CSJ - SL1489-2023

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ Magistrado ponente SL1489-2023 Radicación n.° 89565 Acta 8 Bogotá, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación que AMÍLCAR CABRERA DELGADO interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió el 28 de noviembre de 2019, en el proceso ordinario laboral que el recurrente promueve contra la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, según remisión del expediente por parte de la Sala de Casación Laboral en descongestión n.º 1, conformada por los magistrados Donald José Dix Ponnefz, Jimena Isabel Godoy Fajardo y Jorge Prada Sánchez, y conforme lo previsto en los artículos 2.º de la Ley 1781 de 2016, 16 de la Ley 270 de 1996 y 26 del Reglamento de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, aprobado mediante Acuerdo n.º 48 de 16 de noviembre de 2016.

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I. ANTECEDENTES El accionante solicitó que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 12 de marzo de 2003 y el 11 de julio de 2012, conforme lo dispone el artículo 19 de Convención Colectiva de Trabajo 2011-2012, que afirma que terminó por decisión unilateral y sin justa causa por parte de la demandada.

En consecuencia, solicitó que se ordene su reintegro al cargo de «Coordinador de Posgrados de la Facultad de

Derecho» y que se condene al pago de salarios, prestaciones sociales y descansos dejados de percibir en el tiempo que estuvo separado de su empleo, los aportes al sistema de seguridad social y los reajustes anuales. Asimismo, solicitó que se emitieran las siguientes condenas por el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2003 y el 11 de julio de 2012: pago de cesantías, intereses a las cesantías, sanción por no pago oportuno de tales intereses, primas de servicio, indemnización moratoria que prevé el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, liquidada desde el 15 de febrero de 2004 hasta la terminación del contrato, devolución de aportes al sistema de seguridad social, prima dispuesta en el artículo 31 de la Convención Colectiva de Trabajo, compensación de vacaciones, devolución de descuentos por retención en la fuente, indexación, intereses comerciales, lo que se pruebe ultra y extra petita y las costas procesales.

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Radicación n.° 89565 En subsidio, requirió que se condene al pago de prestaciones legales, prima extralegal de antigüedad, compensación de vacaciones, indemnización convencional por terminación unilateral del contrato o, en su defecto, la legal, los perjuicios morales, las sanciones moratorias establecidas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la pensión sanción, los intereses a las cesantías, la devolución de descuentos efectuados por retención en la fuente, la indexación, los

intereses moratorios y las costas procesales. En respaldo de sus aspiraciones, manifestó que trabajó en la Corporación Universidad Libre desde el 12 de marzo de 2003 hasta el 11 de julio de 2012, a través de un contrato de prestación de servicios, que «se prorrogó durante casi 12 años», tiempo en el que desempeñó el cargo de coordinador de posgrados de la facultad de derecho y ciencias políticas de la seccional de Cali, y en el cual ejerció funciones permanentes de la entidad y bajo una constante subordinación por parte de las directivas y el consejo académico de esa institución universitaria. Adujo que de acuerdo con lo dispuesto en las cláusulas 5.ª parágrafo 1.° y 19 de la Convención Colectiva 2011-2012, los cargos de coordinadores de programa son de naturaleza docente y no pueden ser vinculados a través de un convenio de prestación de servicios, sino un contrato de trabajo. Señaló que la última cláusula en mención estableció la garantía de estabilidad laboral, según la cual el contrato solo

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Radicación n.° 89565 puede terminar bajo una de las causales allí previstas; sin embargo, como el consejo directivo terminó su vínculo sin justa causa, considera que tiene derecho al reintegro solicitado con el pago de las consecuencias prestacionales requeridas (PDF cuaderno 0, f.° 4 a 13). Al dar respuesta a la demanda, la Corporación Universidad Libre se opuso a las pretensiones y no aceptó los hechos. Manifestó que entre las partes existió un contrato de prestación de servicios, vínculo que el accionante conoció y

aceptó debido a su calidad de abogado y docente. Agregó que le pagó honorarios que superaron el salario establecido para educadores que ocuparon el cargo de coordinadores de posgrado. Por último, respecto a la Convención Colectiva de Trabajo 2011-2012, adujo que no es aplicable al actor porque fue suscrita con posterioridad a la firma del contrato de prestación de servicios. En su defensa, propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, de la acción y del derecho, cobro de lo no debido, buena fe e innominada (PDF cuaderno 2, f.° 714 a 736).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante sentencia de 15 de octubre de 2014 el Juez Doce Laboral del Circuito de Cali dispuso (PDF cuaderno 3, f.°

