CSJ - SL1582-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongeslion N. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL1582-2023 Radicación n.° 93179 Acta 23 Bogotá, D. C., once (11) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por JAIRO HELY ÁVILA SUÁREZ, contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2020, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, en el proceso ordinario que instauró el recurrente contra la

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

CUNDINAMARCA - CAR.

I. ANTECEDENTES Jairo Hely Ávila Suárez llamó a juicio a la Corporación Autónoma Regional de Cundinam.arca - Car, para que se declarara: la «ineficacia, inexistencia y/o nulidad del acto o actos de cualquier naturaleza que, hayan servido o se les atribuya efectos de terminación el contrato de trabajo»; se

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Radicación n.° 93179 ordene «tomar todas las medidas y ofrecer las garantías para que el trabajador JAIRO HELY AVILA SUAREZ, pueda ejercer de manera normal tranquila y pacífica, las funciones propias de su cargo o de uno de mayor categoría al que venía desempeñando para el día 31 de marzo del año 2.000» y; se declare para todos los efectos legales que no ha existido solución de continuidad en la relación laboral. Reclamó la condena al pago de salarios, primas,

vacaciones, auxilio de estudio, cesantía, intereses a la cesantía, indemnización por el no pago oportuno de las cesantías y de sus intereses, indemnización por el no suministro de dotaciones, prestaciones sociales, aportes dejados de efectuar al sistema de seguridad social, auxilio de instalación, indemnización por disminución de la capacidad laboral, indemnización integral de perjuicios materiales, morales «y demás que correspondan a la indemnización integral de los daños injustamente causados al trabajador», viáticos, indexación, intereses moratorios, indemnización moratoria, lo que resulte probado extra o ultra petita y, las costas. Como fundamento de sus peticiones expuso que nació el 19 de enero de 1963 y, a partir del mes de junio de 1983, se vinculó a laborar con la CAR, entidad en la que desempeñó, como último cargo, el de inspector forestal y, en la que se afilió desde el inicio de la relación laboral al sindicato de trabajadores, lo que lo hizo beneficiario de las convenciones colectivas que se suscribieron.

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Radicación n.° 93 1 79 Indicó que en Resolución n.° 0982 del 26 de junio de 1997 fue trasladado a la Regional Funza, acto administrativo que fue revocado en la Resolución n.° 1345 de 1997 que no le fue notificado, razón por la cual, en cumplimiento del primero, se desplazó con su familia de la ciudad de Bogotá al municipio de San Antonio del Tequendama. Refirió que en vigencia del vinculo laboral fue objeto de persecución y acoso

que le generaron problemas de ansiedad que requirieron de atención médica y del suministro de medicamentos siquiátricos. Informó que fue designado miembro de la junta directiva del sindicato y, con ocasión de su traslado a otra regional, desvinculado de la misma. Agregó, que en ejercicio de sus funciones sufrió un accidente laboral y que la CAR le realizó retención ilegal de su salario, luego de lo cual y a pesar de su estado de salud mental, se vio obligado a suscribir un acuerdo de transacción con su empleador, en el que, a cambio de una bonificación notablemente inferior a la pactada en la Convención Colectiva de Trabajo, firmó la terminación por mutuo acuerdo de su contrato de trabajo, momento en el cual se encontraba bajo el influjo de una dosis doble de medicamentos siquiátricos ordenados por la médica de la CAR. La Corporación Autónoma Regional de CundinamarcaCAR al contestar, se opuso a las pretensiones. Aceptó la vinculación laboral del demandante, la existencia de la organización sindical y la suscripción con esta de Convenciones Colectivas de Trabajo.

