CSJ - SL1515-2023
Detalles
- Título
- CSJ - SL1515-2023
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Laboral
- Año
- 2023
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1515-2023 Radicación n.° 96181 Acta 022 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por SEATECH INTERNATIONAL INC. - SUCURSAL CARTAGENA, contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 30 de noviembre de 2020, en el proceso que le instauró EDITH DEL CARMEN CASTRO AHUMEDO a ella y a la sociedad ATIEMPO SERVICIOS
LTDA., hoy SAS.
I. ANTECEDENTES Edith del Carmen Castro Ahumedo llamó a juicio a las sociedades Seatech International Inc. y Atiempo Servicios Ltda., hoy SAS, para que se declarara que, con la primera, tuvo un contrato de trabajo a término indefinido, finalizado
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Radicación n.° 96181 por la empleadora, y que la segunda fungió como simple intermediaria. Solicitó que se declarara la ineficacia del despido, por haber ocurrido en el desarrollo de un conflicto colectivo de trabajo y, además, por cuanto se ejecutó cuando estaba en estado de «discapacidad manifiesta» sin agotar el procedimiento de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En consecuencia, requirió que se condenara como solidariamente responsables a Seatech International Inc. y, Atiempo Servicios SAS para que la reintegraran a su cargo o, a uno de igual o mejor categoría; al pago indexado de
salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social dejados de percibir desde el «30 de agosto de 2011» hasta que se efectué su reincorporación; por los perjuicios materiales «en lo concerniente a daño emergente y lucro cesante», así como por «la reparación plena y ordinaria de perjuicios, teniendo en cuenta el estudio técnico actuarial». Subsidiariamente, al proponer reforma a la acción inicial, solicitó que se le reconociera la indemnización de que trata el art. 64 del CST por el despido sin justa causa ya mencionado, así como por la indexación respecto de los salarios y prestaciones deprecadas. También en subsidio, la «indemnización por el tiempo faltante del contrato de obra encomendada» y la indemnización por «haber sido despedida el día 30 de agosto
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Radicación n.° 96181 de 2011, en situación de debilidad manifiesta y sin el permiso del Ministerio del Trabajo». Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que desde el 1 de enero de 1995 por intermedio de la bolsa de empleo Gente Especializada Ltda., fue enviada de forma inmediata a prestar servicios a Seatech International Inc.; que el 2 de mayo de 1996 fue trasladada de la evocada bolsa a la de la otra accionada, quien se desprendió de sus funciones como patrono, por lo que siempre acató las instrucciones de Seatech International Inc., al ejecutar funciones de «operaria de limpieza y empaque». Expresó que, con el fin de desdibujar la relación laboral,
las demandadas suscribieron un contrato comercial, pero Seatech International Inc. fue su «verdadero empleador», ya que, Atiempo Servicios no contaba con las herramientas para hacerlo, ni tenía autonomía e independencia respecto de los trabajadores. Informó que su labor consistía en «tomar el pescado, quitarle la cabeza y la piel, retirar las bolsas de sangre y de espina, y además debía recoger el Greiter»; que percibía un salario de $985.300; que el 29 de septiembre de 2009, padeció un accidente de trabajo en el cual se fracturó el dedo pulgar derecho, siendo calificada, luego de sendas incapacidades, con una pérdida de la capacidad laboral del 11,48% por parte de la ARL Positiva, dictamen que le fue notificado a su empleador junto con unas recomendaciones
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Radicación n.° 96181 laborales el 29 de junio de 2011, finalizando su contrato el 30 de agosto de dicha anualidad. Contó que el 7 de agosto de 2010, se constituyó la Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Alimenticia (Ustrial), a la cual se vinculó, quienes el 1 de febrero de 2011 presentaron a las demandadas un pliego de peticiones que a la fecha de presentación de la demanda no había sido discutido por cuanto aquellas fueron renuentes al mismo; que el 20 de febrero de 2013, el Ministerio del Trabajo, mediante Resolución 424 confirmó la 115, ambas de ese mismo año, con la cual sancionó a las accionadas por negarse a iniciar la negociación; por lo que entonces, al
