CSJ - SL153-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL153-2023 Radicación n.° 93899 Acta 02 Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por GRACIELA PALOMINO LOSADA contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el cinco (5) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario que le instauró a EMPRESAS DE SERVICIOS

PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO ESPEMPITALITO ESP.

I. ANTECEDENTES Graciela Palomino Losada llamó a juicio a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito ESPEmpitalito ESP, con el fin de que previa declaración de que i) con la convocada se dio un contrato de trabajo; ii) laboró en

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Radicación n.° 93899 forma ininterrumpida ejerciendo las labores de barrendera, entre el 1º de octubre de 1995 y el 30 de septiembre de 2014; iii) prestó sus servicios todos los días, de lunes a domingo, incluidos, dominicales y festivos; iv) le asiste conforme a la Ley 100 de 1993, la pensión sanción y v) tiene la calidad de trabajadora oficial. En consecuencia, fuera condenada al reconocimiento y pago de los salarios dejados de percibir; de las prestaciones sociales acorde con el SMLMV; de las dotaciones adeudadas; de las horas extras trabajadas; de los valores dejados de

pagar por los aportes al sistema de seguridad social; de la indemnización por despido; de la sanción moratoria y la indexación. Fundó sus peticiones, básicamente, en que la demandada, es una entidad de derecho público descentralizado y tiene como objetivo prestar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Pitalito - Huila; que para lo del aseo, barrido y limpieza de vías, la contrató de manera directa y a través de personas de tipo natural y jurídica, para realizar las funciones propias de la empresa; que las cooperativas o asociaciones de trabajo que contrataron con la convocada, se constituyeron por orden expresa de su gerente, como requisito obligatorio para seguir contratando el barrido de las calles; que las condiciones de trabajo y el desarrollo de la labor contratada y el dueño de la obra siempre ha sido la accionada.

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Radicación n.° 93899 Dijo, que fue vinculada laboralmente mediante un contrato de trabajo de tipo verbal, para que realizar las labores de aseo, barrido, recolección de basuras, desyerbado de andenes y separadores, limpieza de desagües de las calles, y en general para la limpieza de vías, carreras y avenidas del perímetro urbano, sitios de interés público y parques del municipio de Pitalito; que desempeñó las de barrendera, en forma ininterrumpida desde el 1º de octubre de 1995 al 30 de septiembre del 2014, fecha en que fue despedida de manera injustificada; que la actividad siempre la desarrolló

de manera personal, para la dueña de dichos trabajos Empitalito; que el salario convenido fue el SMLMV, aunque nunca correspondió a ese valor; que no le fueron reconocidos ni pagados lo correspondiente al recargo nocturno, horas extras, dominicales o festivos, ni el subsidio de transporte ni los demás derechos laborales que por ley le correspondían. Arguyó, que durante todo el tiempo que laboró como barrendera, recibió de manera permanentemente órdenes del gerente de la demandada, ya fuera de manera directa o a través del inspector de aseo o de las coordinadoras y/o contratistas; que tanto el gerente como el inspector de aseo le indicaba a las coordinadoras como a las barrenderas, las labores que debían desarrollar, de qué manera se realizarían, en qué calles debía prestar el servicio y cuánto tiempo tenían para la ejecución del trayecto; que la accionada a través del inspector de aseo, le ordenaba a las coordinadoras que constituyeran cooperativas, les decía a quién debían y de qué manera pagar los aportes a la seguridad social de las barrenderas y si tenían o no derecho a las horas extras.