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Radicación n.° 93179 En su defensa sostuvo que las partes libre y voluntariamente, mediante mutuo acuerdo, decidieron dar por terminado el contrato de trabajo, a partir del 31 de marzo de 2000, decisión que quedó plasmada en un acta de transacción, en la que, además, se le reconoció la suma de $51.000.000 a título de bonificación. Propuso como excepción previa la de falta de agotamiento de la « VIA GUBERNATIVA», las de mérito de cosa

juzgada y prescripción y, las que llamó cobro de lo no debido e improcedencia para reintegrar trabajadores oficiales por vía legal (f.° 208-2019 y, 231-242 cuaderno del juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito Bogotá DC, concluyó el trámite y profirió fallo de 12 de agosto de 2015 (f.° 1695-1708 cuaderno del juzgado), resolvió declarar probada la excepción de prescripción, negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas al promotor del juicio.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver en grado de consulta, la Sala Laboral del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, emitió fallo el 30 de junio de 2020, confirmó la decisión del a quo, pero por las razones allí expuestas, sin costas (f.° 1753-1762 cuaderno del Tribunal - expediente digital).

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Radicación n.° 93179 El objeto de su estudio lo contrajo a analizar la validez de la transacción suscrita por las partes para finiquitar el nexo laboral y, la procedencia de la cosa juzgada. Para iniciar, hizo referencia a la posibilidad de dirimir controversias laborales a través del mecanismo auto compositivo de solución de conflictos correspondiente a la transacción, así como a la posibilidad con la que cuentan las partes de terminar el contrato de trabajo por mutuo acuerdo, de la que señaló «está autorizada por la ley»,

[...] por esta razón nada impide que trabajador y empleador acuerden de manera voluntaria y libre finiquitar el contrato de trabajo de esta forma, así esa decisión esté motivada en algún tipo de contraprestación que el último ofrezca al primero, porque ese ofrecimiento tampoco es contrario a la ley, en la medida de que quien finalmente decide o acepta la propuesta es el trabajador, manifestando su decisión de terminar el contrato de trabajo, constituyendo ese proceder un acuerdo de voluntades para dar por terminada la relación laboral que los ata. Sostuvo que, no se acreditó que se hubiera ejercido en el trabajador algún tipo de acción que afectara su voluntad al momento de suscribir aquel acuerdo, que llegara a viciar su consentimiento, pues no hay prueba de «ninguna circunstancia que evidencie que fue forzado, presionado, inducido o encontrarse en estado de enajenación mental al momento de la suscripción del acto». Así coligió que «La realidad procesal evidencia que la terminación del contrato fue por mutuo consentimiento, conforme quedó expresado en el acta de transacción, al reportarle beneficios económicos, como era el reconocimiento

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Radicación n.° 93179 de una bonificación, en aras de precaver cualquier diferencia sobreviviente (sic) por la ejecución y extinción del vínculo». Resaltó que la prueba testimonial «no aporta nada al respecto», toda vez que «Ninguno de los testigos dan fe de las condiciones en que se suscribió el acuerdo entre las partes».

Agrega que: Resulta relevante para concluir que el trabajador no se encontraba afectado en su psiquis al suscribir el acta de

transacción, el dictamen médico forense realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (folios 382-400 del cuaderno N° 2 del juzgado), del cual se concluye que para la fecha de suscripción del acta de transacción, no presentaba ninguna limitación mental que le impidiera comprender los alcances del acto, por tanto, no vislumbra ninguna circunstancia que para ese momento afectaran (sic) su consentimiento. Dictamen proferido por autoridad competente, que no puede cuestionarse con el pretendido "Informe de Psiquiatría" allegado por el actor en sus alegaciones, considerando que el dictamen se surtió con el trámite previsto en la ley para ese tipo de pruebas, mientras que el aludido informe ni siquiera puede ser considerado como tal por no reunir las condiciones para que pueda apreciarse, pues es claro que toda decisión judicial debe proferirse con sujeción a las probanzas oportunamente evacuadas al proceso. Tampoco encontró que con el acuerdo de transacción se hubieran vulnerado derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, «precisamente porque el objeto del avenimiento cordial se contrajo única y exclusivamente, a la terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento, que además de ser un modo legal, la exempleadora reconoció y pagó una suma a título de bonificación». Al respecto, añadió: Aceptar en las condiciones analizadas los argumentos expuestos en la acción, cuando para dar resolución al contrato de trabajo

