CSJ - SL1531-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada Ponente SL1531-2023 Radicación n.º 95928 Acta 21 Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., frente a la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 30 de noviembre de 2021, dentro del proceso que ALBERTO COQUE adelantó en su contra y de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, integrando además como litisconsorte

necesario a LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO.

AUTO Se acepta la renuncia del poder presentada por el abogado Samir Vargas Moreno como representante de la

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Radicación n.° 95928 Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, identificado con la cédula de ciudadanía n.º 1.052.312.490 y tarjeta profesional n.º 238.130 del Consejo Superior de la Judicatura, según memorial allegado a este despacho el 28 de marzo de 2023.

I. ANTECEDENTES Alberto Coque demandó a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. (en adelante Protección S.A.) y a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), con el fin de que se declarara la «nulidad» del traslado realizado del Régimen de

Prima Media al de Ahorro Individual.

Conforme lo anterior, solicitó que se entendiera vinculado sin solución de continuidad y para todos los efectos a Colpensiones, debiendo Protección S.A. remitirle a dicha entidad el saldo total de sus aportes contenidos en la cuenta individual, junto con los rendimientos financieros y demás valores a los que hubiera lugar. Por otra parte, requirió que Protección S.A. fuera condenada a la indemnización por perjuicios y Colpensiones a concederle la pensión legal de vejez según los términos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. Finalmente, buscó el pago del retroactivo por concepto de la diferencia entre las mesadas concedidas y las pretendidas, así como los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de todas las sumas adeudadas.

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Radicación n.° 95928 Como fundamento de sus pretensiones, indicó que nació el 7 de agosto de 1949 y que estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) desde el 18 de junio de

1970. A su vez, mencionó que es beneficiario de la transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años.

Por otro lado, mencionó que el 29 de julio de 1994 se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Protección S.A., como consecuencia de la insuficiencia en el deber de información y la equivocada asesoría que le brindó el asesor comercial que lo atendió.

Explicó que no le mencionaron las ventajas y desventajas de pertenecer a uno u otro régimen y que, por el contrario, le prometieron que el valor de la mesada pensional sería superior en un fondo privado a la que eventualmente le correspondería en el ISS. Incluso, agregó que no le comunicaron nada relacionado con la posible pérdida del beneficio de la transición, a saber, el aumento de la edad para pensionarse o la disminución en el tope de su tasa de reemplazo. Concretamente, dijo que su voluntad al momento de suscribir el formulario de afiliación y de vincularse a Protección S.A. «[…] estuvo viciada por un error en la causa, es decir, en los móviles determinantes inducidos por el fondo, quien tergiversó la información pensional a su conveniencia para que con el traslado persiguiera un fin imposible de

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Radicación n.° 95928 alcanzar el cual era una condición pensional mejor, motivo por el cual dicha afiliación padece de nulidad». Advirtió que, al estar cobijado por el régimen de transición, tenía derecho a que le fuera reconocida la pensión en el Régimen de Prima Media con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. Lo anterior, comoquiera que contaba con 1324 semanas en toda su vida laboral y que 624 dentro de los últimos veinte años previos al cumplimiento de los 60 años (7 de agosto de 2009). Sin embargo, argumentó que el 3 de marzo de 2015 Protección S.A. le otorgó una prestación de vejez bajo la modalidad de garantía de pensión mínima, a partir del 21 de

agosto de 2014. A su juicio, esto configuró un detrimento notable en su ingreso mensual, ya que el valor de la mesada en el Régimen de Ahorro Individual fue de $616.000, mientras que en Colpensiones hubiera sido de $1.467.738 para el 2009. Planteó que, el engaño producido por el fondo privado, […] lo ha sumido en un estado de constante preocupación y desazón, de cara a la prestación bajo las condiciones desfavorables de la mesada que percibe, frente a las condiciones pensionales de vejez en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, situación que contraría en sumo grado su proyecto de vida y el de su familia, todo lo cual se traduce en la concurrencia de un evidente perjuicio moral. Agregó que debían concederle la indemnización plena de perjuicios, por concepto de la diferencia entre la mesada que le reconocieron y a la que tendría derecho en

