CSJ - SL1523-2019

RepúbdleCi oclao mbia cone Suprema de Justicia SadleaC asaLcaibóonr al SadleaD esconNg:e3 s tión DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistproandeon te SL 1523-2019 Radicanc.i6 ó39n74 º Act1a3 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve (2019). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. ESSA E.S.P., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 31 de octubre de 2012, en el proceso que instauró JESÚS RODRÍGUEZ ALARCÓN contra la sociedad recurren te. l. ANTECEDENTES Jesús Rodríguez Alarcón llamó a juicio a la entidad accionada con el fin de que fuera condenada a reconocer y pagar el seguro médico que le corresponde en su calidad de pensionado, desde la fecha en la que se le asignó su prestación; las cotizaciones por salud tanto a su favor, como de su grupo familiar; conceptos_ debidamente indexados; así SCLAJPT-10 V.DO Radicación n.º 63974 como los serv1c1os médicos, odontológicos, quirurg1cos, hospitalarios, farmacéuticos, de rehabilitación, de diagnóstico y de tratamiento, no cubiertos en el régimen general; las becas y auxilios para estudios secundarios, técnicos o universitarios sufragados directamente de su

patrimonio, también indexados y las costas procesales. Como fundamento de sus pedimentos arguyó que la demandada es una sociedad que se rige por las normas de derecho privado y del Código Sustantivo del Trabajo; que se pensionó de conformidad con el artículo 70 del instrumento convencional; que al empezar a percibir esta prestación, se le dejó de cancelar las cotizaciones por salud de su grupo familiar que aun dependen económicamente de él y no están cubiertos por el POS; que en todo caso, es inferior a lo consagrado para los trabajadores activos beneficiarios de la convención colectiva. Señaló que no se le siguió pagando lo correspondiente a los gastos por educación de sus hijos; ni lo establecido «en laL ey4 de1 976e nc uantaolr econocimdieeb netnoe ficios adicionaalPl OeSst alceosm ol:a gsa famso,n turlaesn,t dees contapcrtóot,e dseinst alceosr,o n(af.ºs 3» a 22). La Electrificadora de Santander S.A. se opuso a las pretensiones, en cuanto a los hechos, manifestó estarse a lo que se probara en el proceso. Respecto a los derechos convencionales afirmó que el Decreto 2351 de 1965, consagró la extensión de beneficios convencionales a otros trabajadores, más no a los pensionados.

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.º 63974 Propuso como excepciones las de cobro de lo no debdio y prescripción (f.º 414 a 425).

11.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuiot de Bucaramanga, en providencia del 1 O de febrero de 2011 (f.º 414 a 425), resolvió: PRIMEDREOC:L ARPAARR CIALMEPNRTOEB AlDaeA x cepdcei ón prescripprcoipóunee snts aud efenpsoarl ad emandada ELECTRIFIDCEAS DAONRTAA NSD.EAERS.. . Py.N ,OP ROBADA laq udee nom"iCnoóbd relo on od ebido".

SEGUNDCOO: N DENaAl RaE LECTRIFIDCEAS DAONRTAA NDER S.AE.. S.arP e.c,o naoJ cEeSrUR SO DRIGAULEAZR CdOeNs,ed le 17 dea gosdte2o 0 0l4a,ps r errogcaotnivveanscp iroenvailsetsa s enl oasr tí3c3us loobSsrE eR VICMIÉODSI CDOESL ,A BORATORIO YC LINQIUCIOR ÚRGyIe CnlO oSas,r tí4c2uy l4 o3ss o bBrEeC AS Y AUXILEIDOUSC ATWeOnSl ,ot sé rmipnaocst ayd porse via acredidtela ocrsie óqnu iaslipltríoe sv ipsotlrooe s x,p ueesnlt ao parmtoet idvela ap respernotvei dencia.

TERCEARBOS: O LVEaRl aE LECTRIFIDCEAS DAONRTAA NDER S.AES... dPel odse mácsa rgfoosr muleansd uco osn tra.

CUARTCOO:N DENeAnRc ostaa lsaE LECTRIFICDAED ORA

SANTANSD.EARS. .EyP.f . zj aarg enceinda esr eacs huco a rlgao

sumdae Q UINIENTTROESI NYT CAI NCMOI LS EISCIENTOS

PESO(S$ 56305).0.