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Radicación n.° 93179 por mutuo disenso, la empleadora ofreció un monto considerable

como bonificación o suma para transar las diferencias, sin que ello le hubiera ameritado reparo al trabajador «evidentemente le generaba beneficios económicos», sería desconocer además un postulado de tan altos alcances como es de la "buena fe - lealtad que obliga tanto al trabajador como al patrono. En relación con las indemnizaciones por dotaciones, de perjuicios y por minusvalía refirió «debe declararse probada la excepción de prescripción, ya que entre la fecha de exigibilidad de los derechos relacionados y presentación de la presente acción judicial transcurrieron más de tres años».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la casación total de la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, «se sirva revocar totalmente la del Ad Quem», para en su lugar, «conceder todas y cada una de las pretensiones incoadas».

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que no recibieron réplica, los que se estudiarán de manera conjunta en razón a que desconocen la técnica propia del recurso extraordinario.

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Radicación n.° 93179

VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa «en modalidad de infracción (sic) de los artículos» 1, 2, 4, 13, 38, 39, 42, 48, 53 y 93 de la CN, 3, 4 y 7 del Decreto 1848 de 1969; 1, 9, 13, 21, 467, 477 y 478 del

CST,6 ,7 9 y 19 de la Convención Colectiva de Trabajo; 1494, 1502 y 2483 del CC; «en estricta y directa relación» con los artículos 1, 4, 13, 25, 39, 42, 53, 55, 57, 58, 59, 83, 93, 228 y 229 de la CN. Luego de reproducir una a una las normas acusadas, sustenta el cargo indicando que la norma convencional «no le mereció consideración alguna al Juzgador de segunda instancia», pasando por alto lo normado en su artículo 19 que contempla como indemnización al trabajador «a cambio de su estabilidad laboral una suma superior a la que supuestamente entregó la entidad como contraprestación al obrero para comprarle su estabilidad, su derecho al trabajo».

Afirma: [...] la verdadera intención de la entidad nunca fue la de componer diferencias con sus trabajadores o superar desavenencias decente y elegantemente a través de transacciones fruto de sinceras consideraciones, conversaciones y convencimiento con igualdad de armas, no, nunca, a lo que siempre se arribara fuere por cualquier camino es que las directivas de la CAR se ensañaron con el trabajador Ávila Suárez, lo acorralaron, lo enloquecieron y le arrebataron la estabilidad laboral, le obstruyeron el libre desarrollo de la personalidad impidiéndole el buen desempeño como Directivo Sindical, lo sometieron al escarnio ante sus compañeros, directamente influyeron y predeterminaron su estado y salud física y psicológica, como el jibaro que se asegura de alienar a su

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Radicación n.° 93179 potencial clientela lo indujeron o estimularon y condujeron a dependencia en el consumo de antidepresivos y tranquilizantes, y luego con prácticas no menos detestables le endilgaron que se había concertado con las directivas de la CAR para zanjar por la vía de la transacción, unas pequeñas diferencias, una elemental discordia; así de sencillo y elegante les resultó la pintura. No obstante, el asunto fue de unas dimensiones absolutamente catastróficas, terribles, dañinas y de despojo que, a la fecha AVILA SUÁREZ, lucha contra secuelas, adicciones y terribles perjuicios, Eso salta a la vista de una somera mirada a la prueba pericial, su contradicción y sustentación en instancia de alegatos.

VII. CARGO SEGUNDO Por la vía directa acusa interpretación errónea de los artículos 2564 del CC; 3, 4 y 7 del Decreto 1848 de 1969; 1, 9, 13, 21 y 467 del CST; 6, 7, 9 y 19 de la Convención Colectiva de Trabajo, en relación los artículos 12, 29, 53, 55, 58, 93, 228 y 229 de la CN.