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Radicación n.° 95928 Colpensiones, el retroactivo generado, los intereses moratorios y el «[…] gasto adicional de la asesoría profesional de abogado, conforme al contrato de prestación de servicios suscrito el 19 de febrero e 2018». Finalmente, sostuvo que elevó un derecho de petición ante Colpensiones el 7 de noviembre de 2018, buscando la nulidad de la afiliación a Protección S.A. y su regreso al Régimen de Prima Media y en los anteriores términos, dejó agotado en debida forma la reclamación administrativa. Al contestar la demanda, Colpensiones se opuso a la

prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con la afiliación del demandante al ISS, el tiempo de permanencia y posterior traslado a Protección S.A. y el agotamiento de la reclamación administrativa. Sobre los demás, aseguró que no eran ciertos o no le constaban. Aclaró que, si bien el señor Coque era inicialmente beneficiario de la transición, lo cierto es que perdió dicha prerrogativa al trasladarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Por tal motivo, precisó que no era posible estudiar la pensión de vejez con base en el Acuerdo 049 de 1990, mucho menos si ya se encontraba percibiendo una prestación a cargo de Protección S.A. En lo concerniente al traslado de régimen pensional, concluyó que no tuvo ninguna injerencia en la decisión que tomó el demandante para trasladarse a Protección S.A.,

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Radicación n.° 95928 sobre todo porque fue dicho fondo el que le brindó la asesoría al señor Coque y fue con ella con quien suscribió el formulario de afiliación. Por otro lado, que la declaratoria solicitada implicaba necesariamente demostrar la existencia de vicios del consentimiento, lo que en efecto no se hizo a través de las pruebas del expediente y que las negaciones indefinidas no eran suficientes para que prosperara la pretensión. En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción. Protección S.A. se opuso también a la prosperidad de

las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó que el señor Coque estuvo vinculado al ISS, su traslado al Régimen de Ahorro Individual y el reconocimiento de su pensión de vejez en los términos señalados. Frente a los demás, advirtió que no le constaban. Argumentó que le brindó toda la información y asesoría que estaba a su cargo, motivo por el que este suscribió voluntariamente el formulario de afiliación. Puntualmente, sostuvo que le comunicó que la rentabilidad de sus aportes y el monto de su mesa pensional era variable, dependiendo del capital acumulado y de la modalidad que hubiera escogido.

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Radicación n.° 95928 Respecto del presunto vicio del consentimiento al que fue inducido, expuso que el error, fuerza o dolo no fueron demostrados por el demandante y que, por el contrario, sí se acreditó que firmó libremente el formulario de afiliación que por ley constituye el medio idóneo para acreditar dicho acto jurídico. Acerca de la posible afectación sobre el valor de su mesada, insistió en que el demandante ya está pensionado desde el 21 de agosto de 2014, por lo que llevaba más de cuatro recibiendo los pagos sin ninguna advertencia, así como el retroactivo que en su momento le fue consignado. Es más, respecto de la imposibilidad de declarar la ineficacia o nulidad del traslado de una persona con la calidad de pensionado, agregó que podía atentar contra el principio de sostenibilidad financiera del sistema y desestimular la obtención de mayor rentabilidad en las cotizaciones.

Por último, en lo que concierne a la improcedencia de condenar al pago de una indemnización de perjuicios solicitada, razonó así: De lo anterior es viable indicar que, mi representada NO le ha ocasionado un perjuicio al demandante, pues corresponde a la (sic) demandante demostrar además del daño, el nexo causal que existe entre ese daño y la conducta presuntamente realizada por PROTECCIÓN S.A. En el presente caso, la decisión de trasladarse al RAIS, es únicamente imputable al demandante sin que con ello se derive ningún perjuicio o deterioro, que por lo demás, no se evidencia su tasación en la demanda, al tenor de lo dispuesto por las normas procesales. En su defensa, propuso las excepciones que denominó «Validez de la afiliación a Protección S.A.», buena fe,

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Radicación n.° 95928 «Inexistencia del vicio del consentimiento por error de derecho», prescripción, «Inexistencia de engaño y de expectativa legítima», «Nadie puede ir en contra de sus actos propios» y compensación. Mediante auto del 6 de marzo de 2019, el juzgado de conocimiento ordenó integrar como litisconsorte necesario a La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público (en adelante Ministerio de Hacienda). Al contestar la demanda, se opuso a todos los hechos y pretensiones y, a su vez, dijo que se atenía a lo que se encontrara probado dentro del proceso. Finalmente, se pronunció acerca del bono pensional y aseguró que este fue emitido y redimido en debida forma a

través de la Resolución n.º 13163 del 27 de octubre de 2014, por lo que no tenía obligación bajo ningún concepto. A su vez, expuso que, […] esta oficina responde únicamente por la liquidación, emisión, expedición, redención, pago o anulación de bonos pensionales o cupones de bonos pensionales a cargo de la Nación, procedimientos que se efectúan con base en las solicitudes que al respecto realicen las Administradoras del Sistema General de Pensiones, lo que de entrada nos lleva a concluir que la vinculación de la Oficina de Bonos Pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al presente litigio, resulta TOTALMENTE INOFICIOSA al no estar facultada legalmente para pronunciarse respecto de la “eventual” NULIDAD de la vinculación del demandante al RAIS y/o su TRASLADO a

COLPENSIONES.