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Radicación n.° 93899 Refirió, que durante toda la relación laboral percibió una remuneración; que las labores las prestó de manera personal; que cumplió un horario y que siempre existió una continua subordinación, sin embargo, no le reconocieron ningún derecho laboral; que tuvo una jornada de 8 horas, de lunes a domingo, sin derecho a descansar ni un día; que la demandada y las coordinadoras (contratistas), siempre impusieron la condición de que las trabajadoras debían laborar hasta terminar el trayecto, sin importar las horas

necesarias para tal fin, pero solo se les reconocería el pago equivalente a tres horas; que por no estar de acuerdo con las condiciones antes mencionadas, o por no cumplir con las labores encomendadas, eran despedidas, situación que le sucedió. Indicó, que Empitalito ejerció una completa subordinación, pues las contratistas (coordinadoras), no podían tomar decisiones de manera unilateral, por tanto eran intermediarias; que las reuniones se efectuaban en la entidad convocada a las cuales siempre acudió; que estas se efectuaban para informar la programación de sus labores y también se les llamaba la atención cuando no cumplían con las órdenes impartidas por el gerente o el inspector; que las carretillas, carros o vehículos en los que se transporta la basura, son conducidos o llevados por las barrenderas, que tiene el logo de la demandada; que le asiste el derecho al subsidio de transporte, ya que su domicilio está ubicado a una distancia superior a un (1) kilómetro o diez (10) cuadras.

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Radicación n.° 93899 Señaló, que elevó ante Empitalito ESP una reclamación solicitando el reconocimiento de sus derechos laborales la cual fue resuelta en forma negativa y que luego radicó una Ampliación o Aclaración de dicha reclamación, el 29 de noviembre del 2016, en razón a que plasmó de manera errónea e involuntaria tiempos distintos a los laborados (f.º 603 al 606, del cuaderno n.º 3 del Juzgado). La demandada se opuso tanto a las declaraciones como a las pretensiones de la demanda. En cuanto a los hechos,

admitió la naturaleza jurídica de la entidad; su objeto, la contratación del servicio de aseo y de personal a través de personas jurídicas y naturales, y que las carretillas, carros o vehículos en los que transportan la basura eran conducidos por las barrenderas. Negó, que i) haya contratado a la demandante directamente mediante contrato de tipo verbal para que realizara las labores de aseo, barrido, recolección de basuras, desyerbando andenes y separadores, limpieza de desagües de las calles y en general para la de las mismas; ii) con la actora la existencia de cualquier vínculo de naturaleza laboral, sino un contrato de prestación de servicios con aquellos quienes fueron realmente sus empleadores; iii) la demandante haya prestado los servicios en forma continua, toda vez que los contratos de prestación de servicios celebrados con las personas naturales y jurídicas, se realizaba por un plazo determinado; advirtiendo que la misma fue contratada en el año de 1999, luego en el 2009 y en el 2012 por Emprendimiento El Trabajo SAS dirigido por

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Radicación n.° 93899 la señora María Gloria Calderón entre octubre y enero del año siguiente y luego en el 2013 por una empresa de servicios temporales EST Alce Ltda. de febrero a marzo. También negó que iv) haya emitido orden alguna a la accionante ni se le exigió el cumplimiento de un horario, pues están eran emitidas por las personas naturales y jurídicas quienes las contrató y eran los que elegían al personal; aclaró que el rol del inspector de aseo, se limitó a la inspección

ocular de la debida ejecución del contrato, facultad que esta revestida en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En su defensa propuso las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; improcedencia del reconocimiento de la pensión sanción; falta de legitimación por activa de la demandante para solicitar el pago de aportes; improcedencia de la declaración de trabajador oficial; prescripción; improcedencia de los medios probatorios solicitados por la demandante, buena fe y la genérica (f.º 614 a 626, ib.)

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Único Laboral del Circuito de Pitalito, Huila, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 9 de agosto de 2019, (f.º 1693 a 1694, del cuaderno n.º 9, del juzgado), dispuso: PRIMERO: DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo entre la señora GRACIELA PALOMINO LOSADA y EMPITALITO

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Radicación n.° 93899 ESP el cual se dio desde el 31 de diciembre de 1995 al 1° de enero de 2014.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada EMPITALITO a pagar a la demandante como consecuencia del contrato de trabajo aquí declarado la siguiente acreencia laboral de manera indexada:

Vacaciones: $27.823

TERCERO: CONDENAR a la demandada EMPITALITO a consignar los aportes pensionales a que tiene derecho la señora GRACIELA PALOMINO LOSADA por los siguientes periodos: del

31 de diciembre de 1995 al 30 de septiembre de 2012 y del 1° de marzo de 2013 al 1° de enero de 2014, esto teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

CUARTO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción. Probada respecto de cesantías, intereses a las cesantías, prima de navidad, dotación y trabajo suplementario.

