CSJ - SL1542-2019

República de Colombia coSnupreema dJeust icia SadleCa a saLcaibóonr al SadleDa e sconNg:3e stión JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL1542-2019 Radicación n. º 49765 Acta 14 Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 22 de octubre de 2010, en el proceso que en su contra instauró la señora MARÍA LIBIA LÓPEZ DE ARREDONDO. l. ANTECEDENTES María Libia López de Arredondo llamó a juicio al Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, para que se declarara que en virtud de la condición más beneficiosa, cumple los requisitos legales para que se le otorgue la

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Radicacni.ó4ºn9 765 pensión invalidez a partir del 1 º 2008, al pago de dee nerdoe de las mesadas ordinarias y adicionales, los intereses moratorias, la indexación y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones básicamente, que: nació en el 11 julio 1949 y para cuando entró a regir la Ley 100 de de 1993, tenía 44 años edad, la comisión médica de de interdisciplinaria de la demandada la calificó con una

pérdida capacidad laboral del 55, 16% origen común, de de con fecha estructuración 1 º 2008. de de dee nerdoe Afirmó el 9 junio 2008 solicitó a la demandada que de de el reconocimiento la pensión invalidez, sin embargo, de de por Resolución n. O 10559 de 29 de octubre 2008, fue º de negada la misma, con sustento que no cumplía con el en requisito fidelidad al sistema; presentados los de que recursos reposición y apelación contra la decisión la de de administradora, por Resolución n. º O 1393 12 febrero de de 2009, confirmó el acto administrativo inicial, sin de se considerar dicha exigencia fue retirada del ordenamiento que jurídico por sentencia CC C-428-2009. Finalizó para obtener el derecho ahora reclama que que y virtud del principio favorabilidad, tramitó acción en de de tutela, pero le fue negada 29 a 40 cuaderno del juzgado). (f.º. Al responder la demanda, la entidad Administradora convocada al juicio se opuso a las pretensiones. De los hechos aceptó: la fecha de nacimiento de la demandante, la solicitud de pensión invalidez, la negativa la entidad a de de

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2 Radicación n. º 49765 la misma a través de los actos administrativos y la solicitud de amparo constitucional. Formuló la excepción de prescripción y las que denominó, inexistencia de la obligación demandada, «improcedednec cioan cedeefre ctroest roactai vloas

declaratdoer iinae xequibdiel iudnaand o rmaj urídica», improcedencia de los intereses de mora, e improcedencia de la indexación. En su defensa, afirmó que la actora no cumplió con el requisito de fidelidad que establecía la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003, pues tan sólo cumplía con el 13,30%, que, además, no era viable dar efectos retroactivos a la sentencia C-429 de 2009, pues la declaratoria allí dispuesta surte efectos a futuro (fls. 50 a 55 cuaderno del juzgado). 11.S ENTENCDIEAP RIMERIAN STANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, luego de concluir el trámite, emitió fallo el 18 de junio de 201 O (fls. 141 a 152 cuaderno de primera instancia), en el que dispuso: PRIMERO: RECONOCEqRue la señora MARÍA LIBIA LÓPEZ DE ARREDONDO, tiene derecho a la pensión de invalidez, que fuera dictaminada el 15 de mayo de 2008 con fecha de estructuración del 1 º de enero de 2008, con pérdida de la capacidad laboral del 55, 16% de origen común.

SEGUNDO: ORDENAR.,co mo consecuencia de la anterior decisión, que la entidad oficial demandada INSTITUTO DE SEGUROS

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Radicación n.º 49765 SOCIALES SECCIONAL RISARALDA proceda a efectuar la liquidación de dicha pensión a partir del 1 de enero de 2008, de

º conformidad con lo dispuesto en las consideraciones que preceden.

TERCERO: ADVERTIR a la señora MARÍA LIBIA LÓPEZ DE ARREDONDO que deberá someterse, en forma obligatoria, a las valoraciones que determine la entidad, con el fin de que se pueda establecer si subsisten las condiciones de discapacidad.

CUARTO: RECONOCER los intereses moratorias en los términos indicados en la parte considerativa de esta providencia.

