CSJ - SL1546-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL1546-2023 Radicación n.° 96119 Acta 22 Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., vinculada como litisconsorte necesario, contra la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 3 de septiembre de 2021, en el proceso que instauró NATALIA ANDREA RINCÓN CORTÉS, en representación propia y de su hija ECR en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Natalia Andrea Rincón Cortés, en nombre propio y en representación de su hija ECR, demandó a Colpensiones con el fin de que le reconociera y pagara la pensión de

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Radicación n.° 96119 sobrevivientes, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, junto con el retroactivo pensional y los intereses moratorios, por la muerte de su compañero permanente y padre, ocurrida el 12 de mayo de 2016. Fundamentó sus peticiones, en que compartió con Juan Carlos Castañeda Calle techo, lecho y mesa en la Ceja, Antioquia, desde el 15 de junio de 2008 hasta que este falleció el 12 de mayo de 2016 y tuvieron a su hija el 25 de julio de 2012. Agregó que estaba inscrito como su beneficiario en la

EPS Sura, desde el 18 de junio de 2010 hasta el 24 de mayo de 2013 y que el deceso ocurrió en Rionegro, cuando trabajaba para la empresa Agropecuaria AGA S.C. en C. Advirtió que en la Resolución GNR n.º 302541 del 13 de octubre de 2016, Colpensiones negó el reconocimiento pensional, porque el asegurado no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores a su fallecimiento; ni le resultaba viable la aplicación del postulado constitucional de la condición más beneficiosa, ya que no reunió 26 semanas en el año previo a la vigencia de la Ley 797 de 2003. Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la calidad de la hija, el fallecimiento del afiliado, las cotizaciones registradas, el trámite administrativo y su condición de beneficiario ante EPS Sura; afirmó que no le constaban los demás.

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Radicación n.° 96119 En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes, improcedencia de reconocer y pagar los intereses de mora, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación. El juzgado de conocimiento ordenó la designación de un curador ad litem en representación de ECR, porque existía un conflicto de interés con su madre. La curadora formuló demanda ordinaria en contra de la misma entidad, alegó los mismos hechos del escrito inicial, propuso con exactitud las pretensiones, a favor de la

representada y resaltó que era beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por su padre fallecido, en virtud del principio de la condición más beneficiosa. En la audiencia de decreto de pruebas, el juez ordenó integrar como litisconsorte necesaria por pasiva a Positiva Compañía de Seguros S.A. (en adelante Positiva S.A.). Al contestar la demanda inicial, rechazó las pretensiones y en cuanto a los hechos, aceptó que ECR es hija del afiliado, quién falleció en Rionegro. Sobre los demás, afirmó que no le constaban. Alegó las excepciones de inexistencia de obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, enriquecimiento

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Radicación n.° 96119 sin justa causa, ausencia de causa para demandar y de nexo de causalidad entre las labores del trabajador y el siniestro.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 6 de noviembre de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que el señor JUAN CARLOS CASTAÑEDA

CALLE, […], falleció el 12 de mayo de 2016 por accidente con ocasión del trabajo que realizaba en la Hacienda Finca Rancho Mi Buen Genio.

SEGUNDO: DECLARAR que al fallecimiento del trabajador Juan

Carlos Castañeda Calle estaba afiliado a la ARL COMPAÑÍA DE

SEGUROS POSITIVA S.A.

TERCERO: DECLARAR que la señora NATALIA ANDREA RINCÓN CORTES […] y su hija menor ECR, son beneficiarias de pensión

de sobrevivencia por riesgo laboral de accidente de trabajo acaecido a su compañero permanente y padre JUAN CARLOS

CASTAÑEDA CALLE.

CUARTO: Consecuencial a las anteriores declaraciones ORDENAR a la ARL COMPAÑÍA DE SEGUROS POSITIVA S.A. que a partir del 1 de noviembre de 2020 incluya en nómina de pensionados a la señora NATALIA ANDREA RINCÓN CORTES […] y a su hija menor ECR para que se le pague pensión de sobrevivencia por la muerte de su señor padre JUAN CARLOS

CASTAÑEDA CALLE una suma de dinero equivalente al salario mínimo legal mensual vigente distribuida en un 50% para cada una de ellas.