En cuanto a las vacaciones, parcialmente probada respecto de las que se generaron desde el 29 de noviembre de 2013 hacia atrás.

QUINTO: DENEGAR las restantes pretensiones de la demanda.

SEXTO: DECLARAR probada la excepción propuesta por Empitalito denominada "Improcedencia del reconocimiento de la pensión sanción".

SÉPTIMO: DENEGAR las restantes excepciones planteadas por la demandada.

OCTAVO: DENEGAR la tacha de sospecha de la señora María

Gloria Calderón de Claros.

NOVENO: DENEGAR la tacha de sospecha del señor Segundo

Antonio Reyes Barrera.

DÉCIMO: CONDENAR a EMPITALITO ESP al pago del 20% de las costas que se liquiden, en favor de la parte demandante. Tásense como agencias en derecho la suma de $200.000, a cargo de la parte demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, por

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Radicación n.° 93899 decisión del 5 de noviembre de 2021, (f.º 43 al 52, del

cuaderno del Tribunal), resolvió: PRIMERO: REVOCAR los numerales primero al cuarto de la sentencia proferida el 9 de agosto de 2019, por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Pitalito Huila, al interior del proceso seguido por GRACIELA PALOMINO LOSADA contra EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITOEMPITALITO, para en su lugar, DECLARAR que la demandante no logró demostrar la existencia del contrato de trabajo, y en consecuencia, ABSOLVER a la demandada de las pretensiones de formuladas en el escrito inaugural, ello conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida.

TERCERO: COSTAS Al tenor de lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 365 del Código General del Proceso, se Imponen costas en ambas Instancias en cabeza de la demandante al revocarse en sede de instancia la sentencia de primer grado.

El ad quem, determinó como problema jurídico a definir si entre las partes, existió un vínculo de carácter laboral, del 1.º de octubre de 1995 al 30 de septiembre de 2014, sin solución de continuidad, en caso afirmativo, la procedencia de las prestaciones económicas derivadas de la relación laboral, de la pensión sanción y si aquellos haberes se encontraban afectados por el fenómeno extintivo de la prescripción. Como marco normativo acudió al artículo 53 de la CP, que consagra el principio de la primacía de la realidad sobre las formas; al artículo 1º del Decreto 2127 de 1945, que

define el contrato de trabajo y los tres elementos que lo componen a saber: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia y, iii) el salario como contra prestación del servicio; al artículo 20 ejusdem,

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Radicación n.° 93899 que establece una presunción legal, según la cual toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo y advirtió que la consecuencia de su aplicación, es la inversión de la carga de la prueba, pues una vez demostrada la prestación personal del servicio, dentro de unos determinados extremos temporales, incumbía al demandado desvirtuarla, en punto a que esta no fue subordinada, recordando que así lo ha fijado la jurisprudencia, y citó a efecto lo expuesto en la sentencia CSJ SL981-2019. Acorde con lo expuesto, abordó el material probatorio, en las que apreció las siguientes: i) contratos de prestación de servicios y órdenes de servicios suscritos entre la convocada, en condición de contratante, y la Asociación la Esperanza; la Empresa Asociativa de Trabajo Nueva Compartir del Sur Colombiano; la Cooperativa Multiactiva Renacer Ltda.; la Empresa Asociativa de Trabajo Laboyana de Servicios Generales, la Empresa Asociativa de Trabajo Gloria Calderón; la Empresa de Servicios Temporales Alce Ltda.; la Empresa Asociativa de Trabajo las Cúspides; la sociedad Trabajando para el Futuro S.A.S.; la sociedad Emprendiendo el Trabajo S.A.S.; la Empresa Asociativa de Trabajo Compartir Laboyana; la Empresa de Trabajo Guadalupe S.A.S., y la Empresa la