QUINTO: CONDENAR en costas procesales a la entidad demandada y a favor de la demandante.

111S.E NTENDCEIS AE GUNIDNAS TANCIA Para estudiar y decidir el recurso de apelación de la demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, profirió fallo del 22 de octubre de 2010, en el que confirmó la decisión de primer grado, sin costas. En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, el Tribunal centró el problema jurídico a determinar si la demandante cumplía con los requisitos para hacerse merecedora de la pensión de invalidez, teniendo en cuenta que no reunió la densidad de semanas que exige el requisito de la fidelidad al sistema; señaló inicialmente «que mediaRnetseo luNcrio0ó.0n 0 00515d e8ld es eptiedmeb re 2009e,lI nstidteumtaon dardeoc onloacp ieón sidóen invalafi advedozerl as eñoLróap Aerzr edocnopdió oap»ar,te s del acto administrativo al que hizo referencia y agregó que de tal documental se puede colegir que el Gerente Seccional de

la demandada «contarl aorasir og umeenstboosz apdoeorls

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4 Radicación n.º 49765 togado que representa loisnt ereses de Inl st ituto, síac ató la sentencia C-428 de 2009 de la Corte Constitucional, en cuanto a la inexequibilidad del requisito de fidelidad y los efectos retroactivos de tal decisión». Afirmó que como el apelante manifiesta que lo decidido en la sentencia C-429 de 2009, no se puede aplicar al caso, por efectos de la fecha de la estructuración de la invalidez de la demandante, esa Sala en aplicación del principio de progresividad, procede a hacer análisis de los efectos que en esta controversia produce la sentencia de inconstitucionalJ·(/c:>d en razón a ello, trajo a colación la sentencia T-846 de 25 de noviembre de 2009, que trató un tema similar y de la cual copió algunos pasajes, luego de lo cual concluyó: Conf arme a lo. expuesto, es claro que las normas reguladoras del sistema de seguridad social, específicamente, las concernientes al sistema de pensiones, deben ceñirse al principio de progresividad, de tal manera que una medida regresiva se considera, en principio, inconstitucional. Así mismo, la exigencia del requisito de .fidelidad al sistema establecido en el artículo 1 ºde la Ley 860 de 2003, como bien se indicara en líneas anteriores, atenta contra el principio de progresividad, y así fue como mediante la sentencia C-428-09 de la Corte Constitucional, se declaró inexequible el precitado

requisito de .fidelidad. Conforme con todo anterior, entonces, para la fecha de lo estructuración de la invalidez de la gestora del litigio, no obstante que no se había dictado aun la sentencia C-428 de 2009, la exigencia del requisito de .fidelidad era inaplicable ya que en ningún momento estuvo conforme a la Constitución en cuanto incurrió en limitaciones ilegítimas de los derechos y en tales circunstancias la Corte en 2009 se contrajo a rea.firmar el carácter irregular de una disposición contraria a la Constitución, por que lo entonces su pronunciamiento tuvo un carácter declarativo que no constitutivo. Así las cosas, teniendo en cuenta que la demandante cumplió con y algunas de los requisitos exigidos como son: el de ser invalida

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Radicancº.4i 9ó7n6 5 tener más de 5 O semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de su estado de invalidez, pues siendo cotizante activo alcanzó un total de 153 semanas, sin que lo mismo ocurra respecto al requisito de la fidelidad al sistema, considera esta Sala que, acudiendo al principio de progresividad, la cotizante acreditó el derecho a la pensión de invalidez, conforme a las voces del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, procediendo inaplicar por inconstitucional el requisito frente a la mencionada fidelidad al sistema, tal como procedió a hacerlo el mismo ente reo procesal, a través de la Resolución 00001055 del 08 de septiembre de 2009.