Luego de reproducir los preceptos acusados, aduce que el estudio de la transacción que suscribieran las partes debió provenir del «cumplimiento y debida materialización de todos y cada uno de los elementos integrantes, obviamente dinamizados, actuantes y surtiendo garantías y consecuencias» y no, de la «mera literalidad del canon del Código Civil Colombiano que consagra la tipología contractual,

y mucho menos del artículo 16 del Código Civil Colombiano que nos habla de la validez de la transacción». Afirma que «el dossier no da señales de la existencia de ese conflicto, de esas diferencias, de esos intereses encontrados presentes o futuros que tan siquiera aconsejaran 9

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Radicación n.° 93179 acudir a un contrato de transacción para solucionarlo», por el contrario, en su decir, de lo que da cuenta es de los «abusos de la posición dominante y privilegiada de las directivas y superiores jerárquicos en contra del obrero».

VIII. CARGO TERCERO Por la vía indirecta acusa aplicación indebida de los artículos 1405, 1495, 1496, 1500, 1506,1618, 1619, 1620, 1621, 1622 y 2464 del CC; 1, 2, 4, 13, 38, 39, 42, 38, 53 y 93 de la CN, 1,9, 13, 21, 127, 247, 260, 467, 474, 477 y 478 del CST; 45 del Decreto Ley 1045 de 1978; 2, 7, 11, 12, 13, 14, 42, 71, 164, 165, 166, 167, 170, 279 y 280 del CGP, en relación con los artículos 51, 52, 53, 54 A, 66 A y 145 del CPTSS, 1, 2, 4, 6, 13, 25, 23, 38, 39, 42, 48, 53, 55, 58, 83, 95, 228 y 229 de la CN.

Nuevamente reproduce el elenco normativo acusado y afirma, que su violación obedeció a la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo que, entre el trabajador, ahora actor, señor JAIRO HELY AVILA SUAREZ, y los Directivos de la accionada CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR, existía para comienzos del ario 2000, diferencia, conflicto o disputa respecto de derechos inciertos de raigambre laboral que ameritaran, motivaran o dieran origen a contrato de transacción.

2. Dar por demostrado, sin estarlo que, entre el entonces trabajador, ahora actor, y el Dr. DIEGO BRAVO BORDA, existió para los meses de febrero y marzo del ario 2000, alguna o algunas reuniones.

3. Dar por demostrado, sin estarlo que, para la época que comprendió los meses de febrero y marzo del ario 2000, existió entre el trabajador, ahora actor y el Dr. DIEGO BRAVO BORDA

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Radicación n.° 93179 como persona particular o como director de la CAR (en adelante el Director), acercamientos o reuniones en las que se abordara, se considerara y acordara que existían razones, motivos, prestaciones, obligaciones, créditos o derechos, cuya naturaleza pudiera dar origen a conversaciones y consideraciones que ameritaran contemplar alternativas para solucionar aspectos de interés o provecho mutuo.

4. Dar por demostrado, sin estarlo que, para la época que comprendió los meses de febrero y marzo del ario 2000, existió entre el trabajador, ahora actor y el Director, acercamientos o

reuniones en las que se abordara, se considerara y acordara que existían razones, motivos, prestaciones, créditos o derechos, que dieran origen a contrato de transacción.

5. Dar por demostrado, sin estarlo que, para la época que comprendió los meses de febrero y marzo del ario 2000, existió entre el trabajador, ahora actor y el Director, acercamientos o reuniones en las que se abordara, se considerara y acordara que existían razones, motivos, prestaciones, créditos o derechos cuya naturaleza resultara pertinente y permitiera considerar y contornear contrato escrito de transacción.

6. Dar por demostrado, sin estarlo que, para la época que comprendió los meses de febrero y marzo del ario 2000, existió entre el trabajador, ahora actor y el Director, acercamientos o reuniones en las que se abordara, se considerara que existían razones, motivos, prestaciones, créditos o derechos de los que se desprendiera interés de por lo menos estudiar posible celebración de contrato de transacción y se sentara aunque fuera precarias bases para ello.

7. Dar por demostrado, sin estarlo que, para la época que comprendió los meses de febrero y marzo del ario 2000, existió entre el trabajador, ahora actor y el Director, acercamientos o reuniones en las que se abordara o considerara que existían razones, motivos, prestaciones, créditos o derechos de los que se desprendiera interés de por lo menos estudiar posible celebración de contrato de transacción y se plasmara en documento escrito relacionado con el particular.

