CSJ - SL1621-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1621-2023 Radicación n.º 90295 Acta 023 Bogotá, D. C., cuatro (4) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por MARÍA TERESA BENÍTEZ AGUILERA contra la sentencia proferida el 4 de febrero de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que instauró contra la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES),

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA, COLFONDOS

SA PENSIONES Y CESANTÍAS y la ADMINISTRADORA DE

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA.

I. ANTECEDENTES María Teresa Benítez Aguilera, llamó a juicio a la

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir

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Radicación n.º 90295 SA (Porvenir SA), a Colfondos SA Pensiones y Cesantías, a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección SA (Protección SA) y a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones (Colpensiones), con el fin de que se declarara la «nulidad de la afiliación» al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), efectuada a través de AFP Porvenir SA, de manera que se tenga por válida la vinculación primigenia al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD), administrado

por Colpensiones. Enseguida, pidió que se condenara a Porvenir SA y a la AFP Santander hoy Protección SA a «registrar en el sistema de información de los fondos privados que la afiliación […] estuvo viciada de nulidad» y que se proceda a autorizar su traslado con la totalidad de los aportes realizados de su cuenta de ahorro individual, para que Colpensiones acepte dicho acto y a su vez, la registre como su afiliada. Lo anterior ante «el incumplimiento de deberes legales de información a la demandante, los cuales generaron un error de hecho que vició su consentimiento». El fundamento fáctico de tales peticiones consistió en que, nació el 26 de septiembre de 1961, que se afilió al Instituto de Seguros Sociales desde el 19 de septiembre de 1984 con el empleador Distrinovedades Ltda.; y, se trasladó a la AFP Porvenir SA en mayo de 1994, quien conociendo la densidad de semanas cotizadas, grupo familiar e IBC, no le desalentó para trasladarse ni le informó respecto de las consecuencias, ventajas y desventajas de la movilidad al

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Radicación n.º 90295 RAIS, como la disminución de más del 63% que tendría en su mesada pensional, la capitalización o la fecha de redención del bono pensional, que sería a los 60 años de edad. Informó que, para mayo de 1994 contaba con 429 semanas y 9 años cotizados; que Porvenir SA le hizo pensar que lo más conveniente era el traslado al RAIS y se mantuvo

con dicha administradora hasta julio de 2003 cuando se vinculó con la AFP Santander hoy AFP Protección SA, quien tampoco le advirtió o informó respecto de lo ya mencionado, permaneciendo en aquella hasta febrero de 2012 cuando se afilió a Colfondos SA, entidad en la que permanece activa. Anotó que, el 16 de noviembre de 2016, solicitó la anulación de la afiliación en pensiones al RAIS, por vicio del consentimiento, en cada una de las entidades ya señaladas, así como que para la presentación de la demanda el 30 de marzo de 2017, contaba con 1572 semanas cotizadas. Las accionadas, al responder la demanda, se opusieron a las pretensiones propuestas. Colpensiones aceptó, de los hechos, la fecha de nacimiento, el traslado que realizó al RAIS la recurrente y la petición que radicó deprecando la nulidad de este; aseguró que no le constaban los demás hechos y argumentó la imposibilidad de aceptar lo que ahora pretende, dado el movimiento voluntario inicial que hizo la afiliada al RAIS, así como que le faltaban menos de 10 años para causar el

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Radicación n.º 90295 derecho a la pensión, incumpliendo los presupuestos de la

CC SU-062-2010 y CC SU-130-2013.

A su vez, excepcionó las que denominó, buena fe, prescripción, cobro de lo no debido, carencia de causa para demandar, e inexistencia del derecho reclamado que se pretende. A su turno, la codemandada Porvenir SA., sobre los fundamentos fácticos, dijo que eran ciertos los relativos al

traslado inicial del RPM al RAIS por intermedio suyo, la fecha de nacimiento y los aportes recibidos para los periodos de junio de 1994 a julio de 2003 y la radicación de la petición de nulidad, pero aseguró que los demás, no eran ciertos como tampoco lo era que no realizó la asesoría necesaria, habida cuenta de que en su momento le «informó los regímenes pensionales existentes, las diferencias entre ellos, características de cada uno, la forma de determinar el monto pensional», entre otros. En su defensa invocó las excepciones de prescripción de las obligaciones laborales de tracto sucesivo, así como la natural prevista en el Código Civil, falta de causa para pedir e inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe y enriquecimiento sin causa. De igual manera, Protección SA al referirse al asunto afirmó que, al momento de la afiliación con su administradora, no se engañó a la actora como se aduce, dado que se le «entregó información objetiva a la demandante