En su defensa, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción y buena fe.

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Radicación n.° 95928 Protección S.A. presentó demanda de reconvención, a través de la cual solicitó que le fueran reintegradas las mesadas pensionales que ha pagado a partir del 21 de agosto de 2014. Para fundamentar su pretensión, explicó la forma en que funciona el Sistema General de Pensiones, la diferencia entre regímenes, formas de financiación y modalidades de reconocimiento de la pensión de vejez, con el fin de que se entendiera que la condición de pensionado del demandante involucró no solo a otro tipo de capitales diferentes al monto

ahorrado y sus rendimientos, sino también diferentes entidades como el Ministerio de Hacienda a través de la emisión y redención del bono pensional. Lo anterior, además, le permitió atribuirle a la teoría de la ineficacia la causa de desincentivación de las inversiones a mediano y largo plazo producto de la rentabilidad que generan las cotizaciones en el mercado. Finalmente, argumentó que en caso de ser condenada al pago de la indemnización de perjuicios no tendría el capital necesario para asumir la obligación, pues faltaría alguno de los elementos con los que se financia la pensión en el Régimen de Prima Media. Al responder la demanda de reconvención, Alberto Coque se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, insistió en su condición de pensionado por parte de

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Radicación n.° 95928 Protección S.A., así como las correspondientes mesadas que le han venido pagando. A pesar de eso, negó la posibilidad de reintegrar dichos valores puesto que fueron recibidos de buena fe bajo una legítima causación según los requisitos dispuestos en la Ley 100 de 19993, además que fue culpa del fondo privado por su omisión e incumplimiento, que se produjera un traslado ineficaz entre regímenes el cual le ocasionó un perjuicio irremediable. En su defensa, presentó las excepciones denominadas «Inexistencia de la obligación de pagar mesadas pensionales canceladas por parte de Protección S.A.», prescripción y cobro de lo no debido.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali mediante

sentencia proferida el 30 de junio de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones formuladas por COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO respecto de la declaratoria de nulidad de traslado.

SEGUNDO: DECLARAR la NULIDAD DEL TRASLADO del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, efectuado por el señor ALBERTO COQUE y de todas las afiliaciones que ésta (sic) haya tenido a administradoras del último régimen, conservándose en consecuencia, en el régimen de prima media con prestación definida, administrado actualmente por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, sin solución de continuidad.

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TERCERO: CONDENAR a PROTECCIÓN S.A. a trasladar los aportes que tiene en su cuenta de ahorro individual el señor ALBERTO COQUE junto con sus respectivos rendimientos y gastos de administración sin descuento alguno por los rubros que recibió el demandante.

CUARTO: DEJAR SIN EFECTOS EL RECONOCIMIENTO PENSIONAL concedido al señor ALBERTO COQUE por PROTECCIÓN y todas las actuaciones que resulten conexas incluyendo todo lo relativo a la emisión y redención del bono pensional, siendo necesario que retorne por parte de PROTECCIÓN los dineros recibidos por tal concepto por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público debidamente

indexados.

QUINTO: DECLARAR que el señor ALBERTO COQUE es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

SEXTO: DECLARAR PROBADA la excepción de PRESCRIPCIÓN respecto del reconocimiento y pago de pensión respecto de todo lo que se haya hecho exigible con anterioridad al 6 de noviembre del año 2015.

SÉPTIMO: CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer a favor del señor ALBERTO COQUE pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 de forma vitalicia a partir del 6 de noviembre de 2015 en las cuantías establecidas en la presente providencia.

OCTAVO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a favor del señor ALBERTO COQUE las diferencias generadas entre el 6 de noviembre de 2015 y hasta que quede ejecutoriada esta sentencia.

NOVENO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar el 100% de la mesada pensional a favor del señor ALBERTO COQUE a partir de la ejecutoria de esta providencia.

