CSJ - SL1520-2023

República de Colombia Code Suprema de Justicia Sala da Casación laboral Sala de Descongestión H. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL1520-2023 Radicación n.° 92626 Acta 22 Bogotá D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por JAIME BARREIRO CADENA, contra la sentencia proferida el 30 de abril de 2021, por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso que adelantó contra CRISTIAN FABIAN OBREGóN

GUEVARA, LEIDY KATHERINE OBREGÓN GUEVARA,

AGAPITO OBREGÉIN RAMÍREZ.

I. ANTECEDENTES Jaime Barreiro Cadena, llamó a juicio a Agapito Obregón Ramírez, Cristian Fabián Obregón Guevara y Leidy Katherine Obregón Guevara, para que se declarara: la existencia de un contrato de trabajo desde el 8 de abril de 2008 y hasta el 5 de febrero de 2018; que fue terminado de

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Radicación n.°92626 manera unilateral, sin justa causa por parte de Agapito Obregón Ramírez. Consecuencialmente solicitó condenarlos a pagarle: primas, cesantía, intereses de cesantía, vacaciones, aportes en pensión, riesgos profesionales, auxilio de transporte, dotaciones, viáticos, descansos remunerados, aportes parafiscales, dominicales y festivos, «todos los demás

derechos laborales que resultaran probados»; la indemnización por terminación del contrato; sanción moratoria del artículo 65 del CST; la indexación y las costas. Como sustento de las peticiones, manifestó que: de manera verbal celebró un contrato a término indefinido, en la ciudad de Neiva, para ejecutar la labor de maestro de construcción de dos hoteles, ubicados frente al terminal de transportes, los que se encontraban a nombre de Cristian Fabián y Leidy Katherine Obregón Guevara, hijos de Agapito Obregón Ramírez. Adujo que en el 2008, cuando inició labores, devengaba $280.000, fue afiliado al sistema de seguridad social integral a través de diferentes razones sociales, como «CRISTIAN CAMILO OBREGON GUEVARA y UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OG 2016», aunque le efectuaron descuentos del salario para pagar los aportes, los realizaron de manera parcial. Aseveró que cumplió una jornada laboral de 7:00 am, a 5:00 pm., de lunes a viernes, los sábados y festivos, trabajaba medio día.

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Radicación n.°92626 Apuntó que el 5 de febrero de 2018, de manera unilateral, Agapito Obregón Ramírez, puso fin al contrato de trabajo, sin que le pagaran los derechos señalados en las pretensiones, aunque elevó reclamaciones no fueron contestadas, tampoco acudieron los encartados a la cita que tenían en el Ministerio de Trabajo. Informó que, al terminar el contrato, devengaba como salario la suma de $1.500.000.

Los llamados a juicio, en escrito conjunto dieron respuesta a la demanda, oponiéndose a las pretensiones. De los hechos, solo aceptaron «parcialmente» la prestación de los servicios a favor de Agapito Obregón Ramírez, pero aclararon que no fue permanente. En su defensa, argumentaron que el demandante ejecutó algunas tareas, pero nunca estuvieron presentes los elementos del artículo 23 del CST, pues no había subordinación, él desarrollaba las funciones en el horario que escogiera y le sufragaban los honorarios respectivos. Como excepciones de mérito, plantearon prescripción y las que llamaron, inexistencia de la obligación y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, concluyó el trámite y emitió fallo el 15 de agosto de 2019, en el que decidió: PRIMERO: DECLARAR que Jaime no demostró que ejecutó en el terreno de la realidad con Cristian Fabián Obregón Guevara,

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Radicación n.°92626 Katherine Obregón Guevara y Agapito Obregón Ramírez, un contrato de trabajo verbal, de duración indefinida con fecha de inicio del 8 de abril del ario 2008 terminación el 5 de febrero del ario 2018.

SEGUNDO: ABSOLVER a los demandados de todas las pretensiones procesales del demandante, declarar probadas sus excepciones, incluida la de prescripción de cualquier derecho laboral causado entre el 8 de abril del ario 2008 y el 16 de abril del ario 2015.

