CSJ - SL1491-2023

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ Magistrado ponente SL1491-2023 Radicación n.° 92857 Acta 16 Bogotá, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación que JUAN MAURICIO RESTREPO MÚNERA interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia profirió el 9 de julio de 2021, en el proceso que el recurrente promueve contra el

MUNICIPIO DE YARUMAL.

I. ANTECEDENTES El accionante solicitó que se declare la existencia de un contrato de trabajo con la accionada desde el 10 de agosto de 2012 hasta el 12 de febrero de 2015, que la entidad terminó en forma unilateral e injustificada, y que su despido «es ineficaz por hallarse en un estado de debilidad manifiesta».

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Radicación n.° 92857 En consecuencia, que la accionada sea condenada a reintegrarlo a «sus labores y (…) funciones que venía desempeñando», y al pago de salarios insolutos, vacaciones, prestaciones y aportes a seguridad social causados hasta el momento que ocurra su revinculación; la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la sanción por no consignación de las cesantías y la moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; así como a la devolución de los dineros que le descontó por concepto de retención en la fuente; la indexación, las costas del proceso y lo que se

pruebe ultra y extra petita. En respaldo de sus aspiraciones, narró que se vinculó con el Municipio de Yarumal el 10 de agosto de 2012, para desempeñar el cargo de «conductor de maquinaria pesada u operador de retroexcavadora» en diferentes obras de la entidad territorial. Indicó que para tal efecto suscribió «sucesivos contratos de prestación de servicios profesionales» que no tuvieron solución de continuidad y en los cuales se pactó una remuneración mensual variable que oscilaba entre «$1.200.000» y «$1.600.000», monto respecto de los cuales le efectuaban «una retención en la fuente y le hacían pagar (…) una póliza por incumplimiento de contrato [y otra] de responsabilidad civil extracontractual», y que debía cotizar a seguridad social en calidad de trabajador independiente. Agregó que su labor la desempeñó bajo la continuada subordinación del Municipio, quien «le asignaba funciones, le

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Radicación n.° 92857 daba las órdenes, le cancelaba el salario, le realizaba llamados de atención, le imponía horario, le supervisaba las funciones por medio de sus funcionarios [y] le daba los implementos de trabajo (…)». Señaló que el «24 de agosto de 2014» sufrió un accidente de origen común asociado a «lesiones personales causadas por terceras personas», situación que le generó «un sinnúmero de incapacidades médicas, tratamientos, intervenciones quirúrgicas y una pérdida de la capacidad laboral que aún se encuentra pendiente de determinarse, pues aún se encuentra

en tratamiento médico». Expuso que el Municipio terminó el vínculo laboral el 12 de febrero de 2015 con ocasión «al estado precario de salud que presenta[ba]», pese a que estaba amparado por «una estabilidad laboral reforzada por fuero de salud», toda vez que «estaba enfermo, conta[ba] con varias incapacidades», circunstancia que era conocida por la entidad, quien no solicitó autorización al Ministerio de Trabajo para desvincularlo. Por último, expresó que una vez finalizó el vínculo laboral, el cargo que desempeñó fue ocupado por otra persona; que el 1.º de julio de 2016 solicitó su reintegro al municipio y que le reconocieran las acreencias laborales adeudadas, lo cual se resolvió negativamente, y que solicitó audiencia de conciliación extrajudicial ante la «procuraduría judicial administrativa (sic)», sin que se llegase a un acuerdo