Corolario de todo lo hasta aquí discurrido, esta Sala de Decisión, confirmará la decisión proferida por el dispensador de justicia de la instancia precedente, pues la misma resultó acertada, en cuanto otorgó la prestación económica deprecada por la señora López Arredondo. Prosiguiendo, en cuanto a los intereses moratorias, encuentra esta Colegiatura que los mismos resultan procedentes, toda vez que, la actora presentó escrito ante la entidad demandada el 09 de junio de 2008 - jl. 6 -, pretendiendo el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, y que conforme a las leyes 700 y 71 7 de 2001 y 797 de 2003, para efectos de la prestación de invalidez, las administradoras de fondos de pensiones, cuentan con el término de seis meses para resolver tales solicitudes, cuatro para reconocer la pensión y dos adicionales para la incorporación en nómina e iniciarse los pagos, en consecuencia, dicho término vencía el 09 de diciembre de 2008, tal como lo ordenó el Juez a­ quo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LAI MPUGNACIÓN La recurrente solicita a la Corte casar la sentencia impugnada, en cuanto confirmó la de primer grado, para luego en sede de instancia, proceda a revocar la del aq uya

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Radicación n.º 49765 absuelva a la entidad de todas las pretensiones, decidiendo sobre costas lo que corresponda.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que no fue objeto de réplica, el que a continuación estudia la Sala. VI.C ARGÚON ICO Acusa la sentencia, por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida «daerlt í3c9ud lelo al e1y0 0d e1 993 modificapdoore la rtí1cº ud lelo al e8y6 0d e2 00136,d el CódiSguos tandteTi rvaob aajrot,í1 c4u1dl eol al e1y0 0 de 19 93ya rtí5c3ud lelo aC onstiPtoulcíi. tóinc a» Como errores evidentes de hecho, enunció: No dar por demostrado, estándola, que operaban las excepciones de inexistencia de la obligación e improcedencia de condena a pensión de invalidez y a los intereses moratorias, en relación con la pretensión por condena a pensión de invalidez a favor del (sic)

señora MARÍA LIBIA LÓPEZ DE ARREDONDO.

Dar por demostrado, no estándola, que había lugar a ordenar la condena a la pensión de invalidez y a los intereses moratorias en relación con las (sic) pretensión por pensión de invalidez a favor del (sic) señora MARÍA LIBIA LÓPEZ DE ARREDONDO. No dar por demostrado, estándola, que por resolución número 00001055 de 8 de septiembre de 2009 (folios 154 y 155 C. 1) se reconoció por el ISS la pensión de invalidez a la señora MARÍA LIBIA LÓPEZ DE ARREDONDO, con todas las mesadas

retroactivas, con anterioridad a la presentación de la demanda, que ocurrió el 1 de diciembre de 2009. Como prueba inadecuadamente valorada, se remite a:

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Radicación n. º 49765 Documental de folios 154 y 155 (cuaderno principal) que corresponde a la resolución número 00001 055 de 8 de septiembre de 2009 por medio de la cual se reconoció por el ISS la pensión de invalidez a la señora MARÍA LIBIA LÓPEZ DE ARREDONDO, con todas las mesadas retroactivas, con anterioridad a la presentación de la demanda, que ocurrió el 1 de diciembre de 2009. Enuncia como pieza procesal y prueba no valorada: Documental de folios 153 (cuaderno principal) que corresponde al alegato de conclusión de fecha 16 de junio de 201O , que allega la resolución número 00001055 de 8 de septiembre de 2009 por medio de la cual se reconoció por el ISS la pensión de invalidez a la señora MARÍA LIBIA LÓPEZ DE ARREDONDO, con todas las mesadas retroactivas, con anterioridad a la presentación de la demanda, que ocurrió el 1 de diciembre de 2009. Documental de folios 156 (cuaderno principal) que corresponde a la copia del retiro del retroactivo en el Banco Caja Social, el día 4 de diciembre de 2009. En el desarrollo, afirma que en el asunto objeto de estudio, estaban completamente acreditadas las excepciones de inexistencia de la obligación e improcedencia de condena a pensión de invalidez y a los intereses moratorias, que

fueron propuestas desde la contestación de la demanda, lo que obligaba al sentenciador de instancia a pronunciarse sobre los mismos, en especial, cuando en las consideraciones del fallo se remitió al acto administrativo que reconoció la pensión de invalidez a la actora. Luego de copiar lo dicho por el colegiado, para confirmar la decisión de primera instancia, aseguró: Lo anterior es consecuencia de la inadecuada valoración de una prueba y la no apreciación de una pieza procesal y de una prueba, las cuales ya fueron anunciadas, como pasará a explicarse. 8