TERCERO: CONDENAR en costas al demandante.

CUARTO: CONSULTAR esta sentencia si no es apelada.

Disconforme, el promotor del juicio apeló.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver el recurso, la Sala Civil - FamiliaLaboral, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, profirió fallo el 30 de abril de 2021, en el que dispuso: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito [de] Neiva el 15 de agosto de 2019, en el proceso ordinario laboral seguido por JAIME BARREIRO

CADENA contra CRISTIAN FABIAN OBREGÓN GUEVARA, AGAPITO OBREGÓN RAMÍREZ y LEIDY KATHERINE OBREGÓN GUEVARA de acuerdo a la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo del recurrente.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen.

Advirtió que en virtud de lo previsto en el artículo 66 A del CPTSS, debía analizar si se presentó una relación laboral entre el accionante y los demandados. Para el análisis, aludió al artículo 23 CST, a continuación, mencionó que el artículo 24 ejusdem, ordena

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Radicación n.°92626 que «quien reclama la existencia de una relación laboral le basta acreditar la prestación personal del servicio para que el juez presuma su existencia» y el presunto empleador, para su defensa debía «acreditar que tal prestación del servicio lo fue

de manera independiente o propia de otro tipo de vinculación sea esta comercial o civil» (CSJ SL878-2013), mientras que al accionante le bastaba «con demostrar la prestación personal del servicio a favor de quien reclama la existencia de un vínculo laboral para que se presuma la existencia del mismo», de esa manera se trasladaba la carga de la prueba. Afirmó que la aludida presunción guarda estrecha relación con el artículo 53 de la CN, por eso no podía ser desvirtuada únicamente con la simple manifestación del empleador de que el convenio fue civil o comercial, ni la somera calificación de los testigos, ni por el título de ciertos documentos. Aseveró que al contestar la demanda y, también al absolver interrogatorio de parte, los demandados expresaron que Barreiro Cadena nunca prestó servicios personales a su favor, y que, aunque Agapito Obregón Ramírez afirmó que aquel efectuó determinadas obras desde el 2011, para la adecuación de inmuebles, las mismas se realizaron a través de un contrato civil de obra o labor, determinándose el valor del mismo según la construcción, sin que se sufragaran las prestaciones sociales, dado que se trataba de un contratista. Aseguró que la prestación personal del servicio, «no puede ser otra que la personal que se realiza no para beneficio

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Radicación n.°92626 propio sino igualmente para el que contrata la labor (...) bajo la supervisión, vigilancia, control, dirección y órdenes que para el efecto disponga u ordene el contratante» y aseveró que «sólo de esta forma es que resulta procedente dar alcance a la

presunción que establece el artículo 24 del C.S .T». Hizo referencia a las declaraciones de Pedro Sánchez Nieto y Eduardo Toledo Noriega, destacó que, aunque de sus dichos se lograba extractar la prestación personal del servicio «no existe certeza en relación con la continuidad en la prestación del mismo, aspecto fundamental para poder acceder a las pretensiones de la demanda». Agregó que, estos deponentes compartieron labores con el accionante, presenciaron el pago semanal que recibía como maestro de construcción en horarios de trabajo establecidos, pero «no indican exactamente la fecha de ingreso, ni de retiro, tampoco acreditan el elemento identificante de la subordinación laboral, si existió órdenes, instrucciones permanentes, control disciplinario», porque lo único se demostró con los testimonios e interrogatorios de parte fue que «sí hubo un vínculo de prestación de servicios, pero no bajo la modalidad del contrato de trabajo que fue lo que debió acreditar Jaime Barreiro Cadena». Dijo que según la doctrina de esta Corte, concretamente «las sentencias 36748 de 23 de septiembre de 2009, 42167 de 6 de marzo de 2012 y SL1378-2018», la sola presunción que establece el artículo 24 del CST, no liberaba al accionante del deber que le asistía de probar otros elementos, como «el

