CSJ - SL1502-2022

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente SL1502-2022 Radicación n.° 89880 Acta extraordinaria 29A Bogotá, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022). Decide la Sala la revisión interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, contra las sentencias proferidas el 12 de junio de 2009 (aclarada el 20 de agosto de 2009) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el 18 de junio de 2014 (corregida el 11 de mayo de 2016) por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso ordinario promovido por ROSA ADELIA VELA contra la extinta CAJA DE CRÉDITO

AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO.

AUTO Se aceptan los impedimentos manifestados por los magistrados de la Sala de Casación Laboral, doctores

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Radicación n.° 89880 Gerardo Botero Zuluaga y Fernando Castillo Cadena, como quiera que el magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán, quien también había expresado su impedimento, es sabido falleció, por cuanto está acreditada la causal 2° del artículo 141 del Código General del Proceso, habida consideración de que hicieron parte del quorum decisorio de la providencia AL2983-2016 del 11 de mayo de 2016, que corrigió la parte resolutiva de la sentencia de casación que es objeto de la

presente revisión. Se acepta, también, el impedimento manifestado por el doctor Francisco Escobar Henríquez, quien había sido designado conjuez dentro del presente asunto, por encontrarse acreditada la causal 6° del artículo 141 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta que la entidad recurrente interpuso la misma revisión contra una sentencia del Consejo de Estado en la que se reconoció la pensión que aquel actualmente disfruta.

I. ANTECEDENTES La UGPP, con fundamento en las causales señaladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pretende: PRIMERO: Invalidar totalmente la sentencia proferida el 18 de junio de 2014, por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, SL 7991-2014, Rad. 43675, M.P. Gustavo Hernando López Algarra, corregida mediante providencia AL 2983-2016 el 11 de mayo de 2016, que NO CASÓ la sentencia expedida el 12 de junio de 2009, aclarada el 20 de agosto de dos mil nueve, por

el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Laboral, M.P. María del Carmen Chain López […].

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SEGUNDA: Revocar y/o modificar parcialmente la sentencia proferida el 12 de junio de 2009, aclarada el 20 de agosto de dos mil nueve (2009), por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Laboral, M.P. María del Carmen Chain López, resolviendo declarar probada la excepción de prescripción sobre la pensión indexada, ajustes anuales por el periodo comprendido

entre el 22 de octubre de 1997 a 23 de noviembre de 2004, conforme a la proposición oportuna efectuada por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, en la contestación de la demanda efectuada dentro del proceso ordinario laboral No. 11001310500720070126100, instaurado por la señora Rosa Adelia Vela, y que el mencionado Tribunal omitio (sic) resolver, violando el trámite procesal dispuesto en el artículo 32 del C.P.T. y S.S., en armonia (sic) con el artículo 302, 304, 306 del Código de Procedimiento Civil, en la actualidad en los artículos 278, 279, 280 y 282 del Código General del Proceso.

TERCERA: Ordenarle a la señora Rosa Adelia Vela, en el evento que haya recibido dichas diferencias pensionales, a restituirle a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la totalidad de los dineros percibidos y recibidos en virtud a las sentencias objeto de revisión y hasta la fecha efectiva de pago, incluyendo cada uno de los ajustes e incrementos anuales.

CUARTA: Ordenarle a la señora Rosa Adelia Vela que el pago que efectúe a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, lo haga de forma actualizada e indexada de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor, I.P.C., así como los intereses moratorios sobre los valores pagados en exceso.

QUINTA: Condénese en costas procesales a la señora Rosa Adelia

Vela. Fundamentó las anteriores peticiones en que: i) Rosa

Adelia Vela nació el 22 de octubre de 1950; ii) que aquella laboró en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero desde el 1 de octubre de 1971 hasta el 16 de noviembre de 1991; iii) que adquirió el status de pensionada el 22 de octubre de 1997, fecha en que cumplió 47 años de edad, conforme lo dispuesto en el artículo 42 de la Convención