(... )

111. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Descongestóin del Tribunal Superior del Distriot Judicial de Bogotá D.C., al resolver la apelación de las partes, en decisión de 31 de octubre de 2012 (f.º 463 a 4 70), dispuso adicionar la providencia del a quo en el sentdio de «condenar a la accionada a reconocer los

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.º 63974 beneficios convencionales establecidos en los artículos 33 al 36 de la convención colectiva de trabajo a partir de la ejecutoria de la sentencia de primera instancia por las razones expuestas en esta providencia, así como el artículo 41 de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva»; no gravó en costas. En lo que interesa al recurso extraordinario, fijó como problema jurídico: Si los derechos alegados en la demandada (sic), se encuentran afectados de manera total por el fenómeno de la prescripción, de no ser así, es decir, de estar afectados de manera parcial, se establecerá si en efecto los beneficios establecidos [en] la Convención Colectiva de Trabajo, con relación a los servicios médicos, de laboratorio clínico y quin1rgicos, son extensivos al demandante en calidad de pensionado jubilado de la demandada, por últimos (sic) se estudiará si el actor reúna (sic) los requisitos

para que le sean reconocidos los auxilios educativos establecidos convencionalmente a favor de su hija, así como los beneficios establecidos en los Arts. 34 a 41 de la C. C. T. tanto al pensionado demandante, como a su grupo familiar, en concordancia con el Art. 163 de la Ley 100 de 1993. Trajo a colación lo razonado por eljuez de primer grado, que no impuso condena por una suma determinada y, afirmó que le asistía razón a la demandada en cuanto el « demandante no demostró haber incurrido en gastos médicos, luego de haberle sido reconocida la pensión de jubilación e igualmente no demostró cuáles fueron los gastos relacionados con estudios y becas». Respecto a los beneficios convencionales relacionados con el pago de servicios médicos, indicó que eran extensivos de conformidad con los artículos 7 y 9 de la Ley 4 de 1976 y que había lugar a modificar lo decidido en primera instancia para señalar, que dichos gastos debían ordenarse a partir de

SCLAJPT-10 V.DO

4 Radicna.6c 3i49ó 7n º la ejecutoria de la decisión, por no haberse probado ningún evento anterior. Al respecto consideró: Partiendo del contenido legal de los artículos 7° y 9° d e la Ley 4ª de 1976, en los cuales se funda la decisión de primera instancia, para ser extensivos los beneflcios convencionales a los pensionados y que la Sala comparte, encuentra igualmente que le asiste razón al recurrente en cuanto se adicione la sentencia recurrida, haciendo extensivo a su favor los beneficios convencionales consagrados en los artículos 33 al 36, respecto a

los artículos 37 al 40, estos no son de aplicación al demandante en razón a su calidad de pensionado, pues estos regulan situaciones relacionadas con trabajadores de la empresa; en cuanto al artículo 41 sus beneficios le son aplicables al demandante y a su grupo familiar en los términos contenidos en dicha disposición. (Subraya la Sala)

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por sociedad accionada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita que esta Sala case «lsae ntepnrcoifae erl3i 1d a deo ctudber2 e0 1p2o lraS alLaa bodreaD le scongdeeslt ión TribunSaulp erdieDolir s tJruidtiodc eiB aolg oDt.Cá y p ara queen s eddeei nstasneRc EiVa OQlUasE e ntepnrcoifae rida poerJl u zgaCduoa rLtaob odreaClli rcdueiB tuoc aramya nga niegluaeps r etensdielo adn eemsa nidnai c(Nieagrlilla» d.el original).

Con tal propósito formula dos cargos, que fueron oportunamente replicados por el accionant e y de los cuales

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicanc.6iº3ó n9 74 se hará estudio conjunto habida cuenta de la identidad en los argumentos que los soportan y el objetivo perseguido.