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Radicación n.° 92857 (f.° 3 a 22 y 127 a 148, PDF. 01 Demanda, PDF. 04 Subsanación demanda, cuaderno Juzgado). Al contestar la demanda, la accionada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos en que se basa, aceptó la vinculación del actor y las actividades que desarrolló, no obstante, aclaró que suscribió dos modalidades de contratación, inicialmente mediante contratos de prestación de servicios y en forma posterior a través de contratos de trabajo a término fijo, en la siguiente forma: Fecha Fecha Tipo Vinculación Inicio Fin Contratos de prestación 10-ago-12 30-dic-12

de servicios 8-ene-13 31-dic-13 Contrato de trabajo a 2-ene-14 31-dic-14 término fijo 1-ene-15 12-feb-15 Al respecto, manifestó que durante los períodos en que el vínculo se materializó mediante contratos de prestación de servicios no existió subordinación, en tanto solo ejerció actividades de coordinación, le exigió al demandante la suscripción de pólizas como contratista y aplicó las respectivas retenciones y deducciones tributarias, y que al modificarse la contratación con la suscripción de los contratos de trabajo asumió todas las obligaciones derivadas del mismo. Expuso que el demandante fue «herido en una pelea callejera con arma cortopunzante cuando se encontraba bajo los efectos de la ingesta de licor», negó que la terminación del vínculo laboral obedeciera a su estado de salud, pues «la

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Radicación n.° 92857 gravedad de su lesión no le impedía realizar sus funciones», «no estaba incapacitado para dicha fecha», ni contaba con calificación de pérdida de la capacidad laboral, de modo que su decisión estuvo motivada en el vencimiento del plazo pactado que se estableció en el contrato de trabajo, para lo cual cumplió con el preaviso respectivo. Por último, aceptó que recibió un documento denominado «agotamiento de la vía gubernativa», la cual resolvió en forma desfavorable, dado que «se encontraba prescrita», y que compareció a la audiencia de conciliación a la cual fue convocado, sin llegar a algún acuerdo con el

demandante. En su defensa, formuló la excepción de «prescripción de las acciones e indebido agotamiento de la vía gubernativa» (f.º 167 a 172, PDF.13 Contestación de la demanda, cuaderno Juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante fallo de 21 de octubre de 2020, la Jueza Civil Laboral del Circuito de Yarumal resolvió (PDF. 28 Acta de trámite y juzgamiento): 1.º Declarar que entre (…) Juan Mauricio Restrepo Munera y el Municipio de Yarumal, existió una única relación laboral entre el 10 de agosto de 2012 y el 12 de febrero de 2015, en cuanto no hubo entre los contratos sucesivos que por término determinado se suscribieron, solución de continuidad o interrupción. 2.º Declarar que la terminación del contrato de trabajo, que rigió la relación laboral (…) es absolutamente ineficaz, en cuanto desconoció la prohibición de despido del trabajador en estado de discapacidad o con disminución física, psíquica o sensorial, contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

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Radicación n.° 92857 3.º Ordenar al Municipio de Yarumal que proceda a reintegrar a (…) Juan Mauricio Restrepo Munera al cargo que venía desempeñando (…) o a otro cargo similar o equivalente o de mejores condiciones, atendiendo a sus condiciones actuales de salud. 4.º Ordenar al Municipio de Yarumal, que proceda al pago de los salarios, prestaciones sociales debidamente indexados, teniendo

en cuenta un salario de $1.252.000 que tenía asignado para el año 2015 (…) Juan Mauricio Restrepo Munera, desde el 13 de febrero de 2015 hasta la fecha en que se produzca el reintegro efectivo, salario que deberá incrementarse en el mismo porcentaje que se aplicó a los demás trabajadores oficiales por los años 2016 a 2020, como si el vínculo laboral nunca hubiese terminado. Disponer que los aportes que se hubieren causado a favor de los subsistemas de salud y pensión, durante el tiempo en que el trabajador estuvo desvinculado, deberán ser cancelados por el demandante y por la entidad demandada, en el porcentaje de ley que corresponda a cada uno. 5.º Ordenar al Municipio de Yarumal, el pago de las prestaciones sociales que se causaron a favor del demandante (…) entre el 10 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre del mismo año y del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2013, a excepción de la cesantía y de aquellas que se encuentran afectadas por el fenómeno de la prescripción alegada por la parte demandada, que se acoge parcialmente, así: - Para el periodo 10 de agosto a 31 de diciembre de 2012: Auxilio de cesantía $423.000, intereses a la cesantía $19.881, prima de servicios $423.000, y vacaciones $211.500. - Para el periodo 01 de enero a 31 de diciembre de 2013: Auxilio de cesantía $1.600.000, intereses a la cesantía $192.000, prima de servicios $1.600.000, y vacaciones 800.000.