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Radicación n.° 89880 Colectiva de Trabajo 1990 – 1992; iv) que mediante Resolución n.° 0530 del 25 de noviembre de 1997, le fue reconocida una pensión de jubilación convencional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 del mencionado instrumento colectivo, vigente a la fecha de retiro, en cuantía de $191.986,03, y efectiva a partir del 22 de octubre de 1997; v) que el Instituto de Seguros Sociales, en calidad de asegurador, le reconoció una pensión de vejez a través de la Resolución n.° 045726 de 2008, en cuantía de $596.219,00, efectiva a partir del 22 de octubre de 2005; vi) que la actora presentó «reclamación administrativa e interrupción de derechos» ante la Caja Agraria el 23 de noviembre de 2007 y, posteriormente, inició proceso ordinario laboral cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, en el cual el apoderado de la citada entidad propuso, entre otras excepciones, la de prescripción;

1. que el citado Despacho judicial profirió sentencia el 21 de julio de 2008, en la cual resolvió absolver a la demandada Caja Agraria de todas las pretensiones incoadas en su contra, declaró probada la excepción de cosa juzgada respecto de la pretensión de auxilio pensional --y se relevó del estudio de las restantes excepciones--, en razón de la absolución impartida; viii) que el recurso de apelación interpuesto por la demandante fue resuelto por el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 12 de junio de 2009, aclarada el 20 de agosto del mismo año, en la cual resolvió: «PRIMERO; REVOCAR la sentencia apelada, en su lugar, CONDENAR a la demandada CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO EN LIQUIDACIÓN a pagar a la señora ROSA ADELIA VELA identificada con la C.C. No. 35.318.829 de Fontibón, la

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Radicación n.° 89880 pensión indexada, en seiscientos diecisiete mil trescientos noventa y cuatro pesos ($617.394) a partir del 22 de octubre del 1997, pensión que debe reajustarse con los incrementos legales pertinentes, al igual que las mesadas adicionales de junio y diciembre. SEGUNDO: COSTAS. Sin costas en la segunda instancia, en la primera a cargo de la parte demandada», sin haberse pronunciado sobre las excepciones propuestas por el ente demandado, entre ellas la de prescripción; ix) que la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 18 de junio de 2014, corregida el 11 de mayo

de 2016 «en cuanto a la fecha correcta de la sentencia aclaratoria de segunda instancia», no casó la decisión del ad quem; y x) que la UGPP --en cumplimiento de la anterior decisión judicial-- expidió la Resolución n.° RDP 044460 del 28 de noviembre de 2016 (modificada por la n.° RDP 003732 del 2 de febrero de 2017), reliquidando la pensión de jubilación de origen convencional de la demandante, en cuantía de $617.394, efectiva a partir del 22 de octubre de 1997, pero con efectos fiscales a partir del 13 de diciembre de 2004, por prescripción trienal. Por lo demás, manifestó que la señora Vela instauró demanda ejecutiva el 30 de agosto de 2017 ante el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que mediante providencia del 24 de mayo de 2018 ordenó seguir adelante con la ejecución sobre las obligaciones contenidas en el mandamiento de pago --desde el 10 de noviembre de 2017--, descontando los pagos realizados por la UGPP por valor de $100.916.775 y $40.685.873; y que mediante Resolución n.° RDP 02904 del 26 de septiembre de

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Radicación n.° 89880 2019 la entidad demandada ordenó el pago de $207.522.153 en favor de la actora. Para la UGPP, las providencias atacadas violaron el debido proceso --y la cuantía debida de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva--, especialmente la dictada por

el Tribunal Superior de Bogotá, lo que se tradujo en perjuicios económicos para la extinta Caja Agraria. Ello, por no haber efectuado el juzgador de segundo grado un pronunciamiento expreso sobre las excepciones propuestas por la demandada, entre ellas la de prescripción, pasando por alto que según el artículo 32 del CPTSS, armonizado con el 29 constitucional, las excepciones de mérito deben ser resueltas en la sentencia, «por lo que tenía el deber constitucional y legal de respetar las formas propias de cada proceso, y efectuar un pronunciamiento concreto sobre cada una de las excepciones, entre ellas la de prescripción, por cuanto, está afectando económicamente las arcas del sistema pensional, que paga la Unidad dado que genera un pago pensional en exceso indexado, sobre los derechos pensionales comprendidos entre el 22 de octubre de 1997 a 23 de noviembre de 2004, como quiera que están prescritos y así debió declararse en la providencia cuestionada. Por ende, el Tribunal como director del proceso, debía respetar el equilibrio entre las partes en contienda judicial, se reitera, pronunciándose sobre cada uno de los planteamientos efectuados en las excepciones, sin que se pudiera limitar, la formación de su convencimiento para decidir sobre la condena impuesta a la caja, y dejando de lado la prescripción evidente que se presentaba».

