CSJ - SL151-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL151-2023 Radicación n.° 91698 Acta 02 Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por QUALA S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario que le instauró CARLOS IGNACIO

BELTRÁN TORRES.

I. ANTECEDENTES Carlos Ignacio Beltrán Torres llamó a juicio a Quala S.

A., con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo realidad desde el 2 de noviembre de 1999 hasta el 17 de octubre de 2016 (f.° 67 a 96 del cuaderno digital del Juzgado).

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Radicación n.° 91698 En consecuencia, reclamó el pago de primas de servicios, cesantías, intereses moratorios sobre cesantías, vacaciones, la indemnización moratoria del artículo 65 CST y la del 99 de la Ley 50 de 1990, la indemnización por despido sin causa, indexación de las condenas, la pensión sanción por no haberlo afiliado al sistema de seguridad social, a partir del 12 de octubre de 2016 y, subsidiariamente, el pago de los aportes a seguridad social. Igualmente, pidió el de las costas y lo ultra y extra petita. Fundamentó sus peticiones, en que fue contratado

verbalmente, para revisar con perros antinarcóticos toda la maquinaria, materia prima y contenedores que salían de la empresa para ser exportados, para evitar que fueran contaminados con alucinógenos (marihuana, cocaína y heroína) durante su transporte hacia el exterior. Indicó, que debía prestar sus labores personal y exclusivamente, pues él era el único que podía manejar los perros antinarcóticos, por motivos de seguridad. Las actividades se desarrollaban de lunes a viernes de 7:00 a.m. hasta que terminara la revisión de los contenedores que la empresa le indicara en las instalaciones de Bogotá, Funza y Tocancipá. Detalló, que la revisión con caninos está regulada y vigilada por la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia, y que solo puede prestarse por personas jurídicas supervisadas por la entidad, salvo cuando se presten o asuman directamente por la empresa, como en este caso.

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Radicación n.° 91698 Anotó, que la empresa lo contrató a través de Mercedes Bernal y Oswaldo Acosta (jefe de Seguridad Industrial y Seguridad Física - Centro de Distribución Nacional), para que trabajara directamente, en forma personal y exclusiva. La compañía también diseñó el proceso y lo plasmó en el documento titulado «Revisión de QUALA S. A.» Finalizó, que el pago se hacía con la presentación de cuentas de cobro, por cantidad de contenedores inspeccionados; que el 5 de octubre de 2016, el jefe de logística le comunicó la terminación de su contrato a partir

del 16 de octubre y que devengaba $9.954.097 al momento de su retiro. Quala S. A. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó únicamente que la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia regula y vigila la revisión con caninos; que el demandante abrió una cuenta de ahorros para recibir los pagos y, que el 10 de noviembre de 2016 le respondió las peticiones al demandante. Los demás hechos los tildó de falsos o dijo que no le constaban (f.° 116 a 130, ibidem). Aseveró en su defensa, que jamás existió una relación laboral con el demandante, pues se trató de una relación civil, mediante la que el actor prestó sus servicios independientes de revisión antinarcóticos, de manera autónoma y con sus propios medios.

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Radicación n.° 91698 Exceptuó de fondo la prescripción, inexistencia de la relación laboral, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones que se pretenden deducir en juicio a cargo de la demandada, buena fe y compensación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, por sentencia del 29 de marzo de 2019 (f.° 272 del cuaderno digital del Juzgado), decidió: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL propuesta por la parte demandada QUALA S. A., EN CONSECUENCIA, ABSOLVER a la demandada QUALA S. A. de todas y cada una de las pretensiones incoadas

en su contra por el demandante señor CARLOS IGNACIO BELTRÁN TORRES, de conformidad a la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 26 de febrero de 2021 (f.° 279 a 288 del cuaderno del Tribunal), resolvió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 29 de marzo del 2019, por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído, para en su lugar, DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo entre el señor CARLOS IGNACIO BELTRÁN TORRES y la empresa QUALA S.A. entre el 2 de noviembre del año 99 al 17 de octubre de 2016.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada QUALA S.A. a pagar al señor CARLOS IGNACIO BELTRÁN TORRES las siguientes

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Radicación n.° 91698 sumas de dinero: a) $76'053.178.98, por concepto de auxilio de cesantía. b) $2'848.524,84, por concepto de intereses sobre el auxilio de cesantía. c) $21'724.997,09, por concepto de prima de servicios. d) $19'313.084,84, por concepto de vacaciones, suma que deberá ser indexada teniendo como IPC inicial el 18 de octubre de 2016 y como IPC final al momento de su pago. e) Por concepto de Indemnización moratoria del artículo 65 del

