CSJ - SL1536-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1536-2023 Radicación n.° 89200 Acta 23 Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Corte procede a proferir la sentencia de instancia dentro del proceso ordinario laboral que instauró MARTHA

LIGIA SÁNCHEZ BENÍTEZ contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES – PAR CAPRECOM LIQUIDADO, administrado por la FIDUCIARIA LA

PREVISORA S.A.

I. ANTECEDENTES Mediante sentencia CSJ SL159-2023, esta corporación casó el fallo dictado el 12 de agosto de 2020 por la Sala

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Para mejor proveer, se ordenó que, por Secretaría, se oficie al Patrimonio Autónomo de Remanentes - PAR

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Radicación n.° 89200 Caprecom Liquidado, administrado por la Fiduciaria la Previsora S.A., o a quien haga sus veces, a fin de que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, remita copia del contrato de fiducia mercantil No. CFM 3-1-67672 del 27 de enero de 2017, suscrito entre Caprecom EICE en liquidación y la Fiduciaria La Previsora S.A. o el que corresponda, para la constitución del Patrimonio Autónomo de Remanentes. Recibida la documentación respectiva y surtidos los

traslados del caso, sin que las partes se hubiesen pronunciado, conforme lo informa la Secretaría, la Sala procede a dictar la siguiente:

II. SENTENCIA DE INSTANCIA Según se dejó historiado al resolver el recurso de casación, Martha Ligia Sánchez Benítez llamó a juicio al

Patrimonio Autónomo de Remanentes - PAR Caprecom Liquidado, administrado por La Fiduciaria La Previsora S.A., para que, conforme al principio de primacía de la realidad, se declare la existencia de dos contratos de trabajo verbales a término indefinido, que en calidad de trabajadora oficial fueron ejecutados en los siguientes periodos: i) desde el 16 de noviembre de 2007 hasta el 10 de enero de 2015; y ii) entre el 6 de julio y el 31 de octubre de 2015. Como consecuencia de tales declaraciones, pidió que el accionado fuera condenado a pagarle las prestaciones sociales, la prima de navidad, la bonificación por servicios

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Radicación n.° 89200 prestados y recreación, vacaciones, prima de alimentación, auxilio de transporte, indemnización por despido injusto, sanción por la no consignación de las cesantías en un fondo prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el reintegro del pago de los aportes a salud y pensión, así como la indemnización moratoria, más las costas. Fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en que el 16 de noviembre de 2007 comenzó a prestar los servicios personales a favor de Caprecom EICE, hoy liquidada, a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado - CTA denominada

«Profesionales de la Salud Solidaria»; que desempeñó el cargo de «Técnico Administrativo en la Clínica Nuestra Señora de la Paz»; que esa vinculación se dio con diferentes entes cooperativos y se extendió hasta el 15 de mayo de 2012; que el 1 de junio de igual año suscribió un «contrato de prestación de servicios» con Caprecom EICE, el que, con diferentes adiciones y órdenes de prestación de servicios, se desarrolló hasta el 10 de enero 2015; que la última remuneración mensual fue de $597.516 y que a partir del 11 de enero de 2015 «no continuó prestando sus servicios a CAPRECOM EICE». Explicó que mediante el contrato de prestación de servicios OR66-0102-2015, nuevamente y desde del 6 de julio de 2015, se vinculó a Caprecom EICE; y que, no obstante haberse pactado una duración hasta el 31 de enero de 2016, le fue terminada la relación sin justa causa a partir del 31 de octubre de 2015, es decir, antes de la fecha acordada. Añadió que su última asignación mensual