DÉCIMO: DECLARAR PROBADA la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN respecto de los intereses moratorios que se reclaman.

DÉCIMO PRIMERO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar indexación sobre la totalidad de las diferencias insolutas causadas a partir de la ejecutoria de esta sentencia y hasta que se haga efectivo el pago.

DÉCIMO SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN respecto de la solicitud de indemnización por perjuicios y en consecuencia ABSOLVER a

PROTECCIÓN S.A. de dicha pretensión.

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Radicación n.° 95928 […] DÉCIMO CUARTO: DECLARAR probada la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN propuesta por el señor ALBERTO COQUE respecto de las pretensiones que en su contra formuló PROTECCIÓN S.A. […] DÉCIMO SEXTO: DE LOS DINEROS QUE DEBE reconocer COLPENSIONES se autoriza para que esta descuente los dineros que por concepto de seguridad social en salud debe asumir el demandante ALBERTO COQUE.

DÉCIMO SÉPTIMO: INFÓRMESE al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio del Trabajo sobre la remisión del expediente ante el Tribunal Superior de Cali.

Mediante auto interlocutorio n.º 1572 del 30 de junio de 2020, el juzgado decidió: […] ACLARAR el numeral SÉPTIMO de la sentencia que acaba de proferirse en el sentido de indicar que las mesadas pensionales anuales ascienden al número de 14 mesadas, como consecuencia de ello, la respectiva liquidación se efectúa por parte del despacho.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación presentados por el demandante, Protección S.A. y Colpensiones, así como al surtirse el grado jurisdiccional de consulta en favor de esta última, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali mediante fallo proferido el 30 de noviembre de 2021, dispuso: PRIMERO: REVOCAR la sentencia consultada y apelada N.º 111

del 30 de junio de 2020, proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, y en su lugar, declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación formulada por COLPENSIONES y parcialmente probada la de prescripción elevada por PROTECCIÓN S.A. respecto de las diferencias insolutas

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Radicación n.° 95928 causadas con anterioridad al 22/11/2015, se niega las pretensiones de la demanda de reconvención, por las razones esgrimidas en la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a PROTECCIÓN S.A. al pago de la mesada reconocida al señor ALBERTO COQUE en el RAIS y la estimada en el RPMPD, entre el 22/11/2015 al 31/10/2021 por la suma de $69.550.155, suma que deberá ser indexada desde el 22/11/2015 y hasta que se verifique el pago; a partir del 01/11/2021 PROTECCIÓN S.A. continuará pagando la pensión de vejez del demandante en la totalidad de la mesada que le hubiere correspondido en el RPMPD en forma vitalicia y transmisible a los beneficiarios en cuantía de $1.851.417 con su respectivo incremento para cada anualidad de acuerdo al IPC.

Para fundamentar su decisión, señaló que el eje central de la discusión consistía en establecer si Protección S.A. cumplió con el deber de información a su cargo para la fecha en que el señor Coque se trasladó al Régimen de Ahorro Individual, so pretexto de que se declarara la ineficacia de

dicho acto jurídico. Indicó que, según el precedente de esta Corporación, la administradora accionada debía suministrar asesoría y buen consejo al demandante acerca del régimen de pensiones que le resultara más favorable, dependiendo de sus condiciones particulares y de las implicaciones que esto traería frente al reconocimiento de su derecho prestacional. Sin embargo, una vez traída a colación la providencia CSJ SL2946-2021, en donde la Corte desarrolló la teoría de la ineficacia del traslado con fundamento en los artículos 13, literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993, concluyó que Protección S.A. no acreditó el suministro de la información necesaria para que el señor Coque decidiera libre y

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Radicación n.° 95928 voluntariamente vincularse al Régimen de Ahorro Individual el 1º de agosto de 1994. En todo caso, planteó que dicha situación no era suficiente para declarar la ineficacia del traslado, pues en virtud de la sentencia CSJ SL373-2021, esta pretensión no procedía para aquellas personas que ostentaran la calidad de pensionados, lo cual en el caso del demandante sucedió a partir del 21 de agosto de 2014. Sobre el particular, mencionó lo siguiente: De lo anterior se colige que la adquisición del estatus de pensionado de los afiliados al sistema pensional que pretendan la ineficacia de su traslado del RPMPD al RAIS, da pie a una serie de situaciones que permite la participación de terceros de buena fe, máxime, si como es del caso objeto de análisis la negociación