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Radicación n. º 49765 Unav ezd educpiodreo lf allaedldo err ecah loap ensidóen invalihdad eezb,i pdroo nuncsioabrrlseae se xcepcidoen es inexisdteel naoc bilai geai cmipórno ceddeec nocnidaea n laa pensdieói nn valyia dl eoizsn termeosreast olrebi aasst;ca obna enfrelnatesax rc epcpiroopnueess etnal sar espuaelsl tiab elo geniptaorrqa,u ec onfronctoanld aad ocumednetf aoll1 i5o3 (cuadperrnion c-ippraule)nb oav aloraqduaeco,r resaplo nde alegdaect oon clduesf ieóc1nh6 ad ej undie2o 0 O1p resenptoard o ela poderdaeld aao c toarlca u,a aln excao pdieal ar esolución núme0r0o0 010d5e85 des eptiedmeb2 r0e0 (p9r uembaal

valorvaidsaia bf loel1 i5oy4s1 55C. 1)p omre didoel ac uasle reconpooceril Ió S lSa p ensdieói nn valail dase ezñ oMArRaIA LIBIAL ÓPEZD E ARREDONDcOo,nt odalsa sm esadas retroaccotanin vtaesr,i aol raip draeds entdaelc adi eómna nda, quoec urerl1id óed iciedmeb2 r0e0y 9d ,o ndtea mbsieéa nl lega lap ruedboac umedneft oall1i 5o6(s c uadperrnion c-ippruaelb)a nov alo-r,aq duaceo rresapl oacn odpedi earl e tdierrloe troactivo ene lB ancCaoj Sao ciealdl í,4a ded iciedmeb2 r0e0 9s,ó lo quedacboan cqluuleia rps r etensdielo aan cecsi oneasnttaeb an satisfechas. Véacsoem eond icehsoc r(iatlol eaglja udzog eal1d 6od ej undieo 20O1) q,ue se presentó antes de dictarse la sentencia de primera instancia en junio 18 de 2010 - providqeunec ia tampaolcuoda lia ós un-, tsoeo fruenceaex plicysa ecp iaótne ntiza quey afu eroant endildaarsse clamadceil oana ecsc ionante, inclcuosanon teriaol raip draeds entdaelc adi eómna npduae,s comsoe p uedceo nsteantl aarsd ocumenatlauldeisld aa s,

demansdeap reseenl1t d óed iciedmeb2 r0e0y 9l ar esolución núme0r0o0 00515 q uer econloacp íean sidóein n valfiudee z, emiteil8dd aes eptiedme2b 0r0e9 . Lar esolaunctireóesnf erqiundeoa fu ,e v aloraaddeac uadamente poerlT ribuanscaíol ,mt oa mposcevo a lorlaardsoo nc umentales def ol1i5o3ys1 56a,n tdeest alllaoqd ualesl ,ea vl aai nferencia dee stdaerm ostrlaadsea xsc epcdieoi nneesx isdteel nac ia obligeai cmipórno ceddeec nocnidaea pn ean sdieói nn valyia d ez loisn termeosreast olroci uaasel,v idelnocesir ar oqrueess e endilegl(a snif ca)ld leso e gungdroa dpoo,lr oq ueel c ardgeob e prosp. e(Rresaalrta la Sala) VIIC.O NSIDERACIONES Del contexto del ataque presentado contra la sentencia de segundo grado, se colige que el cuestionamiento a la decisión del Tribunal se concreta a la indebida aplicación de las normas señaladas como consecuencia de la valoración 9