De las sumas referenciadas quedan excluidas las que corresponden a los intereses a la cesantía y la prima de servicios causados en el año 2012, debido a que se encuentran afectadas por la prescripción. 6.º Denegar las pretensiones al pago de la sanción moratoria y de la sanción por la no afiliación a un fondo de cesantía. 7.º Denegar la devolución de las sumas que se reclaman por el demandante por concepto de retención en la fuente y ordenar al Municipio de Yarumal que reembolse a favor del demandante el

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Radicación n.° 92857 8.5% y el 12% por concepto de aportes a salud y pensiones, respectivamente (…). Se ordena asimismo al Municipio de Yarumal, reconocer al demandante (…) las sumas pagadas por éste, en razón de las pólizas que le fueron exigidas por dicha entidad territorial, esto es, las sumas de $80.040 y de $58.000. 8.º Declarar que no prospera la excepción denominada como indebido agotamiento de vía gubernativa. 9.º Ordenar al demandante (…) que proceda a reintegrar al Municipio de Yarumal, el valor de la cesantía que le fue liquidada y pagada en razón del contrato de trabajo a término fijo, por el periodo comprendido entre el 1.º de enero de 2014 y el 12 de febrero de 2015. 10.º Condenar en costas a la entidad demandada (…). 11.º Notificar esta decisión en estrados y ordenar que se surta el

grado jurisdiccional de la consulta en el evento de que no sea apelada en cuanto fue adversa al Municipio de Yarumal (…).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del Municipio de Yarumal y al surtir el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad en aquellos aspectos no apelados, mediante sentencia de 9 de julio de 2021 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia resolvió (f.º 1 a 30, PDF. Fl. 005

Editco+Sentencia2daInstancia): PRIMERO: REVOCAR los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia objeto de apelación y consulta, para en su lugar ABSOLVER al municipio de Yarumal del reintegro y pago de prestaciones sociales por estabilidad laboral reforzada.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás.

Sin costas en esta instancia. Para los fines que interesan al recurso de casación, el ad quem señaló que no se discutía en el proceso que: (i) el

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Radicación n.° 92857 actor prestó sus servicios al Municipio de Yarumal desde el 10 de agosto de 2012 hasta el 12 de febrero de 2015; (ii) desarrolló funciones como operario de maquinaria pesada, y (iii) el 24 de agosto de 2014 sufrió un accidente de origen común. Así, estimó que los problemas jurídicos a resolver consistían en determinar si: (i) la accionada desvirtuó la presunción del contrato de trabajo y los elementos que la conforman; (ii) «la interpretación de la accionada respecto de

la excepción de prescripción», y (iii) se cumplían los presupuestos para el «fuero de estabilidad laboral reforzada». En relación con el primer aspecto, indicó que era deber del actor probar la prestación personal del servicio, para que la entidad que se beneficia de la labor tenga la carga procesal de desvirtuar la presunción que consagra el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945, de modo que acreditara que el vínculo se materializó a través de un contrato distinto al laboral. Agregó que en el caso de los servidores públicos del orden municipal se consideran trabajadores oficiales aquellos que se dedican a labores de construcción y sostenimiento de obras públicas, esto al tenor de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 222 de 1983. Asimismo, que «no es la forma de vinculación (…) sino el tipo de labor que desempeña (…) en el ente territorial», lo que determina la calidad que ostenta el servidor público. En su apoyo, citó las providencias CSJ SL4579-2014, CSJ SL, 22 may. 05, rad. 25248 y CSJ SL, 4 abr. 01, rad. 15143.