Cúspide del Sur del Hulla S.A.S., así como las personas naturales Sergio Iván Córdoba y Plutarco Guevara, igualmente contratista, siendo el objeto contractual que:

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Radicación n.° 93899 LAS EMPRESAS PÚBLICAS contratan los servidos de CONTRATISTA para llevar a cabo el barrido de calles y carreras de toda el área pavimentada del perímetro urbano de Pitalito, incluyendo las plazas de mercado y cívica, al igual que el parque JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, para lo cual se compromete a emplear el recurso humano y técnico necesario. Respecto del cual refirió que, la ESP demandada suscribió, con personas jurídicas y naturales, una serie de contratos de prestación de servicios que tenían como objeto el barrido de calles y carreras del área pavimentada del perímetro urbano de Pitalito, y en general toda actuación tendiente al aseo de las zonas públicas de la municipalidad, documentos, de los que dijo que no dan cuenta de la vinculación directa o indirecta para con la demandante, pues además de plasmar quienes intervenían en los acuerdos contractuales, no se logra extraer de ello, relación consensual en la que intervenga la promotora del juicio. ii) Del interrogatorio de parte absuelto por la actora, refirió que la misma, dijo al cuestionársele respecto de la vinculación: Yo tenía una amiga que estaba trabajando, entonces ella se dio cuenta que necesitaba trabajar y ella me dijo preséntese a las empresas que están solicitando, entonces yo fui y me afiliaron,

me anotaron y en la tarde dijeron preséntese a las 7 p.m., a trabajar y ya, entré a trabajar. Agregó, que: Pues yo en ese tiempo no me recuerdo muy bien porque imagínese ya cuantos años, pero sí a mí me contrató fueron las empresas Empitalito. Al preguntársele, sobre quién le impartía ordenes, refirió: Pues don Segundo le decía a uno bueno hoy se van para tal tramo y cuando por lo menos en festividades de San Pedro o así, a uno

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Radicación n.° 93899 le tocaba doblar, o sea uno llegaba y salía a la madrugada de un tramo y en el día trabajaba en las calles recogiendo papel, o cuando había desfiles, pues eso lo teníamos que cubrir también. Luego, cuando se le indagó sobre quién le cancelaba el salario, sostuvo que: «Pues en ese tiempo había unas coordinadoras y ellas directamente era quienes nos pagaban, otras veces nos consignaban, así como le digo, el último sueldo lo cobré en Cofisan» y añadió, haber sufrido dos accidentes en el trabajo, pero que sobre ello no se le reconoció suma alguna y que duró unos días incapacitada sin recibir salario. Y, sobre quien le hacía entrega de elementos de trabajo, contestó: «No, a nosotros nunca nos dieron elementos de trabajo, había veces que nos tocaba cortar escobas de ramas para poder barrer las calles y nos daban unas escobas de, en ese tiempo era como de esa palmicha, de una palma, de una palma que... nunca nos dieron dotación de nada».

1. De la prueba testimonial, se refirió a las declaraciones rendidas por María Gloria Calderón de Claros,

Nubia Claros Calderón, Claudia Jimena Náñez Palomino y del Inspector de Aseo de Empitalito Segundo Antonio Reyes, de quienes extrajo de sus declaraciones, lo siguiente: La primera de las mencionadas, María Gloria Calderón de Claros, expuso, que: laboró al principio para la demandada en la ejecución de las funciones de Escobita, pero luego se constituyó dos empresas asociativas de trabajo, con el fin de dar continuidad con la labor que concedía Empitalito; precisó que «porque de ahí salió que si queríamos