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Radicación n.° 89565

PRIMERO: DECLARAR que entre la UNIVERSIDAD LIBRE y/o COPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE y el señor AMÍLCAR CABRERA DELGADO, existió un contrato individual de trabajo a término indefinido por el tiempo comprendido entre el 12 de marzo de 2003 y el 11 de julio de 2012, contrato que fue terminado por decisión unilateral e injustificada del empleador.

SEGUNDO: DECLARAR que por efecto de la terminación sin justa causa del contrato de trabajo la UNIVERSIDAD LIBRE debe reintegrar al demandante AMILCAR (sic) CABRERA DELGADO al cargo que tenía en la fecha en que la Universidad decidió su despido como coordinador de posgrados de la facultad de derecho

y ciencias políticas o a otro de igual o superior jerarquía que el mencionado.

TERCERO: La UNIVERSIDAD LIBRE es condenada a pagar desde el 12 de julio de 2012 hasta la fecha de la presente sentencia los salarios por la continuidad del vínculo laboral en suma de $242.443.714, cesantías en suma de $20.660.851, primas de servicios en suma de $20.660.851, intereses a las cesantías en suma de $2.025.355 y vacaciones en suma de $10.330.426.

CUARTO: Se condena a la UNIVERSIDAD LIBRE a pagar (…) por el tiempo correspondiente al lapso comprendido entre el 12 de marzo de 2003 y el 12 de julio de 2012, a las siguientes acreencias laborales: a) Cesantías $37.283.201 que deberán consignarse al Fondo Protección SA, tal como lo ha solicitado la parte demandante. b) Prima de servicios $37.283.201. c) Intereses a las cesantías doblados $8.388.798. d) Sanción por no consignación de cesantías entre el 15 de febrero de 2004 hasta la fecha de terminación del contrato de trabajo $176.754.965.80 e) Devolución de aportes a la seguridad social se condena a la Universidad en los términos de la parte motiva de esta sentencia. f) Prima de antigüedad convencional $12.499.076. g) Vacaciones compensadas $13.685.104.

Las sumas de los literales anteriores, salvo la devolución de aportes a la seguridad social en pensiones literal e), deberán ser pagadas con indexación a la fecha en que sean entregadas

al demandante.

QUINTO: CONDENAR en costas a la demandada Universidad Libre. Liquídense teniendo como agencias en derecho la suma de $20.000.000 a favor de la demandante (…).

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Radicación n.° 89565 En esa misma oportunidad el despacho aclaró la decisión en el sentido que «en todos los apartes de la motivación y de la resolutiva de este fallo se ha hecho

referencia a UNIVERSIDAD LIBRE Y/O CORPORACIÓN

UNIVERSIDAD LIBRE».

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la demandada, a través de fallo de 28 de noviembre de 2019 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dispuso (cuaderno segunda instancia f.° 27): PRIMERO: ADICIONAR la sentencia apelada en el sentido de DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción respecto de las pretensiones causadas con anterioridad al 2 de abril de 2010, salvo respecto a las pretensiones de indemnización por despido sin justa causa, indemnización moratoria y el auxilio de cesantía respecto a las cuales se declara infundada dicha excepción.

DECLARAR infundadas las demás excepciones formuladas por la Universidad Libre Seccional Cali y/o Corporación Universidad Libre.