del bono pensional en el mercado de valores; lo anterior podría ocasionar una grave afectación financiera al sistema pensional colombiano […]. Lo anterior, a juicio del Tribunal, daba lugar a revocar la decisión del juzgado en lo concerniente a la declaratoria de la ineficacia. No obstante, en lo que tiene que ver con la condena a la indemnización por perjuicios que fue solicitada subsidiariamente, propuso que, […] de por sí, encuadrar la situación fáctica dentro del derecho de daños puede tener un tono de cosificación de un derecho fundamental, afectándose la dignidad humana del pensionado, cuando se pudo hablar de que el fondo privado de pensiones tendría que compensar la situación a través de una pensión complementaria o adicional, aspecto más acorde con la naturaleza jurídica de los derechos sociales en juego, quedándonos dentro del concepto de tutela reintegradora.

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Radicación n.° 95928 En consecuencia, consideró que ordenar el pago de la indemnización pretendida era solo una forma de reparar el daño causado por el fondo y que, según su forma de ver, no guardaba relación directa con la vulneración del derecho a la seguridad social, el cual exige una medida que restablezca las condiciones reales en que se debió conceder la pensión de vejez, a saber, en los términos del Régimen de Prima Media. Así las cosas, dispuso que el señor Coque debía recibir por parte de Protección S.A., a modo de reparación, la reliquidación del valor de su mesada pensional como si esta hubiera sido otorgada por Colpensiones, así como el

retroactivo por concepto de la diferencia entre lo concedido y lo pretendido. La base de su razonamiento fue la siguiente: No podemos quedarnos en los términos del artículo 2341 del Código Civil cuando enuncia que todo el que causa un daño debe indemnizarlo, pues, es norma posterior y más moderna la expresión reparación integral que se desprende del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, lo cual se compagina con el derecho afectado por el daño, respecto al cual nos referiremos enseguida. El derecho afectado con el daño de la falta de información es la pensión de vejez en su cuantía, cuya naturaleza jurídica va ligada al derecho fundamental de la Seguridad Social, amén de ser un derecho de tracto sucesivo, vitalicio y transferible a los beneficiarios al momento de la muerte, por tanto, la reparación debe darse en los mismos términos característicos del derecho afectado. Bajo las anteriores caracterizaciones la reparación debe ser de tracto sucesivo, es decir, pagada bajo mensualidades, vitalicia y transmisible a los beneficiarios, pues de no tener esas connotaciones, no estamos en presencia de una verdadera reparación. Adicionalmente, en este caso es posible aplicar la teoría de la diferencia entre el derecho que recibiría el demandante de no ser conculcado y el derecho como quedó producto de la afectación por la conducta del demandado.

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Radicación n.° 95928 […] En conclusión como se encuentra acreditado que el señor ALBERTO COQUE ostenta la calidad de pensionado en el RAIS bajo la modalidad de retiro programado bajo garantía de pensión mínima y del estudio de la demanda se observa que entre las

pretensiones se solicita el pago de una indemnización por parte de PROTECCIÓN S.A. esta se traduce en la mesada que le hubiere correspondido en el RPMPD conforme al precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencia SL373 del 10 de febrero de 2021 […]. Ahora bien, para calcular las sumas que debe reconocerle Protección S.A. al demandante, empezó por liquidar la pensión de vejez bajo el escenario en que esta hubiera sido adjudicada por Colpensiones. Por lo tanto, dijo que el señor Coque era beneficiario de la transición por tener más de 40 años al 1º de abril de 1994 (nació el 7 de agosto de 1949). Así mismo, tuvo por probado que registró un total de 1300,57 semanas en su vida laboral, de las cuales 883 se registraron antes del 29 de julio de 2005. En ese orden de ideas, esgrimió que le era aplicable el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. Al respecto, calculó el Ingreso Base de Liquidación IBL con el promedio de toda la vida laboral y de los aportes hechos en los últimos diez años, estimando que este último le era más favorable; que al aplicarle una tasa de reemplazo del 90%, la primera mesada equivalía a $1.396.449 a partir del 21 de agosto de 2014 y para 2021 sería de $1.851.417. En lo que tiene que ver con la excepción de prescripción propuesta, dijo que todas las mesadas causadas con

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Radicación n.° 95928 anterioridad al 22 de noviembre de 2015 estaban prescritas,

dado que la demanda inicial se radicó el 22 de noviembre de 2018. Así pues, estimó que Protección S.A. debía seguir pagando la pensión de vejez sobre el valor real al que tiene derecho y, como retroactivo, cancelar la suma de $69.550.155 calculada entre el 22 de noviembre de 2015 y el 31 de octubre de 2021.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Protección S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos en que es presentado y de acuerdo con los alcances y limitaciones del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad recurrente que la Corte case la sentencia atacada, para que, una vez constituida en sede de instancia, revoque la del juzgado y sea absuelta de la totalidad de las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera, los cuales son replicados y se resuelven conjuntamente, comoquiera que persiguen el mismo fin y se fundan en similares disposiciones normativas.