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Radicación n.° 93899 trabajar teníamos que, esto, crear unas empresas asociativas, porque incluso una fue Empresa Asociativa Gloría Calderón y la otra fue empresa, esto. Empresa Asociativa S.A.S., que fue las que yo igual tuve». Agregó, que en lo referente al personal que laboraba para las empresas que creó, el mismo lo determinaba la encartada, pues tenía un listado en el que se le indicaba con qué personas iba a trabajar. Sostuvo, que no podía disponer del poder contratante en tanto que era Empitalito quien decía a quién contratar. Dicho, respecto del cual afirmó el ad quem, se encontraba en contradicción por lo aseverado por la misma deponente, cuando afirmó que vinculó personas de su núcleo familiar al servicio de las empresas por aquella creadas. Adujo, que esta misma declarante advirtió que cuando se le indagó sobre quien pagaba los salarios, dijo que: «Después del 2004, ahí salía el cheque para pagarle a las

trabajadoras y para comprar las bolsas, para comprar todo lo que se utilizaba para hacer el trabajo, y cuando no nos daban escobas nos tocaba llevar escobas de ramas e indicó que " cuando una operaria no asistía que «les pagaban el cheque completo y ellas distribuían el dinero, en el evento en que no asistiera una trabajadora, le enviaba un remplazo y se le cancelaba el día», además, que: «Ese remplazo, en el caso mío muchas veces me tocó hacerlo porque la persona no llegaba en el momento y me tocaba a misma ponerme a hacerlo».

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Radicación n.° 93899 Expresó, que la testigo Nubia Claros Calderón, sostuvo que conoció a la demandante porque laboró con su progenitora; que ostentó la posición de supervisora de aseo y tenía a su cargo 40 personas entre hombres y mujeres; que quien las supervisaba era el señor Segundo Reyes; que él era quien verificaba el trabajo, como estábamos organizadas y si la gente llegaba; que luego, sostuvo que. Yo debía estar pendiente de ellas, de la entrada y de la salida, de irme con ellas a los tramos, a veces, o sea cada seis meses en la parte céntrica, los otros 6 meses en la parte de las avenidas, y el horario cuando ellas terminaran, allá no podía dejar yo que ellas dejaran, por decir una avenida empezada, se empezaba y se terminaba, porque el supervisor era el Inspector de aseo. Afirmó, por último, que el valor que se le cancelaba mensual era el estipulado en el contrato, sin importar que las trabajadoras asistieran o no, pues en dicho evento podían

suplir el vacío con otra persona a la que se le cancelaba lo pertinente. Respecto a la deponente Claudia Jimena Náñez Palomino, esta indicó, que conoció a la actora desde que tenía 13 años, por cuanto su ascendiente laboró junto con la demandante; que en esa época acompañaba a su mamá y le colaboraba con el barrido para sacar los tramos más rápido; señaló que su tía trabajó con doña Habida, con don Miguel, con doña Gloria; que ella como trabajó con todos los contratistas, a veces los cambiaban de grupos y de contratistas.

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Radicación n.° 93899 Así mismo, atestiguó cuando se le preguntó ¿si el señor Segundo Reyes les decía qué calles barrer? «No, eso más que todo los hacía la coordinadora, era la que nos asignaba los tramos»; que quien asignaba los turnos era el contratista quien armaba los grupos y que «a veces nos tocaba en tiempos de fiesta, nos tocaba en ir madrugada para el coliseo, o así, en tiempo de san pedro en el centro, entonces se cuadraba a la madrugada y en la mañana la programación de las fiestas». Dijo, que, en temas de incapacidad y permisos, todo se debía dirigir a la contratista, porque aquella era la que pagaba, y respecto a la terminación del vínculo contractual, se le comunicaba únicamente a la contratista, sin la necesidad de informar a Empitalito. En cuanto al testigo, Segundo Antonio Reyes, Inspector de aseo de Empitalito, expuso que la actora no laboró para la demandada; que la observó trabajando en una empresa que

tenía, que no acuerda si era la señora Gloria Calderón. Al preguntársele sobre a la imposición de órdenes afirmó que: «Contratista, a los contratistas se les da no orden, que quede claro porque hay veces que toman las cosas de otra manera, no es una orden, al contratista que se le decía al juez, sí no ha cumplido el objetivo del contrato, se le llama la atención, al contratista, no es ordenar, sino que exigir el contrato». Refirió, frente al otorgamiento de permisos que no podía darlos porque no eran trabajadores de las empresas pública; que no tenía nada que ver con él lo referente al pago de las incapacidades y que en Empitalito nunca se hacían reuniones; y que