momento de la terminación del vínculo contractual, estaba amparada por el fuero circunstancial. Refirió, de otro lado, que a través de la Resolución N.°114 de febrero, confirmada por la 432 del mismo mes, ambas de igual anualidad, la autoridad ministerial «sancionó a las empresas demandadas por realizar intermediación laboral sin autorización legal». Las accionadas se opusieron a las pretensiones de la demanda. Seatech Internacional Inc. propuso las excepciones de inexistencia de la «relación de suministro de personal o intermediación» y del contrato de trabajo, ausencia de causa
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Radicación n.° 96181 para pedir, pago total, prescripción e inexistencia de fuero circunstancial. Aceptó la fecha de constitución de Ustrial, la de presentación del pliego de peticiones y las sanciones ordenadas por el Ministerio del Trabajo. Afirmó que celebró acuerdos comerciales con varios contratistas independientes, para que ejecutaran actividades especializadas, conforme al artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo y adujo que no era cierto que la demandante tuviera fuero alguno, comoquiera que por su parte no procedió ningún despido y que, ella tampoco era cobijada por fuero de salud, en el entendido de que los «beneficios establecidos en la Ley 361 de 1997, Art. 26, solo se aplican para quienes tienen una pérdida de capacidad laboral superior al 15%, lo cual no ocurre en este caso. Tampoco existe fuero circunstancial alguno, porque las etapas del conflicto excedieron los límites de ley». Atiempo Servicios SAS, formuló como excepciones las
de existencia de temeridad y mala fe, inexistencia de causa para pedir y prescripción. Aceptó el vínculo civil con la otra demandada y la presentación del pliego de peticiones por parte de Ustrial. Sostuvo que fue única empleadora de la demandante, que siempre ha obrado en forma autónoma e independiente en las relaciones comerciales con su codemandada; que el finiquito contractual obedeció a una causa objetiva y no a razón de su salud. Expresó además que, la demandante no
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Radicación n.° 96181 gozaba de las garantías que arguye y, por tanto, tampoco necesitaba permiso ministerial alguno para la terminación del contrato.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 2 de mayo de 2019 (fl. 696), resolvió: PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito formuladas por la parte demandada SEATECH INTERNATIONAL INC Y (sic) A TIEMPO SERVICIOS S.A.S., por las consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR que entre la demandada SEATECH INTERNATIONAL INC y la demandante EDITH CASTRO AHUMEDO, existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 2 DE MAYO DE 1997 hasta el 30 DE AGOSTO DE 2011, en donde A TIEMPO (sic) SERVICIOS LTDA hoy A TIEMPO SERVICIOS S.A.S., actuó como intermediaria.
TERCERO: DECLARAR que existió un despido por parte de las
demandada (sic) respecto de la actora el 30 DE AGOSTO DE 2011.
CUARTO: CONDENAR a la demandada SEATECH INTERNATIONAL INC a reintegrar a la demandante EDITH CASTRO AHUMEDO, al cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior categoría y consecuencialmente a pagar los salarios y demás prestaciones legales y convencionales, incluidos los aportes a pensión, dejados de percibir desde la fecha del despido, es decir 30 DE AGOSTO DEL 2011, hasta que se produzca el reintegro, previas las consideraciones de este fallo.
QUINTO: CONDENAR SOLIDARIAMENTE a las demandadas SEATECH INTERNATIONAL INC y A TIEMPO (sic) SERVICIOS LTDA hoy A TIEMPO (sic) SERVICIOS S.A.S. a pagarle a la demandante los aportes a pensión del actor (sic) desde el 30 DE AGOSTO DE 2011, para lo cual deberán solicitar el cálculo actuarial de los aportes en dichos ciclos a la AFP a la cual se encontraba afiliado el actor (sic) al momento del despido, hasta la fecha de reintegro y los que se sigan causando, por las razones expuestas.