C.S.T., la suma diaria de $338.826.05 a partir del 18 de octubre de 2016 hasta que se efectué el pago total de las prestaciones adeudas. f) Por concepto de sanción por la no consignación de las cesantías la suma de $250.500.250,70, que deberá ser indexada teniendo como IPC inicial el 18 de octubre de 2016 y como IPC final al momento de su pago. g) Por concepto de Indemnización por despido sin justa causa, la suma de $87.897.124,47, que deberá ser indexada teniendo como IPC inicial el 18 de octubre de 2016 y como IPC final al momento de su pago.

TERCERO: CONDENAR a la demandada CONDENAR a la demandada[sic] a pagar previo cálculo actuarial elaborado por el fondo al cual se encuentra afiliado el demandante los aportes

dejados de cancelar de la siguiente manera:

1. En un 100% la cotización a pensión previo cálculo actuarial elaborado por el fondo pensional al cual se encuentre afiliado, durante el periodo del 2 de noviembre del año 99 al 31 de diciembre de 2015 y para el año 2016 los periodos enero, marzo y mayo, teniendo como IBC, el salario atrás determinado.

2. En relación con los ciclos de febrero, abril y junio a octubre de 2016 las diferencias entre el aporte del 16% que debió realizarse sobre el ingreso base de liquidación para el año 2016, esto es, $11.384.555, y la cotización que pagó el actor para estos periodos, lo cual sumó $5.156.313, conforme a lo atrás motivado, valores que deberán ser cancelados previo calculo actuarial

elaborado por el fondo pensional al cual se encuentre afiliado.

CUARTO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones elevadas en su contra por CARLOS IGNACIO BELTRÁN TORRES.

QUINTO: DECLARAR PROBADA de manera parcial la excepción de prescripción y las demás no probadas.

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SEXTO: SIN COSTAS […] En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal señaló que le correspondía dilucidar si la demandada fungió como empleadora del actor, como consecuencia del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas para luego, si así fuere, determinar los extremos temporales de la relación, el salario y dar respuesta a las pretensiones.

En cuanto a la relación laboral, hizo alusión a los requisitos que establece el artículo 23 CST (prestación personal del servicio, subordinación del trabajador respecto al empleador y el salario como retribución) y a la presunción que consagra el artículo 24 CST, conforme a la cual, al trabajador le basta probar la primera para que el empleador deba desvirtuar el trabajo subordinado. Se refirió al artículo 53 constitucional y a la sentencia CSJ SL2171-2019, en lo alusivo a la primacía de la realidad sobre las formas, para delimitar el marco normativo sustancial y jurisprudencial aplicable al caso. Afirmó, que no existía duda alguna de la prestación personal de los servicios del actor a la demandada, lo que fue aceptado en la contestación de la demanda y en el interrogatorio de parte que absolvió el representante legal de la demandada, aunque aclarando que el vínculo se rigió por

un contrato de prestación de servicios, como se evidenció también en la certificación expedida por la convocada (f.° 8).

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Radicación n.° 91698 Aseveró, que demostrada la prestación del servicio, opera la presunción de existencia de un contrato de trabajo, que no fue desvirtuada por la pasiva, al no existir prueba con la que se constatara que el actor desempeñó su labor de manera libre y autónoma, desprovista de cualquier elemento subordinante. Indicó, que no basta la afirmación de que el demandante ejecutó la labor de revisor de contenedores antinarcóticos a través de un contrato de prestación de servicios, ni de que la labor se realizara con sus propios medios o que el trabajador aportara al sistema de seguridad social como independiente, teniendo en cuenta que se busca demostrar la existencia de un contrato de trabajo. Manifestó, que la labor ejecutada por el actor no se hacía en forma autónoma e independiente, pues los testimonios de la demandada, acreditaron que si bien se suscribió un contrato de prestación de servicios, el actor se obligó a atender de forma especializada la labor de la revisión de los productos que eran exportados por la misma empresa, mediante estricta coordinación, programación, horario, cantidad y bajo la supervisión de la pasiva. Refirió, que Jhon Alexander Rodríguez, en su testimonio: […] relató que de acuerdo con la programación y volúmenes de producción «dentro de la dinámica en la programación QUALA, se comunicaba con el señor Carlos días anteriores, de acuerdo a esa programación para que se prestara el servicio de inspección