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Radicación n.° 93899 […] la señora Gloría reunía a la gente en Empresas Públicas que ahí se guardaban los carritos, unos carritos manuales y cuando estaban reunidas pues obvio uno entra allá a la empresa, y lo primero que le decían era venga don Segundo colabóreme para que sepan que sí es verdad lo que yo les estoy diciendo a ellas, por ejemplo, de que cumplieran con el horario, los recorridos que no llegaran sin tapabocas, si, que era lo que uno más les recalcaba a las contratistas». Advirtió, que el elemento diferenciador del contrato de trabajo frente a las demás modalidades de vinculación es la subordinación jurídica del trabajador respecto del empleador; la cual se materializa en la imposición y el acatamiento de órdenes, y acorde con el artículo 167 del

C.G.P., recordó que es al trabajador a quien le corresponde acreditar la prestación personal del servicio, para que se pueda dar aplicación a la presunción establecida en el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945, pues de acuerdo con el artículo 166 del CGP las presunciones son procedentes siempre y cuando los hechos en que se funden estén acreditados (CSJ SL4143-2019). Acotó, que si bien la demandante alegó la prestación personal del servicio a favor de la demandada Empresas Públicas Domiciliarias de Pitalito -Empitalito E.S.P., en aplicación del principio de la realidad sobre las formas, se evidenciaba de la valoración probatoria efectuada que en manera alguna existió subordinación entre las partes intervinientes, toda vez que si bien se invocó la obediencia de la señora Graciela Palomino Losada frente al Inspector de aseo Segundo Antonio Reyes, funcionario de Empitalito E.S.P., tal afirmación fue derruida por los testimonios de

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Radicación n.° 93899 Claudia Jimena Náñez Palomino y Segundo Antonio Reyes, toda vez, que la primera sostuvo, que: «El contratista, era el que armaba los grupos, digamos en veces nos tocaba en tiempos de fiesta, nos tocaba en la madrugada para el coliseo, o así, en tiempo de san pedro en el centro, entonces se cuadraba a la madrugada y en la mañana la programación de las fiestas» e igualmente precisó que en lo referente a permisos, incapacidades médicas, incluso para desvincularse de la labor, todo era direccionado a la

contratista, sin la necesidad de solicitar autorización de la entidad convocada. Apuntó, que tal dicho se acompasaba con lo expuesto por la testigo Nubia Claros Calderón, pues aquella soportó, en lo pertinente, que: Yo debía estar pendiente de ellas, de la entrada y de la salida, de irme con ellas a los tramos, a veces, o sea cada seis meses en la parte céntrica, los otros 6 meses en la parte de las avenidas, y el horario cuando ellas terminaran, allá no podía dejar yo que ellas dejaran, por decir una avenida empezada, se empezaba y se terminaba, porque el supervisor era el Inspector de aseo. Acentuó, que lo anterior se ajusta a lo sostenido por el declarante Segundo Reyes (Inspector de aseo), en punto a que: El Contratista, a los contratistas se les da no orden, que quede claro porque hay veces que toman las cosas de otra manera, no es una orden, al contratista lo que se le decía al juez, si no ha cumplido el objetivo del contrato, se le llama la atención al contratista, no es ordenar, sino que exigir el contrato.