SEGUNDO: REVOCAR los numerales Segundo y Tercero de la sentencia apelada (…) proferida por el juzgador Doce Laboral del Circuito de Santiago de Cali, en su lugar ABSOLVER a la demandada de las pretensiones de reintegro y sus consecuenciales formuladas por el señor AMILCAR (sic)

CABRERA DELGADO.

TERCERO: ADICIONAR la sentencia apelada en el sentido de CONDENAR a la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE y/o UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI, a reconocer y pagar a favor del señor AMILCAR (sic) CABRERA DELGADO, la suma de $77.059.397,8 por concepto de indemnización por despido sin justa causa, suma que debe indexarse al momento del pago.

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CUARTO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia apelada en el sentido de CONDENAR a la COPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE y/o UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI, a reconocer y pagar a favor del señor AMILCAR (sic) CABRERA DELGADO, los siguientes literales: b) Por concepto de primas de servicios la suma de $9.963.740.20. c) Por concepto de intereses a las cesantías dobladas la suma de $3.669.308.90. d) Por concepto de indemnización por no consignación de las cesantías artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la suma de $103.251.193.20. g) Por concepto de vacaciones la suma de $9.635.468.36, suma que debe indexarse al momento del pago.

CONFIRMAR los demás literales de dicho numeral.

QUINTO: CONDENAR a la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE y/o UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI a reconocer y pagar a favor del señor AMILCAR (sic) CABRERA DELGADO, un día de salario por cada día de retardo por el no pago de prestaciones a la terminación de la relación laboral, a partir del 12 de julio de

2012 por 24 meses, como salario se tomará la suma de $9.137.477,86 devengado por el actor, la cual arroja la suma de $219.299.468,64 y a partir del mes 25 los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera hasta la fecha del pago sobre los valores por los que se emitió condena por cesantía, prima de servicios y prima de antigüedad.

SEXTO: CONFIRMAR la sentencia apelada en lo demás.

SÉPTIMO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandada. Agencias en derecho en segunda instancia

$10.000.000 (…). En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem señaló que en el asunto no se discutía que Amílcar Cabrera Delgado prestó sus servicios en calidad de coordinador de posgrados de la facultad de derecho de la Universidad Libre –seccional Cali.

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Radicación n.° 89565 Así, precisó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si entre las partes existió un contrato de trabajo entre el 12 de marzo de 2003 y el 11 de julio de 2012. Al respecto, el Tribunal mencionó que el contrato de trabajo surge por la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y se materializa cuando se configuran los elementos sustantivos del contrato de trabajo establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Señaló que de acuerdo con el artículo 24 ibidem, el demandante debe probar la prestación personal del servicio, caso en el cual opera a su favor la presunción de la

subordinación. Adujo que pese a que las actividades de las universidades se encuentran reguladas, estas cuentan con autonomía para celebrar actos o negocios jurídicos con abogados especialmente en la facultad de derecho, y si bien esta profesión es de carácter liberal, ello «no descarta la subordinación y ajenidad de la labor». En apoyo, citó la sentencia CSJ SL1021-2018 y las pautas para establecer la existencia de una relación de trabajo según la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT. Al respecto, aclaró que para desvirtuar la presunción en mención el empleador debe acreditar que la persona «está libre de su control y dirección, que el prestador del servicio se encuentra fuera del alcance normal de la actividad de la

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Radicación n.° 89565 entidad contratante; ora que el servicio no es complementario, accesorio o necesario para el desarrollo de la actividad». En tal perspectiva, refirió que los elementos de prueba suministrados dan cuenta que: (i) desde 1994 hasta el 2012 el accionante prestó servicios como profesor hora cátedra a través de diversos contratos de trabajo a término fijo diferentes a los que se discute en este caso. Asimismo, (ii) suscribió varios contratos de prestación de servicios con el fin de dictar módulos en seminarios, con lo cual se configuró la coexistencia de contratos. Por otra parte, advirtió que el 11 de marzo de 2003 el actor fue designado provisionalmente como coordinador de posgrado de la facultad de derecho y ciencias políticas hasta

