio jurisprudencial abrupto, que lo dejó sin la posibilidad jurídica de acreditar los supuestos jurisprudenciales nuevos», de modo que, se vulneró «la confianza legítima cuando accedió a la administración de justicia con fundamento en las reglas establecidas por la jurisprudencia vigente, situación abiertamente contraria a los derechos constitucionales del actor y al objeto reglado en el artículo 1 del CST».

XI. LA RÉPLICA Porvenir S.A. considera que el Tribunal aplicó el criterio jurisprudencial vigente para el momento en que se inició el proceso, en la medida que fundó su decisión en una sentencia del 14 de agosto de 2019 y solo acudió al

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Radicación n.° 95036 pronunciamiento CSJ SL373-2021 para apuntalar su determinación. Añade que, en todo caso, no es dable estudiar una posible indemnización de perjuicios en la medida que esa acción se encuentra prescrita, el demandante no apeló esa absolución impartida por el a quo y el Tribunal no analizó esa temática. Colpensiones sostiene que el recurrente no logra explicar cómo la sentencia impugnada incurrió en la vulneración de las normas enlistadas; y que el colegiado aplicó el precedente correspondiente, de allí que el cargo no debe prosperar.

XII. CONSIDERACIONES El colegiado, para confirmar la decisión absolutoria de primera instancia, acudió al precedente de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín del 14 de agosto de 2019, en el cual se sostuvo la improcedencia de la ineficacia del acto jurídico de cambio de régimen, respecto de quienes estuvieran «pensionados» en el RAIS. Lo anterior con fundamento en que los pensionados y afiliados se encuentran en situaciones diferentes, pues los primeros tienen un derecho consolidado, de modo que declarar la ineficacia puede afectar a terceros de buena fe.

Razonamiento que apuntaló con lo adoctrinado por esta corporación en decisiones CSJ SL373-2021 y CSJ SL37072021.

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Radicación n.° 95036 Por su parte, la censura señala que el sentenciador de segundo grado se equivocó, en tanto, a su juicio, es dable declarar ineficaz el traslado de régimen pensional, tratándose

de un pensionado