QUINTO: Declarar por este despacho que la pensión de sobrevivencia se le pagará a ECR hasta cuando cumpla 18 años o hasta los 25 años, si está imposibilitada para laborar por razón de sus estudios, fecha a partir de la cual el 50% de pensión que recibe acrecerá a favor de su señora madre la señora Natalia

Andrea Rincón Cortes […].

SEXTO: Ordenar a la ARL Positiva S.A. pagar a las demandantes a título de retroactivo entre el 12 de mayo de 2016 y el 30 de octubre de 2020 la suma de $45.211.522 distribuidos de la siguiente manera $22.605.761 para Natalia Rincón Cortes y $22.605.761 para ECR.

SEPTIMO: Ordenar a la ARL COMPAÑÍA DE SEGUROS POSITIVA

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Radicación n.° 96119 S.A. reconocer, liquidar y pagar intereses moratorios sobre las

anteriores sumas de dinero y sobre las que se siguiesen causando a partir del 1 de diciembre de 2018 y hasta cuando real y efectivamente se realicen dichos pagos.

OCTAVO: No prosperan las excepciones propuestas de inexistencia de la obligación de reconocer pensión de sobrevivencia por riesgo laboral propuesta por la demandada

Positiva S.A.

NOVENO: Absolver a la demandada Colpensiones al prosperar la excepción de inexistencia de la obligación de pagar pensión de vejez de origen común (sic).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación presentados por ambas partes, la Sala Tercera de Decisión Laboral del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 3 de septiembre de 2021, decidió: Modificar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por Natalia Andrea Rincón Cortés y su hija menor […] representada por curadora ad litem, en contra de Colpensiones, y Positiva Compañía de Seguros S.A. vinculada como litisconsorte necesaria por pasiva, en cuanto a que los intereses moratorios deberán ser reconocidos a partir del 17 de agosto de 2016 y hasta el pago efectivo de la obligación. En lo demás se confirma. Estableció que debía resolver los siguientes problemas jurídicos: i) si se causó o no la pensión de sobreviviente de origen laboral ordenada en primera instancia, por cuanto a consideración de el (sic) apoderado de Positiva S.A. dicho tema no fue el objeto del debate, ni se planteó en el escrito introductor; ii) en caso

afirmativo, se examinará la viabilidad o no de los intereses moratorios, la fecha de su causación, y la condena en costas, en la medida que la calidad de beneficiarias de las demandantes no fue objeto de apelación.

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Radicación n.° 96119 Precisó que no estaba en discusión que 1) el señor Juan Carlos Castañeda Calle falleció el 12 de mayo de 2016; 2) la calidad de padres del señor Castañeda y la señora Rincón Cortés de ECR, quien nació el 25 de julio de 2012; 3) que la demandante, en nombre propio y en representación de su hija, solicitó ante Positiva S.A. la pensión de sobrevivientes, pero le fue negada con el argumento de que se trataba de un siniestro de origen común y 4) mientras que Colpensiones la negó porque el causante no cotizó 50 semanas en los últimos tres años anteriores al deceso, ni le era aplicable el principio de la condición más beneficiosa. Refirió que el juez, después de valorar las pruebas en el expediente y en los interrogatorios de parte, encontró razonable vincular a Positiva S.A. en calidad de litisconsorte por pasiva, para examinar si eventualmente la pretensión principal podría cobijarse por el Sistema de Riegos Laborales. En contraste, la entidad advirtió en su apelación que se vulneraron sus derechos de defensa y contradicción, porque la condena iba en contra del principio de congruencia y de las facultades ultra y extra petita del juzgador, ya que no fue discutida en juicio.