el 30 de junio de 2003; no obstante, mediante otrosí se modificó aquel vínculo en el sentido de que se prorrogaría a partir del 1.° de julio de 2003, es decir, que «se estipuló de manera clara la fecha de inicio mas no fue establecida la fecha de terminación del servicio contratado como sí sucedió con el contrato primigenio 2003-280» y, por esa razón, consideró que carecía de uno de los elementos del contrato de prestación de servicios, como lo es el límite temporal. De otro lado, adujo que los testimonios de John Armando Gardner, Luís Guillermo Lemus, Hansel González y el interrogatorio que absolvió el representante legal de la universidad dan cuenta de la prestación personal del servicio por parte del actor; adicionalmente, esta última prueba y la contestación de la demanda acreditan que aquel se

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Radicación n.° 89565 encargaba de la apertura de nuevos posgrados, «promoción, matriculación y venta de estos últimos con los alumnos interesados». En tal perspectiva, el Tribunal advirtió que se configuraron los elementos de «dependencia y la ajenidad» propios de una relación laboral. El primero, porque el demandante desarrolló su labor dentro de las instalaciones de la demandada bajo sus órdenes y en cumplimiento de unas «normas concretas que el actor obligatoriamente aceptó y desarrolló», y el segundo debido a que se presentó una relación «con los frutos», los riesgos de la actividad y la función se desplegó en un esquema organizativo y de medios de producción propios del empleador en el ramo de la

educación. Adicionalmente, adujo que el accionante tenía asignado un sitio de trabajo con secretaria independiente, desplegaba la actividad siempre a nombre de la institución y el resultado económico era para el beneficio de esta, quien además a través de oficio de 26 de enero de 2012 estableció que las actividades realizadas por los coordinadores eran inherentes y necesarias para el funcionamiento de los posgrados ofrecidos, lo que a su juicio es indicativo de que desde un principio la convocada a juicio sabía que esas labores desbordaban las reglas de un contrato de prestación de servicios, máxime cuando su permanencia se prolongó por más de 9 años.

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Radicación n.° 89565 Por tanto, confirmó la declaratoria del contrato de trabajo dispuesta por el a quo. Ahora, respecto al argumento de la demandada relativo a que la convención colectiva de trabajo no aplicaba al demandante porque se suscribió después del contrato, el ad quem adujo que tal planteamiento no es válido porque es el mismo acuerdo el que establece en el parágrafo 1.° del artículo 5.° -campo de aplicaciónque «los cargos de jefe o director de departamento, carrera o programa, jefes de área y coordinadores de programa de posgrado son cargos docentes y por lo tanto se les aplica el presente título de la convención». Por otra parte, en cuanto al reintegro ordenado en primera instancia, adujo que el artículo 19 de la Convención Colectiva de Trabajo 2011-2012 no estableció tal consecuencia. Así, afirmó que como la estipulación

convencional no consagró una estabilidad absoluta sino relativa a cambio del pago de una indemnización por despido injusto que supera los mínimos legales, revocó la orden de reintegro y, en su lugar, ordenó el pago de tal indemnización, puesto que se probó el despido y que el motivo invocado -folio 57no constituía una justa causa de terminación del contrato. Por último, en lo que concierne a las sanciones moratorias previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, advirtió que: (i) la demandada no aportó la liquidación de las prestaciones sociales causadas desde el 12 de marzo de 2003 hasta el 11

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Radicación n.° 89565 de julio de 2012; (ii) esta tenía pleno conocimiento de que el cargo desempeñado por el actor no se podía contratar bajo la modalidad de prestación de servicios y aun así lo mantuvo en esa condición, y (iii) en todo caso la existencia de un contrato de prestación de servicios no es suficiente para acreditar que su obrar estuvo revestido de buena fe y transparencia. Por tanto, le impuso tales condenas.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN El recurso extraordinario de casación lo interpusieron las partes, los concedió el Tribunal y lo admitió la Corte Suprema de Justicia. Por metodología de la decisión, la Sala resolverá inicialmente el que presenta la demandada.