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Radicación n.°92626 extremo temporal de la relación, el monto del salario, la jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario, entre otros». Mencionó que, con la prueba documental aportada con

la demanda y los testimonios recaudados, no era posible establecer la existencia del contrato de trabajo, porque Barreiro Cadena no logró probar la prestación personal de sus servicios a favor de los convocados al litigio, por ende, no operaba la presunción del artículo 24 del CST. Explicó que, el promotor del litigio alegó que el contrato inició el 8 de abril de 2008 y feneció el 5 de febrero de 2018, «interregno que no es consta table, pues los documentos constancia de afiliación a ARL SURA, extracto de fondo de pensiones Protección y el historial laboral de pensiones en AFP Protección (17s. 10 a 15)», solo hacían referencia al lapso comprendido entre marzo de 2016 a mayo de 2017, es decir «no existe relación de proporcionalidad con lo pretendido», y dichos documentos no tienen la virtud de demostrar la prestación personal de los servicios a favor de los encartados, ni la continuidad de los mismos, «pues solo relacionan diversos aportes por ocasión de pensión y riesgos laborales realizados por sociedades ajenas a esta actuación». Detalló que esta Corte, para la demostración de los extremos temporales, impuso que el fallador debía desentrañarlos de la probanza arrimada al expediente, con las fechas probables en las que tuvo lugar el vínculo, siempre y cuando del recaudo probatorio fuera posible inferir un

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Radicación n.°92626 término racionalmente aproximado durante el cual el trabajador ejecutó sus labores, pero la ausencia de esa

certeza impedía la imposición de condena como lo adoctrinó esta Sala en «providencia con radicación interna 25580 de 22 de marzo de 2006». Afirmó que «del anterior contexto jurisprudencial», se extraía que quien perseguía el reconocimiento de las prestaciones sociales derivadas de una relación laboral, ostentaba la carga probatoria, de demostrar además de la prestación personal de los servicios, los extremos temporales o en su defecto, presentar las pruebas que permitieran establecer un periodo racionalmente probable en el que haya ejecutado las labores que alegó a favor del empleador, para que se pudiera colegir «una fecha aproximada de inicio y finalización de las labores», pero tal ausencia, conllevaba la absolución de los demandados, ante la imposibilidad legal de condenar a pago alguno por derechos sociales.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a su estudio.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita la casación del fallo del Tribunal, en sede de instancia se revoque la sentencia de primer nivel y le concedan las pretensiones.

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Radicación n.°92626 Con el anterior propósito, propone dos cargos que no recibieron réplica y se analizan a continuación.

VI. CARGO PRIMERO Lo presenta así: Por vía indirecta la causal primera de casación; en tanto: (...) La vía indirecta admite únicamente discusiones fácticas originadas en el error de hecho manifiesto en la apreciación

errónea o falta de estimación de los elementos probatorios, o, en errores de derecho cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley por estar dotado de solemnidades precisas de validez. En el desarrollo dice que el ad quem, trasgredió el artículo 13 de la CN y 24 del CST, porque ,La carga de la prueba es un asunto que no es aplicable en el modelo de dispensación de justicia actual», tal instituto caducó como consecuencia de lo ordenado en el artículo 61 del CPTSS, por lo que tampoco debió acudir a lo ordenado en el artículo 166 del CGP. Resalta que la «denominada carga de la prueba responde al sistema de tarifa legal, no al racional y libre que consagra la Ley Nacional; en donde, valorar la prueba, consiste justamente en eso: en averiguar la realidad, ello riñe y mucho, con conceptos como carga subjetiva o carga objetiva de la prueba». Enuncia que a partir del artículo 29 de la CN, la finalidad del proceso es esclarecer la verdad real, destaca que el colegiado de instancia exigió que el actor demostrara la existencia del contrato, por ende, despojó de sentido y valor

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Radicación n.°92626 el artículo 24 del CST, que presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, en armonía con el artículo C-665 de 1998. Dice que adicionalmente, el «a quo», perdió de vista diversos medios de prueba, los que detalla así: Omitió los aportes que se efectuaron al sistema de seguridad social, como lo certificó la AFP Protección, y en una tabla copia las cotizaciones efectuadas durante 13 meses, en

las que, en la casilla de la razón social, en un mes aparece «CONSTRUHUILA CTA», en 3 periodos se encuentra «OBREGÓN GUEVARA», en los 9 meses restantes «UNIÓN

TEMPORAL MEJORAMIEN».