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Radicación n.° 89880 Asimismo, sostuvo que aunque las providencias judiciales «deben ser motivadas, contener decisiones expresas

y claras sobre cada una de las pretensiones de la demanda, sobre las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, conforme al mandato de los artículos 303 y 304 del Código de Procedimiento Civil vigente para la época en que se profirió la sentencia de 12 de junio de 2009, aplicables por remisión del artículo 145 del CPTSS […] la sentencia del Tribunal, se basó en transcribir una sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre indexación de la primera mesada pensional, en la cual motivó su decisión, pero sin que hubiese efectuado el debido estudio de la excepción de prescripción conforme a la fecha de reclamación administrativa, y lo dispuesto en los artículos 488 del C.S.T. y 151 del CPT.S.S., resaltando que procedía resolver sobre está, bastando efectuar el conteo de tiempo, y dado el resultado condenatorio contenido en la decisión proferida, de indexación de la pensión a partir del 22 de octubre de 1997». Todo lo anterior, aunado a que «la Corte Suprema de Justicia en su providencia, al resolver el cargo segundo planteado por la Caja en el recurso de casación, se limitó a señalar que no es viable mediante dicho recurso corregir tal omisión, dado que el legislador ha previsto otra clase de vías, como la de la solicitud de expedición de una providencia complementaria. Sobre lo decidido por la Corte en su providencia, no se pretende desconocer sus consideraciones, pero ello, no es óbice para que a través de la presente acción se subsane el error cometido por el Tribunal en cuanto a la omisión en el pronunciamiento de la excepción de prescripción

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Radicación n.° 89880 propuesta, y que debe prosperar, en caso contrario, de no efectuarse su debido pronunciamiento y modificación de la sentencia conforme se peticiona, generaría la convalidación de la errónea actuación y decisión del Tribunal de instancia, que a la postre conlleva a pagos pensionales en exceso que no deben darse en virtud a la reclamación tardía de la señora Rosa que tan solo la efectúo (sic) el 23 de noviembre de 2007». Surtidas las diligencias procesales de que dan cuenta los autos se trabó debidamente la relación procesal; y quien fuera demandante en el proceso ordinario laboral de marras y ahora demandada en la revisión, dio respuesta a la solicitud dentro del término legal, basada fundamentalmente en que «el Tribunal únicamente se pronunció sobre los aspectos contenidos en la sustentación de la apelación, revocando el fallo de primera instancia, solamente estos aspectos fueron sometidos a revisión por parte del demandante que fue la única apelante. La Honorable Corte Suprema De Justicia entre entre (sic) sus reiterados pronunciamientos ha sostenido […]. Ahora se pretende con el recurso extraordinario de revisión, impedir que se ejecute el fallo proferido en el proceso, tramitado con plena observancia de las formalidades bajo el argumento de “…. Revisar la legalidad de las providencias judiciales que son objeto de ejecución.” Y como lo ha sostenido la jurisprudencia “… romper el carácter de firme e inmutable de que se hayan revestidas por virtud de los efectos de cosa juzgada material...” y no

pagar la condena».

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II. CONSIDERACIONES Para resolver la controversia propuesta por la entidad solicitante debe empezar la Corte por recordar que dentro de los fines perseguidos por el legislador de la Ley 797 de 2003 estuvo el de contemplar un mecanismo procesal que permitiera revisar las decisiones judiciales, conciliaciones o transacciones que hubieren reconocido pensiones «irregularmente o por montos que no corresponden a la ley», para de esa manera revocarlas y con ello, «afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».