de carga por medio de los perros, de acuerdo esa programación

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Radicación n.° 91698 eso es lo que se ejecutaba». Destacó, en lo referente a si Carlos Ignacio Beltrán Torres debía presentar informes de sus inspecciones y de su trabajo a persona determinada de la empresa, que el testigo Osvaldo Acosta Lozano, hizo saber que dichos informes eran presentados al área de seguridad y de operaciones, puesto que: […] la idea era mantener blindado el proceso en caso de que tuviéramos algún problema en la exportación y poder tener toda la trazabilidad de lo que se había hecho en seguridad para saber que no fue dentro de las instalaciones de QUALA que hubiera existido algún problema […] registro fotográfico, desde que negaba el contenedor, los perros, el cargue de la mercancía, toda la operación de inspección desde que llegaba el contenedor, se cargaba y hasta que se iba el contenedor. Había unos informes muy detallados de registros fotográficos horarios, había un procedimiento muy detallado de la inspección que se debería hacer a los contenedores, ese procedimiento detallado de inspección Acotó, que por esta razón el demandante debía estar disponible para realizar la tarea encomendada, pues: […] de acuerdo con lo explicado por el mismo representante de la empresa, «el control de la seguridad de la inspección canina que se ejecutaba por los perros de propiedad del demandante se hacía generalmente dentro de las instalaciones de QUALA para verificar la carga», de modo que dependían «del informe o reporte que hacía él prestador del servicio en este caso el señor Beltrán con sus

perros». Además, la actividad se trasladaba a otras instalaciones de la empresa, asegurando que la revisión de los productos y mercancía que estaban en los contenedores para exportación se debía hacer tanto en el barrio Venecia, cómo en Punza y Tocancipá. Aseguró que tal afirmación demuestra que las labores no eran extrañas a la empresa y muchos menos ocasional, pues la prestación del servicio duró aproximadamente 17

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Radicación n.° 91698 años. Precisó que muestra de ello fue también la declaración rendida por Germán Leonardo Vargas Beltrán quien señaló que para la época en que la empresa inició la expansión internacional necesitaban una persona que cumpliera con el perfil de experto en caninos antidrogas que hubiere prestado su servicio militar en la Armada o la Fuerza, que tuviera contacto directo con la Policía, por lo que presentó a su primo, el hoy demandante. Manifestó, ante la afirmación de la accionada de que la actividad era ejecutada con caninos especializados, que eran entrenados por una persona extraña a la labor contratada, que ello era un eufemismo para esconder la verdadera relación que ató a las partes, pues el demandante relató que: […] si bien prestaba su servicio con caninos altamente especializados que eran de su propiedad, lo hacía por su alto conocimiento sobre los mismos, cuyo entreno lo hacía a través de una persona que lo apoyaba, sin remuneración alguna y autorizada por la misma sociedad. Lo que hizo que llevara sus propios elementos de trabajo, no porque su actividad fuera autónoma e independiente, sino ante la necesidad de que los perros

conocieran nuevos narcóticos. Así, le quedó claro que el a quo erró al concluir que la relación contractual entre las partes fue en forma autónoma e independiente.

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Radicación n.° 91698 Observó, que la actividad principal del actor consistía en la prestación de servicios de revisión de mercancías para exportación, lo que guarda relación con el objeto de la empresa, como lo advierte el certificado de existencia y representación legal (f.° 2 a 7). Precisó, que la labor de inspección con caninos era necesaria y requería de conocimientos e instrumentos complejos, por lo que imperativamente el demandante debía realizar sus actividades en forma personal, por la especialidad y grado de responsabilidad que implicaba. Dijo, que aquellas se extendieron a otros establecimientos de comercio propiedad de la demandada en el barrio Venecia, en Funza y Tocancipá, utilizando medios de transporte por su cuenta, aunque debieron ser sufragados por la accionada, así como que se hiciera uso de un entrenador canino, con el fin de facilitar que los perros fueran entrenados para detectar nuevas variedades de alucinógenos. Resaltó, que según la documental obrante a folios 9 y 10, la empresa tenía pautas o procedimientos para que el demandante realizara el proceso de revisión de carga, desde la llamada requiriendo el servicio, el desplazamiento al sitio, el alistamiento del canino y muestreo, entre otras. Acotó, que la actividad personal se realizó con las características propias de una relación de naturaleza laboral, conjunta y armónicamente con la empresa y, reprodujo el