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Radicación n.º 90295 sobre» los regímenes pensionales, sus ventajas y desventajas, todo lo cual, la llevó a la suscripción voluntaria del formulario respectivos. Expresó que no le constaban los demás hechos relatados en la demanda, por versar sobre intervenciones de terceros. Así mismo, aclaró que la cotización efectuada con Protección SA se dio entre el 14 de julio de 2003 y el 22 de febrero de 2012 y edificó su defensa en los medios exceptivos que denominó, validez de la información al RAIS con

Santander SA hoy Protección SA, prescripción de la acción para demandar la nulidad de la afiliación e inexistencia de vicio del consentimiento por error de derecho. Finalmente, Colfondos SA, dijo que no se evidenciaba engaño alguno al momento del traslado efectuado a su AFP, así como al de la condena por costas en su contra, por cuanto no presenta excepciones de mérito. Reconoció el nacimiento y edad del demandante, la solicitud de afiliación que aquel suscribió el 1 de abril de 2012 y la petición de nulidad de esta que allegó el 16 de noviembre de 2016, siendo cotizante afiliado a la fecha.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 15 de enero de 2019, resolvió:

1. Declarar la ineficacia de la afiliación y traslado realizado por la señora MARIA (SIC) TERESA BENITEZ (SIC) AGUILERA del

Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con

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Radicación n.º 90295 Solidaridad contenida en el formulario No. 114515 de fecha 30 de mayo de 1994 tramitado por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS Y PENSIONES PORVENIR S.A. (SIC) y por ende la ineficacia de la afiliación realizada por la señora demandante a SANTANDER PENSIONES Y CESANTIAS hoy ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A. (SIC) contenida en el formulario No. 6326078 de fecha 14 de julio de 2003 y a

COLFONDOS S.A. (SIC) PENSIONES Y CESANTIAS contenida en formulario de fecha 22 de febrero de 2012.

2. ORDENAR a COLFONDOS S.A (SIC) PENSIONES Y CESANTIAS a trasladar a COLPENSIONES la totalidad de los valores de la cuenta de ahorro individual de la que es titular la señora MARIA (SIC) TERESA BENITEZ (SIC) AGUILERA dineros que deben incluir los rendimientos que se hubieren generado hasta que se haga efectivo dicho traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por

COLPENSIONES.

3. ORDENAR a COLPENSIONES a recibir sin solución de continuidad como afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida a la señora MARIA (SIC) TERESA BENITEZ (SIC) AGUILERA desde su afiliación de fecha 19 de septiembre de 1984.

4. Se declaran no probadas las excepciones presentadas por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES, a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

(SIC), a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTIAS PROTECCION S.A (SIC) y a COLFONDOS S.A.

PENSIONES Y CESANTIAS.

5. Se condena en costas a los fondos demandados y a favor de la señora demandante. Las agencias en derecho se tasan en la suma de 2 SMLMV al momento del pago, a cargo de cada uno de los fondos.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación formulado por Colpensiones y el grado de consulta a su favor, mediante fallo del 4 de febrero de 2020, revocó la decisión

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Radicación n.º 90295 adoptada para en su lugar, absolver de las pretensiones a las demandadas. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal corroboró que, i) la demandante para el 1 de abril de 1994 contaba con 33 años de edad; ii) cotizó para la evocada data al extinto ISS un total de 429 semanas; iii) que el 3 de mayo de 1994 se afilió al RAIS por intermedio de Porvenir SA; iv) el 14 de julio de 2003 se vinculó con el Fondo de Pensiones Santander SA e igualmente, v) el 2 de diciembre de 2012 se trasladó a Colfondos SA. Centró su argumentación en determinar si «resulta procedente o no, declarar nulo o ineficaz el traslado de la aquí demandante María Teresa Benítez Aguilera del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad» así como consecuencialmente determinar la devolución o no de aportes por el fondo privado a Colpensiones. Para resolver dicho problema jurídico, memoró los eventos en que la Corte, posibilitó el decreto de la nulidad del traslado entre regímenes pensionales y para ello, entre otras, resaltó lo expuesto frente a la responsabilidad profesional de los fondos de pensiones y el deber de información, las

obligaciones establecidas en los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994 y la naturaleza del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993.