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SEXTO: ABSOLVER a las demandadas SEATECH INTERNATIONAL INC y A TIEMPO (sic) SERVICIOS LTDA hoy A TIEMPO SERVICIOS S.A.S. del resto de las pretensiones de la demanda por lo expuesto en las motivaciones de esta providencia.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante fallo
del 30 de noviembre de 2020, al resolver los recursos de apelación presentados por ambas demandadas, confirmó la decisión de primer grado. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, la calidad de la sociedad Atiempo Servicios SAS para el momento de los hechos, quien no se encontraba constituida como de servicios temporales para el suministro de personal; la desnaturalización del contrato de obra tornando el mismo al de trabajo y de plazo indeterminado; la viabilidad de reconocer la protección de la estabilidad laboral reforzada a favor de la actora y la configuración del fuero circunstancial en cabeza de aquella, por encontrarse afiliada al sindicato para la época en que se radicó el pliego de peticiones. En efecto, con relación a la prestación del servicio a favor de las demandadas, luego de recordar el artículo 53 de la CP que contempla el principio de primacía de la realidad sobre las formas, determinó a partir de la declaración del testigo Fredy Marrugo, del interrogatorio de la accionante y
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Radicación n.° 96181 de los contratos de trabajo adjuntos al expediente, que la accionante fungió como trabajadora de la sociedad Atiempo Servicios Ltda., hoy SAS al servicio de Seatech International Inc. en Cartagena, cuando la primera no estaba autorizada para intervenir como empresa de servicios temporales, ni para suministrar personal. Así mismo, se acreditó que la señora Castro Ahumedo prestó sus servicios desde «febrero de 1995» como operaria de limpieza en el área de producción de la empresa Seatech International Inc.; que pertenece al sindicato Ustrial desde el
año 2010 lo cual le fue informado a ambas demandadas; que el pliego de peticiones mencionado en las diligencias, se radicó en febrero de 2011; que la extensión del conflicto se dio por la renuencia a negociar por parte de las convocadas y que, durante la relación de trabajo, la demandante estuvo en sendos interregnos incapacitada, conociendo del accidente laboral y sus consecuencias por comunicación de la misma ARP, dichas sociedades. Advirtió, entonces, que las demandadas vulneraron el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, en tanto incorporaron al trabajador «mediante una modalidad de contratación fraudulenta», para efectuar actividades evidentemente no esporádicas, ni transitorias. Por tal razón, aseveró, también violaron principios centrales del derecho del trabajo. Expuso que, aunque, en apariencia, Atiempo Servicios Ltda. fungió contratista independiente, en la práctica se limitó a coordinar el trabajo de la demandante para que
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Radicación n.° 96181 prestara servicios a Seatech International Inc., valiéndose de los medios suministrados por esta última para las actividades continuas que, a su vez, sirven de base para el desarrollo del objeto contractual de la empresa. Consideró que igual situación se presentó en punto al modelo contractual que rigió entre el actor y su aparente patrono pues, aunque en los documentos obrantes a folios 77 a 113, se anotó que el contrato estaría vigente por la duración de la obra o labor contratada, en aras de que mediante su trabajo se cumplieran con «los requisitos de