V. RECURSO DE CASACIÓN DE LA CORPORACIÓN

UNIVERSIDAD LIBRE

VI. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que la Corte case la sentencia

impugnada para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado y la absuelva de las pretensiones formuladas en su contra. Con tal propósito, por la causal primera de casación, plantea tres cargos, que fueron objeto de réplica.

VII. CARGO PRIMERO

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Radicación n.° 89565 Por la vía indirecta, acusa la aplicación indebida de los artículos «22, 23, 24, 37, 65; 6 y 7 del Decreto 2351 de 1965; 249 (Inciso 2 artículo 2; 299, 101 Ley 50 de 1990), arts. 186, 192, 306 del Código Sustantivo de Trabajo», 53 de la Constitución Nacional, 1501, 1618, 1621, 1622, 2142, 2146, 2149, 2150, 2158, 2177, 2184 y 2189 del Código Civil. Afirma que el ad quem incurrió en los siguientes errores manifiestos de hecho:

1. No dar por demostrado cuando sí lo está el carácter temporal del contrato de prestación de servicios por un término de 109 días comprendidos entre el 12 de marzo de 2003 y el 30 de junio de 2003.

2. No dar por demostrado estándolo que el contrato de prestación de servicios se prorrogó por el mismo tiempo, por cohorte, y durante el periodo académico del posgrado.

3. Dar por demostrado que la Universidad tenía conocimiento que las labores pactadas con el demandante desbordaban el contrato acordado.

4. Dar por demostrado sin estarlo, que el contratista demandante al ejercer su trabajo tuvo que apartarse de la

independencia para atender directrices, órdenes y normas de la Universidad.

5. No dar por demostrado estándolo que el contratista era docente experto en derecho comercial y mercadeo en la facultad de Ciencias Administrativas y Contables, programas de economía y contaduría.

6. No dar por demostrado estándolo que el contratista gozaba de autonomía técnica en la organización de los posgrados.

7. Dar por demostrado, sin estarlo que la universidad actuó de mala fe y sin respeto al acto propio.

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Radicación n.° 89565 Señala como pruebas erróneamente valoradas el contrato prestación de servicios n.° 2003-380 (f.° 960 a 964), el otrosí suscrito con posterioridad a aquel contrato (f.° 55), la contestación de la demanda, el oficio de 26 de enero de 2012 (f.° 449), los testimonios y el interrogatorio de la demandada. Y como no apreciadas la solicitud que el actor elevó a la comisión de carrera el 13 de marzo de 1997 (f.° 837), la hoja de vida del demandante (f.° 169 y SS) y el otrosí al contrato laboral hora cátedra n.° 2004-0089 (f.° 990). La recurrente refiere que el Tribunal se equivocó al analizar el contrato de prestación de servicios porque esta prueba da cuenta que aceptó firmarlo desde el 12 de marzo de 2003 hasta el 30 de junio del mismo año, es decir, por 109 días, acuerdo que se renovó mediante un otrosí bajo las mismas condiciones, lo que demuestra la voluntad de las

partes de que el mismo tuviera un límite temporal. Respecto a la contestación de la demanda y el interrogatorio de parte que absolvió su representante legal, señala que de estos no se extrae ninguna confesión y las «afirmaciones allí contenidas no resultan ser exclusivas de un contrato de trabajo», dado que al suscribir el contrato de prestación de servicios las partes acordaron actividades propias de este vínculo. Ahora, en cuanto al oficio de 26 de enero de 2012, aduce que es una respuesta emitida por el jefe de personal al «Censor Seccional», en el que hace alusión general al tipo de