VI. PRIMER CARGO

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Radicación n.° 95928 Acusa la sentencia recurrida de ser violatoria, […] por la vía directa, por la infracción directa de los artículos 164 y 281 del Código General del Proceso, aplicables de conformidad con lo previsto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, violación medio que llevó a la interpretación errónea de los artículos 13 literal c) y e) -modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003-, 81 y 271 de la Ley 100 de 1993 y 16 de la

Ley 446 de 1998; y por la infracción directa de los artículos 63, 1502, 1746 y 2341 del Código Civil, 72 literal f) del Decreto 663 de 1993, 4º y 15 del Decreto 656 de 1994, 20, 48, 53 y 228 de la Carta Magna; 8º de la Ley 153 de 1887, 29, 83 y 230 de la Constitución Política y 1º del Acto Legislativo 01 de 2005. En la demostración del cargo, sostiene que no hubo relación entre las pretensiones solicitadas en la demanda inicial y las condenas impuestas por el Tribunal, lo que a su juicio supone una vulneración de la figura jurídica de la congruencia y, para los fondos, los derechos fundamentales de contradicción y debido proceso. Concretamente, explica que el señor Coque ya está pensionado por Protección S.A., lo que significa que no puede declararse la ineficacia de su afiliación al Régimen de Ahorro Individual ni mucho menos ordenarse la reliquidación de la prestación según lo que le hubiera correspondido en Colpensiones, toda vez que la jurisprudencia de esta Corporación le ha dado un trato diferente a este tipo de escenarios. Así las cosas, argumenta que en el caso de los pensionados solo sería procedente una eventual condena por concepto de indemnización, lo cual exige que la persona demuestre que hubo una falta del deber de información,

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Radicación n.° 95928 aunado a la existencia de un daño y el nexo causal con la

culpa. Sin embargo, dice que el demandante no acreditó tales supuestos, así como que el Tribunal no los analizó en sus consideraciones, por lo que tampoco sería posible imponer una condena en ese sentido. Con lo cual, concluye: […] es claro que allí se menciona que puede haber lugar a una indemnización, lo que respetando el derecho de defensa de la Administradora conllevaría a que se probase un daño, una culpa y un vínculo causal entre esa culpa y ese daño, todo bajo la obvia premisa de que quien pretenda obtener un beneficio debe probar ser acreedor legítimo de él. No obstante, en el caso que nos ocupa, y para imponer su injusta condena, el sentenciador de segunda instancia ni siquiera se molestó en examinar si se demostró la falta de asesoría y la consecuente incapacidad del señor Coque para expresar un consentimiento informado, pues lo dio como un firme supuesto, claro está, fruto de su mente y no como un producto del análisis del acervo probatorio, instrucción que Protección S.A. siempre alegó haber brindado (como lo tuvo que ver el Tribunal y lo cual no se controvierte en este embate) y lo que se constituía en un razonamiento contundente que, a la luz de lo señalado por el artículo 83 de la Carta Magna en materia de presunción de buena fe, debía ser desvirtuado por el señor Coque, acción que brilla por su ausencia. Así las cosas, y bajo la óptica de la jurisprudencia de la H. Sala antes reproducida, lo perseguido por el recurrente no tiene sentido alguno, pues su carácter jurídico real es el de pensionado

por vejez y no el de simple afiliado al sistema general de pensiones que busca que le sea otorgada una prestación de vejez, estatus absolutamente diferentes, que producen consecuencias totalmente distintas y a las que debe darse un tratamiento jurisprudencial diverso, de suerte que si lo que el señor Coque quería era obtener una indemnización estaba obligado a probar que era merecedor de ella a la luz de lo consagrado en el artículo 164 del Código General del Proceso.

VII. SEGUNDO CARGO Advierte que el Tribunal vulnera,

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Radicación n.° 95928 […] por la vía directa, por la inter