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Radicación n. º 49765 inadecuada y, a la falta de aprec1ac1on de los medios de prueba que indicó la entidad recurrente en su escrito de sustentación, puesto que, de haberlo hecho en debida forma, el adq uesme h ubiere percatado que el derecho a la pensión

de invalidez que se reclamó en este trámite judicial, fue reconocido por la demandada, desde antes que se profiriera la decisión de primera instancia, debió pronunciarse sobre las excepciones de inexistencia de la obligación e improcedencia de la condena a la pensión de invalidez y a los intereses moratorias propuestas por la entidad Administradora convocada al juicio. Procede la Sala a revisar el expediente para verificar, si como lo asevera el memorialista, el colegiado de instancia incurrió en los errores fácticos endilgados. En primer lugar, se aprecia el folio 153 del cuaderno de primera instancia, en el que efectivamente se encuentra memorial suscrito por el apoderado de la demandante, presentado personalmente por su signatario ante la Dirección Secciona! de Administración Judicial Oficina Judicial de ArmeniaQuindío, el 16 de diciembre de 2010; en la parte superior del documento aparece sello del secretario del Juzgado 1 Laboral Pereira, con constancia de haber sido recibido a las 3:59 del 16 de junio de 2010, - esto fue dos días antes de la fecha en que se profirió el fallo de primera instancia 141 - 152 del cuaderno de primer grado)- en (f.º este escrito se afirma, presenta alegatos de conclusión y, hace referencia a la información suministrada por su poderdante sobre la existencia del acto de reconocimiento

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Radicación n.º 49765 pensiona! a partir del 1 de enero de 2009 - Resolución 1055 del 8 de septiembre de 2009 - y al pago efectivo del retroactivo

de la prestación por parte de la administradora demandada, luego, expresó: Desde que se otorgó poder perdí comunicación con mi poderdante, sólo hasta hace poco tiempo pude comunicarme con ella para infa rmarle la fecha prevista para la sentencia programada por su despacho para el 18 de junio de 201 O, en ese momento me informó que la pensión le había sido reconocida y pagada desde diciembre de 2009 mediante Resolución No. 1055 del 8 de septiembre de 2009 quep ongo a sud ipsosic.i ón A folios 154 y 155 del mismo cuaderno, reposa la anunciada copia de la Resolución 00001055 de 8 de septiembre de 2009, con constancia de notificación a Roberto Antonio Arredondo Villa. En tal acto se lee que el Gerente Secciona! Risaralda de la demandada, resolvió el recurso de apelación, revocó la Resolución No. O 10559 de 29 de octubre de 2008, que había negado la prestación a la demandante y ordenó reconocer pensión de invalidez a la citada, en cuantía mensual de $461. 500, a partir del 1 de enero de 2008, también dispuso otorga un retroactivo por valor de $11.430.000, que sería girado junto con la nómina de octubre, en la primera semana de noviembre de 2008 a la cuenta bancaria que allí aparece. En el 156 se observa comprobante del Banco Caja Social «RTEIRO CONT ARJETA DÉBITOO TRA NSFERENCIA CUENTA A CUENTA.N o.7 777185e»n el que figura como titular de la cuenta, la señora María López y el retiro por valor

de $12.750.000 efectuado el 4 de diciembre de 2009, lo que SCLAJPT1-0V .DO 11 Radicanc.ºi4 ó9n7 65 corrobora la afirmación del apoderado en el escrito de alegato de conclusión. De lo anteriormente expuesto se concluye, que efectivamente que la entidad demandada concedió pensión de invalidez a la señora María Libia López de Arredondo mediante el referido acto (Resolución No. 00001055 del 8 de septiembre de 2009, notificada el 1 º de diciembre del citado año), a partir del 1 de enero de 2008, es decir, desde la fecha de estructuración determinada; además, que la beneficiaria de la pensión recibió efectivamente el pago del retroactivo pensiona! el 4 de diciembre de 2009 y que la prestación se le continuó pagando, como lo reafirma quien representa sus intereses en el juicio. De lo que viene de decirse, surgen evidentes los yerros del Tribunal, y la aplicación indebida de las normas señaladas por la censura, pues no obstante que en su decisión aludió a la Resolución No. 00001055 del 8 de septiembre de 2009, en la que «leI nstitduetmoa ndroec onioóc lap ensiódne inviadleza favord e las eñao rLópezd e (f.º 154 y 155), no valoró de manera coherente su Arredon»d o contenido, y tampoco apreció el memorial informativo de folio 153 con el que se acompañó y no tuvo en cuenta el comprobante de pago del folio 156, por lo expuesto, no se

pronunció sobre las excepciones que propuso la enjuiciada, sino que confirmó, sin mayores consideraciones la decisión del cuando dado que la pensión ya estaba reconocida aq uo, y la venía percibiendo la demandante, tal decisión carecía de causa y fundamento.