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Radicación n.° 92857 Expuso que la obra pública se define como aquella de interés general, destinada al uso público tales como carreteras, puertos, ferrocarriles, aeródromos, canales, pavimentación de calles y puentes, entre otras. En tal perspectiva, apreció los contratos suscritos, sus prórrogas, las pólizas que suscribió el demandante, el documento denominado «necesidad del servicio para

operación del vehículo de propiedad del municipio de Yarumal (sic)», los estudios previos de conveniencia y oportunidad para la realización de dichos contratos, las planillas de pago y de control de conducción de vehículos, así como las declaraciones de Yomara Tamayo -amiga de la familia del demandantey Diana Cecilia Montoya -cuñada del actor-. De lo anterior concluyó que el demandante operaba maquinaria especial al servicio de la entidad territorial apoyando labores que desarrollaba la Unidad de Asistencia Agropecuaria -Umata-, con el fin de «aumentar la productividad y nivel de vida de los pequeños productores agropecuarios», de modo que su actividad sí era propia de un trabajador oficial por estar encaminada al mantenimiento y construcción de obras públicas. Agregó que dadas las breves interrupciones existentes entre los contratos suscritos por prestación de servicios y los contratos de trabajo a término fijo -cuyo interregno nunca superó los ocho días-, debía considerarse que existió un solo vínculo laboral.

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Radicación n.° 92857 En lo relativo a la prescripción, indicó que conforme al artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la jurisprudencia de esta Sala, en este caso, «a partir de la finalización del vínculo el 12 de febrero de 2015, se contabiliza[ban] 90 días para que empiece a correr el término de tres años; que finalizan el 15 de julio de 2015, con lo que a partir de allí el accionante podía impulsar la reclamación administrativa, y que en efecto lo hizo el 1º de julio de 2016, y

la entidad dio respuesta [el 19 de julio del mismo año]», de modo que el demandante interpuso en debida forma la reclamación ante la entidad y presentó la demanda el 23 de febrero de 2018. En sustento, citó la providencia CSJ SL5362-2018. Claro lo anterior, revisó los cálculos y prohijó las conclusiones de la a quo respecto a que la prescripción cobijó los intereses a las cesantías y las primas proporcionales previas al 1.º de julio de 2013, y señaló que la liquidación de acreencias laborales adeudadas se realizó en debida forma. En cuanto a la «estabilidad laboral reforzada», indicó que la jurisprudencia de esta Sala ha clasificado las «limitaciones de salud» que puede sufrir un trabajador en «severas, moderadas o profundas», de modo que para ser sujeto de especial protección se requiere un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral superior al 15%; esto, destacó, contrario a lo establecido por la Corte Constitucional, que ha considerado que incluso personas a las cuales no se las haya realizado tal calificación pueden considerarse como destinatarios de dicha prerrogativa,

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Radicación n.° 92857 «siempre y cuando se observe a un trabajador en una situación de salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares». Agregó que, en este último escenario, esta Sala «ha morigerado las reglas jurisprudenciales y ha expresado que, si el trabajador se encuentra en proceso de calificación, el principio de buena fe con que deben ejecutarse los contratos

de trabajo, impone esperar la calificación del estado de salud». Conforme a las anteriores consideraciones, destacó que el trabajador estuvo incapacitado en forma continua, mediante la expedición de certificados de incapacidad que corresponden a prórrogas, durante un interregno de 173 días -desde el 24 agosto de 2014 hasta el 12 de febrero de 2015-, y que el 20 de noviembre de 2014 la EPS Coomeva informó que el actor padeció un accidente el 24 de agosto «que generó incapacidad continua y concepto de rehabilitación por establecer, por lo cual le solicitó que asistiera a la AFP Colpensiones para que, realice estudio técnico médico para el pago (…) por incapacidad temporal». Agregó que el formulario anexo al citado concepto que expidió la EPS daba cuenta de que el actor «no ha finalizado su tratamiento médico y que tiene un concepto de rehabilitación médico laboral favorable (…) y se señala como opción a seguir: por concepto favorable de rehabilitación, [la necesidad de] prórroga de incapacidad mayor a 180 días, reconocer subsidio económico».