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Radicación n.° 91698 siguiente aparte del testimonio de Germán Leonardo Vargas Beltrán: Era una planeación conjunta que se hacía entre el área y el área de planeación logística, el área planeación logística solicita el servicio a seguridad, seguridad le daba la instrucción directa a Carlos Ignacio de cuando iba a estar las exportaciones listas y el área de logística era el que acompañaba permanentemente a Carlos Ignacio en la labor. Es decir, un funcionario del área de logística de exportaciones tenía que estar presente durante la inspección. Expuso, que otro aspecto probatorio que llamaba la atención de la Sala eran las documentales de folios 136 a 180 en los que constan los honorarios pagados al actor, pues, aunque podía corroborarse que su monto variaba mes a mes, era claro que las partes pactaron que ello dependería del número de los contenedores revisados y por la ubicación de los mismos, situación que se reafirmó con los testimonios de Jhon Alexander Rodríguez, Osvaldo Acosta Lozano y Ricardo Enrique Rivera Vitolo, quienes señalaron que la labor del demandante dependía del volumen de la operación, exportaciones y ventas entre países, la cual veía creciendo de tiempo atrás, lo que denotaba una modalidad de salario a destajo según el artículo 132 del CST. Concluyó, que no se derruyó la presunción del contrato de trabajo, acreditándose que el accionante actuó bajo una actividad misional, dependiente o subordinada, prestando sus servicios en lugares asignados por la accionada, en tanto su actividad era esencial, permanente y estrechamente ligada

al objeto social de la compañía.

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Radicación n.° 91698 En lo atinente a la indemnización moratoria y sanción por no consignación de las cesantías, recordó que conforme al artículo 65 CST, el empleador que no pagaba salarios y prestaciones debidas, tenía que sufragar una indemnización moratoria y que, de igual forma, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 establecía que el empleador que no consignara las cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente, debía pagar a título de sanción un día de salario por cada día de retardo. Indicó, que la sentencia CSJ SL, 5 mar. 2009, rad. 32529, explicó que las indemnizaciones no son una respuesta automática frente al hecho objetivo de que el empleador, al terminar el contrato de trabajo no pague la totalidad de salarios y prestaciones sociales o no consigne las cesantías, por lo que en cada caso debe establecerse si se evidencia la buena fe ante la conducta omisiva. Manifestó, que en igual sentido lo planteó la Corte Constitucional, en sentencia CC T-459-2017, que hizo posible eximir al empleador del pago de la indemnización moratoria cuando se compruebe que actuó de buena fe al momento de la terminación del contrato, es decir, que tenía la conciencia de haber obrado legítimamente y con ánimo exento de fraude. Que no había razón para entender que el actuar de la demandada estuvo revestido de buena fe, sin que fuera suficiente argüir que la empresa operó convencida de que entre las partes se pactó un contrato de prestación de

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Radicación n.° 91698 servicios, cuando los medios de convicción dan cuente de que Quala S. A. quiso utilizar de forma indebida la vinculación del actor, ocultando que la relación se rigió bajo los elementos constitutivos de un contrato de trabajo. La condena a la indemnización moratoria del artículo 65 CST, la tasó a partir de un salario diario de $338.826,05, desde el 18 de octubre de 2016 hasta el pago total, aclarando que a la terminación del contrato el actor devengaba un salario de $10.164.781,50. La sanción por no consignación de las cesantías, la liquidó conforme a lo expuesto en la sentencia CSJ SL168842016, radicado 40272, así: «que la indemnización moratoria consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 se causa desde el 15 de febrero de cada año hasta el 14 de febrero siguiente, cuando inicia la otra mora, y, en todo caso, hasta cuando finaliza la relación laboral».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la accionada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (cuaderno digital de la Corte).