calidad del producto y de la producción diaria programada mediante la limpieza de la cantidad de pescado exigido siguiendo los procedimientos, instrucciones para tal fin controlar el scrap mediante la separación de espina, piel, huesos, sangre y cabeza», no se estipularon las especificaciones mínimas en cuanto a las condiciones del cumplimiento de cada uno de los vínculos, por lo que al ser «tales faenas» indefinidas en el tiempo, se transformó la relación a una del evocado término. Ahora bien, luego de traer a colación lo señalado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y de contrastar las documentales allegadas al expediente, verificó la ocurrencia del accidente de trabajo, la existencia de sendas incapacidades de la trabajadora y su notificación a la empleadora, el reintegro de aquella en sus funciones habituales con recomendaciones por parte de la AFP y, la calificación de PCL en un 11.48% de origen profesional de la cual conocieron ambas accionadas en junio de 2011, por lo
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Radicación n.° 96181 que al haber sido terminado el último contrato suscrito a partir del 30 de agosto de dicha anualidad, concluyó que «se presume que el despido fue por razón de su limitación, y al no haber mediado autorización de la oficina del trabajo, es ineficaz la terminación del contrato, por ende, a la actora le asiste el derecho a ser reinstalada tal como lo ordenó el A-quo, por lo que se confirmará en este aspecto la sentencia recurrida». De otro lado, y en aras de proteger el derecho de la
negociación colectiva, recordó que su garantía surge del artículo 55 de la CP, en concordancia con el 25 del Decreto 2351 de 1965 y de los convenios 98 y 154 de la OIT, mediante el fuero circunstancial y, que este se extiende desde que se presenta el pliego de peticiones hasta la solución del conflicto colectivo de trabajo, mediante la firma de un acuerdo convencional o queda ejecutoriado el laudo arbitral tal como prevén los preceptos 10 y 36 de los Decretos Reglamentarios 373 de 1966 y 1469 de 1978. Así las cosas, aunque el despido se dio de forma unilateral por parte de Atiempo Servicios SAS, a partir de la finalización de la obra para la cual fue contratada, adujó que dicho argumento no podía ampliarse a Seatech Internacional Inc. quien era el verdadero empleador, habida cuenta de que las labores desarrolladas en su dependencia, servían al desarrollo de su objeto social, por lo que sin estar en discusión la fecha en que se presentó el pliego ni la notificación de que la trabajadora pertenecía al sindicato, pues al contrario de lo que sostuvieron en las diligencias, el
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Radicación n.° 96181 9 de agosto de 2010 conforme a las pruebas documentales, el extremo pasivo fue informado de la participación de esta en el sindicato Ustrial. Finalmente, resaltó que la extensión del conflicto colectivo de trabajo ocurrió más allá del 30 de agosto de 2011 y que, «no es atribuible a la organización sindical, sino, a la demandada que se negaron a negociar el pliego», por lo que
dada la notificación de la afiliación de la demandante al sindicato y recibida por las accionadas antes del marco de la negociación colectiva, confirmó el derecho de esta a que se le protegiera con el fuero circunstancial.
IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Seatech International Inc., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia del 30 de noviembre de 2020 emitida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Cartagena, «que ordenó confirmar la sentencia del 02 de mayo de 2019. Por ende, una vez constituida en tribunal de Instancia (sic), REVOQUE las condenas impuestas en la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2020, y en su lugar absuelva a mi representada SEATECH INTERNATIONAL INC., de tales condenas».
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Radicación n.° 96181 Con tal propósito formula cinco cargos, por la causal primera de casación, los cuales se encuentran exentos de réplica y se resuelven agrupando el primero con el segundo, el tercero con el cuarto y de forma independiente el quinto. Lo anterior, teniendo en cuenta la similitud fáctica, normativa y de objeto en que se presentan y la decisión que generan.
VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de transgredir por la vía directa «del Artículos (sic) 71 y siguientes de la ley (sic) 50 de 1990, que condujo a la infracción directa del artículo (sic) 34, 45 y 47 del
C.S.T. y 53 de nuestra constitución política». Sostiene que los preceptos contenidos en el 71 y siguientes de la Ley 50 de 1990 no son aplicables al asunto, habida cuenta de que a partir del contrato de obra o labor que confesó haber suscrito «el demandante con su empleador» así como de la narración de los hechos de la demanda, los fundamentos de la defensa y el planteamiento del litigio, «no estamos frente a un desbordamiento de los límites temporales de una relación de suministro de personal cuya regulación se encuentra en la citada norma». Aduce son desconocidos en el fallo, los conceptos de, empresa de servicios temporales, trabajador en misión y contrato de suministro, así como se fundó la decisión en lo que se manifiesta en el contrato de trabajo de la demandante con Atiempo Servicios SAS, en el que se mencionan términos
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Radicación n.° 96181 como «suministrará y suministrado», olvidando que dicha situación «solo deberá obedecer a aumentos en la producción, reemplazo de personal de vacaciones, lo cual nunca se probó en el proceso»; que sus labores no eran ocasionales o transitorias, sino sujetas a la obra para la que se vinculó al trabajador, siendo ello contradictorio, pues «de acuerdo al análisis planteado en sus consideraciones, determina que A TIEMPO (sic) SERVICIOS S.A.S., fungió como una empresa de servicios temporales y por ende que mi representada actuó como usuario de tales servicios». Aunado a ello, arguye que el sentenciador se apartó de
los supuestos de hecho sin discusión en el asunto como la existencia del contrato anteriormente mencionado, sin aplicar el art. 364 del CST que versa sobre la materia, al ser Atiempo Servicios SAS una contratista independiente conforme a las documentales presentadas, por lo que «si en gracia de discusión se considera que la modalidad sobre la cual fue contratado (sic) la demandante no se cumplió en la realidad procesal, la condena en ese sentido debe dirigirse a su empleador», la sociedad ya mencionada.
VII. CARGO SEGUNDO Embiste la decisión al ser violatoria del artículo 47 del CPTSS por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida, para lo cual arguye se incurrieron en los siguientes errores de hecho: 1) Declarar como probado, no estándolo, que SEATECH
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Radicación n.° 96181 INTERNATIONAL INC., era verdadero empleador de la demandante. 2) Declarar como probado, no estándolo, que ATIEMPO SERVICIOS S.A.S, actuaba como simple intermediario en la relación laboral entre SEATECH INTERNATIONAL INC y la demandante. 3) Declarar como probado, no estándolo, que ATIEMPO SERVICIOS S.A.S solo dirigió su actuar hacia la coordinación del trabajo de la demandante. 4) Declarar como probado, no estándolo, que SEATECH INTERNATIONAL INC celebró un contrato a término indefinido con la demandante. 5) Declarar como probado, no estándolo, que la demandante fue despedida por SEATECH INTERNATIONAL INC. 6) Declarar como probado, no estándolo, que SEATECH
INTERNATIONAL INC., era quien ejercía subordinación a la demandante. Aunado a ello, argumenta se presenta la inadecuada valoración de los certificados de cámara y comercio de las empresas accionadas, del contrato de prestación de servicios especializados y de comodato entre Seatech International Inc. y Atiempo y Servicios Ltda., la carta de terminación de dichos servicios, la contestación de la demanda y el interrogatorio de parte que absolvieron los representantes legales de las evocadas sociedades, así como el de la señora Edith Castro y la declaración del testigo Freddy Marrugo. Afirma que la confesión de la señora Castro respecto de la relación laboral, del sitio donde la desarrolló y de sus funciones, fue desestimada por el juez plural al igual que la del evocado testigo, determinando que, la trabajadora era subordinada de Seatech International Inc., cuando por la naturaleza de la compañía era necesario ejercer algún tipo de control, como por ejemplo en la entrada y salida de trabajadores y el del producto solicitado por los clientes, habida cuenta de que, tal como también se reconoció en los
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Radicación n.° 96181 absueltos, los pedidos que recibían eran nacionales e internacionales, siendo además el carnet entregado a los contratistas una forma de asegurar quién ingresaba o no a la planta. Igualmente, indica que, aunque la planta de producción y las herramientas allí dispuestas le pertenecen a Seatech International Inc., esta se las entregaba en comodato a la empresa Atiempo Servicios SAS o a sus contratistas mientras tienen el contrato comercial vigente, dada la zona franca que maneja y «de la manera como si viene acreditado en el
dossier», el cual fue ignorado por el sentenciador. Refiere se desconoce la independencia con la que cuenta Atiempo Servicios SAS, quien además de contar con sede física autónoma, era quien daba las órdenes a la demandante, le cancelaba sus salarios, cumplía las obligaciones patronales y en su organigrama no tiene relación alguna con Seatech Internacional Inc. De igual manera, censura se hubiera dado credibilidad al testigo Freddy Marrugo, comoquiera que este hace parte del sindicato Ustrial en calidad de presidente y por cuanto ha presentado sendas acciones judiciales en su contra y de Atiempo Servicios SAS, reclamando la «inexistente protección foral», no siendo desconocidos sus intereses en el proceso por lo que aunque no se puede negar la ejecución de un contrato de «comodato precario y arrendamiento» entre ambas accionadas, aduce que tampoco se pueden invalidar las actuaciones patronales de su codemandada, pues «en nada
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Radicación n.° 96181 se relaciona ello con el objeto social de SEATECH
INTERNATIONAL INC».