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Radicación n.º 90295 De igual manera, recapituló que del interrogatorio de parte de la señora Benítez Aguilera se extrae que para el año 1994 cuando ella se encontraba trabajando, los asesores de Porvenir SA de manera colectiva realizaron una reunión en las que les «informaron las ventajas del régimen de ahorro individual con solidaridad, entre las cuales la informaron que tendría una mejor pensión, que podría pensionarse anticipadamente y que el ISS no tenía la capacidad de pensionarla más adelante porque el Estado se encontraba mal económicamente», sin expresar alguna duda o pregunta al asesor, por lo que al contrario, firmó sin presiones el formulario. Señaló que la jurisprudencia concibió la inversión de la carga de la prueba por las AFP ante la expectativa legítima o pertenecer el afiliado al régimen de transición, por lo que ello no se aplicaba al asunto, máxime cuando obran a folios 58 y 61 del expediente los formularios antes mencionados, con su respectiva aceptación. Resaltó que, la demandante no contó con una expectativa legítima para la fecha del traslado, al faltarle 24 años para alcanzar los 57 de edad, por lo que aunque se debía suministrar la información suficiente y completa por parte de la administradora de pensiones, «el afiliado no está exonerado de su deber de ilustrarse frente a la decisión del cambio de régimen pensional, toda vez que no se encuentra

disminuido en su capacidad para celebrar actos y contratos y teniéndose en cuenta que de su elección dependerá su futuro pensional».

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Radicación n.º 90295 Finalmente, indicó que, se ratificó el interés de aquella en permanecer en el RAIS al cambiar de administradora dentro del mismo régimen como consta en los formatos vistos a folios 58 a 61 del expediente, «donde se evidencia de manera clara que se afilió de manera libre espontánea y sin presiones».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, confirme la de primer grado.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, a los que se opone Colpensiones, que se estudian en conjunto, dado que persiguen un objetivo común y se sirven de argumentaciones complementarias.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de: […] los artículos 1, 3, 4, 13, 33, 36, 114, 271 y 272 de la ley (SIC) 100 de 1993; artículos 2 y 9 de la Ley 797 de 2003; del numeral 1 del artículo 97 y 98 del Decreto 663 de 1993, los artículos 4, 14 y 15 del Decreto 656 de 1994; del artículo 12 del Decreto 720

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Radicación n.º 90295 de 1994; el artículo 11 del Decreto 692 de 1.994; los artículos 1 del Decreto 3800 de 2003; el artículo 3 del Decreto 1161 de 1.994; los artículos 1502, 1508 a 1516, 1603, 1604 del Código Civil Colombiano; el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 5, 48, 53 y 83 de la Constitución Politica (SIC) de Colombia; los artículos 164 y 167 del C.G.P.; Circular 01 de 2004 proferida por la Superintendencia Financiera. Para tal efecto, denuncia como pruebas indebidamente apreciadas, el escrito de la demanda, la historia laboral de Colpensiones, de Colfondos, la del bono pensional, los formularios de afiliación de las distintas administradoras, así como su interrogatorio de parte. Igualmente, depreca la falta de apreciación del comunicado de prensa que reposa a folios 234 a 236 de la carpeta electrónica 90295 «CUADERNO JUZG-TRIBUNAL», de la hoja de vida del asesor comercial Jhon Jairo Vera y del interrogatorio de parte del representante legal de la AFP Porvenir SA. Estas violaciones las atribuyó a los siguientes errores de hecho:

1. Considerar, sin ser verídico, que la nulidad o ineficacia de la afiliación o traslado procede por poseer una expectativa legitima de derecho, un régimen de transición o un derecho consolidado.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que solo es pertinente mantener la vinculación en el RPM a los afiliados que contaran

(sic) con un derecho pensional consolidado.

3. Considerar, sin ser cierto, que para aquellos afiliados que no contarán (sic) con una expectativa, un derecho consolidado, la omisión de las obligaciones de información por parte de la AFP no afecta la validez y eficacia del acto jurídico de traslado por no cercenar un derecho pensional que genera un daño irremediable al afiliado.

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4. Dar por demostrado sin estar probado, que la vinculación de la demandante a la AFP PORVENIR S.A. se realizó cumpliendo con los requisitos dispuesto (sic) para ello, bajo el argumento de que se le suministró toda la información que era pertinente en el momento de la afiliación a la demandante.

5. Dar por demostrado sin estarlo que la demandante firmó voluntariamente, de manera expresa, libre y sin presiones, y con un consentimiento totalmente informado el formulario de afiliación de la AFP PORVENIR S.A.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante suscribió el formulario de afiliación sin los elementos de juicio suficientes y sin un consentimiento totalmente informado, para la toma de una decisión tan trascendental para su futuro.