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Radicación n.° 92857 Expone que, al rendir interrogatorio de parte, el demandante informó que «nunca fue a que le evaluaran la capacidad médica de funcionalidad de la mano; porque la médica que lo atendió le dijo que comprobara si podía desempeñar su labor (…), que el dedo sí le había quedado rígido pero que no era impedimento para seguir laborando o al menos para ensayar». En tal perspectiva, el Tribunal señaló que el último

contrato de trabajo se suscribió por un año y posteriormente se le realizó una prórroga hasta el 12 de febrero de 2015mismo día en que finalizaron las incapacidades temporales del actor-, no obstante, consideró que pese a que la entidad conocía tal circunstancia, las terapias a las que asistía y sus ausencias, lo cierto es que durante tal incapacidad la entidad prorrogó el contrato, lo cual daba cuenta de que «hubo voluntad de continuar con el vínculo laboral». Agregó que si bien el Municipio de Yarumal no realizó un análisis respecto a las condiciones de rehabilitación del trabajador, este tampoco informó a su empleador del trámite que debía realizar ante la administradora de pensiones para continuar con el pago de las incapacidades, ni asistió a que le realizaran el «examen» que requería, de modo que la entidad «podía estar en el sano convencimiento que el trabajador era un persona recuperada, con posibilidad de continuar sus labores, normalmente, pero que sencillamente debía prescindir de sus servicios», sin que pueda considerarse que el motivo de la finalización del vínculo laboral haya sido su incapacidad.

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Radicación n.° 92857 Por último, destacó que la jurisprudencia de la Sala, sin indicar en qué providencia, ha fijado que para que proceda la garantía por estabilidad laboral reforzada es necesario que el trabajador cuente con una calificación de pérdida de capacidad laboral superior al 15%, y que si bien el trabajador tiene un «certificado de incapacidad», en este caso no contaba con tal valoración y había sido renuente a obtenerla.

En consecuencia, indicó que no existió nexo causal entre la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo y «el estado de salud del trabajador», de modo que debían revocarse las condenas relativas al reintegro y las prestaciones económicas derivadas del mismo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso extraordinario de casación lo interpuso el demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte

Suprema de Justicia.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que la Corte «case parcialmente» la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, confirme la decisión del a quo, en lo relativo al «reintegro y las prestaciones consecuenciales», y provea en costas lo pertinente.

Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula un cargo, que no fue objeto de réplica.

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VI. CARGO ÚNICO Por la vía directa, acusa la «interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en armonía con los artículos 27, 37, 45, 47 (subrogado por el artículo 5 del Decreto 2351 de 1965), 55, 65, 127 (subrogado por el artículo de la Ley 50 de 1990), 158, 186, 189 (subrogado por el artículo 14 del Decreto 2351 de 1965), 249, 254 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo; 13, 47, 48 y 53 de la Constitución Nacional».

Al respecto, indica que la jurisprudencia de esta Corte

no condiciona la protección de los trabajadores «en situación de discapacidad» a la existencia de un dictamen de pérdida de la capacidad laboral para el momento del despido, sino únicamente al «conocimiento del empleador de la existencia de dolencias que aquejan al trabajador». En su sustento, citó las sentencias CSJ SL, 15 jul. 20, rad. 67633 y CSJ SL25862020. Agregó que en desarrollo de las normas constitucionales se han expedido leyes internas dirigidas a la protección de «grupos especialmente vulnerables», tales como la Ley 361 de

1997. Asimismo, que Colombia ha ratificado instrumentos internacionales con el fin de evitar que las condiciones de desigualdad de las personas en situación de «discapacidad» se perpetúen en el tiempo.