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Radicación n.º 49765 Por lo señalado, le asiste razón a la entidad administradora recurrente y se casará el fallo atacado. Es pertinente aclarar que aunque en providencias anteriores esta Sala, por decisión mayoritaria, ha dispuesto el reconocimiento de la pens1on con el consecuente descuento o compensación de las sumas cubiertas por la demandada, tales decisiones fueron proferidas así, en razón a que la información sobre la concesión de la prestación fue puesta en conocimiento de esta Corporación cuando el expediente se encontraba al despacho para proferir sentencia en la que se resolvería el recurso extraordinario. En el presente caso, la solución adoptada es diferente por cuanto, como se dijo, la entidad administradora demandada reconoció la pensión de invalidez a la promotora del juicio y este hecho fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial con antelación al pronunciamiento de la sentencia de primera instancia, lo que lo hace esencialmente distinto de los anteriores. Sin costas en el trámite extraordinario, dada la prosperidad de la impugnación. VII.SI ENTENCDIEAI NTSANCIA Lo expuesto en sede casacional sirve para que la Sala, actuando como Tribunal de instancia, revoque en su totalidad el fallo proferido el 18 de junio de 2010, por el

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Radicacni.ºó4 n9 765 Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, y en su lugar, como se corroboró que la demandada reconoció través de la Resolución No. 00001055 de 8 de septiembre de 2009, notificada el 1 º de diciembre del citado año (f.º 154 y 155), la pensión de invalidez a la afiliada demandante, a partir del 1 de enero de 2008, pagó efectivamente el retroactivo de las mesadas pensionales y, le está cancelando la referida prestación, en aplicación de lo ordenado por el último inciso del art. 281 del CGP - antes art. 305 del CPCse deben declarar probadas las excepciones denominadas, «ixnietsencdieal ao bilgacióen i mprocedeinadc ec ondean a propuestas pensidóeni nvlaidye az l oisn teesremso ratorias» en la contestación a la demanda por la enjuiciada y, absolverla íntegramente. Sin costas en las instancias.

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CASA la sentencia proferida el 22 de octubre de 201 O por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en el proceso que MARÍA LIBIA LÓPEZ DE ARREDONDO adelantó contra el INSTITUTO DE

SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES S.A.

En sede de instancia, RESUELVE:

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14 Radicación n.º 49765

PRIMER: O REVOCARí ntegramleasn etnet encia preorfiedla dej undieo pore lJ uzgaPdroi mero 18 2010, LabodreaClli rcdueiPt eor eira.

SEGUDNO: D ECLARApRr obaldaaessx cepcdieo nes inexisdteel naoc bilai gaei cmipócrneo dendceci oan dean a pensdieói nn valyia ld oeizsn tseermseo rtaorsip,ar opuestas enl ac onstteacail óadn e mnadap olrae jnuiciada.

TERCER: AO BSOVLERa lI NSITTUTDOE S EGURSO SOCIALEhSo yA DMINISTRADOCRAO LOBMIANAD E PENSIONCEOSLP ENSIONSE.SAd .el at otaldiedl aads pretensdielo adn eemsa nda.

Cotsacso msoed j ioe nl ap artmeo tiva. Cópeise,n otuiefísq,e pubuleísqe,c úmplays e devuélevlea xspee diaeltn rtieb udneoal r igen. DONALDJ OSDÉI XP ONNEFZJIMENIAS ABGEOLD OFYA JARDO SCLAJPT-10 V.DO 15 :i,r•-i•- •fi-l•1·fi:,.\:.i•:.;mr.;,>:fi1,...:....,,...a!':\fifillolfifi"'-'.:.loófi fifi:;. °:l; ;'( !: .•J'w,"l ·•\t¡>',t /''•'· • Repüdb_eCl oil(oa__m bi _a

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