Así fue como el artículo 20 del citado estatuto consignó: Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y

podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

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Radicación n.° 89880 b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. A su vez, la Ley 712 del 5 de diciembre de 2001, que reformó el llamado ‘Código Procesal del Trabajo’, introdujo en su normativa, particularmente en los artículos 30 a 34, el recurso extraordinario de revisión, en los siguientes términos: ARTICULO 30. Recurso extraordinario de revisión. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas de La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las salas laborales de los tribunales superiores y los jueces laborales del circuito dictadas en procesos ordinarios. ARTICULO 31. Causales de revisión:

1. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida.

2. Haberse cimentado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falsos testimonios en razón de ellas.

3. Cuando después de ejecutoriada la sentencia se demuestre que la decisión fue determinada por un hecho delictivo del juez, decidido por la justicia penal.

4. Haber incurrido el apoderado judicial o mandatario en el delito de infidelidad de los deberes profesionales, en perjuicio de la

parte que representó en el proceso laboral, siempre que ello haya sido determinante en este. PAR. Este recurso también procede respecto de conciliaciones laborales en los casos previstos en los numerales 1º, 3º y 4º de este artículo. En este caso conocerán los tribunales superiores de distrito judicial. ARTICULO 32. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia penal sin que pueda excederse de cinco (5) años contados a partir de la sentencia laboral o de la conciliación, según el caso. ARTICULO 33. Formulación del recurso. El recurso se interpondrá, ante la autoridad competente para conocer de la revisión, mediante demanda que deberá contener:

1. Nombre y domicilio del recurrente.

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2. Nombre y domicilio de las personas que fueron parte en el proceso en que se dictó la sentencia.

3. La designación del proceso en que se dictó la sentencia, con indicación de su fecha, el día en que quedó ejecutoriada y el despacho judicial en que se halla el expediente.

4. Las pruebas documentales que se pretendan hacer valer, incluida la copia del proceso laboral.

A la demanda deberá acompañarse tantas copias de ella y de sus anexos cuantas sean las personas a quien deba correrse traslado. ARTICULO 34. Trámite. La Corte o el tribunal que reciba la demanda examinarán si reúne los requisitos exigidos en los dos artículos precedentes, y si los encuentra cumplidos, se resolverá

sobre la admisión de la demanda. En caso de ser rechazada, se impondrá al apoderado del recurrente multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales. Se declarará inadmisible la demanda cuando no reúna los requisitos formales exigidos en el artículo anterior. Admitida la demanda se correrá traslado al demandado por un término de diez (10) días. A la contestación se deberá acompañar las pruebas documentales que se pretendan hacer valer. La corporación fallará de plano, en un término de veinte (20) días. Si se encontrare fundada la causal invocada se invalidará la sentencia y se dictará la que en derecho corresponda. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Quiere decir lo anterior que, aparte de poderse atacar las sentencias dictadas por los jueces del trabajo a través de la revisión, cuando fueren determinadas por los ilícitos de que trata el artículo 31 de la Ley 712 de 2001, las que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública también podrán ser revisadas, en cualquier tiempo, por las mismas causales y mediante el citado procedimiento, así como cuando se hubieren obtenido con violación del debido proceso, o cuando su cuantía excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que les fuera legalmente aplicable.

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Radicación n.° 89880 En cuanto a la oportunidad para su interposición, conviene precisar que, en los términos originales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales,

transacciones y conciliaciones judiciales y extrajudiciales que impongan el pago de sumas periódicas a cargo del tesoro o fondos de naturaleza pública, pueden ser revisadas «en cualquier tiempo», por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. Dicha expresión fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 2003, de manera tal que, en palabras de la misma decisión, el plazo para interponer la revisión es el consagrado genéricamente para el recurso extraordinario de revisión en cada jurisdicción, el cual, en materia ordinaria laboral, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 712 de 2001, es de «seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia penal sin que pueda excederse de cinco (5) años contados a partir de la sentencia laboral o de la conciliación, según el caso». Cabe agregar que según la mentada sentencia C-835 de 2003, el plazo para promover el trámite de revisión «se aplica a todas las hipótesis del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que hayan ocurrido con anterioridad a este fallo o que ocurran con posterioridad a el», y debe comenzar a contarse a partir «del día siguiente de la notificación de esta sentencia». Así pues, de una lectura armónica de las anteriores reglas, esta Corporación ha definido que el plazo para interponer la revisión, por las especiales causales