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Radicación n.° 89200 ascendió a la suma de $1.271.000. Indicó que durante la prestación de sus servicios a Caprecom EICE, hoy liquidada, recibió órdenes para el cumplimiento de sus funciones por parte del director territorial y del médico del comité técnico científico de Risaralda; que se le impuso el cumplimiento de un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 a.m. hasta las 5:00

p.m.; que, en vigencia de los contratos, la demandada no le efectúo pago alguno por concepto de prestaciones sociales ni aportes a la seguridad social, pues éstos fueron asumidos por su parte en el 100%; y que elevó reclamación administrativa de las acreencias laborales legales y extralegales causadas a su favor, de la cual obtuvo respuesta negativa. Finalmente, puso de presente que mediante Decreto 2519 de 2015 se ordenó la supresión y liquidación de Caprecom EICE; que a través de acta suscrita el 27 de enero de 2017 se declaró la terminación del proceso y la extinción de los efectos legales de la persona jurídica. Especificó que, en virtud de lo previsto en los artículos 19 de la Ley 1105 de 2016 y 2 del Decreto 2125 de igual año, Caprecom en liquidación celebró contrato de fiducia mercantil con la Fiduprevisora S.A., para la administración del Patrimonio Autónomo de Remanentes y es por esto que «[…]demanda al Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR CAPRECOM

LIQUIDADO».

La Fiduciaria La Previsora, al dar contestación a la demanda, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los

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Radicación n.° 89200 hechos, manifestó que «teniendo en cuenta que a los representantes legales de las entidades de derecho público no les está permitido la confesión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 195 del CGP, este apoderado judicial no se referirá a cada uno de los hechos de la demanda». No obstante, dijo que conforme a las pruebas allegadas

al proceso, se evidenciaba que Caprecom EICE suscribió con la actora varios contratos de prestación de servicios, que fueron celebrados por la necesidad del servicio y a la luz de la Ley 80 de 1993, nexos contractuales que no generaban relación laboral, tal y como lo establece el artículo 23 ibídem, y fue esa la razón por la cual no se realizó el pago de las prestaciones que Sánchez Benítez en los supuestos fácticos de la demanda indicó no le fueron cancelados. Precisó que en momento alguno se le impartieron órdenes a la demandante que conllevaran subordinación, en su lugar, se le dieron directrices que estaban acordes a lo pactado en cada uno de los vínculos. Insistió en que no reconoció pago de derechos laborales a favor de la promotora de la contienda, ni aportes al sistema de seguridad social integral por cuanto los nexos no eran de trabajo o subordinados. Añadió que era cierta la reclamación administrativa presentada y su respuesta negativa. Puso de presente que nunca actuó de mala fe, pues la entidad siempre cumplió con su deber legal en los diversos contratos de prestación de servicios celebrados con la accionante. Adujo que no existió un despido y que tampoco

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Radicación n.° 89200 había lugar al pago de las prestaciones que se reclamaban y menos a la indemnización moratoria, toda vez que: […] es de público conocimiento que la entidad CAPRECOM EPS fue liquidada, proceso de liquidación ordenado por el Decreto 2519 de 2015 del 28 de diciembre de 2015 y el decreto 2192 de 2016 el cual fijó como fecha de cierre del proceso liquidatorio el

27 de enero de 2017, por ello y de acuerdo a la jurisprudencia sostenida por la Corte Suprema de Justicia, no es posible condenar a la indemnización moratoria. Formuló como excepciones de mérito las que denominó: inexistencia de los elementos necesarios para que se configure una relación de carácter laboral; inexistencia de la obligación de Caprecom a cancelar los emolumentos pretendidos por la demandante; buena fe; prescripción; y falta de integración del litisconsorcio necesario por cuanto se debió llamar a la «Nación, Ministerio de la Protección Social y del Trabajo por tener interés directo en los resultados del presente proceso». El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, mediante fallo del 26 de septiembre de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre la señora MARTHA LIGIA SÁNCHEZ BENÍTEZ y la extinta CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL CAPRECOM EICE donde actualmente actúa única y exclusivamente como administrador y vocera del patrimonio autónomo de remanentes PAR CAPRECOM la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, existieron dos contratos laborales a término indefinido, el primero desde el 16 de noviembre de 2007 hasta el 10 de enero de 2015 y el segundo desde el 6 de julio hasta el 31 de octubre de 2015.

SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción sobre todos los derechos causados con antelación al 16 de agosto de 2013, con excepción de la compensación por vacaciones y las cesantías.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior decisión, CONDENAR al PAR CAPRECOM donde actualmente actúa única

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Radicación n.° 89200 y exclusivamente como administrador y vocera del patrimonio autónomo de remanentes la FIDUCIARIA LA PREVISORA SA, a pagar a la señora MARTHA LIGIA SÁNCHEZ BENÍTEZ, las siguientes sumas de dinero: • Por concepto de cesantías : $8.028.102 • Vacaciones : $5.714.578 • Prima de navidad : $2.914.560

CUARTO: CONDENAR al PAR CAPRECOM donde actualmente actúa única y exclusivamente como administrador y vocera del patrimonio autónomo de remanentes la FIDUCIARIA LA PREVISORA SA, a devolver a la señora MARTHA LIGIA SÁNCHEZ BENÍTEZ, los aportes a seguridad social realizados por esta en los porcentajes indicados en la parte considerativa de este proveído y de acuerdo a los pagos efectuados por la demandante visibles de folio 111 a 145 del expediente y en la forma allí dispuesta.

QUINTO: CONDENAR al PAR CAPRECOM donde actualmente actúa única y exclusivamente como administrador y vocera del patrimonio autónomo de remanentes la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, a reconocer y pagar a la señora MARTHA LIGIA SÁNCHEZ BENÍTEZ la indemnización por despido injusto en cuantía de $4.956.900.

SEXTO: CONDENAR al PAR CAPRECOM donde actualmente actúa única y exclusivamente como administrador y vocera del patrimonio autónomo de remanentes la FIDUCIARIA LA PREVISORA SA, a reconocer y pagar a la señora MARTHA LIGIA

SNCHEZ BENÍTEZ la indemnización moratoria en cuantía de $15.124.662.

SEPTIMO: ABSOLVER al PAR CAPRECOM de las demás pretensiones incoadas en la demanda, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

OCTAVO: CONDENAR en costas procesales a la entidad demandada y a favor del demandante en un 50%.

NOVENO: De no ser recurrida la presente decisión por parte de la parte accionada se dispone el envío del expediente para que se surta el grado jurisdiccional de CONSULTA.

En esencia, el a quo para tomar su decisión, puso de presente que conforme a la prueba documental que fue aportada al proceso, en especial los diferentes contratos suscritos por la demandante con la Cooperativa de Trabajo

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Radicación n.° 89200 Asociado - CTA denominada Profesionales de la Salud Solidaria; los contrato de prestación de servicios suscritos por la actora con Caprecom EICE, las diferentes adiciones y órdenes de prestación de servicios y la testimonial rendida por Luis Humberto Ramírez Noreña, quien fungió como Director Territorial de Caprecom en Risaralda, arribó a la conclusión que entre la accionante y la citada entidad de seguridad social y a la luz del Decreto 2127 de 1945, se ejecutaron dos contratos de trabajo, los que se extendieron, el primero desde el 16 de noviembre de 2007 hasta el 10 de enero de 2015 y el segundo desde el 6 de julio hasta el 31 de octubre de 2015. Así lo consideró, en tanto tales medios de convicción, en

especial el citado testigo, que dijo era calificado en razón al cargo por él desempeñado, daban cuenta que la actora siempre estuvo sujeta a la subordinación de la aquí demandada, pues eran sus directivas quienes desde un comienzo le impartían órdenes, tenía que cumplir un horario estricto de trabajo, además la labor de alimentar el aplicativo para la cual fue contratada, siempre la debía ejecutar en las instalaciones de la entidad, esto es, nunca tuvo autonomía o independencia para desarrollar sus funciones, y que conforme a las previsiones legales y constitucionales, en especial el artículo 53 de la CP, prevalece la realidad sobre las formas, siendo en este asunto la relación subordinada. Procedió a estudiar las pretensiones condenatorias solicitadas en la demanda inicial y consideró previamente que estaba probada parcialmente la excepción de