Al respecto, estimó que, sí le fueron garantizados los derechos a la entidad, dado que fue debidamente notificada, tuvo la oportunidad de contestar la demanda, e incluso, en dicho escrito basó su defensa en el sentido que no era viable reconocer la prestación a su cargo, porque la muerte del señor Castañeda Calle fue definida como de origen común.

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Radicación n.° 96119 En esa dirección, aportó las pruebas documentales que consideró pertinentes, solicitó el decreto del interrogatorio a la demandante, interrogó a los testigos y pidió de oficio el expediente que reposaba en la Fiscalía Seccional de Rionegro, pruebas que fueron debidamente decretadas. Señaló que frente al otro punto de la apelación concerniente a que el siniestro fue con ocasión del trabajo, explicó que cuando se desconocían las causas del hecho, - como ocurrió en este caso-, y siempre que el suceso ocurría mientras el trabajador estaba en cumplimiento o desarrollo de sus actividades laborales, se configuraba un verdadero accidente de índole laboral generado «con ocasión» de su actividad, de conformidad con la sentencia CSJ SL493-2021. Estimó que compartía las consideraciones del juez en tanto del expediente de la Fiscalía General y el informe del accidente, así como la prueba testimonial de Álvaro Antonio Rincón Loaiza, Adrián Castro Ríos y Uriel Alberto Aguirre Moscoso, se extraía que el afiliado fue asesinado por desconocidos, mientras montaba un caballo de su empleador, en ejecución de sus labores, «[…] sin que de la prueba obrante se acredite que su muerte ocurrió como

consecuencia de situaciones personales ajenas a sus labores, pues nada de ello se concluye ni del expediente de la Fiscalía, ni de los demás documentos allegados». Aseguró que en la descripción del evento no había ningún elemento que diera claridad sobre sus causas, por lo que no existía medio probatorio que pudiese romper la

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Radicación n.° 96119 causalidad de la muerte con su ámbito laboral, es decir, no había circunstancias que permitieran desvincularlo, al haber tenido lugar en los términos anteriormente mencionados. Sostuvo que aun cuando constaba el dictamen de Positiva S.A. donde investigó el accidente y lo calificó como de origen común, no tenía la fuerza para desvirtuar las conclusiones anotadas, pues aparte de que a nadie le es dable favorecerse de sus propios dichos, en aquel documento expresamente se acepta frente al suceso «[…] que a la fecha no hay claridad sobre los móviles del mismo». Así, concluyó que el juez no cometió ningún error al establecer que el fallecimiento del causante fue un accidente con ocasión del trabajo, toda vez que el entendimiento que dio al concepto de accidente de trabajo se ajustó al sentido y criterio de la jurisprudencia, en armonía con el material probatorio. Por último, dijo que los intereses moratorios procedían una vez vencido el término que tenía la entidad para responder la solicitud formulada por la afiliada con requisitos cumplidos. En este caso, desde el 17 de agosto de 2016 hasta la fecha en que se efectuara el pago de la obligación, y no desde el 1° de diciembre de 2018 como se ordenó en primera

instancia, motivo por el cual, al haber sido apelado este aspecto por la demandante, modificó la sentencia en este apartado.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Positiva S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver, de acuerdo con el alcance del recurso extraordinario y según los términos en que fue presentado.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende Positiva S.A. que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la proferida por el juzgado y en su lugar, la absuelva de todo lo pretendido en su contra.

Subsidiariamente, pide que se case parcialmente la providencia recurrida, para que, en instancia, revoque la condena frente al reconocimiento y pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que son replicados, de los cuales los dos primeros se decidirán de forma conjunta, toda vez que su argumentación se complementa, persiguen el mismo fin y la solución a impartir es semejante para ambos.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia recurrida de infringir la ley sustancial por la vía indirecta, bajo la modalidad de

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Radicación n.° 96119 aplicación indebida del artículo 3° de la Ley 1562 de 2012, en relación con el 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, 12 del Decreto 1295 de 1994 y

141 de la Ley 100 de 1993. Indica la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin ser ello cierto, que respecto al

fallecimiento del señor JUAN CARLOS CASTAÑEDA CALLE, no existe prueba que “…acredite que su muerte ocurrió como consecuencia de situaciones personales ajenas a sus labores…”.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que “…no hay en la actuación ningún elemento que dé claridad sobre las causas de la tragedia que cobró la vida del trabajador, es decir, no existe medio probatorio alguno que pudiese romper la causalidad de la muerte con su ámbito laboral…”.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que “…el infortunio que produjo el fallecimiento del causante fue un accidente con ocasión del trabajo…”.