VI. CAROG PRIMEO R Se formula en los siguientes términos: Acuso la sentencia recurrida con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y

la Seguridad Social, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, por vía directa a falta de aplicación del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, e interpretación errónea de los preceptos legales sustantivos y de orden nacional contenidos, en el artículo 153 numeral 2 y 9 de la Ley 100 de 1993, Artículos 7 y 9 de la Ley 4 de 1976, artículos 1,2,3 de la Convención Colectiva de trabajo suscrita entre ESSA y SINTRAELECOL. Para la demostración del cargo refiere que los hechos que encontró probados el colegiado fueron: a) La calidad de trabajador que ostentó el accionante a órdenes de la empresa demandada, b) la renuncia del trabajador al contrato de trabajo para acogerse a un plan de jubilación anticipada, c) la calidad que ostenta el .demandante como pensionado de la empresa demandada desde el 1 de mayo de 2003, d) el reconocimiento de la pensión de jubilación anticipada y la terminación del contrato de trabajo por medio del acta de conciliación K935 suscrita por las partes el 30 de abril de 2003, e) Lo acordado por los litigiosos en la citada conciliación, respecto a que las cuotas mensuales que debe cancelar el trabajador por concepto de salud previsto en la ley será de su cuenta exclusiva y la autorización a la empresa que del monto de mesada le descuente la cantidad que corresponda y las consigne en la E.P.S. a la que el pensionado se halla inscrito, en los términos que establezca la ley, f) la negativa de la empresa en otorgar los beneficios que reclama el pensionado, por considerar que de

acuerdo con la Convección Colectiva de Trabajo, los beneficios que reclama el accionante, cobija únicamente a sus trabajadores activos y en ninguna parte se dice que estos se haga extensivos a los pensionados. Y porque cuando el accionante adquirió el derecho de pensión de jubilación anticipada, se encontraba vigente la ley 100 de 1993 que implementó el sistema de seguridad social y reemplazo toda la normatividad vigente que le fuera contraria, dando lugar a la revocatoria tácita del artículo 7 del aL ey4 de1 976y, e sobse neficsioolssoe h anv enido otorgando a quienes alcanzaron la calidad de pensionados antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. g) El demandante señor 6

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.º 63974 JES USR ODRIGAULEAZCR O Ne,n f a rmlai b yr veo lunste aria, acogió al plan de jubilación anticipada tal y como consta en el Acta de conciliación firmada con la accionada. Se refiere a los razonamientos del colegiado, en cuanto las prestaciones de salud y becas de estudio para los hijos de edad preescolar, primaria, secundaria y universitaria a cargo de la accionada, en virtud de lo previsto en los artículos 7 y 9 de la Ley 4 de 1976, eran extensivos a los pensionados; y, señaló que dicha conclusión era errónea dado que, si bien es cierto, la convención colectiva de trabajo suscrita entre ESSA y Sintraelecol, contemplaba en los artículos 33, 42 y 43, el reconocimiento del plan complementario de salud y becas,

esta lo hacía a favor de sus trabajadores activos, pero no para los pensionados. Además que en ninguno de los apartes de la convención colectiva, se contemplaba que a los pensionados se les debía reconocer el plan complementario de salud y becas, estatuidos en los artículo 7 y 9 de la Ley 4 de 1976, ni por cualquier otro compromiso o disposición, se encontraba obligada la empresa a suministrárselos. Copia los artículos convencionales que considera aplicables.

VII. RÉPLICA El opositor expone que esta acusación, no le resta la presunción de acierto y legalidad con la que cuenta la providencia; que la sociedad recurrente no planteó en la alzada inconformidad sobre la aplicación y efectos de los

7

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.º 63974 artículos 7 y 9 de la Ley 4 de 1976, tampoco sobre el origen legal de las peticiones de la demanda. Refiere que la acusación acepta todos los elementos fácticos, más no los efectos de la aplicación de las fuentes formales alegadas; alude a la providencia CSJ SL, 30 sep. 2008, rad. 32598, al concepto del Ministerio de Protección Social del 27 de mayo de 2003, número 3072 y varios pronunciamientos de la Corte Constitucional para afirmar que a los pensionados les asiste algunos beneficios establecidos en la convención, en virtud de la Ley 4 de 1976. VIIIC.A GRO SEGUNDO Es propuesto de la siguiente forma: Acuso la sentencia recurrida con fundamento en la causal prevista

en el numeral 1 ºd el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, por ser indirectamente violatoria, en la modalidad de apreciación errónea de las pruebas en que incurrió el a-quo, al no apreciar correctamente unas pruebas y dejar de apreciar otras. Para la fundamentación, reprocha la decisión de primer grado que condenó al reconocimiento de las prerrogativas previstas en el artículo 33 del instrumento convencional, relacionadas con servicios médicos, de laboratorio clínico, «previa acreditación quirúrgico, becas y auxilios educativos ante la pasiva de los requisitos correspondientes, declarando probada parcialmente la prescripción propuesta (. .. ) e imponiendo costas a cargo de la demandada». Arguye que el motivo principal de su inconformidad, radica en que el estatus pensional del ex trabajador, se adquirió en el 2003, fecha en la que se acogió de manera