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Radicación n.° 89200 prescripción sobre los derechos causados con antelación al 16 de agosto de 2013, en razón a que la reclamación administrativa quedó en firme el mismo día y mes del año 2016; excepto lo referente a la compensación por vacaciones y las cesantías que se hacían exigibles a la terminación del vínculo. Especificó que por cesantías y teniendo en cuenta los salarios devengados por la demandante desde el año 2007, debía condenarse a pagar la suma de $8.028.102; por compensación de vacaciones $5.714.578 y por prima de navidad la cuantía $2.914.560. También condenó al PAR Caprecom, administrado por la Fiduciaria La Previsora S.A.,

a devolver a la señora Sánchez Benítez los aportes a la seguridad social realizados en los porcentajes indicados en la parte considerativa de este proveído y de acuerdo a lo cancelado por la actora según la documental visible de folio 111 a 145 del expediente. Igualmente, dispuso sufragar la indemnización por despido injusto en cuantía de $4.956.900 y la moratoria por la suma de $15.124.662, condena última que la impuso siguiendo la jurisprudencia de la Corte (CSJ SL981-2019 rad.74084), en la medida que dicha sanción solo procede hasta la data de la liquidación; por tanto, conforme a las reglas del parágrafo segundo del artículo 1 del Decreto 797 de 1949 y a la línea de pensamiento de esta corporación, la misma corría hasta el 27 de enero 2017, calenda en que terminó la liquidación de Caprecom EICE.

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Radicación n.° 89200 Precisó igualmente que esta condena por moratoria no era automática, sino que se generaba previo análisis del actuar de la empleadora; que en el caso de autos no estaba acreditado un comportamiento de buena fe en razón a que lo que se evidenciaba de manera clara e indiscutible era un proceder torticero de la demandada, en razón a que siempre buscó encubrir una verdadera relación subordinada, para con ello no cancelarle a la actora sus acreencias laborales. Absolvió a la accionada de las demás pretensiones, entre ellas, la bonificación por recreación, prima de servicios, la sanción por la no consignación de las cesantías en un

Fondo, los intereses a las cesantías y su sanción por no pago oportuno. Contra tal determinación, la parte demandante presentó recurso de apelación en búsqueda de que el Tribunal revoque parcialmente la sentencia de primer grado, en su lugar, acceda a las pretensiones no concedidas en la primera instancia: prima de servicios, bonificación por servicios, bonificación por recreación, liquidación correcta de las cesantías, sanción por la no consignación de la misma, sus intereses con su respectiva sanción y la prima de vacaciones, sobre cada una de ellas expuso argumentos en búsqueda de su prosperidad. La demandada igualmente incoó recurso de apelación en el que básicamente argumentó que, no era cierto que entre Caprecom liquidado y la demandante hubiesen existido dos nexos laborales subordinados, como lo concluyó con error el

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Radicación n.° 89200 a quo, pues lo que hubo fue un vínculo contractual regido por la Ley 80 de 1993, toda vez que las partes, de manera voluntaria y autónoma, celebraron diversos contratos de prestación de servicios, los cuales no configuraban la relación laboral y, por ende, no surge la obligación de cancelar las prestaciones sociales ordenadas en la sentencia de primer grado, menos las indemnizaciones moratoria y por despido sin justa causa, de ahí que el Tribunal debía revocar la decisión de primer grado y, en su lugar, absolver a la convocada al proceso de todas y cada una de las súplicas formuladas en su contra por la actora. Enfatizó en que la demandante no recibió órdenes de

Caprecom EICE, pues lo que se ejerció fue un control frente al cumplimiento del objeto contractual, que era la de alimentar el aplicativo, lo que no puede ser considerado como subordinación. Agregó que, si bien en algunas ocasiones la actora estuvo sujeta al sometimiento de un horario, ello por sí mismo no conlleva que existiera una subordinación jurídica. De otro lado, argumentó que de llegarse a concluir que entre las partes existió una relación de trabajo, solicitaba sea revocada la indemnización moratoria impuesta, ya que, en casos de entidades en liquidación, como lo es el presente asunto, dicha sanción no aplica como lo tiene adoctrinado la Corte Suprema de Justicia, pues la entrada en liquidación del ente es una causa razonable que la libera de la mala fe. Citó en su apoyo la sentencia CSJ «STL 8678 del 04/07/2008».