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Radicación n.° 89565 contratación de los coordinadores de posgrados, cuya actividad temporal especializada no supone una relación de subordinación y dependencia. Agrega que de ese documento se extrae la voluntad de la institución de aclarar el nexo contractual, pero en modo alguno que desde el comienzo conocía que las funciones desempeñadas desbordaban las reglas del contrato de prestación de servicios como equivocadamente lo concluyó el Tribunal, máxime cuando aquel se emitió en el 2012 y el vínculo surgió en el 2003. Afirma que «con las pruebas dejadas de estimar» el Tribunal desconoció la experticia del accionante, quien tiene una amplia trayectoria como litigante y docente en derecho comercial, penal, civil y familia (f.° 837 a 990); además, enseñó en varias ocasiones en la facultad de ciencias económicas, administrativas y contables (f.° 990). Por tanto, sus «aptitudes

profesionales le permitían saber las condiciones y características del contrato de prestación de servicios para promocionar los posgrados». Expone que el demandante no tenía que cumplir horarios y aunque asistió a la institución educativa durante un tiempo mayor al indispensable para dar cuenta de la actividad contratada, ello ocurrió por mera liberalidad de aquel, puesto que no estaba obligado a cumplir una jornada de trabajo por fuera de la necesaria para realizar su actividad comercial, y si voluntariamente ejecutó otras actividades sin

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Radicación n.° 89565 la anuencia de la institución, ello demuestra su libre disposición y autonomía. Menciona que el actor aceptó la modalidad de vinculación en referencia porque su retribución le permitía obtener una ventaja patrimonial superior a la derivada de una relación laboral, sin que manifestara alguna inconformidad al respecto. Por último, refiere que el ad quem no tuvo en cuenta el interrogatorio de parte que absolvió el accionante, pese a que en él «manifestó que su labor era planificar, coordinar y vender los servicios de posgrados, sin que pudiera modificar la planta docente». Así, concluye que en este asunto está demostrada «una subordinación jurídica propia de un contrato civil», tal y como lo corroboran los testimonios de John Armando Gardner López, Guillermo Lemos y Hansel González Rangel, así como el interrogatorio que absolvió su representante legal.

VIII. RÉPLICA Refiere que el Tribunal no incurrió en el error que plantea la censura; antes bien, señala que está acorde con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Nacional, dado que el hecho de que el contrato de prestación de servicios se

pactara inicialmente por 109 días no es determinante, dado que este se extendió por varios años.

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IX. CONSIDERACIONES En el proceso no se discute que el demandante prestó sus servicios en calidad de coordinador de posgrados de la facultad de derecho de la Corporación Universidad Libre – seccional Cali desde el 12 de marzo de 2003 hasta el 11 de julio de 2012.

Así, la Corte debe dilucidar si el Tribunal incurrió en los desatinos fácticos que le endilga la censura, al considerar que entre las partes existió un contrato de trabajo y no uno civil de prestación de servicios. Pues bien, debe destacarse que un error de hecho en casación se configura cuando es manifiesto o evidente, lo que se advierte cuando el Tribunal infiere de la prueba lo que no indica o ignora apreciar una que era a todas luces relevante para la definición fáctica del litigio, con plena incidencia en la aplicación indebida de la norma sustancial que regula el asunto en concreto. Además, tales desafueros probatorios deben provenir de medios de convicción calificados, estos son, el documento, la confesión judicial e inspección judicial -artículo 7.º de la Ley 16 de 1969-, y solo si se acredita un error fáctico en estos, es viable abordar los que no tienen ese carácter. Claro lo anterior y de acuerdo con la orientación del cargo, la Corte procede a analizar las pruebas calificadas acusadas como erróneamente valoradas y las dejadas de

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apreciar por el Tribunal según el recurrente, y advierte lo siguiente: El contrato de prestación de servicio n.° 2003-380 (f.° 54) da cuenta que Amílcar Cabrera Delgado fue contratado para desempeñarse como coordinador de posgrados desde el 12 de marzo de 2003 y hasta el 30 de junio de 2003 «por un mínimo de 109 DÍAS». Sin embargo, también se advierte que en el otrosí las partes decidieron modificar aquel contrato, en el sentido de prorrogarlo «a partir del 1 de julio de 2003» sin establecer una fecha límite para su terminación. Por tanto, no es que pactaran desde el principio un término perentorio como lo plantea la censura, pues efectivamente decidieron prorrogarlo con un otrosí sin establecer un límite temporal para la culminación del mismo (f.° 55), lo que evidencia claramente una proyección indefinida del vínculo. Y tal circunstancia la ratificó el tiempo, dado que el vínculo perduró hasta el 11 de julio de 2012, esto es, por más de 9 años -conforme no se discute en casación-. En ese contexto, la Corte no advierte que el Tribunal se equivocara al analizar aquellos elementos de juicio y, por esa vía, concluyera que no se acreditó el límite temporal como un elemento del contrato de prestación de servicios. Y es que para la Corte el hecho de que el vínculo laboral se extendiera por dicho lapso refleja la necesidad permanente de la entidad de contar con los servicios del actor, pues se