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n. º 6397 4 voluntaria a un plan de jubilación anticipado ofrecido por la empresa, decisión que se materializó en el acta de conciliación n. º K 935 el 30 de abril de 2003, que en la cláusula séptima estableció: SEPTIMA (sic): El valor de las cuotas mensuales que deba cancelar el trabajador por concepto de salud previsto en la ley, será de su cuenta exclusiva y por lo tanto desde ya autoriza a la empresa para que del monto de la mesada descuente la cantidad que corresponda y las consigne en la E.P.S. a la que el pensionado se

halle inscrito, en los términos y forma que establezca la ley. Memora que los servicios médicos, de laboratorio y . fi . clínico qu1rurg1co, establecidos en el instrumento convencional, vigente en el 2003, cuando Jesús Rodríguez Alarcón decidió acogerse al plan de jubilación anticipada, son del siguiente tenor: ARTÍCULO 3. CAMPO DE APLICACIÓN. Esta convención, se aplicará en forma integral a los trabajadores de la Empresa afiliados a SINTRAELECOL y de conformidad con lo establecido en el artículo 4 71 del Código Sustantivo del Trabajo.

''ARTÍCULO 33. SERVICIO MÉDICO, DE LABORATORIO Y CLÍNICO

QUIRÚRGICO.

La empresa mantendrá en el mejor estado de salud al trabajador, para lo cual continuará prestando, salvo estipulaciones del artículo 39 de la presente convención, los servicios necesarios como consulta médica, disponiendo de los facultativos y especialistas cuando el caso lo requiera, suministró de drogas, tratamiento y hospitalización en cualquiera de las clínicas de la ciudad, exámenes de laboratorio, radiológicos, fluoroscopios ginecológicos e intervenciones quin1rgicas de alta y pequeña cirugía. Cuando no se prestare el servicio interno en la clínica u hospital por tratarse de enfermedades infectocontagiosas, se pagará el valor de la pensión en dinero efectivo. En caso de accidente o enfermedad profesional de un trabajador, la Empresa contratará los mejores especialistas para su tratamiento incluyendo su traslado a otra ciudad cuando el médico así lo prescriba. 9

SCLAJPT-10 V.DO

Radicanc.i6ºó3 n9 74 Lost rabajadores con más de dos( 2) años de antigüedad que hubieren denunciado enfermedades al ingresar a la Empresa y posteriormente tuvieren necesidad de atención médica, quirúrgica y hospitalaria. tendrán derecho a estosse rvicipoors c uenta de la Empresa. En casode urgencia, el servicio médico será prestado por cualquier facultativo que seh alle en la clínica u hospital donde esté recluido el trabajador. PARAGRAFO. Quedan excluidos de estaert ículo los trabajadores que ingresen en fecha posterior al 22 de mayo de 2003, a los cuales se les aplicará lo establecido en la ley para el efecto por un lapso de 5 años". Colige que las normas transcritas no establecen en forma expresa como beneficiarios de la misma a los pensionados, ni hace extensiva sus prerrogativas a éstos, ya que por disposición de esta, es aplicable únicamente a los trabajadores activos de la empresa, por «consiguliae nte ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.E.S.P., not iennei nguna JESUS RODRÍGUEZ obligalceigónanilc onvencicoonnea lsl e ñor ALARCÓN, porl ocsi tadporse ceptos». Sostiene que el actor tenía la obligación de acreditar en el curso del proceso, que efectivamente «unav ezl efu e reconocsiudp ae nsidóenj ubilahcaiyóann ecesitdaedl oo s servicmiéodsi cqouse s oliceinet lae scrdietl oa d emandya , quef uec ons usp ropiroesc urqsuoest uvqou ea sumierlp ago

deSle rviMcéidoi cdoe,l aboratyo Crliíon Qiucior úrgicos». Precisa que al no demostrar los presupuestos para exigir los servicios médicos, no era dable imponer condena a la empresa, por «másq uee stoeb ligaad saa tisflaacse r obligacicoonnevse ncionraelfeesr idaa fsa vodre los pensionados».