8. Dar por demostrado, sin estarlo que, para la época que comprendió los meses de febrero y marzo del ario 2000, existió

entre el trabajador, ahora actor y el Director, acercamiento o reuniones en las que se abordara o considerara que existían razones, motivos, prestaciones, créditos o derechos de los que se desprendiera interés de por lo menos estudiar posible celebración de contrato de transacción y se creara tan si quiera esquema con intención de tornarlo en acta, escrito o algún documento parecido

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Radicación n.° 93179 al contrato de transacción.

9. Dar por demostrado, sin estarlo que, para la época que comprendió los meses de febrero y marzo del ario 2000, existió entre el trabajador, ahora actor y el Director, acercamientos o reuniones en las que se abordara o considerara que existían razones, motivos, prestaciones, créditos o derechos de los que se desprendiera interés de por lo menos estudiar posible celebración de contrato de transacción y se creara esquema o borrador con intención de tornarlo en acta, escrito o algún documento parecido al contrato de transacción.

10. Dar por demostrado, sin estarlo que, para la época que comprendió los meses de febrero y marzo del ario 2000, existió entre el trabajador, ahora actor y el Director, acercamientos o reuniones en las que se abordara o considerara que existían razones, motivos, prestaciones, créditos o derechos de los que se desprendiera interés de por lo menos estudiar posible celebración de contrato de transacción y se creara esquema o borrador de acta, escrito o documento similar en el que se formalizara contrato de transacción.

11. Dar por demostrado, sin estarlo que, para la época que comprendió los meses de febrero y marzo del ario 2000, existió

entre el trabajador, ahora actor y el Director, acercamientos o reuniones en las que se abordara o considerara que existían razones, motivos, prestaciones, créditos o derechos de los que se desprendiera interés de por lo menos estudiar posible celebración de contrato de transacción y se concertara crear esquema o borrador de acta, escrito o documento similar en el que se formalizara contrato de transacción.

12. Dar por demostrado, sin estarlo que, para la época que comprendió los meses de febrero y marzo del ario 2000, existió entre el trabajador, ahora actor y el Director, acercamientos o reuniones en las que se abordara o considerara que existían razones, motivos, prestaciones, créditos o derechos de los que se desprendiera interés de por lo menos estudiar posible celebración de contrato de transacción y se concertara acta o documento en el que se consignara contrato de transacción.

13. Dar por demostrado, sin estarlo que, para la época que comprendió los meses de febrero y marzo del ario 2000, existió entre el trabajador, ahora actor y el Director contrato de transacción.

14. Dar por demostrado, sin estarlo que, para la época que comprendió los meses de febrero y marzo del ario 2000, existió entre el trabajador, ahora actor y el Director contrato alguno y menos de transacción.

15. Dar por demostrado, sin estarlo que, para la época que

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Radicación n.° 931 79 comprendió los meses de febrero y marzo del ario 2000, existió en el trabajador, ahora actor real voluntad de renunciar a su

calidad de trabajador de la CAR.

16. Dar por demostrado, sin estarlo que, para la época que comprendió los meses de febrero y marzo del ario 2000, existió entre el trabajador, ahora actor interés de percibir de la CAR, suma de dinero alguna para renunciar al añejo vínculo mediante contrato de trabajo.

17. Dar por demostrado, sin estarlo que, para la época que comprendió los meses de febrero y marzo del ario 2000, existió entre el trabajador, ahora actor y el director acuerdo sobre aspectos que los llevarán (sic) a suscribir contrato de transacción.

18. Dar por demostrado, sin estarlo que, la supuesta suma que se habría entregado al trabajador de la CAR y directivo Sindical por efecto del contrato de transacción es diferente o adicional a la pactada en la clausula (sic)19 de la convención colectiva de trabajo debidamente suscrita entre la CAR y su sindicato y que regia (sic) las relaciones laborales en la Entidad.