Remite a la demanda inicial en la que afirmó, que prestó servicios de construcción del Hotel Resort de Kaley y Punta del Este, y los llamados al litigio contestaron: «Se admite parcialmente», más adelante dijeron que «Sí prestó unos servicios para mi representado AGAPITO OBREGON GUEVARA», que no fueron permanentes, porque «también le prestó unos servicios de forma personal a la persona jurídica UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OG 2016», por lo que aceptaron la entrega de fuerza de trabajo a favor de estos últimos dos. Anota que también trasgredió el artículo 49 de la Ley 789 de 2002 y el 141 del CST, e invoca que en la demanda afirmó que cuando inició labores devengaba $280.000, y los demandados enunciaron que no les constaba cuanto devengaba por el servicio prestado y que era Agapito Obregón

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Radicación n.°92626 Ramírez, «quien le pagaba los servicios que de forma esporádica hacía el accionante» y no los otros encartados. Alega que en otro hecho expuso que al terminar el contrato devengaba la suma semanal de $375.000, para un total mensual de $1.500.000, y los llamados al litigio afirmaron que no era cierto «aclarando que los pagos que de manera esporádica que le hacía mi poderdante al señor

AGAPITO OBREGÓN RAMÍREZ no pueden ser catalogados como salario» y que «esos pagos se hacían cuando el demandante terminaba cada actividad que realizaba las cuales nunca fueron permanentes». A partir de lo precedente apunta que «se constata que el ad quem irrumpió», la disposición normativa, según la cual las partes pueden convenir el salario libremente en diversas modalidades, «como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o elf ijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales» y a renglón seguido, copia segmentos del artículo 141 del CST. Refiere que tampoco se tuvo en cuenta que Agapito Obregón era el representante legal de la Unión Temporal, como se podía visualizar en el contrato que suscribió con Fonhuila. Asevera que «volviendo a la demanda», cuando alegó que prestó servicios para la construcción de los dos hoteles, los encartados contestaron que «también le prestó unos servicios

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Radicación n.°92626 de forma personal a la persona jurídica UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OG 216»; y recuerda que al contestar otro hecho explicaron que «quien hacía los aportes a la seguridad social es la persona jurídica UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 00 2016'). Con asidero en lo precedente, vuelve la mirada al certificado de aportes de Protección SA, alega que los periodos que allí figuran desde marzo de 2016 y hasta enero de 2018, son por cuenta de los

demandados. Cita los artículos 23 y 24 del CST, 13 de la CN, y remite a que se analice el interrogatorio de parte de Cristian Obregón Guevara, de cuyas respuestas asevera que confesó que sí conocía a Barreiro Cadena (4:32); al contestar la pregunta 3 (6:13 a 6:48), mencionó que fue Agapito quien tuvo afiliado al asalariado al sistema de seguridad social y que «si bien figura como si élf uese quien lo tuviera afiliado al fondo de pensiones PROTECCIÓN, revela que era su padre AGAPITO quien le manejaba la administración de algunos negocios que estuvieran a su nombre»( minuto 7:38), por ende, en criterio del recurrente, todos los negocios eran de este último, solo que los registraba a nombre de los hijos. Dice que en el minuto 9:30, se escucha que no negó la afiliación de Jaime Barreiro a Protección, pero desconoció quién lo hizo, luego indicó "que seguramentef ue su padre"; y concluyó que desconocía que Agapito fuera el representante legal de la Unión Temporal Mejoramiento de Vivienda OG 2016 (minuto 10:28).