7. Dar por demostrado, sin estarlo que la afiliación de la demandante en mayo de 1994 al régimen de ahorro individual con solidaridad fue de manera libre, voluntaria y sin presiones, al malinterpretar el formulario de vinculación a la AFP

PORVENIR S.A. y el interrogatorio de parte surtido por la actora.

8. Considerar en contra de la evidencia, que para que el traslado de régimen pensional sea válido o eficaz basta solo con la firma de un formato con expresiones preimpresas.

9. No dar por demostrado, estándolo, que en el expediente no obran pruebas de las cuales se pueda concluir válidamente que se le hubiese brindado información clara, precisa, suficiente y veraz y, de la supuesta libertad y la voluntariedad que se requiere para que el traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad tenga plena validez y eficacia.

10. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante ratifico

(sic) su decisión de permanecer afiliada al RAIS por vincularse a

las AFP SANTANDER S.A., y AFP COLFONDOS S.A.

11. Considerar sin ser cierto que la demandante tenía la carga de probar o demostrar que el traslado de régimen pensional generó un perjuicio cierto y real frente al derecho pensional.

12. Dar por demostrado, sin estar probado, que a la demandante le informaron las ventajas del régimen de ahorro individual, entre ellas pensionarse anticipadamente.

13. Dar por demostrado, sin estar probado, que la demandante no se encontraba vinculada a ningun (sic) régimen anterior a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, por considerar que su afiliación al sistema general se presento (sic) solo hasta mayo de 1994.

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Radicación n.º 90295 En la sustentación del cargo, puntualiza cada uno de

los errores antes mencionados e indica que de haber valorado correctamente las pruebas que fueron indebidamente apreciadas, la conclusión sería que el traslado del RPM al RAIS se efectuó sin precisarle las «consecuencias, características y desventajas que acarreaba suscribir el formulario de afiliación al RAIS, sin explicarle las condiciones y requisitos que debía cumplir para acceder a alguna prestación, sin la elaboración de un estudio que analizara la conveniencia de la vinculación», y que accedió a ello por el «miedo de perder lo cotizado en el ISS». Lo anterior, teniendo en cuenta las demás aseveraciones que le hicieron frente a la imposibilidad que en el RPM la administradora no podía cumplir con su mesada pensional. Acto seguido, transcribió todo su interrogatorio para enrostrar que «manifestó que no presentó dudas frente al diligenciamiento del formulario de vinculación, mas no sobre la supuesta asesoría que dio por prabada (sic) el Tribunal, adicional a esto la actora no confesó ni manifestó que se había trasladado de manera libre y voluntaria». Asimismo, expone que, al contrario de lo concluido, de su declaración se desprende que se le brindó de forma general en una reunión grupal para 8 a 10 personas la poca información que recibió, con engaños respecto de los rendimientos a obtener y que solo hasta el 2016 tuvo una verdadera asesoría, cuando «se acercó a COLFONDOS S.A. a consultar sobre el estado de su situación pensional y esta entidad le hizo un análisis con sus datos y su información

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personalizada, donde supo que su mesada pensional en el RAIS era el 63% inferior de la que le podría brindar el RPM». Dice que la interpretación que se dio a lo que dijo fue sesgada, en el entendido que mediante las apreciaciones realizadas «pretende dar por demostrado que la expresión genérica del formulario de vinculación fue eficaz. Lo que viola totalmente el principio de realidad sobre las formas establecido en el articulo (sic) 53 de la Constitución Política», pues una cosa es lo registrado en la manifestación preimpresa del formulario y otra la que, en efecto, aconteció. Agrega que aunque la prueba testimonial no es hábil en casación, puede ser analizada en instancia y comoquiera que ante el yerro cometido por el sentenciador ha de casarse la decisión, debe tenerse en cuenta que «el señor Luis Antonio Urrea Romero, quien estuvo presente a la firma del formulario de vinculación de la demandante dio fe de que en el momento del traslado de régimen pensional, no existió información clara, suficiente y comprensible, ni le manifestaron a la actora las implicaciones de la decisión que tomaba», por lo que además, ante lo expuesto en el interrogatorio de parte del representante legal de Porvenir SA, se tiene que dicha administradora no analizó la situación particular de la demandante ni sus documentos, por lo que «no pudo transmitir información de ninguna especie», y para el efecto, transcribe totalmente dicha declaración. Refiere que, conforme al comunicado de prensa obrante en las diligencias, nunca se le remitió comunicación alguna