19. Dar por demostrado, sin estarlo que, para la época que comprendió los meses de febrero y marzo del ario 2000, existió entre el trabajador, ahora actor y el director interés y voluntad libre de apremio para suscribir contrato de transacción (negrita del original).

20. Dar por demostrado, sin estarlo que, la demandada solicitó el correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo para dar por terminado el Contrato de Trabajo al Trabajador y directivo sindical, ahora actor.

21. Dar por demostrado, sin estarlo que, la prueba pericial se recaudó con las formalidades mínima (sic), y principalmente con

la unidad de materia requerida y que la contradicción se permitió de manera pacífica y objetiva.

22. No dar por demostrado, estándolo que, el entonces trabajador, ahora actor, integraba y se desempeñaba desde el ario 1993, en la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la CAR.

23. No dar por demostrado, estándolo que, en los estatutos de la CAR y la Convención Colectiva de trabajadores de la misma Entidad, se consagraba que el domicilio de todos y cada uno de los integrantes de la directiva principal, era la ciudad de Bogotá,

D.C. del Sindicato de CAR.

24. No dar por demostrado, estándolo que, en los estatutos de la CAR y la Convención Colectiva de trabajadores de la misma Entidad, se prohibía rotundamente que los directivos de la Junta

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Radicación n.° 93179 Central fueran removidos de su domicilio natural.

25. No dar por demostrado, estándolo que, en actitud hostil, las directivas de la CAR, contrariando la constitución, la ley, los estatus (sic) y la convención colectiva de trabajo resolvieron trasladar al directivo JAIRO HELY AVILA SUAREZ, a la Regional

Funza.

26. No dar por demostrado, estándolo que, el mencionado líder sindical solicitó e insistió en la modificación o revocatoria del acto de traslado para que fuera devuelto a su domicilio natural en la

ciudad de Bogotá D.C.

27. No dar por demostrado, estándolo que, la CAR, instruyó al directivo y trabajador para que apoyara las actividades de

prevención y extinción de incendios ocasionados en gran número por el fenómeno del niño, con la promesa de que se garantizaría y facilitaría las tareas propias del Sindicato en la ciudad de Bogotá, se pagaría el auxilio de traslado y los viáticos correspondientes.

28. No dar por demostrado, estándolo que, para la época del ilegal traslado el trabajador y directivo sindical adelantaba estudios en la Universidad Libre de Colombia sede la Candelaria

de Bogotá, D.C., y que la perversa novedad tenía también por fin entorpecer esa noble causa.

29. No dar por demostrado, estándolo que, el trabajador y directivo elevó formal queja de la prohibida novedad al Ministerio de Trabajo - dependencia pertinente.

30. No dar por demostrado, estándolo que, la CAR adelantó las mencionadas y otras maniobras tendientes a demorar pronunciamiento de fondo de Ministerio (sic) y que se vencieran los términos para impetrar la acción judicial de amparo de fuero

Sindical.

31. No dar por demostrado, estándolo que, llegado el momento en que el trabajador y directivo sindical exigió el cumplimiento de lo acordado, en torno a los condicionamientos y garantías sobre el ilegal traslado, se le dio a conocer y se le puso a la vista que la resolución que había ordenado el traslado, había sido añejamente modificada y revocada ordenando su retorno a la

ciudad de Bogotá D.C.

32. No dar por demostrado, estándolo que, con ocasión de las hostilidades de la CAR como el trabajador y directivo afrontó

quebrantos de salud, se le diagnosticó ataque de pánico y ansiedad y se le formuló tratamiento terapéutico con antidepresivos y benzodiacepinas.

33. No dar por demostrado, estándolo que, que (sic) el intenso tratamiento médico que amerito (sic) el trabajador y directivo tenia (sic) la capacidad de exacerbar cambios bruscos e

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Radicación n.° 93179 voluntarios (sic) ante circunstancias de presión, acoso o que considere injustas y agresivas.

34. No dar por demostrado, estándolo que, para los años 1999 y 2000 al trabajador y directivo se le había incrementado considerablemente la dosis de medicación y se le habían formulado fármacos adicionales.