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Radicación n.°92626 Alude al interrogatorio de parte de Agapito Obregón Ramírez (minuto 11:14 a 25:30), del mismo destaca que indicó que conocía desde hacía varios arios al accionante, por haber laborado en obras de su propiedad, como eran los Hoteles Resort de Kaley, Punta del Este y locales comerciales

frente al terminal de transportes; aceptó que fue representante legal de la Unión Temporal mejoramientos de Vivienda OG 2016, lo que reñía con la contestación de la demanda, en la que negó cualquier vínculo; asintió que el accionante laboró de manera continua e ininterrumpida mediante contrato de obra o labor desde el ario 2011 a 2018, porque dijo que «siempre le cancelé obra o laboro pero «no indicó los valores de los contratos, la duración, cómo acordaban el precio», toda vez, que fue evasivo. Argumenta que el deponente describió que algún día afilió al demandante a la seguridad social, pero que aclaró que cuando había riesgo lo afiliaba (21:16), lo que denotaba que era afiliado y desafiliado con cualquier empresa de su propiedad. Expresa que el interrogado confesó que siempre tuvo contrato, siempre fue continuo (minuto 24:45). Acude al interrogatorio de Leidy Katherine Obregón Guevara (minuto 25:40), quien narró que era dueña de dos hoteles, no sabía la razón para ser convocada al proceso, y que quien contrató a Barreiro Cadena fue su padre, pues era el administrador de los negocios. Remite al análisis del testimonio de Pedro Sánchez, del que extracta que conoció al demandante «en las obras con

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Radicación n.°92626 don Agapito»; que Barreiro Cadena, era el maestro de construcción en todas las obras; le pagaba «don Agapito», que fue también quien lo contrató; y que le constaba de manera presencial lo narrado porque estuvo laborando con ellos en

los arios 2010, 2011 y 2012. Menciona que en el minuto 45:15, describió que conocía a los hijos de «don Agapito», ellos llegaban a la obra, los vio mandando a Jaime, los acompañó en una camioneta negra a pagar la nómina. Enuncia que en el minuto 46, afirmó que el actor llevaba trabajando para «don Agapito más de 10 años»; que era trabajador de planta, el señor inmediatamente aludido y los hijos ejercían mando y el accionante siempre trabajó en las obras de esa familia. Para finalizar, asevera que el testigo Eduardo Toledo, describió el horario; que Barreiro Cadena prestó su fuerza de trabajo durante 10 arios, como maestro de construcción; estuvo presente cuando le pagaban cada 8 días, concretamente los sábados, una suma de 8350.000 semanales.

VII. CARGO SEGUNDO Dice que es en subsidio del anterior, por la vía directa y procede a argumentar que el Tribunal «despojó de sentido, alcance material y aplicó erradamente el artículo 24 del C.S del T», toda vez, que consagra que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo; y repite en

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Radicación n.°92626 esencia los argumentos que expuso en el primer ataque, en torno a la citada norma y la carga de la prueba.

VIII. CONSIDERACIONES Para comenzar es relevante recordar que, para confirmar la sentencia absolutoria el sentenciador de

segundo nivel se basó en dos argumentos:

(i) Aseveró que para efectos del artículo 24 del CST, la prestación personal del servicio que debía demostrarse, «no puede ser otra que la personal que se realiza no para beneficio propio sino igualmente para el que contrata la labor, o mejor aún, que la actividad no se desarrolle por iniciativa propia de quien presta el servicio sino, bajo la supervisión, vigilancia, control, dirección y órdenes que para el efecto disponga u ordene el contratante» y agregó que, «sólo de estaf orma es que resulta procedente dar alcance a la presunción que establece el artículo 24 del C.S.T». (ii) Manifestó que adicional a la prestación personal del servicio, debían probarse los extremos en los cuales había desempeñado la labor, lo cual no estaba claro en el sub examine. Aunque la sustentación del recurso extraordinario no muestra cumplimiento de la técnica, pues en el primer cargo que orientó por la senda fáctica, incluye varios razonamientos jurídicos y hace innecesarias reflexiones (Vgr. Sobre la tarifa legal), el análisis conjunto de los dos ataques