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que,

en sede de instancia:

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Radicación n.° 91698 CONFIRME la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto absolvió a la demandada de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por el demandante como consecuencia de haber declarado probada

la excepción de inexistencia de la relación laboral y se condene en costas y agencias en derecho en la forma indicada y la CONFIRME en todo lo demás. Subsidiariamente, solicita que: […] se case PARCIALMENTE la sentencia atacada con relación a las condenas que a continuación se indican y en sede de instancia se confirme la absolución que el a quo dio sobre las indicadas en el siguiente numeral 1 y de no prosperar el ataque sobre las moratorias, case PARCIALMENTE la indemnización moratoria del artículo 65 del CST y del art. 99 de la ley 50 de 1990 en la forma como se indica en los numerales 1-a y 1-b), modificando en sede de instancia la sentencia de primer grado de conformidad a lo pedido, así: 1°. La indemnización moratoria y la sanción por no consignación de las cesantías por cuanto nunca existió mala fe y por el contrario siempre la demandada actuó de buena fe, condenas ordenadas en el artículo segundo, ordinales e) y f) de la parte resolutiva de la sentencia acusada. a) En el evento de que no se revoque la indemnización moratoria del art. 65 del CST, se CASE parcialmente con relación a su forma de liquidación por cuanto se condenó al pago de un día de salario a partir de la terminación del contrato hasta cuando se efectué el pago total de las prestaciones, sin tener en cuenta que dicha condena solo puede ser por 24 meses. b) En el evento de no revocarse la sanción por no consignación oportuna de las cesantías, su valor no sea indexado, en la misma forma y razón por la cual no se ordenó la indexación de la

indemnización moratoria. La sentencia de primera instancia debe modificarse en el sentido aquí indicado y confirmada en lo demás. Con tal propósito formula cinco cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados, pasándose a estudiar de manera conjunta el primero y el segundo, por dirigirse en contra de similares cuerpos normativos, valerse

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Radicación n.° 91698 de análogos argumentos y perseguir el mismo fin, para luego, de ser el caso, analizar individualmente los restantes.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia, […] de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de la APLICACIÓN INDEBIDA de las disposiciones sustantivas de carácter nacional contenidas en los artículos 22,23,24 y consecuencialmente los artículos 64 (modificado por el artículo 28 de la ley 789/02), 65 (modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002),132, 186, 189, 249, 253 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo y de los artículos 1°,2° y 3 de la ley 52 de 1975 , artículo 99 de la ley 50 de 1990 y el artículo 204 de la ley 100de 1993 modificado por el artículo 10 de la ley 1122 de 2007,en relación con los artículos 768, 769, 149 y 1495 del C.C. por autorización del art. 19 del CST y los artículos 167,176.191 numeral 2 y 196 del Código General del Proceso por mandato del artículo 145 del C.P del T y la S.S.

Indica, que la violación de las normas anteriores se

produjo a causa de los siguientes errores manifiestos de hecho: 1°. Haber dado por demostrado sin estarlo, que la relación contractual que existió entre las partes fue personal y por ende laboral. 2°. No haber dado por demostrado, estándolo, que por el contrario la relación contractual entre las partes no fue personal y por lo mismo no laboral sino de índole civil consistente en la prestación de servicios independientes. 3°. Haber dado por demostrado sin estarlo, que el contrato de prestación de servicios que existió entre las partes al cumplirse en la práctica como se cumplió, el demandante no desempeñó el servicio de manera libre y autónoma porque atendía en forma especializada la labor contratada y mediante estricta coordinación, programación, horario, cantidad y bajo la supervisión de la empresa, aspectos demostrativos de subordinación y dependencia. 4°. No haber dado por demostrado en cambio que no era una

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Radicación n.° 91698 relación laboral porque los servicios especializados son más propios de un tercero, que por eso se contrata, y que la coordinación, programación, horario y cantidad del servicio no son propiedad exclusiva del contrato de trabajo como tampoco la supervisión. 5°. Haber dado por demostrado sin estarlo, que el contrato que se ejecutó entre las partes no era de prestación de servicios de tipo civil sino laboral porque se hacía una programación según los volúmenes de producción para realizar la inspección de carga mediante perros, debiendo presentar informes muy detallados de su inspección y trabajo para mantener blindado el proceso, haciéndolo dentro de la empresa mediante un procedimiento muy