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Radicación n.° 89880 establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es de 5 años contados desde la fecha de creación del acto o ejecutoria

de la providencia que se pretende anular, o de la notificación de la sentencia de la Corte Constitucional C-835 de 2003, si el acto es anterior a ésta (SL3276-2018). Así las cosas, como en el sub judice la última de las decisiones controvertidas fue proferida el 18 de junio de 2014 y corregida el 11 de mayo de 2016, quedando ejecutoriada el 24 del mismo mes y año --y la revisión fue presentada el 12 de abril de 2021--, se tiene que no han transcurrido más de 5 años, razón por la cual debe entenderse presentada en tiempo. Ahora bien, en lo que aquí concierne, encuentra la Sala que la UGPP ataca las providencias sometidas a revisión por no contener aquellas ningún tipo de consideración, mucho menos pronunciamiento expreso, dirigido a resolver la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada en la contestación del libelo introductorio, para por esa vía declarar probado ese medio extintivo de defensa. Puestas así las cosas, conviene precisar que esta Corporación, a través de su jurisprudencia, ha señalado que las causales de revisión previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que invoca la entidad recurrente, constituyen novedosos instrumentos jurídicos a través de los cuales se persigue la defensa de los recursos públicos y el afianzamiento de los principios de moralidad pública e interés general, a partir de una excepción a los efectos de

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Radicación n.° 89880 cosa juzgada que amparan a ciertas decisiones judiciales, transacciones o conciliaciones, que imponen el pago de

sumas periódicas o pensiones a cargo del tesoro público o fondos de naturaleza pública. Sin embargo, la Corte también ha insistido en la naturaleza extraordinaria de la revisión y ha establecido que debe ejercitarse dentro de un estricto y responsable marco de autorregulación dentro del cual se armonicen plenamente los intereses públicos y los del demandado, de tal manera que no se distorsione e hipertrofie en casos que no lo ameriten realmente, distrayendo a la administración de justicia de su trascendental función, por lo que su uso se ha de limitar a sentencias en las cuales la violación al debido proceso y el exceso y abuso de la normatividad genitora de la prestación concedida judicialmente resulten groseramente evidentes y plenamente manifiestos. Igualmente ha sostenido la Sala que es al juez del trabajo al que le compete ponderar razonablemente la gravedad de los vicios, omisiones o extralimitaciones contenidas en las sentencias, transacciones o conciliaciones cuestionadas, así como su apego a las causales establecidas legalmente para la revisión. En tal sentido, ha señalado que: Esa medida, extraordinaria, reviste un gran impacto jurídico y, sin lugar a dudas, su génesis no es otra que la de incorporar un principio moralizante a la actividad de reconocimiento pensional, en tanto los limitados recursos del erario, imponen una labor mucho más exigente que con otro tipo de asuntos que se ponen en conocimiento del juez.

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Radicación n.° 89880 Es por eso que, excepcionalmente, los otros principios que entran en colisión con tan particular medida, como la cosa juzgada y la

seguridad jurídica, deben ceder para, en su lugar, concretar unas aspiraciones sociales, que están estrechamente relacionadas con los recursos que de manera irregular terminan satisfaciendo pretensiones particulares, específicamente cuando existe palmaria evidencia de que ello ocurre. Esa búsqueda de la armonía que insta la Ley, obliga a que sea el juzgador el que pondere, si lo pedido en el recurso de revisión es de veras trascendental, es decir, que en verdad exista un exceso en la sentencia, evidente, grosero, que no una mera discrepancia en torno a la aplicación de una norma, o un extemporáneo y fútil pedimento, y que además, delimite las eventuales situaciones que puedan llevar a eximir a las entidades públicas que hayan tenido espacios procesales idóneos para plantear esas discusiones, y que no los hubiesen utilizado, pero sin soslayar responsabilidades individuales, siendo que lo que se debate, esto es, los principios a los que atrás se hizo referencia no son de poca monta. Todo ello hay que entenderlo según la exposición de motivos del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que circunscribió esa revisión para “afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación”, y es entonces en esa perspectiva que procede el recurso, cuando aquellas omisiones en la defensa existan, pues otra lectura entrañaría una vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. (CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 48410, reiterada en CSJ SL, 13 mar. 2013, rad. 44157 y CSJ SL7107-2015).