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Radicación n.° 89200 Insistió en que «tratándose de entidades en liquidación se tiene claramente establecido que no se puede predicar la mala fe en su actuar, puesto que ésta respondió a una situación de fuerza mayor que implica que el liquidador pierda competencia para su reconocimiento», pues debe ceñirse a las reglas especiales de calificación y prelación de créditos establecidas para el concurso. Por los argumentos expuestos, pidió la revocatoria de la sentencia proferida por el a quo en punto a esta condena. En este orden, actuando la Corte como Tribunal de instancia, entra a resolver los recursos de apelación formulados por las partes y el grado jurisdiccional de

consulta a favor de Caprecom EICE en liquidación, en los aspectos que no fueron objeto de apelación. Previamente, cumple puntualizar que, como se dijo en sede de casación, la responsabilidad del PAR Caprecom Liquidado, administrado por la Fiduciaria La Previsora S.A, no está limitada a las acreencias ya reconocidas al momento de la liquidación de la extinta empresa, sino que también se extiende a aquellas obligaciones que se encontraban en discusión para dicho momento, así la respectiva demanda judicial se haya instaurado una vez concluido el proceso liquidatario. En efecto, el Decreto 2519 de 2015 por el cual se suprimió la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom EICE y se ordenó su liquidación, consagró en su

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Radicación n.° 89200 artículo 40 la financiación de las acreencias laborales y de la liquidación así: El pago de las indemnizaciones, acreencias laborales y gastos propios del proceso Liquidatorio, se hará con cargo a los recursos de CAPRECOM EICE, en liquidación. En caso [de] que los recursos de la Entidad en Liquidación no sean suficientes, la Nación atenderá estas obligaciones con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación. De otro lado, del contrato de fiducia mercantil, suscrito entre Caprecom EICE en liquidación y la Fiduciaria la Previsora S.A., para la constitución del patrimonio autónomo de remanentes de Caprecom Liquidado, que se solicitó por esta Sala para mejor proveer, se observa que en su cláusula tercera se estableció lo siguiente: TERCERA. -OBJETO: El objeto del presente contrato es la

constitución de un patrimonio autónomo de remanentes destinado a: […] (e) Atender los procesos judiciales, arbitrales y administrativos, o de otro tipo en los cuales sea parte, tercero, interviniente o litisconsorte la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM EICE en liquidación, existentes al cierre del proceso concursal, los cuales deberán ser entregados para su administración debidamente identificados, clasificados, desagregados, por etapas procesales cumplidas y por cumplir. (f) Ejercer la representación de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM EICE en Liquidación en las acciones de tutela y otras acciones constitucionales que cursen al momento del cierre del proceso liquidatorio y las que se inicien con posterioridad. (g) efectuar el pago de las obligaciones remanentes y contingentes a cargo de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM EICE en Liquidación en el momento en que se hagan exigibles. Asimismo, entre las obligaciones de la fiduciaria señaladas en la cláusula séptima, se encuentran:

7.2.3. ATENDER LA DEFENSA DE LOS PROCESOS

JUDICIALES, ARBITRALES Y ADMINISTRATIVOS, O DE OTRO

TIPO EN CONTRA DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE

COMUNICACIONES CAPRECOM EICE EN LIQUIDACIÓN Y/O

PAR:

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Radicación n.° 89200 a. Atender adecuada y diligentemente los procesos judiciales, arbitrales y administrativos o de cualquier otro tipo que se hayan iniciado contra la entidad en liquidación. En

cumplimiento de esta obligación el Patrimonio Autónomo de Remanentes dará cumplimiento a los acuerdos conciliatorios celebrados por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM EICE en Liquidación y cuya aprobación judicial se dé con posterioridad a la extinción de la persona jurídica del Fideicomitente. b. Pagar las condenas laborales que sean proferidas en contra de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM EICE en Liquidación con los recursos entregados por la liquidación y/o por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. El pago de dichas condenas laborales procederá aun cuando sean proferidas en procesos que no hayan sido identificados por el Liquidador de la entidad, evento este último que requerirá de la autorización previa del comité fiduciario. […]