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Radicación n.°92626 posibilita su estudio de fondo, especialmente si se tiene en cuenta que cuestiona los dos pilares del fallo atrás señalados, construye una argumentación comprensible y en el desarrollo menciona las normas objeto de trasgresión, por ende, se procede al examen de los argumentos. Sobre el fundamento jurídico de la decisión, es decir, el entendimiento del artículo 24 del CST, el libelista alega que el Tribunal, lo «despojó de sentido, alcance material y aplicó

erradamente», aunque esta enunciación es confusa, del desarrollo se comprende que reprocha la exégesis de ese canon. Al inicio de la sentencia, el estudio que emprendió el juzgador de segundo grado, fue adecuado, toda vez que enunció que «al demandante le basta con demostrar la prestación personal del servicio a favor de quien reclama la existencia de un vínculo laboral para que se presuma la existencia del mismo; trasladando la carga de la prueba a la parte accionada, a quien le corresponderá desvirtuar dicha presunción»; sin embargo, más adelante declaró que la aludida prestación personal, debía ser «bajo la supervisión, vigilancia, control y dirección y órdenes que para el efecto disponga u ordene el contratante, pues solo de esta forma es que resulta procedente dar alcance a la presunción que establece el artículo 24 del C.S.T». Lo descrito permite corroborar el yerro jurídico, pues, aunque comprendió apropiadamente el precepto, desvió el entendimiento y exigió la prueba de la subordinación,

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Radicación n.°92626 eliminando el efecto de la aludida presunción, cuando precisamente por la consagración de la norma, el actor estaba relevado de esa carga, como lo explicó el fallo CSJ SL16528-2016: Para la configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté plenamente demostrada la actividad personal del trabajador demandante a favor de la parte demandada, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda

relación de trabajo, debe igualmente estar evidenciada. Sin embargo, no será necesaria la acreditación de la citada subordinación, con la producción de la respectiva prueba, en los casos en que se encuentre debidamente comprobada la prestación personal del servicio, ya que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal consagrada en el art. 24 del Código Sustantivo del Trabajo que reza: ,,Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo», la cual puede ser desvirtuada con la demostración del hecho contrario, es decir, que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual de índole laboral. (Subraya y resalta la Sala) Como se confirma con el precedente en cita, el error del juzgador se produjo cuando pidió que para beneficiarse del artículo 24 del CST, el demandante probara que los servicios fueron prestados bajo la «dirección y órdenes» de los encartados. Para derruir el segundo argumento del colegiado, que se recuerda se enfocó en que además de no aparecer clara la prestación personal del servicio, no estaban determinados los extremos temporales, la censura enuncia diversas pruebas, en las que soporta su alegación de que, sí estaban demostrados. Se procede a examinar los medios probatorios a los que alude:

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Radicación n.°92626 Hace énfasis en el interrogatorio de parte que absolvió el demandado Agapito Obregón Ramírez, del que una vez escuchado, la Sala encuentra que sí confesó: la prestación personal del servicio, la continuidad y los extremos temporales en los que ejecutó las tareas Jaime Barreiro

Cadena, como maestro de obra, toda vez, y aunque aclaró que lo vinculó por un contrato que llamó «Por obra», de naturaleza civil, al ser cuestionado para que dijera «Si o no, que JAIME Barreiro le prestó servicios desde 8 de abril de 2008 y hasta 5 def ebrero de 2018», contestó que «Desde esa fecha no trabajó él conmigo, trabajó a partir de 2011 o 2012», y posteriormente dijo que laboró con él hasta el 02017», pero a continuación expreso que «rectifico, 2018». También tiene relevancia que, sobre la continuidad del vínculo, le preguntaron que narrara ((Si esa contratación que usted hacía con Jaime Barreiro, nos dijo que era por obra en esos 10 años fue continua o había periodos en que no había contrato, luego lo llamaba, él estaba cesante, cómo era eso?». El demandado Agapito Obregón Ramírez, contestó: «siempre terminaba un contrato y se le daba otro». A continuación, al ser cuestionado sobre si yUsted siempre tuvo contratos?», respondió que «Sí, siempre». De lo visto, como lo enuncia el recurrente, con la confesión judicial estaban determinados los extremos temporales, aunque difieren de los dichos en la demanda, sí había prueba para por lo menos fijar unos extremos en los que se desarrolló el vínculo. No obstante, lo anterior, se