Precisa que durante el interrogatorio que le fue surtido al representante de esta última, se explicó cómo las órdenes de servicio hacían parte del contrato de la demandante, por lo que el colegiado debía ir más allá del estudio del mentado documento y no ante los sendos que se firmaron por obra o labor, concluir que eran uno solo a término indefinido teniendo en cuenta incluso el que fueron suscritos luego de cierto tiempo, toda vez que, en la legislación no se prohíbe ello. Agrega que de considerar que dicha obra no estaba determinada, la consecuencia de dicha carencia debe
endilgarse al empleador Atiempo Servicios SAS. A manera de conclusión, afirma que «se les imprimió total validez a unas pruebas testimoniales y desatendieron unas documentales que indican que efectivamente si existían unas líneas de mando, un organigrama operativo», en las que se habló de personas que de forma clara identificó Atiempo Servicios SAS.
VIII. CONSIDERACIONES En lo que atañe a los reproches, el Tribunal fundamentó su decisión en que a partir del testimonio de Fredy Marrugo Velásquez, el interrogatorio surtido a la señora Edith Castro y lo estipulado en los distintos contratos suscritos entre esta y Atiempo Servicios SAS, se acreditó que Seatech International Inc., intervino en dicha relación como
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Radicación n.° 96181 «verdadera empleadora», mientras la primera, solo fungió como simple intermediaria, pues, además de no contar con la autorización para suministrar personal como una temporal, se desnaturalizó el objeto de los pactados por obra a los de funciones por tiempo indeterminado, oficios que tienen relación con las desarrollados en el giro de los negocios de la principal. La censura reprocha tal conclusión a partir de la inexistencia de vínculo alguno entre ella y la accionante, por cuanto nunca medió un vínculo laboral y se reconoció por Atiempo Servicios SAS, que ejerció como contratista independiente, empleadora de ella y quien le terminó el contrato ante el cumplimiento de las encomendadas. En tal virtud, resalta la sala que están sin discusión los periodos en que se dio la prestación del servicio por la trabajadora, así como la fecha de su desvinculación, que la
carta de terminación del contrato le fue remitida por Atiempo Ltda., hoy SAS, y que, entre esta última y la casacionista, existieron, prestaciones de servicios para suministro de personal y uno de comodato. Aunado a ello, memórese que, aunque el primer reproche se enfila por la vía directa, el segundo refiere la indirecta, en la que la recurrente acusa como erróneamente apreciadas las certificaciones de cámara de comercio del extremo pasivo, los contratos de prestación de servicio y de comodato entre las citadas sociedades, la contestación de la
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Radicación n.° 96181 demanda y los interrogatorios de los representantes legales de aquellas, así como la declaración de Fredy Marrugo y de la demandante, ambos se pueden resolver en conjunto. En efecto, de la revisión del recurso se encuentra que el Tribunal no se refirió a algunas de las pruebas que cita como erróneamente apreciadas la casacionista, y que, junto a los contratos suscritos entre Castro Ahumedo y Atiempo Servicios Ltda., hoy SAS, son las declaraciones del testigo y de la trabajadora, el sustento principal para considerar que se configura la intermediación laboral entre quien se reputó como empleador y Seatech International Inc., por lo que incumplió la recurrente su deber de pronunciarse sobre cada una de los medios en que se soportó el juez plural para resolver el asunto, basando su contradicción en medios que no se tuvieron en cuenta para la decisión, por lo que tampoco se derruyen los pilares del fallo confutado. En cuanto al requisito aludido, la corporación en sentencia CSJ SL3471-2022, precisó:
Como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala, si el recurrente no denuncia la totalidad de las pruebas en que se apoyó la segunda instancia, los asertos que el fallador de segundo grado infirió del medio de convicción no atacado, valga decir, los testimonios, que son soporte principal de la decisión, tienen la virtualidad de mantener inalterable la decisión recurrida. Al respecto es pertinente traer a colación lo puntualizado sobre el tema por la Corte en la CSJ SL, 3 ag. 2010, rad. 37640: A lo expresado se agrega, que el recurrente no denunció la prueba testimonial, a pesar de ser el soporte esencial del fallo acusado, en cuanto de allí dedujo la subordinación del demandante en la prestación de sus servicios, omisión que conlleva que la sentencia quede inalterable, con fundamento en esa probanza inobjetada, pues si bien ella no es calificada en casación y,
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Radicación n.° 96181 además, su revisión solo es posible cuando se demuestra el yerro con un medio idóneo para el efecto (documento auténtico, confesión judicial o inspección judicial), su ataque es necesario ante la obligación que le asiste al impugnante de destruir todos y cada uno de los sustentos de la providencia recurrida. (Subraya la Sala). Resulta también imperioso señalar que las acusaciones exiguas o parciales son insuficientes para quebrar una sentencia en el ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad social, por cuanto dejan subsistiendo sus fundamentos sustanciales y, por
tanto, nada consigue el censor si se ocupa de combatir razones distintas a las aducidas por el juzgador o cuando no ataca todos los pilares, porque, en tal caso, así tenga razón en la crítica que formula, la decisión sigue soportada en las inferencias inatacadas. Sobre el particular, en decisión CSJ SL13058-2015, reiterada en la CSJ SL17986-2017, se precisó: […] La sala reitera que la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, exige el despliegue de un ejercicio dialectico dirigido puntualmente a socavar los pilares de la sentencia gravada, porque en caso contrario permanecerá incólume, soportada sobre los cimientos que resultaron útiles al Tribunal para resolver el caso sometido a su consideración. Corresponde entonces al censor identificar los soportes del fallo que controvierte y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o la jurídica, o por ambas, en cargos separados, desde luego, si es que el fundamento de la decisión es mixto. Los soportes facticos de una decisión judicial, son aquellas inferencias o deducciones que el juez de alzada obtiene luego de analizar el contenido de los medios de prueba regular y oportunamente incorporados al expediente, que le permiten construir el escenario sobre el cual cobraran vida las normas llamadas a gobernar los hechos acreditados; al paso que los jurídicos corresponden al alcance, aplicación o falta de aplicación de una o varias preceptivas llamadas a regular el aso sometido a su consideración, esto con total independencia de los aspectos de hecho que estructuran cada caso.
Lo anterior teniendo en cuenta inclusive el principio de libre formación del convencimiento que surge de los artículos 60 y 61 del CPTSS, el cual permite al juez cimentar su decisión en las pruebas que le ofrecen mayor credibilidad, sin que le sea necesario acudir a todas las aportadas, por lo que al no desprenderse del contrato de prestación de servicios
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Radicación n.° 96181 especializados y de comodato entre Seatech International Inc. y Atiempo Servicios Ltda., hoy SAS, la carta de terminación de dichos servicios, la contestación de la demanda y el interrogatorio de parte que absolvieron los representantes legales de las evocadas sociedades, información que contraríe o desvirtué lo dicho por la colegiatura, que fuera suficiente para dejar sin credibilidad el cúmulo de documentos y declaraciones analizadas en particular para el asunto, ha de mantenerse la valoración expuesta. Con relación al evocado principio
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