4. No dar por demostrado, estándolo, que las causas que condujeron a la muerte del señor JUAN CARLOS CASTAÑEDA

CALLE no tienen asidero con el vínculo laboral que éste desarrollaba para su empleador, AGROPECUARIA AGA S.A.S. al momento del infortunio.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el homicidio de que fue

objeto el señor JUAN CARLOS CASTAÑEDA CALLE, no guardaba ninguna relación de causalidad laboral.

6. No dar por demostrado, siendo evidente, que los desafortunados hechos que rodearon la muerte del señor JUAN

CARLOS CASTAÑEDA CALLE fueron por aspectos personales, esto es, no existió nexo causal con su trabajo, en consecuencia, su fallecimiento fue por causas de origen común.

7. No dar por demostrado, estándolo, que la negativa respecto a la solicitud de reconocimiento pensional de sobrevivientes incoada por la demandante a mi representada, se fundamentó en criterios serios, objetivos, legales y jurisprudenciales.

Menciona que ellos fueron producto de la indebida apreciación del 1) formulario de dictamen para

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Radicación n.° 96119 determinación de origen del accidente; comunicaciones 2) dirigida a Uriel Aguirre Moscoso, representante legal de Agropecuaria AGA S.A.S.; 3) y a Natalia Rincón Cortés; 4) investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación; 5) inspección técnica del cadáver; 6) informe ejecutivo de policía judicial; 7) actuación del primer respondiente; 8) entrevista realizada a Natalia Rincón Cortés; 9) respuesta de la petición elevada a la Fiscalía General de la Nación; 10) investigación del siniestro mortal adelantada por la compañía ARIES S. EN C.S.; 11) comunicación del 31 de mayo de 2016 dirigida por Agropecuaria Aga S.A.S. a Positiva S.A.; 12) contrato de trabajo a término fijo suscrito entre el causante y Agropecuaria Aga S.A.S; 13) demanda inicial; 14) interrogatorio rendido por Natalia Andrea Rincón Cortés y 15) los testimonios rendidos por Álvaro Antonio Rincón Loaiza, Adrián Castro Ríos y Uriel Alberto Aguirre Moscoso. Afirma que el Tribunal se equivocó al estimar que las

pruebas no otorgaban claridad sobre las causas de la muerte del afiliado; todo lo contrario, cada una de ellas contiene aspectos significativos, que al ser analizados en conjunto, así como lo ordena el artículo 176 del Código General del Proceso, evidencian que no fue con ocasión del vínculo laboral ni por las actividades que él desarrollaba para su empleador al momento del infortunio. Explica que, en el formulario del dictamen para la determinación del origen del accidente, en el acápite sexto «Calificación de origen», luego de realizar un análisis de cada

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Radicación n.° 96119 uno de los elementos probatorios recaudados, se concluye que el origen de la muerte fue común. Expone que de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación se debe tener en cuenta lo descrito sobre el siniestro en el sentido que «[…] es de anotar que al recolectar el cuerpo, se halló debajo de donde yacía éste, un proyectil deformado para arma de fuego y al lado parte de su encamisado y a unos 50 centímetros se halló un proyectil para arma de fuego. Acerca de las circunstancias que rodearon los hechos se puede inferir que al parecer se trató de un caso de sicariato en contra de la víctima». Argumenta que en las pruebas acusadas se extrae que la muerte violenta del causante no se dio por causa o con ocasión del trabajo que él desempeñaba, pues se puede corroborar que los hechos que rodearon el deceso del afiliado se encontraban premeditados y dirigidos específicamente hacia él.