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n. 63974 º Conr espeac ltoobs e nefiecsiatoblse ciednol so s artículos 42 y 43 del instrumento convencional, asegura que debían acreditarse en cada caso los presupuestos de cada disposición y, si esto no acontecía, ni siquiera permitía la condena in genere; que si bien es cierto, son aplicables en materia laboral, de conformidad con lo establecido en el artículo 307 del C.P.C., hay lugar a la misma, siempre y cuando, la cuantía de las pretensiones no hayan sido debidamente establecidas en el desarrollo del proceso, discurre que, aln oh abersneie stalbecideonl ad emandan,o p robadeon elp rocesloo ss upuestofsá cticoqsu ed aríalnu gaar los beneficiocso nvenciloensa deprceados,n o es posible estalbeceern e stper oceseold erechdoe l osd emandantae s sur ecnoocimniteoy pagos,u peditaddiac hcao ndenean l a formai ndicaednal ap rovdiencidae p rimerian stancai laa "acredaitciódne losr euqisoista lílp revisstio"p(,o rques e

reiterrae,s ultas er la instanciiuad ici,a lel proceso ordinarliaob oraell,e scenarniaot urapla raa creditlaors requisitpoasr as erb eneficiardieo dsi chapsr errogativas convencionya nloed se airloasl a lburd,e s is ee ncunetran acreditadsoisnq, u ed ee stam aneras er esuelvad em anera definitiveal l itigpilaon teadaon tel aA dminsitarciódne Justicisai,n oq ue se postgear su efectivrae sloución. (Subrayado del original). Además, (. .. ) que elfallo termina con una orden y si la orden es la de liquidar mediante trámite incidental unos perjuicios, dicho trámite no puede retrotraerse y exigir presupuestos tácticos (sic) que han debido tenerse en cuenta en el proceso ordinario. Lo único que se puede hacer en el incidente es apreciar, según el acervo probatorio, los perjuicios que se planteen en el escrito que da lugar al incidente de liquidación de éstos y no es posible establecer que la demandada deba reconocer las prerrogativas convencionales previstas en los artículos 33,42 y 3 de la Convención Colectiva de Trabajo, en los términos y previa acreditación de los requisitos allí previstos, sin que se especificara en cada caso si uno u otro demandante efectivamente see ncontraban en los supuestos de 11 SCLAJPT-10 V.DO Radicacni.ó6ºn3 974 hechqou ec onsagdriacnh aorst íccuolnovsie onncaplaerssa e r cobijcaodlnoo sbs e nfeiceiones l leosst eacbildos.

Al final del escrito refiere como pruebas dejadas de apreciar, la convención colectiva de 2003 y el acta de conciliación K935 de 2003.

IX. RÉPLICA La réplica afirma que este cargo, presenta un error protuberante de técnica, al atribuirle defectos a la providencia del juez de primera instancia, al «no apreciar correctamente unas pruebas y dejar de apreciar otras>.

X.C ONSDIERACIONES Le asiste razon al opositor, pues en la demanda que sustenta el recurso extraordinario, no se indica la hermenéutica, que en sentir de la sociedad recurrente, debió imprimirse a las disposiciones atacadas por vía directa en el primer cargo, tampoco se precisaron los errores de hecho en que incurrió el colegiado, que deben tener el carácter de ostensibles acorde con el segundo cargo propuesto. Los anteriores desaciertos son superables, pues se infiere que los ataques se fundamentan en que los servicios médicos y educativos habrían sido pactados a favor de los trabajadores activos; que no eran extensibles a los pensionados por no estar así contemplado en la convención colectiva; y, que aún de preverse dicha posibilidad, los gastos, por esos conceptos, debieron ser acreditados.

SCLATJ-P1V0. 00 12

Radicación n.º 63974 El Tribunal se limitó a considerar que la extensión de los acuerdos convencionales a los pensionados y su familia, devenían de lo normado en los artículos 7 y 9 de la Ley 4 de 1976 y a pronunciarse con relación a la fecha de exigibilidad de tales beneficios, teniendo en cuenta la falta de prueba de