7.2.6.1. RECURSOS HUMANOS:

[…] c. Pagar las indemnizaciones, salarios y prestaciones de los trabajadores de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM EICE en Liquidación, desvinculados con ocasión del cierre del proceso liquidatorio y la extinción de la personería jurídica del mismo, sin que por ello se entienda que operó la sustitución patronal o la solidaridad en materia laboral en cabeza del Patrimonio Autónomo de Remanentes que se crea con la celebración de este contrato. PARÁGRAFO. La entidad en liquidación provisionará los recursos a que haya lugar, para efectos de atender las indemnizaciones de aquellos trabajadores desvinculados con ocasión del cierre del proceso liquidatorio, en el monto que atienda integralmente las contraprestaciones legales a que

tienen derecho. […] h. Atender las solicitudes de reliquidación de las prestaciones sociales que sean presentadas por los exfuncionarios de la Caja […] CAPRECOM EICE en Liquidación desvinculados con ocasión del cierre definitivo de la entidad. […]

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Radicación n.° 89200

7.2.8 PRONUNCIAMIENTO DE FONDO (CALIFICACIÓN Y

GRADUACIÓN) DE RECLAMACIONES EXTEMPORÁNEAS

IDENTIFICADAS POR EL LIQUIDADOR, ASÍ COMO TRÁMITES

DE NOTIFICACIÓN. […] e) consolidar el pasivo cierto no reclamado de la entidad producto de los reconocimientos efectuados con ocasión de acreencias extemporáneas. Por otra parte, el Decreto 254 de 2000, por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional, consagra en el numeral 4 del artículo 32: Pago de obligaciones. Corresponderá al liquidador cancelar las obligaciones pendientes a cargo de la masa de la liquidación, previa disponibilidad presupuestal, con el fin de realizar su liquidación progresiva; para ello se tendrán en cuenta las siguientes reglas: […].

4. El pago de las obligaciones condicionales o litigiosas se efectuará solamente cuando éstas se hicieren exigibles.

También prevé el artículo 35 ibídem que: A la terminación del plazo de la liquidación, el liquidador podrá celebrar contratos de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria por el cual se transferirá activos de la liquidación con el fin de que la misma los enajene y destine el producto de dichos bienes a los fines que en el inciso siguiente se indican. La entidad

fiduciaria contratista formará con los bienes recibidos de cada entidad en liquidación un patrimonio autónomo. […]. Si al terminar la liquidación existieren procesos pendientes contra la entidad, las contingencias respectivas se atenderán con cargo al patrimonio autónomo al que se refiere el presente artículo o a falta de este, el que se constituya para el efecto. Lo anterior sin perjuicio de los casos en que la Nación u otra entidad asuman dichos pasivos, de conformidad con la ley.

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Radicación n.° 89200 Conforme a lo reseñado, surge evidente que nunca se pretendió legal ni contractualmente condicionar la responsabilidad del PAR a las obligaciones reconocidas antes de la terminación de la liquidación de Caprecom EICE, pues una de sus finalidades fue la de atender también las «[…] obligaciones remanentes y contingentes» que naturalmente por tener esas condiciones eran desconocidas al momento del inicio y cierre de la liquidación. Aclarado ello, la Corte pasará a resolver las inconformidades de la entidad apelante que alega la inexistencia de los contratos de trabajo entre las partes, con su consecuente absolución de las pretensiones incoadas, así mismo, revisará en virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad las condenas impuestas por el a quo; y, por virtud de la apelación del demandante, las súplicas negadas, respecto de las cuales presentó alguna sustentación. 1.- Sobre la existencia de los contratos de trabajo. En cuanto a la existencia de los dos contratos de trabajo entre la demandante y la entonces Caja de Previsión Social

de Comunicaciones - Caprecom, cumple decir que el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945 establece una presunción legal a favor de quien presta el servicio personal, en tanto que también determina que el receptor o beneficiario del mismo, tiene la carga probatoria de desvirtuarla.