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Radicación n.°92626 aclara que lo expresado por el demandado Agapito Obregón Ramírez, solo lo cobija a él, pues de acuerdo con las preguntas y sus respuestas, se refirió exclusivamente a los

servicios que le prestó a él. El recurrente enuncia otra serie de pruebas, que se estudian a continuación, para verificar si alguna acredita los servicios eventualmente prestados a los otros dos demandados y sus extremos temporales. El certificado de la AFP Protección, en el que dice que se cotizó por el accionante, desde marzo de 2016 y hasta enero de 2018. En el folio 28 (Exp. Digital), aparece la documental atrás enunciada, en la que se encuentra el «Resumen Historia Laboral», que dice fue emitido por Protección, sin embargo, no tiene sello, firma o serial que así lo indique, pero si se disertara sobre la misma, se aprecia que aparece que «CONSTRUHUILA», efectuó aportes por el mes de abril de 2008, mientras que «Obregón Guevara» aportó 30 días en marzo de 2016; y la «UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIEN», cotizó desde mayo de 2017 y hasta enero de 2018. De este documento, no se infiere la prestación de un servicio personal a favor de ninguno de los demandados, porque, aunque allí en marzo de 2016, aparece «Obregón Guevara», no puede inferirse a cuál de los dos hijos de Agapito Obregón, aquí demandados, se hace alusión, unido a que, el aporte efectuado en esos 30 días no implica

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Radicación n.°92626 necesariamente la prestación de un servicio personal en esos extremos. Las otras sociedades que allí figuran no fueron demandadas, aunque el recurrente enuncia que Agapito

Obregón, fue representante la unión temporal, nada aporta ese documento, pues como se vio, por prueba de confesión se tuvo por cierta la prestación personal del servicio a favor de éste y los extremos del vínculo. El memorialista remite a que se examine la contestación de la demanda, particularmente, los siguientes hechos y respuestas: Hecho Respuesta Entre las labores a realizar, se Se admite parcialmente. Se contrató la construcción del Hotel admite en lo que tiene que ver Resort de Kaley y Punta del Este, demandante (sic) sí prestó unos ubicados frente al Terminal de servicios para mi representado Transporte de la ciudad de Neiva, AGAPITO OBREGO (sic) GUEVARA, los cuales se encuentran a pero aclarando que esos servicios nombre de los hijos del señor no fueron de manera permanente AGAPITO OBREGÓN RAMÍREZ, y se le pagaba cada servicio CRISTIAN FABIAN y LEIDY cuando lo terminaba, además el KATHERINE OBREGÓN GUEVARA. actor JAIME BARREIRO también le prestó unos servicios de forma personal a la persona jurídica UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OG 2016, conforme a la misma prueba documental que aportó con la demanda. Es importante dejar sentado que el demandante jamás le prestó servicios personales a mis representados CRISTIAN FABIAN

OBREGON GUEVARA y LEIDY

KETHERINE (obregón) GUEVARA.

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Radicación n.°92626 En el ario 2008, cuando el señor No me consta, pues al Jaime Barreiro cadena inició demandante se le pagaba por el

labores; devegada (sic) un salario servicio que prestaba, el cual no semanal de DOSCIENTOS era de forma permanente, OCHENTA MIL PESOS m/CTE aclarando que se pagaba eran ($280.000,00). unos honorarios y no salarios como lo pretende hacer creer el actor en este hecho. Aclarando nuevamente que era el señor AGAPITO OBREGÓN RAMÍREZ quien le pagaba los servicios que de forma esporádica hacía el accionante y no los demandados

CRISTIAN FABIAN OBREGÓN

GUEVARA y LEIDY KATHERINE

OBREGÓN GUEVARA.

A la fecha de terminación del No es cierto, aclarando que los contrato de trabajo, 05 de febrero pagos que de manera esporádica del 2018, el señor BARREIRO que le hacía mi poderdan