Asegura que, si se tratara de un accidente laboral, otras hubiesen sido las circunstancias contenidas en los documentos que anteceden. Por ejemplo, habrían hurtado a la víctima de sus pertenencias, del caballo que montaba, o luego de su asesinato se habrían adentrado al inmueble para continuar con el delito, en caso de que se tratara de un atentado contra su empleador o algún integrante de la finca, existirían más víctimas o se hubieran generado daños al inmueble o a sus caballos.

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Radicación n.° 96119 Añade que existe una diferencia notoria entre un suceso donde la víctima puede fallecer como consecuencia de impactos de bala que ni siquiera van dirigida hacía él, a otro con un ataque con arma de fuego donde le propinan más de 16 impactos directamente, y que incluso con sevicia van detrás para rematarlo, como sucedió en el presente caso, aspectos que dan cuenta de la intención de los perpetradores de realizar un daño personal. Sostiene que la función de montador para la cual fue contratado, como toda labor que se ejecuta tenía algún tipo de riesgo, aunque fuese mínimo, pero no se puede equiparar con un ataque tan brutal como del que fue víctima. Después de lo cual, concluye que: Corolario de lo anterior, resulta evidente que las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la muerte del de cujus no fue con causa del trabajo, al no existir una relación directa derivada del desarrollo de la labor para la cual se contrató al trabajador y las actividades relacionadas con la misma, como tampoco con ocasión del trabajo, o llamada causalidad indirecta,

en otras palabras, NO existe un vínculo entre las circunstancias que rodearon el hecho y las funciones que desempeñaba el empleado, más aun, cuando de las pruebas documentales, testimoniales y de la misma versión de la parte actora, se extrae de forma fehaciente que ningún reparo tenía respecto al origen común que se venía dando a la muerte del afiliado, se limitaron a manifestar que se encontraba trabajando en el momento del ataque, pero en momento alguno indicaron que el móvil de dicha acción hubiese surgido como consecuencia de las actividades que éste desempeñaba en la Finca el Buen Genio. De hecho, arguyen que existía envidia hacia el señor CASTAÑEDA y fue esa la razón por la que acabaron con su vida, aspecto de índole netamente personal de la intimidad del afiliado, que no se cataloga ni se relaciona como un riesgo laboral. Así las cosas, yerra ostensiblemente el Tribunal al confirmar la sentencia emitida por el A Quo, sin antes analizar con detenimiento y conjuntamente la documental que milita en el plenario, de la que se desprende con absoluta suficiencia que los hechos acaecidos el 12 de mayo de 2016 y que terminaron con la

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Radicación n.° 96119 vida del señor CASTAÑEDA CALLE, no se relacionan en absoluto con la labor desempeñada por éste, o con aspectos intrínsecos de su trabajo, para de allí derivar la existencia de un presunto vínculo o nexo causal, imperioso para que el accidente sea catalogado como laboral.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia recurrida, de infringir la ley

sustancial por vía directa, bajo la modalidad de interpretación errónea del artículo 3° de la Ley 1562 de 2012, en relación con el 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, así como la infracción directa del 12 del Decreto 1295 de 1994. Señala que es reiterada la jurisprudencia que al respecto ha indicado la necesaria existencia de un nexo causal entre el accidente y la labor desarrollada por el trabajador, de la cual se pueda relacionar que el infortunio se dio a causa o como consecuencia de las funciones que él desempeña. Aduce que el Tribunal, sin detenerse a examinar que cada asunto debía analizarse de forma individual y concreta, consideró que «[…] basta con que el trabajador se encuentre en el lugar de trabajo y bajo la subordinación de la empresa para que se configure accidente laboral», lo cual no es una presunción absoluta, porque es deber de cada juez analizar el caso específico, para establecer la existencia o no de la causalidad.