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Radicación n.º 90295 en la que se le informara la posibilidad de regresar al RPM antes de alcanzar la edad pensional, aunque tampoco ello

consolidara el que en su momento recibió la explicación que reclama. Señala que de la hoja de vida del asesor comercial Jhon Jairo Vera se acreditaba la falta de idoneidad de este en materia de seguridad social para prestar la información suficiente y clara en aras de que los usuarios tomaran la decisión que más le conviniera y que, de las historias laborales de las distintas administradoras no se desprende que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, estaba sin vinculación a algún régimen pues claro está que desde el 19 de septiembre de 1984 al 27 de junio de 1993 ya pertenecía al RPM administrado por el ISS. Finalmente, reitera el deber de asesorar, que no se cumplieron todos los protocolos necesarios para ello; que las negaciones indefinidas invierten la carga de la prueba para quedar en cabeza del fondo y que la sola suscripción del consentimiento informado, resulta exiguo para acreditar las obligaciones que frente a los afiliados tienen las administradoras para declarar una suficiente ilustración.

VII. SEGUNDO CARGO Acusa la violación de la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 13, 36, 114 y 271 de la Ley 100 de 1993, 11 del Decreto 692 de 1994; 14 y 15 del Decreto 656 de 1994; 1509, 1510, 1515, y

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Radicación n.º 90295 1604 del Código Civil Colombiano y 167 del Código General del Proceso. Censura que el colegiado acudió en su decisión a

jurisprudencia de la Corte en la que se ha señalado que ante «la falta de información completa, comprensible, clara y precisa por parte de una administradora de pensiones puede configurar un engaño que genera la anulación del traslado, no obstante, resalta que en mencionada línea jurisprudencial es importante las condiciones y cada una de las expectativas pensionales de los demandantes», y por tanto, erradamente dice que la afiliada no era favorecida con ello, pues alcanzó para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 «33 años y 429 semanas de cotización», sin generar con la negativa de declarar la ineficacia del traslado, algún perjuicio frente al derecho pensional, cuando el origen de dicha ineficacia o de la nulidad se derivan es de la falta del consentimiento informado sin importar su calidad. Expresa que la «interpretación correcta y que ha enseñado la Corte Suprema de Justicia a los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, el 167 del Código General del Proceso, 1502, 1509, 1510 y 1604 del Código Civil conforme el precedente proferido por la H. Corte Suprema de Justicia, contrario a lo esbozado por el Tribunal Superior de Bogotá», radica en la protección a todos los afiliados al Sistema General de Pensiones, quienes tienen derecho a recibir una información, clara, comprensible y veraz con la cual puedan decidir a qué régimen pertenecer y por tanto, en los términos del evocado artículo 167 CGP como del 1604 CC, recae en las

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administradoras el deber de probar la diligencia debida en sus negocios. De igual manera, uno a uno de los preceptos transgredidos los desarrolla bajo la figura de la interpretación errada que de los mismos dio el colegiado y en general, expresa que al errar en el entendimiento de dicho marco normativo y dar por acreditado el deber de asesoría con los usuarios a partir de los formularios preimpresos, no invirtió la carga de la prueba como correspondía y dejó de confirmar como correspondía, la decisión de primera instancia.

VIII. TERCER CARGO Embiste el fallo por la vía directa en la modalidad de infracción directa del numeral 1 del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, 4, 5, 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, 12 del Decreto 720 de 1994, 1, 3, 4, 11, 90, 91, y 272 de la Ley 100 de 1993; 1604 del Código Civil Colombiano; 167 del Código General del Proceso y, 48, 53 y 83 de la Constitución Política de 1991.

Enrostra el deber del Colegiado en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de entregar la información, clara, oportuna, concreta y suficiente por parte de las administradoras del RAIS, así como reitera lo expuesto en los cargos anteriores frente a dicho aspecto, para finalmente sostener que, de no dar por acreditada la satisfacción de ello, la consecuencia inmediata es dejar sin efecto el acto jurídico

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Radicación n.º 90295 o traslado pensional, pues «no se dará aplicación al Sistema

Integral de Seguridad Social cuando se menoscaben los derechos fundamentales del trabajador o afiliado», lo que aduce se presenta en el asunto pues de haber tenido en cuenta la normatividad denunciada, «el juzgador de segunda instancia, la decisión que hubiera tomado estaría orientada a la confirmación del fallo de primera instancia».