35. No dar por demostrado, estándolo que, para los arios 1999 y 2000, el departamento médico interno de la CAR por su propio criterio había adicionado la dosis de medicamento para controlar el estado psíquico del trabajador y directivo sindical JAIRO HELY

AVILA SUAREZ.

36. No dar por demostrado, estándolo que, para comienzos del ario 2000 al trabajador y directivo sindical, se le suspendió sin previo aviso, notificación o prevención el pago de su salario.

37. No dar por demostrado, estándolo que, que (sic) para los meses de febrero y marzo del ario 2000 el trabajador acudió a consultar los servicios de la médica de la CAR, Dra. Claudia, quien suministro (sic) muestras médicas del medicamento alprazolan y formuló dosis adicional.

38. No dar por demostrado, estándolo que, para comienzos del mes de febrero del ario 2000 el trabajador y directivo sindical, informó a la Entidad y pidió ayuda por cuanto el día 24 de diciembre del ario 1999 su casa de habitación fue afectada por una avalancha que la destruyó en su totalidad.

39. No dar por demostrado, estándolo que, fue en medio de toda esta serie de acontecimientos y novedades agresivas para la salud mental y autodeterminación del directivo sindical y trabajador que se le endilga haber adelantado con la CAR con plenas formalidades contrato de transacción.

40. No dar por demostrado, estándolo que, toda suma de dinero e inclusive la supuestamente pactada en contrato de transacción, correspondía a lo estrictamente correspondiente como remuneración del Contrato de Trabajo y el Contrato Colectivo, y particularmente lo establecido en la clausula (sic) 19 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en el ario 1995 y que no fuera objeto de modificaciones en negociaciones posteriores.

Sustenta el cargo en los siguientes términos: No se apreciaron las certificaciones expedidas por el Ministerio del Trabajo, oficina de archivo Sindical en las que se certifica la calidad de directivo sindical del trabajador, ahora demandante, y la garantía de permanencia en el domicilio principal de la

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Radicación n.° 93179 organización sindical establecida en los estatutos que obra a folios 64 a 87 del cuaderno 1; así como tampoco lo pertinente de la Convención Colectiva militante de folios 30 a 62 ibídem; no se

apreciaron el oficio contentivo de la orden de traslado, la Resolución que ordenó el mismo y aquella que lo revocó (ocultada hasta última hora) y que obran a folios 93, 94 y 95 de la misma foliatura; se dio por sentado sin que existiera o se mencionara el medio de convicción que diera cuenta del permiso otorgado por el Ministerio del Trabajo para dar por terminado el contrato de trabajo al trabajador y directivo sindical ahora demandante; no se valoraron los múltiples oficios dirigidos por el trabajador y directivo sindical al director de la CAR Dr. DIEGO BRAVO BORDA y otros altos directivos de la CAR, sentando su inconformidad por el arbitrario traslado y pidiendo la reubicación, obrantes a folios 96, 97, 98, 99 y 102 entre otros de la misma encuadernación; absolutamente inapreciada resultó la documental que da cuenta de la medicación adicional controlada que le fuera suministrada al trabajador y directivo sindical ahora actor por parte de la CAR y en adición al tratamiento que recibía del ISS, obrante a folios 461 a 464 entre otros; en un todo con la pericia la declaración del médico tratante del ISS, Dr. GUILLERMO DIAZ LLANO y el concepto científico calificado con que se nutrieron los alegatos de conclusión de primera instancia; absolutamente intrascendente resulto (sic) para el Ad Quem la abundante prueba testimonial, de la cual ninguna afirmación tuvo valía.

IX. CONSIDERACIONES Recuerda la Sala que, por tratarse de un recurso extraordinario, el escrito con el que se sustente debe ceñirse

a los requerimientos técnicos que su planteamiento y demostración exigen con acatamiento de las reglas legales y desarrollos jurisprudenciales fijados para su procedencia, presupuestos que no promueven un culto a las formalidades sino a «elementos esenciales de la racionalidad del recurso», de ahí que los cargos deban ser completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que persiguen.

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