Expone que tales compromisos hacen parte del bloque de constitucionalidad, en el cual se integra la Convención Americana, Declaración Universal de Derechos Humanos «y

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Radicación n.° 92857 todos los instrumentos internacionales que protegen al trabajador discapacitado», en los cuales el Estado realizó un compromiso respecto de las personas que enfrentan tales condiciones y pueden verse limitadas en la consecución de un empleo o en la finalización de los vínculos laborales. Expresa que en el marco de dichas protecciones existe una presunción de despido discriminatorio, en la cual una vez el empleador conoce la «situación de discapacidad» del trabajador -lo cual no se discute en el cargo, pues aduce, el Tribunal lo encontró probado-, toda vez que dio por acreditado «la situación de salud del demandante, el despido [cuando

mediaba] una enfermedad que duró más de 180 días y de la que no había sido posible su recuperación (…) la cual comporta[ba] una afectación a su capacidad de trabajo que ha persistido en el tiempo (…) que le imposibilita seguir trabajando (…) [y] es señal inequívoca de discapacidad», le correspondía a la entidad desvirtuar que el motivo de finalización del vínculo laboral estuvo asociado a la condición del trabajador. Aduce que un entendimiento distinto de las normas acusadas, supone «otorgar a los empleadores una patente de corso para que abusen de la figura y nunca se pueda atender de manera favorable el reintegro de un trabajador discapacitado, porque nunca se fulminaría el contrato por la discapacidad del trabajador sino por el vencimiento del término (…) o por cualquier otra causal que no le acarree como consecuencia la reinstalación del trabajador a su puesto de trabajo».

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Manifiesta que: (i) el deber de acreditar la justeza del despido por parte del empleador debe estar desprovisto de consideraciones subjetivas o suposiciones; (ii) el empleador no requiere conocer el «estado de discapacidad del trabajador», sino su imposibilidad de laborar al estar incapacitado o que existan recomendaciones de los entes de salud «o que existe calificación»; (iii) la calificación de pérdida de capacidad laboral solo se produce al final del proceso, «cuando ya se ha dicho si existe pronóstico favorable o desfavorable de rehabilitación», y (iv) desproveer de tales elementos objetivos la finalización de los vínculos laborales,

convertiría a la «norma en fallida, inocua e ineficaz de cara a los derechos que pretende proteger». Por último, destaca que al terminar el contrato de trabajo -«justa o injustamente»- de un trabajador discapacitado, debe obtenerse permiso del Ministerio del Trabajo, so pena de que el despido sea ineficaz y el trabajador sea reinstalado a un empleo «por lo menos igual al que desempeñaba antes de haber sufrido la terminación del nexo laboral», toda vez que «resulta obvio concluir que un empleador nunca invocará esa circunstancia, a sabiendas de las consecuencias de índole jurídico y patrimonial que ello acarrea».

VII. CONSIDERACIONES No son objeto de debate los siguientes hechos en casación, esto es, que: (i) entre Restrepo Múnera y el Municipio de Yarumal se ejecutó una relación de trabajo desde el 10 de agosto de 2012 al 12 de febrero de 2015; (ii) el

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Radicación n.° 92857 demandante fue contratado para desarrollar las actividades de conductor de maquinaria pesada u operador de retroexcavadora; (iii) el 24 de agosto de 2014 sufrió una lesión de origen común que le ocasionó dificultades de movilidad de la mano izquierda; (iv) a raíz de esta lesión, fue sometido a múltiples procedimientos, tratamientos médicos y le formularon incapacidades desde el 24 de agosto de 2014 hasta el 12 de febrero de 2015. Con estas premisas, le corresponde a la Corte definir si

el Tribunal se equivocó al exigirle al trabajador la aportación de una calificación de pérdida de capacidad laboral que dictamine una limitación superior al 15%, como prerrequisito para que opere la estabilidad laboral reforzada por discapacidad en su favor. Para dar respuesta a este problema jurídico, la Corte considera oportuno reflexionar en torno a (1) la jurisprudencia actual de la Sala de Casación Laboral respecto al concepto de discapacidad y la necesidad de revisar su criterio a la luz del modelo de derechos humanos previsto en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley 1618 de 2013; (2) el alcance del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, conforme a tal planteamiento y, por último, (3) procederá al análisis del asunto planteado.