IX. RÉPLICA Colpensiones de forma general se pronuncia sobre los ataques y afirma que no existe duda en la voluntad que tuvo la recurrente en trasladarse del RPM y permanecer dentro del RAIS, cuando además de suscribir el formulario de afiliación con la prementada cláusula de aceptación, no acredita lo contrario y comoquiera que al gozar de capacidad para decidir, efectuó movilidad horizontal en el régimen al que pertenece sin manifestar algún desconocimiento o falta de información que le llevara a dudar respecto del referido acto, lo que hace que se ratifique su deseo de permanecer allí.

Arguye que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 la afiliada no cumplía los requisitos necesarios para ser beneficiaria del régimen de transición que permitiera a su vez la inversión de la carga de la prueba y al contrario, se cumplió con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994 y no se hizo uso de lo previsto en el literal a) del 13 de la Ley 100 de 1993 que fue modificado por la Ley 797 de 2003, lo que hace que el acto inicial de traslado se encuentre ajustado a las condiciones legales pertinentes.

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Radicación n.º 90295 Aunado a ello, indica que el argumento de la falta de

información por parte de las administradoras pensionales no es de recibo, pues la vinculación según lo expuesto en los formularios fue sin presión alguna, de forma voluntaria y conforme a las normas vigentes para el momento de cada suscripción, dado que incluso al pretender la ineficacia del acto con obligaciones y soportes no previstos para dichas datas como lo eran las proyecciones que ahora reclama, además de no ser razonables tampoco se ajustan a la realidad, «puesto que cualquier proyección es incierta y aventurada, teniendo en cuenta que el valor ahorrado y por tanto la mesada pensional, dependen de varios factores como la rentabilidad con la administración del ahorro, la formación profesional, las condiciones y oportunidades laborales que pueda lograr[…]». Finalmente, en cuanto al argumento del vicio del consentimiento por error, dice que este carece de fundamento comoquiera que, la afiliada no fue «presionada ni engañada al momento de realizar los traslados, no hubo fuerza o dolo para que los realizara», de lo que se da cuenta en los formularios, ni tampoco se presenta lo expuesto en la sentencia CC C993-2006, por lo que reflejado el actuar de aquella en el tiempo relacionado con su permanencia en el RAIS, tuvo «(20) años, desde su primer traslado, pudiendo haber optado por cambiar de régimen para afiliarse al RPM», lo que no efectuó, siendo corresponsable en el negocio jurídico bilateral.

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X. CONSIDERACIONES Sea lo primero indicar que, la sentencia impugnada

viene precedida de la doble presunción de acierto y legalidad, propia de este tipo de providencias. Esta se basa en la necesidad social de que, imperen los principios de certeza y confianza legítima, que, generan las decisiones tomadas por un funcionario público investido de jurisdicción y competencia, en ejercicio de las facultades y deberes de orden legal y constitucional. Sin embargo, dicha presunción puede ser derruida por la parte que esté asistida del interés jurídico económico para que se le conceda el recurso, siempre que acierte en el planteamiento y en la demostración de sus inconformidades. A tal efecto, su tarea parte de la identificación de los pilares sobre los que está construido el pronunciamiento que se propone combatir, de lo cual dependerán la vía y la modalidad de ataque que deba seleccionar, dada la exigencia del numeral 5 del artículo 90 del CPTSS. En el recurso extraordinario de casación se enjuicia la sentencia gravada para establecer si, al dictarla, el Tribunal observó los preceptos propios del sistema normativo que estaba obligado a aplicar para solucionar rectamente el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos de las partes. Por ello, en esta sede se confrontan, directa o indirectamente, las normas pertinentes al caso y la sentencia emitida por el juez colegiado y, excepcionalmente, la del juez unipersonal. Por el

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Radicación n.º 90295 contrario, no se ventila el litigio entre quienes actúan como

partes opuestas en las instancias. Así, aunque los cargos fueron dirigidos tanto por la vía del pleno derecho, como por la fáctica y que al plantear el tercer embate mediante la infracción directa se mencionan aspectos probatorios, dicha equivocación formal no tiene la entidad suficiente para desechar el fondo de los planteamientos, toda vez, que el libelista logra construir un discurso jurídico comprensible, en el cual la Sala puede fijar su estudio a partir de lo expuesto en el conjunto de los presentados, atendiendo la preponderancia de los derechos sustanciales en discusión, los que no pueden encontrar barreras infranqueables en requerimien