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Radicación n.° 96119 Le reprocha al fallador haber determinado el origen laboral, bajo la premisa de que se encontraba en su sitio de trabajo cumpliendo órdenes de su empleador, pues estos aspectos no son suficientes para que se configure un accidente de trabajo, siendo necesario determinar la existencia del nexo causal, derivado del estudio de los hechos, que según se determinó en el primer cargo, obedecieron a aspectos personales, que en nada se relacionaban con sus funciones o entorno laboral. Asegura que, de conformidad con el artículo 12 del

Decreto 1295 de 1994, tal como lo sostuvo el Tribunal, no existe evidencia clara de los determinadores de la muerte del afiliado, menos aún, existe calificación de que sea de origen laboral. Por lo tanto, a la luz de la norma mencionada, debería presumirse y considerarse de origen común. Como fundamento de lo dicho, cita las sentencias CSJ

SL11970-2017, CSJ SL1976-2022, CSJ SL1739-2022, CSJ

SL1050-2021 y CSJ SL1122-2021.

VIII. RÉPLICAS Colpensiones manifiesta que no le asiste razón a la entidad recurrente, porque la sentencia se ajustó a la ley, a las pruebas analizadas conforme al principio de la libre valoración de la prueba y formación del convencimiento, así como los precedentes de su superior funcional, atendiendo que, al momento del fallecimiento, el causante se encontraba

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Radicación n.° 96119 en su horario de trabajo y ejerciendo sus labores, bajo la subordinación del empleador. Indica que Positiva S.A. no desacreditó la calificación laboral, toda vez que su defensa se basó en considerar que la muerte pudo acontecer por razones personales, sin ni siquiera demostrarlo. Natalia Rincón Cortes sostiene que el Tribunal, en uso de la libre formación del convencimiento, indicó que aquellas pruebas no tenían la fuerza para desvirtuar las conclusiones frente a que la muerte ocurrió con ocasión del trabajo, adicionando para el caso, que a nadie le es dable favorecerse de sus propios dichos.

Explica que la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación no tiene una conclusión definitiva, dado que aún se encuentra en fase indagatoria.

IX. CONSIDERACIONES La Sala deberá resolver si el Tribunal erró al determinar que el siniestro que dio lugar a la muerte del señor Juan Carlos Castañeda fue con ocasión del trabajo que desempañaba y no de naturaleza común.

Aunque el primer cargo se dirige por la vía indirecta, no se discute que 1) Juan Carlos Castañeda Calle falleció el 12 de mayo de 2016; 2) la calidad de las demandantes; 3) Positiva S.A. negó el reconocimiento pensional, con el

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Radicación n.° 96119 argumento de que se trataba de un siniestro de origen común y 4) el afiliado falleció durante la jornada laboral, en el lugar de trabajo y mientras cumplía con sus funciones de montador de caballos. Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala expone el criterio jurisprudencial sobre la definición de accidente de trabajo, por causa y con ocasión del trabajo, junto con la carga probatoria de la administradora de riesgos laborales en este sentido. Por último, se adentra al estudio de las pruebas acusadas como indebidamente valoradas. i) Definición de accidente de trabajo, por causa y con ocasión del trabajo. Carga probatoria de la administradora de riesgos laborales El artículo 3º de la Ley 1562 de 2012, que es el aplicable debido a la fecha de fallecimiento del causante, define como accidente de trabajo, «[…] todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte». De esta forma, para que un siniestro tenga naturaleza laboral, debe ocurrir en una de dos dimensiones: por causa del servicio, esto es, por la relación directa existente entre las funciones ejecutadas y la causa del accidente o con ocasión del trabajo, siendo este un escenario indirecto, ya no debido al cumplimiento de responsabilidades propias del cargo, sino