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Radicación n.° 89200 En este asunto, la accionante con la demanda que dio inicio al proceso solicitó la declaratoria de dos contratos de trabajo realidad a término indefinido, con fundamento en que, si bien se vinculó a la entidad empleadora, primero a través de cooperativas de trabajo asociado y posteriormente mediante sucesivos contratos de prestación de servicios con Caprecom EICE, lo cierto es que durante su desarrollo debió acatar instrucciones y órdenes impartidas por la accionada; y que estuvo sometida a un horario preestablecido, que las labores las cumplía con los elementos de la demandada y en sus instalaciones (f.° 2 a 25 cuaderno digital). A su vez, Caprecom EICE al dar respuesta adujo que el nexo que existió entre las partes no fue de trabajo, sino que se suscribieron varios contratos de prestación de servicios profesionales regidos por la Ley 80 de 1993, los cuales no generan prestación laboral alguna (f.° 222 a 235 ibídem). Al respecto, debe la Sala comenzar por señalar que esta corporación no desconoce la posibilidad que tienen las entidades de derecho público de celebrar contratos de prestación de servicios profesionales. No obstante, sobre este punto la Corte en sentencia CSJ SL, 31 ene. 2012, rad.

37389, reiterada, entre otras, en las decisiones CSJ SL10902014, CSJ SL7915-2015, CSJ SL6552-2016, CSJ SL55312019 y CSJ SL325-2022, puntualizó: En efecto, es claro que el artículo 32-3 de la Ley 80 de 1993 establece que esa modalidad de contrato estatal sólo se puede celebrar cuando las actividades no puedan realizarse con personal de planta, por lo que una de sus características es la de

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Radicación n.° 89200 su temporalidad, es decir, se ‘celebrarán por el término estrictamente indispensable’, de tal forma que la administración no puede soslayar el cumplimiento de la ley y hacer ‘indefinida’ esa forma de contratación, desconociendo principios básicos de la función pública. (Subrayas fuera de texto). De lo expuesto, surge evidente que la posibilidad de acudir a la modalidad contractual invocada por la demandada está restringida al plazo estrictamente indispensable para atender la necesidad del servicio. Este postulado es imposible de sostener en el caso bajo estudio, en donde no se controvierte la pluralidad de contratos, unos por CTA y otros de prestación de servicios, que se desarrollaron entre Martha Ligia Sánchez Benítez y la extinta Caja de Previsión Social Caprecom EICE, entre el 16 de noviembre de 2007 y el 10 de enero de 2015 y uno final entre el 6 de julio y el 31 de octubre de 2015. La Corte también ha señalado que cuando se trata de descubrir la verdadera naturaleza del vínculo que unió a las partes, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 20 del

Decreto 2127 de 1945, el juez debe auscultar el acervo probatorio en aras de establecer si el empleador logró desvirtuar la presunción legal allí establecida y resolver con independencia de los rótulos y formalidades que se hubiesen empleado, al respecto en la sentencia CSJ SL825-2020 se indicó: Debe recordarse, que esta Sala de la Corte ha resaltado en múltiples oportunidades, que el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, constituye un elemento cardinal de nuestro ordenamiento jurídico laboral, el que se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con sustento en el cual los jueces pueden dejar a un lado las formas

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Radicación n.° 89200 convenidas por las partes de una relación contractual para darle prevalencia a lo que en verdad acreditan las condiciones bajo las cuales se desarrolla el negocio jurídico pactado, por lo que si de dichas circunstancias se evidencia el elemento de la subordinación característico de un contrato de trabajo, se impone derivar de ello, las consecuencias jurídicas que prevé la ley. En armonía con la referida figura jurídica, se encuentra el artículo 1º de la Ley 6 de 1945 y el precepto 20 del Decreto 2127 de 1947, de los que se infiere que toda prestación personal de servicio remunerada se presume regida por un contrato de trabajo, disposición que supone que al trabajador le basta demostrar la ejecución personal del servicio, para que se infiera que el mismo se desarrolló bajo una relación de naturaleza laboral y que pone en cabeza del empleador el deber de demostrar

que l