servicios prestados y la prescripción. Por la vía seleccionada en el pnmer ataque, no se discute, la calidad de pensionado del accionante, la naturaleza convencional de la prestación; ni, la fecha y origen de la misma, a partir del acta de conciliación K935 suscrita por las partes el 30 de abril de 2003. Cumple aclarar que los beneficios convencionales a los que se refiere el fallo atacado, contemplan serv1c1os asistenciales en salud y prebendas en materia educativa. El primer grupo de ellos, es decir aquellos pactados en materia de salud, que favorecerían a los familiares del accionante en su calidad de pensionado por convención, al no encontrarse expresos en el texto del instrumento colectivo, tendrían aplicación al tenor de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 4 de 1976 que prescribe: Artículo séptimo. Los pensionados del sector público, oficial, semioficial y privado, así como los familiares que dependen económicamente de ellos de acuerdo con la Ley, según lo determinan los reglamentos de las entidades obligadas, tendrán derecho a disfrutar de los servicios médicos, odontológicos, quzrurgicos, hospitalarios, farmacéuticos, de rehabilitación, diagnóstico y tratamiento que las entidades, patronos o empresas tengan establecido o establezcan para sus afiliados o trabajadores activos, o para sus dependientes según sea el caso, mediante el cumplimiento de las obligaciones sobre aportes a cargo de los beneficiarios de tales servicios.

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicacni.ó6ºn3 974

Parágrafo. En los servicios de que trata este artículo quedan incluídos aquellos que se crean o se establezcan para los trabajadores en actividad por intennedio de cooperativas, sindicatos, cajas de auxilios, fondos o entidades similares, ya sea como auxilios, donaciones contribuciones de los patronos. o Sin embargo, acorde con la jurisprudencia de esta Corporación, dicho precepto perdió su vigencia, tras la promulgación de la Ley 100 de 1993, en especial sus disposiciones en materia de salud, razonamiento planteado en sentencia CSJ SL 17475-2017, en la que se expresó: ii) Vigencia en tiempo y espacio de las previsiones establecidas en la Ley 4/ 1976.- Subyace en el presente análisis otro argumento más fuerte que igualmente conduce el inexorable fracaso de la censura. El derecho a la cobertura familiar previsto en la Ley 10 0 de 1993, con la cual se implementó en nuestro país el nuevo esquema de seguridad social, derogó el artículo º de la Ley 7 4/ 1976, especialmente, porque la misma se promulgó con el obieto de establecer un sistema de seguridad social integral, que como su nombre lo indica, regulara de manera completa los sistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales, hoy laborales. En desarrollo del tal cometido, en el artículo 152 de la Ley 100 de 1993, el legislador dispone que los objetivos del sistema general de seguridad social en salud son la regulación del servicio público esencial de salud y crear las condiciones de acceso de todas las personas en todos los niveles de atención, con las excepciones prescritas de manera expresa en la misma nonna. A su tumo, el

artículo 163 ídem, mediante el cual se subroga el artículo 7º de la Ley 4/ 1976 (Radicación 659 de 1994. Sala de Consulta y Servicio Civil}, establece que el plan obligatorio salud tiene cobertura familiar, estableciendo de manera expresa las personas integrantes del núcleo familiar que tienen derecho a beneficiarse del sistema, es decir, que esta disposición cumple de manera exhaustiva los mismos propósitos que tenía el artículo 7. ºd e la Ley 4/ 1996, como quiera que ésta regulaba los temas relacionados con la cobertura familiar en salud de los trabajadores de las empresas de los sectores público, oficial, semioficial y privado, así como algunos servicios médicos que hoy están incluidos en el plan obligatorio de salud. Sobre la derogatoria del mencionado artículo º de la Ley 4/ 1976, 7 huelga memorar lo que dijo la Sala en sentencia CSJ SL, 2 may. rad. en la que, no obstante haber estudiado en dicha 201,2 40948, oportunidad el tema relacionado con la elevación de los aportes a salud de los pensionados legalmente por Caprecom, las

SCLAJPT-10 V.00

14 Radicación n. º 63974 considecironaes hechas soberl paé rddiedv agi encdiela an onna enc uestiónso np etirnenets.E nd icha providencia dijo: Enc uanot al ad eroogriaa,to meojr, insubsistecinao decaimieno t del Acuerdo 037d e1 89,7e pxeiddo porC ARPECOM,t mapoco le