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Radicación n.° 96119 al riesgo creado por el vínculo; sin que esto último implique una responsabilidad objetiva ya que, en cualquiera de los dos casos, es viable desvirtuar la naturaleza del evento si se rompe el nexo causal. Sobre el particular, téngase en cuenta lo dicho por la Sala en sentencia CSJ SL3385-2022, que a su vez reiteró lo reseñado en el fallo CSJ SL4318-2021: Adviértase, además, que el accidente que ocurre con causa del trabajo, se refiere a una relación directa derivada del desarrollo de la labor para la cual se contrató al trabajador y las actividades relacionadas con la misma; mientras que con ocasión del trabajo, plantea una causalidad indirecta, es decir, un vínculo de oportunidad o de circunstancias, entre el hecho y las funciones que desempeña el empleado. Ahora, la Corte no desconoce que existen casos en los que se dan circunstancias externas que pueden romper el nexo de causalidad que debe establecerse entre el siniestro y el ámbito laboral, pero estas deben ser acreditadas en el proceso.

Ahora, no es la muerte en el sitio de trabajo lo que, automáticamente, deviene en la naturaleza laboral de este siniestro, pues esta misma Corporación ha determinado que es viable «[…] romper el nexo de causalidad» entre ambos asuntos, siempre y cuando tales condiciones sean «[…] acreditadas en el proceso» (CSJ SL4318-2021). Para tal efecto, esto es, destruir el nexo de causalidad entre el siniestro y los servicios prestados, la administradora de riesgos laboral debe cumplir según el precedente señalado en la sentencia CSJ SL1730-2020: Y tampoco incurrió en error el juez plural al afirmar que si Positiva Compañía de Seguros S.A. quería exonerarse de responsabilidad, le correspondía demostrar que el accidente no

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Radicación n.° 96119 tuvo relación con el trabajo, puesto que los demandantes desde el escrito inaugural plantearon que el siniestro fue laboral, con ocasión del trabajo y le correspondía a esta entidad acreditar lo contrario. En un caso similar, la Corporación reiteró que: (i) para que se presente un accidente laboral, debe existir un nexo causal entre el hecho dañoso y la prestación del servicio, ya sea de manera directa o indirecta; (ii) que si la administradora de riesgos laborales pretende liberarse de su responsabilidad, debe derruir tal conexidad, y (iii) no todo hecho que ocurra en el entorno laboral, resulta dable calificarlo siempre como accidente de trabajo, por cuanto pueden existir circunstancias que permitan desligarlo de la prestación de un servicio subordinado (CSJ SL11970-2017) (subrayado fuera del texto original).

1. Sobre las pruebas acusadas como indebidamente apreciadas: Antes de proceder con el estudio de las pruebas acusadas, la Sala recuerda que no es cualquier desacierto el que conduce al quiebre de la sentencia atacada, sino que los yerros que se le endilguen a esta, deben tener el carácter de manifiestos, evidentes u ostensibles, que permitan derruir la presunción de acierto y legalidad de que está revestido el fallo impugnado.

Para tal efecto, no es suficiente hacer un argumento, así sea razonado, sino que le corresponde demostrar con razones serías y coherentes el desatino de la decisión. Sobre estos aspectos se pronunció la Sala en la sentencia CSJ SL0382018, en la que reiteró la SL544-2013: En este orden de ideas, del escrito que contiene el recurso, de manera diáfana se observa que, los argumentos no se dirigen a criticar la valoración probatoria y acreditar con razonamientos serios los supuestos desaciertos de esa Corporación, dado que la recurrente se limitó simplemente a enlistar una serie de pruebas testimoniales de las que transcribe apartes y documentales

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Radicación n.° 96119 respecto de las que solo señaló que hubo una indebida interpretación o que no fueron apreciadas, omitiendo hacer la confrontación entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, así como su incidencia en la decisión atacada. En punto de debate, la Sala se pronunció en la sentencia CSJ SL544-2013, puntualizando: Como es suficientemente sabido, cuando la violación de la ley

sustancial se pretende derivar de la mala valoración de las pruebas, debe el impugnante, si quiere que su acusación quede debidamente fundada, exponer en forma clara lo que la prueba acredita y en qué consiste la err