1. Sobre los criterios de la Sala respecto a la definición de discapacidad y a la protección de

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Radicación n.° 92857 estabilidad laboral establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 La jurisprudencia vigente de la Sala, por mayoría, tiene asentado que para la concesión de la protección de estabilidad laboral reforzada contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no es suficiente que, al momento del despido, el trabajador sufra quebrantos de salud, esté en tratamiento médico o se le hubieran concedido incapacidades médicas, sino que debe acreditarse, al menos, una limitación física, psíquica o sensorial con el carácter de moderada; esto es, que implique un porcentaje de pérdida de

capacidad laboral igual o superior al 15%, en los términos del artículo 7.º del Decreto 2463 de 2001 e independientemente del origen que tenga y sin más aditamentos especiales, como que obtenga un reconocimiento y una identificación previa (CSJ SL, 28 ago. 2012, rad. 39207, reiterada en las decisiones CSJ SL14134-2015, CSJ SL10538-2016, CSJ SL5163-2017, CSJ SL11411-2017, CSJ SL46092020, CSJ SL3733-2020, CSJ SL058-2021 y CSJ SL497-2021). A partir de ese porcentaje, se ha considerado que la condición o situación de discapacidad es relevante o de un grado significativo, de carácter considerable y prolongado en el tiempo que afecta el desarrollo de las funciones del trabajador en el ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, por lo que merece la protección legal. Adicionalmente, la Sala ha precisado que, para acreditar la discapacidad, no se requiere de prueba solemne

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Radicación n.° 92857 y concomitante a la terminación del vínculo laboral, toda vez que, por el carácter finalista de la norma, lo importante es que el empleador tenga conocimiento de la condición del trabajador, para asumir con cuidado la potestad de prescindir de sus servicios, bien sea logrando su calificación o esperando el resultado de aquella. Entre tanto, el contenido y los alcances del concepto de discapacidad han sido tópicos en constante discusión y desarrollo, de manera que son varios los instrumentos que impactan el entendimiento que debe asumir esta Sala,

específicamente en lo que concierne al ámbito del trabajo y a la estabilidad que consagra el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En efecto, el concepto de discapacidad no ha sido estático, pues ha evolucionado como consecuencia de diferentes factores de acuerdo con las realidades sociales. Desde la década de los años 60 se propuso un concepto de modelo social de discapacidad, tal como puede notarse de la aprobación del Programa de Acción Mundial para la Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que buscaba el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad, enfocado no solo en medidas de rehabilitación, sino de prevención y equiparación de oportunidades. Tal objetivo también puede advertirse en la Resolución n.º 48/1996 del 20 de diciembre de 1993 emanada de la Asamblea de las Naciones Unidas relativa a las «Normas

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Radicación n.° 92857 uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad», que puso de presente los «obstáculos que impiden que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y libertades y dificultan su plena participación en las actividades de sus respectivas sociedades», y la necesidad de «centrar el interés en las deficiencias de diseño del entorno físico y de muchas actividades organizadas de la sociedad, por ejemplo, información, comunicación y educación, que se oponen a que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad». Posteriormente, con la expedición de la «Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad» y su «Protocolo Facultativo» de 2006, se enfatizó en un modelo con

enfoque social y de derechos humanos, y se reafirmó que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras externas, incluidas las actitudinales, las cuales finalmente evitan o impiden la participación igualitaria del individuo en el ámbito social, político, económico y cultural del Estado. La Convención adoptó el «enfoque de los derechos humanos», por cuanto, con base en el «modelo social» de concepción de la discapacidad, se fijó como propósito «promover, prote