detallado indicando los horarios en que se hacía y realizar registros fotográficos de todo el proceso desde la llegada del contenedor con la mercancía hasta que se iba. 6°. No haber dado por demostrado en cambio que no era una relación laboral porque si la programación de la inspección obedecía a volúmenes de producción esto no determina la naturaleza legal de la vinculación y el hecho de presentar informes de la actividad que se realiza así sea con registros fotográficos no son demostrativos de subordinación sino del cumplimiento del servicio. 7°. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que el hecho de que el demandante estuviera pendiente para cuando se requirieran sus servicios para ejercer el control de seguridad de la inspección que se ejecutaba por los perros de propiedad del demandante generalmente dentro de la empresa para verificar la carga de modo que dependían del informe o reporte que hacía el prestador del servicio, fuera demostrativo de disponibilidad y por lo mismo demostraba subordinación y dependencia. 8°. No haber dado por demostrado estándolo, que esa disponibilidad no es atributo ni esencia de identificación de una relación laboral y que también es de uso en otras relaciones contractuales distintas. 9°. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que el hecho de que el demandante tuviera que asumir los medios de transporte por su cuenta, era porque debía trasladarse a otras instalaciones de la empresa para efectuar la inspección de la mercancía mediante perros especializados y que además hiciera uso de un entrenador canino era para detectar narcóticos, debido al aumento a la utilización y variación de alucinógenos. 10°. No haber dado por demostrado estándolo, que en cambio la

utilización del transporte con vehículo de propiedad del actor era demostrativo de una relación civil pues si fuera trabajador dependiente, lo sufragaría la empresa como lo admite el ad quem y que el hecho de utilizar un entrenador para los perros que

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Radicación n.° 91698 hacían la inspección de la mercancía para encontrar alucinógenos era demostrativo de que la actividad no era personal sino compartida, figura no propia del contrato de trabajo. 11°. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que por el hecho de no ser una actividad extraña al objeto social ni ocasional pero si necesaria por requerir la presencia del demandante que contaba con el perfil de experto en caninos antidrogas para revisar los contenedores y haber sido contratado para cubrir esta actividad especializada por haber prestado el servicio militar en la Armada o en la Fuerza Aérea y con contacto directo con la policía y con los caninos de dicha entidad, era demostrativo de una relación laboral y no civil. 12°. No haber dado por demostrado estándolo, que no es exigencia de la ley que la prestación de servicios autónomos e independientes solo puedan realizarse en actividades extrañas y ocasionales y que en cambio las laborales solo puedan llevarse a cabo en actividades ordinarias y permanentes. 13°. Haber considerado como un eufemismo para esconder la verdadera relación que ató a las partes, el hecho de que la empresa reparara en que por ser los perros altamente especializados de su propiedad y ser entrenados por una persona extraña a la actividad contratada porque lo hacía por medio de una persona que lo apoyaba, y que llevara sus propios elementos de trabajo, la prestación del servicio se hacía de forma autónoma

e independiente, siendo otra la razón de todo ello pues obedecía a la necesidad de que los perros conocieran nuevos narcóticos, pues tenían muestras para que en cualquier momento se volviera a motivar el perro trabajando con pelotas y tatucos. 14°. No haber dado por demostrado, estándolo, que el hecho de ser los perros de su propiedad, ser entrenados por otra persona que lo apoyaba y que llevaran sus propios elementos de trabajo como pelotas y tatucos, todo confesado por el demandante y no inventado por la empresa, son demostrativos de una actividad autónoma e independiente y no la necesidad que los perros conocieran nuevos narcóticos pues no guarda relación una cosa con la otra. 15°. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la actividad principal desarrollada por el demandante, esto es la revisión de mercancías que se exportaban para establecer si contenían estupefacientes fuera parte del objeto social de la empresa contenido en el certificado de existencia y representación que menciona la distribución, importación y exportación de productos de consumo masivo aun cuando fuera necesaria y por lo tanto permanente, especial y estrechamente ligada a la actividad económica de la Empresa.

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Radicación n.° 91698 16°. Por el contrario, ha debido dar por demostrado, estándolo, que primero ninguna incidencia tiene en la calificación de la naturaleza de la relación contractual, el hecho de que la actividad desarrollada por el demandante se realizara sobre la actividad de la exportación de alimentos que es uno de los objetos de la empresa, y que de forma accesoria los productos exportados tuvieran que ser necesariamente revisados de manera personal a través de caninos para evitar la introducción de narcóticos dado

el grado de responsabilidad de la persona, porque esto desvirtúa el hecho de que otra persona intervenía en la inspección, por lo que deja de ser personal. 17°. Haber dado por demostrado, no estándolo, que desarrollar la actividad contratada mediante caninos antinarcóticos con entrenamiento especializado con un ayudante y poniendo elementos de su propiedad, era un "eufemismo" para esconder una relación laboral y no verdaderos criterios de autonomía e independencia. 18°. No haber dado por demostrado, estándolo, que la actividad contratada se realizaba con caninos expertos de propiedad del demandante y que requerían entrenamie