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Radicación n.° 93899 Dijo, que en lo que hace a las versiones rendidas por María Gloria Calderón de Claros y Nubia Claros Calderón, evidenció contradicción en sus dichos, pues si bien afirmaron haber estado bajo la subordinación del señor Segundo Antonio Reyes, y que Empitalito era quien les imponía el personal a contratar cuando constituyeron las empresas asociativas de trabajo, lo cierto era que, respecto de la primera aludidas, aquella ejerció el poder contratante al

vincular a familiares suyos en la compañía; mientras que la segunda, pese a aducir la imposición de órdenes por parte del inspector de aseo, ella misma afirmó que ejercía el control en la entrada y salida del personal a su cargo. Sumó a lo anterior que, en ambos casos, se les cancelaba el valor total del contrato, así no asistiera alguna de las trabajadoras, por lo que disponían a su libre arbitrio de buscar el remplazo de la trabajadora ausente y cancelarle lo pertinente, y que eran aquellas las contratistas, quienes suministraban los elementos de trabajo, todo adquirido con el dinero proveniente del pago del contrato de prestación de servicio, mismo del que cancelaban los salarios. En consonancia con lo expuesto, dijo que era claro que la demandante sostuvo una dependencia de funciones frente a personas naturales y jurídicas disímiles a aquella contra quien se dirigió la acción ordinaria; que se logró acreditar que el individuo frente al que se formuló la dependencia, desvirtuó tal condición, ya que las directrices que impartía el señor Segundo Antonio Reyes, las dirigía directamente respecto de las contratistas y no frente a las operarias de

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Radicación n.° 93899 barrido, en tanto estas últimas eran dependientes en un todo de la natural o jurídica que la vinculó a la labor. A efecto, recordó lo expuesto en la sentencia CSJ SL4027-2017, relacionada con la acreditación plena de la prestación del servicio para la activación de la presunción del artículo 24 del CST, en concordancia con el artículo 53 CP, de la cual acopió la parte correspondiente, para decir, que tal

situación no se da en el sub examine, pues la prestación del servicio por parte de la actora no lo fue frente a la llamada a juicio en atención a la prueba que se recaudó que daba cuenta de ello. También rememoró la sentencia CSJ SL2885-2019, en la que se precisó que, en la contratación civil, pese a alegarse la independencia del contratista, es completamente permitido la imposición de directrices, el establecimiento de medidas de supervisión, solicitar informes e incluso fijar horarios, siempre que tales actuaciones no desborden la finalidad del objeto contractual y se convierta en actos subordinantes En relación a ese precedente determinó, que el hecho de que la sociedad demandada ejerciera control respecto al direccionamiento de las labores a ejecutar por las prestadoras del servicio de aseo, en manera alguna es indicativo de subordinación, pues el referido control se ejercía a través de la contratista representante de las empresas asociativas de trabajos, lo cual implica la supervisión y el control en la calidad de la ejecución del

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Radicación n.° 93899 contrato, pero que en manera alguna se probó el direccionamiento para con las operarias, aspectos estos que en nada riñen con el objeto del contrato de prestación de servicios suscrito por las partes, y que menos aún, decantan en una subordinación para con la actora . De otra parte, el Colegiado adujo que lalabor de barrido de las calles, avenidas y parques de la municipalidad de Empitalito se ejecutó bajo la sucesiva contratación de Empresas Asociativas de Trabajo, personas jurídicas y

naturales, que bien podría decantar en una vulneración al derecho de los trabajadores al presentarse la figura del contratista aparente y, por ende, una indebida intermediación laboral, para lo cual consideró pertinente remitirse a lo dispuesto en los artículos 17 del Decreto 4588 de 2006, norma compilada en el artículo 2.2.8.1.16 del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 y 7° de la Ley 1233 de 2008, las cuales acopió. Precisó, de dichas disposiciones que existe una prohibición legal frente a las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado respecto a disponer de las labores de los asociados para suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión, así como permitir la generación de relaciones de subordinación o dependencia con los contratantes, pues de constatarse este tipo de prácticas, se configuraría la institución de la intermediación laboral, por lo que los intervinientes en el negocio jurídico pasan a ser responsables solidarios de las obligaciones que emerjan a favor del trabajador.

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Radicación n.° 93899 Puntualizó, que la jurisprudencia ha establecido que, de probarse la prestación efectiva del servicio por parte del trabajador respecto del tercero contratante, y la continua subordinación del segundo frente al primero, se configura, en el plano de la realidad, una relación de trabajo entre aquellos, y l