Llegados a este punto del sendero, importa advertir que las diferencias entre las instancias del proceso y el mecanismo de revisión tornan inviable afincar este escenario extraordinario en cuestiones inherentes o concurrentes en el juicio, pues se supone que todo fue conocido por las partes y juzgadores y considerado expresa o implícitamente en esa oportunidad. Como lo asentara la Sala de Casación Civil de esta Corporación, la mentada figura «no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros

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Radicación n.° 89880 jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi» 1. Con razón, esa misma Sala de la Corte en sentencia STC14416-2016, aunque refiriéndose al recurso extraordinario de revisión civil y sus notables diferencias con el de casación, así se pronunció: […] desde su configuración por los canonistas en la Edad Media hasta su consagración en el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso, este se ha caracterizado por su naturaleza excepcional, extraordinaria, limitada y taxativa, de ahí que su admisibilidad se concreta a los casos en los que la controversia fue dirimida por medios intolerablemente injustos, los cuales constituyen hechos nuevos y distintos a los que

debieron ser expuestos y analizados en las instancias. Esta es, precisamente, la principal diferencia entre el recurso de revisión y el de casación, pues mientras éste ataca la sentencia por vicios inmanentes o internos al proceso, la revisión se circunscribe a reprochar el fallo por motivos trascendentes o externos al litigio. Al respecto, esta Corte expuso: «Mas, como exhaustivamente lo tienen dicho la doctrina y la jurisprudencia patrias con apoyo en el criterio que en la materia pregona la literatura jurídica universal, la revisión es recurso de naturaleza eminentemente extraordinaria y diferente por su finalidad propia de todos los demás medios de impugnación, incluso de la casación misma, por lo cual no es permisible convertirla en un juicio contra la sentencia por las apreciaciones que el fallador haya hecho de la demanda que con tal sentencia se decide… Ciertamente, los aspectos formales de un fallo, sus vicios o irregularidades, el quebranto de la ley procedimental o de la sustancial y los errores de apreciación probatoria en que haya podido incurrir el juez al proferirlo, son aspectos ajenos al recurso de revisión, por tratarse en ellos de yerros in procedendo o in judicando, para cuya corrección se han consagrado precisamente los demás recursos. Los vicios que pueden dar lugar a la anulación de una sentencia a través del recurso de 1 CSJ. Sala de Casación Civil. Sentencia de 16 de mayo de 2013, expediente 01855.

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Radicación n.° 89880 revisión han de manifestarse necesariamente en relación con

situaciones o hechos producidos o conocidos con posterioridad al pronunciamiento del fallo que se pretende aniquilar, precisamente porque el desconocimiento de estos hechos por el juez al dirimir el conflicto le impidió dictar una sentencia justa”. (CSJ SC, 18 Jul. 1974, G.J. CXLVIII, p. 180) En igual sentido, se ha expresado que: En virtud de su naturaleza restringida o limitada, para la procedencia de la revisión no basta que la sentencia haya sido irregularmente proferida o se pretenda que está mal fundada; su admisibilidad se subordina a la expresa invocación de causas precisas señaladas en la ley y no por simple mal juzgamiento. No estará, pues, avenida con la naturaleza excepcional del recurso la conducta del juez que, so pretexto de velar por la recta aplicación del derecho, rebase los límites objetivos que la ley ha puesto al recurso de revisión; al ampliar de su propia cuenta tales limitaciones, siembra el desconcierto y la inseguridad, y de paso desvirtúa los fines de la revisión”. La revisión, no busca pues, subsanar errores de juicio o de procedimiento porque esa es la función de los recursos de instancia y de la casación. Esta figura, en cambio, pretende la reparación de atropellos o desafueros a partir de la demostración de una realidad diferente a la del proceso, concretamente, evitar la expoliación de los recursos públicos; y únicamente dentro del marco de invocación precisado por las causales est