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trata de un área administrativa de un programa de posgrado que en principio tiene vocación de permanencia, lo que evidencia que el trabajador estaba plenamente integrado en la institución, aspecto característico de una relación de trabajo conforme a las pautas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo en la Recomendación 198. Al respecto, la Corte ha reconocido que en las relaciones de trabajo pueden presentarse casos dudosos o ambiguos en los que es más complejo determinar si en realidad existió una relación de trabajo. Justamente por ello ha acudido a la recomendación en mención como acertadamente lo hizo el Tribunal, dado que compila una serie de indicios que permiten examinar la relación laboral desde un contexto más amplio y determinar con meridiana certeza si entre las partes existió una relación laboral encubierta (CSJ SL2885-2019, CSJ

SL4479-2020, CSJ SL5042-2020 y CSJ SL1439-2021).

Precisamente en esta última providencia la Corte compiló varios de estos indicios de la siguiente manera: (...) la prestación del servicio según el control y supervisión de otra persona (CSJ SL4479-2020); la exclusividad (CSJ SL4602021); la disponibilidad del trabajador (CSJ SL2585-2019); la concesión de vacaciones (CSJ SL6621-2017); la aplicación de sanciones disciplinarias (CSJ SL2555-2015); cierta continuidad del trabajo (CSJ SL981-2019); el cumplimiento de una jornada u horario de trabajo (CSJ SL981-2019); realización del trabajo en los locales o lugares definidos por el del beneficiario del servicio (CSJ SL4344-2020); el suministro de herramientas y materiales

(CSJ SL981-2019); el hecho de que exista un solo beneficiario de los servicios (CSJ SL4479-2020); el desempeño de un cargo en la estructura empresarial (SL, 24 pag. 2010, rad. 34393); la terminación libre del contrato (CSJ SL6621-2017) y la integración del trabajador en la organización de la empresa (CSJ

SL4479-2020 y CSJ SL5042-2020) (…).

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Radicación n.° 89565 Ahora, en cuanto al oficio de 26 de enero de 2012, cuya equivocada apreciación refiere la recurrente, se advierte que no hace otra cosa que corroborar la existencia de la relación laboral. En efecto, este elemento de juicio da cuenta que el «Jefe de Personal» manifiesta al «Censor Delegado – Sede Principal» que de acuerdo con el parágrafo 1.° del artículo 5.° de la Convención Colectiva de Trabajo 2011-2012 y el parágrafo 1.° del artículo 8.° del Acuerdo 03 de 2004: (…) la contratación de los Coordinadores de Postgrados en la Universidad Libre, siendo estos cargos docentes, tiene que darse mediante contrato laboral, pues reglamentaria y convencionalmente se ha dejado así establecido. (Subraya la Sala) Como consecuencia de lo anterior, en la medida que las actividades de estos coordinadores son de carácter permanente, es decir, atienden actividades que son inherentes y necesarias para el funcionamiento de los programas de postgrado ofrecidos por la facultad de derecho (que es donde existe este cargo), no es posible la vinculación de este personal mediante contratos de

prestación de servicios.

2. Diferencias en cuanto a un contrato civil y uno laboral.

Ratificación del carácter docente del cargo de coordinador de Postgrados. Dejando claro que el contrato de Coordinador de Posgrados, de acuerdo con la normatividad vigente sólo puede tener el carácter de laboral, haciendo la precisión que al mismo, en términos generales y de conformidad con la cláusula 5 de