asistera zóanl o s rceurrnets,eto dav ezq uee ljue zde laa ldzaan o consideór vigenet dicho acto administrivao tdespués de que comenzaór eirgla Ley1 00d e1 993y,n i siquiear el dela n orma sustacinal qued abpais o legl aal mencionado Acuerdo,e sto es el ª arícutlo 7º dela L ey4 de1 796,si noqu e,m uyp ore l contior,a r exprsóeq ue" .(). c o.ne l adveimnieno tdel Sistmead eS eguridad SocialI tnegra[.l.. [, ,s e dio paso a la denominada <cobeturra familiarq>u,ea l igual ques e prseentenóe l Sistmea de< Medicina Familiar>c ontmeplado enl a Ley4 de 1796,in cluyóc omo beenficiairos del os sericvios de salud,a l as pesronas quee stén bajo la dependencia económica del afiliado,p ero implementó, como aportúeni co y obligaortio,e l 12%d el valord el salairo o mesadap esniona,[s inim portael rn úmeor deb enceiarfiios a carog"f. ..] . Subraya la Sala. En ese entendido, las normas convencionales, que preveían beneficios en materia de salud a favor de los trabajadores, eran extensivas a los pensionados y sus familiares, únicamente con base en el artículo 7 de la Ley 4 de 1976 que como se explicó, fue sustraída del ordenamiento jurídico con la entrada en vigor del Sistema General de Seguridad Social en Salud, adoptado con la Ley 100 de 1993.

Por tant o, al tratarse de un pensionado en vigencia de la Ley 100 de 1993, el fallador interpretó erróneamente las disposiciones de la Ley 4 de 1976, relativas a servicios de salud, ya que hizo extensivos sus efectos a una situación que, según lo dicho, le era ajena. Ahora bien, en cuanto que la decisión del colegiado, cobija también los beneficios convencionales relativos a educación de los hijos de los trabajadores, debe recordarse

SCLAJPT-10 V.DO 15

Radicna.c6iº3ó 9n7 4 que esta Corte ha considerado que, el alcance que pueda otorgarle el juez del trabajo a una determinada cláusula convencional, entre las diferentes interpretaciones i almente razonables, no resulta susceptible de corrección gu en el ámbito del recurso extraordinario de casación, salvo que tal análisis resulte totalmente contrario a la razón, al texto naturalmente entendido y a la intención de los contratantes allí concretada, de forma tal que se incurra en un error de hecho evidente, ostensible y manifiesto. En tal sentido, el juez de apelaciones encontró que la extensión de los auxilios educativos pactados convencionalmente, a los hijos del pensionado reclamante, se acompasaba con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 4 de 1976, sin que tal interpretación, se encuentre contraria a lo allí pactado ni pueda inferirse un yerro palmario en la exégesis del fa llador. No obstante, tal como lo advierte la recurrente, se carece de cualquier elemento de prueba con el cual pueda tasarse el valor de las eventuales condenas al pago de auxilios educativos o becas. Tampoco el texto de la

convención informa el monto que podría generar a cargo de la accionada, las eventuales condenas, ni de su redacción, es posible establecer un método para su cálculo, ya que los artículos 42 y 43 (f.º 143) tenían previsto:

CAPÍTULO X

BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES Y JARDINES

INFANTILES ARTÍCULO 42. PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA: La Empresa adjudicará a los hiojs de los trabajadores que se

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n. 63974 º encuentren cursando estudiopsre escolares, primarios y secundarios, quinientas (500) becas anuales, por un valor de NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($99.532) MCTE cada una, para el primer año. Para el segundo año de vigencia se incrementará su valor conforme al IPC causado. ARTÍCULO 43. ESTUDIOS UNWERSITARIOS. La empresa adjudicará a los hijos de lostra bajadores que se encuentren cursando estudios universitarios, CIEN (100) BECAS anuales, de CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS ($132. 709) MCTE cada una, para el primer año. Para el segundo año de vigencia se incrementará su valor conforme al IPC causado. En casdoe no seard judicadas todas las becas universitarias, los valores sobrantes sea djudicarán para estudios primarios y secundarios. Como puede observarse, dicho instrumento señala únicamente la obligación en abstracto de conceder 500 becas

anuales, a favor de los trabajadores que se encuentren cursando estudios preescolares, primarios y secundarios y 100 para estudios superiores, con la misma periodicidad. Ni la convención, ni los documentos arrimados al proceso, permiten dilucidar la exigibilidad de una (s) de las becas por los estudios básicos o superiores de los hijos del demandante, los años en que pudo causarse el derecho, o los requisitos que debían acreditarse para acceder a tales beneficios. La condena confirmada por el fallador, lo fue en los siguientes términos: CONDENAR a la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., a reconocer a JESUS RODRIGUEZ ALARCON, desde el 17 de agosto de 2004