CSJ - SL1504-2023

SALVAMENTO DE VOTO

Recurrente: William Ernesto Ávila Santiago

Opositor: General Motors Colmotores S.A.

Radicación: 91764

Magistrada Ponente: Fernando Castillo Cadena Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de sala y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, me permito salvar el voto parcialmente, conforme a las razones que expongo a continuación.

Para contextualizar, se tiene que el Tribunal consideró que el demandante era sujeto de especial protección toda vez que el actor «presenta[ba] afecciones de salud desde el año 2011, por lo que ha sido sometido a diferentes tratamientos y terapias, se le otorgaron recomendaciones médico laborales, incapacidades y licencias médicas desde noviembre de 2013 hasta el 17 de marzo de 2016; se le calificó el 16 de noviembre de 2017 con una PCL de 14.70%». Al respecto, en mi criterio, advierto que el Tribunal en sus consideraciones no hizo diferenciación de los conceptos que denominó «condición de salud» y «discapacidad», los cuales emplea indistintamente. No obstante, lo cierto es que del análisis probatorio que realizó el citado juez plural, concluyó que en el proceso se probó que el actor padecía una deficiencia, lo cual en sus términos indicó correspondía a «afecciones de salud desde el Radicación n.° 91764 año 2011». En efecto, nótese que tal concepto se define como «los problemas en las funciones o estructurales corporales tales como una desviación significativa o una pérdida».

Además, y aunque no lo dijo en esos términos expresos, el Tribunal en su análisis dio por acreditado que la anterior condición le generaba barreras al trabajador, esto conforme a los «diferentes tratamientos y terapias», «recomendaciones médico laborales», «incapacidades», «licencias médicas» que derivó incluso en una pérdida de capacidad laboral, aspecto que corresponde a la definición de barreras que se expresa en el proyecto al considerarlas como «cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad». En tal perspectiva, al no ser objeto de debate que el despido del trabajador acaeció el 26 de julio de 2016 y, en tanto, no se discutía en el cargo único que formuló -acusación por la vía directalas anteriores inferencias probatorias del Tribunal, no se debió casar la sentencia. Lo anterior, porque conforme al marco jurídico explicado en la sentencia y, en atención, al reparo jurídico que plantea la censura, en el cual no se cuestiona que estaban acreditadas los elementos de discapacidad, la solución no podía ser otra que confirmar el reintegro del trabajador. Sin embargo, la sentencia analiza aspectos fácticos que no explica en el cargo y señala que el fuero por discapacidad «no opera[ba] para cualquier clase de afección de salud como lo concluyó en este caso el tribunal (sic)», circunstancia que es disímil con la conclusión a la que arribó el citado juez plural, y que no 2 Radicación n.° 91764 fue objeto de inconformidad en el recurso extraordinario, como

indique en precedencia. Además, en sede de instancia, la Sala reitera las consideraciones expuestas en casación y resalta que «aun cuando el actor cuenta con varias afecciones de salud desde el 2007», lo cierto es que tal situación «motivó a que se le asignara al demandante en el cargo de controlador de calidad a partir del año 2010 y hasta el retiro (…) sin que se hubiera acreditado que existiera una incompatibilidad de este último cargo con las recomendaciones médicas o la presencia de barreras que le impidieran desarrollar su labor en igualdad de condiciones con los demás». Circunstancia, con la cual se desconoce que la eliminación, modificación o limitación de una barrera, esto es, la realización de un ajuste razonable para permitir el cabal desempeño del trabajador en situación de discapacidad no supone que el empleador tenga vía libre para despedir al trabajador sin una causa objetiva o justa. Lo anterior, porque una vez se constate que una deficiencia de mediano o largo plazo al interactuar con diversas barreras configuran un obstáculo para que el trabajador ejerza su capacidad en igualdad de condiciones que los demás, dichos ajustes surgen como una consecuencia de esa situación de discapacidad, identificada jurídicamente en una obligación laboral a cargo del empleador de eliminar. En consecuencia, si el empleador elimina, modifica o limita la barrera, esto es, realiza un ajuste razonable para permitir el cabal desempeño del trabajador en situación de discapacidad, ello 3 Radicación n.° 91764 no significa que tiene vía libre para despedir al trabajador sin una causa objetiva o justa. Dado que, se insiste, los ajustes razonables

son consecuencia de la discapacidad y no causa de la misma. Además, ese no es el objetivo de la convención que, se recuerda, busca la integración social y, particularmente en el ámbito del empleo, la integración laboral de las personas con discapacidad, de modo que despedirlos en esas circunstancias no se ajustaría al fin que motivó su creación internacional y adaptación al sistema jurídico y normativo colombiano. Precisamente, la Convención estipula un derecho al mantenimiento del empleo, por lo que el ajuste razonable está vinculado a la obligación de conservar el empleo a menos que los ajustes sean desproporcionados o imposibles de realizar por parte del empleador, lo que debe valorar en todo caso el Ministerio del Trabajo a fin de autorizar en ese caso, conforme a la jurisprudencia de la Sala (CSJ SL1680-2018). Y tal precisión es necesaria porque si se piensa o asume el criterio que el empleador puede despedir sin justa causa al trabajador con discapacidad una vez efectúe el ajuste, sería tanto como admitir una involución de los derechos humanos laborales de esta población, la cual está prohibida por el artículo 53 de la Constitución Política. Por tanto, es fundamental que el entendimiento de este nuevo modelo social se haga en clave de brindar garantías más robustas y protectoras de los derechos humanos laborales de las personas con discapacidad, pues de lo contrario no se desarrollaría los objetivos primarios de la convención, como reconocer que la discapacidad es un concepto que evoluciona y promover la participación plena y efectiva de estas personas en la 4 Radicación n.° 91764 sociedad en condiciones de igualdad, conforme al artículo 53 ibídem. Dejo así sustentado mi salvamento de voto en el presente asunto. Fecha ut supra. 5